30.000 sufren la exclusión social y la crisis amenaza a inmigrantes y familias con cargas

La Plataforma Pobreza Cero reclama de la Administración medidas en vivienda, empleo, formación y ayuda al desarrollo

La desigualdad y la exclusión social crece en Navarra, advierten las entidades sociales. Más de 50.000 personas, el 9% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza (alrededor de 646,10 euros mensuales) y de ellos, cerca del 6% se encuentra en un escalón inferior, el de la exclusión total: 30.000 navarros. Datos sorprendentes en una comunidad autónoma que tiene "un índice de riqueza y de bienestar muy por encima del resto de provincias y que, por ello mismo, las diferencias sociales son más amplias". Coincidiendo con la celebración en el Parlamento de un acto de adhesión a la declaración del 2010 como Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social los grupos políticos conocieron ayer la última radiografía sobre la pobreza en Navarra. Ubaldo González intervino en nombre de la Plataforma Pobreza Cero para "exigir que la lucha contra la pobreza y la exclusión sea una prioridad, una responsabilidad en nuestras y vuestras agendas porque Navarra cuenta con recursos suficientes para erradicar la pobreza y la exclusión de aquí".

Según Ubaldo, en función de las medidas que se adopten, estiman que alrededor de 10.000 personas pueden incrementar ese 6% de excluidos totales en un momento tan "delicado" como es la crisis actual. Cifras negativas que han aumentado por la cantidad de población inmigrante que se ha quedado sin empleo, parejas jóvenes con hijos y mujeres con cargas también en desempleo, que son los sectores más vulnerables. Cifras que, por otro lado, hablan por sí solas de que el crecimiento económico por sí mismo "no genera bienestar en toda la población, es más, se realiza a costa de mantener esas realidades de pobreza y exclusión".

En su diagnóstico, la plataforma cuestiona que cinco años después de haber finalizado el I Plan de Lucha contra la Exclusión 1999-2005, el Gobierno no haya impulsado un segundo plan. Dicho plan fue pionero en el ámbito estatal y supuso una "oportunidad histórica para desarrollar una política global y coherente de lucha contra la exclusión social" pero muchas de las iniciativas se han quedado sin desarrollo.

González también destacó el esfuerzo que se está haciendo desde Bienestar Social para garantizar la renta básica para el sostenimiento económico de unos 3.000 hogares navarros. Por contra, recelan de los retrasos en la concesión que superan en muchas ocasiones los tres meses desde la solicitud, así como los largos procesos administrativos. "Tres meses que abocan en la mayoría de las ocasiones al impago de recibos de alquiler, agua, luz, gas, etcétera, y en el peor de los casos a no poder a llegar a alimentarse adecuadamente", abundó. Destacó también el celo que el Gobierno está poniendo en los mecanismos de control de fraude cuando los datos apuntan a que su incidencia es "bastante reducida". Para las entidades sociales, la prioridad debe ser la adopción de medidas y recursos humanos suficientes para posibilitar el "acompañamiento de los perceptores", de manera que se puedan cumplir los acuerdos de incorporación sociolaboral.

cooperación En materia de cooperación, subrayan las luces y sombras en el desarrollo del Pacto Navarro contra la Pobreza firmado en el 2007. Como aspectos positivos sitúan la inclusión de criterios sociales en la adjudicación de contrataciones o la reserva del Gobierno de reservar el 10% de sus contrataciones públicas a centros especiales de empleo o de inserción sociolaboral. También se valora la modificación de la Ley de Cooperación. Las críticas van dirigidas al Gobierno foral por estar aún lejos de alcanzar el 0,7% del presupuesto general de Navarra para ayuda al desarrollo (se sitúa entorno al 0,5%), a la vez que aspiran a llegar al 1%. Respecto a la nueva ley del IRPF no comparten que el fondo no tenga carácter "complementario. Así, se incluyen cantidades que se venían dando desde Bienestar Social con lo que "presupuestariamente no se ha incrementado la partida", censuran.

En vivienda, la problemática actual no se limita a las dificultades de acceso sino también a su mantenimiento y a la falta de avales lo que afecta a "gran parte" de la población inmigrante, mujeres solas con familia y matrimonios jóvenes sin empleo. Requieren medidas de apoyo social para evitar que siga aumentando el número de desahucios y de familias sin hogar "obligadas a hacinarse en viviendas no acondicionadas". Y ven necesario que se facilite avales y adecuar los tiempos de pago de los alquileres a la concesión de la renta básica.

Fuente: Diario de Noticias