La Alianza Bancaria Net Zero (Net-Zero Banking Alliance, NZBA), una de las principales coaliciones financieras surgidas para alinear la actividad bancaria con el Acuerdo de París, ha aprobado este pasado 15 de abril un giro de timón que debilita su compromiso climático y pone en entredicho su credibilidad.

La aprobación de nuevas directrices, respaldadas por la mayoría de los 129 bancos miembros, implica el abandono del objetivo central de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, tal como establece el informe del IPCC de 2018 y se recoge en el Acuerdo de París. En su lugar, se adopta una formulación más vaga: el objetivo pasa a ser mantenerse “muy por debajo de los 2 ºC, procurando limitar el aumento a 1,5 ºC”. Esta rebaja supone un retroceso significativo en un contexto en el que los científicos alertan de que incluso superar los 1,5 ºC tendrá consecuencias devastadoras.

De directrices obligatorias a recomendaciones voluntarias

El cambio no es aislado. Según la organización BankTrack, además de diluir el objetivo de temperatura, la NZBA ha transformado sus directrices vinculantes en simples recomendaciones. Ya no será obligatorio que los bancos incluyan las actividades en los mercados de capitales en sus planes climáticos a partir de noviembre de 2025, pese a que esta fue una de las principales mejoras introducidas en 2023.

El giro de la NZBA llega tras una serie de salidas de peso. Desde diciembre de 2024, la alianza ha perdido a seis de los mayores bancos estadounidenses —que comenzaron a retirarse tras la elección de Donald Trump—, así como a cinco de las seis principales entidades japonesas. También se han retirado grandes bancos canadienses y australianos. Este debilitamiento ha forzado a la alianza a “replantear profundamente su misión”, según apunta BankTrack.

Frente a este escenario, la NZBA optó por mantener el mayor número de miembros posibles, aun a costa de sacrificar ambición. Según denuncia la organización BankTrack, la decisión refuerza la percepción de que la alianza actúa como un “escudo reputacional” que permite a sus miembros seguir retrasando medidas concretas para reducir las emisiones financiadas

El contexto global pone en jaque las alianzas Net Zero

El propio Shargiil Bashir, presidente de la NZBA, ha admitido que el entorno ha cambiado “profundamente” desde la fundación de la alianza en 2021, y ha señalado la necesidad de considerar las diferencias regionales en los ritmos de descarbonización. Aun así, la decisión ha generado fuertes críticas, ya que, como recuerda el artículo publicado por BankTrack, la mayoría de los bancos miembros ya estaban lejos de cumplir con el objetivo de 1,5 ºC, incluso bajo las normas anteriores.

La retirada de entidades y el debilitamiento de la NZBA se enmarcan en un contexto más amplio de desintegración de coaliciones climáticas del sector financiero. La alianza de aseguradoras desapareció en mayo de 2023, mientras que la de gestores de activos suspendió sus actividades tras la salida de BlackRock. La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), que aglutinaba estas iniciativas, ha dejado de mencionar los compromisos de emisiones netas cero y ahora se limita a hablar de movilización de capital para la transición energética.

Quentin Aubineau, analista de políticas de BankTrack, resume el sentir de muchas organizaciones: “Es exasperante ver cómo la NZBA abandona lo que alguna vez fue una misión loable. Cualquier banco que quiera preservar su credibilidad debe confirmar públicamente su compromiso con el objetivo de 1,5 ºC y presentar planes creíbles y con plazos concretos para alcanzarlo, incluyendo el fin inmediato de toda financiación a los combustibles fósiles”.

En la declaración, organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo reclaman a los gobiernos y representantes políticos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a que actúen de acuerdo con los compromisos adoptados en dicho Acuerdo y den prioridad a las prácticas comerciales justas en las cadenas de suministro globales que resultan indispensables para la justicia climática.

El Movimiento por el Comercio Justo hace un llamado a las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC para que actúen de acuerdo con sus compromisos bajo el Acuerdo de París y den prioridad a las prácticas comerciales justas en las cadenas de suministro globales que resultan indispensables para la justicia climática.

La crisis climática es injusta: su impacto lo sienten con mayor severidad quienes menos responsabilidad tienen en ella. Las pequeñas organizaciones agrícolas del Sur global y agricultores/as a pequeña escala (‘Global South’) están sufriendo los efectos del cambio climático: sequías e inundaciones, patrones cambiantes de maduración y cosecha, nuevas plagas, malezas y enfermedades relacionadas con el clima y cosechas reducidas.

Con la pandemia del COVID-19 ocurre lo mismo: los sectores más marginados son los más afectados porque la propagación de la infección y/o las medidas de bloqueo tienen un impacto negativo en su trabajo y en el comercio.

Tanto la crisis climática como la del COVID-19 son síntomas de la enfermedad de fondo: son claros recordatorios de las poderosas correlaciones entre el modelo económico global y las crisis ambientales y de salud más amplias que enfrentamos, que se reflejan también en forma de pérdida de biodiversidad, deforestación, etc.

Un modelo económico en el que un desequilibrio significativo de poder en las cadenas de suministro significa que los productores/as y trabajadores/as pobres y marginados de las cadenas de suministro globales se mantienen perpetuamente en situación de pobreza con medios de vida insostenibles; mientras que las entidades compradoras y mayoristas obtienen beneficios para sus accionistas gracias a los cultivos y productos de agricultores/as a pequeña escala y las pymes.

Un ejemplo clave es la deforestación, impulsada principalmente por el modelo actual para las cadenas de suministro de cacao y café. Un pequeño grupo de grandes actores en el Norte (‘Global North’) obtiene altas ganancias, mientras que los agricultores y agricultoras en el Sur(‘Global South’) se ven presionados para entregar cada vez más productos a precios inferiores al costo de producción, lo que a menudo resulta en prácticas indeseables como la deforestación, el uso de trabajo infantil y la pobreza perpetua.

Claramente, es necesario abordar la pobreza y la desigualdad implícitas en estas cadenas de suministro para poder abordar las prácticas de sostenibilidad, especialmente las que afectan el clima.

La prioridad debe pasar de la agricultura industrial a gran escala para, ante todo, brindar justicia en el comercio a las pequeñas organizaciones agrícolas, permitiéndoles capear tanto la crisis climática como la pandemia del COVID-19. Esto se ha desarrollado particularmente en investigaciones independientes, más recientemente en este reciente informe del FIDA. Aunque los detalles son diferentes para los agricultores/as, artesanos/as y trabajadores/as de otras cadenas de suministro globales, como quienes están involucrados en la industria textil y de la moda, la necesidad de abordar la pobreza para asegurar la sostenibilidad ambiental y la adaptación al clima sigue siendo la misma.

La transformación de los modos de producción y consumo sostenibles está en el centro de la teoría de cambio del movimiento por el Comercio Justo. Esta llama a todos los actores a defender un precio justo, equitativo y remunerativo para los productores y productoras, que les permita vivir con dignidad como resultado de su trabajo e invertir en modos de producción agroecológicos.

El movimiento por el Comercio Justo proporciona modelos de negocios alternativos y de trabajo que funcionan a través de asociaciones comerciales transparentes a largo plazo, con el objetivo de proporcionar medios de vida dignos y al mismo tiempo que buscan proteger las condiciones de trabajo, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la sostenibilidad ambiental. Demuestra que una economía que funciona para las personas y el planeta es viable y activa a través de varios actores, como las empresas de Comercio Justo, que son empresas dirigidas por una misión y que practican plenamente el Comercio Justo, como también las empresas que fabrican productos certificados bajo la etiqueta ‘Fair trade’.

El movimiento por el Comercio Justo también está aumentando cada vez más su compromiso político con los Derechos Humanos y la Debida Diligencia Ambiental (‘Environmental Due Diligence’). Con ello, existe la necesidad de habilitar políticas públicas y regulaciones corporativas obligatorias, y en este campo, los responsables de la formulación de políticas y las Partes de la CMNUCC son actores clave para avanzar en sus compromisos bajo el Acuerdo de París.

Los gobiernos nacionales, las empresas y la ciudadanía (consumidores/as) deben colaborar para avanzar de manera efectiva en las metas de los ODS para la producción y el consumo sostenibles, que son vitales para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Para que se logre realmente la mitigación y la adaptación climática, la coherencia de las políticas debe garantizar que el comercio sea justo y se produzca en términos decentes para los y las agricultores/as a pequeña escala y en situación de marginación (como quienes viven de las cadenas de valor del cacao, el café o las bananas) y los productores/as, artesanos/as y trabajadores/as en riesgo alrededor de todo el mundo.

La crisis climática no será resuelta si quienes están al comienzo de las cadenas de valor globales siguen siendo dejados de lado ante la presencia de desequilibrios desproporcionados de poder en el comercio.

El reciente llamado del movimiento por Comercio Justo para reconstruir de manera más justa (‘Build Back Fairer’) destaca que no podemos volver a «hacer negocios como de costumbre» en un mundo después de la pandemia generada por el COVID-19. Es vital que los esfuerzos de recuperación aseguren la creación de una nueva economía que incluya y apoye a las Empresas de Comercio Justo, las organizaciones productoras certificadas como de Comercio Justo y otras empresas sociales. Una economía en la que las políticas climáticas y comerciales incentiven productos justos y respetuosos con el clima a través de estándares obligatorios de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, impuestos reformados y la prohibición de prácticas comerciales desleales en todos los sectores. Para lograr esta nueva economía, los paquetes de estímulo público como parte de los planes de recuperación de Covid-19 deben estar condicionados a que las empresas se adhieran a los estándares sociales y ambientales a la par con los establecidos por las Empresas de Comercio Justo y la certificación Fairtrade.

De acuerdo con nuestro llamado bajo el documento de posición conjunta del movimiento por el Comercio Justo sobre la COP25, las organizaciones agrícolas a pequeña escala deben ser priorizadas en las negociaciones de la COP. Concretamente, se debe incluir a los pequeños/as agricultores/as al desarrollar las NDC; al estipular disposiciones para la experiencia técnica y el apoyo en la implementación de modos de producción sostenibles; al facilitar un mejor acceso a la financiación y los seguros contra riesgos climáticos; y al promover medidas digitales y de infraestructura como parte de la adaptación climática. Además, la carga de la transición a cadenas de suministro agrícolas bajas o nulas en carbono no debe recaer sólo en los agricultores/as, trabajadores/as o artesanos/as; sino que éstos deben recibir el apoyo adecuado por parte de todos los actores de la cadena de suministro.

Aquí puedes ver las entidades firmantes

Declaración original en inglés