INCISO Integración, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha celebrado en Ciudad Real la jornada autonómica “Contratación Pública, Economía Social y cuidados”, en la que se ha analizado en profundidad las claves de la Contratación Pública y su potente papel como generador de cambio en los municipios de la región, generando empleo digno y de calidad y, además, apoyando a las pymes y las entidades de Economía Social.

Así lo ha corroborado la directora de INCISO Integración, Eugenia Fernández Alonso, quien ha afirmado en la inauguración de la jornada que “os agradecemos a todos y todas vuestra presencia; estas jornadas ya son un éxito de asistencia, con 70 personas inscritas, tanto de forma presencial como a través de nuestro canal de YouTube, y que se tenga tanto interés en una contratación pública socialmente responsable nos parece un éxito a nivel social”.

A la jornada han asistido entidades sociales del Tercer Sector, fundaciones, Ayuntamientos, sindicatos, centros de la mujer y partidos políticos, “queremos abordar la contratación pública socialmente responsable, a través de las cláusulas sociales, que los cuidados y la Economía Social tengan arraigo en el territorio, sobre todo en una comunidad como Castilla-La Mancha, eminentemente rural; y también hablamos de la economía de los cuidados en clave de calidad y de empleo digno. No se trata solo de una jornada técnica, también es jurídica y social”.

Por su parte la responsable de Emprendimiento de INCISO Integración, Ana Isabel Parras Ramírez, ha afirmado que el marco legislativo actual permite incorporar cláusulas sociales a los contratos públicos “para fomentar la cohesión social, la incorporación de colectivos vulnerables y el propiciar un desarrollo más social, sostenible y cohesionado”.

Ha mencionado la presentación, en esta jornada, de una guía desarrollada por INCISO Integración que explica cómo incorporar las cláusulas sociales a los contratos y, además, lo impulsa, “es muy importante crear este foro de información y de debate y publicar esta guía, porque una buena contratación va a propiciar buenos servicios”.

Finalmente la directora general de Empleo, María Elena García Zalve, ha agradecido a INCISO Integración la organización de esta jornada, “es un tema de gran ayuda para ese objetivo que perseguimos que no es otro que dotar de herramientas a los agentes económicos y a las entidades locales; herramientas que les permitan hacer políticas sociales con un crecimiento económico sostenible”.

Ha destacado que “ya es más que evidente la importancia de la Economía Social en una región como la nuestra, donde son necesarias actuaciones que cohesionen el territorio”.

Contratación pública responsable y estratégica

Tras la inauguración, se ha celebrado la ponencia marco “Contratación pública responsable y estratégica en el ámbito de los cuidados: el papel de la economía social en la acción local”, a cargo de Luigi Carinci, experto en Contratación Pública Responsable y Estratégica. Economía Social y Solidaria. REAS.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de diálogo, “Las cláusulas sociales en la contratación pública: impacto en el empleo y el territorio”, en la que han participado Mar González Rodríguez, presidenta de ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha); Rodrigo Caballero, socio fundador de Caballero y Fuentes Abogados y secretario general de la Asociación Intersectorial de Autónomos; Dionisio Moreno Antequera, alcalde de Carrión de Calatrava (Ciudad Real); y Jorge Fernández Morales, profesor de Derecho de Cooperativas en la UCLM y socio de Egalia Abogados, cooperativa de trabajo asociado.

Esta jornada está desarrollada al amparo de la Línea 3 de subvenciones para actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al empleo, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fuente: Inciso

La contratación pública, lejos de ser un procedimiento neutro, constituye una de las herramientas más potentes de las que disponen las administraciones para orientar el modelo de desarrollo local, influir en la calidad del empleo, fortalecer el tejido económico y garantizar servicios de cuidados más cercanos, sostenibles y centrados en las personas. Por ello, Inciso Integración organiza una fornada en el contexto del proyecto “Economía Social y Cuidados: Guía para la acción local en Castilla-La Mancha” que contará con la participación del experto de REAS en contratación pública, Lugi Carinci.

La jornada  tiene como objetivo compartir marcos, experiencias y herramientas prácticas que ayuden a personal político y técnico a avanzar con mayor seguridad y coherencia en el uso de cláusulas sociales en la contratación pública, especialmente en los servicios de cuidados y proximidad.

Las entidades locales se encuentran hoy en el centro de algunos de los principales retos sociales y territoriales de Castilla-La Mancha: el envejecimiento de la población, la despoblación rural, la escasez de servicios de proximidad y la precariedad estructural del trabajo de cuidados. En este escenario, la forma en que los ayuntamientos planifican, diseñan y contratan los servicios públicos adquiere una relevancia estratégica. Es necesario que las administraciones locales dispongan de criterios claros, seguridad jurídica y herramientas prácticas a la hora de utilizar estas cláusulas. Por ello, esta formación está dirigida especialmente a  especialmente a cargos públicos, personal técnico de áreas como contratación, servicios sociales, empleo, igualdad y desarrollo local, así como a personas interesadas en la contratación pública con impacto socia.

La jornada permitirá:

• Contextualizar el marco normativo vigente, que habilita y fomenta la
contratación pública socialmente responsable;
• Analizar el papel de las cláusulas sociales como instrumento real de
transformación, más allá de su formulación formal;
• Compartir experiencias y aprendizajes que conectan la visión estratégica con la
práctica cotidiana de los ayuntamientos;
• Y reflexionar sobre cómo el diseño de los contratos condiciona el impacto real
en el empleo, la igualdad y el territorio.

La jornada será inaugurada por la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo junto a la directora de la Asociación para la Iniciativa Social y la Integración.

El verano vuelve a recordarnos, con incendios cada vez más devastadores y olas de calor que baten récords en toda Europa, que la crisis climática ya no es un escenario futuro, sino una realidad presente. La frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos ponen en evidencia que las medidas graduales resultan insuficientes: se necesitan cambios estructurales y urgentes que transformen la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos. La ventana de oportunidad para actuar de forma eficaz se estrecha, y las decisiones políticas que tomemos en el corto plazo marcarán la capacidad de nuestras sociedades para adaptarse y mitigar los peores impactos del calentamiento global.

En este contexto, la reforma de la contratación pública que está en marcha en la Unión Europea es mucho más que un debate técnico. Es, en realidad, una discusión política de primer orden sobre cómo utilizamos uno de los instrumentos más poderosos que tienen los Estados para transformar la economía: el gasto público o, dicho de otra forma, el dinero que gasta el Estado en adquirir y contratar bienes, servicios y obras.

Hoy, cerca de una quinta parte del PIB europeo se mueve a través de contratos públicos. Cada obra de infraestructura, cada servicio externalizado, cada suministro para escuelas u hospitales, está determinado por estas reglas. Sin embargo, lo que debería ser una palanca para impulsar una economía más justa y sostenible se ha convertido, demasiadas veces, en una carrera hacia el precio más bajo. Y esa lógica, aparentemente eficiente, acaba resultando costosa para las personas, el medio ambiente y la calidad de los servicios.

Lo sorprendente es que todavía tengamos que repetir una obviedad de primero de economía política: cuando un Estado adjudica un contrato únicamente al postor más barato no está ahorrando dinero. Lo que hace es externalizar costes. Y esos costes los pagamos después todas las personas: en empleos precarios, contaminación, salud pública deteriorada, menos innovación y más desigualdad.

El espejismo de lo barato

Aunque la normativa actual menciona a la oferta económicamente más ventajosa, el 55% del gasto en contratación pública se atribuye al licitador con el precio más bajo. Adjudicar contratos únicamente en función del precio puede parecer una estrategia de ahorro. Pero, en la práctica, significa trasladar los costes a otro lugar: empleos precarios, menor calidad de los servicios, impacto ambiental y pérdida de innovación. Lo barato, en realidad, se paga caro.

La verdad es que la contratación pública se ha convertido en una especie de Black Friday institucionalizado. Una carrera a la baja en la que las empresas compiten por ver quién ofrece más por menos, aunque el resultado final sea insostenible.

Un contrato barato hoy puede suponer un desastre mañana: en energías renovables, transporte público, sanidad o en los alimentos que comen nuestros niños y niñas en las escuelas. Lo estamos viendo: adjudicaciones con márgenes ínfimos que terminan en servicios deficientes, obras que se paran por quiebras empresariales, trabajadores subcontratados sin derechos y, de paso, más desconfianza ciudadana hacia lo público.

Prioridades para una reforma con sentido

El problema no es técnico, es político. La pregunta de fondo es: ¿queremos usar el enorme poder de compra de lo público para consolidar el statu quo o para acelerar la transformación hacia una economía más justa y sostenible?

La reforma de la Directiva de Contratación Pública es una oportunidad estratégica para alinear el gasto público con el Pacto Verde, la estrategia De la granja a la mesa, los objetivos de biodiversidad y las obligaciones en derechos humanos.

La Directiva revisada debería desplazar la atención del coste más bajo hacia la mejor relación entre calidad, valor social y sostenibilidad, integrando resultados medioambientales, sociales y económicos. Para ello es clave introducir criterios armonizados que reduzcan la fragmentación, den seguridad jurídica y alivien la carga administrativa, tanto para los compradores como para las empresas, especialmente las pymes. Al mismo tiempo, la reforma debe reforzar la capacidad del sector público, de manera que se tomen decisiones capaces de acompañar este proceso.

Estas medidas no buscan complicar la contratación, sino dotarla de coherencia. Si la Unión Europea se compromete con la neutralidad climática, la protección de los derechos sociales y la lucha contra la corrupción debe asegurarse de que sus normas de gasto público no vayan en dirección contraria. Se debe convertir en un instrumento de política climática y social.

Recuperar el gasto público para el bien común

La contratación pública es una de las principales herramientas con las que cuentan los Estados para orientar la economía. No se trata solo de adjudicar contratos de manera eficiente, sino de preguntarse qué tipo de sociedad y de modelo económico queremos construir con ese gasto.

A menudo se plantea la contratación pública en clave ecológica, pero no podemos olvidar que también es una cuestión social. Los contratos pueden convertirse en motor de empleos de calidad, sobre todo en sectores clave como la rehabilitación de edificios, el transporte público, la gestión de residuos o la energía renovable. Pero eso exige condiciones: cláusulas de formación, requisitos de empleo local, salarios dignos, respeto a los convenios colectivos. Además, los criterios ambientales y sociales no son excluyentes, sino complementarios: lo verde es más robusto cuando también es justo. Se trata, en definitiva, de recuperar el gasto público para el bien común para que cada euro invertido contribuya a la transición ecológica, al trabajo digno y a una economía europea más justa y resiliente.

Estamos, así pues, no ante una actualización técnica, sino una decisión política. O la UE se atreve a poner criterios sociales y ambientales en el centro de su normativa de contratación o seguirá alimentando un sistema que precariza, contamina y debilita la confianza en lo público.

La coherencia que Europa necesita

La Unión Europea se enfrenta a un dilema. Puede seguir celebrando estrategias y planes climáticos y sociales mientras mantiene un sistema de contratación que los contradice en la práctica. O puede alinear por fin sus políticas con sus compromisos, utilizando su enorme capacidad de compra para transformar la economía en lugar de perpetuar sus desequilibrios.

El 8 de septiembre está prevista en el pleno del Parlamento Europeo la votación del informe sobre la reforma de la Directiva de contratación pública, uno de los primeros hitos del proceso. Si Bruselas es coherente con sus discursos sobre clima y justicia social, debe demostrarlo donde más importa: en el presupuesto. Porque los discursos no construyen molinos de viento, ni rehabilitan viviendas, ni generan empleos dignos. Los contratos públicos, sí.

La contratación pública es una prueba de coherencia. Es en los contratos, en las cláusulas, en los pliegos, donde se decide si el Pacto Verde será una realidad tangible o un eslogan más.

La reforma que se discute en Bruselas es, en última instancia, una oportunidad para demostrar que lo público no está para comprar lo más barato, sino para garantizar lo más valioso: derechos, sostenibilidad, cohesión y futuro.

Fuente: El salto

Con el objetivo de transformar la contratación pública en una herramienta de impacto social y medioambiental, se ha lanzado la plataforma digital https://plataformacontratacionestrategica.es/ una iniciativa pionera que busca fortalecer la Economía Social y Solidaria (ESS) a través de la Contratación Pública Estratégica (CPE).

En un contexto donde la contratación pública en España representa cerca del 15% del PIB, esta plataforma surge como un instrumento clave para impulsar modelos de producción y consumo más equitativos y sostenibles. Al integrar criterios sociales, medioambientales y éticos en los procesos de compra de las administraciones públicas, la CPE se convierte en un motor de cambio positivo.

Facto Cooperativa, IDEAS y B-Live, entidades que promueven la Plataforma de la Contratación Estratégica, financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en colaboración con REAS Red de Redes, han puesto a disposición de entidades de la ESS y Administraciones Públicas (AAPP) este recurso digital innovador.

La plataforma ofrece, a través de su sección de servicios, un programa completo de apoyo para mejorar la contratación pública estratégica:

• Asesoramiento personalizado: Guía experta para la implementación efectiva de la CPE.
• Capacitación y formación: Sesiones prácticas para entidades ESS y administraciones públicas.
• Planes estratégicos para administraciones: Diseño de estrategias de contratación alineadas con objetivos sociales y medioambientales.
• Informes y estudios: Análisis y datos para la toma de decisiones informadas.
• Recursos completos para licitar: La plataforma contiene todos los recursos y herramientas necesarios para facilitar el proceso de licitación.

«Esta plataforma es un paso crucial para democratizar y optimizar la contratación pública, asegurando que el gasto público tenga un retorno social y medioambiental significativo», explican los impulsores. «Invitamos a todas las entidades de la ESS y administraciones a explorar los servicios disponibles y a utilizar los recursos que hemos creado para facilitar los procesos de licitación y a unirse a este movimiento.»

Sobre la Contratación Pública Estratégica (CPE)

La CPE es un enfoque innovador que permite a las Administraciones Públicas utilizar la contratación como herramienta para alcanzar objetivos sociales, ambientales y económicos. Este modelo promueve la compra de bienes y servicios de manera más eficiente, sostenible y alineada con las políticas públicas.

En este enlace accede a la información sobre el webinar en donde se presentará la Plataforma el próximo 30 de abril.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y avanzar hacia sociedades más justas, saludables y resilientes, es necesario vislumbrar aquellas alternativas sociales, políticas y económicas que se basan en relaciones cooperativas, de solidaridad y sostenibilidad. Nuestra forma de relacionarnos económicamente y producir bienes está en la raíz de muchos de los actuales problemas ambientales y sociales, por lo que su transformación es parte de la solución. Asistimos a un escenario global complejo con grandes retos sin resolver como la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Se plantea, por tanto, la necesidad de atención urgente y un compromiso más firme para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 como proyecto común y como hoja de ruta que nos permita orientarnos como sociedad global en la redefinición del modelo vigente en aras de un sistema en el que la vida se sitúe en el centro.

Desde hace más de 50 años, el Comercio Justo ofrece un modelo de producción y consumo que favorece el respeto de los Derechos Humanos y el cuidado del planeta en la cadena de producción, ofreciendo a las empresas una alternativa coherente y estratégica para impulsar políticas de Responsabilidad Social en el ámbito de su gestión empresarial, contribuyendo de forma directa al logro del ODS 12 “Producción y Consumo Responsables” y a la construcción colectiva de un mundo más justo.

El Comercio Justo ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como una “herramienta efectiva para erradicar la pobreza y una forma de Desarrollo Sostenible”, ya que permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades productoras, las condiciones de equidad de las mujeres en dichas comunidades, así como la calidad ambiental del territorio de producción. También supone una garantía de máxima calidad de productos saludables con bajo impacto ambiental para las personas consumidoras.

También desde las Administraciones Públicas se puede influir en el mercado y mejorar el impacto de las políticas de contratación y compra pública. Las adquisiciones de las Administraciones Públicas suponen cerca del 20% del PIB europeo, y se sitúan alrededor del 11,55% del PIB en el Estado español (Fuente: Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OReISCon). Mediante la promoción de una política de compra sostenible, las Administraciones Públicas crean conciencia en las personas consumidoras y en las entidades proveedoras sobre la importancia del consumo responsable y la disponibilidad de alternativas de compra sostenible, y realizan una importante labor ejemplificadora para la ciudadanía.

La Contratación o Compra Pública Ética se define como aquel proceso de compra y/o contratación de las entidades del sector público en el que se consideran criterios éticos de Comercio Justo para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales en la cadena de producción y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades productoras de los países empobrecidos. En una visión más integral de las prácticas de contratación administrativa podríamos hablar del concepto de Contratación Pública Responsable si, además de la dimensión ética de Comercio Justo, incorporamos la social y ambiental para favorecer mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras que participan directamente de los contratos públicos y reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios adquiridos respectivamente.

Desde IDEAS hemos editado esta guía para facilitar el conocimiento de aspectos de la Contratación Pública Ética, el Comercio Justo y las principales cuestiones para acercar a las empresas a la Contratación Pública Ética. Está dirigida a las empresas que quieren mejorar sus procesos de gestión empresarial responsable, especialmente a la hora de concurrir a los procesos de compra y contratación del sector público.Con esta guía pretendemos animar a las empresas a ofertar sus productos ante las licitaciones públicas teniendo en cuenta que el marco legar impulsa y ampara la inclusión de criterios responsables en los procedimientos de contratación pública.

Esta guía ha sido editada en el marco del proyecto ANDALUCÍA JUSTA Y SOSTENIBLE. CONTRIBUYENDO A LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÉTICA, financiado por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo).

Descargar la guía aquí.

Fuente: ideas

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el pasado 23 de octubre el Dictamen ‘Contratación pública y entidades de la economía social’, dictamen de iniciativa INT/1056 cuyo ponente ha sido Ferre Wyckmans, y el coponente Alain Coheur. El Dictamen fue aprobado con 237 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Mediante dicho Dictamen de iniciativa, el CESE desea destacar el potencial de la contratación pública para las entidades de la economía social. Subraya el reciente informe de Enrico Letta sobre el mercado único titulado ‘Much more than a Market’, en el que se afirma que las entidades de la economía social ocupan un lugar central en la proximidad y el desarrollo sostenible de los territorios, “al encarnar la esencia de una economía centrada en el ser humano y profundamente arraigada en las comunidades locales”. El CESE acoge con satisfacción el informe Letta, que llama a acelerar las medidas del plan de acción para la economía social, de la Comisión Europea, y hace hincapié en el uso estratégico de la contratación pública de cara a apoyar la economía social.

El dictamen recuerda que alrededor de 250.000 autoridades públicas gastan el equivalente a más del 14 % del PIB anual de la Unión Europea, que asciende a 15 billones EUR, a través de la contratación pública. Y advierte que la mayoría de los poderes adjudicadores de los Estados miembros siguen adjudicando los contratos exclusivamente en función del precio o coste más bajo, es decir, que en los pliegos de condiciones no se prevén criterios de calidad ni consideraciones sociales, medioambientales o de innovación.

Es por ello que el CESE subraya la importancia de establecer “criterios innovadores con un valor real, no limitado a lo mercantil”, para la contratación pública, y tener en cuenta “el valor añadido generado desde el punto de vista social (empleo de calidad, inclusión e integración de las personas vulnerables), ecológico (incidencia medioambiental) o la proximidad territorial”.

En este ámbito, el CESE apoya “iniciativas inspiradoras” como ‘Buying for Social impact’ y ‘We Buy Social EU’, que, además de intercambiar conocimientos, permiten mejorar la comprensión mutua entre las autoridades públicas y los agentes de la economía social.

El CESE insta a la Comisión a que ponga en marcha lo antes posible el plan de acción estratégico para la contratación pública, tal como ha solicitado recientemente el Consejo de la UE, y pide que los poderes adjudicadores de la UE hagan un mejor uso de las consultas preliminares del mercado, de los contratos reservados y de la división en lotes de los contratos.

Por último, recuerda que este tipo de medidas están ya previstas en la Recomendación del Consejo de la UE sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social, con el fin de mejorar el acceso de las entidades de la economía social al mercado.

Dentro del TrimESS, Trimestre de la Economía Social Solidaria en Murcia, anunciamos la siguiente actividad para el fomento de una contratación pública social solidaria dentro de la Administración pública.

Se trata de una píldora formativa desde la cual PYMES, empresas de la Economía Social y Solidaria y funcionariado de la Administración pública podrán profundizar en la presentación de licitaciones para mejorar el diálogo entre sector privado y Administración.

Formadores:

D. Antonio Fco. Pallarés Boluda.
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia  con dilatada experiencia en la gestión del Área de contratación del Ayuntamiento de Murcia.
Las mesas de contratación son las encargadas de adjudicar la mayoría de los contratos, compras y gestión de servicios públicos. Se convoca para todos los procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad. Este órgano es el que valora las distintas ofertas de las empresas que acuden a los concursos del Ayuntamiento.

D. Marc Villanova.
Responsable de contratación pública FACTO COO
Licenciado en Sociología por la Universidad de Barcelona, formación especializada en financiación pública y contratación pública. Más de quince años de experiencia como gestor de organizaciones, dirección, búsqueda de financiación y asesor para administraciones públicas. Desde el área de contratación pública de Facto Cooperativa, asesora y forma a entidades, empresas y administraciones en procesos de contratación pública, para fomentar la Compra Pública Estratégica y Responsable.

Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2024.
Lugar: Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM)
Hora: 9h30 – 11h30
Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción: https://forms.gle/KGtpeUg5SBKU55568

Organiza: REAS RegMurcia
Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Murcia mediante convenio de colaboración en el marco del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027

El Informe Trienal 2024 (referido al periodo 2021-2023) pretende dar cumplimiento a las obligaciones de información que vienen impuestas por las Directivas de contratación pública de 2014. Adicionalmente, también aspira a servir de apoyo en el análisis de nuestro sistema de contratación pública en el citado periodo temporal, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea (“CE”). En este sentido, las conclusiones del Informe Trienal anterior (“Informe Trienal 2021”) sirvieron como premisa en los trabajos de elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (“ENCP 2023-2026”), que fue aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (“OIRESCON”) en diciembre de 2022, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública de acuerdo con lo dispuesto por el art. 332.7.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”).

Al igual que en los Informes trienales anteriores, desde el Ministerio de Hacienda se ha buscado la máxima transparencia, con una voluntad inequívoca de sumar esfuerzos con todos los actores relevantes del sistema de contratación pública en la realización de un diagnóstico certero de la situación de la contratación pública en España basado en los datos recogidos por las plataformas de contratación pública.

El ejercicio estadístico y de información cuantitativa que se concreta en el presente Informe se ha realizado por segunda vez tomando como única fuente de información los datos que obran en los sistemas de información nacionales (esto es, tanto de la Plataforma de Contratación del Sector Público (“PLACSP”), como de los sistemas de información equivalentes a nivel autonómico). Esta opción ha sido posible gracias a que en el periodo 2021-2023 ha seguido avanzando la contratación pública electrónica registrada en España.

Como se destaca desde el Grupo de Trabajo en Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes, aunque se trata de un documento árido, puede servir para extraer argumentos de cara a las administraciones públicas y otros potenciales interlocutores. Tras una primera lectura, lo que destaca Luigi Carinci (consejero de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes) es «la falta de datos y de homogeneización en el registro en la plataforma de la contratación, las irregularidades en la fase preparatoria del contrato, véase consultas preliminares y ausencia de informes y, de particular interés desde nuestro punto de vista, el incumplimiento de la obligación de inclusión de criterios ambientales y sociales. Según el OIRESCON se debe sobre todo a la falta de recursos, de formación y a la praxis contractual de los aytos de menos de 10 mil habitantes».

El informe completo puede leerse y descargarse en este enlace: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/09/Informe-Trienal-2021-2022-2023.pdf

¿No sabes donde buscar posibles licitaciones que encajen con tu actividad? ¿A la hora de presentarlas te faltan nociones básicas de cómo hacerlo? ¿Qué aumentaría las posibilidades de conseguirla? ¿Sabes qué es la contratación pública responsable? 

En esta píldora de Economistas sin Fronteras, abordaremos todas estas cuestiones: inscríbete en este formulario. 

El lunes 30 de septiembre de 10:00 a 12:00 horas continuamos con las formaciones centradas en el fortalecimiento de colectivos y empresas de Economía Social y Solidaria y del Tercer Sector. En esta ocasión conversaremos sobre licitaciones.

Las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, celebradas los días 6 y 7 de noviembre, despertaron el interés de más de 500 personas, entidades sociales y administraciones públicas de toda España, que pudieron profundizar, durante dos intensas sesiones de trabajo, en esta potente herramienta para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.

Red Anagos, organizó este encuentro, a través de su iniciativa Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, que cuenta con el apoyo de ADEICAN y EAPN Canarias y la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Durante las jornadas se puso de manifiesto el enorme potencial y, a la vez, el escaso desarrollo que están teniendo en las islas las fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales a las que obliga la Disposición Cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, desde hace ya cinco años.

A día de hoy, solo 9 ayuntamientos (de un total de 88) y 3 cabildos (de siete) han reservado contratos con alguna empresa social (empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social), y el Gobierno de Canarias está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales. Estas cifras indican que apenas un 14% de las administraciones locales canarias reserva licitaciones o lotes de contratos a empresas sociales.

Así lo muestran los resultados preliminares del I Informe de Situación de Contratación Pública Responsable de Canarias, elaborado por el Observatorio, y que puso de manifiesto la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva, durante la inauguración de estas jornadas, en las que personas expertas de las administraciones, las empresas sociales, el ámbito académico y el jurídico abordaron las oportunidades para dar el necesario impulso a la compra pública responsable en Canarias.

La inauguración contó con la participación del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva; la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), Eugenia de León, y el presidente de Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo.

Un gasto público de 780.000 euros frente a 60 millones potenciales

El informe presentado revela también un gasto público de 3,9 millones de euros en estos cinco años entre todas las administraciones y entidades públicas de Canarias, con un total de 39 contratos reservados y efectivamente adjudicados. Esta cifra se traduciría en una inversión media anual de 780.000 euros, que quedan aún muy lejos de los 60 millones de euros que se ha estimado que en el archipiélago se podría alcanzar si se desplegara todo el potencial que tiene la reserva de contratos a empresas sociales.

Durante las jornadas se abordaron también los importantes retos que afrontan las Empresas Sociales, como la diversificación de los servicios que prestan y de los productos que ofrecen para poder aprovechar todo el potencial que ofrece la reserva de contratos establecida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y, a la vez, ser más competitivas en su relación con el sector privado.

Tradicionalmente se asocia a estas empresas con la prestación de servicios de mantenimiento, jardinería o limpieza, pero son muchos los ámbitos en los que pueden ofrecer su trabajo y, de hecho, ya lo ofrecen, lo que permite ampliar el número de empresas sociales y, en consecuencia, las oportunidades de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad, a través del empleo.

La importancia de fortalecer los nexos y la comunicación entre los servicios públicos de contratación y las empresas sociales ha sido una de las cuestiones en las que más se ha incidido durante estas jornadas. Se echa en falta información clara y actualizada de los productos y servicios que ofrecen estas empresas y de su capacidad para ofertarlos a la administración a través de la figura de la reserva de contratos o lotes de contratos u otras herramientas de la Contratación Pública Responsable (inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones, contratos menores).

Repercusión económica y social

En este encuentro se presentó también un informe sobre la repercusión socioeconómica de las empresas de inserción en Canarias y en España. Las empresas de inserción tienen el objetivo de promover la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo; solo pueden ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro y ofrecen un empleo durante un período de tiempo limitado a un máximo de 3 años. En Canarias, el año pasado las empresas de inserción generaron al menos 605 puestos de trabajo, según los datos del propio sector.

El retorno económico y social de los empleos en estas empresas está cuantificado en 7.300 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, en concepto de Seguridad Social o rentas de inserción que se dejan de percibir. En Canarias, con una facturación superior a los 7,5 millones de euros, su principal fuente de ingresos son clientes del sector privado, con 4,6 millones sobre 2,8 del sector público.

Un programa intenso y dinámico

Estas III Jornadas han contado con la participación de Concepción Campos Acuña, experta en gestión pública, que habló sobre La integridad como eje de la Contratación Pública Responsable en la gestión de los Fondos Next Generation EU. Además, Jaime Gómez-Obregón, ingeniero activista en favor de la transparencia política en la contratación del sector público, intervino para relatar las dificultades con las que se encuentra la ciudadanía en general a la hora de relacionarse con las administraciones públicas y las carencias que existen en materia de transparencia, entre otros asuntos.

Por su parte, Laura Melián, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL, abordó en su ponencia los derechos laborales en la contratación pública responsable. La nueva Ley de Residuos y la obligación de reserva de contratos a Empresas Sociales fue el objeto de la ponencia que compartieron Carmen Aja, directora de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) y Felipe Hernández. Coordinador del Departamento Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de Ataretaco.

Asimismo, se organizaron dos talleres en los que se trabajó sobre las claves para introducir de manera eficaz condiciones especiales de ejecución en los pliegos de contratación, a cargo de Javier Mendoza, profesor de Economía de la ULL y experto en Compra Pública Responsable; y sobre la forma efectiva de concurrir a licitaciones públicas, dirigido por Juan Carlos García, abogado especialista en contratación pública y socio del despacho Melián Abogados.

Las Jornadas de Contratación Pública Responsable se consolidan en su tercera edición, con más de 500 personas inscritas, como punto de encuentro para compartir experiencias, conocer más en profundidad a las empresas sociales y evaluar también los pasos que se van dando para avanzar en esta materia. El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias prevé celebrar en Gran Canaria el próximo encuentro.

Els propers 30 de novembre i 1 de desembre se celebraran les VI Jornades de Compra Pública Socialment Responsable, sota el títol “La urgència d’una mirada global amb Justícia Social als processos de transició ecològica”.

En un context en què s’estan evidenciant els canvis dràstics que està patint el planeta a causa de l’emergència climàtica i els seus impactes sobre els territoris d’arreu del món, des de les institucions supranacionals i locals, fins a les organitzacions de base de tot el món, es considera fonamental enfrontar la descarbonificació de les economies.

En aquesta 6a edició de les jornades, organitzada pel Grup de Compra Pública Socialment Responsable de Catalunya (GCPSR), es presentaran les oportunitats normatives actuals que poden servir per garantir el compliment dels drets humans i del medi ambient en les cadenes de valor. També es farà una crida a les administracions públiques i a la ciutadania sobre la importància que té posar la mirada, des de la coherència de polítiques, als processos de transició ecològica que s’estan proposant des del nord global.

IDEAS lanza un nuevo curso de formación online para entidades públicas, privadas y entidades de economía social, totalmente actualizado y gratuito: “La compra pública ética como política de desarrollo sostenible: inclusión de cláusulas éticas y de Comercio Justo en los contratos públicos”.

Este nuevo curso, que se impartirá en dos ediciones online en febrero y marzo de 2022, tiene el objetivo de formar y capacitar al personal técnico y político para facilitar la implementación de una política de contratación pública responsable, que considere criterios sociales y éticos para contribuir al Desarrollo Sostenible. Las plazas son limitadas y el periodo de inscripción ya está abierto. Puedes inscribirte aquí

IDEAS es una de las organizaciones pioneras en el Comercio Justo y la Economía Solidaria en España, con amplia experiencia en consumo responsable y en el desarrollo de acciones de investigación, formación y sensibilización. Desde 2004 IDEAS coordina a nivel estatal el proyecto europeo Public Affairs (Compra Pública Ética) que tiene como objetivo fomentar la inserción de criterios de sociales y de Comercio Justo en la contratación pública. Desde entonces, IDEAS se ha convertido en un referente en compra pública responsable, desarrollando labores de consultoría técnica y contribuyendo eficazmente a que numerosas administraciones locales, regionales y la Administración General del Estado integren criterios responsables en su contratación.

Más información: https://ideas.coop/curso-online-para-entidades-publicas/ 
Inscripciones: https://forms.office.com/r/FjH0ei22Wr 
Información y contacto: comprapublicaetica@ideas.coop

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y la Universidad de Córdoba (UCO) han habilitado un cuestionario para contactar con las pymes de Córdoba que quieran recibir formación para aprender a contratar con la administración local y con la UCO.

Durante el webinar ‘Licitación pública para las entidades de discapacidad: el papel de las administraciones’, el séptimo organizado por La Voz de Almería y la Cadena Ser, diversos representantes públicos y del tercer sector, han llegado a una conclusión común tras analizar a fondo cuál es la realidad actual de la contratación de personas con discapacidad tanto para las entidades sociales que gestionan estas y las administraciones públicas que han de reclamar sus servicios.

Durante una hora, cinco expertos en la cuestión han debatido acerca de la inclusión laboral con un eje central, que han sido los contratos reservados y la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que recoge la necesidad de que las administraciones públicas destinen un porcentaje de sus contrataciones a los agentes sociales, empresas de inserción laboral. Un porcentaje que varía según las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que, han defendido, se hace necesario igualar en favor de las personas con discapacidad. «Necesitamos que todas las administraciones se pongan de acuerdo en el porcentaje y en los plazos de los contratos reservados», señala Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca.

Análisis de los expertos

Javier Mendoza, educador y experto en Contratación Pública; Alejandra Egaña, jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almería; Álvaro Pardo, gerente de Aspaprod; Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, y José Vicente Matarí, portavoz de Presupuestos del PP en el Senado, han intercambiado sus opiniones y experiencias en un sector que, como dijo la moderadora del webinar, la subdirectora de LA VOZ, Antonia Sánchez Villanueva, es «sumamente importante para toda la sociedad».

Egaña, quien ha sido la encargada de abrir el debate, ha remarcado que, a pesar de que la Ley de 2017 supuso un «shock» a la hora de realizar las nuevas contrataciones, significo uno de los mayores avances en esta materia, pues pasaba de recomendar a hacer obligatoria la reserva de un porcentaje de los empleos a las personas con discapacidad.

«La contratación pública ha dado un vuelco trascendental: va a ser utilizada como una herramienta para implementar políticas públicas», aseguró la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almería, quien remarcó que para hacer efectivas estas reservas lo más importante es determinar o conocer «qué actividades son las que llevan a cabo estos agentes sociales y qué contratos entrarían dentro de las mismas».

Una idea en la que también profundizó el docente de la Universidad de La Laguna, Javier Mendoza, quien detalló que tan esencial como conocer con quién se quiere contratar es saber hasta dónde se quiere llegar. «Para realizar una carretera no habrá empleados en una empresas de inserción laboral, pero sí para realizar labores de jardinería o limpieza», ejemplificó el experto, quien aseguró que un paso muy importante para la legislación vigente es que no solo obligue a reservar los contratos para personas con discapacidad, sino que «explique cómo se hace».

La legislación

Por su parte, uno de los responsables de que la Ley de Contratación Pública de 2017 saliera adelante fue José Vicente Matarí, portavoz de Presupuestos del PP en el Senado, quien ha defendido que la legislación salió adelante sin ningún voto en contra. «La ley de contratos del sector publico de 2017 fue fruto de un amplio consenso parlamentario y un amplio consenso social», aseguró Matarí, quien hizo hincapié en la importante necesidad de que las personas con discapacidad puedan contar con instrumentos como esta ley para poder trabajar: «Hay una razón detrás de esto y es que el trabajo continúa siendo el principal factor de inclusión en nuestro días y lo saben los agentes sociales y las entidades del sector social. El trabajo aporta renta para corregir la desigualdad y nos permite hacer una sociedad cada vez más inclusiva».

Álvaro Pardo, gerente de Aspaprod, defendió durante su intervención que la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público es una herramienta fundamental para organizaciones como la suya, aunque dejó una de cal y una de arena. En primer lugar, defendió que la posibilidad de dividir los contratos por lotes les abre un amplio abanico de posibilidades para poder prestar sus servicios y que las personas con discapacidad tengan un empleo. Pero, por su parte, criticó que no sean solo las empresas de inserción laboral de iniciativa social las que puedan acogerse a esos contratos reservados.

«Quien hace la ley hace la trampa y hay empresas que ponen en marcha fundaciones, por ejemplo, para acogerse a estos contratos. La administración debería estar muy atenta a que sean empresas de iniciativa social» (Albaro Pardo, Gerente de Aspaprod)

Reserva

El encargado de cerrar el webinar, antes del turno de preguntas, fue Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, quien volvió a denunciar el aspecto de la legislación criticado por Pardo: «Hay que destacar que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía recoge que se debe hacer una reserva para centros especiales de empleo, pero no concreta que tengan que ser de iniciativa social. Necesitamos que todas las administraciones se pongan de acuerdo en el porcentaje y en los plazos de los contratos reservados». Asimismo, el presidente de Verdiblanca, ha defendido que los centros especiales de empleo de iniciativa social están sufriendo esta crisis de una manera muy importante, a pesar de que hoy son los que actualmente están «dando mas empleo a personas con discapacidad por encima de empresas ordinarias y la administración publica».

Aquí puedes acceder al webinario:

El curso, organizado por la Universidad de Murcia, ha contado con la participación de formadores del ateneo murciano y con Reas Murcia, como entidad externa. La actividad formativa se ha desarrollado a lo largo de dos semanas con la asistencia de 30 técnicos y técnicas de las distintas áreas de gestión.

Dentro de la planificación de contenidos del curso, Reas Murcia ha sido la encargada de impartir las sesiones sobre contratación pública responsable e inclusión de cláusulas sociales y medioambientales.

A lo largo de las sesiones, además de compartir información práctica, como pliegos, clausulado, e instrucciones con el apoyo de la página web de REAS Red de Redes de contratación responsable.org se ha hecho un particular hincapié en la reserva de mercado a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

La participación de Reas en esta actividad interna de la UMU es una demostración de la buena colaboración entre ambas entidades y un reconocimiento a Reas por su labor de formación, asesoramiento y difusión en lo relativo a la compra y contratación pública responsable.

Desde CEPES Aragón se organiza la Jornada virtual “Cómo facilitar el acceso a la contratación pública de las entidades de la Economía Social”, que se celebrará el martes 29 de septiembre de 2020, de 9:00 a 13:00 horas, a través de la plataforma de conexión online Zoom.

Con esta jornada se pretende movilizar a las entidades de la Economía Social hacia el negocio con el Sector Público y conseguir que éste diseñe sus licitaciones pensando en las entidades de la Economía Social, facilitando su acceso a la contratación pública. Para ello, cuentan con un amplio grupo de especialistas que aportarán los diferentes puntos de vista de su experiencia profesional en temas de contratación pública, esta jornada es especialmente importante para quienes elaboran y diseñan las licitaciones públicas y las entidades de Economía Social que deben participar en la contratación pública.

Se contará con las ponencias de:

•  María Josefa Aguado Orta, directora general de Contratación del Gobierno de Aragón.
• María Asunción Sanmartín Mora, jefa del Servicio de Gestión Económica y Contratación del Gobierno de Aragón.
• Ana Budría Escudero, jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza
• Javier Mendoza Jiménez, de la Universidad de La Laguna.
• Marisa Esteve Arnal, directora de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI).
• Francisco Galán, secretario de la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS)
• Juan Carlos García Melián, abogado especialista en contratación pública.

Para más información accede a la noticia publicada en nuestra web de Contratación Pública Responsable

REAS Murcia promueve sesiones formativas sobre Contratación Pública Responsable dirigidas a entidades locales de la Región de Murcia. 

El pasado viernes 8 de junio, REAS Murcia ha llevado a cabo, con la colaboración del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia, una sesión formativa sobre contratación pública responsable con la asistencia de personal técnico y responsables políticos del consistorio murciano. En ella han participado Santiago Lesmes, de la consultora De Par En Par, y Luigi Carinci, como responsable de Contratación Pública de REAS Murcia.

El objetivo de la sesión ha sido doble, por un lado formar al personal técnico sobre las novedades de la nueva Ley, que incluyen la obligación de aplicar la reserva de mercado para empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades de la economía social, y de incluir criterios sociales, éticos y medioambientales. Por otro lado, fomentar planes de contratación pública de estimulo del desarrollo local y sostenible, la inclusión sociolaboral, la  igualdad, el trabajo digno y el consumo responsable entre otros. 

REAS Murcia sostiene que la Contratación Pública representa el 12,85% del PIB regional y que  la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone la contratación de cientos de personas de colectivos desfavorecidos y en exclusión social, sin contar la mejora que suponen las medidas de eficiencia, eficacia y transparencia en cuanto a calidad, ahorro para las arcas públicas y en retorno social de la inversión.  

Desde REAS queremos promover una economía al servicio de las personas y la comunidad, que repercuta positivamente en el entorno. Para ello, colaboramos con la administración pública ofreciendo el conocimiento y las herramientas para la aplicación de los principios de la contratación pública responsable dentro de un sistema de corresponsabilidad social.

En este sentido, “estamos muy satisfechos de los resultados de la sesión, han participado todos los servicios del consistorio, ahora hay que lograr la puesta en practica del conocimiento para alcanzar el pleno potencial de la nueva Ley”, comenta Luigi Carinci.

El Gobierno de Navarra, a través del SNE-NL, ha activado una página web para tratar de elevar los contratos con Centros Especiales de Empleo (CEE) sin ánimo de lucro y Empresas de Inserción Social (EIS) y, de esta forma, favorecer la creación de empleo en el ámbito de la discapacidad y de personas en riesgo de exclusión.

La Web, coordinada por SNE-NL y dirigida a unidades que gestionan presupuestos del Gobierno de Navarra y, por extensión, de administraciones públicas de la Comunidad Foral, ofrece ya en su portada una variada oferta de servicios, obras y suministros de los CEEs y EIS. En total, más de 70 áreas: limpieza y mantenimiento, albañilería, confección de ropa, diseño gráfico, control de piscinas, marketing, jardinería, pintura, atención telefónica o gestión de residuos, entre otros.

También incluye un directorio con los 19 CEE sin ánimo de lucro y EIS: nombre, teléfono, enlace a la web, etc. Asimismo, facilita a las unidades gestoras ejemplos de licitación (acuerdos marcos y de pliegos) y cuenta con una guía divulgativa que explica qué es un contrato reservado o las formas de reservar, y un servicio de asesoramiento y consultoría de cláusulas sociales.

El Gobierno de Navarra viene apoyando a estos colectivos a través de otras fórmulas. Así, este año ha destinado 12,2 millones de euros al mantenimiento de cerca de 1.700 empleos para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, y otros 800.000 euros para financiar las inversiones que realicen los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y empresas de inserción sociolaboral (EIS).

https://gcpublica.navarra.es/

Difusión

El SNE-NL ha organizado varias sesiones informativas con el objeto de recordar a los departamentos del GN, unidades de gestión y secretarías generales técnicas, la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley Foral de Contratos en los que a Reserva se refiere.

Asimismo, se ha difundido la web en la Comisión de apoyo al empleo protegido, celebrada este lunes 6 de noviembre, a la que asistió el vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra.

Por otro lado, aunque la página está pensada sobre todo para unidades gestoras de las administraciones públicas, se ha habilitado un dominio público reservadecontratos.navarra.es para que empresas y ciudadanía conozcan la oferta de los CES y EIS.

Medidas para avanzar en el cumplimiento del 6%

Para avanzar hacia el cumplimiento del 6%, establecido como objetivo en 2010, como primera medida el Gobierno de Navarra ha calculado por primera vez, con datos de ejecución real, el porcentaje de la adjudicación directa, vía reserva de contratos o “contrafactura”, a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Además, el sistema informático de gestión del Gobierno de Navarra va a quedar vinculado en noviembre a la aplicación del Portal de Contratación Pública de Navarra, lo que permitirá obtener automáticamente el porcentaje de reserva y los contratos sobre los que se ha reservado.

También se están realizando importantes cambios en el Portal de Contratación para adaptarse a la nueva Ley Foral de Contratos Públicos, que va a ser reformada. Entre ellos, se incluirá el control de la reserva para tener información precisa sobre los contratos realizados por el Gobierno de Navarra y Entidades Locales, identificando cuáles han sido reservados, en su totalidad o algún lote; a qué CEE o EIS se ha adjudicado la reserva; precios de licitación y adjudicación, etc.

Finalmente, se está redactando una guía de compra responsable. El objetivo es favorecer la inclusión de cláusulas sociales, de género, laborales, medioambientales, éticas… en los pliegos de contratación.

Actividad económica de los CEE sin ánimo de lucro y las EIS

Los 19 CEE sin ánimo de lucro que existen en Navarra tuvieron en 2016 una facturación de más de 43 millones de euros. Ese año, el Gobierno de Navarra contrató directamente con ellos (reserva de contratos y contrafacturas) un total de 826.508 euros, el 1,25% de los contratos licitados a través del Portal de Contratación. Esa cuantía no tiene en cuenta los contratos que pudieron obtener a través de la licitación abierta.

Estos centros ofrecieron 1.648 empleos, 1.483 en los CEE y una media de 166 puestos de trabajo en las EIS, con un total de 240 personas atendidas a lo largo del año. En 2017, la previsión es de atender a 1.504 personas en los CEE y un número similar al de 2016 en las IES. Los CEE deben contar en su plantilla con al menos un 70% de personas trabajadoras con discapacidad igual o superior a un 33%. Y en el caso de las EIS, entre el 30% y el 50% de su plantilla debe estar formada por personas en situación o riesgo de exclusión social.

REAS celebra la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público por el avance que supone en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, y los consiguientes beneficios sociales que de ello se derivarán, en materia de empleo, cohesión social y sostenibilidad, entre otros. El texto definitivo ha sido publicado en el BOE con el título Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y fecha de ayer 8 de noviembre. La versión final y definitiva de la ley puede consultarse en este enlace: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y aprobada el pasado día 19 de octubre en el Congreso de los Diputados, insta a las Administraciones públicas a incorporar criterios sociales y ambientales en su contratación pública, contratación que supone cerca del 20% del PIB a nivel estatal y, que convierte por tanto al conjunto de las administraciones públicas en el mayor empleador y el más importante consumidor del Estado. Se trasponen así finalmente las Directivas europeas de Contratación Pública (directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) que deberían haber sido incorporadas al sistema jurídico español con límite de abril de 2016.

Desde la Economía Social y Solidaria creemos que las políticas de contratación del Estado y sus instituciones deben ser coherentes con el resto de políticas, especialmente con las que promueven el bienestar y la equidad, la inclusión social, la dignidad en el trabajo, el respeto a la negociación colectiva y a los convenios laborales, la sostenibilidad medioambiental y la cooperación y solidaridad con otros países, para hacer de la gestión algo más efectivo y eficiente. Las Administraciones Públicas deben apostar por entidades y empresas que potencien sus objetivos sociales, económicos y ambientales para favorecer un cambio de modelo de desarrollo.

Nos congratulamos por ello de la presente aprobación así como por la inclusión en el texto final de la mayoría de las mejoras propuestas por REAS a los proyectos de ley publicados en diciembre de 2016. Dichos proyectos de ley, si bien recogían algunos de los aspectos sociales, éticos y ambientales que las directivas europeas promovían, no desarrollaban todo su potencial y no consideraban muchas de las opciones que las directivas abrían. Por esta razón, REAS elaboró una batería de propuestas de enmiendas que posteriormente presentó y debatió con los diversos grupos parlamentarios, con el objetivo de mejorar los proyectos de ley e impulsar una contratación pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible. Queremos destacar la buena recepción y acogida que nuestras propuestas tuvieron por parte de los diferentes grupos parlamentarios y agradecemos su disposición a dialogar y profundizar en las cuestiones planteadas.

Entre las cuestiones relevantes para la Economía Social y Solidaria que han sido incorporadas a la Ley destacamos las siguientes:

• Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.
• Siempre que sea posible, los contratos deberán dividirse en lotes, facilitando así el acceso a los contratos públicos de las pequeñas y medianas empresas.
• Se sustituye el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos por el de mejor relación calidad-precio.
• Se incorpora como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.
• Mejora la definición y exigencias de la reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, limitándose esta reserva en el caso de los Centros Especiales de Empleo a los de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.
• Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales, tanto en los criterios de adjudicación de los contratos como en las condiciones especiales de ejecución de los mismos.

Entendemos el presente documento como un resultado de años de trabajo para el fomento y la promoción de políticas de contratación pública responsable. En este sentido, son diversas las acciones realizadas por la red, como la elaboración en junio de 2016 de una página web sobre contratación pública responsable, para facilitar la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, impulsar en las instituciones la compra con criterios éticos, ecológicos y de transparencia, y extender el conocimiento de estas herramientas de justicia social, equidad y reparto en el entorno de la Economía Social y Solidaria y la sociedad en general; o la edición de diversas guías sobre el tema.

REAS valora los beneficios que la Ley supondrá para el sector, al permitir una mayor accesibilidad a la contratación pública a pequeñas y medianas empresas así como a entidades y empresas de Economía Social y Solidaria.

Artículo realizado por David Comet, experto en compra pública ética de la organización de Comercio Justo IDEAS

El pasado 10 de agosto el Congreso de los Diputados publicó en su boletín oficial el texto íntegro de la tan ampliamente enmendado y negociado Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, con la intención de remitirlo al Senado y continuar con su tramitación. Esta normativa sigue cursándose casi año y medio más tarde desde que debió ser aprobada para cumplir con los plazos dados por la Unión Europea para la transposición de la Directiva a la que viene a desarrollar en nuestro país, es decir la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha hecho una lectura muy positiva del texto salido del Congreso de los Diputados. Una gran parte de las enmiendas elaboradas por la organización, y que fueron integradas en el documento de propuestas presentadas a los grupos parlamentarios por la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), han sido incluidas en el texto de Proyecto de Ley. Las enmiendas propuestas pretendían promocionar tanto el comercio justo como a la protección de los Derechos Humanos en la cadena de producción, especialmente, lo referido a garantizar condiciones laborales dignas. Con ellas se reconoce a la contratación pública como un instrumento valiosísimo para aumentar y mejorar el impacto de otras políticas tales como las de cooperación internacional para el desarrollo, de promoción de un modelo de Desarrollo Sostenible o para la cohesión social. Desde nuestro punto de vista, es una manera de dar más coherencia y eficacia a la gestión de lo público.

Con la nueva Ley se posibilita a las entidades del sector público que no apoyen ni consientan que los bienes o productos que adquiren, especialmente aquellos que han sido producidos y/o fabricados en otros países, escondan situaciones de explotación laboral, como las peores formas de trabajo infantil, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, el trabajo forzoso o la degración medioambiental. Las entidades del sector público no deberían de contratar con empresas que basan su actividad y beneficios en la explotación laboral. Con ello se podría contribuir a evitar que acontezcan catástrofes humanas como la que causó el desplome del edificio “Rana Plaza” en 2013 en Dacca (Bangladesh), en el que se albergaban talleres textiles mal acondicionados (de los que se suministraban de ropa “barata” algunas marcas que operan en España) donde murieron 1.127 personas trabajadoras. El sector público está en la obligación ética de contratar con empresas que basen su gestión en la ética empresarial, la transparencia y la responsabilidad social, más cercanos al interés general y el bienestar social.

Las consideraciones relativas al respeto hacia los Derechos Humanos o el comercio justo en la nueva Ley no son obligaciones para el sector público, sino que se encuentran en la órbita de lo voluntario o potestativo de aquellas entidades que quieran incluirlas en sus contratos. Por ello, su impacto y repercusión pueden ser limitados, aunque sin duda, como aspecto positivo, su aparición en el articulado del Proyecto de Ley ayuda a erradicar la incertidumbre jurídica que pudiera haber en relación a la consideración de este tipo de cuestiones por parte de los órganos de contratación. Para maximizar el potencial de estas posibilidades la sociedad civil organizada debe incidir en las Administraciones Públicas estatal, regionales y locales para exigirles que hagan una compra pública ética como instrumento político para favorecer la cooperación y solidaridad internacional con otros Pueblos y sociedades del mundo.

Garantizar que se respeten condiciones de trabajo decente en la fabricación y producción de bienes

El Proyecto de Ley da la posibilidad de exigir a las empresas que contraten con el sector público a que acrediten que durante la fase de producción o fabricación de sus bienes se garantizan condiciones laborales dignas basadas en las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ya en el preámbulo del Proyecto de Ley se indica que entre los objetivos de la contratación pública está favorecer el“respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo” lo que sin duda pone el acento en el importante valor instrumental que tienen las adquisiciones públicas para favorecer los Derechos Humanos en el mundo.

Por otro lado, y como principal avance en relación a la anterior normativa, incorpora como parte de la solvencia técnica de los contratos de suministros (artículo 89.1.g) que se deberán indicar por parte de las empresas licitadoras “los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato” siempre que este criterio esté vinculado al objeto del contrato y sea considerado como esencial. Por consiguiente, no presentar estas indicaciones puede ser motivo de exclusión de estos procesos en algunos casos.

Por último, como condiciones especiales de ejecución (artículo 202.2) se podrá exigir que se garantice “el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo ” lo que obligaría a las empresas contratistas a demostrarlo mientras se desarrolla el contrato en el que se incluya este requisito.

Favorecer relaciones de comercio justo con los pequeños productores de países en vías de desarrollo

El comercio justo aparece, igualmente, muy referenciado a lo largo del artículado del Proyecto de Ley. En el Preámbulo habla de que tanto como criterios de adjudicación y/o condición especial de ejecución de los contratos públicos se puede incluir que se “cumplan los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2 ”.

En relación a las prescripciones técnicas de carácter social y ambiental que se pueden requerir en las adquisiciones públicas se hace mención expresa a la posibilidad de solicitar el cumplimiento de los estándares recogidos en las etiquetas de comercio justo siempre que tengan relación con el objeto del contrato (artículo 127.2), como por ejemplo el Sello de Pequeños Productores (SPP) o FAIRTRADE, entre otros.

El principal avance es el referido a la posibilidad de valorar aquellas ofertas que incluyan productos de comercio justo sin necesidad de que estos criterios tengan relación directa con el contrato. Especifica el artículo 145.2.1º sobre requisitos y clases de criterios de adjudicación que entre estos se podrá considerar “la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato”. Así se posibilitará que las entidades del sector público puedan valorar aquellas ofertas que incorporen productos de comercio justo como mejora, siempre y cuando se especifique y concrete así en los pliegos de licitación.

Por último en el artículo 202.2. se hace mención expresa a dos de los estándares que promueve casi en exclusiva el comercio justo como son “favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial ”. El pago de un precio mínimo y de una prima o premio a los productores son criterios que distinguen al comercio justo de otras formas “éticas” de comercializar productos en el ámbito internacional, que en muchos casos solo aseguran el respeto de derechos laborales o al respeto medioambiental (ambos también incluidos en el comercio justo). Ello denota una priorización de la Ley por el comercio justo en relación a otras formas de comercialización menos exigentes.

Mejoras posibles al Proyecto de Ley de Contratos durante su tramitación en el Senado

Para la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) dos son los cambios que mejorarían el texto de Proyecto de Ley emanado del Congreso. El primero es sustituir el término de “comercio equitativo” por la de “comercio justo” en el artículo 145.2.1º sobre requisitos y criterios de adjudicación. Con ello se evitaría la introducción de un concepto jurídico indeterminado como es el de “comercio equitativo” que, además de no ser referenciado en otras partes del proyecto de Ley, no está concretado en ninguna Ley o documento oficial, o incluso estandarización a nivel estatal, europeo o internacional, lo que podría generar incertidumbre jurídica a los órganos de contratación. En cambio, el uso del término “comercio justo” posibilitaría una mayor coherencia con el resto del Proyeto de Ley y evitaría la incertidumbre jurídica que se podría provocar provocaría, al ser un término bien definido en el apartado 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo (referenciada en el preámbulo del Proyecto de Ley) y en varias estandarizaciones y/o etiquetas reconocidas a nivel internacional y europeo por organismos oficiales.

Por otra parte, también se considera necesario relacionar los criterios recogidos en el artículo 202.2 sobre condiciones especiales de ejecución de “pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial” con el comercio justo, mencionando el témino en este artículo para relacionarlos con lo recogido en el preámbulo del Proyecto de Ley. La CECJ propone que la redacción definitiva quede de la siguiente forma: “incluidas aquellas consideraciones de comercio justo que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial”.

La consultoría De Par en Par analiza todas las novedades en materia de cláusulas sociales y criterios sociales y ambientales de la nueva ley.

El 27 de julio la Comisión legislativa de Hacienda y Función pública aprobó la ponencia de la futura Ley de Contratos del Sector Público –texto disponible aquí, cuya tramitación continuará en septiembre en el Senado.

No es definitivo el texto, pero casi, ya que todos los grupos han votado a favor con la única abstención de Podemos y PSOE, pero incluso ambos han mostrado su satisfacción. El tono del debate parlamentario ha sido de acuerdo generalizado, casi de consenso, llegando a incorporar 975 enmiendas de las 1.081 presentadas.

Aquí, queremos abordar todas las novedades en materia de cláusulas sociales y criterios sociales y ambientales. En DE PAR EN PAR llevamos más de quince años promoviendo y en muchos casos bregando a favor de una contratación responsable, por lo que sabemos que una legislación clara y ambiciosa resulta clave para promover su aplicación, proporcionar garantías jurídicas, y convencer al ámbito político.

Al respecto, nuestra satisfacción es doble: la nueva ley supone otro paso firme en materia de cláusulas sociales y además nuestra participación ha resultado capital, ya que tuvimos la oportunidad de redactar enmiendas para REAS (Red de Redes de Economía Solidaria), CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social), e INTERMON-OXFAM, que luego ejercieron una labor pedagógica y de lobby con todos los grupos políticos, por lo que muchas de nuestras enmiendas fueron presentadas y aprobadas. Como resultado las novedades en materia social y ambiental recogen los textos -literales o casi- redactados por DE PAR EN PAR. Y vamos a abordarlas una a una:

OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA LEY

Era nuestra intención que la ley desde su primera línea dejara claro la búsqueda preceptiva y transversal de objetivos sociales y ambientales, realizar un alegato sobre la eficiencia de la contratación responsable, y esgrimir desde el inicio la necesidad de facilitar el acceso de las pymes, micropymes y empresas de economía social a la contratación pública.

Nuestra alegría es enorme al comprobar cómo el texto propuesto ha sido aprobado en su literalidad absoluta, y así figura en el primer artículo de la norma (artículo 1º):

3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La primera de nuestras propuestas consistió en guardar en el desván de la legislación decimonónica el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” en detrimento de la “mejor relación calidad-precio”. Así ha sido aprobada, dando por fin la vuelta a un concepto en plena consonancia con lo establecido en la Directiva 2014/24/UE, pero que en España seguía resistiéndose. De este modo lograremos evitar subastas con pérdida de calidad de los servicios públicos, menguas de los derechos laborales u objeciones respecto a que los criterios de adjudicación de carácter social y medioambiental debían traducirse en ventajas económicas para el poder adjudicador. Deseamos a la oferta económicamente más ventajosa se lleve tanta paz como descanso nos deja.

La segunda de nuestras intenciones era incluir en la propia ley un abundante listado de criterios sociales de adjudicación de los contratos. Queríamos así evitar que se siguiera realizando una interpretación restrictiva y de numerus clausus, como así sucedía con la redacción anterior del TRLCSP (necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar…). Además pretendíamos dar pistas, promover la inclusión de determinados criterios sociales de adjudicación y despejar las dudas sobre la legalidad de algunos de ellos.

Nuestras propuestas han sido recogidas de manera calcada, de modo que el párrafo tercero del artículo 145.2.1º. establece:

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

Otra de las novedades y el segundo entierro léxico-juridico que celebramos se refiere a la expresión del TRLCPS que decía aquello de: “criterios directamente vinculados al objeto del contrato”. ¡Cuánto daño y cuántas discusiones ha provocado! Para ello sumamos nuestro granito de arena en forma de enmienda, y como obituario baste reproducir el punto sexto del propio artículo 145:

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

….

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecución del contrato necesitaban poco empuje y su legalidad nunca ha estado en entredicho. Por ello, nos limitamos a proponer la ampliación descriptiva o casuística de supuestos, habiendo sido todos ellos recogidos en el artículo 200.2:

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

Sí, no cabe duda que es un párrafo que requiere bombona de oxígeno para leerlo seguido, pero bienvenido sea a nuestro marco jurídico.

CONTRATOS RESERVADOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN

La Disposición Adicional Cuarta regula la ya conocida figura de los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Fueron muchas las propuestas que presentamos a través de enmiendas y no todas ellas fueron admitidas, por ejemplo no conseguimos que esta disposición figure en el articulado y lamentamos que siga escondida entre las disposiciones adicionales. Tampoco logramos eliminar la expresión “determinados contratos” que resulta limitativa, ni obligar a todas las administraciones públicas a informar anualmente de su cifra adjudicada a través de contratos reservados. También nos hubiera gustado establecer la posibilidad de que la reserva pudiera realizarse en exclusiva para una de las tipologías de entidades (solo para Empresas de Inserción, por ejemplo), es lo que llamamos de modo coloquial la reserva de la reserva.

El texto resultante es muy similar al que ya existía y por lo tanto reiteramos que es obligatorio reservar contratos y que se debe fijar el porcentaje. Se mantiene la inclusión con plena categoría de las Empresas de Inserción (como no podía ser de otra manera) y se refiere expresamente la muy interesante posibilidad de reservar lotes.

Nuestra aportación al texto definitivo ha sido cuádruple, y aporta las novedades a esta figura. La primera es que como norma general se eximirá de la constitución de garantías definitivas en los contratos reservados. La segunda es acabar con la indefinición anterior respecto a los programas de empleo protegido. La tercera supone mencionar expresamente en el artículo referido a los lotes la posibilidad de reservar lotes a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Y la última y más importante implica limitar la participación a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, algo trascendental como bien saben en el sector y con lo que se espera evitar la competencia por parte de CEEs con ánimo lucrativo y en ocasiones intereses dudosos.  A quien le interese puede ver la descripción legal del concepto de iniciativa social en la Disposición Adicional Septies.

El texto resultante es el siguiente:

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el Anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado.
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición
3. (nuevo) En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.

Lamentamos que al igual que se exige al Consejo de Ministros fijar porcentajes y garantizar las condiciones, no se extienda dicha obligación a todo el sector público. Y puestos a criticar no nos gusta en absoluto la referencia al anexo VI y los códigos, ya que resulta limitativo, farragoso y sobre todo absurdo, ya que las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo operan en todo tipo de sectores y actividades, obras incluidas, por lo que no tiene sentido apuntar a unos sectores y dejar fuera otros.

Por último, reproducimos el párrafo último del artículo 99.4. sobre el objeto del contrato referido a la reserva de lotes para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición adicional quicuagésima (nueva), en las condiciones establecidas en la citada disposición.

CONTRATOS RESERVADOS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SIN ÁNIMO DE LUCRO

Otra de las principales novedades de la nueva norma y para cuya inclusión presentamos diversas enmiendas. No se trata sino de la transposición literal del artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE, pero hay que tener en cuenta que el proyecto de ley de contratos no la recogía, y de hecho no solo no había ánimo de hacerlo, sino que existía una frontal oposición a su incorporación al texto legal, por lo que cabe felicitarse realmente de que finalmente haya sido incluida. Incluso aunque aparezca escondida entre las disposiciones adicionales, y completamente relegada (DA 50ª).

Aunque parezcamos el Abuelo Cebolleta, nos gusta recordar cómo hace quince y veinte años peregrinábamos por las administraciones públicas pidiendo contratos reservados para los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. Nos lapidaron arrojando códigos de Aranzadi, o nos acusaron de herejía contra la santísima trinidad de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. El tiempo nos dio la razón y la normativa nacional acabó regulando lo que ya estaba legislado en Europa. Ahora damos otro paso más y ya es posible reservar contratos, no solo para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, sino también para empresas de economía social y entidades sin ánimo de lucro.

No vale todo, y es lógico que así sea, pues se limita a determinados CPVs, solamente en sectores sociales, culturales y de salud, se establecen requisitos para las entidades y la duración máxima de este contrato reservado es de tres años.

Reproducimos su regulación en la disposición adicional quincuagésima:

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA (NUEVA). Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, los órganos de contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.
b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.
c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.
d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes.
3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en esta disposición adicional no excederá de tres años.
4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia a la presente disposición adicional.

REGULACIÓN ESPECÍFICA Y EXCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES

Nuevamente estamos de enhorabuena. Por fin la normativa nacional de contratos públicos ha asumido el carácter diferencial y la especificad de los servicios sociales, cuya naturaleza, principios, finalidad en la atención a las personas usuarias, procedimientos de adjudicación o sistemas de prestación, no pueden en modo alguno equiparse a -por ejemplo- a la adquisición de un suministro o la ejecución de una obra. Supone además un reconocimiento expreso y explícito al papel que han jugado y siguen jugando las entidades no lucrativas y del Tercer Sector en la prestación de servicios sociales y cuáles son las obvias diferencias con la economía mercantil.

La futura norma se refiere a diversas particularidades en relación con la contratación de servicios sociales. Veamos el articulado más significativo:

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.

6. (nuevo) Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de (…) contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social…

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos:

g) … En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional X o de servicios intensivos, en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 

Las novedades son múltiples:

1. Es posible excluir los contratos de servicios sociales de la normativa y la rigidez de la contratación pública. Sí, así como suena, excluir, inaplicar, dejar al margen, contratar un servicio social sin atender a la normativa de contratación pública. Que nadie se haga el harakiri, que es legal, está justificado, y tanto la jurisprudencia como la legislación comunitaria lo venían admitiendo desde hace años.
2. Los contratos de servicios sociales por importe inferior a 750.000 euros se encuentran por debajo del umbral de regulación armonizada.
3. Cabe eximir de la constitución de garantías definitivas a las empresas adjudicatarias.
4. En todo caso procede utilizar más de un criterio de adjudicación, es decir, que los servicios sociales no pueden adjudicarse considerando tan solo el precio.

Tiempo habrá de analizar en profundidad la aplicación efectiva de estos preceptos, pero en estos momentos (con la norma todavía sin aprobar), cabe realizar un pequeño ejercicio de memoria para recordar que el proyecto de ley se refería a los servicios sociales en su exposición de motivos (los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales… de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos). Pero luego se omitía cualquier referencia a su regulación en el articulado.

Debemos igualmente recordar que estamos realizando la tardía transposición de la Directiva 2014/24/UE, cuyo artículo 4.d) ya señalaba que los contratos de servicios sociales se hallan por debajo del umbral de aplicación; que los artículos 74 a 77 establecen un régimen específico de servicios sociales; o que los propios Considerandos 6 y 114 argumentaban la necesidad de excluir su aplicación o de regular un régimen específico.

Tampoco cabe obviar (como así lo hacía el proyecto de ley), que la jurisprudencia comunitaria se había pronunciado de forma muy clara hacia la regulación específica de los servicios sociales o de permitir la inaplicación de la normativa de la contratación pública: STJUE de 17 de junio 1997 (asunto C-70/95); sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto C-113/13, decisión prejudicial, caso Spezzino; sentencia de 28 de enero de 2016, asunto C-50/14, decisión prejudicial, caso Casta); o la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 1997 en el asunto Sodemare, (asunto C-70/95).

Por último recordamos que son numerosas las Comunidades Autónomas cuyas leyes de servicios sociales ya prevén que pueden adjudicarse estos contratos al margen de la ley de contratos públicos, por ejemplo en Aragón, la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.

En esta caso, y nuevamente, el legislador español se ha resistido no solo a establecer un régimen propio, sino también a explicitar de manera clara que es posible excluir la prestación y adjudicación de los servicios sociales de la aplicación de la normativa de contratos públicos. Parece que todo lo que lleve el apellido social relacionado con contratos públicos cuesta esfuerzo, y a las pruebas nos remitimos. Pero en fin, algo es algo, y nuestra aportación a través de las enmiendas fue muy clara, dando mayor seguridad jurídica, y estableciendo supuestos claros. Aunque el resultado obtenido ha sido escaso, al menos podemos decir que figura en el articulado y que la puerta se ha abierto en nuestro país.

LUCHA CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Planteamos enmiendas específicas de manera que se explicitara y regulara la prohibición o la posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución a las empresas licitadores para que no operen en países señalados como paraísos fiscales en las listas de la OCDE, el Gobierno de España o la Comisión Europea. Pero dichas opciones no han sido aprobadas.

A cambio, la futura norma ha previsto una disposición adicional quincuagésima segunda, por la que el Gobierno se compromete a actualizar la lista de paraísos fiscales. Escaso, por no decir nulo el avance, pero la sociedad civil, y afortunadamente muchas administraciones públicas, van por delante del legislador, así que seguiremos dando pasos en la práctica, que también se hace camino al andar sobre los pliegos o las Instrucciones de Cláusulas Sociales.

ETIQUETADO SOCIAL Y ECOLÓGICO

Otra de las aportaciones que realizamos en forma de enmiendas y que ha sido incorporada al texto de forma casi literal se refiere al etiquetado social y ecológico. Su inclusión se debe a que a lo largo de los años y asesorando a muchos órganos de contratación hemos constatado cómo en muchas ocasiones subsisten interrogantes sobre la posibilidad de señalar referencias a determinado etiquetado y en qué fase concreta: ¿Solvencia técnica, prescripciones técnicas, criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución?

Para solventar las dudas, aportar plena seguridad jurídica y proporcionar ejemplos planteamos una enmienda que ha sido admitida e incorporada, por lo que el articulado señala que efectivamente es posible utilizar referencias a etiquetado social y ecológico, siempre que cumpla los requisitos generales, y dejando muy claro que “los órganos de contratación podrán exigir etiquetas de tipo social o medioambiental, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato”.

Artículo 127. Etiquetas.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por “etiqueta”: cualquier documento, certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos.
2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

…

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

El artículo 71.1.d) señala que se no podrán contratar con la administración las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

A su vez el artículo 72.1. establece que las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación.

Por lo tanto cualquier empresa con más de 250 personas en plantilla, y por lo tanto obligada a contar con un plan de igualdad pero que no lo tuviera estaría incursa en una prohibición para contratar que se apreciará directamente por el órgano de contratación.

Sin embargo en el caso del incumplimiento de la cuota del 2% de personas con discapacidad en empresas con más de 50 personas en plantilla se ha incurrido en un error garrafal a nuestro entender, como es el de supeditar su aplicación a un desarrollo reglamentario sin duda innecesario. Baste recordar que la LISMI en el año 1982 estableció la cuota obligatoria del 2%, y que 35 años después el incumplimiento es generalizado. No hubiera costado nada establecer el mismo precepto que el referido a los planes de igualdad y omitir dicha referencia al desarrollo reglamentario.

Bueno, si alguien ha llegado hasta el final y quiere debatir, aportar u opinar estaremos encantados. Gracias y saludos.

El Congreso aprobó el pasado 27 de julio el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. La norma pasará a ser tramitada en el Senado a partir de septiembre. 

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La Generalitat incentivará la responsabilidad social en el ámbito privado, «estimulando y favoreciendo» estas prácticas e impulsará la contratatación pública «responsable, ética y transparente»

Por Marcos Moro para El Comercio

El Ayuntamiento de Gijón dio ayer luz verde a la licitación del nuevo servicio de comedor para las doce escuelas infantiles de 0 a 3 años que hay en la ciudad. Y la gran novedad es que el contrato, en cumplimiento de un mandato del Pleno, incluirá por primera vez criterios de comercio justo.

Según resaltó el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Couto, esto implica que se primará y dará prioridad a la inclusión de productos ecológicos y autóctonos de Asturias para la elaboración de los menús.

Serán obligatorios tres productos: la carne de vacuno de la marca ternera asturiana, así como la leche y los quesos elaborados y comercializados en la región. «Además se puntuará positivamente cada producto asturiano y ecológico que añadan los licitadores», avanzó Fernando Couto.

Las empresas que opten a hacerse con este contrato estarán obligadas a subrogar al personal de cocina existente en la actualidad, así como a mantener el nivel de retribuciones ajustado al convenio del sector.

De esta forma las doce escuelas infantiles -Atalía, Escolinos, La Serena, Los Playinos, Los Pegoyinos, Los Raitanes, Montevil, Nuevo Gijón, Nuevo Roces, Tremañes, Vega-La Camocha y Viesques- tendrán el mismo menú diario a base de productos ecológicos y autóctonos.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, quien compareció junto a Fernando Couto, explicó que antes iba el contrato de compra de alimentos por un lado y por otro el de cocina, con lo que con esta licitación se conseguirá que sea unificado el menú de toda la red de 0 a 3 años.

El contrato es para el curso 2017/2018 y saldrá con un presupuesto base de 693.000 euros (IVA incluido). Couto aseguró que hasta que no se adjudique el servicio no se sabrá si los nuevos criterios de comercio justo permiten generan ahorros respecto a como se venía funcionando hasta ahora.

Proposición de XSP

El mandato plenario que ha desembocado en esta novedosa licitación del servicio de comedores las escuelas comedor de parte de una propuesta que presentó el grupo de Xixón Sí Puede hace un año, a través de la concejala Nuria Rodríguez, y que salió adelante de forma mayoritaria en el Pleno. En concreto, fue una proposición para la redacción y puesta en marcha de una instrucción específica sobre cláusulas éticas de comercio justo en contratos del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales.

Por Esther R. Medina en eldiario.es

El gerente de la Fundación Isonorte, Eduardo Calderón, demanda a Cabildo y ayuntamientos que cumplan la legislación y apliquen cláusulas sociales en la contratación de los servicios que externalizan. Lleva desde los primeros años de la década de los noventa intentando mejorar la calidad de vida de los colectivos desfavorecidos de La Palma.

“En aquella época, en torno a 1992, una remesa de trabajadores sociales palmeros empezamos a ocupar las plazas de los ayuntamientos del norte y en cada municipio nos encontramos con problemas similares que eran difícil de solucionar desde la perspectiva local”, recuerda en una entrevista con La Palma Ahora Eduardo Calderón, gerente de la Fundación Isonorte, una organización no gubernamental para la formación integral, promoción sociolaboral y cooperación para el desarrollo. “Empezamos a buscar alternativas de carácter más comarcal y desde la sociedad civil nació una agrupación que inicialmente tomó otra fórmula jurídica pero que después se convirtió en fundación tratando de hacer actuaciones comarcales y financiaciones complementarias para impulsar la formación, el empleo y la fijación de la población al territorio, porque en el norte la gente se va”, explica.

Eduardo Calderón fue durante tres años trabajador social del Ayuntamiento de la Villa de Garafía y allí conoció a sor Josefa, la monja que dirigía la residencia de mayores de Franceses. “Ella me implicó en la atención a los problemas sociales”, asegura. “Fijar la población al territorio pasaba por dar formación y empleo a los colectivos que más dificultades tenían, los más vulnerables”, dice. 

Atención a la discapacidad

La Fundación Isonorte gestiona los centros La Tisera en San Andrés y Sauces y La Traviesa en Puntagorda, que están concertados con el Cabildo y que prestan atención a personas con discapacidad. “Se hacen terapias de ajuste personal y social, tratando de desarrollar hábitos para que las personas con discapacidad funcional mantengan sus hábitos y adquieran algunas destrezas más para que puedan tener una vida normalizada el mayor número de años posibles, evitando que sean dependientes”, subraya Calderón, quien no oculta que “a los responsables políticos les ha costado ver la comarcalización de estos asuntos”.

El Centro de Empleo Verde es otra de las iniciativas de la Fundación Isonorte y está orientado a la formación y el empleo. “Aquí se desarrolla uno de los proyectos más importantes que tiene la fundación, Incorpora, financiado por la Obra Social de La Caixa, un servicio de prospección laboral y asesoramiento gratuito a los empresarios para desarrollar su responsabilidad social corporativa”, detalla. “Cualquier empresario que quiera dar oportunidades a estas personas puede llamarnos, analizamos el puesto de trabajo y le ofrecemos una persona que se adecúe a sus necesidades de nuestra bolsa de empleo, integrada por personas que nos llegan remitidas por los servicios sociales y que han pasado por un proceso previo de formación, valoración y ajuste con los técnicos de la fundación”, señala.

Por otro lado está Isonorte Empleo, que es “un salto más”. “Pedíamos a la sociedad que tuviera una responsabilidad social corporativa y que diera empleo a las personas con las que trabajamos, pero pensamos que nosotros como fundación también teníamos el deber de asumir el reto empresarial, y así nació Isonorte Empleo, una empresa de inserción calificada por el Servicio Canario de Empleo, de las que hay 10 en toda Canarias y 200 en España”, apunta Eduardo Calderón. “Es una empresa de tránsito donde la persona puede estar mínimo un año y máximo tres”, precisa.

Generar empleo con recursos propios

En la actualidad, Isonorte Empleo da trabajo a 15 personas en las tres tiendas de ropa de segunda mano con que cuenta la fundación  (ubicadas en Santa Cruz de La Palma, Puntallana y Los Llanos), en la recogida de contenedores de ropa, en la granja de huevos ecológicos y en la planta de compostaje.

Pero el principal reto que tiene Isonorte en estos momentos es que “las administraciones entiendan que hay una legislación que les obliga a hacer una reserva de mercado”, resalta. “A partir de la Ley 31/2015 de Promoción de la Economía Social, una normativa de rango nacional, todas las administraciones están obligadas a hacer una reserva de mercado, un porcentaje de todo lo que compren fuera están obligados a hacerlo con empresas protegidas y solamente tienen esa consideración las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, y en eso estamos trabajando en La Palma con el Cabildo y los ayuntamientos, pero el proceso va lento, nos gustaría que fuera más rápido”, reconoce. “Las instituciones tienen que adquirir el compromiso de aplicar la Ley 31/2015 que les obliga a contratar un porcentaje de los servicios que externaliza a una empresa protegida, con eso se generaría muchísimo empleo para colectivos vulnerables en limpieza forestal, de cunetas o carreteras”, afirma.

Isonorte viene demandando las cláusulas sociales desde 2010. “Sabemos que el Cabildo está trabajando para iniciar su aplicación, pero desconocemos cuánto tiempo tardará, y hay que generar empleo para colectivos de exclusión social, para esos 4.000 palmeros que están en situación de vulnerabilidad”, resalta Calderón. “Logramos que el Cabildo elaborara un estudio de exclusión social, que dice que La Palma tiene en torno a 1.000 personas en situación de exclusión, pero todo el mundo tiene familia y la familia media está entorno a cuatro personas, por lo que la exclusión puede afectar a unas 4.000 personas en la Isla”, indica. “De las 9.000 personas sin trabajo registradas en La Palma en torno a unas 4.000 están viviendo en una situación de riesgo”, sostiene. “Nosotros con medios propios somos capaces de generar 15 puestos de trabajo y hay 4.000 palmeros viviendo en situación de riesgo”, insiste.

Apertura de nuevas tiendas de ropa

Entre los proyectos de la Fundación Isonorte se encuentran “abrir nuevas tiendas y ampliar el servicio de recogida de ropa”. “Cada español genera al año en torno 10 kilos de residuos textiles y eso multiplicado por 80.000 habitantes nos da 800 toneladas”, calcula. “Recogemos en torno a 100 toneladas al año, lo que quiere decir que quedan 700 por recoger, por lo que estamos trabajando con el Cabildo para ampliar la cobertura de contenedores a todos los municipios y también le hemos solicitado alguna de las instalaciones de la JTI en El Paso para abrir como mínimo una tienda más ”, adelanta.

Eduardo Calderón admite que desde la Fundación Isonorte se ha avanzado mucho en la atención a los colectivos desfavorecidos, pero es consciente de que el camino que queda por recorrer es largo. “Miras hacia atrás y ves que se ha hecho mucho pero luego miras hacia delante y ves que hay muchísimo por hacer”.

Lamentan que el Gobierno central recorta los avances impulsados por la Unión Europea

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible.

La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía social y las empresas sociales y ambientalmente responsables.

El documento critica que el Gobierno central ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de contratos del Sector Público que, a su juicio, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, y recorta avances que había impulsando la norma europea 24/2014 en esta materia.

Para los municipios firmantes, esta declaración es una oportunidad para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica, además de «coherente con el mandato de la Directiva Europea».

Al acto han acudido el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon; el concejal de Gobierno, Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez; el de Gobierno Interior de Valencia, Sergi Campillo, y el primer teniente de alcalde de Sabadell, Joan Berlanga.

TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA

Pisarello ha asegurado que este es el «punto de salida de una campaña que quiere interpelar a todos los ayuntamientos», y ha lamentado que el Gobierno central del PP ha optado por no trasponer los elementos más avanzados de la directiva europea.

«Continúan apostando por la opacidad y complejidad en la contratación pública», ha asegurado, y ha insistido en que no se han incluido las cláusulas sociales y laborales, además de dejar fuera a la contratación electrónica, que ha señalado como esencial para minimizar los casos de corrupción.

Ha insistido en que ayuntamientos de diferentes colores políticos y de todo el Estado «van a una para impugnar esta reforma insuficiente y que no está a la altura de lo que se necesita», y ha expresado que también interpelan a los sindicatos, al mundo de la empresa para impulsar la contratación pública sostenible.

TRIPLE CRISIS

Parlon ha asegurado que España se encuentra en una triple crisis: económica, social e institucional, y ha asegurado que hay muchas de las soluciones que se han impulsado desde los ayuntamiento, con el principal objetivo de crear condiciones de trabajo dignas.

«Esta declaración tiene mucha fuerza si realmente puede hacerse efectiva», ha valorado, y ha insistido en que la Economía Social y Solidaria (ESS) tiene un gran papel en la lucha contra la precarización laboral, pero ha lamentado que le cuesta acceder a la financiación.

Sánchez ha recordado que esta declaración ha logrado unir a ayuntamientos de distinto color político, y ha explicado que el Gobierno central no ha aceptado las enmiendas a la totalidad de la transposición de la Directiva Europea 24/2014: «No descartamos que el trámite de enmiendas parciales permita mejorarlo».

Campillo ha recordado que los ayuntamientos tienen «responsabilidades como generadoras de modelos social y de comportamiento», mientras que Berlanga ha asegurado que la inercia del sistema actual propicia una falta de transparencia y opacidad y una falsa libre concurrencia, y deja fuera a empresas más pequeñas y con responsabilidad social.

Nota de prensa

Declaración municipalista a favor de la contratación pública sostenible

Web de Contratación Pública Responsable

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), ante el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aparecido en el Boletín Oficial de Cortes Generales (2 de diciembre del presente año), difunde hoy el siguiente

COMUNICADO

REAS considera, como ya se declaró en relación al anteproyecto de ley presentado en marzo de 2015, que el texto del Proyecto de Ley es claramente insuficiente en relación a la introducción de criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra y contratación pública.

Así mismo, el texto resulta opaco y confuso en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. Las imprecisiones, ambigüedades y la poca concreción en relación a estos aspectos también fueron señaladas en el Dictamen 8/2015 del 25 de junio del Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno, con respecto al anteproyecto, pero se han mantenido en el proyecto de ley.

Señalamos también que, aunque en la exposición de motivos del proyecto se hace mención al espíritu de la Directiva 2014/24/UE, su trasposición, sin embargo, es claramente insuficiente y no se corresponde con las pretensiones señaladas. En concreto, nos referimos los contenidos sociales que debiera tener la contratación pública:

– “permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a objetivos sociales”;
– “los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación”;
– “conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las PYMES”; etc.

Fue por la suma de estos argumentos por los que ya propusimos una revisión en profundidad del texto, de manera que su articulado recogiese con mayor claridad y precisión los criterios de tipo social y ambiental presentes en la Directiva europea y en la propia exposición de motivos del Anteproyecto. Ante el paso adelante dado por el Gobierno mediante la tramitación con carácter de urgencia del Proyecto de Ley, REAS quiere anunciar que ha elaborado un documento de propuestas que recoge un total de 19 enmiendas: 12 a la Ley de Contratos del Sector Público y 7 a la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales. Desde hoy mismo, y a lo largo de los próximos días, se están manteniendo encuentros con todos los grupos parlamentarios, a los que ya se les ha hecho llegar este documento, con el fin de que asuman las enmiendas como propias y las presenten para modificar los proyectos presentados. El documento presentado puede consultarse en este enlace

Subrayamos, además, que el carácter de urgencia no corresponde a la importancia que se le debe a una ley que se propone como herramienta a nivel europea para evitar la corrupción, garantizar un uso eficiente de los fondos públicos y conseguir objetivos sociales comunes. Para tal fin, urge la consulta y participación de los agentes sociales interesados, partidos políticos y grupos parlamentarios, sindicatos y agentes económicos, a quienes convocamos, junto a asociaciones de consumo, movimientos sociales y entidades del tercer sector, a que muestren abiertamente su rechazo a este Proyecto de Ley que, más allá de sus planteamientos generales se demuestra insuficiente, poco claro y pobre de ambición y firmeza. En especial, deseamos apelar a todo el movimiento de la Economía Social y Solidaria, para que redoblemos nuestros esfuerzos y presiones, difundamos la opacidad del texto y nuestra resistencia, de manera que consigamos introducir aquellos aspectos que demandamos para una socialmente transformadora política de compra pública.

REAS Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), es una red formada por 14 redes territoriales y 4 sectoriales para un total de cerca de 600 empresas y entidades que dan empleo a alrededor de 9.000 personas y cuentan con unos ingresos anuales de 380 millones de euros. Sumamos también cerca de 30.000 personas voluntarias y miles de socias en proyectos cooperativos relacionados con las finanzas éticas, la comercialización y consumo de energías renovables o la producción y consumo de productos alimentarios locales. REAS-Red de Redes, pertenece a CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) e internacionalmente a RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).

El objetivo de REAS es impulsar alternativas económicas desde valores relacionados con la equidad, la sostenibilidad ambiental y social, la solidaridad, la participación y la inclusión social, como se recoge en la Carta de Principios que es común a todas las entidades y personas participantes . Así, realizamos campañas de sensibilización ciudadana, fomentamos el emprendizaje en economía social y solidaria, impulsamos la construcción de mercados sociales, desarrollamos herramientas de auditoría social, fomentamos la investigación y la formación, trabajamos propuestas de políticas públicas locales, etc.

Desde esta perspectiva, venimos trabajando desde hace años en impulsar la Compra Pública Responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las administraciones públicas desde criterios relacionados con la equidad social, el medio ambiente o la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios. Las administraciones públicas, con ello, multiplican los efectos positivos de su acción, garantizan un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitan la participación de determinadas empresas que prestan servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales. Así, se viene avanzando en estas propuestas junto a muchos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, ofreciendo para ello herramientas concretas para su impulso, como las que pueden consultarse en www.contratacionpublicaresponsable.org.

En REAS, acogimos con satisfacción las últimas directivas europeas en materia de contratación pública que animaban a los estados a promover aspectos sociales, éticos y ambientales. Sin embargo, consideramos que los proyectos de ley sobre esta materia recientemente presentados en el Parlamento español, si bien recogen algunos de ellos, no desarrollan todo su potencial y son muchas las opciones que dichas directivas abren y que no han sido consideradas. Es por ello que presentamos a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas, con sus argumentaciones y justificaciones, que persigue mejorar dichos proyectos de ley para el impulso de una compra pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible.

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REAS-Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
www.economiasolidaria.org
14 de diciembre de 2016

La Conselleria de Transparencia publicó ayer en el DOCV la guía para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en las contrataciones y subvenciones de la administración y su sector público, como las de carácter ético, encaminadas a promover el comercio justo o a luchar contra la corrupción.

Dentro de ese apartado, el manual señala que “la empresa tendrá que incorporar en la prestación de su servicio o en el contenido de subministración productos de comercio justo, siempre que las características del contrato lo permitan”. Se exigirá que cuenten con los sellos WFTO o Fairtrade de la Organización Mundial de Comercio Justo.

En este manual, el Consell también establece una serie de criterios de tipo social o medioambiental que considera aplicables a contratos públicos, así como un último apartado referente a cláusulas lingüísticas que prevén la exigencia a la adjudicataria de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano. Al respecto, precisa que aquellas empresas que quieran trabajar para la administración autonómica tendrán que garantizar el derecho del ciudadano a ser atendido en las dos lenguas oficiales y también deberán tener toda su información y publicidad en ambos idiomas.

Además, la guía elaborada por Transparencia establece una serie de vetos para evitar que pueda adjudicarse una contrata o subvención a aquellas empresas que hayan cometido delitos laborales o contra el medioambiente, entre otros supuestos. Tampoco se permitirá acceder a la prestación de servicios públicos a mercantiles que tengan deudas con la hacienda pública o que hayan fijado su sede en países considerados paraísos fiscales.

A través de estas medidas, el Gobierno valenciano pretende generar “oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, consideración de los criterios de sostenibilidad -incluídas las cuestiones de comercio ético-”, así como un “cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social empresarial”.

El proyecto SPP Regions lanza hoy su página web www.sppregions.eu para dar a conocer la puesta en marcha y el fortalecimiento de redes de autoridades públicas en materia de contratación sostenible e innovadora en siete regiones europeas. Las redes de Barcelona (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat), del suroeste de Inglaterra (PIPEN), Bulgaria (Bulgarian SPPI Network), Copenhague, Turín (APE), Región Metropolitana de Rotterdam – La Haya y el oeste de Francia (RGO) están cooperando en la licitación de soluciones eco-innovadoras, a la vez que en el fortalecimiento de capacidades en la implementación de prácticas de compra pública sostenibles e innovadora.

Las siete redes regionales publicarán un total de 42 ofertas eco-innovadoras, centradas en el uso de energía en edificios públicos, vehículos y transporte, y alimentación y servicios de catering. El objetivo es alcanzar el 54,3 GWh/año de ahorro de energía primaria y desencadenar la producción de 45 GWh/año de energía renovable.

Al convertirse en los primeros en adoptar nuevas soluciones y tecnologías eco-innovadoras, los organismos públicos locales pueden salvar la distancia entre la oferta y la demanda de estos productos y servicios, y lograr beneficios económicos, sociales y ambientales para sus ciudades. La contratación pública sostenible (SPP por sus siglas en inglés) y la contratación pública innovadora (PPI por sus siglas en inglés) activan la creación de empleo, impulsan la creación de PYMEs, reducen el consumo de agua y energía, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentan un uso más eficiente de los recursos naturales, y contribuyen a la mejora de la calidad del aire. Las redes regionales pueden ayudar a aumentar la capacidad de los organismos públicos en materia de contratación pública sostenible y de contratación pública innovadora, así como demostrar a los proveedores su apuesta por soluciones sostenibles.

El proyecto tiene además como objetivo aumentar las habilidades de un total de 460 agentes en temas de energía. Dentro del proyecto, se llevarán a cabo investigaciones sobre casos de buenas prácticas europeas relacionadas con temas clave dentro de la contratación pública sostenible y de la contratación pública innovadora, tales como el coste del ciclo de vida o las adquisiciones circulares. Todos los recursos estarán disponibles en la web del proyecto.

Dada la importancia de que se replique la iniciativa SPP Regions, las regiones participantes y los socios expertos identificarán otras 10 regiones interesadas en el desarrollo y puesta en marcha de su propia red.

El proyecto SPP Regions está coordinado por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, en colaboración con la Agencia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Italia), la Diputació de Barcelona, Réseau Grand Ouest commande publique et dévelopement durable (Francia), City of Rotterdam, Città Metropolitana di Torino, Bristol City Council, Gabrovo Municipality, EcoEnergy (Bulgaria), The Danish Environmental Protection Agency, University of West of England (Bristol), The Capital Region of Denmark, y Ecoinstitut SCCL (Barcelona). El proyecto está financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte H2020.

Reas Navarra participa en el proyecto Trebatu del Ayuntamiento de Pamplona, proyecto que ha comenzado con un primer taller formativo sobre contratación pública a pequeñas empresas de economía social y solidaria. Se trata de incrementar su participación en las licitaciones. El encuentro se ha celebrado esta mañana y ha participado el alcalde junto a alrededor de 40 pymes

El Ayuntamiento de Pamplona ha seguido esta semana las jornadas formativas del Proyecto Trebatu, una iniciativa con la que pretende fomentar el acceso a las entidades de la economía social y solidaria y de las pequeñas empresas a la contratación pública municipal.

Tras una jornada con centros especiales de empleo y centros de inserción laboral, hoy ha sido el turno de las pequeñas y medianas empresas. El alcalde Joseba Asiron se ha reunido con alrededor de 40 pymes en el Palacio de Condestable, acompañado por el director del Área de Gobierno Transparente, Arturo Ferrer, y el letrado municipal Francisco Javier Vázquez Matilla.

Las 40 empresas que han asistido al taller están vinculadas a la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) y a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), indicativo del incremento de este sector en la economía navarra. El encuentro ha servido a las pymes para actualizar y adquirir nuevos conocimientos en materia de contratación pública así como para resolver dudas. Asimismo, el Ayuntamiento ha podido conocer y valorar de primera mano las posibles demandas y necesidades de las pequeñas empresas. Durante los próximos meses se plantearán nuevas jornadas de formación con pequeñas empresas y autónomos en línea con los objetivos del proyecto Trebatu.

Bilboko Udaleko Gobernu Batzordeak bere kontratuetan klausula sozialak sartzea onartu du, azken urtetan Euskadiko beste hainbat administrazio publiko bezala. Klausula hauek hurrengo esparruetan irizpide sozialak sartzeko asmoa dute:

– Lanaren sustapena: lehentasuna emango zaie langabezian dauden pertsonak kontratatzen duten enpresei, horrela, langabeziarengandik bereziki hunkituta dauden kolektiboei emango zaie lehentasuna.
– Berme soziala: klausula hauek lan, gizarte segurantza eta segurtasuna eta osasuna lanean kontuetan indarrean dauden xedapenak betetzea dute helburu, eta bereziki prestazioak lan-ordenantza edo hitzarmen kolektibo batera lotuta daudenean; lan-harreman kolektiboen arautegiaren betetzea; eta azkenik, lan-arrisku arautegiaren betetzea.
– Berdintasuna: kontratua gauzatzen den bitartean dokumentazioan, publizitatean, irudietan eta materialetan hizkuntzaren erabilera ez sexista bermatzea, emakumeen irudi diskriminatzaileak edo estereotipo sexistak saihestu eta berdintasunezko balioak duten irudiak sustatu, presentzia orekatua, dibertsitatea, elkar-erantzunkizuna eta rol eta genero identitateen pluraltasuna.

Azkenik, Enplegu Zentro Bere