La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, «todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español» en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, «la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa», pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos «aprovechar espacios infrautilizados» y sumar como beneficiarias a «viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos» alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad «es el reparto energético», mientras que la de una comunidad energética «es la transformación social y energética local».

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto «no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí». El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: «vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante», y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que «si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy». Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de «viabilidad técnica y económica» sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética «muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas» a construir una comunidad, «pero no debería ser el motivo principal que nos mueva». El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Unión Renovables publica este estudio jurídico que da respuesta a una pregunta cada vez más frecuente entre entidades locales: ¿cómo puede un ayuntamiento participar en una comunidad energética cooperativa, ceder una cubierta municipal o adjudicarla directamente para proyectos de autoconsumo compartido? El informe analiza las distintas opciones disponibles y las acompaña de modelos de contratos listos para adaptar.

Las cooperativas energéticas, organizadas bajo fórmulas de economía social, ofrecen una vía idónea para canalizar la participación de la ciudadanía y de las entidades locales. Su creciente relevancia, impulsada por el marco normativo europeo (Directivas 2018/2001 y 2019/944, refundidas por la Directiva (UE) 2023/2413), ha acelerado su incorporación al ordenamiento estatal. En este contexto, los ayuntamientos desempeñan un papel clave como actores de la transición energética y la cohesión social, siendo cada vez más habitual su participación directa como socios de cooperativas energéticas locales.

El informe —elaborado por Maria Jose Vañó (IUDESCOOP – Universitat de València)— ofrece un análisis jurídico práctico estructurado en tres bloques: el marco normativo del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas; las competencias municipales y los instrumentos de cesión de bienes públicos; y los modelos de convenios, acuerdos y contratos aplicables.

Consulta el informe completo: Colaboración entre Ayuntamientos y Cooperativas Energéticas para el desarrollo de proyectos de autoconsumo

Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

Fuente: Unión Renovables

El pasado 3 de noviembre, la participación de las energías renovables en el mix energético español pulverizó su récord histórico al alcanzar una cuota del 73,5%. No fue la única buena noticia de entonces, ya que en términos mensuales la generación con fuentes limpias se encaramó a su máximo al tocar con los dedos el 60%, contribuyendo de esta forma a un 2023 que logró el hito de superar la producción con combustibles fósiles e incluyendo la nuclear.

Pedro Fresco fue uno de los expertos que saludó este logro aunque incorporando un matiz: la cuota oficial del 50,8% habría sido, en realidad, del 53% si se le añadían las aportaciones del autoconsumo y la hidroeléctrica de bombeo. Un mes después, llamó la atención sobre el hecho insólito de que en el solsticio de invierno, esto es, el día del año con menos horas de sol (entre el 21 y el 22 de diciembre de cada año en el hemisferio norte), la suma de la generación fotovoltaica y solar térmica aportó más electricidad que los ciclos combinados.

España es uno de los 12 alumnos aventajados a nivel mundial porque están desplegando su infraestructura renovable a mayor ritmo de lo previsto para cumplir con los objetivos fijados para 2030. En ese top-12 sólo se encuentra otro país de la UE, Suecia.

Como colofón, y puestos a señalar récords, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país habrían registrado su mínimo histórico tras caer un 7,5% en 2023, haberse desplomado por la pandemia de covid-19 y haber repuntado durante 2021 y 2022. Y todo ello gracias, en buena parte, al despliegue masivo de renovables. Además, lo bueno es que esas emisiones se habrían situado por debajo de los niveles de 1990, punto cronológico de referencia a la hora de medir los avances en descarbonización, y mejor aún que esa reducción se habría producido con el Producto Interior Bruto creciendo como como lo hizo el año pasado, lo que desterraría definitivamente el mantra de que la lucha contra el cambio climático perjudica el desarrollo económico. La utilización reiterada del condicional se debe a que todas estas estimaciones tardarán aún unos meses en adquirir oficialidad.

Nuevos desafíos para las energías renovables en España

Si uno se quedara en estos cuatro párrafos, la conclusión sería que todo marcha estupendamente. Sin embargo, no todo es luz; también hay sombras o, si se prefiere, desafíos y asignaturas pendientes.

Es verdad que, en su informe, el grupo independiente Ember incluye a España en el escogido grupo de 12 países con mayor intensidad en la instalación de renovables… pero al mismo tiempo nuestro país desaparece de la lista de naciones que se han comprometido a triplicar la potencia de energía limpia, objetivo sobre cuya necesidad existe un amplio consenso entre los expertos. A ello se suman los cuellos de botella burocráticos, que han obligado al Gobierno a ampliar los plazos para obtener las autorizaciones para construir renovables, salvando (o eso es lo que se pretende) 60.000 millones de euros de inversión; eso sí, a costa de retrasar su puesta en marcha.

Asimismo, es cierto que en el mencionado análisis del Basque Centre for Climate Change (BC3) y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) se concluye que nos movemos en mínimos históricos de emisiones… pero también que España anda muy retrasada en la descarbonización de la movilidad, en la instalación de bombas de calor en las viviendas y en el ritmo de electrificación de la industria. Acelerar en estos tres terrenos reduciría aún más los gases de efecto invernadero expulsados a la atmósfera y tendrían un efecto aparentemente contradictorio, al aumentar por una parte la eficiencia (menos consumo/demanda) y, por otra, el empleo de energías limpias (más consumo/demanda).

Sobre los vehículos eléctricos, las cifras absolutas (y relativas respecto a los países de nuestro entorno) siguen siendo muy pobres: bastante lejos de los 100.000 puntos de recarga comprometidos para el año que acaba de terminar y con una paupérrima cuota eléctrica del 5% del parque automovilístico matriculado.

En 2023 se pudo ver cómo la electricidad fue gratis en determinadas franjas horarias, un fenómeno que, con el despliegue renovable, será cada vez más frecuente. Ello ha hecho saltar las alarmas en determinados ámbitos, donde se arguye que puede llegar a asfixiar el propio desarrollo de las energías limpias. Sin embargo, el nacimiento de las llamadas baterías virtuales y la progresiva puesta en funcionamiento del almacenamiento físico, junto con un previsible crecimiento de la demanda eléctrica, pueden conjurar ese riesgo y, de paso, revitalizar el autoconsumo, para el que existe una partida adicional de 500 millones de euros que hasta ahora está siendo desaprovechada.

El rompecabezas energético es complejo, pero todas sus piezas son renovables.

Pueblo Nuevo es un barrio de Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. En una de sus calles, 15 familias esperan, desde hace ya más de un año, beneficiarse de la energía producida por las placas solares que decidieron poner en el tejado de su edificio. La instalación finalizó en mayo de 2022. «La distribuidora ha hecho numerosas peticiones de información y documentación que no aplicaban a la instalación o que excedía la normativa actual. Se ha respondido a todas estas solicitudes. No obstante, una vez estamos en el último paso de la tramitación, la distribuidora está denegando la activación del autoconsumo a los usuarios, diciendo que la documentación es errónea. Pero la documentación es correcta y ha sido varias veces comprobado«, indican desde la cooperativa energética Ecoo Energía Ciudadana.

Precisamente, el bloqueo de muchas de las solicitudes de autoconsumo colectivo por parte de distribuidoras eléctricas es una de las principales barreras que impide el despegue del autoconsumo colectivo en nuestro país. Así lo denuncia el informe «Autoconsumo en España diagnóstico, retos y propuestas«, elaborado por la Alianza por el Autoconsumo, red formada por más de 70 organizaciones que impulsan el autoconsumo de energía. Desde la Alianza denuncian el bloqueo de más de 550 proyectos de autoconsumo individual y colectivo, que afecta a casi 1000 puntos de suministro en el país. Representan 3.588 kW afectados, la mayoría con las principales distribuidoras Iberdrola, Endesa y Naturgy. Estos bloqueos generan retrasos de meses o incluso años en la tramitación.

Demoras y burocratización, principales barreras para el autoconsumo

Según explica la Alianza, la ley exige que las tramitaciones de autoconsumo colectivo no superen los dos meses desde la obtención del Certificado de Instalación Eléctrica, pero esto dista mucho de la realidad. Junto al bloqueo de las distribuidoras, el informe identifica también la complejidad de los trámites administrativos a la hora de acceder al autoconsumo como otra de las barreras para el aumento del sector.

Ante esta situación, las organizaciones de la Alianza reclaman un protocolo estatal obligatorio, que clarifique y facilite el proceso para todos los actores implicados. Igualmente apuestan por recuperar la figura del gestor de autoconsumo, papel ya contemplado pero no desarrollado en la normativa española, aunque presente en otros países europeos. Esta figura podría ayudar a las personas consumidoras en los procesos ante distribuidoras y administraciones. «Solucionar las barreras normativas para defender la ley y a la ciudadanía por encima de los intereses de las energéticas y para impulsar las energías limpias en manos de la gente facilitará que los hogares españoles puedan beneficiarse de un precio más bajo en la factura de la luz y que, a su vez, las compañías instaladoras de autoconsumo puedan operar en ese mercado, hasta ahora vetado”, indican desde las organizaciones que forman la Alianza.

Auge del autoconsumo solar, pero no de manera colectiva

El autoconsumo solar vive en nuestro país un momento de auge.  En los últimos cinco años ha crecido en un 1200%. En la actualidad disponemos de una capacidad instalada de 5.249 MW en total. En 2022 la potencia instalada se dividió entre un 47% para la industria, un 32% en residencial y un 20% en comercios. La mayor parte del autoconsumo se limita a las instalaciones que no necesitan permisos de acceso y conexión con las distribuidoras, como las conexiones de viviendas residenciales de menos de 15 kW o las industriales sin excedentes.

Y es precisamente sobre ese dato sobre el que desde la Alianza quieren llamar la atención. A pesar de que el 67% de los españoles reside en bloques de viviendas y el autoconsumo colectivo está permitido en el marco normativo, en la práctica es inexistente. El autoconsumo colectivo (aquel en el que varios usuarios se conectan a la misma instalación) únicamente representa el 1% de todas estas instalaciones de autoconsumo que se realizan. El informe alerta de que para que toda la población acceda a los beneficios de las energías renovables, deben realizarse más esfuerzos en aumentar el porcentaje de autoconsumo colectivo.

Desde la Alianza creen que «el autoconsumo es una de las principales herramientas que tienen las personas para ser protagonistas de la transición energética y luchar contra el incremento de la factura de la luz y el cambio climático. El autoconsumo colectivo (compartido) es un elemento clave en la transición del modelo energético». Explican que, para ello, la ciudadanía necesita obtener acceso a información clara sobre cómo pueden proceder y dónde acudir para desarrollar este tipo de instalaciones compartidas. Igualmente abogan por una tramitación sencilla, para reducir las barreras en la gestión de estos proyectos. Y, sobre todo, piden el fin de los bloqueos de las distribuidoras. “Las principales distribuidoras eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, continúan obstaculizando el acceso de las personas a la energía. No solo  acumulan poder y recogen beneficios milmillonarios como generadoras y comercializadoras, sino que, además, en su papel de distribuidoras están poniendo palos al despegue del autoconsumo en España”, señalan.