Confían en que se cumpla la reserva del 10% de contratos públicos a entidades sociales. Asociaciones, ONG, centros de inserción sociolaboral y empresas movilizan a 524 trabajadores y 974 voluntarios.
[ANA IBARRA. PAMPLONA] La crisis no sólo ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de determinadas capas sociales ante un modelo económico y de crecimiento insostenible e insolidario, sino que ha ampliado la brecha que separa al resto de la sociedad de los sectores más desfavorecidos. Ofrecer empleo a personas en exclusión, un consumo sostenible y ecológico, fomentar la igualdad de género y la equidad salarial o frenar el impacto ambiental en procesos productivos significa apostar por otro modelo de desarrollo donde las personas están por encima de los beneficios. Reconocer los fallos e injusticias de un sistema supone una oportunidad para administraciones, agentes económicos -la responsabilidad social empresarial- y para la propia sociedad de cambiar de rumbo.
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