El ministro Celestino Corbacho, uno de los peor valorados y más desconocidos, aprovecha la llegada del debate al Senado para plantear nuevos recortes de derechos, ahora en el ámbito del desempleo y el acceso a las pensiones

eL Gobierno de Zapatero no sólo está trampeando el contenido final de su propia reforma laboral con sucesivos anuncios que incluyen mayores recortes de derechos sociales y laborales sobre la restrictiva propuesta remitida al Congreso antes del verano, sino que utiliza a uno de los ministros peor valorados y más desconocidos por los ciudadanos, Celestino Corbacho, para lanzar nuevas amenazas sobre el sistema actual de cobertura laboral. En sólo dos días, los previos al inicio del debate de la reforma laboral en el Senado, Corbacho ha anunciado que se estudia la reducción de 100 a 30 los días que un desempleado tiene para aceptar una oferta de trabajo sin perder su derecho a las ayudas -una propuesta que parece más destinada a maquillar los penosos índices del paro antes que a combatir el fraude laboral, la ineficacia del Inem y la alta temporalidad-, y ha adelantado la posibilidad de elevar desde los 15 años actuales hasta los 20 la cotización mínima a la Seguridad Social para tener derecho a una pensión. Es evidente que el Estado español necesita abordar una reflexión sobre el modelo de su mercado laboral -obsoleto, encorsetado en favor de unos trabajadores y en perjuicio de otros muchos, centrado en la temporalidad y la reducción de derechos laborales en comparación con la media de la Unión Europea y muy poco capaz de incorporar a las nuevas generaciones cualificadas profesional y laboralmente-, pero en lugar de afrontar ese debate desde los parámetros garantistas del Estado de bienestar, el Gobierno central parece empeñado en contentar las consignas de los sectores más mercantilistas y neoliberales, incluso a costa de criminalizar a quienes están en el paro bajo la acusación generalista de que hay mucho aprovechado en paro. Más allá de que la mayoría de las personas no están en el paro por propia voluntad, si es cierto que hay fraude en el cobro de las ayudas al desempleo, parece lógico que se persiga ese fraude y se penalice a quienes lo cometan, pero no que ello sirva de excusa para limitar y reducir los derechos laborales del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. De nuevo, se carga la responsabilidad de las consecuencias de la crisis -bien mediante recorte de derechos, bien mediante el aumento de la presión fiscal general- sobre quienes no han tenido responsabilidad alguna en sus causas, principalmente trabajadores, profesionales, pymes, comerciantes y autónomos.

Fuente: Diario de Noticias