Informe del Ararteko sobre condiciones de trabajo en el Tercer Sector de Intervención Social en el País Vasco

La mayoría de los servicios y recursos destinados en nuestra Comunidad a la atención social de sectores tan significativos como las personas en riesgo de exclusión, los menores desprotegidos, las personas con discapacidad o las personas mayores con mayor o menor grado de dependencia se encuentran gestionados por asociaciones o entidades de iniciativa social que reciben, para ello, ayudas económicas de diferentes administraciones (departamentos del Gobierno Vasco; departamentos de las diputaciones forales; ayuntamientos y mancomunidades…). Existe, pues, de hecho, una colaboración entre lo público y lo privado, pero frecuentemente sin la clarificación o regulación que serían deseables.
Este informe trata de analizar a fondo y de manera global cuáles son las condiciones en las que llevan a cabo su labor las personas que trabajan en este sector, en asociaciones, fundaciones y demás entidades.

El tercer sector de intervención social es un sector en constante crecimiento y que ha alcanzado en estos años un desarrollo considerable. Así, según datos del 2002, movía ya, en la CAPV, un presupuesto anual de unos 520 millones de euros, lo que suponía aproximadamente un 1,4% del PIB generado en Euskadi. En términos de empleo equivalente a jornada completa, el volumen global de empleo retribuido se situaba en torno a 15.450 puestos de trabajo, lo que suponía el 1,9% del empleo total de la Comunidad.
Otros datos más recientes señalan que el sector no lucrativo de acción social de la CAPV estaría compuesto por unas 1.500 entidades, a las que pertenecerían un total de unas 180.000 personas. Más de 18.000 trabajarían de forma remunerada en el sector y cerca de 60.000 lo harían de forma voluntaria, sin recibir remuneración.
Sin embargo, a pesar de ello y de su gran impacto socioeconómico, el tercer sector de intervención social se encuentra todavía hoy escasamente regulado. Influye en ello:
– El que los servicios sociales no estén definidos como derechos subjetivos.
– El que no exista una cartera de servicios sociales que garantice dichos derechos.
– El que la regulación de la colaboración público-privada en materia de prestación de servicios sociales sea inadecuada o insuficiente…
Esta situación, no sólo tiene un impacto en las condiciones de trabajo de varios miles de personas, sino que también influye en la calidad del servicio, en la continuidad de los programas.
El informe analiza exhaustivamente los datos aportados por una muestra representativa de 293 entidades que abarcan los tres territorios y todos los subsectores (tercera edad, discapacidad, menores…). Los datos analizados (que aparecen reflejados en más de 70 gráficos y más de 100 tablas) se corresponden a esas 293 entidades, en las que trabajan, de forma remunerada, cerca de 8.000 personas.
Pero, junto a los datos cuantitativos recogidos mediante cuestionarios, se ha hecho un esfuerzo considerable por recoger también informaciones cualitativas de los diferentes agentes implicados:
– Responsables de diferentes administraciones (mediante entrevistas).
– Representantes sindicales (mediante entrevistas).
– Representantes de unas 60 entidades (mediante seis grupos de discusión, dos por cada territorio histórico).
– Personas clave o expertas (mediante cuestionarios Delphi).
Algunos datos significativos del sector
– La mayoría de las entidades se concentran en las tres capitales (más del 70%), funcionan como asociaciones sin ánimo de lucro (78%) y tienen un ámbito de actuación territorial (38%) o municipal (30%).
– La actividad principal de estas entidades se centra en el campo de los servicios sociales (44%). Un 19% atiende a la tercera edad; un 34% a la infancia, adolescencia o juventud. La mayor parte de las situaciones atendidas están asociadas a alguna discapacidad (44%) o a exclusión social (37%).
– Dos de cada tres tienen algún convenio laboral firmado, la mayoría (59%) de carácter territorial.
– El año 2006 gestionaron al menos 278 millones de euros. El 71% de esa cantidad fue financiado por las administraciones, bien mediante subvenciones (un 57%), bien mediante convenios o concertaciones (un 14%).
– 7 de cada 10 personas empleadas en el sector son mujeres. En cuanto al personal voluntario, son mujeres 6 de cada 10.
– Casi la mitad de las personas empleadas (45%) lo son en el subsector de «Salud» (que incluye a todos los servicios destinados a la tercera edad).
– En cuanto a las condiciones laborales, propiamente dichas, varían notablemente en cualquiera de los puntos analizados: estabilidad en el empleo; horas de trabajo y tipo de jornada; vacaciones; remuneraciones; posibilidades de formación o de promoción interna, etc.
[Para una visión rápida de los datos, mirar gráficos y tablas (pp. 51 y ss.) o el índice correspondiente (pp. 15-21)]

Elementos más destacables y condicionantes del sector
1. Lo primero a destacar tiene que ser la gran diversidad de situaciones observada:
– dependiendo del sector de población al que cada entidad atienda (personas con discapacidad; personas en riesgo de exclusión; tercera edad; inmigración; toxicomanías…);
– dependiendo del territorio en el que se encuentren ubicados los recursos o de cuál sea la administración que los subvenciona;
– dependiendo del tamaño de la entidad, de su historia, de su nivel de profesionalización, de su capacidad de negociación.
Y es preciso destacarlo porque constituye una de las principales dificultades que tiene el propio informe y, especialmente, sus recomendaciones: lo que es válido o urgente para determinada entidad puede ser algo ya superado hace tiempo por otras.
2. A excepción de algunas entidades muy potentes o de subsectores con capacidad suficiente para conseguir por sus propios medios una cantidad significativa de recursos, en general, las entidades están condicionadas por la financiación pública. Así, según cuáles sean estas condiciones de financiación serán también las condiciones laborales de sus profesionales.
3. Existe una escala bastante clara en cuanto a los sistemas de financiación que va desde las subvenciones (normalmente de carácter anual y con cuantías inferiores) hasta los convenios y contratos (que ofrecen normalmente una mayor seguridad y unas mejores cuantías que, en ocasiones, pueden llegar a cubrir la totalidad de los costes del servicio ofrecido).
4. Especialmente en el caso de los programas o recursos que reciben ayudas por la vía de las subvenciones es muy frecuente que sean varias las administraciones que ayudan, en un grado o en otro: las diputaciones, los ayuntamientos, diferentes departamentos del Gobierno Vasco… Se trata, normalmente, de campos de trabajo (por ejemplo, la lucha contra la exclusión social) en los que las competencias de cada administración no suelen estar delimitadas con suficiente claridad y, por tanto, los compromisos presupuestarios no son tan evidentes. Esto obliga a las entidades a tener que buscar sus fuentes de financiación anualmente, lo que mantiene en permanente duda la continuidad de los programas.
Si a esto añadimos una mala práctica administrativa (ya denunciada por esta institución con anterioridad y sobre la que hemos efectuado alguna recomendación general), como es la de resolver las convocatorias anuales y efectuar los pagos con el año muy avanzado (en ocasiones, a punto de finalizar), es fácil imaginar la precariedad y los apuros que algunas entidades tienen para mantener sus programas o su servicio.
5. No siempre están claros los motivos por los que un determinado servicio es financiado o ayudado mediante una subvención, mediante un convenio o mediante un contrato, o las razones por las cuales este recurso es subvencionado por la administración X en un 50 % y aquel otro (que cumple idénticas funciones) sólo lo es en un 20 % o un 30%.
Esta situación se explica por la falta de una «cartera de servicios» en el ámbito social que establezca con claridad qué recursos o programas se consideran necesarios y cuáles son las responsabilidades que corresponden a cada administración.
6. Además de los anteriores condicionantes de la intervención social que no dependen del propio sector, sino más bien de las administraciones, el informe pone de manifiesto también algunas de las «debilidades» del propio sector. Sirvan como ejemplo, la propia capacidad de gestión de las entidades, su nivel de profesionalización o las relaciones, no siempre satisfactorias, entre profesionales contratados y juntas directivas de la entidad.
Lógicamente, nuestras recomendaciones (de acuerdo con las funciones que la ley atribuye al Ararteko) se centran en las mejoras que corresponden a las instituciones públicas (Recomendaciones 1ª a 12ª, pp. 183ss), pero no conviene olvidar la necesidad de introducir mejoras también en la organización o en las prácticas de las propias entidades (Recomendación 13ª, pp. 197-199).
Un reto para el sector y un reto para la sociedad
El tercer sector de intervención social se encuentra ante varios desafíos que condicionan su futuro. La entrada de entidades con ánimo de lucro, el papel del mecenazgo social, la cada vez mayor presencia sindical y sobre todo las nuevas negociaciones sectoriales marcarán unas nuevas condiciones laborales en el sector en los próximos años.
Si queremos ofrecer un servicio de calidad a las personas sin «quemar» a los/las profesionales, es preciso dignificar su trabajo y mejorar las condiciones de quienes atienden, precisamente, a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o con mayor riesgo de exclusión. Ello exige revisar y mejorar los actuales sistemas de financiación y de colaboración entre las administraciones y las entidades sociales.
Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2008