Autor/a: 
Carlos Askunze Elizaga

Notas para al acto de apertura (en representación de REAS-Red de Redes) del IV Congreso sobre Compra Responsable celebrado en Madrid el pasado 22 de octubre de 2015 y organizado por IDEAS.

Es de agradecer que IDEAS nos brinde la oportunidad de colaborar y participar en este IV Congreso sobre Compra Responsable. Modificar las pautas de compra y de consumo de la ciudadanía en general y de instituciones públicas, agentes económicos privados y organizaciones sociales en particular, es uno de los principales objetivos que persiguen las Redes de Economía Alternativa y Solidaria con su trabajo.

Como todos y todas podemos convenir, el consumo es una de las principales palancas de sostenimiento de un sistema socioeconómico –el capitalista– injusto, social y medioambientalmente insostenible. Y, por ello, igualmente puede convertirse en una poderosísima herramienta para su transformación.

Este Congreso nos convoca a debatir y analizar el consumo de dos agentes con especial relevancia socio-económica: instituciones públicas y agentes privados empresariales. Y para REAS es importante trabajar con ambos agentes.

REAS pone la mayoría de sus esfuerzos en impulsar iniciativas económicas desarrolladas por la ciudadanía. Y aspiramos a que cada vez más personas y organizaciones sociales tomen en sus manos las riendas de la economía: en experiencias alternativas de producción de bienes y servicios, de comercialización justa (local e internacional), de finanzas éticas, de consumo cooperativo y transformador, etc.

Compra Pública Socialmente Responsable

Es por tanto clave el papel que las propias personas, comunidades y organizaciones sociales han de tener en el impulso de proyectos autogestionarios. Pero somos también conscientes de que, junto a ello, es de vital importancia el desarrollo de políticas públicas que:

  • apoyen y protejan, como bien común, el desarrollo de dichas experiencias ciudadanas de construcción de una nueva economía;
  • conviertan a las propias instituciones en agentes económicos con un impacto socialmente transformador.

La Compra Pública Socialmente Responsable cumple precisamente con ambos objetivos. Y es que si dicha política y práctica pública se extendiese realmente, la Economía Social y Solidaria podría convertirse en un sector con una visibilidad y un impacto transformador mucho mayor del que hoy cuenta. Las instituciones públicas, así, protegerían a través de una discriminación positiva, a las iniciativas económica y socialmente transformadoras, además de intervenir directamente en la transformación de la economía desde criterios éticos, sociales y medioambientales.

Pero para ello, en este terreno, creemos que es necesario pasar de los discursos a los hechos. Un ejemplo es el del Anteproyecto de Ley de contratos del sector público actualmente en proceso de tramitación. En dicho texto, en su exposición de motivos, se recoge con claridad la importancia de la incorporación de criterios sociales y medioambientales, pero estos no se plasman suficientemente en los contenidos de la ley, ni se llegan a explicitar como se debiera en los procedimientos concretos (contratos reservados, criterios de adjudicación, condiciones de ejecución, etc.). Con ello, ni siquiera se realiza una trasposición en condiciones de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, que aporta una consideración social de la compra pública mucho más ambiciosa que la adoptada inicialmente por el Gobierno español en este Anteproyecto.

Compra social desde la empresa privada

En segundo lugar, este congreso nos habla de las oportunidades de compra social que pueden existir en el ámbito de las empresas privadas. También lo consideramos importante. Y es que en REAS pensamos que hay que ir construyendo una economía que denominamos “plural” donde quepan diferentes agentes e iniciativas Una economía:

  • donde crezcan experiencias de Economía Social y Solidaria;
  • donde se construyan instituciones públicas fuertes, como agentes tanto de regulación como de producción económica;
  • donde se impulsen iniciativas y prácticas económicas no mediatizadas por el mercado, e incluso desmonetarizadas;
  • y donde existan iniciativas empresariales privadas y de mercado que, aún no compartiendo modelos ni principios con la Economía Social y Solidaria, se comprometan con el impulso de valores compartidos como la sostenibilidad ambiental, la inclusión socio-laboral y la creación de empleo, la igualdad entre mujeres y hombres o el compromiso con la comunidad y el territorio en el que se insertan.

Desde esa perspectiva, nos parece positivo impulsar y animar acciones concretas para el impulso de esos valores en la práctica empresarial y, para ello, el consumo, la compra de bienes y la subcontratación de servicios pueden ser una herramienta perfecta. Necesitamos también de empresas mercantiles que adquieran esos compromisos.

Así pues, este Congreso resulta una buena oportunidad para avanzar en el desarrollo de políticas de compra, tanto pública como privada, al servicio de la construcción de una economía más equitativa, sostenible y solidaria.

El TTIP y la compra pública

Y para terminar, es necesario hacer una pequeña mención al TTIP. El tratado sobre comercio e inversiones que en estos momentos EE.UU y la UE están negociando (desde nuestro punto de vista de modo poco transparente y democrático) contempla múltiples iniciativas relacionadas con diferentes aspectos de la actividad económica, así como sobre la regulación (o desregulación) del comercio y las inversiones, y el papel que deben jugar o no en dichos procesos los derechos laborales, sociales, culturales o medioambientales. Y todo ello, cómo no, puede afectar de modo determinante a los procedimientos de compra pública, ya que nadie obvia su relevancia económica en la UE, que supone cerca del 15% del PIB.

De salir adelante algunas de las propuestas que han sido presentadas en dichas negociaciones, la compra pública no sólo no podrá impulsar valores y prácticas sociales avanzadas, sino que ni siquiera podrá garantizar la salvaguarda de los derechos actualmente existentes en materia laboral, ambiental y social. Dichos derechos, hoy garantizados mínimamente, y no digamos la introducción de cláusulas sociales, son consideradas en este tratado como restricciones al libre comercio y a la libre competencia.

Por tanto, trabajemos en nuestros espacios locales, sigamos impulsando mejores leyes e iniciativas (en este caso de compra social) a nivel autonómico o estatal, pero hagámoslo también en el terreno europeo e internacional. Construyamos así Economía Social y Solidaria en nuestro territorio local, pero hagamos que todo el planeta sea el territorio de una nueva economía.

Para ello y en este caso, sumémonos también a las movilizaciones y a los movimientos sociales de contestación a tratados como el TTIP que persiguen maximizar los beneficios de las grandes empresas del mercado capitalista, frente a los derechos y a las consideraciones sociales, ambientales y éticas que, desde nuestro punto de vista, debe tener toda actividad económica. Tanto la impulsada desde el sector privado como la que promueven las instituciones públicas a través, en el caso que nos ocupa, de su papel como importantes compradoras y consumidoras de bienes y servicios.

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