INCISO Integración, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha celebrado en Ciudad Real la jornada autonómica “Contratación Pública, Economía Social y cuidados”, en la que se ha analizado en profundidad las claves de la Contratación Pública y su potente papel como generador de cambio en los municipios de la región, generando empleo digno y de calidad y, además, apoyando a las pymes y las entidades de Economía Social.

Así lo ha corroborado la directora de INCISO Integración, Eugenia Fernández Alonso, quien ha afirmado en la inauguración de la jornada que “os agradecemos a todos y todas vuestra presencia; estas jornadas ya son un éxito de asistencia, con 70 personas inscritas, tanto de forma presencial como a través de nuestro canal de YouTube, y que se tenga tanto interés en una contratación pública socialmente responsable nos parece un éxito a nivel social”.

A la jornada han asistido entidades sociales del Tercer Sector, fundaciones, Ayuntamientos, sindicatos, centros de la mujer y partidos políticos, “queremos abordar la contratación pública socialmente responsable, a través de las cláusulas sociales, que los cuidados y la Economía Social tengan arraigo en el territorio, sobre todo en una comunidad como Castilla-La Mancha, eminentemente rural; y también hablamos de la economía de los cuidados en clave de calidad y de empleo digno. No se trata solo de una jornada técnica, también es jurídica y social”.

Por su parte la responsable de Emprendimiento de INCISO Integración, Ana Isabel Parras Ramírez, ha afirmado que el marco legislativo actual permite incorporar cláusulas sociales a los contratos públicos “para fomentar la cohesión social, la incorporación de colectivos vulnerables y el propiciar un desarrollo más social, sostenible y cohesionado”.

Ha mencionado la presentación, en esta jornada, de una guía desarrollada por INCISO Integración que explica cómo incorporar las cláusulas sociales a los contratos y, además, lo impulsa, “es muy importante crear este foro de información y de debate y publicar esta guía, porque una buena contratación va a propiciar buenos servicios”.

Finalmente la directora general de Empleo, María Elena García Zalve, ha agradecido a INCISO Integración la organización de esta jornada, “es un tema de gran ayuda para ese objetivo que perseguimos que no es otro que dotar de herramientas a los agentes económicos y a las entidades locales; herramientas que les permitan hacer políticas sociales con un crecimiento económico sostenible”.

Ha destacado que “ya es más que evidente la importancia de la Economía Social en una región como la nuestra, donde son necesarias actuaciones que cohesionen el territorio”.

Contratación pública responsable y estratégica

Tras la inauguración, se ha celebrado la ponencia marco “Contratación pública responsable y estratégica en el ámbito de los cuidados: el papel de la economía social en la acción local”, a cargo de Luigi Carinci, experto en Contratación Pública Responsable y Estratégica. Economía Social y Solidaria. REAS.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de diálogo, “Las cláusulas sociales en la contratación pública: impacto en el empleo y el territorio”, en la que han participado Mar González Rodríguez, presidenta de ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha); Rodrigo Caballero, socio fundador de Caballero y Fuentes Abogados y secretario general de la Asociación Intersectorial de Autónomos; Dionisio Moreno Antequera, alcalde de Carrión de Calatrava (Ciudad Real); y Jorge Fernández Morales, profesor de Derecho de Cooperativas en la UCLM y socio de Egalia Abogados, cooperativa de trabajo asociado.

Esta jornada está desarrollada al amparo de la Línea 3 de subvenciones para actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al empleo, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fuente: Inciso

La “oferta económica más ventajosa” ya no tiene por qué ser la elegida. La contratación pública responsable, que llevaba años en los discursos políticos de algunos partidos de izquierda y en las proclamas de muchas organizaciones sociales, parece que ha arrancado en el Estado español. Los criterios y cláusulas sociales y ecológicas ya se pueden encontrar en las licitaciones de las administraciones públicas de todos los niveles. Más puntos si los vehículos de tu empresa son eléctricos, ofertas reservadas a empresas de reinserción o cláusulas que obligan a que el café que se vende en la cafetería dentro de un espacio público sea de comercio justo. Pero la contratación pública tiene todavía una asignatura pendiente: luchar contra la desigualdad de género.

Algunos “ayuntamientos del cambio” han dado un impulso al uso de la contratación pública como herramienta para subvertir las prácticas patriarcales que imperan en gran parte del tejido empresarial y económico. Pero queda mucho camino por recorrer, y es un camino lleno de trabas.

EUROPA EMPUJA

La Constitución Española allana el camino al uso de las instituciones en la búsqueda de la igualdad, consagrada en el artículo 1.1. El artículo 14 de la Carta Magna proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que las administraciones públicas usen sus compras para cumplir tal fin?

Hace ya cinco años que el Parlamento Europeo aprobó las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública. En dichos textos se reconoce el papel clave de la contratación pública en lo que la institución llama “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, mediante el uso de los fondos públicos y los contratos de las administraciones para conseguir “objetivos sociales comunes”. Pero hicieron falta más de tres años para que el Gobierno español realizara la correcta transposición de estas directivas, llegando incluso a recibir un serio rapapolvo por ello: la Comisión Europea llevó al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que, legalmente, deberían haber sido incorporadas en abril de 2016. Finalmente, en noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, con la que se permite que se utilice la contratación pública en apoyo a objetivos sociales comunes. La contratación pública responsable ya tenía un apoyo jurídico ante la regla común de “lo más barato es lo mejor”.

El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales.

A una gran parte de la población le cuesta todavía entender que el enfoque de género sea algo transversal, por no hablar de nuevos partidos políticos que lo desprecian por completo. Pero la realidad es que los intentos por parte de los distintos gobiernos de España o “la buena fe” de las empresas sigue sin revertir situaciones de desigualdad crónica entre hombres y mujeres. “El fracaso de la Ley de Igualdad y de las políticas de responsabilidad social corporativa, así como el fracaso también de las políticas de cuotas como medida de incidencia positiva en la promoción de la igualdad, ha dado una nueva oportunidad a las cláusulas sociales en la promoción de la igualdad”, explica a El Salto Helena Ancos, directora de la consultora Ansari Innovación Social y del medio online especializado en responsabilidad social Ágora.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) es una de esas organizaciones que llevan presionando a las administraciones públicas para que se incorporen estas cláusulas. El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales e incluso un curso para expertos y expertas en contratación pública responsable.

Dado que las compras públicas representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto es fácil, argumentan desde REAS, deducir el gran potencial e incidencia en la economía y el modelo de desarrollo que tienen estas medidas. Además, añaden, “se trata en última instancia de dinero público, de todas y todos, y por eso nos parece tan fundamental que se oriente al bien común”.

¿EN MI AYUNTAMIENTO?

Las administraciones públicas locales no tienen solo la obligación jurídica de definir las políticas públicas para que incorporen la perspectiva de género y contribuyan así a la reducción de estas desigualdades, sino que tienen una posición privilegiada y de oportunidad para hacerlo de manera efectiva”, afirma la investigadora y consultora en políticas públicas Iolanda Fresnillo, que ha publicado recientemente el informe Contractació pública responsable i clàusules socials per revertir la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits. “La elaboración de ordenanzas fiscales o el urbanismo, entre otros, se pueden llevar a cabo desde la perspectiva de género y con una visión feminista”, asegura.

Algo en lo que coincide David Comet, miembro del grupo de Compra Pública Responsable de REAS, que pone de manifiesto la importancia de las entidades locales como “las más cercanas a la ciudadanía, y donde las repercusiones de hacer coherentes las políticas de compra y contratación administrativa con las políticas sociales y ambientales adquieren una dimensión más palpable en las realidades que nos rodean en nuestro día a día”.

Echando un vistazo a algunos de los municipios del Estado español, vemos que se han conseguido algunos avances en los últimos años. En el Ayuntamiento de Barcelona tienen claro que la contratación pública de los municipios es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad. Cada año se adjudican 590 millones de euros en contratos desde el mismo ayuntamiento, más de mil si se considera todo el grupo municipal. “De estos contratos, más del 80% se destina a servicios y especialmente a gestión de servicios públicos, más susceptibles de incorporar cláusulas sociales, por lo tanto el impacto de la inclusión de estas cláusulas es de gran alcance”, asegura a El Salto la concejala de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

En Barcelona se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral.

En dicho ayuntamiento, explica la concejala de Barcelona en Comú, se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral: “Planes o medidas de igualdad, paridad entre hombres y mujeres, medidas contra el acoso sexual, comunicación inclusiva, igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, y cláusulas relacionadas con la conciliación responsable”, enumera Pérez.

Igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión en Zaragoza, explica que en su ayuntamiento han desarrollado una instrucción para que se introduzcan cláusulas sociales de género en todos los contratos municipales. “Por una parte, la instrucción incorpora criterios de adjudicación cuando ese contrato también se hace para lograr la equidad de género”, explica la concejala, y pone como ejemplos los pliegos de la licitación de parques y jardines, así como la gestión de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria. En todos estos concursos se exigió, entre otras cláusulas, el equiparamiento por género en nuevas contrataciones.

En el resto de contratos del Ayuntamiento de Zaragoza, 230 en total, se han incluido otras medidas para exigir a las empresas, acorde a lo permitido por la ley, que “desarrollen planes de igualdad y medidas específicas de conciliación, incorporen lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas, desarrollen medidas para prevenir acoso sexual e incorporen datos desagregados por sexos en la documentación que elaboren”, afirma la concejala de Zaragoza en Común.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, además de incluir cláusulas que obligan a usar los convenios sectoriales en servicios sociales, especialmente vinculados a los cuidados —mayoritariamente cubiertos por mujeres—, también se dan subvenciones de cooperación y derechos humanos a proyectos que tengan un enfoque específico de género y solo a trabajo de campo, “de manera que tengan un efecto directo en la mejora de la calidad de vida de las mujeres en los lugares en los que se desarrollen”, explica Brianda Yañez, concejala de Transparencia e Innovación Social de Somos Alcalá. Además, añade Yañez, se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

Otros municipios han empezado a exigir el uso del lenguaje no sexista como cláusula contractual. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) de la ciudad de Córdoba ha licitado un contrato con una cláusula de este tipo para sus servicios de comunicación que indica que “todos los textos elaborados por la empresa adjudicataria deberán ser redactados con un lenguaje no sexista, igualitario, tanto los que se publiquen (notas y dosieres de prensa, redes sociales, página web, etcétera) como los que se puedan usar a nivel interno de este organismo (informes, memorias, etc.)”. En caso de no cumplirse, la cláusula contractual permite resolver el contrato.

BACHES

Pero cambiar la manera en la que las administraciones públicas utilizan su poder de compra no es fácil ni gusta a todos los agentes económicos implicados. Las cláusulas medioambientales han tenido que enfrentarse a las denuncias de empresas que se resistían a la implementación de medidas ecológicas para poder acceder a los concursos públicos por considerarlas “contrarias a la libre competencia”. Las cláusulas de género también han tenido sus problemas.

Ancos, que actualmente está realizando cursos en muchos municipios y asociaciones empresariales para formar en este ámbito, explica que, en el caso de las cláusulas de género, “los intereses creados han sido menores y, por ejemplo, la promoción del empleo femenino es difícil de contestar jurídicamente”. Aunque Comet, por otro lado, apunta que “no debemos pasar por alto que las propuestas de género son, en muchos otros campos, generadoras de una importante resistencia social, por lo que parece comprensible que estas reticencias se den también en materia de contratación pública”.

Gracia cuenta que en Zaragoza solo han tenido un problema con una empresa “con el pliego de parques y jardines, que se recurrió, pero el TACPA nos dió la razón”. Pero apunta a un problema que viene desde dentro: “A veces la mayor dificultad es la resistencia interna por lo que la labor de sensibilización del personal municipal es un trabajo paralelo que se está desarrollando”.

En este sentido, Comet observa que la complejidad jurídica de algunas cláusulas que van más allá de los planes de igualdad, en ocasiones se convierte en incertidumbre para las personas responsables de gestionar los contratos en la administración, suponiendo un obstáculo para poder considerarlas, pero afirma que “es difícil encontrar a entidades que se opongan a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”. Ante ese problema, Pérez explica que en Barcelona “hemos puesto a disposición de las empresas de la ciudad un servicio de asesoramiento para la definición e implementación de las cláusulas de género”.

¿SUFICIENTE?

La compra pública responsable con enfoque de género es un buen camino, pero no es suficiente. Con esa frase se podría resumir el sentir de todas las fuentes consultadas, aunque con matices y diferencias en cuanto a la mejor vía o solución. “La aplicación de estas medidas corresponde de manera directa a los poderes públicos, pero toda la ciudadanía está interpelada a demandar su aplicación y desarrollo —dice Comet—, por lo que el movimiento feminista, que tanta fuerza está cobrando en los últimos tiempos, tiene también aquí un campo de batalla en el que quizás aún no está entrando lo suficiente”.

Todos coinciden en que los próximos años son de vital importancia para no dar marcha atrás en los logros conseguidos en esta materia. “Se puede avanzar mucho en la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en la no discriminación LGTBI en una ciudad como Barcelona”, dice Pérez. La concejala de Zaragoza añade que, si la ley avanza, “podremos ir incorporando nuevas cláusulas que puedan incidir de forma más eficaz, como, por ejemplo, se debería avanzar en el seguimiento de los Planes de Igualdad, ya que sabemos que muchas empresas los tienen pero no hacen trabajo efectivo”. Aunque también apunta que deben ir de la mano de otras actuaciones de sensibilización.

“No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto, o escoger gestión directa o indirecta, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”.

Medir el impacto de esas medidas es, según Anco, otra de las tareas a tener en cuenta y donde los municipios tienen una gran responsabilidad a la hora de diseñar planes de contratación con impacto. “Para que tengan éxito, deben identificar los productos y servicios con mayor incidencia en las desigualdades entre mujeres y hombres, y fórmulas complementarias en el resto de intervenciones que constituyen la política dirigida al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Pero también hay otro tema o debate importante, apunta Fresnillo, —y que puede que dé para otro reportaje—: “No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto que le das o el simple hecho de escoger gestión directa o indirecta para según qué servicios, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”. Y lo ejemplifica diciendo que “la reflexión sería plantearse si hay una manera de hacer gestión del Servicio de Atención a Domicilio, por ejemplo, con perspectiva de género que no sea gestión directa o gestión público social, ya que, en cuanto metes un privado con ánimo de lucro en la ecuación de según qué ámbitos, la perspectiva de género se cae automáticamente”.

PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el concejal no adscrito Francisco Javier Trigueros llevarán al Pleno de mañana una moción para la puesta en marcha del Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria como órgano colegiado de seguimiento y asesoramiento en materia de fomento e impulso de las políticas de desarrollo y promoción de la economía social y solidaria en el municipio.

La moción, promovida por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), plantea además la puesta en marcha de actividades formativas y de sensibilización de la contratación y compra responsable dirigidas a agente sociales y económicos de Murcia, y la aprobación definitiva para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los contratos suscritos por el Ayuntamiento en lo relacionado con la gestión de servicios municipales.

Los grupos municipales de la oposición han considerado que es necesario impulsar la economía social y solidaria como modelo alternativo a través de diversas iniciativas que afectan a todo el ciclo económico, desde la creación de bienes, la producción, el cooperativismo, la comercialización o el consumo hasta las finanzas y la distribución de excedentes.

Se trata de actividades que «conectan con un tipo de desarrollo local definido como una estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para la ciudadanía, promoviendo el desarrollo humano desde los principios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento», explican en la moción.

PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han defendido la necesidad de que el Ayuntamiento de Murcia contribuya en este sentido con el fin de incidir en la transformación de la actividad económica del municipio desde la base de la economía social y solidaria, la sostenibilidad ambiental y la economía circular, entre otros aspectos.

La iniciativa propone además el impulso de un programa de fomento y difusión de este tipo de economía mediante acciones en los centros educativos, de formación profesional y de empleo, y asociaciones vecinales, así como de un programa de emprendimiento de economía solidaria e innovación social dirigido a empresas, iniciativas y personas interesadas en el autoempleo.

La imagen está tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ayuntamiento_de_Murcia.JPG

La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de nuestro país; este volumen económico tiene una influencia importantísima en nuestras formas de producción y modelo de desarrollo. Tal como indica la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas es necesario ejercer una Contratación Pública Responsable, incorporando consideraciones de tipo social y medioambiental en las compras y contrataciones públicas, con el objetivo de transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas de desarrollo.

La reciente aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece la obligatoriedad de incluir este tipo de criterios en los procesos de compra o contratación pública lo que supone un desafío para las entidades del sector público, sus empresas proveedoras y entidades licitadoras. Por ello, garantizar la formación y capacitación de los agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que tengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable se convierte en un elemento vital para poder contribuir a los objetivos políticos marcados en acuerdos locales, regionales e internacionales para contribuir a un modelo de Desarrollo Sostenible.

 Para facilitar la formación de dichos agentes, desde REAS Madrid y REAS Aragón (Redes de la Economía Alternativa y Solidaria), la cooperativa de interés social IDEAS y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se pone en marcha esta segunda edición del curso de experto/a sobre “Contratación Pública Responsable” dirigida a personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Objetivo general del curso: formación y capacitación de los y las agentes públicos, sociales y empresariales relacionados con los procesos de compra y contratación pública para que obtengan los conocimientos suficientes sobre cómo poner en práctica una Contratación Pública Responsable.

A quién va dirigido: Personal técnico y político de entidades del sector público, Empresas de la Economía Social y Solidaria y los agentes sociales (sindicatos, ONGD, Asociaciones, etc.)

Duración y fechas:

· Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2019 
· Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 10 a 15 horas
· 50 horas de las cuales 35 horas son presenciales y 15 horas online través de la plataforma de formación virtual

Número de plazas: 30

Preinscripciones:

·  Hasta el 14 de Enero de 2019 a través del formulario de inscripción.

Pago y matrícula del curso:

·  Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se informará mediante correo electrónico de la confirmación de plaza y la forma de pago, requisito imprescindible para la realización del curso.

Requisitos para la certificación:

·  Asistencia a un 80% de las sesiones, participación activa en las mismas y presentación de Trabajo Fin de Curso.

Lugar:

·  Espacio La Traviesa. Calle Duque de Fernán Núñez, 2 – 1º (<M> Antón Martín)

Coste

·  El coste es de 80 euros, pago por transferencia bancaria.

Contenidos 

• Gestión coherente de las políticas públicas.
• Conceptualización de la Contratación Pública Responsable.
• Novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
• La perspectiva de género en la contratación pública.
• La reserva de contratos administrativos y otras medidas de apoyo a las empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades de economía social.
• El análisis del impacto ambiental del ciclo de vida en los contratos públicos. Los criterios ambientales.
• Las cláusulas de Comercio Justo y de respeto hacia los derechos humanos en la contratación pública.
• Contratos públicos que promuevan y garanticen mejoras laborales y respeto de los convenios sectoriales.
• Fórmulas cooperativas de gestión pública.
• Participación ciudadana, planificación, seguimiento y evaluación en la contratación administrativa.
• Auditoría y medición del impacto social de los procesos de contratación pública.
• Experiencias prácticas de consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en los procesos de contratación pública.

Más información y consultas:

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Email de contacto: cursocontratacionpublica@reasmadrid.org

[ESTA ACTIVIDAD SE HA SUSPENDIDO DEBIDO A LA HUELGA DE FUNCIONARIADO CONVOCADA EN BARCELONA PARA EL MISMO DÍA]

La web de Contratación Pública Responsable se presenta en Barcelona en una Jornada de formación sobre “Casos reales de compra pública responsable”

La compra y contratación pública puede utilizarse estratégicamente para promover una economía que incorpore criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Este nuevo paradigma, que ha incrementado su notoriedad en los últimos años, se está dando a nivel europeo y se ha concretado a nivel del estado español con la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, una ventana de oportunidad para la contratación pública responsable.

Con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimiento y de establecer relaciones entre todas las personas y grupos de interés implicados en la promoción de la compra pública responsable, durante la jornada se presentará el estudio “La inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la contratación pública. Análisis de casos ” elaborado por SETEM Catalunya y Opcions, con la colaboración de la Dirección de la Contratación Pública del Ayuntamiento de Barcelona y FETS, que analiza técnicamente contratos reales de diferentes administraciones del Estado que destacan positivamente, así como este portal “Contrata Responsable” como una herramienta de promoción de la Contratación Pública Responsable.

Esta jornada, dirigida a personal técnico municipal está organizada por SETEM Catalunya y Opcions y se celebra el próximo jueves 29 de noviembre en el Auditori Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162-164).

Si deseas inscribirte en la jornada, puedes hacerlo a través de este enlace.

• 9:45 Inscripciones
• 10:00 Bienvenida
• 10:10 La CPR como herramienta pública. Álvaro Porro, Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo del Ajuntament de Barcelona.
• 10:30 El portal “Contrata Responsable” como una herramienta de promoción de la CPR. Julián López, REAS Aragón
• 11:15 Presentación de los casos analizados en el Estudio. Itziar Müller, Cooperativa Opcions, Laura Muixí, SETEM Catalunya.
• 12:15 De la contractación pública a la CPR. Paco Blanco, Especialista en contratación pública.
• 12:40 Conclusiones del Estudio y la jornada. Amanda Ortega, Cooperativa Opcions.
• 13:00 Refrigerio

Desde el grupo de trabajo en Contratación Pública Responsable, el cual impulsa la iniciativa #contrataResponsable para REAS RdR con vistas a promover una Contratación Pública guiada por criterios éticos, sociales y medioambientales, se ha puesto en marcha un proceso de renovación de los pliegos recogidos en su página web. Las personas dedicadas a este proyecto están estudiando y recogiendo pliegos de contratos públicos (menores, abiertos, restringidos, negociados o reservados) de las diferentes administraciones (local, provincial, autonómica y estatal) y otras entidades del sector público (organismos públicos, consorcios, universidades públicas, fundaciones públicas…) que incorporen cláusulas o criterios de carácter ético, social o medioambiental, y que sean posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Para contribuir a esta labor, solicitan la colaboración de las personas y entidades interesadas en la contratación pública responsable para elaborar un listado de referencia lo más completo posible. Los pliegos de concursos públicos con cláusulas sociales, éticas y medioambientales, se recogen en el buzón clausulassociales@reasnet.com (indicad, por favor, qué tipo de cláusulas incluyen). 

Los criterios/cláusulas que se buscan en los pliegos son: 

• Criterios Sociales: Inserción sociolaboral, mejora de las condiciones laborales, políticas de género, responsabilidad social, Comercio Justo, reserva de contratos, subcontratación con CEE o EI, transparencia y lucha contra la corrupción, acceso de PYMEs y MicroPYMEs a la contratación pública (loteo de contratos, limitación del número de lotes a los que poder licitar y/o ser adjudicatario/a.), Derechos Humanos…
• Criterios Medioambientales: Integración análisis del ciclo de vida del producto, servicio u obra a contratar, agricultura ecológica, productos de proximidad, promoción del consumo responsable, ahorro de agua, energía y eficiencia energética, utilización de energía procedentes de fuentes renovables, economía circular, reducción de la emisión de gases que provocan Cambio Climático, eliminación de sustancias tóxicas en los productos, implementación de procesos productivos mas sostenibles, …
• Otros criterios: Así mismo, también estamos buscando pliegos en lo que se contemplen «Consultas preliminares del mercado» e «Innovación (social y/o tecnológica)».

El resultado de este proceso de documentación alimentará la nueva web de  #contrataResponsable, que será presentada en la 2ª Edición del Curso de Experto/a en Contratación Pública Responsable, organizado por REAS Madrid el próximo septiembre.

Artículo realizado por David Comet, experto en compra pública ética de la organización de Comercio Justo IDEAS

El pasado 10 de agosto el Congreso de los Diputados publicó en su boletín oficial el texto íntegro de la tan ampliamente enmendado y negociado Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, con la intención de remitirlo al Senado y continuar con su tramitación. Esta normativa sigue cursándose casi año y medio más tarde desde que debió ser aprobada para cumplir con los plazos dados por la Unión Europea para la transposición de la Directiva a la que viene a desarrollar en nuestro país, es decir la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha hecho una lectura muy positiva del texto salido del Congreso de los Diputados. Una gran parte de las enmiendas elaboradas por la organización, y que fueron integradas en el documento de propuestas presentadas a los grupos parlamentarios por la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), han sido incluidas en el texto de Proyecto de Ley. Las enmiendas propuestas pretendían promocionar tanto el comercio justo como a la protección de los Derechos Humanos en la cadena de producción, especialmente, lo referido a garantizar condiciones laborales dignas. Con ellas se reconoce a la contratación pública como un instrumento valiosísimo para aumentar y mejorar el impacto de otras políticas tales como las de cooperación internacional para el desarrollo, de promoción de un modelo de Desarrollo Sostenible o para la cohesión social. Desde nuestro punto de vista, es una manera de dar más coherencia y eficacia a la gestión de lo público.

Con la nueva Ley se posibilita a las entidades del sector público que no apoyen ni consientan que los bienes o productos que adquiren, especialmente aquellos que han sido producidos y/o fabricados en otros países, escondan situaciones de explotación laboral, como las peores formas de trabajo infantil, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, el trabajo forzoso o la degración medioambiental. Las entidades del sector público no deberían de contratar con empresas que basan su actividad y beneficios en la explotación laboral. Con ello se podría contribuir a evitar que acontezcan catástrofes humanas como la que causó el desplome del edificio “Rana Plaza” en 2013 en Dacca (Bangladesh), en el que se albergaban talleres textiles mal acondicionados (de los que se suministraban de ropa “barata” algunas marcas que operan en España) donde murieron 1.127 personas trabajadoras. El sector público está en la obligación ética de contratar con empresas que basen su gestión en la ética empresarial, la transparencia y la responsabilidad social, más cercanos al interés general y el bienestar social.

Las consideraciones relativas al respeto hacia los Derechos Humanos o el comercio justo en la nueva Ley no son obligaciones para el sector público, sino que se encuentran en la órbita de lo voluntario o potestativo de aquellas entidades que quieran incluirlas en sus contratos. Por ello, su impacto y repercusión pueden ser limitados, aunque sin duda, como aspecto positivo, su aparición en el articulado del Proyecto de Ley ayuda a erradicar la incertidumbre jurídica que pudiera haber en relación a la consideración de este tipo de cuestiones por parte de los órganos de contratación. Para maximizar el potencial de estas posibilidades la sociedad civil organizada debe incidir en las Administraciones Públicas estatal, regionales y locales para exigirles que hagan una compra pública ética como instrumento político para favorecer la cooperación y solidaridad internacional con otros Pueblos y sociedades del mundo.

Garantizar que se respeten condiciones de trabajo decente en la fabricación y producción de bienes

El Proyecto de Ley da la posibilidad de exigir a las empresas que contraten con el sector público a que acrediten que durante la fase de producción o fabricación de sus bienes se garantizan condiciones laborales dignas basadas en las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ya en el preámbulo del Proyecto de Ley se indica que entre los objetivos de la contratación pública está favorecer el“respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo” lo que sin duda pone el acento en el importante valor instrumental que tienen las adquisiciones públicas para favorecer los Derechos Humanos en el mundo.

Por otro lado, y como principal avance en relación a la anterior normativa, incorpora como parte de la solvencia técnica de los contratos de suministros (artículo 89.1.g) que se deberán indicar por parte de las empresas licitadoras “los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato” siempre que este criterio esté vinculado al objeto del contrato y sea considerado como esencial. Por consiguiente, no presentar estas indicaciones puede ser motivo de exclusión de estos procesos en algunos casos.

Por último, como condiciones especiales de ejecución (artículo 202.2) se podrá exigir que se garantice “el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo ” lo que obligaría a las empresas contratistas a demostrarlo mientras se desarrolla el contrato en el que se incluya este requisito.

Favorecer relaciones de comercio justo con los pequeños productores de países en vías de desarrollo

El comercio justo aparece, igualmente, muy referenciado a lo largo del artículado del Proyecto de Ley. En el Preámbulo habla de que tanto como criterios de adjudicación y/o condición especial de ejecución de los contratos públicos se puede incluir que se “cumplan los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2 ”.

En relación a las prescripciones técnicas de carácter social y ambiental que se pueden requerir en las adquisiciones públicas se hace mención expresa a la posibilidad de solicitar el cumplimiento de los estándares recogidos en las etiquetas de comercio justo siempre que tengan relación con el objeto del contrato (artículo 127.2), como por ejemplo el Sello de Pequeños Productores (SPP) o FAIRTRADE, entre otros.

El principal avance es el referido a la posibilidad de valorar aquellas ofertas que incluyan productos de comercio justo sin necesidad de que estos criterios tengan relación directa con el contrato. Especifica el artículo 145.2.1º sobre requisitos y clases de criterios de adjudicación que entre estos se podrá considerar “la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato”. Así se posibilitará que las entidades del sector público puedan valorar aquellas ofertas que incorporen productos de comercio justo como mejora, siempre y cuando se especifique y concrete así en los pliegos de licitación.

Por último en el artículo 202.2. se hace mención expresa a dos de los estándares que promueve casi en exclusiva el comercio justo como son “favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial ”. El pago de un precio mínimo y de una prima o premio a los productores son criterios que distinguen al comercio justo de otras formas “éticas” de comercializar productos en el ámbito internacional, que en muchos casos solo aseguran el respeto de derechos laborales o al respeto medioambiental (ambos también incluidos en el comercio justo). Ello denota una priorización de la Ley por el comercio justo en relación a otras formas de comercialización menos exigentes.

Mejoras posibles al Proyecto de Ley de Contratos durante su tramitación en el Senado

Para la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) dos son los cambios que mejorarían el texto de Proyecto de Ley emanado del Congreso. El primero es sustituir el término de “comercio equitativo” por la de “comercio justo” en el artículo 145.2.1º sobre requisitos y criterios de adjudicación. Con ello se evitaría la introducción de un concepto jurídico indeterminado como es el de “comercio equitativo” que, además de no ser referenciado en otras partes del proyecto de Ley, no está concretado en ninguna Ley o documento oficial, o incluso estandarización a nivel estatal, europeo o internacional, lo que podría generar incertidumbre jurídica a los órganos de contratación. En cambio, el uso del término “comercio justo” posibilitaría una mayor coherencia con el resto del Proyeto de Ley y evitaría la incertidumbre jurídica que se podría provocar provocaría, al ser un término bien definido en el apartado 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo (referenciada en el preámbulo del Proyecto de Ley) y en varias estandarizaciones y/o etiquetas reconocidas a nivel internacional y europeo por organismos oficiales.

Por otra parte, también se considera necesario relacionar los criterios recogidos en el artículo 202.2 sobre condiciones especiales de ejecución de “pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial” con el comercio justo, mencionando el témino en este artículo para relacionarlos con lo recogido en el preámbulo del Proyecto de Ley. La CECJ propone que la redacción definitiva quede de la siguiente forma: “incluidas aquellas consideraciones de comercio justo que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial”.

La consultoría De Par en Par analiza todas las novedades en materia de cláusulas sociales y criterios sociales y ambientales de la nueva ley.

El 27 de julio la Comisión legislativa de Hacienda y Función pública aprobó la ponencia de la futura Ley de Contratos del Sector Público –texto disponible aquí, cuya tramitación continuará en septiembre en el Senado.

No es definitivo el texto, pero casi, ya que todos los grupos han votado a favor con la única abstención de Podemos y PSOE, pero incluso ambos han mostrado su satisfacción. El tono del debate parlamentario ha sido de acuerdo generalizado, casi de consenso, llegando a incorporar 975 enmiendas de las 1.081 presentadas.

Aquí, queremos abordar todas las novedades en materia de cláusulas sociales y criterios sociales y ambientales. En DE PAR EN PAR llevamos más de quince años promoviendo y en muchos casos bregando a favor de una contratación responsable, por lo que sabemos que una legislación clara y ambiciosa resulta clave para promover su aplicación, proporcionar garantías jurídicas, y convencer al ámbito político.

Al respecto, nuestra satisfacción es doble: la nueva ley supone otro paso firme en materia de cláusulas sociales y además nuestra participación ha resultado capital, ya que tuvimos la oportunidad de redactar enmiendas para REAS (Red de Redes de Economía Solidaria), CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social), e INTERMON-OXFAM, que luego ejercieron una labor pedagógica y de lobby con todos los grupos políticos, por lo que muchas de nuestras enmiendas fueron presentadas y aprobadas. Como resultado las novedades en materia social y ambiental recogen los textos -literales o casi- redactados por DE PAR EN PAR. Y vamos a abordarlas una a una:

OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA LEY

Era nuestra intención que la ley desde su primera línea dejara claro la búsqueda preceptiva y transversal de objetivos sociales y ambientales, realizar un alegato sobre la eficiencia de la contratación responsable, y esgrimir desde el inicio la necesidad de facilitar el acceso de las pymes, micropymes y empresas de economía social a la contratación pública.

Nuestra alegría es enorme al comprobar cómo el texto propuesto ha sido aprobado en su literalidad absoluta, y así figura en el primer artículo de la norma (artículo 1º):

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La primera de nuestras propuestas consistió en guardar en el desván de la legislación decimonónica el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” en detrimento de la “mejor relación calidad-precio”. Así ha sido aprobada, dando por fin la vuelta a un concepto en plena consonancia con lo establecido en la Directiva 2014/24/UE, pero que en España seguía resistiéndose. De este modo lograremos evitar subastas con pérdida de calidad de los servicios públicos, menguas de los derechos laborales u objeciones respecto a que los criterios de adjudicación de carácter social y medioambiental debían traducirse en ventajas económicas para el poder adjudicador. Deseamos a la oferta económicamente más ventajosa se lleve tanta paz como descanso nos deja.

La segunda de nuestras intenciones era incluir en la propia ley un abundante listado de criterios sociales de adjudicación de los contratos. Queríamos así evitar que se siguiera realizando una interpretación restrictiva y de numerus clausus, como así sucedía con la redacción anterior del TRLCSP (necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar…). Además pretendíamos dar pistas, promover la inclusión de determinados criterios sociales de adjudicación y despejar las dudas sobre la legalidad de algunos de ellos.

Nuestras propuestas han sido recogidas de manera calcada, de modo que el párrafo tercero del artículo 145.2.1º. establece:

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

Otra de las novedades y el segundo entierro léxico-juridico que celebramos se refiere a la expresión del TRLCPS que decía aquello de: “criterios directamente vinculados al objeto del contrato”. ¡Cuánto daño y cuántas discusiones ha provocado! Para ello sumamos nuestro granito de arena en forma de enmienda, y como obituario baste reproducir el punto sexto del propio artículo 145:

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

….

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecución del contrato necesitaban poco empuje y su legalidad nunca ha estado en entredicho. Por ello, nos limitamos a proponer la ampliación descriptiva o casuística de supuestos, habiendo sido todos ellos recogidos en el artículo 200.2:

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

Sí, no cabe duda que es un párrafo que requiere bombona de oxígeno para leerlo seguido, pero bienvenido sea a nuestro marco jurídico.

CONTRATOS RESERVADOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN

La Disposición Adicional Cuarta regula la ya conocida figura de los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Fueron muchas las propuestas que presentamos a través de enmiendas y no todas ellas fueron admitidas, por ejemplo no conseguimos que esta disposición figure en el articulado y lamentamos que siga escondida entre las disposiciones adicionales. Tampoco logramos eliminar la expresión “determinados contratos” que resulta limitativa, ni obligar a todas las administraciones públicas a informar anualmente de su cifra adjudicada a través de contratos reservados. También nos hubiera gustado establecer la posibilidad de que la reserva pudiera realizarse en exclusiva para una de las tipologías de entidades (solo para Empresas de Inserción, por ejemplo), es lo que llamamos de modo coloquial la reserva de la reserva.

El texto resultante es muy similar al que ya existía y por lo tanto reiteramos que es obligatorio reservar contratos y que se debe fijar el porcentaje. Se mantiene la inclusión con plena categoría de las Empresas de Inserción (como no podía ser de otra manera) y se refiere expresamente la muy interesante posibilidad de reservar lotes.

Nuestra aportación al texto definitivo ha sido cuádruple, y aporta las novedades a esta figura. La primera es que como norma general se eximirá de la constitución de garantías definitivas en los contratos reservados. La segunda es acabar con la indefinición anterior respecto a los programas de empleo protegido. La tercera supone mencionar expresamente en el artículo referido a los lotes la posibilidad de reservar lotes a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Y la última y más importante implica limitar la participación a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, algo trascendental como bien saben en el sector y con lo que se espera evitar la competencia por parte de CEEs con ánimo lucrativo y en ocasiones intereses dudosos.  A quien le interese puede ver la descripción legal del concepto de iniciativa social en la Disposición Adicional Septies.

El texto resultante es el siguiente:

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el Anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado.
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición
3. (nuevo) En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.

Lamentamos que al igual que se exige al Consejo de Ministros fijar porcentajes y garantizar las condiciones, no se extienda dicha obligación a todo el sector público. Y puestos a criticar no nos gusta en absoluto la referencia al anexo VI y los códigos, ya que resulta limitativo, farragoso y sobre todo absurdo, ya que las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo operan en todo tipo de sectores y actividades, obras incluidas, por lo que no tiene sentido apuntar a unos sectores y dejar fuera otros.

Por último, reproducimos el párrafo último del artículo 99.4. sobre el objeto del contrato referido a la reserva de lotes para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición adicional quicuagésima (nueva), en las condiciones establecidas en la citada disposición.

CONTRATOS RESERVADOS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SIN ÁNIMO DE LUCRO

Otra de las principales novedades de la nueva norma y para cuya inclusión presentamos diversas enmiendas. No se trata sino de la transposición literal del artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE, pero hay que tener en cuenta que el proyecto de ley de contratos no la recogía, y de hecho no solo no había ánimo de hacerlo, sino que existía una frontal oposición a su incorporación al texto legal, por lo que cabe felicitarse realmente de que finalmente haya sido incluida. Incluso aunque aparezca escondida entre las disposiciones adicionales, y completamente relegada (DA 50ª).

Aunque parezcamos el Abuelo Cebolleta, nos gusta recordar cómo hace quince y veinte años peregrinábamos por las administraciones públicas pidiendo contratos reservados para los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. Nos lapidaron arrojando códigos de Aranzadi, o nos acusaron de herejía contra la santísima trinidad de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. El tiempo nos dio la razón y la normativa nacional acabó regulando lo que ya estaba legislado en Europa. Ahora damos otro paso más y ya es posible reservar contratos, no solo para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, sino también para empresas de economía social y entidades sin ánimo de lucro.

No vale todo, y es lógico que así sea, pues se limita a determinados CPVs, solamente en sectores sociales, culturales y de salud, se establecen requisitos para las entidades y la duración máxima de este contrato reservado es de tres años.

Reproducimos su regulación en la disposición adicional quincuagésima:

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA (NUEVA). Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, los órganos de contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes.
3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en esta disposición adicional no excederá de tres años.
4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia a la presente disposición adicional.

REGULACIÓN ESPECÍFICA Y EXCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES

Nuevamente estamos de enhorabuena. Por fin la normativa nacional de contratos públicos ha asumido el carácter diferencial y la especificad de los servicios sociales, cuya naturaleza, principios, finalidad en la atención a las personas usuarias, procedimientos de adjudicación o sistemas de prestación, no pueden en modo alguno equiparse a -por ejemplo- a la adquisición de un suministro o la ejecución de una obra. Supone además un reconocimiento expreso y explícito al papel que han jugado y siguen jugando las entidades no lucrativas y del Tercer Sector en la prestación de servicios sociales y cuáles son las obvias diferencias con la economía mercantil.

La futura norma se refiere a diversas particularidades en relación con la contratación de servicios sociales. Veamos el articulado más significativo:

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.

6. (nuevo) Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de (…) contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social…

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos:

g) … En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional X o de servicios intensivos, en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 

Las novedades son múltiples:

1. Es posible excluir los contratos de servicios sociales de la normativa y la rigidez de la contratación pública. Sí, así como suena, excluir, inaplicar, dejar al margen, contratar un servicio social sin atender a la normativa de contratación pública. Que nadie se haga el harakiri, que es legal, está justificado, y tanto la jurisprudencia como la legislación comunitaria lo venían admitiendo desde hace años.
2. Los contratos de servicios sociales por importe inferior a 750.000 euros se encuentran por debajo del umbral de regulación armonizada.
3. Cabe eximir de la constitución de garantías definitivas a las empresas adjudicatarias.
4. En todo caso procede utilizar más de un criterio de adjudicación, es decir, que los servicios sociales no pueden adjudicarse considerando tan solo el precio.

Tiempo habrá de analizar en profundidad la aplicación efectiva de estos preceptos, pero en estos momentos (con la norma todavía sin aprobar), cabe realizar un pequeño ejercicio de memoria para recordar que el proyecto de ley se refería a los servicios sociales en su exposición de motivos (los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales… de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos). Pero luego se omitía cualquier referencia a su regulación en el articulado.

Debemos igualmente recordar que estamos realizando la tardía transposición de la Directiva 2014/24/UE, cuyo artículo 4.d) ya señalaba que los contratos de servicios sociales se hallan por debajo del umbral de aplicación; que los artículos 74 a 77 establecen un régimen específico de servicios sociales; o que los propios Considerandos 6 y 114 argumentaban la necesidad de excluir su aplicación o de regular un régimen específico.

Tampoco cabe obviar (como así lo hacía el proyecto de ley), que la jurisprudencia comunitaria se había pronunciado de forma muy clara hacia la regulación específica de los servicios sociales o de permitir la inaplicación de la normativa de la contratación pública: STJUE de 17 de junio 1997 (asunto C-70/95); sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto C-113/13, decisión prejudicial, caso Spezzino; sentencia de 28 de enero de 2016, asunto C-50/14, decisión prejudicial, caso Casta); o la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 1997 en el asunto Sodemare, (asunto C-70/95).

Por último recordamos que son numerosas las Comunidades Autónomas cuyas leyes de servicios sociales ya prevén que pueden adjudicarse estos contratos al margen de la ley de contratos públicos, por ejemplo en Aragón, la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.

En esta caso, y nuevamente, el legislador español se ha resistido no solo a establecer un régimen propio, sino también a explicitar de manera clara que es posible excluir la prestación y adjudicación de los servicios sociales de la aplicación de la normativa de contratos públicos. Parece que todo lo que lleve el apellido social relacionado con contratos públicos cuesta esfuerzo, y a las pruebas nos remitimos. Pero en fin, algo es algo, y nuestra aportación a través de las enmiendas fue muy clara, dando mayor seguridad jurídica, y estableciendo supuestos claros. Aunque el resultado obtenido ha sido escaso, al menos podemos decir que figura en el articulado y que la puerta se ha abierto en nuestro país.

LUCHA CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Planteamos enmiendas específicas de manera que se explicitara y regulara la prohibición o la posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución a las empresas licitadores para que no operen en países señalados como paraísos fiscales en las listas de la OCDE, el Gobierno de España o la Comisión Europea. Pero dichas opciones no han sido aprobadas.

A cambio, la futura norma ha previsto una disposición adicional quincuagésima segunda, por la que el Gobierno se compromete a actualizar la lista de paraísos fiscales. Escaso, por no decir nulo el avance, pero la sociedad civil, y afortunadamente muchas administraciones públicas, van por delante del legislador, así que seguiremos dando pasos en la práctica, que también se hace camino al andar sobre los pliegos o las Instrucciones de Cláusulas Sociales.

ETIQUETADO SOCIAL Y ECOLÓGICO

Otra de las aportaciones que realizamos en forma de enmiendas y que ha sido incorporada al texto de forma casi literal se refiere al etiquetado social y ecológico. Su inclusión se debe a que a lo largo de los años y asesorando a muchos órganos de contratación hemos constatado cómo en muchas ocasiones subsisten interrogantes sobre la posibilidad de señalar referencias a determinado etiquetado y en qué fase concreta: ¿Solvencia técnica, prescripciones técnicas, criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución?

Para solventar las dudas, aportar plena seguridad jurídica y proporcionar ejemplos planteamos una enmienda que ha sido admitida e incorporada, por lo que el articulado señala que efectivamente es posible utilizar referencias a etiquetado social y ecológico, siempre que cumpla los requisitos generales, y dejando muy claro que “los órganos de contratación podrán exigir etiquetas de tipo social o medioambiental, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato”.

Artículo 127. Etiquetas.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por “etiqueta”: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos.
2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

…

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

El artículo 71.1.d) señala que se no podrán contratar con la administración las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

A su vez el artículo 72.1. establece que las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación.

Por lo tanto cualquier empresa con más de 250 personas en plantilla, y por lo tanto obligada a contar con un plan de igualdad pero que no lo tuviera estaría incursa en una prohibición para contratar que se apreciará directamente por el órgano de contratación.

Sin embargo en el caso del incumplimiento de la cuota del 2% de personas con discapacidad en empresas con más de 50 personas en plantilla se ha incurrido en un error garrafal a nuestro entender, como es el de supeditar su aplicación a un desarrollo reglamentario sin duda innecesario. Baste recordar que la LISMI en el año 1982 estableció la cuota obligatoria del 2%, y que 35 años después el incumplimiento es generalizado. No hubiera costado nada establecer el mismo precepto que el referido a los planes de igualdad y omitir dicha referencia al desarrollo reglamentario.

Bueno, si alguien ha llegado hasta el final y quiere debatir, aportar u opinar estaremos encantados. Gracias y saludos.

Por Sandra Escurza de Economistas sin Fronteras para CTXT 

Esta herramienta permite incorporar criterios sociales y medioambientales en los contratos, fomenta políticas activas de empleo y contribuye a lograr una mayor cohesión social

Cuando hablamos de compra pública responsable nos referimos a la que incorpora, de forma transversal, aspectos que incluyan criterios éticos, medioambientales y sociales en el momento de ejecutarse los contratos públicos. Tal y como REAS Euskadi analiza en su estudio Compra pública responsable: Cláusulas sociales, herramientas al servicio de la inserción socio-laboral, esta definición de compra pública responsable puede parecer obvia, puesto que debería resultar lógico que la transferencia de los fondos públicos se realizase a empresas que cuiden el medio ambiente, respeten los derechos humanos o que, por ejemplo, no realicen prácticas discriminatorias por cuestión de género, raza, etnia o religión, es decir, a “empresas responsables que faciliten la cohesión social y la sostenibilidad ambiental”.

Pero, ¿Qué son las cláusulas sociales?  Tal y como se explica en el Dossier para la contratación pública sostenible de la Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía,  “las cláusulas sociales son los criterios específicos en la contratación pública que favorecen a aquellas empresas que apuestan por el empleo para colectivos en riesgo de exclusión social y por acciones medioambientales sostenibles”.

La utilización de este tipo de cláusulas en la contratación pública supone un cambio a la hora de entender no solo las políticas sociales, sino también la propia concepción del contrato, en el que antes se dejaba de lado cualquier tipo de aspectos sociales o medioambientales.

Pues bien, debido a que la contratación pública supone aproximadamente un 18,5% del PIB en España, el debate de que en la compra pública se incluyan cláusulas de carácter social ha ido en aumento en los últimos años. Tanto es así que las instituciones han hecho diferentes esfuerzos en materia normativa, a nivel internacional y nacional. En el ámbito europeo, por ejemplo, se debe señalar la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. En dicha Directiva se afirma que “la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”. Por su parte, en lo que a normativa nacional se refiere, actualmente debemos acudir al  Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde no se introducen aspectos relevantes respecto a la Ley de Contratos del Sector Público, pero sí se incluyen las disposiciones relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.

Entonces, ¿por qué es importante incluir este tipo de cláusulas en la contratación pública? Las cláusulas sociales van a servir de herramienta para poder incorporar políticas sociales y medioambientales en la contratación pública. Además, gracias a incorporar este tipo de cláusulas, tal y como se muestra en ‘Las cláusulas sociales en la contratación pública: retos y perspectivas’ (Revista Cemci, nº7, Mar-Jun. 2010), se obtienen diferentes beneficios para los diferentes agentes sociales, los cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1.Beneficios de las cláusulas sociales  para los diferentes agentes sociales. Fuente: elaboración propia.

Es importante preguntarnos ahora cómo se incorporan estas cláusulas en los pliegos de contratación. Para ello, se puede consultar la Guía de Contratación Pública Sostenible que El Foro de Consumo de Navarra publicó en 2010, donde se propone el siguiente esquema a seguir:

A. Determinación del objeto de contrato: el proceso de definición del objeto del contrato posee un valor referencial en la contratación pública. Por ello, es importante saber que en el propio objeto se pueden incorporar criterios sociales, puesto que el órgano de contratación tiene total libertad para definirlo.
B. Especificaciones técnicas: Se pueden considerar aspectos sociales o ambientales a través de diferentes especificaciones técnicas, como por ejemplo:

• Requiriendo un tipo de productos o materiales determinados
• Exigiendo un diseño accesible y universal para todas las personas en obras y productos
• Exigiendo procedimientos y métodos de producción determinados
• Exigiendo etiquetas ecológicas  o sociales

C. Contratos reservados: Gracias a los contratos reservados, la Administración puede “reservar” un contrato para aquellas organizaciones sociales sin vulnerar los principios de la libre competencia y no discriminación.
D. Exigencia de capacidad técnica: En esta fase la evaluación se centra en la capacidad de las empresas en cuanto a su solvencia técnica. También se deberá comprobar esa capacidad y conocimiento técnico en el ámbito social, tal y como se especifica en la Comunicación Interpretativa Europea, de 15 de octubre de 2001.
E. Criterio de preferencia: en la Disposición Adicional Sexta se hace referencia a las entidades que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Aunque esto suponga un avance, en la práctica suele resultar poco útil, puesto que se aplica como una fórmula de desempate en los casos en que haya ofertas con las mismas puntuaciones en la fase de valoración.
F. Criterios de adjudicación o valoración: Este criterio sería uno de los más restrictivos, puesto que incluir aspectos sociales como criterios de adjudicación sería un aspecto determinante. Por ello, se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones:

• Deben respetarse ciertas salvaguardas, a pesar de incorporar como criterios de valoración de las ofertas de carácter social.
• Se deben adaptar a la singularidad de cada contrato.
• Los criterios deberán ser, en la medida de lo posible, objetivos y cuantificables.
• Se deben respetar los principios fundamentales del Derecho Comunitario.
• Es muy importante incorporar criterios que siempre tengan  relación con la ejecución del contrato.

G. Condiciones de ejecución: A la hora de ejecutar los contratos también pueden contemplarse criterios sociales.

Para terminar, es importante incidir en la relevancia de hacer un uso inteligente de las cláusulas sociales que impulsen el desarrollo de políticas activas de empleo. Esta nueva forma de contratación pública supone que a la consideración de criterios como la relación calidad-precio se le añaden aspectos sociales, ambientales y éticos, contribuyendo a lograr una mayor cohesión social.

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), ante el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aparecido en el Boletín Oficial de Cortes Generales (2 de diciembre del presente año), difunde hoy el siguiente

COMUNICADO

REAS considera, como ya se declaró en relación al anteproyecto de ley presentado en marzo de 2015, que el texto del Proyecto de Ley es claramente insuficiente en relación a la introducción de criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra y contratación pública.

Así mismo, el texto resulta opaco y confuso en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. Las imprecisiones, ambigüedades y la poca concreción en relación a estos aspectos también fueron señaladas en el Dictamen 8/2015 del 25 de junio del Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno, con respecto al anteproyecto, pero se han mantenido en el proyecto de ley.

Señalamos también que, aunque en la exposición de motivos del proyecto se hace mención al espíritu de la Directiva 2014/24/UE, su trasposición, sin embargo, es claramente insuficiente y no se corresponde con las pretensiones señaladas. En concreto, nos referimos los contenidos sociales que debiera tener la contratación pública:

– “permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a objetivos sociales”;
– “los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación”;
– “conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las PYMES”; etc.

Fue por la suma de estos argumentos por los que ya propusimos una revisión en profundidad del texto, de manera que su articulado recogiese con mayor claridad y precisión los criterios de tipo social y ambiental presentes en la Directiva europea y en la propia exposición de motivos del Anteproyecto. Ante el paso adelante dado por el Gobierno mediante la tramitación con carácter de urgencia del Proyecto de Ley, REAS quiere anunciar que ha elaborado un documento de propuestas que recoge un total de 19 enmiendas: 12 a la Ley de Contratos del Sector Público y 7 a la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales. Desde hoy mismo, y a lo largo de los próximos días, se están manteniendo encuentros con todos los grupos parlamentarios, a los que ya se les ha hecho llegar este documento, con el fin de que asuman las enmiendas como propias y las presenten para modificar los proyectos presentados. El documento presentado puede consultarse en este enlace

Subrayamos, además, que el carácter de urgencia no corresponde a la importancia que se le debe a una ley que se propone como herramienta a nivel europea para evitar la corrupción, garantizar un uso eficiente de los fondos públicos y conseguir objetivos sociales comunes. Para tal fin, urge la consulta y participación de los agentes sociales interesados, partidos políticos y grupos parlamentarios, sindicatos y agentes económicos, a quienes convocamos, junto a asociaciones de consumo, movimientos sociales y entidades del tercer sector, a que muestren abiertamente su rechazo a este Proyecto de Ley que, más allá de sus planteamientos generales se demuestra insuficiente, poco claro y pobre de ambición y firmeza. En especial, deseamos apelar a todo el movimiento de la Economía Social y Solidaria, para que redoblemos nuestros esfuerzos y presiones, difundamos la opacidad del texto y nuestra resistencia, de manera que consigamos introducir aquellos aspectos que demandamos para una socialmente transformadora política de compra pública.

REAS Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), es una red formada por 14 redes territoriales y 4 sectoriales para un total de cerca de 600 empresas y entidades que dan empleo a alrededor de 9.000 personas y cuentan con unos ingresos anuales de 380 millones de euros. Sumamos también cerca de 30.000 personas voluntarias y miles de socias en proyectos cooperativos relacionados con las finanzas éticas, la comercialización y consumo de energías renovables o la producción y consumo de productos alimentarios locales. REAS-Red de Redes, pertenece a CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) e internacionalmente a RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).

El objetivo de REAS es impulsar alternativas económicas desde valores relacionados con la equidad, la sostenibilidad ambiental y social, la solidaridad, la participación y la inclusión social, como se recoge en la Carta de Principios que es común a todas las entidades y personas participantes . Así, realizamos campañas de sensibilización ciudadana, fomentamos el emprendizaje en economía social y solidaria, impulsamos la construcción de mercados sociales, desarrollamos herramientas de auditoría social, fomentamos la investigación y la formación, trabajamos propuestas de políticas públicas locales, etc.

Desde esta perspectiva, venimos trabajando desde hace años en impulsar la Compra Pública Responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las administraciones públicas desde criterios relacionados con la equidad social, el medio ambiente o la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios. Las administraciones públicas, con ello, multiplican los efectos positivos de su acción, garantizan un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitan la participación de determinadas empresas que prestan servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales. Así, se viene avanzando en estas propuestas junto a muchos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, ofreciendo para ello herramientas concretas para su impulso, como las que pueden consultarse en www.contratacionpublicaresponsable.org.

En REAS, acogimos con satisfacción las últimas directivas europeas en materia de contratación pública que animaban a los estados a promover aspectos sociales, éticos y ambientales. Sin embargo, consideramos que los proyectos de ley sobre esta materia recientemente presentados en el Parlamento español, si bien recogen algunos de ellos, no desarrollan todo su potencial y son muchas las opciones que dichas directivas abren y que no han sido consideradas. Es por ello que presentamos a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas, con sus argumentaciones y justificaciones, que persigue mejorar dichos proyectos de ley para el impulso de una compra pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible.

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REAS-Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
www.economiasolidaria.org
14 de diciembre de 2016

Los contratos públicos serán más sociales. Al menos en Artà, ayuntamiento que en el pleno de esta semana aprobó por unanimidad incluir criterios tendentes a la integración y la sostenibilidad, a la hora de ponderar a una u otra empresa en sus futuros contratos. O dicho de otra forma, posibilitar que esa contratación pueda ser «una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para cumplir con sus fines y valores fundamentales de cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia», explica Arternativa per Artà, el grupo dentro del equipo de gobierno que se encarga de los Servicios Sociales y Medio Ambiente.

Todo dependerá, evidentemente, del tipo de contrato y del grado de especialización del pliego al que opten. En los contratos de inserción sociolaboral, por ejemplo, se obligará a que entre el 30 y el 50% de la plantilla esté constituida por personas en situación o riesgo de exclusión social; o un máximo de 20 puntos sobre 100 si la empresa cumple con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El ejemplo estatal y europeo

En España, ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Pamplona o Vitoria ya están trabajando en una contratación más responsable y sostenible. Lo que es incluso más común en el resto del continente europeo. En Artà hubo hace unos días una reunión donde el responsable en temas de contratación ética de la Fundació Deixalles, Jordi López, explicó las cláusulas y su funcionamiento a los técnicos locales.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Mª Ascensión Murillo, en la inauguración, este martes, de las jornadas divulgativas de la instrucción aprobada por Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2016 sobre la incorporación de criterios sociales, medio ambientales, de promoción a las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura.

Durante su intervención, la secretaria general ha recordado el compromiso del actual Ejecutivo autonómico para la incorporación en la contratación pública de cláusulas sociales con el objetivo de que haya, con fondos públicos, un mayor fomento y calidad del empleo en la contratación.

“Se trata de optimizar fondos públicos en beneficio de los criterios sociales, medio ambientales y de apoyo a nuestro tejido empresarial”, ha dicho.

En este sentido, Murillo ha explicado que las clausulas sociales son el instrumento más eficaz con el que cuenta hoy en día la Administración para fomentar el empleo y elevar la calidad del mismo.

“Las medidas de las políticas de empleo y de inclusión social puestas en marcha en los últimos años, que apuntaban a mejorar la empleabilidad con incentivos a la contratación, no han sido suficientes y no son sostenibles; por eso seguimos teniendo mercados que son excluyentes y son discriminadores” ha matizado. Asimismo, ha insistido en que las Administraciones públicas van tomando conciencia de la capacidad y el potencial con el que cuentan para logar objetivos sociales a través de la contratación.

Por todo ello, ha matizado que es necesario seguir insistiendo para que en la adjudicación de contratos, las administraciones dejen de aplicar el precio de forma preferente y adopten una postura más responsable que favorezca la inserción socio-laboral, el comercio justo o el empleo de calidad en sus compras públicas.

“Debe vincularse la contratación con la cohesión social, pudiendo abordarse diferentes temáticas en la contratación pública responsable como en la discapacidad, la igualdad entre hombres y mujeres, el comercio justo, el medio ambiente, la calidad en el empleo, la inserción socio-laboral, la innovación, la investigación…”, entre otros.

De esta forma, la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública permite aprovechar el potencial que la contratación pública desempeña en la economía, teniendo en cuenta que en nuestro país el conjunto de las administraciones dedican a la adquisición de bienes y servicios o a la construcción de obras, alrededor del 16% del PIB.

Además, la incorporación de cláusulas sociales, ha explicado, forma parte de un sistema de contratación pública sostenible, en el que se aprovecha el potencial que la contratación pública desempeña en la economía como mecanismo de transferencia de recursos públicos al mercado, con el que, también, se pretende la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible con un compromiso social y medioambiental.

Finalmente Murillo ha detallado que estas jornadas han sido el inicio de cuantas sean necesarias para dar a conocer las medidas de una nueva estrategia que concluye en que “la contratación pública no puede ser considerada un fin en sí misma, sino que debe ser visualizada como una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos” para el cumplimiento efectivo de sus fines o su política social.

“La contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, medioambientales o de investigación en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo se deben canalizar los fondos públicos”, ha sentenciado.

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Una economía para la transformación social. «Ninguna actividad económica es neutral… y su impacto afecta, entre otras cosas, a cuestiones medioambientales, a la distribución justa de los recursos básicos, a la búsqueda de comunidades sostenibles y con futuro, por lo que debe ser realizada desde la justicia, la equidad y el consenso participativo.” Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 19 de noviembre de 2010 de apoyo a las finanzas éticas http://www.sevilla.org/ayuntamiento/pleno-municipal/historial-de-plenos/pleno-11-2010 (págs 163-165).

El pasado lunes 14 de marzo se celebró una jornada de trabajo convocada por la Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Mari Paz Lagares Gaitán, para el estudio y valoración del borrador del decreto de cláusulas sociales, que establece las directrices sobre contratación pública responsable en el Ayuntamiento de Sevilla.

En esta jornada de trabajo estuvieron presentes distintos representantes de la sociedad civil organizada que trabajan en lo que podríamos llamar emprendimientos de transformación: el Campo de Energía de la Economía del Bien Común de Sevilla, la Asociación de Empresas de Inserción ANDEIS, el Grupo Municipal de Participa Sevilla, quienes habían propiciado la reunión, así como los autores del presente post, representando a FIARE Sur y REAS Andalucía (Red de Economía Alternativa y Solidaria). Allí pudieron explicar a la representante del Área de Bienestar Social y Empleo del consistorio las propuestas que desde los últimos meses del año 2015 han aportado al borrador de la contratación pública socialmente responsable en el Ayuntamiento de Sevilla.

Una parte importante de las cuestiones trabajadas en la reunión se refiere a la necesidad de que los mecanismos de implementación del decreto de cláusulas sociales y compra pública responsable del ayuntamiento se acompañen de dotación presupuestaria suficiente y de medidas que pretendan un cambio «sistémico» en el proceso de compra pública responsable hacia los conceptos de economía solidaria y de emprendimiento de transformación.

Esto supone asumir un compromiso de trabajo, entre instituciones y sociedad civil, por la implementación de procesos de compra pública que buscan superar el paradigma que, como la peste medieval, ha recorrido e invadido nuestras administraciones públicas en las últimas décadas: vamos a imitar a la empresa y comprar lo más barato posible.

Más allá de la falacia inmediata de este planteamiento (la empresa no compra lo más barato posible, sino que introduce una variada suma de factores en las decisiones de compra), dicho paradigma se olvidó de que la ciudadanía no quiere sólo que no se gaste más de lo necesario con sus impuestos, sino que exige específicamente que se resuelvan los problemas de la comunidad de la manera más eficiente y justa posible.

La lucha contra falacias que el saber popular (o el sentido común) hace tiempo que reconoce como evidentes es uno de los pilares de la economía social y solidaria y de otros emprendimientos de transformación. Basta con mirar con los ojos de dichos saberes, obviando la machacona campaña de marketing que nos rodea, para saber que siempre han existido otras intenciones a la hora de emprender y que muchos de nosotros y de nosotras no queremos dedicar nuestras vidas a ver cómo las injusticias y la desigualdad destrozan nuestro entorno y a nuestras comunidades.

Nuestro compromiso es trabajar por una economía cívica y solidaria entendida como la realización de un proceso de democracia económica que pueda incidir (con iniciativas socio-económicas de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones no gobernativas, asociaciones, empresas con orientación ética…) en la transformación social local y global en una dirección determinada, la de la primacía del trabajo sobre las rentas de capital y la no-violencia en las relaciones sociales del ámbito económico y financiero.

Esa voluntad de transformar nuestras sociedades no ha sido nunca monopolio exclusivo de la acción de las administraciones públicas. La economía social y solidaria en general y elementos de la misma, como las finanzas éticas, han mostrado sobradamente su capacidad transformadora en tiempos de crisis y de bonanza.

Por este motivo, y porque el asalto para limitar los instrumentos a disposición de las administraciones municipales ha sido brutal, se hace necesario un esfuerzo de concertación para recuperar algunas de esas armas de lucha contra la pobreza, la exclusión y el desempleo. El ayuntamiento debe recuperar más herramientas, y la compra pública es una muy importante. De ahí que nos felicitemos de que nuestro ayuntamiento empiece a recuperar un mayor porcentaje de su gasto para resolver problemas sociales complejos.

El camino emprendido hasta ahora, de trabajo con el personal técnico para elaborar un borrador y apertura del mismo a aportaciones de colectivos de la sociedad civil auto-organizada, nos reconforta, es un paso importante… pero queda un camino largo y por ese motivo desde REAS y FIARE hemos hecho hincapié en que lo que queda por venir no será fácil y que si bien el instrumento normativo es relevante, la ejecución de dicho instrumento lo es más, y más difícil porque los obstáculos y las luchas para dejarlo en papel mojado serán muchos.

Lo más obvio es que aquellos campos que esta normativa deja fuera por no estar dentro de la ley de contratos públicos, como los servicios financieros, pueden y deben ser usados de manera valiente: las finanzas éticas deben dejar de ser una guinda en el pastel para pasar a ser componente principal en algunas partidas de gasto. El objetivo, en congruencia con la idea de cambio «sistémico» expresada al principio de este texto, apunta al cambio de las reglas del mercado por procesos culturales de responsabilidad social y ambiental como criterios en la gestión del ahorro (para la ciudadanía) y la inversión (para la institución).

Pero además, proponemos que los siguientes pasos, en especial el plan director de lucha contra el desempleo, recoja medidas para que dicha ejecución avance sin prisa pero sin pausa. A modo de lista no exhaustiva y recogiendo las propuestas realizadas traemos aquí las siguientes medidas:

• Medidas en el ámbito de la formación de todos los actores dentro y fuera del ayuntamiento que conforman el sistema de compra pública, es decir no solo los que compran, sino los que venden y los que acompañan a la venta: finanzas, servicios de asesoría, mecanismos de difusión, evaluación, etc.
  
• Medidas en el ámbito de la difusión: un cambio de este calado requerirá que la información adaptada llegue a muchos y variados colectivos de dicho sistema de compra pública.
  
• Medidas de carácter organizacional, principalmente para superar los llamados «silos» en la administración. Un viejo proverbio dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el que dos departamentos de un ayuntamiento colaboren entre ellos…Y en este caso vamos a necesitar colaboración horizontal, vertical y externa con agencias y organizaciones ajenas al entramado municipal.
  
• Medidas de investigación y recogida de datos (cuantitativos y cualitativos). Tenemos una cultura administrativa poco desarrollada para la evaluación y esta falla es mayor aún si lo que ha de evaluarse es complejo. Lo que no se busca, no se encuentra y para el éxito de esta transformación debemos prepararnos para buscar concienzudamente.
  
• Medidas de participación y colaboración social que permitan que los colectivos que estructuran la demanda social, incluidos específicamente los comprometidos con la economía alternativa y solidaria, puedan ser agentes activos en la generación de políticas públicas junto con la administración.

Las transformaciones sociales son el resultado de fuertes energías cívicas de ciudadanos/as globales con conciencia y con alternativas locales concretas: acciones de defensa de los Derechos Humanos, hospitalidad con inmigrantes, consumo ecológico, comercio justo, prácticas de decrecimiento, monedas sociales, cooperativismos, economía colaborativa y solidaria…

Todo esto ya se hace en otras partes de España y del mundo, y en casi todas, los emprendimientos de transformación y las finanzas éticas juegan un papel de socio comprometido, por eso creemos que debemos estar ahí. Hemos mostrado que tenemos conocimientos, capacidades y múltiples capitales tangibles e intangibles clave para el éxito de este viaje ¿Y tú, con quién querrías ir? ¿Con alguien que va de polizón porque pagas tú o con alguien que ha estado empujando el coche cuando estaba sin gasolina?

Samuel Barco Serrano, REAS Andalucía.
Javier Moreno Ibarra, FIARE Sur

Desde que el ayuntamiento de Sevilla aprobara en pleno por unanimidad las inclusión de claúsulas sociales el pasado mes de septiembre, entidades y organizaciones de la economía social y solidaria de la ciudad han trabajado para que la definición de estos criterios sociales, éticos y mediambientales fuesen lo más favorable posible. Esta participación concluyó ayer con el cierre del proceso de alegaciones al documento que el equipo de Espadas elaboró y difundió hace un par de semanas.

La sociedad civil del sector muestra así su apoyo con una iniciativa que venía demandando desde hacía años; apoyo que se traduce en un compromiso por parte del mismo y una puesta a disposición del personal, conocimientos y recursos con los que cuenta. Este proceso se está llevando de manera paralela en otros municipios, como el caso de Córdoba, donde la Mesa por la Economía Social y Solidaria lleva meses trabajando con el Ayuntamiento en esta materia.

Desde la Red de Economía Social y Solidaria sevillana, red referente de ámbito estatal del sector y uno de los agentes impulsores de la iniciativa, se considera correcto el borrador para el objetivo y marco normativo del que parte. Sin embargo, se valora insuficiente si no se acompaña de más medidas, así como se reclama una mayor participación dentro del proceso de la sociedad civil y los gentes interesados.

 En esos términos se manifiesta Samuel Barco, uno de los interlocutores de la red en el territorio: «El trabajo realizado por el Ayuntamiento responde a un análisis que entendemos correcto; uno de los obstáculos en el proceso de hacer la compra pública un instrumento contra la exclusión y el desempleo y no un creador de desigualdad y paro es la seguridad jurídica para los responsables de contratos del Ayuntamiento y sus empresas. No obstante, en el borrador aparecen dos huecos evidentes: de un lado los servicios energéticos y de otro los financieros. La Economía Social y Solidaria muestra las opciones para luchar en esos dos ámbitos contra problemáticas como la pobreza energética, la salud, el paro, la marginación e incluso los desahucios, a la vez que el Ayuntamiento recibe un servicio digno en materia de luz y de cuentas bancaria”.

Por delante queda la aprobación del decreto reformado y su uso en todas las contrataciones que se pongan en marcha este año, así como un dispositivo de evaluación y seguimiento. Tal y como explica Barco: “Ahora quedan otros obstáculos de igual o mayor enjundia: su ejecución y seguimiento. Alertamos de esto y nos ponemos a disposición del Ayuntamiento y las personas que representan a la ciudadanía en el Pleno». En todos estos pasos la sociedad civil y los emprendimientos de transformación social, entre los que la Economía Social y Solidaria es uno de los referentes, parecen ser aliados claves y estratégicos con los que la Administración debe contar si quiere que esta medida sea realmente efectiva y no quede en papel mojado.

Se ha convertido en demasiado habitual que un mismo conglomerado de empresas consiga grandes contratos autonómicos o municipales integrales –que incluyen diferentes servicios que ofrece una administración, como la limpieza viaria y el mantenimiento de parques– mientras realiza un expediente de regulación de empleo, a menudo teniendo beneficios.

Tampoco es extraño que los contratos estén negociados a la baja con la Administración, lo que fomentará a su vez más precariedad, además de un peor servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, desde diferentes estamentos comienza a implantarse una resistenciaa este tipo de prácticas y ya son varias las cámaras regionales y municipales que han aprobado normativas que pretenden, si no acabar con ellas, al menos frenarlas. Ayuntamientos como los de Gasteiz, Donostia, Barcelona o Madrid, o administraciones regionales como la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Comunidad Foral de Navarra son algunas de ellas.

«La administración puede garantizar que las condiciones de trabajo que hay detrás de las contratas que está externalizando o que ejecutan terceros reúnan determinadas condiciones de trabajo digno, y que permitan la inclusividad y la incorporación al mundo laboral de colectivos que tienen más dificultades», explica Fernando Sabín, del nodo madrileño de la Red de Redes de Economía Solidaria (REAS), un colectivo que lleva más de una década trabajando en cómo mejorar la contratación pública para hacerla más ética y sostenible, y que ha participado en numerosos procesos de adopción de cláusulas sociales. 

«Hay que evitar que el precio sea el elemento que prime a la hora de orientar la contratación pública, que haya elementos de calidad y que la relación calidad-precio se entienda como una relación de factores en la cual se prime la idea de que, para que un trabajo esté bien ejecutado, el trabajador tiene que tener buenas condiciones laborales», añade.

Iniciativa Legislativa Popular

Las opciones que tiene una administración para conseguir estos fines son varias. Una de ellas es la inclusión en los criterios de contratación de la subrogación, mecanismo por el cual un trabajador mantiene el puesto de trabajo, la antigüedad y las condiciones asociadas a él aunque la empresa adjudicataria o subcontratada cambie, lo que fomenta la estabilidad laboral.

«Esto es vital, independientemente de que la subrogación pueda estar garantizada por un convenio sectorial», apunta Joseba Villareal, responsable de Negociación Colectiva del sindicato vasco ELA.

Esta central presentó en 2013 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por más de 110.000 firmas, que pretendía incluir cláusulas sociales en la contratación pública de toda la Comunidad Autónoma Vasca –que subcontrata a unos 55.000 trabajadores– con tres puntos básicos: la subrogación, la aplicación del conveniomás cercano al ámbito de trabajo (habitualmente con mejores condiciones para el trabajador) y la aplicación de sanciones a la empresa que incumpla alguna de esas condiciones, que incluso puede ver rescindido el servicio contratado.

La iniciativa podría pasar a trámite parlamentario a finales de febrero, pero probablemente tendrá poco que ver con la planteada por ELA. Con EH Bildu como único apoyo en el Parlamento, la ponencia que analizaba las enmiendas a la ILP finalizó el pasado 1 de febrero con un acuerdo entre PSE y PNV.

Dicho acuerdo «vacía de contenido los puntos sustanciales de la ILP», denuncia Villareal. «De los puntos principales, no se garantiza la subrogación porque solamente habla de ella para aquellos trabajadores de los sectores donde el convenio sectorial la recoja; y tampoco garantiza el convenio de aplicación, es más, en esta última parte profundiza en la reforma laboral».

Se trata del último capítulo en una historia que incluye dos intentos de boicot por parte del PNV, «primero haciendo un informe negativo del Gobierno a la admisión a trámite de la ILP y después utilizando a la Diputación Foral de Bizkaia para plantear una cuestión de competencias», explica Villareal, cuestión ya solventada, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señaló a finales de diciembre que la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es legal.

Pero no todo son derrotas en la ILP impulsada por ELA. El Parlamento de Navarra ya aprobó en enero de 2015 –por unanimidad– una proposición que modificaba la Ley Foral de Contratos Públicos con el fin de incluir cláusulas sociales en los pliegos administrativos. La ILP de ELA fue el origen de esa normativa.

País Vasco, tierra prometida

A pesar de la resistencia de PNV y otros grupos políticos a la ILP, el País Vasco es uno de los principales focos en los que se están aprobando normativas de contratación pública que aplican un criterio social.

Leire Álvarez, de REAS Euskadi, ha participado en diferentes procesos, como la preparación de la Norma Foral sobre Contratación Pública Socialmente Responsable de la Diputación de Gipuzkoa o las instrucciones de contratación aprobadas por los Ayuntamientos de Gasteiz, Galdako o Donostia. Además, Reas Euskadi cuenta con un servicio de asesoría en Contratación Pública Socialmente Responsable del que hacen uso numerosas administraciones vascas cuando quieren incluir criterios sociales en pliegos concretos.

Los mecanismos de los que se puede servir una administración para dignificar la labor de sus subcontratados son varios. Álvarez apunta que «las administraciones públicas pueden exigir a la empresa adjudicataria que aplique al personal que ejecutará el contrato las condiciones laborales y retributivas más beneficiosas del convenio colectivo de legal aplicación a nivel sectorial y territorial».

Asimismo, recuerda que la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (que España tiene que trasponer en el primer trimestre de 2016), sobre contratación pública «señala de forma clara y reiterada la posibilidad de incorporar criterios sociales en las diferentes fases de una licitación».

Entre estas cláusulas sociales destacan, «la creación de empleo para colectivos desfavorecidos del mercado laboral, la igualdad de mujeres y hombres, el trabajo digno o el comercio justo», comenta esta integrante de REAS Euskadi.

Sabín apunta, por su parte, que las administraciones deben desarrollar una labor ejemplificadora que reduzca las desigualdades que genera el modelo de mercado actual. También deben, en su opinión, promover tejido productivo y empresas y entidades que, por definición, son más garantistas con las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Así, además de las cláusulas sociales, «una herramienta clara para conseguir esto es la reserva de mercado, por la cual cojo partes del presupuesto público para que sean ejecutadas por determinados tipos de entidades, como los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, porque cumplen una función integradora al mundo laboral fundamental».

Otra herramienta que destaca es la utilización de criterios de comercio justo en las compras de una administración, «que apelan a que la producción de esos productos se ha hecho bajo condiciones dignas de trabajo y que el producto recoge determinados criterios de producción vinculados a la sostenibilidad ambiental».

Catalunya integradora

Catalunya es otro de los puntos donde este tipo de iniciativas está cuajando. Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament+Sostenible del Consistorio de Barcelona, explica que todo lo que es contratación social en la administración local viene del Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, aprobado en 2013: «Este decreto tiene dos patas, una son los criterios sociales de contratación, básicamente cómo incentivar a las empresas de inserción social y centros especiales de trabajo a través de la contratación, y otra es la que trata criterios de sostenibilidad, ya que introducimos criterios sociales como la compra ética, el comercio justo y la cadena ética de proveedores».

Esto se ha materializado en doce instrucciones que establecen qué cláusulas de sostenibilidad se tienen que incorporar en los pliegos y que hacen referencia a servicios o productos concretos que el Ayuntamiento ha considerado prioritarios.

Tal es el caso de los proyectos de obra, la alimentación o el suministro eléctrico. Para ello han contado con el apoyo de entidades de la economía social como el Centre de Recerca i Investigació de Catalunya y han elaborado «grupos de trabajo para cada instrucción con personas y grupos que se han identificado como actores involucrados», apunta Campanero.

Además, otra instrucción del Ayuntamiento, cuya entrada en vigor fue en mayo de 2015, desarrolla «algunas medidas jurídicas para la contratación pública directamente en cuestión de mejora de los servicios sociales a la persona», explica Francisco Blanco, director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento, con el fin de «potenciar el aspecto no economicista de la oferta».

Pero no todo es positivo. Blanco destaca que con la nueva directiva 24/2014 «se van a romper muchos tabúes», pero toda la contratación pública social española está encauzada a que se canalice sobre todo como una condición de ejecución, no de licitación. «Te dicen, ‘si usted quiere hablar de algo social en la contratación colóquelo, pero en la fase de ejecución, no como un criterio de adjudicación’. Pero luego, si no tienes una estructura de seguimiento potente, la garantía de que todo eso se lleva a término está pendiente de auditoría».

Por ello, asegura que hay que implementar medidas de seguimiento, ya que éste «no se está haciendo seriamente, no por falta de voluntad, sino porque faltan programas de gestión electrónica, implicar al contratista para que te diligencie documentos, etcétera».

Por su parte, Álvarez expone la misma carencia desde el País Vasco: «No es suficiente con aprobar normas; deben asignarse responsabilidades y establecer quién va a velar por el cumplimiento de lo aprobado, quién va a prestar apoyo o asesoramiento cuando surgen dudas en la aplicación, quién va a realizar el seguimiento y evaluar el impacto social de la aplicación de la norma».

Así, la idea del Ayuntamiento de Barcelona es lanzar a medio plazo un nuevo decreto que recoja este tipo de aspectos en el que ya están trabajando.

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha el proyecto ‘Trebatu’ para fomentar el acceso a la contratación pública a pequeñas empresas y entidades de economía social

En la actualidad, sólo un 31% de la contratación pública recae sobre las pequeñas y medianas empresas, cuando la gran mayoría del tejido empresarial, el 98,7%, está integrado por pymes.

Durante las últimas semanas un equipo formado por letrados y técnicos del Área de Gobierno Transparente del Ayuntamiento ha venido trabajando en el diseño de un Plan de Trabajo en materia de contratación pública con el objetivo de hacer más sostenible y equitativa la misma. Este plan recoge una diversidad de medidas dirigidas tanto a desarrollar el amplio marco normativo foral (Ley Foral 6/2006) como las nuevas directrices de la Unión Europea (Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo) que pretenden facilitar, específicamente, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.

Así, en materia de contrataciones se están unificando los pliegos para simplificarlos y hacerlos más accesibles, introduciendo también cláusulas sociales y medio ambientales y analizando las oportunidades que el nuevo marco normativo europeo otorga para potenciar la participación de las empresas más pequeñas en diferentes áreas y servicios de la contratación pública local. Uno de los ejes operativos de este plan de trabajo es formar y capacitar a las empresas de menor dimensión mediante talleres de trabajo muy prácticos que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento impartirá durante los tres próximos meses.

En este momento, el equipo de trabajo está terminando de diseñar los sectores a los cuales se orientará esta primera oferta de formación así como ciertas cuestiones logísticas como el número de sesiones que se impartirán, los horarios y lugares y los materiales de trabajo. Los talleres se realizarán en una jornada de trabajo a través de una metodología participativa donde se impartirán conocimientos teóricos básicos y ejercicios prácticos con casos reales de trabajo.

La vertiente más práctica llegará de la mano de simulaciones de licitaciones donde los participantes podrán presentar sus ofertas y conocer de mano de los servicios jurídicos municipales cada paso del procedimiento.

A partir de estos talleres formativos las pequeñas empresas y las entidades de economía social tendrán oportunidad de conocer las diferentes vías para contratar con la administración, la manera en las cuales se presentan las ofertas, los errores más frecuentes, la normativa existente, la solvencia o los criterios de adjudicación además de una diversidad de pliegos en materia de contratación pública local. El objetivo de este proyecto se alinea con la nueva estrategia de contratación pública de la Unión Europea (Estrategia 20/20), dada la necesidad de mantener y potenciar el tejido socio-empresarial de menor dimensión.

Contratación en lotes

Según los estudios europeos, las principales dificultades con las que se encuentran las pequeñas empresas en la contratación pública son el acceso a la información de los contratos, el desconocimiento de la normativa y procedimientos de contratación y el alto coste de preparación de ofertas, así como la carga administrativa excesiva y la gran envergadura de los contratos, un conjunto de factores que hace que hayan sido pocas las pymes que han contratado con los ayuntamientos hasta la fecha.

En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado un estudio de todos los contratos que se prevén licitar próximamente para que siempre que sea posible se realicen lotes en cada contrato.

De esta manera, se pretende que puedan ser las pequeñas empresas y las entidades de economía social quienes directamente puedan contratar con el Ayuntamiento de Pamplona, evitando así además los problemas que a menudo conlleva la subcontratación por parte de grandes empresas con las entidades de economía social y las pequeñas empresas.

La primera experiencia que se va a llevar a cabo en las próximas fechas es la apertura de un procedimiento de licitación para la rehabilitación de 25 viviendas municipales. El Ayuntamiento prevé licitar las obras en lotes para distintos grupos de proveedores que se seleccionarán en función de sus ofertas: grupo 1 desmontaje y demoliciones, grupo 2 pavimentos de madera, grupo 3 terrazo, grupo 4 pinturas, grupo 5 carpintería, grupo 6 electricidad, grupo 7 fontanería y calefacción, grupo 8 limpieza y tratamientos de higiene (reservado a centros de inserción social y centros especiales de empleo), y grupo 9 cocina. Con este planteamiento se dividen los trabajos en grupos de proveedores y se podrá contratar a varias empresas o personas autónomas para cada trabajo. El grupo de limpieza y tratamientos de higiene será reservado a centros especiales de empleo y centros de inserción social.

Además de esta nueva política de contratación, el objetivo último que se persigue con este plan es el de crear un modelo de proximidad del Ayuntamiento de Pamplona hacia las pymes y autónomos, y aumentar sus capacidades para que con las habilidades adquiridas puedan incrementar su know how y estén listas para trabajar también con otras administraciones y empresarios.

El plan incluye asimismo mecanismos de control de calidad de la implantación, como las encuestas de calidad, parámetros de control de la contratación de pymes en Pamplona y en la Comunidad foral dentro de los asistentes, entre otros.

CEPES-A y REAS piden al Ayuntamiento y la Diputación que lo público sea gestionado por funcionarios y/o por entidades y cooperativas de la economía social y solidaria.

La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) y la Red de la Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS) remitirán una propuesta al Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba para que consideren cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en sus procesos de contratación;

en especial, pedirán que los servicios públicos externalizados por los anteriores gobiernos bien sean remunicipalizados o gestionados desde modelos cooperativos de la Economía social y Solidaria, en los que los/as trabajadores/as participan directamente de la gestión y sus impactos para el desarrollo local, social y medioambiental son evidentes.

Desde la Economía Social y Solidaria se entiende que apostar por modelos de gestión y de desarrollo económico pegados al territorio, más democráticos, sostenibles e inclusivos contribuirán a que los Ayuntamientos y Diputaciones impulsen y promuevan  lo que se establece en el Artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.  Dado que  la contratación pública administrativa representa un 17% del PIB estatal,  es obvio que este ámbito debe considerarse como estratégico y convertirse en una de las  herramientas principales para implementar  el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria, incorporando para ello en todos los pliegos como elementos esenciales las cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo.

En concreto, estas entidades piden que se apueste por las cooperativas u otros modelos de gestión participada por los/as trabajadores/as y/o consumidores/as, para gestionar los servicios públicos que actualmente se encuentran externalizados como son los de ayuda a domicilio, el mantenimiento de jardines o la recogida de aceites usados, etc. pues desde este modelo se contribuye de manera más eficiente a realizar una más justa distribución de la riqueza, favoreciendo una mayor democratización de la economía, generado una relaciones sociales sustanciadas en la cooperación y solidaridad, promoviendo el  desarrollo local sustentable y sostenible desde el punto de visto ambiental y consolidando el empleo estable y de calidad  fijado al territorio, que establece como prioritario  la igualdad entre mujer y hombre.

Además, desde CEPES-A y REAS se exige a ambas instituciones que apliquen lo que ya permite la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratos públicos en torno a estos asuntos, en especial, a la reservar contratos de suministros y servicios a cooperativas y empresas participadas por trabajadores (Considerando 118), o a empresas de inserción (Considerando 36), además de lotear o dividir los grandes contratos para fomentar la participación de las PYMES e incorporar  criterios sociales y ambientales (Considerandos 74, 75 y 78).

Para más información: 957 191 280 (David Comet)

Se incorporarán criterios sociales (igualdad de género, comercio justo) y de reducción del impacto ambiental a las cláusulas sociales de contratación

El Gobierno municipal ha presentado esta mañana a los Grupos políticos la Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este documento, que supone un salto cualitativo respecto al debate que hasta ahora se había dado sobre las cláusulas sociales en la contratación, permitirá incorporar criterios de género, comercio justo y sostenibilidad medioambiental a los que hasta ahora se venían planteando para mejorar los procesos de adquisición de bienes o adjudicación de obras y servicios.

La contratación socialmente responsable y sostenible, una de las líneas estratégicas del Gabinete Urtaran, es un recurso fundamental de cara a generar empleo digno y de calidad y se implantará tanto en el Ayuntamiento como en las diferentes sociedades municipales.

“Una Administración como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un importante volumen de compras y contratación. Lo que planteamos es enfocar esta actividad desde el principio de la triple sostenibilidad: social, económica y medioambiental. Si la contratación municipal es más justa, más enfocada a la integración y la igualdad; si además sirve para mejorar las condiciones del empleo femenino, corregir desequilibrios mediante la compra ética y reducir impacto ambiental, estaremos haciendo posible un mejor modelo económico y marcando el camino al tejido empresarial del municipio”, ha señalado la concejala  de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa.

La presentación de la Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido posible gracias al trabajo que hasta ahora han venido desarrollando técnicos municipales y agentes sociales. A partir de ahora, se quiere marcar un calendario de trabajo para implantar la Instrucción en todos los ámbitos de contratación del Ayuntamiento. Para ello, se realizarán labores de difusión y formación de la plantilla municipal y se trasladará la Instrucción a las empresas contratistas, Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y Entidades sin ánimo de lucro. También se adaptarán el soporte informático y los modelos de pliegos de condiciones. Otros recursos que ayudarán en este proceso serán un manual de uso y de información pública y una aplicación informática.

Todas estas tareas se llevarán a cabo a través de un Plan de Contratación y Compra Socialmente Responsable y Sostenible que reflejará las cuatro grandes áreas de intervención: la social (integración laboral, inclusión social, economía social, igualdad de mujeres y hombres, criterios lingüísticos, mejora de condiciones de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad) la de género (acceso de la mujer al mercado laboral, salud laboral de las mujeres, conciliación, lucha contra el acoso, equilibrio en la toma de decisiones), la de comercio justo (criterios de Compra Pública Ética e introducción de productos de Comercio Justo en las compras) y la medioambiental (requerimientos y cláusulas de contratación para la reducción del impacto ambiental durante el ciclo de vida de la mercancía, obra o servicio).

La Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible se aplicará desde el mismo momento en que se inicie un expediente de contratación, añadirá prescripciones técnicas al objeto del contrato, incorpora la figura del contrato reservado y define con mayor concreción los criterios de adjudicación en los diferentes ámbitos (social, medioambiental, etc.)

“Uno de los inconvenientes que estaban surgiendo para aplicar las cláusulas sociales era el de la indefinición de los criterios de valoración que se utilizaban para adjudicar un contrato. Con la nueva Instrucción se da un importante avance, haciendo estos criterios más concretos, más relacionados con el objeto del contrato, más cuantificables y correctamente ponderados respecto a los demás criterios. De este modo, se asegura la igualdad y la transparencia”, ha detallado Nerea Melgosa.

Para definir este nuevo modelo de contratación y compra socialmente responsable y sostenible han colaborado los departamentos y servicios municipales de Hacienda, Políticas sociales, Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Cooperación al Desarrollo, Igualdad, Juventud y Medio Ambiente y Salud Pública.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) da la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que reclama la supresión de cláusulas sociales por «implicar sobrecostes para las empresas».

Incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado una sentencia que permite la inclusión de este tipo de cláusula en la contratación pública. El Superior da así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, este tipo de cláusulas van contra «la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas».

La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa «está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra ‘legem'». Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que «exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria».

Lo cierto es que, en la actualidad, el reto se centra en que las instituciones tengan en cuenta cuestiones como el trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social y la igualdad de oportunidades a la hora de contratar a empresas. Se trata de incorporar criterios sociales, éticos o medioambientales en la contratación pública y aunque cada vez hay un mayor conocimiento del tema, todavía queda mucho por hacer. «Hay ciertas resistencias a cambiar la forma de trabajar y no siempre se ve el impacto que puede tener incluir este tipo de criterios en las contrataciones», apunta Leire Álvarez de Eulate, integrante de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y responsable del área de Compra Pública Socialmente Responsable. Desde REAS Euskadi se han organizado varias jornadas formativas sobre compra pública responsable.

«Neoliberalismo feroz»

El sindicato ELA ha aplaudido la sentencia del Superior y ha denunciado que la Autoridad Vasca de la Competencia «se erige en ariete del neoliberalismo más feroz» que pretende «hacer desaparecer toda protección» para los trabajadores. «Con sus actuaciones», ha añadido, «tanto en esta materia como en la relativa a los horarios comerciales, el organismo siempre ha optado por proteger los intereses de los ‘lobbies’ empresariales en detrimento de la clase trabajadora».

La sentencia supone un precedente positivo de cara a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el propio sindicato en el Parlamento para la inclusión de cláusulas sociales en toda la contratación pública de la comunidad autónoma. «Los grupos políticos», ha insistido ELA, «deben tomar nota y adelantarse con una regulación que cierre la puerta a la explotación laboral en la administración pública».

Según la representante de REAS Euskadi, «la contratación pública puede y debe contribuir al impulso de otro tipo de políticas sociales, ambientales, etc. Resulta ilógico transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, o que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, o que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación».

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado una serie de cláusulas sociales en las actividades contractuales del propio ayuntamiento, siguiendo la misma línea de diferentes administraciones públicas vascas en los últimos años. Estas cláusulas tienen el objetivo de incorporar criterios sociales en los siguientes ámbitos:

– Fomento del empleo: se priorizará a las empresas que den preferencia a la contratación de personas que se encuentren en situación legal de desempleo, facilitando así la promoción del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo.

– Garantía social: este tipo de cláusulas tienen como objetivo el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, y de manera particular cuando las prestaciones a desarrollar estén sujeta a una ordenanza laboral o convenio colectivo; el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales y colectivas; y por último, el cumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales.
– Igualdad: garantizando que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

Finalmente se incluye también una reserva de mercado para entidades inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo, en el Registro de Empresas de Inserción, o bien con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para la integración de las personas con riesgo de exclusión social.

Erosketa publiko sozialki arduratsuari buruzko klausulen foru araua indarrean dago. GFAko Gobernuak bultzatutako foru arau horrek eragile ugariren ekarpenak jaso ditu eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek aho batez onartu dute.

Erosketa publiko sozialki arduratsua bultzatzeko asmoz, Foru Aldundiak eta bere menpeko sozietate guztiek egiten dituzten kontratazio guztietan klausula sozialak txertatuko dira. Irizpide horiek zeintzuk diren eta kontratuetan nola jasotzen diren arautuko du hemendik aurrera erosketa publiko arduratsuaren foru arauak.

Foru arau hori aurrerapausoa izan da, arlo desberdinetako irizpideak batzen dituelako. «Orain arte ez zegoen araudi orokorrik gai honen inguruan. Baziren gai zehatzen inguruko arauak, adibidez, hizkuntzaren erabilera, genero berdintasuna, edo obretarako onartu zen araua. Arau honekin arlo guztiak bildu ditugu eta kontratu mota guztiei aplikatu ahalko zaie», ohartarazi du Maider Ziganda Zerbitzuetako eta Modernizazioko zuzendariak. Maider Zigandak foru arau honen lanketa gidatu du.

Arau berriaren arabera, Foru Aldundiak egiten dituen kontratuek, zerbitzuez hornitzeaz gain, gizarte justuago bat bultzatzeko politikak ere kontuan hartuko dituzte. Kontratuak esleitzerakoan aintzat hartzen diren irizpideak honakoak dira:

• Lan merkatura sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboak (desgaitasuna duten pertsonak, besteak beste) eta gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan daudenak laguntzea.
  
• Lan merkatuan gizonezkoen eta emakumezkoen artean dauden desberdintasunak ezabatzea. Emakumeen okupazio indize baxuko sektoreak kontuan hartzea, ardura postuetan emakumeak kontratatzea, berdintasun planak aurkeztea aintzat hartuko da esleitzeko garaian.
  
• Kalitatezko enplegua sustatzea, hau da, enpresa horien langileei eta azpikontratatutako enpresen langileei oinarrizko lan eskubideak errespetatuko zaizkiela eta lan baldintza duinetan eta segurtasunaz lan egingo dutela bermatzea.
  
• Ingurumenarekin lotutako irizpideak. Eraginkortasun energetikoa, ahalik eta hondakin gutxien sortzea, tokiko produktuak eta produktu ekologikoak erabiltzea…
  
• Bidezko merkataritza sustatzea.
  
• Hizkuntzarekin lotutako irizpideak ere aintzat hartuko ditu, legeak ezartzen duen moduan, herritarren hizkuntz eskubideak modu eraginkorrean bermatzeko helburuarekin.

Eragileen artean adostutako araua

Garbiñe Errekondo Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko diputatuaren hitzetan, «sindikatuen, gizarte ekonomiako eragile nagusien eta alderdien partehartzearekin osatu dugu erosketa publiko arduratsuaren foru araua».

Aurreproiektua joan den uztailean aurkeztu zuen Foru Gobernuak. Ondoren, jendaurrean jarri zen eta hainbat eragileen ekarpenak jaso ziren.

Horiek txertatu ostean, Garbiñe Errekondo diputatua eta Maider Ziganda zuzendaria EHNE, ENBA, ELA, LAB eta CCOO sindikatuetako ordezkariekin bildu ziren arauaren edukia azaltzeko eta haien iritziak jasotzeko.

Sindikatuek begi onez ikusi zuten foru araua eta haien ekarpenak egin zituzten. ELAren iritziz, «orain arte araututa zegoenaren aldean aurrerapausoa eman du Gipuzkoako Foru Aldundiak», eta, horren ondorioz, sindikatuak «balorazio positiboa egin du».

Sindikatuen iritziez gain, gizarte ekonomian diharduten eragileen ekarpenak –Gureak eta REAS elkartearenak- ere jaso zituzten GFAko ordezkariek.

Batzar Nagusietan aurkeztu zen eta eragileek, Bilduk, EAJk, PSEk eta PPk egindako proposamen batzuek isla izan dute foru arauan.  

Maider Zigandaren esanetan, «balorazioa oso positiboa da. Ikusi besterik ez dago aho batez onartu dela Batzar Nagusietan eta sindikatuek balorazio positiboa egin dutela publikoki. Hori ez da askotan gertatzen. Ekarpenak jaso ditugu bai sindikatuetakik, bai gizarte ekonomiaren eragileengandik baita talde politikoengandik ere. Horietako batzuk txertatu dira eta testua hobetzen lagundu dute».

Foru arau honek gizarte justuago baten oinarriak jartzen laguntzeko garrantzitsua da, «kontuan hartuta, Foru Aldundiak 107 milioi euroko kontratazio espedienteak onartu zituela 2013an», gogorarazi du Garbiñe Errekondok. 

Garbiñe Errekondo diputatuak gogorarazi duenez, «gizarte sozialki justuago bat nahi badugu, behar handienak dituzten pertsonak integratzen dituen gizartea nahi badugu, ingurumena, kontsumo arduratsua, hizkuntza eskubideak eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzen dituen gizartea nahi badugu, irizpide horiek kontuan hartzen dituzten enpresak kontratatu behar ditugu».

Foru araua betetzen dela bermatzeko xedez, konpromisoak betetzen ez dituzten enpresak zigortzeko mekanismoak aurreikusten ditu arauak berak. Izan ere, betekizunek funtsezko izaera badute eta ez baditu betetzen, kontratua etengo zaio enpresari. Funtsezko izaera ez badute, kontratuaren aurrekontuaren %10 arteko zigorra ezarriko zaio, ez betetzearen larritasunaren arabera.

Foru Arauaren testua eransten da

La norma de cláusulas relativas a la compra pública socialmente responsable está en vigor. La citada norma foral impulsada por el Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa recoge aportaciones de numerosos agentes sociales y ha recibido el apoyo de todas las fuerzas políticas que componen las Juntas Generales.

Para la promoción de una compra pública socialmente responsable, se incorporarán cláusulas sociales en todas las contrataciones que realicen tanto la Diputación Foral como la totalidad de sus sociedades dependientes. Tales criterios y la manera de incorporarlos a los contratos serán regulados en lo sucesivo por la recien aprobada norma foral de compra pública responsable.

Según ha señalado Garbiñe Errekondo, diputada de Administración Foral y Función Pública, “la confección final de la norma foral de compra pública responsable se ha realizado con la participación de los sindicatos, de los principales agentes de la economía social, y de los partidos”.

La citada norma foral ha supuesto un avance, porque unifica los criterios de los diferentes ámbitos: “Hasta ahora no existía una normativa general sobre este tema. Existían normas relacionadas con temas concretos, como por ejemplo, el uso lingüístico, la igualdad de género y la norma que se aprobó para obras. Con esta norma hemos reunido los criterios sociales de todos los ámbitos, y se podrá aplicar a todo tipo de contratos”, ha remarcado Maider Ziganda, directora de Modernización y Servicios, quien ha dirigido el proceso de elaboración de la presente norma.

Según la nueva norma, los contratos que realice la Diputación Foral, además de hacerse con el suministro de servicios en las mejores condiciones, tendrán en consideración las políticas para el fomento de una sociedad más justa. Los criterios a tomar en cuenta en la adjudicación de los contratos son los siguientes: 

• Ayudar a los colectivos que tengan especial dificultad para la inserción laboral (personas con discapacidad, entre otras) y a personas en situación o riesgo de exclusión social.
  
• Eliminar las diferencias existentes en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Tomar en consideración a los sectores con menos índice de ocupación femenina; contratar a mujeres en puestos de responsabilidad; también se tendrá en cuenta la presentación de planes de igualdad en el momento de la adjudicación.
  
• Promover un empleo de calidad, es decir, garantizar la seguridad y las condiciones dignas de trabajo y el respeto de los derechos laborales básicos al personal de tales empresas y al de las empresas subcontratadas.
  
• Criterios relacionados con el medio ambiente. La eficiencia energética, la creación de la menor cantidad posible de residuos, la utilización de productos locales y ecológicos…
  
• Promoción del comercio justo.
  
• También se tomarán en consideración criterios relacionados con el idioma, tal y como establece la ley, con el fin de garantizar, de un modo eficaz, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Una norma consensuada entre los diferentes agentes

El anteproyecto fue presentado el pasado julio por el Gobierno Foral. A continuación, fue sometido a información pública, y se recibieron las aportaciones de diferentes agentes.

Una vez incorporadas las aportaciones, la diputada Garbiñe Errekondo y la directora Maider Ziganda se reunieron con los sindicatos EHNE, ENBA, ELA, LAB y CCOO, a fin de dar a conocer el contenido de la norma y recabar sus opiniones.

La norma foral recibió una buena acogida por parte de los sindicatos, que también realizaron sus aportaciones. En opinión de ELA “la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un paso adelante con respecto a la regulación anterior”, y, en consecuencia, el sindicato “ha realizado una valoración positiva”.

Además de las opiniones de los sindicatos, los representantes de la DFG también recibieron las aportaciones de los agentes que operan en la economía social –asociaciones Gureak y REAS–.

El texto resultante de este trabajo en común fue presentado en las Juntas Generales. Algunas de las aportaciones realizadas por los agentes, por Bildu, EAJ, PSE y PP también han tenido reflejo en la norma foral. 

En palabras de Maider Ziganda, “la valoración ha sido muy positiva. Así lo demuestra la aprobación por unanimidad en las Juntas Generales y la valoración positiva realizada públicamente por los sindicatos. Algo que no ocurre a menudo. Hemos recibido aportaciones tanto de los sindicatos como de los agentes de la economía social y también de los grupos políticos. Algunas de ellas se han incorporado y han contribuido a la mejora del texto”.

Esta norma foral es importante ya que sirve para poner las bases de una sociedad más justa, “teniendo en cuenta que la Diputación Foral aprobó en 2013 un conjunto de expedientes de contratación por valor de 107 millones de euros”, según ha recordado Garbiñe Errekondo.

También ha recordado la diputada Garbiñe Errekondo que “si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad que integre a las personas más necesitadas, si queremos una sociedad que apoye el medio ambiente, el consumo responsable, los derechos lingüísticos y la igualdad entre mujeres y hombres, debemos contratar a empresas que tengan en cuenta esos criterios”. 

A fin de garantizar el cumplimiento de la norma foral, ella misma prevé unos mecanismos para penalizar a las empresas que incumplan sus compromisos, de manera que, cuando se trate de obligaciones a las que se atribuye un carácter esencial, se podrá rescindir el contrato a la empresa. Si no tienen carácter esencial, se le impondrá una penalidad cuya cuantía podrá alcanzar el 10 % del presupuesto del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.

Se adjunta el texto de la Norma Foral

El reto se centra en que las instituciones tengan en cuenta a la hora de contratar a empresas cuestiones como el trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social y la igualdad de oportunidades.

¿Es posible que las administraciones incorporen criterios sociales, éticos o medioambientales en la contratación pública? Sí. ¿Y lo hacen en la actualidad? Cada vez hay un mayor conocimiento del tema, pero «hay mucho trabajo por hacer en materia de sensibilización y formación», asegura Leire Álvarez de Eulate, integrante de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y responsable del área de Compra Pública Socialmente Responsable.

«Hay ciertas resistencias a cambiar la forma de trabajar y no siempre se ve el impacto que puede tener incluir este tipo de criterios en las contrataciones», apunta.

Desde REAS Euskadi se han organizado unas jornadas formativas sobre compra pública responsable que se celebrarán en varias localidades de Gipuzkoa la próxima semana. Las jornadas van dirigidas al personal técnico jurídico, secretarios, interventores, personal técnico en general de las administraciones públicas y a los cargos públicos. Pero, ¿qué se entiende por compra pública socialmente responsable? La Comisión Europea la definió en 2011 como las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y un cumplimiento más amplio de la responsabilidad social de las empresas.

Sobre la concienciación de las administraciones, Álvarez de Eulate considera que «cada vez hay un mayor conocimiento del tema, aunque continúa habiendo mucho trabajo por hacer en materia de sensibilización y formación». «La contratación pública», añade, «puede y debe contribuir al impulso de otro tipo de políticas sociales, ambientales, etc. Resulta ilógico transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, o que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, o que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación». Por el contrario, la coherencia y la eficacia se demuestra al utilizar los contratos (y los fondos públicos) a «favor de empresas responsables que faciliten la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Es necesario, por lo tanto, que las administraciones públicas, al adjudicar sus contratos, adopten medidas que favorezcan la inserción sociolaboral, la igualdad de mujeres y hombres, el comercio justo o el empleo de calidad».

Cláusulas sociales

Algunas administraciones sí incluyen cláusulas sociales en sus pliegos de contratación y se han dotado para ello de instrucciones, acuerdos y ordenanzas a través de las cuales deben incorporarse preceptivamente a sus contratos públicos. Es lo que se conoce como modelos integrales. Es el caso del Ayuntamiento de Donostia y el de Vitoria. «Tienen sendas instrucciones sobre la materia. Sin embargo, aún tienen que trabajar mucho en el desarrollo práctico de las mismas y en la implantación de sistemas de seguimiento y evaluación que les permitan medir el impacto de estas políticas. En este tema, como en tantos otros, es fundamental la implicación tanto política, de los cargos públicos, como técnica, del personal que se encarga de preparar los pliegos, aprobarlos, etc».

Los criterios sociales se pueden incorporar en diferentes momentos. «Lo primero que puede hacer una administración», explica Álvarez de Eulate, «es reservar ciertos contratos, es decir, limitar la participación en la licitación de los mismos a los centros especiales de empleo o las empresas de inserción [es decir, empresas que emplean a personas con discapacidad o a personas en situación o riesgo de exclusión]. El Ayuntamiento de Barcelona por ejemplo, reservó en 2013 contratos por valor de ocho millones de euros a este tipo de empresas». Los criterios sociales pueden incorporarse también en el propio objeto del contrato, ya que la ley señala que el objeto debe ser determinado, pero es la administración la que decide qué es lo que quiere contratar. Además, pueden incluirse en la fase de valoración como criterios de adjudicación, es decir, dar puntos a las empresas que en su propuesta se comprometan a cumplir determinados criterios sociales. «Y pueden añadirse en la fase de ejecución del contrato, una vez adjudicada la obra o servicio, como condición de ejecución, obligando a la empresa adjudicataria a cumplir determinadas cuestiones de carácter social durante la ejecución del contrato».

Gasto público eficaz

Al final, de lo que se trata es garantizar gastos públicos más eficaces, algo imprescindible siempre pero más en la actualidad. «La contratación pública socialmente responsable no se trata de una política residual ya que el conjunto de entidades públicas constituyen el primer empleador del estado y el más importante consumidor, cuya contratación de bienes, obras y servicios supera el 16% del Producto Interior Bruto».

El actual marco jurídico zanja de raíz las objeciones jurídicas respecto a las cláusulas sociales, lo que ratifican las numerosas experiencias y buenas prácticas existentes. «El reto actual se centra en avanzar de forma progresiva para que nuestras administraciones públicas utilicen sus contratos como eficaces instrumentos de promoción de oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, comercio ético e igualdad de mujeres y hombres, logrando así efectos que vayan más allá de la mera ejecución de una obra, la prestación de un servicio o la adquisición de un suministro».

Eduardo Azumendi

LEMOA. El pleno de Lemoa aprobó ayer la inclusión de criterios sociales en los contratos que firme el Ayuntamiento. Para ello, aceptaron seguir unas bases que velen porque las empresas y servicios que trabajen para el Consistorio de la localidad arratiarra no solo sean elegidas por su oferta económica, sino por su compromiso con el medio ambiente, la igualdad y la ética.

Por ejemplo, primarán a aquellas firmas que cumplan con las convenciones internacionales sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos del personal, el trabajo infantil, etc. Para asegurarse de que los contratos incluyan este tipo de condiciones especiales, el Ayuntamiento creará una comisión técnica que realizará un seguimiento de los contratos que se firmen.

En base a estas cláusulas, el Ayuntamiento echará mano, entre otros estamentos, de los centros especiales de empleo o empresas de inserción. Así, los diferentes departamentos del Consistorio deberán reservar anualmente determinados contratos a este tipo de firmas registradas. Los centros especiales de empleo, cuando siete de cada diez empleados tengan alguna incapacidad que no les permita ejercer una actividad profesional en condiciones normales, podrán ser elegidos para trabajos sin límite de cuantía. Mientras, las empresas de inserción podrán ser llamadas a efectuar los denominados como contratos menores, de bajo coste; la cuantía a invertir en este tipo de empresas será aprobada de forma anual por el pleno.

En el momento de definir el objeto del contrato, es decir, el servicio que se busca, los funcionarios tendrán en cuenta el valor ambiental, ético y social de los productos y servicios que necesiten adjudicar así como la perspectiva de género o las condiciones lingüísticas.

Estas bases explican además que, ante dos ofertas de empresas igualmente ventajosas, el Ayuntamiento podrá decantarse por entidades sin ánimo de lucro u organizaciones que trabajen con productos obtenidos del llamado comercio justo. Todas estas condiciones especiales deberán estar explicadas en el anuncio de licitación que redacte el Ayuntamiento cuando busque a una empresa para realizar un servicio específico. Asimismo, estos nunca podrán resultar discriminatorios.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación pública que introducen criterios sociales y medioambientales en las licitaciones y fija condiciones más estrictas para la subcontratación. Además, incluye un fuerte respaldo a las certificaciones de Comercio Justo.

El gobierno municipal aprueba este viernes una guía con criterios para introducir en los pliegos de condiciones.

Las cláusulas sociales son herramientas con las que cuenta la Administración Pública a la hora de contratar para realizar acciones positivas en distintos ámbitos, como el empleo, la igualdad, la inserción social, la protección del medioambiente … dentro de las condiciones que establece la Ley de Contratos.

Esta colaboración se desarrollará en distintas fases: análisis de las cláusulas sociales incorporadas en el Ayuntamiento en el periodo 2007-2012; sistematización e implantación de las citadas cláusulas, formación de personal técnico y difusión de resultados.

Se establecerán objetivos anuales para la incorporación de criterios en los pliegos de la contratación pública al objeto de promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, el Comercio Justo, la Interculturalidad …

REAS Euskadi-Red de Economía Alternativa y Solidaria es una entidad cuyo objetivo es conseguir el fortalecimiento y reconocimiento de la economía solidaria y de las empresas solidarias en la Comunidad Autónoma Vasca, potenciando el impulso de experiencias e instrumentos que generen alternativas transformadoras en la esfera social y económica.

Este convenio se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Getxo para establecer alianzas y colaboraciones publico-privadas a la hora de promover el desarrollo local.

Adjudicados por importe de 39.323 euros los servicios de jardinería de doce institutos navarros a cuatro empresas de empleo protegido

Los centros objeto de la adjudicación se ubican en Barañáin (2), Pamplona (6), Burlada (3) y Sangüesa (1)  

El Gobierno de Navarra destinará 39.323 euros a la adjudicación de cuatro lotes de servicios de jardinería (mantenimiento de césped y zona arbolada) de doce Institutos de Educación Secundaria y Especial de Barañáin, Pamplona, Burlada y Sangüesa, a centros especiales de empleo y de inserción sociolaboral.

En concreto, dos de los institutos se ubican en Barañáin (IES Barañáin e IES Alaiz), seis en Pamplona (IES Donibane, Iturrama B.H.I., IES Julio Caro Baroja, IES Eunate, CEE Andrés Muñoz Garde y B.H.I. Biurdana), tres en Burlada (Askatasuna B.H.I., IES Ibaialde-sección FP e IES Ibaialde-Burlada) y uno en Sangüesa (IES Sierra de Leyre).

Por su parte, las empresas adjudicatarias y el importe de la adjudicación son: Aspace (10.423 euros), Tasubinsa (10.845 euros), Elkarkide (8.035 euros) y Josenea Asociación Laboral (10.020 euros).

Cabe recordar que, en noviembre del 2011, se constituyó la Comisión de Apoyo al Empleo Protegido del Gobierno de Navarra con el fin de velar porque se cumpla el mandato legal contenido en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que obliga a las administraciones públicas de Navarra a reservar el 6% de los contratos a los centros especiales de empleo (CEE), empresas que emplean a personas con dispacidad, y a los centros de inserción sociolaboral (CIS), que ofrecen formación y empleo para integrar en el mercado de trabajo a personas en riesgo de exclusión.

La obligación legal de reservar el 6% de la contratación de las administraciones públicas a estos centros data de 2010. Antes, la norma se limitaba a recomendarlo pero no exigía ningún porcentaje de contratación concreto. La nueva redacción, sin embargo, exige a las administraciones públicas la creación de un sistema que permita asegurar el cumplimiento de la ley, facilitando así a los CEE y a los CIS que tengan trabajo suficiente en estos tiempos de crisis.

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Foto: Josenea

En navarra hay 17 centros especiales (1.258 contratos) y 13 cies (195), y empleo pagó en 2011 un millón de déficit

El Gobierno de Navarra aprobó ayer la creación de una comisión que apoyará para que se cumpla el mandato legal de destinar el 6% e los contratos públicos a centros especiales de empleo (CEE) y de inserción sociolaboral (CIS).

En Navarra hay en la actualidad 17 CEE que dan trabajo a 1.258 personas con discapacidad y otros 13 CIS que emplean a 195 personas más y ahora el Gobierno quiere, según explicó ayer el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que esta comisión coordine para su contratación a todos los departamentos y empresas públicas que forman la Administración foral. De esta manera el Ejecutivo foral pretende cumplir con una ley que establece desde 2010 la obligación de adjudicar a estos centros el seis por ciento del empleo, ya que antes sólo era una recomendación a las administraciones que reservaran algunos de sus contratos para ellos. Facilitando así a los CEE y a los CIS que tengan trabajo suficiente en este tiempo de crisis. Se entiende que un aumento de trabajo de estos centros» repercutirá en un ahorro en las cantidades que el Gobierno de Navarra destina a ellos para contribuir a su viabilidad, puesto que, si tienen trabajo, requerirán de menos ayuda pública en forma de subvenciones».

Y es que las ayudas del Gobierno de Navarra destinadas a paliar el déficit de estas entidades ha alcanzado el millón de euros este año 2011. Además, en los últimos tres años, el Gobierno ha destinado más de 38 millones de euros para subvencionar a los CEE y CIS los salarios de las personas con discapacidad, los costes de Seguridad Social de estas personas, las unidades de apoyo, las inversiones, las asistencias técnicas y la formación, reiteran.

A partir de ahora esta nueva comisión se encargará de coordinar a departamentos del Gobierno y empresas públicas para que se cumpla con la reserva de contratos, al tiempo que impulsará el desarrollo reglamentario de este mandato legal con la colaboración de las distintas consejerías.

La comisión estará dirigida por la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente e integrada por el director gerente del Servicio Navarro de Empleo, los directores generales de Presupuestos y Asuntos Jurídicos y Presidencia, un representante de la Asociación de Centros de Empleo de Navarra (Acemna), un delegado de la Comisión de Centros Especiales de Empleo sin ánimo y otro de la Asociación Navarra de Centros de Inserción Sociolaboral. En su primera reunión el Gobierno les ha encomendado que aprueben la planificación de los distintos departamentos en cuanto a contratación, incluyendo los contratos que se pretenden reservar con arreglo al mandato establecido por la ley.

La misma noticia en Diario de Navarra: El Gobierno de Navarra crea una comisión de apoyo al empleo protegido

164 personas participaron en las jornadas sobre Contratación Pública Sostenible y cláusulas sociales organizadas por REAS Euskadi y Gizatea en Vitoria-Gasteiz (25 de marzo), Getxo (31 de marzo) y Donostia (5 de abril), en el marco del trabajo que desarrolla REAS Euskadi sobre Compra Pública Responsable en el Centro de Innovación Social Eutokia.

Las jornadas, que contaron con la participación de Santiago Lesmes, técnico experto en la materia, estaban dirigidas al personal técnico y jurídico de las administraciones públicas vascas y a las entidades de REAS y Gizatea, con un doble objetivo de sensibilización y formación en este tema.

La participación por parte de la administración fue numerosa, 108 personas, 67 de las cuales en representación de 16 ayuntamientos y 3 mancomunidades (41%), 36 en representación de las 3 diputaciones (22%) y 5 representantes de partidos políticos (3%). El resto de participantes pertenecían a las entidades de REAS y Gizatea y a otras entidades sociales.

En las jornadas de Vitoria-Gasteiz y Getxo, Manuel Pérez de Lazarraga, del servicio de contratación del departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó la instrucción para la incorporación de criterios sociales en la contratación del ayuntamiento que entró en vigor en noviembre de 2010 y compartió los avances que ya se han realizado en la aplicación práctica de dicha instrucción. En la jornada de Donostia, Goizane Álvarez Irijoa, Presidenta de Bidasoa Activa y Delegada de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio del Ayuntamiento de Irún presentó la instrucción que han elaborado y cuya aprobación está prevista para este mes de abril.

Estas jornadas han facilitado un espacio para compartir las dudas y dificultades que surgen en la práctica a la hora de incorporar criterios sociales en la contratación pública y para aclarar las posibilidades existentes y presentar ejemplos de buenas prácticas.

Desde REAS Euskadi y Gizatea agradecemos el interés mostrado y esperamos que este sea el inicio de futuras colaboraciones entre las diferentes administraciones públicas vascas y nuestras entidades.

En el marco del trabajo que REAS Euskadi y Gizatea realizamos en materia de Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales, hemos preparado unas jornadas formativas sobre Cláusulas Sociales dirigidos al personal técnico, jurídico, secretarios/as e interventores/as de las diferentes administraciones públicas vascas, así como a responsables de empresas de inserción, entidades sociales y otras personas interesadas.

Esta formación será impartida por Santiago Lesmes, consultor especializado en CPR, y tendrá una duración de 3 horas y media: de 10:30 a 14:00 horas.

Realizaremos tres talleres:

:: Araba. Viernes 25 de marzo de 2011. Casa del Cordón, Cuchillería 24, Vitoria-Gasteiz.

:: Bizkaia. Jueves 31 de marzo de 2011. Polideportivo Fadura (Salón de Actos), Avda. de los Chopos s/n, Algorta-Getxo.

:: Gipuzkoa. Martes 5 de abril de 2011. Aieteko Toaplekua (Sala Pagoa), Aieteko Pasalekua, 85 edif. Antiguas Caballerizas, Donostia.

En adjunto, podéis encontrar la invitación y toda la información relativa a fechas, lugar, objetivos y contenidos, así como indicaciones para la inscripción.

Fija en un mínimo de un 6% el porcentaje de reserva de contratos adjudicados, cantidad que se entiende más acorde a la realidad que la derivada de la anterior redacción del artículo 9, donde se establecía una reserva de hasta el 20%

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad Ley Foral por la que se modifica, dotándole de una nueva redacción, el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra, referido a la reserva de contratos a entidades de carácter social.

La Ley Foral presentada por el G.P. SPN tiene por objeto “garantizar la estabilidad y el empleo de los Centros Especiales de Empleo y de los Centros de Inserción Sociolaboral de Navarra”, especialmente afectados por la “destrucción de puestos de trabajo” ligada a la actual coyuntura económica.

A tal fin, el nuevo texto fija en “un mínimo de un 6%” el porcentaje de reserva de contratos adjudicados, cantidad que se entiende “más acorde a la realidad” que la derivada de la anterior redacción del artículo 9, donde se establecía una reserva de “hasta el 20%” cuya ejecución ha resultado “nula”, debido, en parte, a que “no era de obligado cumplimiento”.

El artículo único de la Ley 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra otorga una nueva redacción al artículo 9, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 9. Reserva de contratos a entidades de carácter social.
1. Las entidades públicas sometidas a la Ley foral deberán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas o en situación de exclusión social que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
2. El importe de los contratos reservados será de un 6%, como mínimo, del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
3. Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición”.

· www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines.asp
· Publicación de la proposición de Ley Foral (BOPN, n.º 58, de 09-06-2009)
· Publicación de las enmiendas (BOPN, n.º 110, de 06-11-2009)
· Publicación del dictamen (BOPN, n.º 114, de 17-11-2009)

El Ayuntamiento valorará las ofertas de empresas que favorezcan la paridad en sus plantillas. Entidades sancionadas por trato discriminatorio no podrán optar a ayudas del consistorio, conforme a los criterios aprobados.

La configuración de una plantilla paritaria en las ofertas de las empresas que concurran a licitaciones en el Ayuntamiento de Alsasua sumará puntos, según se deduce de las modificaciones introducidas en el pliego base de las contrataciones municipales.

Los cambios responden a la voluntad del consistorio de incorporar la denominada «perspectiva de género» en las bases de contratación, en lo que -en palabras de la titular de la comisión de la Mujer, la socialista Mari José Notario- constituye una novedad en Navarra, excepción hecha de Burlada que cuenta con un texto similar, según la propia edil. «De momento creemos que el criterio de la igualdad de género no se ha aplicado en Navarra en las contrataciones municipales. Hoy podemos decir que Alsasua está en condiciones de hacerlo», significó Notario.

De manera específica, el pliego base aprobado, que servirá de orientación en la elaboración de cada una de las licitaciones que saque a concurso la corporación alsasuarra, reconoce «la posibilidad de incorporar criterios sociales relacionados con el fomento de la igualdad de oportunidad entre hombres ymujeres». Del mismo modo, faculta al consistorio para rechazar las ofertas de aquellas empresas que hayan «sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades».

La apuesta por reconocer la figura de la mujer en el estamento administrativo prima asimismo en los cambios aprobados en la ordenanza de subvenciones, que insta a particulares y entidades a presentar la documentación precisa con el uso «de un lenguaje e imágenes no sexistas, indicadores de género en su evalucación y datos desagregados por géneros». En la concesión, el Ayuntamiento «valorará positivamente la participación paritaria» de las asociaciones que aspiren a obtener ayudas, ya fuesen en sus órganos de responsabilidad como en las actividades que promuevan.

Condiciones de igualdad

Las solicitudes, que a título individual o colectivo, se formulen en el capítulo de subvención por quienes tengan «fines, sistemas de administración, funcionamiento, trayectoria o actuaciones contrarios al principio de igualdad entre mujeres y hombres» serán rechazadas. Tampoco se admitirán las tramitadas por «sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por discriminación salarial, acoso moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de sexo».

Los criterios adoptados tanto en las contrataciones como en la concesión de subvenciones son el resultado de un trabajo previo de diferentes departamentos municipales, según destaca Mari José Notario. «En Deportes, por ejemplo, se ha visto que un buen porcentaje del dinero se destinaba a actividades de hombres. El intento se dirige ahora a crear grupos mitxos», agrega la propia edil.

Prevé la posibilidad de reservar la participación en la adjudicación de contratos a estos centros

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy las instrucciones para la aplicación del artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral.

Según se establece en estas instrucciones, siempre que sea posible, dada la naturaleza de las prestaciones a contratar, en determinados procedimientos de adjudicación que tramiten los órganos de contratación se reservará la participación a Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción Sociolaboral.

El importe de los contratos adjudicados a estas entidades durante cada ejercicio deberá suponer, al menos y siempre que sea posible, un mínimo del diez por ciento del importe total de los contratos adjudicados por el órgano de contratación en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, sin superar en ningún caso el veinte por ciento del importe de éstos. En caso de contratos de carácter plurianual o de prórroga de contratos se computará a estos efectos el importe de los contratos adjudicados a los contratistas para el ejercicio que corresponda.

Los órganos de contratación tramitarán los procedimientos de adjudicación en los que se reserve la participación a Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción Sociolaboral conforme a lo previsto en la Ley de Contratos Públicos.

Por Acuerdo de 9 de febrero de 2009 se establecen las medidas a adoptar en la contratación pública para paliar los efectos de la crisis económica sobre los discapacitados y otros colectivos de personas con riesgo de exclusión social, entre ellas la de reservar contratos públicos a entidades de carácter social, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

En cumplimiento del punto segundo de la parte dispositiva del Acuerdo, el Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad ha elaborado la propuesta de instrucciones para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Las instrucciones ahora aprobadas tienen por objeto determinar los criterios que han de observarse en la aplicación de las previsiones establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Así, se definen los Centros Especiales de Empleo como “aquellos centros cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad”. Su plantilla tiene que estar formada al menos en un 70% por minusválidos con una reducción de, al menos, un 33% de su capacidad para el trabajo, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para el desarrollo de su actividad. Para poder actuar en el mercado requieren de la calificación e inscripción en el Registro de Centros del Servicio Navarro de Empleo.

Los Centros de Inserción Sociolaboral, cuyos requisitos se especifican en las instrucciones, son “Aquellos centros de trabajo cuyo objeto es la incorporación sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, fundamentalmente, mediante procesos personalizados de formación y trabajo”. La calificación como centro de inserción se realiza mediante Resolución del Servicio Navarro de Empleo previo informe favorable del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte sobre la idoneidad del centro de inserción para el cumplimiento de sus objetivos.

Rueda de prensa en audio y en vídeo.

El pasado jueves, día 28 de Mayo, se procedió a la firma del compromiso adquirido entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Consorcio de entidades integrado por Emaús Fundación Social, Bakeaz e Ideas. Con la firma, el Ayuntamiento de San Sebastián se compromete a impulsar criterios sociales, éticos y ecológicos en las decisiones de compra pública de productos y contratación pública de servicios, en los pliegos de contratación del propio Ayuntamiento.

La firma de este compromiso ha sido posible gracias al impulso dado por Ainhoa Beola, Concejala de Normalización Lingüística, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián, y a todo su equipo.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el marco de la celebración de una Jornada Formativa sobre “Compra Pública Ética en las Administraciones Públicas Vascas” que se desarrolló durante la mañana del jueves 28 Mayo en el Ayuntamiento de San Sebastián. La presentación de la Jornada Formativa corrió a cargo de la Concejala Ainhoa Beola, para dar paso a las presentaciones de las instituciones que conforman el Consorcio.

Blanca Vega, de Emaús Fundación Social, presentó el proyecto genéricamente explicando los tipos de compras y contrataciones que pueden realizar las administraciones públicas, explicando el concepto de responsabilidad social corporativa y su regulación legal. Ana Izquierdo, de Bakeaz, destacó los aspectos metodológicos, estructurales y de compra verde del proyecto en el que se pretende involucrar al mayor número posible de Administraciones Públicas. Acabando la primera parte de la jornada con una exposición centrada en lo que entendemos por comercio justo, su regulación y unas buenas prácticas del comercio justo que realizó Laura Rodríguez, de Ideas.

A media mañana, un desayuno de “comercio justo” fue servido deleitando a todos los asistentes con productos como: mermeladas de piña y melocotón, crema de cacao, arándanos, galletas de miel y chocolate, quinua, chocolates, cafés y te.

Después del desayuno, se reanudó la Jornada formativa con la exposición que realizó Santiago Lesmes, experto en la aplicación de cláusulas sociales en los contratos que realizan las Administraciones Públicas. Contamos, asimismo, con un caso real de buenas prácticas en la Administración Pública que corrió a cargo de las técnicas de Agenda 21 y Gestión de Compras del Ayuntamiento de San Sebastián, Ana Juaristi y Ana Bergua. Y por último, como colofón, participó la Presidenta del Foro de RSC de Guipúzcoa, Sylvia Gay, que contó en primera persona, la experiencia que está viviendo con la creación del Foro de RSC de Guipúzcoa y la creación de la red de redes que se quiere conformar en torno a la RSC en el País Vasco.

El objetivo, tanto de la firma como de la jornada formativa, es contribuir a formar y sensibilizar a las Concejalías, Técnicos/as -expertos en las áreas de Cooperación, Comercio Justo, Agenda 21-de los Ayuntamientos, a importadoras de comercio justo y a empresas de inserción social, con prácticas que tratan de combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo y ayudar a promocionar el Desarrollo Humano Sostenible, entre todos.

Se pretende que las administraciones públicas locales vayan incorporando criterios éticos en la compra de sus productos y en la contratación de sus servicios. Estos criterios éticos -que lo ideal es que se recojan en los pliegos públicos- deben hacer referencia al cumplimiento de mínimos u obligaciones que avalen la dignidad de las condiciones laborales, de igualdad de género, contra la explotación infantil o de respeto al medio ambiente, entre otros.

Todo ello no hubiera sido posible sin la presencia de los asistentes que participaron durante la jornada exponiendo sus casos prácticos concretos, observaciones y preguntas. Agradecimientos a los siguientes asistentes: Ayuntamiento de San Sebastián, Ayuntamiento de Aretxabaleta, Ayuntamiento de Rentería, Ayuntamiento de Pasajes, Ayuntamiento de Zarautz, Ayuntamiento de Legazpi, Ayuntamiento de Irún, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, REAS Euskadi, COPADE, Intermon Oxfam, Aloban, Ideas, Universidad del País Vasco, Amuitz-Empresas de Inserción, Mercadeco, Urdanetakoak, Donostia Bizikletan, Kalidadea y Oarsoaldea, entre otros.

Toda esta actividad queda enmarcada dentro del proyecto autonómico “La Contratación Pública Ética en las Administraciones Públicas vascas”, impulsado a su vez por entidades sociales que trabajan en el sector, y financiado por el Gobierno Vasco y la BBK.

Noticia en El Diario Vasco: «El Ayuntamiento se compromete con el comercio justo«.

El Parlamento modifica la Ley de Contratos Públicos para poder introducir «cláusulas sociales»

La comisión de Economía y Hacienda aprueba por unanimidad la modificación propuesta por NaBai

La comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral aprobó ayer la modificación de la Ley de Contratos Públicos para posibilitar y dar cobertura legal a la introducción de «cláusulas sociales» en las contrataciones públicas. La iniciativa, aprobada por unanimidad y que deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento, modifica el artículo 51 de la ley, referido a los «criterios de adjudicación del contrato», y según la exposición de motivos de NaBai, promotora de la iniciativa, pretende «favorecer la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos mediante la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de las administraciones». La propuesta de la coalición finalmente se ha completado con una enmienda del PSN, y con otra enmienda in voce de NaBai, ambas aprobadas por unanimidad.

Así, el artículo contempla ahora que «el precio ofertado se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo, cuando aquel constituya el único elemento determinante. En todo caso, los contratos de concesión se adjudicarán a la oferta más ventajosa». Además, las administraciones podrán incorporar en la contratación pública criterios que respondan «a las necesidades de las personas discapacitadas, las desfavorecidas del mercado laboral, las precarizadas laboralmente, las dirigidas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, y al cumplimiento de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo o a garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universal para todas las personas». La moción in voce lo que haces es concretar, de forma genérica, los colectivos a los que aplicar los criterios sociales establecidos en el apartado.

«Lo que se ha aprobado se basa en una triple rentabilidad: rentabilidad económica porque la Administración reducirá las cuantías destinadas a recursos de incorporación laboral; rentabilidad humana al mejorar su calidad de vida e inserción social; y por último, rentabilidad social al dedicarse los excedentes para fines sociales», destacó ayer el parlamentario de NaBai, Ioseba Eceolaza.

Otras informaciones que completan la noticia:
11 nov 08: Cuatro ayuntamientos navarros usarán un código ético en sus contrataciones
26 sept 08: El Parlamento Navarro a favor de las «cláusulas sociales»
17 sept 08: Presentación de la Guía de Contratación Pública Sostenible
10 sept 08: Comparecencia en el Parlamento de Navarra sobre la contratación pública sostenible

BURLADA, VILLAVA, ZIZUR MAYOR Y BERRIOZAR USARÁN UN CÓDIGO ÉTICO EN SUS CONTRATACIONES

Expertos de REAS trabajan con los técnicos municipales y ediles sobre criterios sociales

Se baremará en compras públicas la inserción de grupos desfavorecidos, la igualdad, medio ambiente y comercio justo.

pamplona. Cuatro ayuntamientos de la Comarca de Pamplona (Burlada, Villava, Zizur Mayor y Berriozar) se han comprometido a aplicar un código social y ético en su política de contrataciones, en plena crisis económica. Dos expertos jurídicos de la Red de Economía Alternativa y Solidaria trabajan codo a codo en la formación del personal técnico de estos ayuntamientos (secretarios, interventores, arquitectos, técnicas de igualdad…) así como de cargos públicos para la preparación o revisión de los condicionados que rigen las diferentes adjudicaciones de obras, suministros y servicios tanto de los consistorios como sus organismos autónomos (no personal). El servicio de asesoramiento, un proyecto piloto impulsado por REAS, cuenta con ayudas del Gobierno foral y con recursos de los propios ayuntamientos, y existen otros ayuntamientos en lista de espera que apuestan por una compra «verde, ética y social». El factor sostenible abarca desde la adquisición de material de oficina hasta la contratación de un servicio como la atención domiciliaria. El trabajo implica además a «todo el personal» municipal que decide así desde una óptica «transversal» sobre contratos de diferentes áreas municipales.

La clave es establecer unos criterios a la hora de contratar a una empresa o un profesional. El término sostenibilidad engloba la inserción de colectivos desfavorecidos (discapacitados y personas en riesgo de exclusión), calidad en el empleo (temporalidad, salarios…), igualdad de género (conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad salarial, más mujeres contratadas en sectores discriminados…), medio ambiente y comercio justo (tienen un sello y están en el mercado).

Significa mucho más que comprar aquel café donde el productor haya recibido un salario justo o maderas que garanticen una tala sostenible de bosques. La economía solidaria, alternativa al modelo económico actual neoliberal, introduce un elemento de «responsabilidad» en las contrataciones públicas y consigue que las administraciones más próximas al ciudadano no se limiten a seguir criterios «economicistas». Esta gestión ética no encarece la gestión -lo único que puede ser más caro es la compra solidaria pero con otros réditos sociales, aseguran- y sí resulta más «eficiente» además de suponer una «inversión» a futuro, admiten sus responsables.

Existen por otro lado herramientas legales que las Administraciones Públicas disponen para empezar a incluir la sostenibilidad como criterio a la hora de realizar la contratación de bienes y servicios, tal y como ya se realiza ahora con el precio, la calidad o el servicio prestado, éste último criterio todavía predominante, además de respetar unos principios generales de transparencia y la libre competencia. «No se pueden introducir elementos que distorsionen el mercado pero se pueden introducir legalmente otros aspectos», destaca Eliana Alemán. Precisamente una de las principales dudas de los ayuntamientos (todos ellos dirigidos por NaBai salvo Burlada, del PSN, en coalición con NaBai e IU) ha sido la de poder cumplir la legalidad y evitar posibles recursos en la puja entre empresas. «Además, en la medida en que se exija a las empresas, éstas van a ser más responsables, como ya está ocurriendo en Cataluña o País Vasco, más avanzados en esta materia. Y cualquier empresa, por muy grande que sea, puede ser ética si cumple unas condiciones, no estamos hablando de ONG o organizaciones sociales «, concluyen.

Un ejemplo de este modelo de contratación ha sido el Auditorio de Barañáin que adjudicó su servicio de limpieza el año pasado con un baremo que, en colaboración con REAS, introdujo valoraciones sociales. Gracias a ello optaron empresas a las que se exigía que utilizaran productos respetuosos con el medio ambiente y una política interna de contratación de integración de sectores desfavorecidos y mujeres, explica Mikel Artxanko. El reto de estas iniciativas es garantizar «compromisos de continuidad para que no dependa de vaivenes políticos.

inercia Hasta ahora las experiencias que ha habido hasta ahora de este tipo de contrataciones en los ayuntamientos han sido «muy esporádicas». «Sí que ha habido inquietud e interés pero faltaba la parte técnica. También es verdad que muchos técnicos están desbordados de trabajo y de ahí la necesidad de ir poco a poco, con apoyo de profesionales», precisan. La práctica habitual es que «en contratos menores se sigue una inercia por precio o por la empresa con la que ya se viene trabajando». En relación a la tendencia de ir externalizando servicios -fundamentalmente sociales-, recuerdan que existen centros de inserción sociolaboral comprometidos con estos principios. Aclaran también a quienes son más reacios a este tipo de contrataciones que no se pretende «favorecer a determinadas empresas» sino «cierto tipo de comportamiento de empresa»: «Cualquier empresa socialmente responsable no necesita crear ningún centro de inserción social para tener personas excluidas o un convenio colectivo en condiciones».

Una oportunidad para invertir en los sectores sociales desfavorecidos en crecimiento

2.484 personas obtuvieron la renta básica el año pasado en la comarca de Pamplona
Con la excusa de la crisis, en lugar de «fortalecer» lo social, se deteriora el empleo y las condiciones de vida

Contratos más dignos o compras del denominado comercio justo consiguen unos márgenes mínimos para los productores, y la disminución de otros más «especulativos» que se producen en el proceso productivo (muchos de ellos en países subdesarrollados), señala Eliana Alemán, de la Fundación Empresa y Solidaridad, quien por otro lado corrige el término «solidaridad» por «social». A la sociedad le cuesta en realidad más dinero mantener una cobertura social de subsidios que fomentar la contratación de determinados colectivos sociales que, además, cotizan a la Seguridad Social y mejora el nivel de empleo. Y lo mismo vale si hablamos de extranjeros. «Se gana por todos los lados, tiene un efecto multiplicador», precisa. «Debemos ser responsables de lo que sucede a nuestra sociedad, de la realidad social en la que vivimos, donde hay mujeres, jóvenes o extranjeros descolgados del mercado laboral», agrega. Las cláusulas sociales no son además para los sectores más desfavorecidos. «La calidad del empleo y la igualdad es para todos».

Como muestra, en sólo un año la demanda de renta básica en Pamplona ha pasado de 1.500 solicitudes (2006) a 1.941 (2007), mientras que las concedidas realmente fueron 1.577 (2.484 con la Comarca) el año pasado y 1.250 el anterior, lo que significa que hay «mucha más gente en situación de exclusión socia».

«En los últimos años daba la sensación de que estábamos bien, han sido años de bonanza, sin embargo, los más desfavorecidos incluso han empeorado», indica Mikel Artxanko, de la Fundación Auditorio de Barañáin. El último informe de Cáritas Navarra sobre la evolución de la pobreza en los últimos diez años así lo pone de manifiesto.

Desde REAS se reivindica un nuevo modelo económico que destierre el actual sistema neoliberal, y apuesta por «las personas no los beneficios o la viabilidad económica». La banca ética (Fiare) es uno de los ejemplos. Con sede en el local que dispone IPES en el Casco Viejo, y vinculada a un banco popular italiano, constituye una alternativa a la banca tradicional sin ánimo de lucro.

La vivienda es otro de los campos más atacados por la era de la «especulación» y donde las viviendas protegidas se han pagado «el coste», perjudicando a los sectores más desfavorecidos, mientras que en la libre no ha habido «un precio justo», declara Gustavo Muñoz, secretario técnico de REAS. Propugnan que la vivienda social sea en alquiler para los sectores más empobrecidos, asignar una vivienda por familia, y una planificación a través de la administración, entre otras medidas. Añaden que «la sociedad ha fomentado un consumo irresponsable y superficial, y ha potenciado los grandes centros comerciales en lugar de los comercios de barrio». «Con la excusa de la crisis se deteriora el empleo y las condiciones de vida de la gente», añaden. Y les «preocupa» también que el Gobierno foral haya aplicado recortes importantes en políticas sociales, en cultura, educación o política lingüística en los presupuestos. «En momentos de crisis, hay que fortalecer lo social porque más necesidades va a haber», apostillan.

El 16% del PIB se destina a contrataciones públicas

En la actualidad existe un marco legal en navarra que avala, sin exigir, ciertas «reservas» sociales.

«La administración tiene un enorme poder de decisión y gran influencia en el comportamiento de los ciudadanos y de las empresas. Y puede utilizar ese poder como ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien», aseguran los miembros de REAS. A esta idea se añade que, en la medida en que el 16% del PIB se destina a la contratación pública en Navarra, se trata de una suma «considerable» que maneja la administración pública y que justifica que pueda regirse bajo criterios de «eficiencia» además de eficacia, indica Artxanko. «La Administración pública está demandando de los ciudadanos un comportamiento responsable y quién mejor que ella a la hora de dar ejemplo, añade Eliana.

Las cláusulas sociales en la contratación pública están avaladas de alguna manera por la ley foral de contrataciones de 1996. Dicha normativa establece mecanismos como las reservas de hasta un 20% para contratos concertados con centros especiales de empleo (que trabajan con personas con discapacidad), centros de inserción sociolaboral o entidades que trabajan en empleo social protegido. El problema es que la ley «no obliga a un mínimo». La misma normativa establece unos «requerimientos sociales y medioambientales» en la ejecución de los contratos: Una vez elegida la empresa, garantizar que ésta tenga en cuenta a la hora de contratar mano obra adicional, que sean colectivos de inserción laboral, un porcentaje de mujeres, o contratos indefinidos. También la ley estatal del 2007, que traspone una directiva comunitaria, vincula estos fines sociales al propio «objeto de contrato»: La construcción de un polideportivo que vaya unido al fomento de la inserción sociolaboral.

Preguntados por los posibles recelos de las empresas al endurecimiento de los pliegos, responden que si ya existe la obligación legal de tener un 3% de empleados minusválidos, o sobre conciliación de la vida laboral y familiar; «si todas las empresas funcionan legalmente, un concurso de éstos no tendría porqué quedarse desierto». Y si una empresa cumple estas cláusulas sociales para un Ayuntamiento, al final terminará trabajando igual con otros ayuntamientos y empresas».

REAS pidió ante el Parlamento la implicación del Gobierno para que se cree una comisión interdepartamental que estudie dar más «vida» a la ley y fomente las contrataciones públicas sostenibles.

La Comisión Europea y el Fondo Social Europeo organizan en Lisboa un acto de clausura de la Iniciativa Equal del 10 al 12 de diciembre. En dicho acto, se presentarán dos proyectos de cada estado miembro de la UE seleccionados como mejores buenas prácticas. En el caso del Estado español, el Proyecto Equal Lamegi, en el que REAS Euskadi ha participado activamente, es uno de los seleccionados.

El Proyecto Lamegi, desarrollado del 2005 al 2007, tuvo como finalidad crear una estructura de carácter social que implementase los mercados sociales de empleo y las cláusulas sociales como herramientas para favorecer la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social y situación desfavorecida, así como el fortalecimiento del sector de las empresas de inserción y solidarias. Para ello desarrolló, fundamentalmente, cuatro líneas de trabajo:

1. Experimentación de mercados sociales de empleo.
   
2. Experimentación de herramientas para favorecer el uso de cláusulas sociales en la contratación pública.
   
3. Consolidar las empresas de inserción y solidarias como grupo social organizado.
   
4. Experimentar la inclusión laboral como un elemento de la responsabilidad social en colaboración con las empresas.

Por lo que respecta a REAS Euskadi, su trabajo consistió en desarrollar la línea de fortalecimiento del sector de las empresas de inserción y solidarias. Esta labor se tradujo en la creación e impulso de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, constituida el pasado 4 de noviembre de 2007 por 42 empresas, así como en desplegar una serie de actividades y productos que han buscado mejorar la labor de las empresas de inserción y solidarias a través de diferentes herramientas y actuaciones relacionadas con el acompañamiento en los procesos de inserción, comercialización, desarrollo legislativo, tareas de gestión e implantación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Desde 2008, REAS Euskadi y la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco vienen dando continuidad a las líneas de trabajo desarrolladas en el marco del Proyecto Lamegi.

El proyecto estuvo dinamizado por el consorcio Berriztapen que agrupaba a las entidades Agiantza, Cáritas, Fundación Peñascal y Federación Sartu. En la Agrupación de Desarrollo de la iniciativa participaron además el Gobierno Vasco, las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, EUDEL, Garapen, FIARE, BBK-Gazte Lanbiedean, Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, los sindicatos ELA y LAB y las redes EAPN Euskadi y REAS Euskadi.

Felicitamos a todas las personas y entidades que hicieron posible este proyecto, por el trabajo realizado y el reconocimiento alcanzado.

El 10 de septiembre hugo una comparecencia de entidades sociales en la comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, para promover una contratación pública sostenible, y el 17 de septiembre se presentó la Guía de Contratación Sostenible.

Tras estas iniciativas el Parlamento de Navarra aprobó ayer iniciar la modificación de la Ley de Contratos para que, a la hora de adjudicar un contrato público, se tenga en cuenta también una serie de «cláusulas sociales» como la adecuada atención a los colectivos más desfavorecidos en la nueva infraestructura.

La iniciativa, que había sido presentada por Nafarroa Bai, contó con el apoyo de PSN e IU y, finalmente, también de UPN y CDN, pese a que el Gobierno de Navarra había emitido un informe contrario a la toma en consideración de la reforma de ley. De hecho, los portavoces de ambos partidos pidieron la palabra para intervenir en el turno en contra pero, tras comprobar que el PSN sumaba sus votos a los de IU y NaBai, optaron por ponerse del lado de la mayoría. «Admito que lo obvio era oponerse, pero me han convencido los argumentos de Lizarbe», justificó Juan Cruz Alli. Por parte de UPN, fue el parlamentario Jesús María Pajares, quien razonó el cambio de postura de su partido. «Nuestra oposición es a la redacción tal y como está hecha. Pero el fondo nos parece aceptable y no tenemos problema por votar a favor, sin perjuicio de que en el trabajo en comisión se termine de redactar correctamente», anunció.

La iniciativa había sido presentada por el parlamentario de NaBai Ioseba Eceolaza, que recordó que la Administración Pública, que es la mayor contratista, «debe potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos social, económico y medioambiental». También Juan José Lizarbe (PSN) estimó que en la contratación pública no pueden priorizarse exclusivamente los aspectos económicos, sino que deben contemplarse también «los criterios de responsabilidad social». Ion Erro (IUN), pese a considerar que la propuesta «tiene una mala redacción», la apoyó «con el fin de avanzar en el objetivo de una compra pública sostenible».