Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.

En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.    

Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima –aquella que es razonable pagar– y deuda ilegítima –la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar–. Para cerrar el círculo, en fin, estamos obligados a certificar un dato sangrante que ilustra de manera fehaciente la condición de quienes nos gobiernan: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación general acometida en el último decenio –si desaparecen las normas desaparecen también los delitos–, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial.

De todo lo anterior hay que extraer lo que a mi entender es una conclusión obvia: sobran los motivos para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas que las instancias que están en el origen de ésta –bancos y cajas de ahorro– siguen recibiendo. Como sobran las razones para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban definitivamente arrinconadas por la historia.

Me importa subrayar, eso sí, y ahora cambio de tercio, que la negativa a sacarle las castañas a bancos y cajas de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres.       

La segunda de esas deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión.

La tercera, y última, de las deudas que estamos obligados a considerar es la que tenemos con los integrantes de las generaciones venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en el planeta Tierra. A unos y otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad.

Mientras rechazamos la deuda que nuestros gobernantes nos han endosado, hagamos por pagar estas tres onerosas deudas que cabo de mencionar.

Carlos Taibo

Dentro del movimiento del 15 de mayo –y dentro de otras muchas iniciativas– hay, si así se quiere, dos grandes posiciones. La primera entiende que el cometido principal del movimiento estriba en elaborar propuestas que se espera sean escuchadas, en un grado u otro, por nuestros gobernantes. La segunda, muy  diferente de la anterior, aspira, antes bien, a crear espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que nos impone el sistema que padecemos. Y a hacerlo, por añadidura, sin aguardar nada de esos gobernantes que acabo de mencionar.

Mi impresión es que la segunda de las posiciones ha ido ganando terreno en el 15-M. No se olvide al respecto que el panorama general en lo que hace a ganancias de la mano de la primera de las perspectivas enunciadas es manifiestamente  desalentador.

Claro que no sólo se trata de eso: hora es ésta de recordar que en una de sus matrices principales el movimiento del 15 de mayo nació, un año atrás, al amparo de un propósito expreso de cuestionar un sistema seudodemocrático en el que al cabo, y de siempre, son los grandes poderes económicos los que dictan las reglas del juego. Sobre esa base estaba servida la conclusión de que, aun siendo comprensibles las demandas de reforma de ese sistema que formulaban muchos sectores del 15-M, la inercia del movimiento conducía muy a menudo a lo que cabía entender que era una apuesta por la construcción de un orden distinto y plenamente autónomo. 

No está de más que proponga dos ejemplos que permiten perfilar el escenario de la discusión. El primero remite a la muy extendida petición, que algunos asimilan sin más con el 15-M como si una y otra realidad se solapasen, de reforma de la ley electoral. Supongamos, que es mucho suponer, que los dos grandes partidos aceptan la reforma en cuestión y que ésta tiene un perfil saludable. ¿Qué cambios profundos cabe augurar que se derivarían de ello? La posibilidad de que PP y PSOE perdiesen una parte, sin duda menor, de los escaños de los que hoy disfrutan en el parlamento, ¿modificaría sustancialmente la realidad que palpamos en estas horas? ¿No es lamentablemente ingenuo suponer que una reforma de la ley electoral va a resolver alguno de nuestros problemas principales?    

El segundo ejemplo que me interesa rescatar es el de la propuesta de creación de una banca pública. No se trata ahora de discutir el buen o mal sentido de tal propuesta. Se trata de preguntarse, antes que nada, cuánto tiempo podemos aguardar para que se perfile esa fórmula de banca. Lo diré con un punto de ironía: ¿cuánto tiempo habrá de transcurrir para que Izquierda Unida cuente con 150 representantes en el Congreso de Diputados? ¿Podemos permitirnos esperar hasta entonces o, como me temo, los deberes son mucho más acuciantes e imperativos? Mal haríamos en olvidar que la gestación de una banca pública reclama inexorablemente del concurso de partidos, parlamentos y leyes, o, lo que es lo mismo, exige el beneplácito de fuerzas políticas y de grupos de presión que apuestan con descaro, apoyados en las mayorías, por otros horizontes. Y ojo que no cabe en modo alguno descartar que populares y socialistas acaben por perfilar una banca pública con cometidos bien diferentes de los que, cargados de respetables buenas intenciones, pretenden asignar a aquélla nuestros economistas socialdemócratas de bandera. 

 Ante el panorama que acabo de mal retratar de la mano de los dos ejemplos propuestos, ¿no es mucho más hacedero y realista el proyecto que nos invita a construir desde abajo un mundo –unas relaciones económicas y sociales– nuevo y desmercantilizado? No estoy hablando, por lo demás, de un proyecto etéreo. Las realidades correspondientes ya están ahí. Pienso en los grupos de consumo que han proliferado en tantos lugares, en las perspectivas que surgen de las cooperativas integrales, en las ecoaldeas e instancias similares, en los bancos sociales que rehúyen el lucro y el beneficio o, por cerrar aquí una lista que bien podría ser más larga, en el incipiente movimiento que plantea el horizonte de la autogestión por los trabajadores en el caso de muchas empresas amenazadas de cierre. En todas estas iniciativas lo que despunta es un esfuerzo encaminado por igual a rechazar la delegación del poder en otros y a alentar la práctica de  la socialización sin jerarquías, las más de las veces sobre la base de postulados antipatriarcales, antiproductivistas e internacionalistas. ¿No empiezan a acumularse los argumentos para sostener que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es, no sin paradoja, mucho más realista que aquel otro que, al amparo de la vulgata socialdemócrata de siempre, todo lo hace depender de partidos, leyes y parlamentos?  

A menudo me encuentro a personas que, con argumentos respetables, subrayan que las dos opciones a las que me refiero en este texto no son incompatibles. Lo aceptaré de buen grado: no tengo por qué concluir, en particular, que quien legítimamente pelea por reformar la ley electoral es hostil a la gestación de espacios de autonomía no mercantilizados (y viceversa). Creo, sin embargo, que lo suyo es subrayar que esas dos opciones no sólo remiten a objetivos y métodos diferentes: se materializan también en proyectos organizativos distintos. Mientras en el primer caso el movimiento en que se concretan no es sino un instrumento al servicio de un proceso que debe discurrir fuera de él, en el segundo –el de los espacios de autonomía– ese movimiento se convierte, de la mano de la asamblea, de la democracia directa y de la autogestión, en objeto con vida propia que, cabal y autosuficiente, no precisa de representaciones externas. De cara al futuro, y por su dimensión de demostración de que es posible hacer las cosas de forma diferente, parece que esta última es una apuesta más inteligente.

Artículo enviado por Carlos Taibo

Como a menudo sucede, la lógica argumental del sistema nos obliga a elegir entre dos opciones que no pueden ser las nuestras. Si la primera –hablo del principal debate que se revela hoy en los países que tienen el euro como moneda– señala que no queda más remedio que asumir  recortes dramáticos del gasto público, la segunda entiende que lo anterior es un error y que esos recortes deben limarse para permitir que las economías recuperen la senda del crecimiento. Mientras la señora Merkel abrazaría la primera posición, el recién elegido presidente francés, Hollande, postularía la segunda. Entrampados como estamos entre esas dos opciones, pareciera como si no hubiese ningún horizonte diferente.

        Está claro por qué hay que rechazar la primera de las perspectivas anotadas. Los recortes mencionados obedecen al evidente propósito de hacer que paguen justos por pecadores. Y es que en la esencia del juego de hoy lo que se asoma es una formidable estafa: quienes, a través de prácticas lamentables, han provocado un engordamiento espectacular de la deuda privada han recibido sumas ingentes de recursos públicos para sanear sus instituciones financieras. El efecto ha sido doble: mientras, por un lado, con el dinero de todos –y de la mano de un engrosamiento notable, de resultas, de la deuda pública– se han saneado inmorales empresas privadas, por el otro estas últimas, gracias a los recursos recibidos, han impuesto reglas del juego de obligado cumplimiento, traducidas en retrocesos significativos en el gasto público en sanidad, educación y pensiones.     

        Acaso no es tan evidente, en cambio, por qué hay que poner mala cara ante la segunda opción que nos ocupa. Nadie negará que parte de una premisa fundamentada: la  política de recortes, sobre el papel encaminada a permitir que la crisis quede atrás, traba poderosamente cualquier recuperación económica y, como tal, prima con descaro los intereses privados y nos emplaza ante una recesión prolongada. No faltan, sin embargo, los problemas en esta segunda opción. Si así se quiere, son fundamentalmente tres. El primero es que la perspectiva que nos ocupa, aberrantemente cortoplacista, sólo parece interesarse por la crisis financiera y deja en el olvido las otras crisis que están en la trastienda. En ese sentido prefiere esquivar la conclusión de que el crecimiento económico no es esa panacea resolutora de todos los males que retrata el discurso oficial: poco o nada tiene que ver con la cohesión social, mantiene una nebulosa relación con la creación de empleo, propicia el despliegue de formidables agresiones medioambientales, facilita el agotamiento de recursos escasos, se asienta a menudo en el expolio de la riqueza humana y material de los países del Sur, y, en suma, apuntala un genuino modo de vida esclavo que nos invita a confundir sin más consumo y bienestar.     

        Hora es ésta de mencionar un segundo problema en la percepción que hace de la recuperación del crecimiento el objetivo fundamental. Da por supuesto que si el PIB vuelve a crecer se resolverán mágicamente la mayoría de los ingentes problemas sociales en los que estamos inmersos. Nos topamos aquí con una superstición más. Si la economía española era 100 en 2007, antes del estallido de la crisis financiera, hoy se emplaza en un 97. Con estas dos cifras en la mano, no parece que el deterioro sea tan notable como se nos sugiere. Lo que debiera preocuparnos no es el retroceso de tres puntos en la riqueza general, sino, antes bien, la distribución, cada vez más desigual, de esa riqueza. Y, sin embargo, esta dimensión queda en un segundo plano, absorbida por la intuición de que los problemas de los de abajo se diluirán en la nada si el crecimiento económico reaparece. Nada más lejos de la realidad. Hay que afirmar con rotundidad, antes bien, que en un escenario en el que en el Norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, podremos vivir mejor con 80 –no con 120, con 100 o con 97– si somos capaces de reorganizar nuestras sociedades y de redistribuir la riqueza. Salir del capitalismo se impone al respecto, claro, como urgencia.  

        Dejemos constancia, en fin, del tercer problema que acosa a la propuesta que parece abrazar el nuevo presidente francés y, con él, el conjunto de la socialdemocracia, declarada o encubierta. Me refiero a la ilusión óptica de que podemos, sin más, regresar a la aparente bonanza anterior a 2007. Esta pretensión ignora palmariamente que lo que hoy arrastramos no es sino una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Se nutre, por lo demás, de la conclusión de que el papel de la izquierda progresista debe estribar en obligar al capital a reconstruir la regulación que ha ido tirando por la borda en los últimos decenios. En tal sentido sigue sin concebir otro horizonte que el del capitalismo y defiende sin cautelas una institución, los Estados del bienestar, que, junto a sus innegables virtudes, se muestra inseparable de la lógica de fondo de aquél, se asienta de siempre en fraudulentos pactos sociales, reclama por necesidad la lógica seudodemocrática de la representación, ratifica una economía de cuidados que castiga indeleblemente a las mujeres, ninguna solidaridad preconiza en lo que se refiere a los países del Sur y, en fin, parece difícilmente sostenible en el terreno ecológico. Qué llamativo es que en el discurso de la izquierda progresista, obsesionada en estas horas con el crecimiento y desentendida de la distribución –véase, si no, la patética propuesta cotidiana de Alfredo Pérez Rubalcaba–, falten siempre las palabras autogestión y socialización, no se aprecie ningún guiño encaminado a la creación de espacios de autonomía con respecto a la lógica del capital y la contestación del orden de la propiedad existente brille, en suma, por su ausencia. En semejantes condiciones, la apuesta consiguiente apunta a resolver algunos problemas de corto plazo a costa de agudizar de forma preocupante todos los demás.   

        La afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tan común en los últimos tiempos, tiene un significado diferente si antes se ha enunciado una crítica cabal de la miseria en la que estamos inmersos o si, por el contrario, semejante crítica no se ha abierto camino. Mientras en el primer caso remite a una realidad reconocible –es verdad que en el Norte opulento hemos vivido por encima de lo que el planeta y la equidad nos permiten–, en el segundo se traduce en una genuina estafa moral: quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Botín. La disputa correspondiente tiene algún eco en otra que se refiere a la idoneidad del término austeridad para describir nuestras opciones. Una cosa es que rechacemos –no puede ser de otra manera– las políticas de austeridad que se nos imponen al servicio de los intereses del capital, y otra que no nos percatemos de la necesidad de asumir, quienes podamos, en nuestra vida cotidiana y en nuestras respuestas colectivas, fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntarias.

        Bueno sería que de todo lo anterior tomasen nota los amigos de Syriza en Grecia. No deseo ignorar en modo alguno que la coalición de izquierda radical griega ha hecho suyas propuestas programáticas muy sugerentes. Mucho me temo, sin embargo, que si, además de seguir blandiendo el fetiche del euro, Syriza asume de buen grado la perspectiva hollandiana de encaramiento de la crisis, la del crecimiento, la conclusión estará servida: bien podemos hallarnos ante el enésimo retoño de una miseria, la socialdemócrata, que se niega a abandonarnos.