El próximo 2 de octubre, el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, acogerá la primera parte del primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial del Foro Social Más Allá del Crecimiento.

El proceso del Foro Social avanza, se territorializa y organiza su primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial en Sevilla los días 2 y 3 de octubre. Su objetivo: abordar las aportaciones del Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y del Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario.

La primera jornada se celebrará en el Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas, y la segunda parte del Encuentro del Acuerdo Ecosocial tendrá lugar en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta jornada contará con la participación de organizaciones referentes en las temáticas abordadas, como la Marea Blanca de Andalucía, las Jornaleras de Huelva en Lucha, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama o la Mesa Social del Agua, entre otras organizaciones de ámbito andaluz y estatal, apuntando a las causas comunes que se encuentran detrás de las problemáticas que abordan, y por tanto trabajando en propuestas comunes de transformación.

Desde la celebración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento en el Congreso en septiembre de 2025 y del Foro Social este año, organizaciones y personas de todos los territorios del Estado están participando de manera directa en dar forma al Acuerdo Ecosocial, que consiste en un programa de acción común en favor del bienestar presente y futuro, desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

En palabras de Hugo Abad, portavoz del Foro Social:

«Desde la sociedad civil estamos trabajando en un programa común con el potencial de aglutinar a una mayoría social que impulse un cambio de modelo económico y social para, más allá de la política institucional a corto plazo, crear condiciones que nos permitan romper las dependencias con el crecimiento y en último término con las lógicas capitalistas, en favor de un control popular y democrático de la economía que ataje las crisis que vivimos».

El grupo organizador explica que el foco del proceso en los próximos meses será alcanzar un Acuerdo Ecosocial a través de un trabajo territorial que permita configurar distintos Pactos donde los conflictos en torno a ellos se están manifestando con más intensidad. Este es el caso de Andalucía, donde el modelo agroindustrial y el turismo han avanzado a costa del agua, la calidad de vida, la biodiversidad y las perspectivas de una vida digna para la mayoría de la población, a lo que se suma la desinversión y privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad, incapaz de atender las consecuencias generadas por el modelo económico actual.

Consulta el programa completo y cómo inscribirte en la ficha del encuentro en nuestra agenda.

Lanzamiento de una plataforma digital en junio

El trabajo de elaborar el Acuerdo Ecosocial se está articulando a través de la plataforma digital Decidim, que recoge los hitos. Tras un trabajo intenso de meses y de multitud de encuentros territoriales desde que se celebró en febrero la primera plenaria general del Foro Social, que contó con la participación de 700 personas, el Foro Social lanza la plataforma digital Decidim para recoger hitos clave, articular los progresos de los 12 pactos e informar en la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento.

En la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento están participando de manera coordinada personas de todos los territorios del Estado. El documento final será refrendado a comienzos de 2027 en una nueva conferencia. En este nuevo encuentro se presentará una agenda de acción común para transitar del modelo económico actual a uno que ponga la vida y el bienestar presente y futuro en el centro de la toma de decisiones mediante una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

Sobre el Foro Social Más Allá del Crecimiento

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas a la Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que ha sido la base para la puesta en marcha del Foro Social.

Fuente: Foro Social Más Allá del Crecimiento.

Después de un recorrido de más de un año desde la Conferencia Más Allá del Crecimiento en septiembre de 2025 y la plenaria del Foro Social en febrero de 2026, llega el Primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que tendrá lugar en Sevilla los días 2 y 3 de octubre.

En un momento marcado por las consecuencias más evidentes de la crisis ecosocial, en forma de guerras, incendios, crisis de vivienda y salud, acaparamiento de tierras por fondos privados de inversión y el genocidio que continúa en Palestina, el encuentro se plantea no solo para resistir, sino también para trabajar en propuestas que aborden las causas, transitando más allá del crecimiento y del capitalismo. Se trabajarán propuestas en torno a los conflictos identificados por el Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y por el Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario, con la metodología común del Foro Social.

Fecha: viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026
Hora: viernes, de 15:30 a 20:30 h; sábado, de 9:30 a 19:00 h (y cena y espacio cultural a las 20:00 h)
Lugar: viernes, Parlamento de Andalucía (Hospital de las Cinco Llagas); sábado, sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, C/ Blanco White, 5, Sevilla
Modalidad: presencial
Organiza: Foro Social Más Allá del Crecimiento
Inscripción: en la página del encuentro en Decidim («Unirse al encuentro»)

Programa

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La Comisión Europea ha anunciado su intención de reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) bajo el argumento de “simplificar” la normativa ambiental para mejorar la competitividad. Sin embargo, esta reforma abre la puerta a un debilitamiento del principio de no deterioro y a una menor exigencia en la protección de ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos en toda Europa.

En un contexto de emergencia climática, sobreexplotación de los recursos hídricos y creciente presión de sectores extractivos e industriales, no podemos permitir ningún paso atrás. La Directiva Marco del Agua ha sido una conquista clave de la política ambiental europea y una garantía para compatibilizar actividad económica, salud pública y defensa de los bienes comunes.

Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han impulsando un manifiesto conjunto para exigir que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva y, en su lugar, refuerce su aplicación efectiva. Creemos que es el momento de defender con claridad que el agua no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino un derecho y un pilar de la vida y de los territorios.

Economistas sin Fronteras se ha adherido a dicho manifiesto.

LEER MANIFIESTO

Además, se puede firmar tanto a título individual como colectivo:

Formulario de adhesión

Fuente: Economistas sin Fronteras

La entrevista a Miriam Planas, ex-portavoz de la plataforma Aigua és Vida, abre el Cuaderno 64 de Opcions, Agua. ¿Cómo gestionamos este bien común? La respuesta no solo vendrá de las nubes. Un número dedicado al tema del agua y que nos permite reflexionar, en momentos de sequía, sobre los usos de este bien tan esencial y sobre la manera que tenemos de gestionar el que es un bien común y un Derecho Humano universal.

Me parece obvio hacerte esta pregunta, pero es el punto de partida de este cuaderno: ¿el agua como bien común o el agua como objeto de negocio?

Entendemos que el agua no debe ser un negocio, sino que el agua es un derecho humano y su gestión debe estar guiada por los principios de sostenimiento de la vida y no por los principios de generación de negocio, que es lo que tenemos con la gestión privada.

Hablas de la toma de conciencia sobre el nivel de privatización. ¿Qué tipo de gestión predomina en Cataluña?

A nivel mundial, el 90% de la población se abastece a través de operadores públicos. En Cataluña, un 78% de la población se abastece a través de operadores privados. En Europa tenemos un 80% de gestión pública, en España un 50% y en Cataluña poco más de ese 20%.

Es ante este panorama que nace Aigua és Vida y se comienza la lucha por las remunicipalizaciones, que se suman a las luchas ecologistas ya existentes. En 2015 se lanzan los mapas del agua en Cataluña en la web de Aigua és Vida, que muestran el alto grado de privatización de la gestión del agua municipal, el monopolio de la empresa Agbar, y se hacen públicas las fechas de finalización de contratos en muchos municipios. Esto facilita el impulso de campañas de municipalización.

¿Me puedes hablar del concepto de Nueva cultura del agua?

Hay un manifiesto fundacional de lo que entendemos por Nueva cultura del agua. Dice básicamente que el agua debe ser para la vida, la de las personas y la de los ecosistemas. En un primer nivel, existe el agua que sí o sí debe garantizarse, y aquí hablamos, por ejemplo, de garantizar caudales ecológicos suficientes para que en los ríos se pueda desarrollar la vida de animales, plantas, etc., al tiempo que garantizar el abastecimiento de las personas. En un segundo nivel, estaría el agua para el negocio y en un tercero, el agua para el ocio. En definitiva, es plantearnos para qué utilizamos el agua: debemos hablar de la cantidad de agua, sí, pero debemos plantearnos también qué hay detrás de las demandas de agua. Agua para qué y agua para quién. Así, si el agua es para hacer negocio, en ningún caso puede pasar por encima de los caudales ecológicos, por ejemplo.

Entiendo que, cuando existe una gestión privada del agua, esta gestión de la demanda con miras a preservar los ecosistemas fluviales y los caudales ecológicos no se aplica. ¿Y cuándo hablamos de gestión pública?

Cuando hablamos de remunicipalizaciones no hablamos sólo de gestión pública, sino de gestión pública y democrática del agua. Hablamos de recuperar el control del agua por los ayuntamientos, pero también por parte de las personas usuarias, de la ciudadanía. Porque hemos olvidado el saber del agua: no sabemos de dónde viene el agua que bebemos, desconocemos en qué estado se encuentran los ríos, etc. En este sentido, las remunicipalizaciones suponen la oportunidad de recuperar el control del agua por los ayuntamientos y también la posibilidad de recuperar el conocimiento sobre el agua de forma generalizada. Joan Gaya, cuando habla de esto, nos explica que en los años 80 los ayuntamientos se preocupaban por garantizar servicios básicos (escuelas, asfaltados de calles, etc.), y el agua no entraba en estas prioridades; fue entonces cuando muchas gestiones del agua se dejaron en manos privadas.

Por tanto, una gestión pública, tal como la entendemos, representa la oportunidad de recuperar el control sobre el agua. Y en el escenario de emergencia que vivimos, donde cada vez tendremos menos, será muy importante que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan decidir para qué utilizan esta agua.

¿Cómo garantizar el interés común y no sólo político en un sistema de gestión pública del agua?

Nosotros proponemos observatorios participados por la ciudadanía o asambleas ciudadanas. Un buen ejemplo es el Observatori de l’Aigua de Terrassa, que es un espacio que ayuda a tomar decisiones poniendo en común los intereses no sólo del ayuntamiento o de la empresa de agua, sino también de la ciudadanía. Así se garantiza mejor que se vela por el bien común en la toma de decisiones.

Asimismo, los observatorios son espacios para hacer accesible la información. A menudo en el mundo del agua, como ocurre en el de la energía, nos encontramos con un alto nivel de tecnificación del discurso, que aleja la posibilidad de que la ciudadanía participe. Y si hablamos de agua para qué y agua para quién, todo el mundo debe poder participar y disponer de información accesible y comprensible.

¿De qué forma, en cambio, el modelo privatizado no favorece ese derecho al agua del que hablamos y qué consecuencias tiene dicho modelo para la población?

Desde Aigua és Vida llevamos muchos años denunciando los impactos de la privatización. De hecho, la lucha comienza con la Guerra del Agua de Cochabamba, en el 2000. Lo que ocurrió entonces en Bolivia es que se privatizó el agua y la ciudadanía salió en masa para denunciar la subida de los precios. Este incremento del precio es el primer impacto para la ciudadanía que posee el modelo privado de gestión.

Otro efecto del modelo privatizado son los cortes de suministro y el desconocimiento por parte de las administraciones locales de las afectaciones de estos cortes en la población.

Aparte de esto está lo que llamamos costes ilegítimos de las operadoras privadas.

Por último, debemos hablar de transparencia y opacidad. Frente a las dificultades para acceder a datos reales de las compañías, vemos constantemente campañas publicitarias que lo único que hacen es promocionar la marca cuando la ciudadanía no tiene derecho a escoger cuál es su compañía suministradora, sino que le viene dada. ¿Qué sentido tiene que estén haciendo publicidad? En un sistema de gestión pública, este dinero se podría invertir en campañas de concienciación para dar a conocer el ciclo del agua, las necesidades que tenemos, etc., en vez de promocionar la imagen de la empresa.

Todavía una última consecuencia de este modelo privatizado es la acumulación de poder por parte de las empresas: poder económico, jurídico, mediático. Nos encontramos con corporaciones con más poder que los ayuntamientos. Y a menudo, cuando se deciden a remunicipalizar, empiezan a recibir demandas de la empresa suministradora. Y esto genera miedo entre los ayuntamientos.

Me gustaría que nos hablaras del derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Dónde queda recogido y qué mecanismos existen para hacerlo realmente efectivo?

El derecho humano al agua fue reconocido por las Naciones Unidas en 2010, aunque en nuestro país, por ejemplo, hasta 2015 todavía se efectuaban cortes en el suministro. Una de las demandas de Aigua és Vida es que este derecho se reconozca al más alto nivel, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español, en la Constitución, en el Estatut, etc. Desde Red Agua Pública, que es la organización con la que trabajamos a nivel estatal, se está trabajando una ley de mínimo vital para el derecho humano al agua. Un movimiento importante relacionado con este derecho tuvo lugar en 2014, con la primera Iniciativa Ciudadana Europea. Esta iniciativa de participación ciudadana trató justamente del derecho humano al agua y recogió más de un millón y medio de firmas. Sin embargo, a pesar de la fuerte movilización, el Parlamento Europeo hizo una recomendación a la Comisión Europea para que recogiera el derecho humano al agua, pero la Comisión Europea no lo recogió.

Queda, pues, mucho camino por recorrer para que los países reconozcan oficialmente el derecho humano al agua. Leyes como la 24/2015 de Cataluña nos ayudan a que, de facto, se esté cumpliendo, como mínimo en cuanto a cortes.

¿Cómo ayuda la ley contra la pobreza energética a garantizar el derecho al agua?

La Ley 24/2015 es un ejemplo de las luchas conseguidas en los ámbitos catalán, estatal y europeo. Y una victoria que necesitamos seguir celebrando porque ha permitido que apenas se realicen cortes de suministro en Cataluña. Aparte, también nos ha servido para cambiar el relato y señalar que, también cuando existe gestión privada, la garantía del suministro debe ir por delante de los beneficios y que, por tanto, hay que hacer algo con la deuda de suministro que las familias no pueden asumir. Antes no se hablaba de la responsabilidad de estas empresas en relación con la deuda acumulada por las familias; ahora, hemos conseguido no sólo que no haya cortes de suministro, sino también que las empresas se hagan corresponsables del pago de esta deuda.

El derecho humano al agua tiene que garantizar que no hay cortes en el suministro y un precio asequible al agua

Sin embargo, el derecho humano al agua va más allá de evitar los cortes de suministro.

Sí. Aparte de la accesibilidad, que debería garantizar que no existen cortes en el suministro, se refiere también a la asequibilidad, es decir, a que el agua tenga un precio asequible, a la calidad y a la disponibilidad.

Al mismo tiempo, existen ciertos criterios que son comunes a todos los derechos humanos, como son la transparencia, el acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas. Y aquí hay todavía mucho trabajo por hacer, tanto en la gestión privada como en la pública.

Necesitamos seguir trabajando para garantizar una información al alcance de la ciudadanía.

Sí, necesitamos muchas experiencias para avanzar en ese aspecto. Se habla mucho de sistemas inteligentes, de smart city, etc., pero se hace poco para mantener a la ciudadanía informada. Se necesitarían campañas de sensibilización para explicar el ciclo del agua, de dónde viene, para qué la utilizamos, las problemáticas asociadas, qué podemos hacer, etc. Por lo tanto, significa invertir en transparencia para obtener no sólo estos datos, sino para ponerlos a disposición y pensar formas de participación que permitan a la ciudadanía tomar decisiones de manera informada en materia de agua.

Y aquí es donde entran en juego los observatorios…

La primera experiencia fue el Observatorio de París. Aquí tenemos el Observatorio de Terrassa, o el de Cádiz… Ahora también se ha hecho uno en Xàtiva. Encontramos algunas experiencias, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Nos falta cultura democrática, también en materia de agua. Y necesitamos también explorar formas público-comunitarias que permitan una gestión participada.

Cambiemos un poco de tema. ¿Hablamos de emergencia climática y de sequía?

Lo primero que debe decirse es que, con la emergencia climática, la disponibilidad de agua disminuirá. Todos los estudios apuntan a que tendremos más episodios de sequía, más inundaciones y, por tanto, que hay que adaptar las ciudades y la gestión que hacemos del agua. Pero es importante decir que no es que tengamos poca agua, sino que la gestionamos mal.

¿Existe garantía de agua urbana?

Aquí volvemos al punto de antes. Nunca se hace la pregunta de agua para qué. Y antes de decir que no nos llega suficiente agua o que necesitamos más cantidad para garantizar determinado proyecto, debemos preguntarnos sobre el uso que haremos de esa agua. Ahora mismo, en los planes directores de agua del área metropolitana, por ejemplo, se da por sentado que habrá un aumento de la demanda. ¿Pero por qué se da por sentado esto? ¿Por qué no nos planteamos quedarnos tal y como estamos?

No es que no haya agua, sino que no hay una planificación real

¿Esto tendría que ver con el crecimiento urbanístico?

Sí. Mientras sigamos construyendo nuevas urbanizaciones o nuevas construcciones, que es lo que se prevé en los planes directores urbanísticos del área metropolitana, difícilmente podremos garantizar el agua. Si actualmente ya cuesta, ¿por qué seguimos planteando nuevas edificaciones y nuevas casas que necesitarán más agua? Esto mismo ocurre, por ejemplo, en la costa catalana: las zonas del litoral son muy densas urbanísticamente, tienen mucha demanda de agua y muy poca disponibilidad… ¡Dejemos de construir en estas zonas porque no podremos garantizar el agua!

Por tanto, no es que no haya agua, sino que no hay una planificación real. Se basa en el presupuesto de que haremos llegar el agua allá donde queramos, en vez de planificar en función del agua disponible, que es lo que deberíamos estar haciendo.

Me hablas de disponibilidad de agua, pero ¿en qué estado se encuentra el agua de que todavía disponemos?

¡Este es otro de los grandes retos que tenemos! ¿Cómo recuperamos las masas de agua que hemos dañado? Por ejemplo, padecemos un grave problema de contaminación de acuíferos por nitratos en Osona y en muchas zonas de Cataluña, porque tenemos una cabaña porcina que no podemos asumir. Ocho millones de cerdos en Cataluña, ¡y seguimos aumentando! De nuevo, en vez de revertir este crecimiento para poder recuperar el agua de los acuíferos, no se está haciendo en ningún caso una política para revertir su contaminación ni una política activa para investigar cuántos purines se están vertiendo, por ejemplo. Se confía en nuevas tecnologías que posibilitarán el crecimiento sin contaminar. La realidad, y el anuncio de sanciones desde la UE, nos demuestra que estas supuestas soluciones milagrosas no hacen sino agravar el problema. En este sentido, son necesarias políticas activas para recuperar el estado de muchos acuíferos a fin de que las reservas estratégicas de agua estén disponibles.

La incidencia de granjas porcinas en los acuíferos es evidente y alarmante, pero… ¿y en áreas urbanas? ¿Cómo afectan a estas áreas?

En las zonas urbanas nos ocurre que, cuando edificamos, impermeabilizamos el suelo, con lo que impedimos que, cuando llueve, los acuíferos se carguen. Además, aumentamos el colapso del sistema de saneamiento contaminando ciudades, ecosistemas, aguas superficiales y costeras. Por lo tanto, mantener los pocos suelos agrícolas que quedan en las zonas urbanas es fundamental para la soberanía alimentaria, para permitir que el agua de lluvia se infiltre y minimice las inundaciones provocadas por las cada vez más intensas lluvias torrenciales, así como aumentar las zonas verdes en las ciudades y la vegetación para incrementar la recarga de los acuíferos, y también para que hagan de refugio climático contra las altas temperaturas.

Por todo lo que me has dicho, ¿podemos entender que no se están llevando a cabo suficientes políticas activas para preservar y para restaurar las masas de agua disponible?

Sí, y no se está haciendo lo suficiente para que se cumpla la ley o se cumplan las sentencias que reclaman la restauración. Por ejemplo, otro gran problema en Cataluña es la salinización del río Llobregat. Y aquí hay que hacer cumplir las distintas sentencias sobre las escombreras del Bages, especialmente la causa penal por salinización (242/14), exigiendo un plan de recuperación ambiental, una fianza proporcional y la retirada de la escombrera salina con un calendario detallado de los trabajos.

Háblame de otras políticas que echáis de menos.

En general, podemos decir que echamos de menos políticas encaminadas a evitar el deterioro de estas fuentes naturales de que disponemos, que serían un elemento clave, junto con políticas de ahorro, de aprovechamiento de aguas grises y pluviales, políticas que eviten la proliferación de grandes infraestructuras que encarecerán sustancialmente el precio del agua como, por ejemplo, las desaladoras o el agua regenerada. Para nosotros, las políticas de regeneración de estos ecosistemas y de los aprovechamientos en origen deberían ir por delante o junto a estas grandes infraestructuras. De hecho, estas grandes infraestructuras siguen la lógica de mantener el sistema y el modelo de oferta que tenemos, sin cuestionarnos el para qué o quién del agua.

¿Me puedes hablar de la gestión en origen de las aguas de lluvia?

Aquí nos enfrentamos a un gran reto y es pensar cómo podemos devolver las aguas pluviales de las ciudades a los acuíferos, para evitar que se mezclen con la del alcantarillado y se vayan a las depuradoras. Cuando el agua de lluvia se mezcla con la del alcantarillado tenemos una gran cantidad de aguas sucias que, cuando llueve mucho, acaban yendo al mar porque las depuradoras no pueden absorberlas, con los consecuentes episodios de elevada contaminación del mar. Para evitar esto, debemos apostar por la gestión en origen del agua de lluvia, por ejemplo, la gestión comunitaria de las aguas o la infiltración en acuíferos.

Y la gestión comunitaria del agua de lluvia, ¿cómo sería? ¿Me das algún ejemplo?

Sería, por ejemplo, aprovechar el agua de los edificios. Hay municipios como Sant Cugat que tienen una ordenanza para promover la recuperación de las aguas de lluvia y las aguas grises. Sin embargo, he de decirte que es un tema complejo, porque tenemos un clima mediterráneo y llueve poco, ¡pero cuando llueve, llueve mucho! Pero se trata de sistemas que pueden aprovechar ese volumen.

Esta entrevista forma parte del Cuaderno 64 de Opcions. 

Más de un millón y medio de personas de toda Europa han apoyado la propuesta de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho humano al agua. El objetivo es que la Unión Europea apruebe una normativa que garantice agua y saneamiento para toda la población. La iniciativa, que llega en un momento de privatización de servicios, ha sido presentada esta mañana de manera simultánea en varias capitales. Ecologistas en Acción ha participado junto a otros grupos y sindicatos en la presentación ante la Junta Electoral Central de las 65.450 firmas recogidas en el Estado español.

Se ha superado con creces el número de apoyos necesarios para sacar adelante la ICE, una herramienta de consulta creada en 2012 con el objetivo de que una propuesta ciudadana pueda presentarse ante la Comisión y el Parlamento Europeo para para crear o modificar una ley. Esta elevada participación ha reflejado que la población europea demanda ser consultada en un aspecto tan crucial para la vida como es la gestión del agua.

La ICE pone de manifiesto la necesidad de gestionar el agua con criterios de universalidad y equidad para asegurar su acceso a nivel global. En este sentido, su objetivo es que la UE apruebe una normativa que garantice los servicios de agua y saneamiento para toda la población en Europa. Pero además tiene como objetivo que los servicios del agua no se liberalicen, rechaza que se incluya en los tratados comerciales el abastecimiento y saneamiento del agua. Pide también que se traslade a todas las políticas del agua y afines de la UE el principio de que el agua no es un bien comercial, aspecto recogido en la Directiva marco del agua, y que se promueva la colaboración público-pública.

La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos fue quién impulsó la ICE del agua y abrió esta herramienta a la participación de un elevado número de colectivos y redes europeos como el Movimiento Europeo del Agua. En el Estado español, la Red Agua Pública, de la que es miembro Ecologistas en Acción, fue muy activa recogiendo firmas y promoviendo la gestión pública del agua.

El fuerte respaldo social a la iniciativa ha generado ya respuestas en las instancias europeas. El pasado mes de agosto el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, declaró que la gestión del agua no formará parte de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios.

Ecologistas en Acción exige en esta entrega de firmas que la Comisión y el Parlamento Europeo escuchen la voz tantas mujeres y hombres de Europa y que aprueben la normativa necesaria para garantizar que todas las personas de la UE puedan acceder a un buen servicio de abastecimiento y saneamiento del agua.

Por Gustavo Duch. Revista Soberanía Alimentaria.

Mejor que nadie, las agricultoras y agricultoras, saben cual es el principal uso que el ser humano hace de agua: la producción de alimentos. ¿De cuanta agua hablamos? Hagan sitio en su mente y construyan un canal de 10 metros de profundidad, 100 metros de ancho y tan largo que nos permita circunvalar 180 veces el Planeta Tierra.  Esa es la cantidad de agua usada anualmente por la ganadería y la agricultura para producir alimentos. Ciertamente muchos litros.

Dicen los expertos que el 80% de esa agua proviene directamente de la lluvia -el agua verde- y el otro 20% de ríos, humedales, lagos y acuíferos -el agua azul-, que vía el riego llega a los campos y a sus cultivos representando el 70% del total de agua que el ser humano extrae de esas «venas» del Planeta. Finalmente, y quizás la reflexión más importante cuando hablamos de un recurso vital, -tales cantidades, ¿son sostenibles? NO, son muchos los ríos que antes de llegar al mar mueren anémicos, desangrados. Son muchos los acuíferos agotados y los lagos resecados.

Pero parece que poco preocupa todo esto a un sistema capitalista que en su avaricia sin límites hace todo del revés. En los últimos años hemos estamos observando como son millones las hectáreas de tierras con acceso a fuentes de riego que los poderes financieros, sin máscaras que les oculte, están robando a la población de países empobrecidos en el Sur, para acometer -locos de remate- producción de agrocombustibles con cultivos intensivos en el uso de agua.

En el Estado español, buenos imitadores de los peores ejemplos, la gestión del agua de los pueblos y ciudades ya está fuera del control ciudadano, en manos privadas, y lo mismo se pretende hacer con las aguas de riego, borrando en pocos segundos neoliberales tantos años de buenos manejos colectivos con instituciones populares que todas y todos tenemos presentes.

Con la pérdida de la soberanía sobre la gestión del agua, esta se comprará y venderá y especulará  a ritmos ajenos a la naturaleza y lejanos a las realidades campesinas. Como la tierra, como las semillas, el agua privatizada acabará en manos – y al servicio- de la industria agroalimentaria. Crecerán los desiertos de maíz transgénico convertidos en piensos. Se ensancharán, a base de regadíos motorizados, los latifundios de agrocombustibles. Florecerán muchas más supergranjas intensivas de animales enjaulados. Solo los lloros regarán las huertas.

Y las venas de la Madre Tierra, abiertas en canal, reventarán, en una única hemorragia global.

O no. Los próximos días 26 y 27 tendremos en Amayuelas de Abajo y Carrión de los Condes (Palencia) un encuentro que desde el debate, la participación y la reflexión aspira a diseñar alternativas para que el agua limpia y azul fluya constante y cómplice en la construcción de la Soberanía Alimentaria.

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Programa del encuentro

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REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA: www.soberaniaalimentaria.info

Declaración de la Via Campesina en el Foro Alternativo Mundial del Agua

Nosotros, organizaciones campesinas de diferentes países del mundo. Miembros de La Via Campesina, nos hemos reunidos desde el 12 al 17 de marzo de 2012, con motivo del Foro Alternativo Mundial del Agua en Marsella, Francia. Delegados venidos de Turquía, de Brasil, de Bangladesh, de Madagascar, del Portugal, de Italia, de Francia y de Méjico han expresado el desamparo de los « afectados » ambientalistas y. especialmente, los que son víctimas de la construcción de represas, de los gases de esquistos, de las minas, del acaparamiento, de la mercantilización, de la escasez del agua, de las contaminaciones generalizadas, de las represiones y de los asesinatos llevados a la práctica contra los militantes defensores del agua.

Reivindicamos que el derecho « del » y « al » agua sean respetados dentro del marco de la soberanía alimentaria. El derecho « del » agua es el respeto permanente del ciclo del agua, tomado integralmente. Afirmamos que la privatización y la mercantilización del agua y de todo otro bien común (semillas, tierra, conocimientos locales y tradicionales, etc.) son un crimen contra la tierra y la humanidad. Los grandes proyectos de represas y de centrales hidroeléctricas aprisionan y acaparan el agua, no tienen en cuenta ni necesidades, ni prácticas tradicionales, ni la opinión de las comunidades locales, y se burlan de la preservación del ecosistema.

Las crisis del agua, de la biodiversidad, las crisis sociales, energéticas y financieras se hallan todas unidas y son las consecuencias del neoliberalismo y del modelo de agricultura industrial promovido por las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio), los tratados de libre comercio, el Consejo Mundial del Agua, las multinacionales .y la mayoría de los gobiernos.

La economía verde es una falsa solución frente al cambio climático y a la penuria del agua. La mercantilización del agua, del carbón, de la biodiversidad, los OGM, las nanotecnologías, la geoingeniería son las nuevas salidas y propuestas del neoliberalismo para responder a las crisis. La evasión creciente continúa mientras que estas respuestas tecnicistas y mercantiles son las principales responsables del caos ecológico y social que nos aqueja.

El modelo de producción industrial, las monoculturas, la agroquímica han contaminado nuestras aguas, pusieron en peligro nuestra salud. Defendemos las prácticas agro-ecológicas y la agricultura campesina que llevan a práctica la soberanía alimentaria y contribuyen con la preservación y la utilización sostenible del agua.

El agua es un bien común en beneficio de todos los seres vivos y debe someterse a una gestión pública, democrática, local y sostenible. Los conocimientos locales y tradicionales de gestión del agua, que protegen y consideran el ecosistema en su globalidad, existen desde siempre. Ellos son testigos en el curso del tiempo de su eficacia. Las políticas públicas y las leyes sobre el agua deben reconocer y respetar esos conocimientos.

Por la soberanía alimentaria: ¡Paren con el acaparamiento del agua!

Por Juan Gelman

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el de-sarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co. o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.

Un rasgo característico de estas tran-sacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

Hasta 884 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable en todo el mundo. Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993

Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia, incluida la guerra, es el dato demoledor difundido por la ONU con motivo de la celebración, mañana lunes, del Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993.

Este año, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), quiere destacar la importancia del acceso a un agua de calidad, focalizando sus esfuerzos en concienciar a ciudadanos, pero sobre todo a gobiernos y centros de poder para que se comprometan activamente en la defensa del agua de calidad mediante la lucha contra la contaminación, el reciclaje de aguas y la recuperación de recursos hídricos.

«El mundo cuenta con el conocimiento teórico para superar estos desafíos y convertirnos en mejores gestores de nuestros recursos hídricos. El agua es cardinal para todos nuestros objetivos de desarrollo», afirmó el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en su mensaje oficial con motivo del Día del Agua.

En total, se estima que en todo el mundo sigue habiendo 884 millones de personas sin acceso al agua potable, según la ONU, un bien fundamental que repercute en la sanidad, la seguridad y la calidad de vida, especialmente de menores y mujeres. Por ejemplo, las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños o, lo que es lo mismo, cada 15 segundos muere un niño por una enfermedad causada por la falta de acceso a agua segura para beber, el saneamiento deficiente o la falta de higiene.

Los problemas del agua entienden también de geografía y, una vez más, es el África subsahariana la región en la que sus habitantes sufren las peores consecuencias. Además, el acceso al agua aparece claramente vinculado a la riqueza, ya que el 20 por ciento más rico de la población subsahariana tiene el doble de posibilidades de acceder a agua potable que el 20 por ciento más pobre y cinco veces más opciones de contar con condiciones de salubridad aceptables.

FALTA DE SANEAMIENTO

Cada año, la contaminación del agua priva a la Humanidad de recursos alimentarios, tanto de pesca como agrícolas, y facilita la difusión de enfermedades. Además, perjudica gravemente a ecosistemas clave, y agrava las condiciones de sociedades y economías de todo el planeta, una circunstancia catalizada por el incremento de la población mundial y los efectos del cambio climático.

Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha provocado la contaminación sin precedentes de los recursos hídricos. Se estima que más de 2.500 millones de personas en el mundo viven sin un sistema adecuado de saneamiento. Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son vertidos sin control alguno. El problema es más grave en los países en desarrollo, en los que más del 90% de los desechos sin procesar y el 70% de los desechos industriales sin tratar se vierten en aguas superficiales.

Muchos de los contaminantes del agua tienen efectos perjudiciales a largo plazo sobre la calidad del agua, lo cual constituye un riesgo para la salud de las personas. En consecuencia, el agua dulce disponible se reduce de forma importante. Asimismo, la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios se ve disminuida drásticamente, a veces con efectos irreversibles. En consecuencia, el medio ambiente se degrada por la disminución de la productividad de la biomasa, la pérdida de la diversidad biológica y la vulnerabilidad ante otros factores.

Las repercusiones del cambio climático –como las inundaciones y sequías frecuentes o prolongadas– y el crecimiento del número de fuentes de contaminación vienen a añadirse a los retos confrontados por la calidad del agua. El crecimiento demográfico y los cambios en las pautas de producción y consumo han conllevado el incremento de los procesos industriales, la minería, la agricultura y la urbanización, lo cual ha provocado el vertido de metales pesados, elementos radiactivos, toxinas orgánicas y productos farmacéuticos desechados.

Por ejemplo, las sequías prolongadas, especialmente en ecosistemas frágiles como las regiones áridas y semiáridas, disminuyen la capacidad de los ecosistemas para diluir el agua contaminada y mantener el equilibrio de las funciones naturales. En las zonas costeras, ecosistemas como los manglares, los lechos de algas, y los arrecifes de coral están desapareciendo a una velocidad alarmante a causa de la contaminación del agua.

Los ecosistemas afectados no pueden hacer frente al estrés adicional generado por el cambio climático. En consecuencia, su capacidad para servir de criaderos y viveros, protectores contra tormentas y sumideros azules de carbono resulta aún más disminuida.

En algunas regiones, más del 50% de las especies ictiológicas de agua dulce nativas se encuentran en peligro de extinción, y está previsto que las repercusiones del cambio climático compliquen aún más la situación.

URBANIZACIÓN SIN CONTROL

Por otra parte, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentran los cauces y riberas, en los que las diferentes administraciones, denuncian, siguen permitiendo que se construya y se lleven a cabo todo tipo de vertidos y demás deterioros ambientales.

El grupo estima que existen en España más de 40.000 construcciones situadas dentro del dominio publico hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, siendo en su mayor parte viviendas, aunque también hay otro tipo de construcciones e instalaciones, como son polideportivos, campings, parques públicos o colegios. Una parte de estas construcciones se encuentran situadas en zonas de muy alto riego para las personas, en el caso de que se produzca una avenida.

La responsabilidad de esta situación reside mayormente en las diferentes administraciones implicadas pues, aunque la legislación al respecto es bastante clara (artículo 28 del Plan hidrológico Nacional), ya que exige a las administraciones la eliminación de estas construcciones, lo cierto es que las mismas hacen caso omiso a lo establecido en la normativa, al considerar políticamente «incómodo» la eliminación de esas construcciones. Las administraciones implicadas, y por tanto con competencias en el tema, son las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, así como los gobiernos autonómicos y municipales, al depender de los mismos la actividad urbanística.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que el riesgo de que se produzcan sucesos como el del camping de Biescas –87 muertos en 1996– o el de Cerro de Reyes en Badajoz –21 muertos en 1997–, se incrementa día tras día. En este sentido, la organización ecologista hace responsables a las administraciones con competencias en el tema de que sucesos de estas características puedan volver a suceder, dado que podrían evitarse, pues si bien es cierto que a medio plazo no se puede saber cuándo, dónde y cuánto va a llover, siempre se sabe por donde va a correr el agua.

Asimismo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la falta de eficacia frente a avenidas de los encauzamientos de hormigón pues, a parte de suponer la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, favoreciendo la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control (tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados).

Quince litros de agua es lo mínimo que una persona necesita al día, según Naciones Unidas. Cada español consume cerca de 300 litros y, en Estados Unidos, 400. Mientras tanto, una persona que vive en un país empobrecido no llega a los diez litros diarios.

El acceso al agua potable es un derecho fundamental de las personas y un elemento esencial para la vida. Naciones Unidas explica que hay más de 260 cuencas y lagos transfronterizos en el mundo que se extienden a través del territorio de 145 países, y cubren la mitad de la superficie terrestre del planeta. Además, están los grandes depósitos de agua subterránea.

Así, hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades humanas. La población mundial sólo depende de una centésima parte del 1% del agua del mundo. El problema está en una distribución poco equitativa y en la amenaza de la contaminación.

En la actualidad, más de 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 millones no disponen de sistemas de saneamiento adecuados. Además, cada año mueren cerca de dos millones y medio de personas, la mayoría niños, por enfermedades relacionadas con las malas condiciones del agua y la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por personas que padecen enfermedades transmitidas por el agua, según Naciones Unidas.

Con medidas tan sencillas como enseñar la importancia de lavarse las manos, se podrían reducir hasta en un 45% los casos de diarrea en el mundo. La OMS ha estimado en 700 millones de dólares anuales las posibles ganancias de productividad derivadas de una reducción de la diarrea si, para 2015, se redujera a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable y el saneamiento.

En los países del Norte, el panorama es muy distinto. La hierba de un campo de golf necesita, para estar en buen estado, el equivalente al agua que consumen 20.000 personas cada día. Para obtener un litro de gasolina, se necesitan 10 litros de agua y para producir 900 kilos de papel son necesarios casi 300.000 litros. El consumo del agua se ha multiplicado por seis en los últimos cien años y las últimas proyecciones revelan que para el año 2025 se necesitará un 20% más de agua si el consumo sigue creciendo al mismo ritmo.

Al aumento del consumo humano y agrícola hay que añadir la contaminación de las aguas como causa de su escasez en el futuro. Las organizaciones ecologistas y Naciones Unidas estiman que durante el siglo XX se han perdido la mitad de los humedales del mundo, bien por haber sido desecados para combatir enfermedades o por haber sido convertidos en suelo urbano o agrícola. Nuestra principal fuente de agua dulce renovable se ha perdido.

Cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes, cargar bien la lavadora y el lavavajillas, darse un ducha en vez de bañarse… son pequeños gestos que todos podemos hacer para no derrochar un bien del que depende la vida. Además, hay que exigir a nuestros gobiernos leyes más duras y estrictas con aquellos que contaminan ríos y lagos. Los ciudadanos debemos demandar que se cumplan los acuerdos internacionales contra la contaminación de las aguas. Los gobiernos y organismos internacionales tienen que buscar soluciones globales y de cooperación sobre los recursos hídricos para que en el agua no se convierta en un motivo de conflicto en el futuro. Analistas y organizaciones civiles advierten de que las guerras del futuro ya no se librarán por el territorio o los recursos energéticos, sino por el agua, fuente de vida.

Autora del artículo: Ana Muñoz Álvarez
Fuente original: Centro de Colaboraciones Solidarias