El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un convenio de colaboración que introduce un conjunto de buenas prácticas administrativas para fomentar la contratación pública y el empleo de personas con discapacidad en el Departamento.

El acuerdo supone por tanto un paso adelante en el establecimiento de políticas activas de inclusión social. Se trata del tercer convenio de estas características que se firma en el ámbito de la Administración General del Estado tras los suscritos con los ministerios de Defensa y de Fomento. Los compromisos alcanzados se concretan en:

* La constitución de un grupo de trabajo integrado por representantes del Departamento y de CERMI que va a estudiar y proponer medidas, prácticas y criterios que permitan una mayor incorporación de los trabajadores con discapacidad al mercado laboral. Este grupo de trabajo lo integrarán de forma paritaria miembros del Ministerio de Educación y del CERMI
* Por otro lado, se adoptan una serie de medidas de aplicación directa en la contratación administrativa que tendrán efectos inmediatos, entre otras, la exigencia a los empresarios que cuenten con 50 o más trabajadores que acrediten el requisito legal de emplear al menos, al 2 por ciento de trabajadores con discapacidad. También se incluye la utilización como criterio de desempate a empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de personas con discapacidad superior al 2 por 100.

Con esta y otras iniciativas que surjan del grupo de trabajo se persigue facilitar y favorecer una mejor y mayor contratación de personas con discapacidad. El convenio constituye una apuesta por la dimensión social de la contratación pública y se firma en el marco del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Además, se pretende fomentar como vía ejemplificadora, la implementación de estas medidas en el ámbito de actuación de otros Ministerios y otras Administraciones Públicas.
Se cumple así con el mandato constitucional de los Poderes Públicos de impulsar medidas que contribuyan a integrar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Fuente: Ministerio de Educacion