Mil familias que reciben renta básica serán investigadas para verificar si rechazan empleos
Asuntos Sociales va a reforzar este año las inspecciones a los beneficiarios de renta básica que en este momento suman alrededor de 3.000 unidades perceptoras (familias). El año pasado fueron un total de 9.000 los beneficiarios (5.600 unidades familiares) de una prestación que alcanza el SMI. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para la concesión de la ayuda (633,3 euros), y en particular se incidirá en comprobar si los perceptores tienen su residencia efectiva en el domicilio o si existen "posibles rechazos injustificados de ofertas de trabajo". En total se van a inspeccionar a lo largo del año un total de mil expedientes de renta básica.
Según explicó ayer la consejera de Asuntos Sociales Maribel García Malo, en los controles de este año se han comprobado que al menos 20 expedientes no cumplía alguna de estas condiciones (no residir en el domicilio indicado o rechazo de empleos injustificadamente). Los controles se hicieron a 46 entidades locales que ofrecieron medidas de empleo comunitario para perceptores de renta.
"Queremos que la ayuda se destine a quien la necesite y garantizar que la persona que le recibe cumple los requisitos. La renta básica es una medida de acción activa, no pasiva. El perceptor tiene que colaborar con nuestros servicios de orientación laboral marcándose un itinerario de inserción para que al final encuentre un empleo", explicó. "Si les dan esas oportunidades de empleo se velará para que se acepten", añadió.
En relación a la medida de Hacienda de ofrecer contratos de trabajo para perceptores de renta básica, rechazó las críticas de los trabajadores sociales a la idea de contratar personal de refuerzo no profesional para tramitar renta básica. "El Colegio de Trabajadores Sociales me comunicó que está de acuerdo con la medida que hemos propuesto para reforzar los Servicios sociales y las unidades de barrio. No la habían comprendido porque el consejero de Hacienda enumeró las medidas y no entró a especificar que las personas tendrían formación en trabajo social o educador social, nunca se pensó en otros perfiles, y el Colegio está de acuerdo porque ayuda a agilizar las ayudas y crear empleo", aseguró.
Fuente: Diario de Navarra


Comentarios
Enviar un comentario nuevo