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Madrid

La aprobación, tres años después de su primer borrador, del nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, es un paso positivo pero claramente insuficiente para evitar que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos.

Así lo han señalado hoy organizaciones como el Observatorio de RSC, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Enlázate por la Justicia, Greenpeace, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que han mostrado además su disconformidad con la opacidad y ausencia de participación en la fase de relanzamiento del Plan.

“El propósito y la finalidad principal de un Plan de Acción no debe ser exclusivamente la sensibilización o el fortalecimiento de la ventaja competitiva de las empresas españolas sino prevenir, minimizar, y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos sancionatorios y de reparación para las víctimas de estos abusos”, ha declarado el representante de las organizaciones firmantes.

“Este Plan debería contener medidas concretas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos”, añade.

Las organizaciones lamentan además que el Plan de Acción desaproveche la oportunidad de clarificar conceptos y de promover medidas que establezcan ciertas obligaciones para las empresas, a pesar de que, por ejemplo, el concepto de debida diligencia aparece recogido varias veces a lo largo del texto, pero siempre en referencia a cuestiones que descansan en la voluntariedad y no en medidas normativas o de carácter obligatorio.

Otra de los temas cuya ausencia destaca en el Plan de Acción es la referida a la aplicación extraterritorial de las obligaciones del Estado en relación con los derechos humanos, el texto se limita únicamente a declarar que “el Estado espera de las empresas españolas, en España y en el extranjero, un comportamiento conforme con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Asimismo, son muy pocas las medidas que establecen un periodo de realización determinado o que de manera específica apuntan cómo se conseguirá el objetivo indicado así como el órgano u órganos encargados o las personas o grupos a los que se dirigirá de manera efectiva la medida.

Igualmente preocupante resulta el hecho de que no se establezca asignación presupuestaria propia para el desarrollo de las medidas establecidas en el plan puede suponer una seria dificultad para la consecución de dichas medidas.

Un pequeño paso adelante

Sin embargo, las organizaciones firmantes valoran positivamente la estrategia de revisión y de supervisión del propio Plan de Acción, que establece, entre otras cosas, que la duración de éste será de 3 años y que cumplidos dos años desde la aprobación del Plan, la Comisión de Seguimiento que se creará con el fin de supervisar el funcionamiento del mismo llevará a cabo una evaluación de su impacto en relación con la prevención, mitigación y remedio de las posibles vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, asegura que, a partir de esa evaluación, la propia Comisión impulsará la redacción de una versión actualizada del Plan que deberá estar lista antes de transcurridos los tres años de duración del mismo.

“A pesar de todo, es necesario que se establezcan formalmente los cauces adecuados para que los diversos actores afectados –representantes de la sociedad civil, empresas, sindicatos universidades, etc.– tal como expresamente prevé el Plan de Acción, puedan participar directamente en el proceso de evaluación y hacer contribuciones al mismo”, recuerdan las organizaciones.

Más información

Tras la adopción en 2011 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión Europea lanzó una petición a todos los Estados Miembro para la introducción de medidas que implementasen a nivel nacional estos principios. Asimismo, en los últimos años varios organismos tanto de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o de la OCDE han emitido recomendaciones a los Estados orientadas a la necesidad de mejora de la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas así como al establecimiento de medidas concretas para que estas respeten de manera efectiva los derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio nacional.

Las organizaciones han recordado al Gobierno español que la creación de este Plan no es suficiente, ya que debería tomar una serie de medidas. Entre otras, la de revisar el Plan de Acción en el plazo de un año, aprobar un proyecto de ley que contenga obligaciones detalladas en materia de respeto de derechos humanos que ostentan las empresas domiciliadas en territorio español, en el marco de sus operaciones en España y en terceros países. Para ello deberá realizar un diagnóstico sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su coherencia con los Principios Rectores y proponer las reformas necesarias, medida incluida en versiones anteriores del Plan.