¿Las personas no eran lo primero?

El proyecto de ley de presupuesto del Gobierno vasco anuncia importantes recortes en cooperación al desarrollo para 2013 que, de confirmarse, suponen un frenazo a la capacidad transformadora de esta política que busca hacer frente a la pobreza y a las desigualdades, atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables.

Las políticas públicas de cooperación en Euskadi han sido un referente en todo el Estado en los últimos 25 años, no sólo por el volumen de fondos destinado desde las instituciones, sino especialmente por la calidad de las políticas implementadas, por su planteamiento a largo plazo y por su compromiso con el enfoque de derechos, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. En Euskadi hemos conocido en los últimos años un importante desarrollo y crecimiento económico y se han puesto en marcha numerosas acciones y políticas de cooperación. Esa realidad económica ha cambiado y no podemos ser ajenos a los difíciles momentos que atraviesan amplios sectores de la población.

En reconocimiento a ese modelo y a su trayectoria hace apenas unos meses, en plena crisis económica, el Consejo Vasco de Cooperación aprobó una declaración institucional sin precedentes en defensa de la cooperación descentralizada, en la que se asumía el compromiso de defender la trayectoria de esta política y de mejorar su calidad y eficacia y de mantener recursos estables y previsibles de financiación para el desarrollo, sin renunciar a alcanzar en un futuro próximo el histórico 0,7%.

Sin embargo, la realidad es que la aprobación de estos recortes supondrá el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto total. Según este proyecto de ley en 2013 se destinará el 0,35% del presupuesto total. Esto supone que cada habitante de Euskadi pasa de destinar 23€ a 14,50€ por año en las políticas de solidaridad internacional del Gobierno vasco.

Solicitamos a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco que exijan el cumplimiento de los compromisos asumidos en solidaridad internacional, ya que especialmente en estos momentos de crisis es cuando debemos mostrar los verdaderos valores que nos mueven como sociedad. No obstante, somos conscientes de la actual crisis global y de las dificultades que atraviesa el Gobierno vasco para cuadrar sus cuentas tras la reducción de la recaudación. Por ello, comprendemos que la dotación presupuestaria de esta partida se reduzca, como máximo, en el mismo porcentaje que el gasto total del presupuesto.

Recientemente una persona beneficiaria de uno de los proyectos de cooperación llevados a cabo en Sierra Leona, financiado gracias a la solidaridad vasca, mencionaba: “No queremos el dinero de la cooperación para construir grandes estadios o para construir palacios… Lo queremos para cosas básicas como la educación y la salud, que en los países más desarrollados ya lo tienen desde hace mucho tiempo”.

Las reducciones en cooperación tienen repercusiones directas en las personas en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas… en miles de personas que viven en situación de pobreza extrema y desigualdad en los países empobrecidos. También se verán afectadas las iniciativas de nuestro entorno que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo. Precisamente, esta defensa de los derechos humanos, es lo que favorecen las políticas de cooperación descentralizada, aquellas llevadas a cabo desde los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos.

 Las políticas públicas de cooperación, llevadas a cabo gracias al esfuerzo de una sociedad vasca comprometida y preocupada por la pobreza y las desigualdades, son un legado de sus habitantes, cuyo liderazgo solidario han ejercido con orgullo durante mucho tiempo. Por tanto, no se puede arrebatar a la sociedad lo que durante tanto tiempo se ha logrado fruto del consenso entre ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones públicas. La solidaridad con las personas más vulnerables es irrenunciable. Acabar con la pobreza y la exclusión es posible, además de una obligación ética y política para el cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos el ejemplo de otras instituciones vascas y de otros países europeos como Dinamarca, Gran Bretaña o Irlanda, quienes han demostrado que, con voluntad política, se puede cuadrar un presupuesto sin renunciar a la solidaridad.

 Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi