A lo largo del tiempo hemos ido viendo e incluso comprobando en primera persona como empresas, administraciones públicas y entidades sociales han actuado independientemente unas de otras si bien sí han existido proyectos, programas que abogaban porque esas relaciones se establecieran más allá de hechos puntuales y concretos como pudieran ser programas de fomento de empleo, etc, normalmente desde el empuje de alguna subvención. Sí han existido por tanto vías y canales de comunicación y relación entre dichos agentes sociales que bien debieran aunar estrategias de trabajo e intervención y asumir las responsabilidades que les competen de cara a posibilitar verdaderos y eficaces procesos de inclusión en el mercado laboral de aquellas personas con menor cualificación profesional.
Otro modelo de trabajo debe emerger entre empresarios, administraciones públicas y entidades sociales ante los acontecimientos que estamos viviendo meses atrás. Un modelo y método de trabajo donde las partes suman y donde las personas se sitúan en primera línea, dejando de formar parte de planes y proyectos dinamizados más por lo monetario que por el valor mismo de la persona, en definitiva, dinamizados más por el valor financiero que por el valor social.
