En enero de 2009 los islandeses, aplastados por el colapso económico, se echaron a la calle y acabaron forzando la caída del gobierno. El país dejó que sus bancos quebrasen y acordó con el FMI medidas "poco convencionales" que respetaron el estado del bienestar y retrasaron los recortes. Hoy, sus previsiones de crecimiento triplican las de los países de la eurozona.
A principios de 2009, el pueblo islandés, al borde del colapso económico y financiero, se echó a la calle y dijo basta. El Gobierno dimitió y la pequeña isla nórdica se entregó a la difícil tarea de responder ante una crisis sin precedentes haciendo justo lo contrario de lo que estaban haciendo los demás: Se negaron a rescatar a la banca y votaron en contra de pagar sus deudas con dinero público, persiguieron judicialmente (y, en algunos casos, llegaron a encarcelar) a los banqueros y políticos responsables, hicieron caso omiso de las amenazas de los mercados internacionales y de las malas notas de las agencias de calificación de riesgo, redactaron una nueva constitución a través de las redes sociales y, quizá lo más importante, consiguieron negociar con el FMI una salida adaptada a sus propios planteamientos.
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