En el mes de octubre de 2025 dos tragedias ocurridas en la industria textil y de la confección de Bangladesh han vuelto a centrar la atención en la cuestión de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del sector en ese país. Tras la catástrofe del Rana Plaza en 2013 se introdujeron grandes mejoras que han garantizado que la mayoría de las personas trabajadoras que cosen ropa para marcas internacionales ya no tengan que temer por sus vidas en el trabajo. Sin embargo, el personal laboral de las fábricas que no están cubiertas por el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, responsable de estas mejoras, sigue estando en peligro.

Dos tragedias

Esto se ha visto cruelmente reflejado en las últimas dos semanas. El 14 de octubre, un edificio de cinco plantas que albergaba dos imprentas y al menos una fábrica textil en funcionamiento en la zona de Mirpur (Daca), se quemó tras incendiarse un almacén químico vecino. Los trabajadores y trabajadoras quedaron atrapados en el interior sin posibilidad de salir. El número de víctimas mortales es de 17.

Menos de dos semanas después, el 26 de octubre, al menos seis personas trabajadoras sufrieron quemaduras graves tras una explosión en una sala que, según se informa, albergaba el contador de gas de dos fábricas de confección contiguas, M.S. Dyeing, Printing and Finishing Limited y Fair Apparels Limited, en la zona de Dhaka Fatullah.

Las fábricas del edificio de la zona de Mirpur son difíciles de vincular con las cadenas de suministro de marcas internacionales, pero las fábricas de Fatullah sí tienen conexiones con marcas internacionales. Los datos comerciales vinculan a M.S. Dyeing, Printing and Finishing Ltd con Gor Factory (España), New Yorker (Alemania), Fox Wizel Bvi Limited (Malasia), Storm Textil (Dinamarca), Camac Arti y Sei Due Sei (Italia) y Solo Invest (Francia). Entre los compradores de Fair Apparels Ltd se encuentran Brandbq (Polonia), Unibrands (Suecia), Socim (Italia), Hipermercados Tottus (Perú), Willy Maisel (Alemania), Piazza Italia (Italia), Rip Curl (EE. UU. /Australia), Lager 157 (Suecia), Terstal Textiel (Países Bajos), Toads (Francia) y Sabor Srl (Italia).

Las marcas deberían rendir cuentas

Las marcas tienen la responsabilidad, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de proteger a sus trabajadores y trabajadoras de riesgos mortales. La era de desastres en la industria de la confección de Bangladesh, entre 2005 y 2013, debería haber dejado huella en las marcas de ropa de todo el mundo, al hacerles comprender que los trabajadores textiles de Bangladesh a menudo arriesgan sus vidas en el trabajo. Varias de las marcas implicadas en la explosión de Fatullah tienen experiencia de primera mano: New Yorker estuvo relacionada con al menos dos incidentes graves en fábricas, con un total de 85 y más de 120 muertos (el derrumbe de Spectrum en 2005 y el incendio de Garib & Garib en 2010). Piazza Italia estuvo relacionada con el incendio de Tazreen en 2012, en el que perdieron la vida 113 personas trabajadoras y casi 200 resultaron heridas. Ambas estaban relacionadas con una fábrica en la que un líder sindical fue golpeado hasta la muerte hace dos años, al igual que pasó con Lager 157. Todas estas marcas deberían ser plenamente conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de su cadena de suministro. Sin embargo, decidieron ignorar deliberadamente el Acuerdo Internacional y poner en peligro sus vidas.

Una de las fábricas implicadas en la explosión de Fatullah, M.S. Dyeing, Printing and Finishing, fue incluso públicamente catalogada por el Acuerdo como insegura. Fue cubierta por el programa Accord hasta 2018 y luego entró en la etapa final del proceso de escalada del programa por no haber abordado repetidamente los riesgos letales de seguridad. Si una fábrica llega a esta etapa, todas las empresas signatarias deben poner fin a su relación comercial con la fábrica, esta se incluye en una lista pública de fábricas inseguras y se notifica a los trabajadores y trabajadoras. Es evidente que las marcas que se suministran a través de esta fábrica no solo decidieron no firmar el único programa que garantiza la seguridad laboral, sino que también optaron por realizar pedidos sin llevar a cabo las mínimas diligencias debidas.

Desgraciadamente, esto último también parece ser el caso de una marca del Acuerdo. Aunque las marcas adheridas al Acuerdo tienen prohibido subcontratar a fábricas que figuran en esta lista de fábricas no aptas, Solo Invest se abastecía de esta fábrica no apta. Además de no comprobar la lista antes de realizar los pedidos, Solo Invest tampoco informó inmediatamente al Acuerdo de esta nueva relación de subcontratación. Si lo hubiera hecho, el Acuerdo habría recordado inmediatamente a la empresa que esta fábrica estaba vetada. Además, otra empresa signataria del Acuerdo, Sabor Srl, recibió al menos un envío de la otra fábrica de Fatullah, Fair Apparels. Aunque Fair Apparels no es una fábrica no elegible, Sabor infringió claramente la norma de informar al Acuerdo sobre sus proveedores, ya que la fábrica no figura en la lista del sitio web del Acuerdo. El Acuerdo debe garantizar que estas marcas rindan cuentas por infringir los términos del acuerdo.

Es necesaria la intervención del Gobierno para hacer frente a la situación

El Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) y la Unidad de Seguridad Industrial (ISU) son las entidades responsables de la seguridad en las fábricas de Bangladesh, donde el Acuerdo no tiene competencia. No se aseguraron de que estas fábricas cumplieran con las normas, a pesar de que, en el caso de M.S. Dyeing, Printing and Knitting, el Acuerdo les notificó oficialmente que esta fábrica había escalado hasta salirse de su programa. No se retiró la licencia de funcionamiento de la fábrica y se le permitió seguir exportando. La organización patronal Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association (BGMEA), a la que pertenecen las fábricas de Fatullah, siguió expidiendo a la fábrica las denominadas «declaraciones de utilidad» (utility declarations, UD), una declaración necesaria para exportar cada pedido. Es hora de garantizar que todas las personas que trabajan en las fábricas de Bangladesh estén igualmente seguras.

Hora de actuar

La red internacional Campaña Ropa Limpia exige que:

• todas las marcas que aún no hayan firmado el Acuerdo lo hagan, especialmente aquellas que se abastecen en las fábricas implicadas en estos incidentes.
• el Acuerdo mejore la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones de los signatarios de no abastecerse de fábricas no aptas y exija responsabilidades a las marcas que incumplan sus obligaciones.
• el Gobierno provisional de Bangladesh y el Acuerdo garanticen que las fábricas sean igualmente seguras, independientemente de si han sido inspeccionadas por el Acuerdo/RSC o por DIFE/ISU, mediante el establecimiento de normas comunes y el intercambio de conocimientos técnicos; y garantizar mecanismos de supervisión comunes para las fábricas que no cumplan los requisitos.
• el Gobierno provisional de Bangladesh ponga la expedición y retirada de las UD como competencia del Gobierno en lugar de los empleadores y que cancele las licencias de funcionamiento de las fábricas que no cumplan los requisitos y no solucionen sus problemas de cumplimiento.
• todas las partes implicadas garanticen una indemnización completa a todas las víctimas y sus familias. Las personas trabajadoras tienen derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y gastos médicos conforme al programa piloto de Indemnización por Accidentes Laborales, pero esto está vinculado a los salarios de pobreza que se pagan actualmente en el sector. Por lo tanto, es necesaria una indemnización adicional por daños y perjuicios, en consonancia, entre otras cosas, con la sentencia de 2016 de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de Bangladesh, a fin de no dejar a las familias en la pobreza extrema.

Fuente: Campaña Ropa Limpia

Aclaración: Esta noticia hace referencia al Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional), en inglés The International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry (International Accord), un acuerdo marco jurídicamente vinculante entre las marcas de prendas de vestir y los sindicatos para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria textil y de la confección. El acuerdo sirve como marco para la implementación de los Programas de Seguridad Específicos por País (PSEP) del Acuerdo, actualmente en vigor en Bangladesh y Pakistán, así como para cualquier programa futuro en otros países productores de prendas de vestir.

Un artículo de Daniel Rabanaque para economiasolidaria.org.

Hace apenas unos días, se celebraba en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El foro, retomado tras ocho años, debía servir para construir y desarrollar estrategias comunes y horizontales que refuercen la importancia europea en la región y apoyen las transiciones verde y digital puestas en marcha en los diferentes países. En la declaración resultante, los participantes se comprometían a mejorar la coordinación multilateral y avanzar acuerdos comerciales dentro de un marco de respeto por los acuerdos de París, la lucha contra el cambio climático y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte. La cumbre se sitúa en el intento de la Unión Europea por afianzar su importancia en la región frente al avance de la presencia china como motor económico para estos países en crecimiento.

La Fundación Alternativas se hacía eco, ya el pasado mayo, de la diferencias, fracturas y contrastes existentes entre los países iberoamericanos. Las diferentes crisis (sistémica, financiera, sanitaria, ecológica) que se vienen produciendo a escala internacional hacen necesario un mayor diálogo entre los agentes implicados, agendas mejor coordinadas para garantizar el desarrollo sostenible y la inclusión social, y debates más profundos sobre nuevos modelos económicos que avancen “pactos verdes”, terminen con el extractivismo y favorezcan una política de cooperación al desarrollo que ahonde en la defensa de los derechos humanos.

ESTRECHA VENTANA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ESS

La Economía Social estuvo representada en el encuentro con la presencia de la directora de Social Economy Europe, Sarah de Heusch, y la participación de su presidente, Juan Antonio Pedreño, en la mesa redonda dedicada al modelo empresarial. Si bien las propuestas de la ESS no se vieron reflejadas en las conclusiones generales del encuentro, CEPES no ha dudado en calificar de ventana de oportunidad para “situar a las empresas de #EconomíaSocial en el centro de las inversiones sostenibles de #GlobalGateway 🇪🇺 con #AmericaLatina”, aludiendo al paquete de inversiones destinadas a la región anunciado por Ursula von der Leyen dentro de la estrategia europea Global Gateway.

Sin embargo, otras voces apuntan a la decepción que ha supuesto que la cumbre no haya tratado los problemas de libertades y derechos existentes en muchos Estados, las propuestas de los movimientos indígenas o los riesgos de greenwashing que se asocian a las inversiones europeas en el continente. Gloria García, de Oxfam, advierte en el artículo de DW enlazado anteriormente: «América Latina está en un momento muy sensible, y estas inversiones pueden empeorar la democracia. Necesitamos blindar estas inversiones para no vayan por ese camino”.

En un artículo que resume la cumbre, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala otros desacuerdos y asimetrías en un encuentro teñido de oportunidad de negocio para las multinacionales. Así, subraya la presencia en la cumbre de directivos de empresas como Iberdrola, Banco Santander, Acciona, Telefónica o BBVA, por indicar solo aquellas de origen español.

EN PARALELO, LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS

De forma paralela a la celebración de la Cumbre EU-CELAC, Bruselas acogía también el desarrollo de la Cumbre de los Pueblos, una cita convocada por numerosos actores políticos y sociales de la UE y América Latina. Su declaración de principios, estaba encabezaba por la defensa de la naturaleza y “la construcción de un nuevo orden internacional justo, democrático y equitativo, que ponga en el centro de las políticas públicas al ser humano, la satisfacción de sus necesidades desde una defensa del medio ambiente que nos permita vivir en armonía con la naturaleza”.

Por ella, pasaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia, Ernesto Arce, el canciller venezolano Yván Gil y representantes de organizaciones, movimientos sociales o sindicatos de ambas regiones en un esfuerzo para encontrar una serie de resoluciones tendentes a manifestar el rechazo al modelo capitalista y proponer nuevas vías de convivencia y desarrollo económico. De especial interés resultó la intervención de Gustavo Petro, quien en su discurso puso de manifiesto la asociación de las lógicas de producción y acumulación del capitalismo con la destrucción del planeta.

En su declaración final, la Cumbre de los Pueblos subrayaba la oportunidad que supone la cumbre UE-CELAC para avanzar “en la creación de un mundo multipolar, con relaciones multilaterales que permita progresar en Paz a la Humanidad en armonía con la Madre Tierra”, señalando a la vez la ofensiva imperialista destinada a profundizar los conflictos y condenando las campañas en curso “encaminadas a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos en América Latina y el Caribe”. Se señalan también en sus conclusiones “los intentos de la UE de imponer formatos y métodos, unilaterales, poco transparentes, contrarios al espíritu de respeto, diálogo y cooperación que debe imperar en las relaciones birregionales”.

La Cumbre de los Pueblos abogó por “la aplicación de políticas socialmente avanzadas que evite que los Pueblos de Europa sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que no han causado”. Se exige también el fin de las sanciones unilaterales y los bloqueos, en especial los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se propone también la convocatoria de la Asamblea de la Tierra por parte de la ONU, “a fin de preservar nuestra casa común que es la Madre Tierra y debatir las consecuencias del modelo de desarrollo capitalista que ha llevado a la destrucción de nuestro planeta”. En el terreno económico, la Cumbre de los Pueblos defiende “acuerdos y medidas que contribuyan a desarrollar unas relaciones comerciales, financieras y económicas justas, equilibradas con base en el beneficio mutuo y la defensa de la Madre Tierra, de carácter multilateral, que definitivamente erradique el colonialismo que tanto daño ha causado a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños”.

¿DÓNDE SE SITÚA LA ESS?

Llama la atención, en los documentos de conclusiones de ambas cumbres, la ausencia de referencias a la Economía Social y Solidaria. La Cumbre EU-CELAC abría el período de presidencia de la UE correspondiente al Estado español, que ha afirmado tener la ESS como una de sus prioridades. Esta afirmación se alinea con las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Naciones Unidas, que señalan su capacidad para ofrecer una «respuesta más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada» a los desafíos económicos y sociales a escala mundial, en especial tras las fragilidades mostradas durante la pandemia de COVID-19.

La resolución de Naciones Unidas, en concreto, subraya la capacidad de la ESS para adaptarse a contextos locales y ofrecer respuestas “en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos”. Buena parte de estos objetivos están recogidos en la declaración final de la cumbre.

La Comisión Europea aprobaba el pasado diciembre un Plan de Acción Europeo de Economía Social que la situaba en el centro de las políticas económicas de la Unión, estableciendo entre sus prioridades la de generar políticas y marcos estratégicos generales a su impulso. Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de situarla en lugar relevante dentro de esta cumbre, a pesar de la apuesta por la ESS que muchos países de América Latina están realizando en los últimos años. Entrando en detalle, parece haberse dejado pasar la posibilidad de respaldar las políticas que gobiernos como los de México, Colombia o Bolivia vienen poniendo en marcha para extender un modelo económico comprometido con la defensa de la vida y la justicia social.

Más llamativa aún es la ausencia de citas a la Economía Solidaria en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, por ser un espacio, a priori, más permeable a movimientos sociales y alternativas de cambio de modelo. A pesar de compartir diagnóstico y propuestas con la ESS, la Cumbre de los Pueblos también deja fuera de sus conclusiones a la Economía Solidaria, con sus componentes integrados de economía popular, feminista y ecologista. Sin conocer los entresijos de la cumbre, es difícil encontrar la razón que explique esta ausencia. En cualquier caso, el movimiento de la Economía Solidaria haría bien en tomar nota de estas oportunidades para situarse como referente en soluciones factibles y disponibles para transformar el sistema económico hacia uno con mayores valores y compromiso de justicia social.

El momento de reconocimiento internacional que la Economía Social y Solidaria viene disfrutando una vez superada la pandemia global de COVID-19 ha de acompañarse en el tiempo para evitar convertir a la ESS en flor de un día. El trabajo realizado en incidencia política, visibilización como alternativa y posicionamiento en la agenda de varios países con peso regional, debe ser continuado de manera que la Economía Solidaria mantenga una presencia real en las políticas públicas internacionales. En un momento en el que la quiebra del modelo capitalista, colonialista, imperialista y neoliberal se hace evidente incluso al más alto nivel, la ESS tiene terreno fértil para desplegarse: alarguemos nuestro esfuerzo para extender el reconocimiento de la Economía Solidaria como realidad práctica que facilita la transición hacia economías más justas, multipliquemos su presencia en redes amplias de transformación social y sigamos compartiendo su potencial para construir relaciones más humanas y cuidar de la vida del planeta y las personas.

En un acto junto a la ministra senegalesa de Microfinanzas y de Economía Social y Solidaria, Victorine Anquediche Ndeye, Yolanda Díaz anunciaba el pasado uno de junio la firma de una Declaración de Intenciones para fomentar la cooperación en el ámbito de la Economía Social, al igual que también se ha hecho con otros países como Francia, Alemania o Colombia. Ambas ministras mantuvieron un encuentro bilateral antes del acto. y firmaron un acuerdo que impulsará la promoción y el intercambio de información y apoyo técnico para la formulación de políticas de Economía Social, así como el fomento de proyectos y medidas de estas características centrados en mujeres y grupos vulnerables.

Díaz agradeció a la ministra senegalesa el apoyo de su país a la primera resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre Economía Social, que alienta a los países a incentivar esta forma de emprendimiento desde sus políticas públicas.

“Es mucho lo que hemos conseguido y es mucho los que nos queda por hacer”, ha asegurado la vicepresidenta, que ha instaurado esta forma de emprendimiento como una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a partir de julio, porque es una economía que ha demostrado ser más equitativa, con mayor impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.

Incentivar el liderazgo femenino

El acto se completaba con la reunión de un grupo integrado por 26 mujeres líderes en diversos sectores de la Economía Social, desde el agroalimentario, a la industria, pasando por la distribución, los cuidados, la inserción de personas con discapacidad, la cultura, la universidad o la consultoría. “Representáis la enorme diversidad de esta otra forma de hacer empresa y lleváis años trabajando y tejiendo alianzas para la igualdad”, ha explicado la vicepresidenta, que ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, Jerónima Bonafé, la presidenta del Congreso de Mondragón, Leire Mugerza, así como de Carmen Marcuello, catedrática de la Universidad de Zaragoza.

Con la hoja de ruta que hoy se presenta se establecen unas líneas de actuación en diferentes ámbitos que se irán desarrollando a lo largo del año. El área de acción va desde el análisis de la situación de las mujeres en las empresas y entidades de la Economía Social, hasta el apoyo al empoderamiento de las mujeres en el sector para fomentar el acceso a puestos de liderazgo, pero también el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la racionalización de horarios, así como a la formación para optimizar sus cualificaciones y aumentar su visibilidad y liderazgo.

Díaz agradeció el trabajo de las empresarias que están participando en esta labor para afianzar la igualdad en la Economía Social, un sector que constituye el 10% del PIB y presenta tanto una menor brecha salarial entre hombres y mujeres que en la economía convencional, como una mayor estabilidad laboral, ya que arroja menores disparidades en términos de tiempos de trabajo y desempleo.

El objetivo final de esta iniciativa, que entronca con la Estrategia de la Economía Social recientemente aprobada,  es la adopción de soluciones a los principales aspectos determinados en la hoja de ruta, para que las entidades de la Economía Social de nuestro país se constituyan en un referente de cómo las mujeres pueden alcanzar puestos de responsabilidad y servir de ejemplo a todas las empresas y entidades, incluidas aquellas que no forman parte de la Economía Social.

La mayoría de los medios de comunicación de nuestro entorno han aplaudido los acuerdos sobre fiscalidad internacional que han sido recientemente adoptados, primero por el G7 (5 de junio) y luego por 130 de los 139 países de la OCDE (1 de julio) y ratificado por los países del G20 (9-10 de julio). Se puede hablar de «histórico» en el sentido de que nunca ha habido nada similar a un acuerdo internacional en este sentido y esto no es malo. Sin embargo, que sea «histórico», no quiere decir que sea «justo» o «equitativo» y por ello nos permitimos echar un jarro de agua fría al entusiasmo mediático en este artículo.

El acuerdo ha sido impulsado por la Administración Biden que se ha apuntado un éxito diplomático y ha desbloqueado el proyecto BEPS que venia trabajándose desde 2013 en el Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 con el objetivo de regular internacionalmente la fiscalidad que se va a aplicar a las empresas transnacionales y poner coto a la elusión fiscal y a la ocultación de beneficios en guaridas fiscales.

Como se ha informado el acuerdo del G7/OCDE/G20 se basa en dos grandes pilares: el Pilar 1 que establece las reglas sobre dónde tienen que tributar las grandes empresas a nivel global; y el pilar 2 que fija un tipo impositivo mínimo global del 15% para todas las empresas que facturen al menos 750 millones de dólares. Es decir una empresa que obtenga diez millones de dólares de beneficios deberá pagar al menos 1,5 millones de dólares en impuestos (a repartir entre los distintos países en los que opera).

Y como contrapartida los países firmantes deberán renunciar desde este preciso momento a aplicar medidas unilaterales tales como la Tasa Google, actualmente de aplicación en varios países europeos, entre ellos España, o la «Digital Levy» que esta a punto de lanzar la UE.
Cosas a tener en cuenta:

• Primero. Las reglas contenidas en el acuerdo se limitan a las empresas que tengan una facturación superior a 20.000 millones de dólares y margen de beneficios superior al 10%. Es decir, unas 100 megaempresas (ninguna española).
• Segundo. Se redistribuirán país por país entre el 20% y el 30% de los beneficios por encima del 10% de rentabilidad de las empresas que hayan facturado al menos un millón de dólares en el país. Esto hace que empresas con mucho volumen y poco margen como Amazon puedan no verse afectadas por este acuerdo en la mayoría de sus líneas de negocio.
• Tercero. La fórmula concreta a aplicar país por país, se decidirá en la cumbre del G20 de octubre 2021. No queda claro si se basara únicamente en el criterio de facturación de cada empresa en cada país o si se tendrán en cuenta aspectos como el uso de materias primas, plantas de fabricación en el país o mano de obra utilizada. Si solo se utiliza el criterio de ventas, esto perjudicaría fiscalmente a los países donde las transnacionales no venden pero si fabrican productos o compran materias primas.
• Cuarto. El acuerdo excluye expresamente las empresas de «servicios financieros regulados» y las «industrias extractivas».
• Quinto. El reparto del 15% mínimo global no es equitativo porque los países donde está la matriz de la multinacional recaudan primero y se llevan la mayoría del volumen global de ese 15% mínimo. Ademas siguen existiendo exenciones que reducen y minan el tipo impositivo. Según estimaciones de Oxfam, dos tercios de los recursos adicionales obtenidos por este acuerdo irán a los países G7+UE y solo un 3% irá a los países con las rentas más bajas a pesar de representar un tercio de la economía mundial. España obtendría con este sistema unos setecientos millones de euros extra de recaudación anual cuando sus previsiones con la aplicación de la actual «Tasa Google» es de 930 millones de euros a los que tendrá que renunciar inmediatamente y esperar a 2023 para empezar a recibir los setecientos millones.

Como conclusión se puede decir que se trata de un acuerdo que se aplica a un numero muy reducido de empresas (el resto quedan, como se dice «business as usual»), que excluye a gigantes tecnológicos con márgenes de rentabilidad por debajo del 10% y que aplica una estructura tributaria que beneficia a las economías avanzadas donde las transnacionales tienen establecidas sus matrices y muy poco a los países en desarrollo a pesar de que el grueso de producción y mano de obra se encuentre en esos países. Si es verdad que tendrá un impacto en la limitación de actividad en algunos paraísos fiscales muy agresivos (tipos fiscales próximos al cero), pero no a los paraísos fiscales tipo Irlanda o Singapur que seguirán presionando para que la competencia fiscal entre países siga convergiendo a la baja.

También se puede concluir que la decisión de poner el tipo mínimo en el 15% es un fracaso cuando lo que se debatía en el BEPS eran tipos del 21% o incluso del 25% y que la propuesta de la Administración Biden en esta negociación era del 21% y se ha rebajado al 15% por la presión de algunos países «ricos».