Por Isabel Álvarez para ElSalmonContracorriente

¿Qué ocurre con esa pérdida, con todos los alimentos tirados a la basura antes de entrar en la cadena? ¿Qué ocurre con el alimento producido en otro modelo que no encuentra canales para su comercialización porque las grandes superficies destruyen a lo pequeño?

Isabel Álvarez  

Por Esther Vivas

Comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos es adicto al «oro negro». Sin petroleo, no podríamos comer como lo hacemos. Sin embargo, ante un escenario donde cada vez va a ser más difícil extraer petróleo y éste resultará más caro, ¿cómo vamos a alimentarnos?

La agricultura industrial nos ha hecho dependientes del petróleo. Desde el cultivo, la recolección, la comercialización y hasta el consumo, necesitamos de él. La revolución verde, las políticas que nos dijeron modernizarían la agricultura y acabarían con el hambre, y que se implementaron entre los años 40 y 70, nos convirtieron en «yonquis» de este combustible fósil, en parte gracias a su precio relativamente barato.

La maquinización de los sistemas agrícolas y el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son el mejor ejemplo. Estas políticas significaron la privatización de la agricultura, dejándonos, a campesinos y consumidores, en manos de un puñado de empresas del agronegocio.

A pesar de que la revolución verde insistió en que aumentaría la producción de comida y, en consecuencia, acabaría con el hambre, la realidad no resultó ser así. Por un lado, sí que la producción por hectárea creció. Según datos de la FAO, entre los años 70 y 90, el total de alimentos per cápita a nivel mundial subió un 11%. Sin embargo, esto no repercutió, como señala Jorge Riechmann en su obra ‘Cuidar la (T)tierra’, en una disminución real del hambre, ya que el número de personas hambrientas en el planeta, en ese mismo período y sin contar a China cuya política agrícola se regía por otros parámetros, ascendió, también, en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597.

En cambio, la revolución verde tuvo consecuencias muy negativas para pequeños y medianos campesinos y para la seguridad alimentaria a largo plazo. En concreto, aumentó el poder de las empresas agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel freático, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades miseria, desmantelando los sistemas agrícolas tradicionales, y nos convirtió en dependientes del petróleo.

Una agricultura ‘yonqui’

La introducción de maquinaria agrícola a gran escala fue uno de los primeros pasos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1850, como recoge el informe Food, Energy and Society, la tracción animal era la principal fuente de energía en el campo, representaba un 53% del total, seguida de la fuerza humana, con un 13%. Cien años más tarde, en 1950, ambas sumaban tan solo el 1%, ante la introducción de maquinas de combustible fósil. La dependencia de la maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, camiones…), más necesaria si cabe en grandes plantaciones y monocultivos, es enorme. Desde la producción, la agricultura está «enganchada» al petroleo.

El sistema agrícola actual con el cultivo de alimentos en grandes invernaderos independientemente de su temporalidad y el clima muestra, asimismo, su necesidad de derivados del petróleo y el elevado consumo energético. Desde mangueras pasando por contenedores, acolchados, mallas hasta techos y cubiertas, todo es plástico. El Estado español, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, está a la cabeza del cultivo bajo plásticos en la Europa mediterránea con 66 mil hectáreas cultivadas, la mayor parte en Andalucía, y en particular Almería, seguida, a más distancia, de Murcia y Canarias. Y, ¿qué hacer con tanto plástico una vez finaliza su vida útil?

El uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son una muestra más de la adicción del modelo alimentario al petróleo. La comercialización de fertilizantes y pesticidas ha aumentado un 18% y un 160%, respectivamente, entre los años 1980 y 1998, según el informe Eating oil: food suply in a changing climate. El sistema agrícola dominante necesita altas dosis de fertilizantes elaborados con petróleo y gas natural, como amoniaco, urea, etc., que sustituyen los nutrientes del suelo. Multinacionales petroleras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobras cuentan en su cartera con inversiones en producción y comercialización de fertilizantes agrícolas.

Los pesticidas químicos de síntesis son otra fuente importante de dependencia de este combustible fósil. La revolución verde, como analizábamos, generalizó el uso de plaguicidas y, en consecuencia, la necesidad de petróleo para elaborarlos. Y todo esto, sin mencionar el impacto medioambiental del uso de dichos agrotóxicos, contaminación y agotamiento de tierras y aguas, y en la salud de campesinos y consumidores.

Alimentos viajeros

La necesidad de petróleo la observamos, también, en los largos viajes que realizan los alimentos desde donde son cultivados hasta el lugar en que se consumen. Se calcula que la comida viaja de media unos 5 mil kilómetros del campo al plato, según un informe de Amigos de la Tierra, con el consiguiente menester de hidrocarburos e impacto medioambiental. Estos «alimentos viajeros», según dicho informe, generan casi 5 millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la agudización del cambio climático.

La globalización alimentaria en su carrera para obtener el máximo beneficio, deslocaliza la producción de alimentos, como ha hecho con tantos otros ámbitos de la economía productiva. Produce a gran escala en los países del Sur, aprovechándose de unas condiciones laborales precarias y una legislación medioambiental inexistente, y vendiendo, posteriormente, su mercancía aquí a un precio competitivo. O produce en el Norte, gracias a subvenciones agrarias en manos de grandes empresas, para después comercializar dicha mercancía subvencionada en la otra punta del planeta, vendiendo por debajo del precio de coste y haciendo la competencia desleal a la producción autóctona. Aquí reside el porqué de los alimentos kilométricos: máximo beneficio para unos pocos; máxima precariedad, pobreza y contaminación ambiental para la mayoría.

En el año 2007, se importaron en el Estado español más de 29 millones de toneladas de alimentos, un 50% más que en 1995. Tres cuartas partes fueron cereales, preparados de cereales y piensos para la ganadería industrial, la mayor parte llegados de Europa y América Central y del Sur, como recoge el informe Alimentos kilométricos. Incluso comestibles típicos, como el garbanzo o el vino, los acabamos consumiendo de miles de kilómetros de distancia. El 87% de los garbanzos que comemos aquí vienen de México, en el Estado español su cultivo ha caído en picado. ¿Qué sentido tiene dicho ajetreo internacional de alimentos desde un punto de vista social y medioambiental? Ninguno.

Una comida típica dominical en Gran Bretaña con patatas de Italia, zanahorias de Sudáfrica, judías de Tailandia, ternera de Australia, brócoli de Guatemala y con fresas de California y arándanos de Nueva Zelanda de postres genera, según el informe Eating oil: food suply in a changing climate, 650 veces más de gases de efecto invernadero, debido al transporte, que si dicha comida hubiese sido cultivada y comprada localmente. La cifra total de kilómetros que el conjunto de estos «alimentos viajeros» suman del campo a la mesa es de 81 mil, el equivalente a dos vueltas enteras al planeta tierra. Algo irracional, si tenemos en cuenta que muchos de estos productos se cultivan en el territorio. Gran Bretaña importa grandes cantidades de leche, cerdo, cordero y otros alimentos básicos, a pesar de que exporta cantidades similares de los mismos. Aquí, pasa lo mismo.

Comiendo plástico

Y una vez los alimentos llegan al supermercado, ¿qué sucede? Plástico y más plástico, con derivados del petroleo. Así, encontramos un embalaje primario que contiene el alimento, un empaquetado secundario que permite una atractiva exhibición en el establecimiento y, finalmente, bolsas para llevártelo del «súper» a casa. En Catalunya, por ejemplo, de los 4 millones de toneladas de residuos anuales, un 25% corresponden a envases de plástico. Los supermercados lo empaquetan todo, la venta a granel ha pasado a la historia. Un estudio encargado por la Agència Catalana del Consum concluía que comprar en comercios de proximidad generaba un 69% menos de residuos, que haciéndolo en un supermercado o una gran superficie.

Una anécdota personal ilustra bien esta tendencia. De pequeña, en casa compraban el agua embotellada en grandes garrafas de vidrio de ocho litros, hoy casi toda el agua que se comercializa está embotellada en envases de plástico. Y se ha puesto de moda, incluso, comprarla en packs de seis unidades de litro y medio. No es de extrañar, pues, que de los 260 millones de toneladas de residuos de plástico en el mundo, la mayor parte sean envases de botellas de agua o leche, como indica la Fundación Tierra. El Estado español, según dicha fuente, es el principal productor en Europa de bolsas de plástico de un solo uso y el tercer consumidor. Se calcula que la vida útil de una bolsa de plástico es 12 minutos de media, pero su descomposición puede tardar unos 400 años. Saquen conclusiones.

Vivimos en un planeta de plástico, como retrataba brillantemente el austríaco Werner Boote en su film ‘Plastic Planet‘ (2009), donde afirmaba: «La cantidad de plástico que hemos producido desde el principio de la edad del plástico es suficiente para envolver hasta seis veces el planeta con bolsas». Y no sólo eso, ¿qué impacto tiene en la salud su omnipresencia en nuestra vida cotidiana? Un testimonio en dicho film decía: «Comemos y bebemos plástico». Y esto, como denuncia el documental, tarde o temprano, nos pasa factura.

La gran distribución no solo ha generalizado el consumo de ingentes cantidades de plástico sino, también, el uso del coche para ir a comprar. La proliferación de hipermercados, grandes almacenes y centros comerciales en las afueras de las ciudades ha obligado al uso del coche privado para desplazarse hasta estos establecimientos. Si tomamos como ejemplo Gran Bretaña, y como indica el informe Eating oil: food suply in a changing climate, entre los años 1985/86 y 1996/98 el número de viajes a la semana por persona en coche para hacer la compra pasó de 1,7 a 2,4. El total de la distancia recorrida, también, aumentó, de los 14km por persona a la semana a 22km, un ascenso del 57%. Más kilómetros, más petroleo y más CO2, en detrimento, además, del comercio local. Si en el año 1998, existían en el Estado español 95 mil tiendas, en el 2004 esta cifra se había reducido a 25 mil.

¿Qué hacer?

Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción de petróleo convencional alcanzó su pico en 2006. En un mundo, donde el petroleo escasea, ¿qué y cómo vamos a comer? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que a más agricultura industrial, intensiva, kilométrica, globalizada, más dependencia del petroleo. Por contra, un sistema campesino, agroecológico, local, de temporada, menos «adición» a los combustibles fósiles. La conclusión, creo, es clara.

Es urgente apostar por un modelo de agricultura y alimentación antagónico al dominante, que ponga en el centro las necesidades de la mayoría y el ecosistema. No se trata de una vuelta romántica al pasado, sino de la imperiosa necesidad de cuidar la tierra y garantizar comida para todos. O apostamos por el cambio o cuando no quede más remedio que cambiar, otros, como tantas veces, van a hacer negocio con nuestra miseria. No dejemos que se repita la historia.

Artículo de Gustavo Duch

Hace unas semanas, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, se nos alertó de una nueva subida de precio de los alimentos, con repercusiones que ya se contabilizan en los registros funerarios de los países más vulnerables, sobretodo en el Sahel. El argumento difundido, las malas cosechas que tuvo la agroindustria este año en Estados Unidos, ya sabemos que es mitad mentiroso, mitad incompleto, y por suerte la información se nos amplia y las verdaderas causas afloran: el precio de la materia prima sube -como en las anteriores crisis alimentarias- por (a) las grandes cantidades de cereales que se destinan a elaborar combustibles (¿recuerdan hace seis y siete años cuando se advirtió de los inconvenientes de esta nueva tecnología?); (b) por la especulación que de las futuras cosechas se hace en las bolsas financieras; y (c) -esto es más novedoso- por la cada vez mayor cantidad de tierra fértil que está pasando de las manos campesinas al patrimonio de bancos, empresas y fondos de inversión.

¿Quién está en todos esos negocios a la vez? ¿Quién hay detrás de la carne, del pan, de la pasta, de la leche… y no lo sabemos? ¿Quién tiene en el mismo local estanterías repletas de agrocombustibles hechos de maíz, lineales con piensos de soja para el engorde de animales y, un pasillo más allá, una mesa con un gestor que ofrece pensiones ligadas a la compra de hectáreas en Etiopia o bonos financieros referenciados al precio del trigo? Los cuatro ‘compro, vendo y especulo’ de la comida a los que me refiero son, por este orden: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, conocidos por sus iniciales como los ABCD de la comercialización de materia prima. Cuatro empresas con sede en los Estados Unidos que, si inicialmente consiguieron dominar y controlar el mercado mundial de los granos básicos, cereales y leguminosas, han ido ampliando en los últimos años sus negocios a estas nuevas áreas.

Son cuatro establecimientos, cuatro bazares, como esos que tienen todo lo que puedas imaginar y lo que no. Desde una jarra con forma de vaca para servir la leche por sus ubres de cerámica, al siempre imprescindible cazamariposas entre la estantería de ropa íntima y las útiles llaves de ferretería o  sacos de tierra de jardín. Sólo hay una diferencia, mientras en tiempos de crisis estos universos de barrio padecen la crisis como cualquier otro negocio, los ABCD de la comida, cuatro empresas monstruosas nacidas y crecidas en el regazo de mamá capitalismo y papa desregulación, ganan todo el oro del mundo diciendo que fabrican comida cuando en realidad se lucran hambreando a millones de seres humanos. Y lo hacen desde la invisibilidad.

Es muy difícil sumergirse en las entrañas de estas empresas y sus infinitas subsidiarias pero hay dos cosas obvias. Primera, si entre ellas cuatro controlan, como es el caso, el ¡90%! del mercado mundial de cereales;  si el mercado no tiene ninguna regulación (ni aranceles o cuotas de importación/exportación, ni reservas publicas de cereales, ni políticas de precios); y si las pocas normas  que se dictan son supervisadas por las propias ABCD, es fácil deducir que son sus decisiones quienes verdaderamente marcan el precio de dicha materia prima y por lo tanto de todos los alimentos que incluyen arroz, trigo, maíz, etc. Segunda, si las ABCD (junto con algunas entidades financieras) han degustado los brutales beneficios que les genera especular con la comida y la tierra de cultivo, como sangre para vampiros, seguirán chupando del hambre de los demás si nadie les pone coto. Dreyfus, por ejemplo, ha creado su propio instrumento de inversión Calyx Agro Ltc, para «obtener beneficios del creciente sector del agronegocio y del potencial de apreciación de la tierra, adquiriendo tierras que actualmente se explotan con baja tecnología o que se utilizan para el pastoreo».

Las últimas crisis alimentarias han permitido que la sociedad civil conociéramos y denunciáramos como de la comida y la tierra se ha hecho objetos de especulación. El foco se ha centrado en los bancos y sus actividades en los mercados financieros ligados a los alimentos, con campañas publicitarias del tipo ‘el negocio de alimentar el mundo’ que han merecido todo el rechazo de la sociedad. Aunque el papel que juegan los ABCD es complejo y lejano debemos tomar conciencia por su importancia en el precio de las materias primas. Por parte  de los movimientos campesinos, en cualquier caso, la respuesta que ha llegado ha sido clara: Soberanía Alimentaria. También ahora hay que responder. No son normas para que las ABCD ganen menos dinero lo que necesitamos, lo que se requieren son políticas a favor de la Soberanía Alimentaria para que la alimentación, que no es una mercancía, nos llegue de muchas, pequeñas y humanas agriculturas.

De todo un abecedario alimentario.

La especulación sobre las cosechas atosiga a los países más pobres al inflar los precios de los alimentos básicos

Esther Vivas

La crisis alimentaria azota el mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas, que pasan hambre, según indica el informe ‘El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012‘, presentado esta semana [09/10] por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sofás. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad, pero, es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el Norte. Obviamente no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias, y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas.

Desde hace años nos llegan las terribles cifras del hambre en Estados Unidos: 49 millones de personas, un 16% de las familias, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que incluyen a más de 16 millones de niñas y niños. Números a los que el escritor y fotógrafo David Bacon pone rostro en su trabajo ‘Hungry By The Numbers‘ (Famélicos segun las estadísticas). Las caras del hambre en el país más rico del mundo.

En el Estado español, el hambre se ha convertido, también, en una realidad tangible. Sin trabajo, sin sueldo, sin casa y sin comida. Así se han encontrado muchísimas personas golpeadas por la crisis. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2009, se calculaba que más de millón de individuos tenían dificultades para consumir lo mínimo necesario. Hoy la situación, aún sin cifras, es mucho peor. Las entidades sociales están desbordadas, y en los últimos dos años se han duplicado las demandas de ayuda por falta de alimentos, compra de medicinas, etc. Y según informa la organización Save the Children, con cifras de un 25% de pobreza infantil, cada vez son más las niñas y niños que sólo realizan una comida al día, en el comedor escolar y gracias a becas, debido a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

Así no es de extrañar que incluso el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicara, en septiembre 2012, una galería fotográfica de Samuel Aranda, ganador del World Press Photo 2011, que bajo el título ‘In Spain, austerity and hunger‘ (En España, austeridad y hambre) retrataba las consecuencias dramáticas de la crisis para miles de personas: hambre, pobreza, deshaucios, paro… pero también lucha y movilización. Y es que el Estado español cuenta con las tasas de pobreza más elevadas de toda Europa, sólo por detrás de Rumanía y Letonia, según recoge un informe de la Fundación Foessa. Una realidad que se impone hacia a fuera a pesar de que algunos la quieren silenciar.

La crisis económica, por otro lado, está íntimamente ligada a la crisis alimentaria. Los mismos que nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, que dio lugar al estallido de la “gran crisis” allá en septiembre del 2008, son lo que ahora especulan con las materias primas alimentarias (arroz, maíz, trigo, soja…), generando un aumento muy importante de sus precios y convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur. Fondos de inversión, compañías de seguros, bancos… compran y venden dichos productos en los mercados de futuros con el único fin de especular con los mismos y hacer negocio. Qué hay más seguro que la comida para invertir, si todos, se supone, tenemos que comer cada día.

En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. El Barclays Bank ingresaba, en 2010 y 2011, casi 900 millones de dólares a costa de especular con la comida, según datos del World Development Movement. Y no tenemos porque ir tan lejos. Catalunya Caixa ofrecía a sus clientes jugosos beneficios económicos a costa de invertir en materias primas bajo el eslogan: “depósito 100% natural”. Y el Banco Sabadell contaba con un fondo especulativo que operaba con alimentos.

El hambre, a pesar de lo que nos digan, no tiene tanto que ver con sequías, conflictos bélicos, etc., sino con quienes controlan y dictan las políticas agrícolas y alimentarias y en manos de quienes están los recursos naturales (agua, tierra, semillas…). El monopolio del actual sistema agroalimentario, por parte de un puñado de multinacionales, con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, impone un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos al servicio de los intereses del capital. Se trata de un sistema que genera hambre, pérdida de agrodiversidad, empobrecimiento campesino, cambio climático… y donde se antepone el lucro económico de unos pocos a las necesidades alimentarias de una gran mayoría.

‘Los juegos del hambre’ era el título de una película de ficción dirigida por Gary Ross, basada en el best-seller de Suzanne Collins, donde unos jóvenes, en representación de sus comunidades, tenían que enfrentarse a vida o muerte para conseguir ganar y obtener, así, el triunfo: comida, bienes y regalos para el resto de su vida. A veces la realidad no dista tanto de la ficción. Hoy algunos “juegan” con el hambre para ganar dinero.

*Artículo publicado en Público, 14/10/2012

+info: www.esthervivas.com

La FAO (organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) se funda en 1944, al tiempo que el nuevo orden capitalista tras la II Guerra Mundial. Su objetivo declarado es luchar contra la inseguridad alimentaria que afecta a más del 20% de la humanidad. Sin embargo, aliada desde su nacimiento con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, se ha convertido en el brazo técnico del orden alimentario internacional que controla la agricultura y la alimentación.

Al remover todos los obstáculos para el desarrollo de una agricultura y alimentación mundial mercantilizada, ha aumentado la inseguridad alimentaria. Por un lado, promoviendo una agricultura y ganadería industrial altamente dependientes de químicos, maquinaria y energía para un mercado global.

Por otro, fomentando un patrón alimentario basado en proteína animal abundante y barata. Estas políticas son las causantes el hambre en los países dependientes y de la comida basura, la obesidad y las enfermedades alimentarias en los países ricos. El modelo impulsado por la FAO es responsable del empobrecimiento de los suelos, la contaminación de las aguas, la emigración forzosa de los campesinos, el control del ciclo alimentario por parte de las multinacionales y el crecimiento de la deuda externa.

Hoy se producen tres veces más alimentos para el doble de población que en los años 60, pero la cifra de hambrientos se ha disparado a cerca de mil millones de personas. A pesar de ello, la FAO no asume su responsabilidad en la dirección técnica del proceso.

En el año 2008 asistimos a la escalada del hambre por un alza del 100% en el precio de los alimentos básicos. En el contexto de recesión económica mundial producida por la debacle financiera, dichos precios están cayendo pero de la mano de un aumento vertiginoso de la pobreza y la exclusión. Actualmente se está produciendo una nueva escalada del precio de los cereales derivada del descenso de la producción de los mismos en EE.UU por la sequía. Sin embargo, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO nos da las recetas de siempre. Medidas de índole caritativa para frenar la conflictividad social pero, ayudas a los colectivos excluidos para acceder a los alimentos básicos y subvenciones y créditos para que los pequeños agricultores se impliquen más en el mercado mundial. Medidas a medio plazo: cerrar la ronda de libre comercio de Doha, profundizar en la apertura de los mercados y aplicar las nuevas tecnologías (transgénicos), junto con las preexistentes (abonos químicos y tratamientos agrotóxicos) para intensificar la producción y evitar la lucha por la tierra entre alimentos y carburantes.

La FAO rechaza todas las medidas que limiten la circulación de capitales y la concentración de tierras, recursos agrícolas y alimentarios en manos de las multinacionales. Mientras la cifra de hambrientos y obesos crece con los precios de insumos agrícolas, semillas y fertilizantes. Las instituciones políticas como la FAO, al servicio del mercado global, son responsables de que en estos 70 años, el problema del hambre, se ha agravado con el problema de la comida basura.

No podrían hacerlo sin nuestra colaboración como consumidor@s. En la medida en que nuestro consumo procede de alimentos industriales globalizados y marcas blancas en grandes superficies, cooperamos con el aumento de hambre en el mundo, además de lesionar nuestra salud. Incluso muchos consumidor@s, supuestamente responsables, adquirimos alimentos ecológicos, fuera de temporada y de importación. Hasta ese punto nos tienen controlados. Si queremos formar parte de la solución, debemos cambiar nuestras pautas alimentarias, adecuarlas a los ciclos de la naturaleza y la distribución en circuitos cortos.

El mundo está de nuevo al borde de una nueva crisis alimentaria, que amenaza ser peor que la de 2008- .  El maíz y el trigo están subiendo  un 23 y un 19%, respectivamente. Crisis alimentaria que sin duda  afectará gravantemente  a miles de personas en los países del sur, pero que también tendrá sus efectos en Europa, donde las grandes industrias alimentarias ya han anunciado que harán importantes subidas de precios a partir de septiembre.

Está crisis viene desencadenada por la fuerte sequía que sufre  Estados Unidos. La pregunta es obligatoria ¿Cómo puede tener tanto efecto a nivel mundial?. Entre otras muchas causas está el hecho que los últimos años a través de tratados de libre comercio con países del sur Estados Unidos ha conseguido convertirse en el mayor productor de maíz del mundo, exportando a países hasta hace pocos años productores y excedentarios y pasando a ser dependientes como México, Guatemala, etc, perdiendo así  soberanía alimentaria y arruinando a miles de campesinos. ¿Recuerdan la crisis de la tortilla en México en 2007?

Estados Unidos  controla el 50% de la producción mundial de maíz. Esta producción supera el arroz de China y las cosechas de trigo combinados. Entre los tres grandes cereales – maíz, trigo y arroz .

En apenas tres años está es la tercera crisis alimentaria, lo cual indica que no se trata de crisis sino del fracaso de un sistema globalizado de alimentación controlado por transnacionales y entidades financieras que  ha puesto en jaque la soberanía alimentaria de millones de personas.  Sin políticas que apuesten por la soberanía alimentaria y la agricultura campesina y familiar el futuro será un relato de crisis recurrentes, pero no se olviden que cada crisis mata a miles de personas.

Javier Guzmán
Director de Veterinarios sin Fronteras

Hay un producto capitalista más atractivo que el oro, más rentable que el petróleo y más codiciado que las acciones de Apple: la tierra.

En los últimos diez años en África, América Latina y el Sureste Asiático, 230 millones de hectáreas han sido cedidas, vendidas o alquiladas a estados petroleros, potencias emergentes, conglomerados industriales, fondos de inversión y bancos. Es como si hubieran comprado a Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda y Suiza juntos. Una fiebre de miles de millones de dólares que está trastornando el planeta al establecer plantaciones gigantes donde antes solo había sabanas, selvas y pequeñas parcelas. El mundo está jugando con su equilibrio y su sostenibilidad.

Desde tiempos coloniales, empresas y gobiernos extranjeros se tomaron tierras en todo el mundo. Pero en 2008, cuando se dispararon los precios de los alimentos, se aceleró el frenesí por comprar. Ese año, según la compañía de análisis financiero Bloomberg, el trigo aumentó 130 por ciento; la soya, 87 por ciento; el arroz, 74 por ciento, y el maíz, 31 por ciento. Sorprendidos, países que importan gran parte de su comida, inversionistas y compañías agroindustriales redescubrieron el aforismo del autor estadounidense Mark Twain: «Compren tierra porque ya no la fabrican».

Comenzó entonces la carrera por las hectáreas. Como le dijo a SEMANA Danielle Nierenberg, experta en agricultura sostenible de la ONG Nourishing the Planet: «muchos países ricos se empezaron a preocupar por la manera como iban a alimentar a su población en 10, 20 o 30 años y se pusieron a buscar sitios para cultivar». Así fue como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar, países desérticos que importan 60 por ciento de su comida y que tienen los bolsillos repletos de petrodólares, se volcaron a adquirir suelos fértiles en Etiopía, Kazajistán o Indonesia.

Japón, China y Corea del Sur también compraron compulsivamente. Seúl controla ahora, a través de grandes consorcios como Daewoo o Hyundai, 2.300.000 hectáreas en otros países. Es uno de los terratenientes más grandes del planeta y sus propiedades llegan hasta Brasil, Tanzania, Filipinas o Rusia. China, por su parte, se prepara para enfrentar un reto enorme. Tiene 1.400 millones de bocas para alimentar, el 20 por ciento de la población mundial, pero menos del 10 por ciento de los suelos cultivables del planeta. Con la urbanización y la industrialización, se está consolidando el problema. Por eso en los últimos años Beijing firmó contratos con más de 30 países.

Uno de estos es República Democrática del Congo, el país más grande de África, que lleva décadas atrapado en la llamada guerra mundial de África. En esa nación, empresas chinas consiguieron una concesión para instalar la plantación de palma más grande del mundo, que cubrirá en los próximos años un millón de hectáreas -casi cuatro veces el tamaño de Bogotá-.

Pero no solo los gobiernos invierten. Con los precios del petróleo por las nubes, la demanda por biocombustibles está aumentando a una velocidad vertiginosa, y con ella la presión para sembrar caña de azúcar, palma africana, soya o jatropha, una mata con propiedades similares. Grandes empresas del sector energético, químico o agroindustrial están adquiriendo por doquier. En Argentina, enormes extensiones de soya, destinada a biocombustibles, están devorando la pampa y reemplazando alimentos como el ganado o el trigo.

Pero el suelo ya no es solo para cultivar. También se volvió una forma para ganar mucho dinero. Después de la crisis financiera de 2008, las tierras atrajeron inevitablemente a los mercados financieros, pues es un negocio seguro. Con el auge de los biocombustibles, el calentamiento global, el incremento de la población mundial y el alza de los alimentos, la presión sobre la tierra va a seguir creciendo. Warren Buffett, el multimillonario estadounidense, se gastó 400 millones de dólares en soya y azúcar en Brasil. En Argentina, la familia Benetton posee 900.000 hectáreas en la Patagonia y el gurú de las finanzas George Soros ya tiene un fondo para adquirir tierras en América del Sur.

Como la compra masiva de tierras es aún un fenómeno reciente, sus consecuencias aún son inciertas. Los nuevos terratenientes insisten en que es una oportunidad única para sacar de la miseria a millones de campesinos. Prometen inversiones en educación, salud, carreteras, inyectar tecnologías y mejorar la productividad. Pero, como dijo a SEMANA Carlos Vicente, de la ONG Grain, los riesgos son demasiado grandes: «El acaparamiento de tierras ya está teniendo un tremendo impacto. El desplazamiento de comunidades locales, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de la producción de alimentos para el consumo local, la pérdida de la biodiversidad, los impactos de los monocultivos y de los agrotóxicos usados en la producción agroindustrial son efectos que ya son parte de la realidad».

Las dos terceras partes de los nuevos negocios se están firmando en África, en países que muchas veces carecen de instituciones capaces de ejercer un control. Las transacciones son opacas y los derechos del campesino no son precisamente la preocupación principal de los dirigentes. Además, muchos países están dispuestos a todo tipo de sacrificios con tal de atraer las inversiones. Philippe Heilberg, un inversionista estadounidense que tiene cientos de miles de hectáreas en Sudán del Sur, se lo explicó con mucho cinismo a la revista Der Spiegel: «Cuando hay poca comida, el inversionista necesita un estado débil que no lo fuerce a regirse por las reglas». Así es como en Mozambique inversionistas consiguieron contratos de alquiler de 99 años, con exenciones de impuesto sobre 25 años, al irrisorio precio de un dólar por hectárea al año. Cada año solo van a pagar 300.000 dólares, lo que vale una casa en un suburbio de clase media en Houston.

También abundan denuncias de grandes organizaciones humanitarias sobre regiones enteras que son desplazadas. En enero, Human Rights Watch denunció que 70.000 campesinos de Etiopía abandonaron sus pueblos después de que el gobierno vendió sus tierras. Oxfam, por su parte, indicó que en Uganda 20.000 personas salieron de sus parcelas para que ahí se instale una compañía maderera.

Pero tal vez la mayor preocupación es que, aunque parezca contradictorio, la producción masiva estimula el hambre. Nierenberg dijo que «los gobiernos muchas veces venden sin consultar con las comunidades. Los granjeros, ya sin parcela, no pueden alimentar a su familia y se ven obligados a migrar a las ciudades». Además, los alimentos ahora compiten en un mercado global. El pobre de Etiopía tiene que pagar un precio competitivo por el trigo que consume o, de lo contrario, el producto es exportado. Y el modelo agrícola, basado sobre todo en biocombustibles, acaba con los cultivos tradicionales. A mediados del año pasado, miles de personas murieron de hambre en el Cuerno de África. Una crisis que, según un reporte del Banco Mundial, fue provocada por una sequía prolongada, pero también por el auge de biocombustibles que contribuyeron a la inflación de la comida.

Por ahora, activistas y ONG tratan de imponer un código ético mundial, mayores controles y más transparencia en el mercado de tierras. Aunque algunos, como Carlos Vicente, piensen que «buscar un punto medio es como intentar que convivan en una jaula un cordero y un león», el mundo tiene la obligación de resolver pronto cómo va alimentarse, sin correr el riesgo de autodestruirse.

EL 10 de septiembre de 2003 ponía fin a su vida Lee Kiung Hae, pequeño agricultor asiático que se inmoló como protesta ante la cumbre que la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebraba en Cancún (México), denunciando de esta manera las políticas que este organismo llevaba a cabo en su país. Desde aquel año se celebra en ese día el día internacional de lucha contra esta institución.

Una acción de protesta tan drástica y desesperada como la de Lee Kiung Hae puede sorprender desde nuestra perspectiva urbano-europea, pero no era el primero ni fue el último, y son miles los campesinos que en su lucha contra el capitalismo global han dejado y dejan su vida, más allá de los millones que mueren por sus políticas directamente.

Su recuerdo nos hace echar la mirada sobre la realidad de un movimiento social que con apenas 15 años de experiencia está siendo capaz de ofrecer una férrea resistencia y un combate directo contra la ofensiva neoliberal que sufrimos hoy día y contra los desastres que el sistema capitalista genera, condenando al hambre a las poblaciones campesinas del mundo entero, la extinción de su actividad y sus culturas y la muerte de los medios naturales.

Años de resistencia contra las políticas del Banco Mundial y el FMI apuntaladas por la OMC, organismo que controla el comercio mundial en base a los intereses de las multinacionales y los poderes financieros, responsable de la desaparición de la agricultura familiar y de las poblaciones campesinas e indígenas que la sustentan. La OMC que ampara el dumping y los subsidios a la exportación en el primer mundo además de otras relaciones comerciales injustas que imponen la importación en países agrícolamente autosuficientes y las privatizaciones de compañías públicas promotoras de la agricultura nacional, la construcción de grandes infraestructuras, liberalización de sus economías, fomento de oligopolios, o privatización de recursos naturales, entre otras. La OMC como protectora de la biopiratería y los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que destruyen la biodiversidad, los ancestrales recursos genéticos campesinos y la salud de las poblaciones. Depredadora de la agricultura familiar y local promoviendo del cultivo de agrocombustibles y otras producciones industriales frente a la producción de comida para los pueblos.

El movimiento a favor de la soberanía alimentaria surge ante este panorama como un nuevo internacionalismo de lucha contra las políticas neoliberales intensificadas desde la creación de la OMC. Su lucha es por un nuevo modelo de producción agrícola, apostando por una reestructuración de la economía de los pueblos hacia un sistema que recupere la agricultura familiar, local y sostenible social y ecológicamente, así como los mecanismos de soberanía popular y el control democrático desde la base. Con la Vía Campesina (movimiento que aglutina a más de 100 millones de pequeños agricultores de todo el mundo) como locomotora de esta resistencia, el movimiento ha sabido proyectarse más allá del sector campesino para coordinar su lucha con otras preocupaciones o sectores que combaten contra el modelo alimentario actual o en defensa del ecosistema y sus recursos, coordinado un gigantesco colectivo heterogéneo y complejo que moviliza, pero también traspasa el medio rural y que se convierte incluso en la propuesta más potente frente al escenario de crisis global.

Su éxito: señalar el responsable de la ya vieja crisis del medio rural y sus pobladores, las consecuencias de un modelo capitalista de producción agraria que «no reconoce la limitación de los recursos como el agua, la tierra y la energía; y es responsable de drásticas pérdidas en la biodiversidad, contribuye al cambio climático; somete a miles de personas en trabajos sin el reconocimiento de los derechos más elementales, y se aleja de una relación armoniosa con la naturaleza».

No descubrimos nada al decir que vivimos en mundo globalizado, las luchas son globales y el enemigo es el mismo en rincones muy dispares del planeta. La lucha será internacionalista o nunca llegará el cambio. El que el suicidio de un campesino indonesio, ante una cumbre en México, esté en relación directa con un consumidor que baja a hacer la compra, pongamos, en Donosti, de un kilo de carne de cerdo alimentado en Asia con maíz transgénico cultivado en Brasil en base a fitosanitarios de una multinacional inglesa, es la manifestación de un mismo sistema cruel. Que la realidad de una gran parte de las explotaciones agrícolas en los caseríos vascos hayan tenido que debatirse en los últimos tiempos entre venderse a los bancos y a la intensificación o desaparecer (si el debate no ha sido zanjado antes por una gran infraestructura o el despoblamiento rural, por ejemplo), que cueste encontrar productos sanos y de temporada en nuestros pueblos, que no haya relevo generacional, que la tierra y sus recursos esté en manos de especuladores, que los intermediarios y grandes empresas agroalimentarias hagan caja mientras el agricultor deja la actividad, etcétera, son fenómenos hermanos de, por ejemplo, el hambre en el cuerno de África. Ambos fenómenos, hijos de la expansión sin regulación del capital internacional, de décadas de políticas agrícolas injustas y desarrollo insostenible.

Frente a esto y del mismo modo que los políticos e instituciones globales apuestan en un escenario de crisis financiera por ahondar en sus recetas neoliberales que han sido sus causantes, la OMC sigue manejando el presente y el futuro de los sistemas agrarios mundiales y proponen como solución al desbarajuste que han creado sus políticas en unas pocas décadas (sirva como ejemplo los 500 millones de hambrientos en 1974 a los 1.500 millones en 2008) las mismas recetas que lo crearon: mayor liberalización del mercado alimentario. La razón es simple y vieja, el hambre de muchos hace enriquecerse a unos pocos y éstos son el poder y gobierno del sistema.

Sólo queda una salida; recuperar el control sobre nuestros sistemas agrarios, defender los modos tradicionales de producción y culturales de cada pueblo, así como el medio natural donde se insertan y sus recursos, reactivar la soberanía popular sobre los ámbitos públicos, de manera democrática y participativa, construyendo desde la base un nuevo modelo económico justo y en armonía con las gentes y la naturaleza.

De todo ello hablaremos en las jornadas Auzolan Topaketak I, que tendrán lugar en Usurbil entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. A todas las personas interesadas en actuar a favor de la soberanía alimentaria os invitamos a participar en el batzarre abierto que hemos organizado para tratar el tema, dentro de las jornadas. Más información e inscripciones en www.auzolan.info.

Christian Parenti, autor de Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence (Nation Books), editor colaborador de la revista Nation y Socio escritor de la City University of New York

La respuesta es: mucho más de lo que se pueda imaginar. Para empezar, esa barra se puede «interpretar» como si fuera una muestra básica extraída del corazón de una sombría economía global. Vista de otro modo, revela algunas de las líneas de falla cruciales de la política mundial, incluyendo los orígenes de la primavera árabe que ahora se ha convertido en un verano de descontento.

Consideremos lo siguiente: entre junio de 2010 y junio de 2011, los precios de los granos en el mundo casi se han duplicado. En esos mismos meses cayaeron varios gobiernos, estallaron disturbios en las ciudades desde Bishkek, en Kirguistán, a Nairobi, Kenia, y lo más inquietante es que comenzaron tres nuevas guerras, en Libia, Yemen, y Siria. Incluso en la península del Sinaí en Egipto, las tribus beduinas se han sublevado contra el gobierno interino del país y controlan sus propios bloques de ruta armados.

Y en cada una de estas situaciones, se puede rastrear el problema, por lo menos en parte, hasta el precio de esa barra de pan. Si estos levantamientos no fueron “conflictos por recursos” en el sentido formal del término, hay que verlos por lo menos como sublevaciones provocadas por el pan.

Creciente cambio climático en un trigal

El pan se ha conocido tradicionalmente como la esencia de la vida. En gran parte del mundo no puede ser más básico, ya que la barra de pan diaria significa frecuentemente la diferencia entre el sustento y la hambruna. A pesar de todo, para ver la actual política mundial en una barra de pan, hay que preguntar primero: ¿De qué se hace exactamente ese pan? Agua, sal, y levadura, claro está, pero sobre todo trigo, lo que significa que cuando los precios del trigo aumentan en todo el mundo, lo mismo sucede con el precio de ese pan, y lo mismo pasa con los problemas.

Sin embargo, imaginar que el pan sólo es eso, es no comprender la agricultura global moderna. Otro ingrediente clave en nuestro pan –llamémosle “un factor de producción”– es el petróleo. Sí, petróleo crudo, que aparece en nuestro pan como fertilizante y como combustible de los tractores. Sin petróleo, no se produciría trigo, no se procesaría y no se podría transportar por continentes y océanos.
Y no olvidéis el trabajo. También es un ingrediente de nuestra barra de pan, pero no siempre de la forma que nos inaginamos. Después de todo, la mecanización ha desplazado en gran parte a los trabajadores del campo a la fábrica. En lugar de innumerables campesinos plantando y cosechando trigo a mano, los trabajadores industriales producen ahora tractores y trilladoras, producen combustible, pesticidas químicos y fertilizante de nitrógeno, todos provenientes del petróleo y todos cruciales para el cultivo moderno del trigo. Si el poder laboral de esos trabajadores se transfiere a un trigal, sucede mediante la tecnología.

Actualmente, una sola persona conduciendo una inmensa cosechadora de 400.000 dólares, que quema 760 litros de carburante al día, guiada por ordenadores y sistemas GPS de navegación satelital, puede cubrir 8 hectáreas por hora, y cosechar entre 8.000 y 10.000 fanegas de trigo en un solo día.

Además, sin capital financiero –dinero– nuestra barra de pan no existiría. Es necesario comprar el petróleo, el fertilizante, esa cosechadora, etc. Pero el capital financiero puede afectar indirectamente al precio de nuestra barra de pan de un modo aún más poderoso. Cuando hay tanto capital líquido que se mueve por el sistema financiero global, los especuladores comienzan a subir las ofertas del precio de diversos recursos, incluidos todos los ingredientes del pan. Este tipo de especulación contribuye naturalmente a aumentar los precios del combustible y de los granos.

Los ingredientes finales vienen de la naturaleza: luz solar, oxígeno, agua y suelo nutritivo, todo en la cantidad correcta y en el momento adecuado. Y hay un insumo más que no se puede ignorar: una contribución de la naturaleza de otro tipo: el cambio climático, que ahora realmente entra en acción y, cada vez más, es un elemento desestabilizador clave en la desastrosa llegada de esa barra de pan al mercado.

Desastre comercial

Cuando estos ingredientes se mezclan de una manera que sube el precio del pan, entra en juego la política. Consideremos, por ejemplo, lo siguiente: los levantamientos en Egipto fueron de importancia vital para la Primavera Árabe. Egipto también es el mayor importador de trigo del mundo, seguido de cerca por Argelia y Marruecos. Hay que recordar también que la Primavera Árabe comenzó en Túnez cuando el aumento de los precios de los alimentos, el alto desempleo, y una creciente brecha entre ricos y pobres provocaron mortíferos disturbios y finalmente la huída del autocrático gobernante del país Zine Ben Ali. Su último acto fue prometer una reducción del precio del azúcar, la leche y el pan, pero era demasiado tarde.

Comenzaron las protestas en Egipto y el gobierno argelino ordenó el aumento de las importaciones de trigo para impedir la creciente agitación debida a los precios de los alimentos. Mientras los precios del trigo aumentaban un 70% entre junio y diciembre de 2010, el consumo de pan en Egipto comenzó a disminuir por lo que los economistas llamaron “racionamiento mediante el precio”. Y ese precio siguió aumentando durante toda la primavera de 2011. En junio, el trigo costó un 83% más de lo que había costado un año antes. Durante el mismo período los precios de los granos aumentaron un asombroso 91%. Egipto es el cuarto importador de maíz del mundo. Cuando no se utiliza para hacer pan, el maíz se usa frecuentemente como ingrediente en alimentos y para alimentar a las aves de corral y al ganado. Argelia, Siria, Marruecos, y Arabia Saudí se cuentan entre los principales 15 importadores de maíz. A medida que aumentaban los precios del trigo y del maíz se amenazaba no solo el nivel de vida de los egipcios pobres, sino sus propias vidas, ya que los precios de los alimentos, impulsados por el cambio climático provocaron la violencia política.

En Egipto, la alimentación es un tema político volátil. Después de todo, uno de cada cinco egipcios vive con menos de 1 dólar diario y el gobierno provee de pan subvencionado a 14,2 millones de personas de una población de 83 millones. El año pasado, la inflación general de los precios de los alimentos en Egipto ascendía a más de un 20%. Esto tuvo un impacto instantáneo y devastador sobre las familias egipcias, quienes gastan en promedio un 40% de sus ingresos mensuales, a menudo excesivamente exiguos, solo para alimentarse.

Ante este trasfondo, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, se inquietó porque el sistema alimentario global estaba “a un paso de una crisis hecha y derecha”. Y si se quiere rastrear esa crisis casi hecha y derecha a sus raíces medioambientales, el sitio a buscar es el cambio climático, el clima cada vez más extremo y devastador que domina en todo el planeta.

En cuanto al pan pasó lo siguiente: En el verano de 2010 Rusia, uno de los principales exportadores de trigo del mundo, sufrió su peor sequía en 100 años. Conocido como la Sequía del Mar Negro, este clima extremo provocó incendios que quemaron amplias áreas de bosques rusos, esterilizaron tierras de labor y dañaron tanto la cosecha de trigo del país que sus dirigentes (instigados por los especuladores occidentales de granos) impusieron una prohibición de exportaciones de trigo de un año. Como Rusia es cada año uno de los cuatro principales exportadores de trigo, esto llevó a que los precios aumentaran vertiginosamente.
Al mismo tiempo hubo inundaciones masivas en Australia, otro importante exportador de trigo, mientras las lluvias excesivas en la región central de EE.UU. y Canadá dañaron la producción de maíz. Inundaciones extrañamente masivas en Pakistán, que inundaron cerca de un 20% del país, también atemorizaron a los mercados e incitaron a los especuladores.

Y entonces esos precios impulsados por el clima comenzaron a aumentar en Egipto. La crisis resultante, provocada en parte por ese aumento del precio de nuestra barra de pan, llevó a protestas y finalmente a la caída del autócrata gobernante del país, Hosni Mubarak. Túnez y Egipto ayudaron a provocar una crisis que llevó a una guerra civil incipiente y a la intervención occidental en la vecina Libia, lo que llevó a la pérdida de la mayor parte de la producción de petróleo del país de 1,4 millones de barriles de petróleo. Eso, por su parte, causó el aumento del precio del petróleo crudo, que en su punto máximo llegó a 125 dólares el barril, lo que causó más especulación en los mercados de alimentos, aumentando aún más los precios de los granos.

Y en los últimos meses no han mejorado mucho las cosas. Una vez más, significativamente, en algunos casos las inundaciones récord han dañado cultivos en Canadá, EE.UU. y Australia.

Mientras tanto, una inesperada sequía primaveral en el norte de Europa también afectó a las cosechas de granos. El sistema alimentario global está visiblemente bajo tensión, tirante, si no crujiente, bajo la intensa presión del aumento de la demanda, del aumento de los precios de la energía, de la creciente falta de agua, y sobre todo del ataque del caos climático.

Y esto, nos dicen los expertos, sólo es el comienzo. Se pronostica que el precio de nuestra barra de pan aumentará hasta un 90% durante los próximos 20 años. Eso significará aún más agitación, más protestas, más desesperación, crecientes conflictos por el agua, un aumento de la migración, turbulenta violencia étnica y religiosa, bandidismo, guerra civil y (si la historia pasada sirve de ejemplo) posiblemente una ola de nuevas intervenciones por parte de las potencias imperiales y posiblemente regionales.

¿Y cómo reaccionamos ante esta amenazante crisis? ¿Ha habido una nueva y amplia iniciativa internacional concentrada en proveer seguridad alimentaria a los pobres del mundo, es decir, un precio estable y asequible para nuestra barra de pan? Ya conocéis la respuesta a esta pregunta.

En vez de eso, las corporaciones inmensas como Glencore, la mayor compañía de comercio de recursos básicos, y Cargill, en manos privadas y secretas, el mayor comerciante en recursos agrícolas, se mueven para consolidar aún más su control de los mercados de granos del mundo y para integrar verticalmente sus cadenas de suministro global en una nueva forma de imperialismo alimentario hecho para beneficiarse de la miseria global. Mientras el pan provocó guerra y revolución en Medio Oriente, Glencore hacía beneficios inesperados con el aumento en los precios de los granos. Y mientras más cara se vuelve nuestra barra de pan, más dinero ganarán firmas como Glencore y Cargill. Consideradlo como la peor forma posible de “adaptación” a la crisis climática.

Por lo tanto ¿qué texto debería aparecer en nuestros cerebros cuando leemos nuestra barra de pan? Uno de advertencia, obviamente. Pero hasta ahora, es una advertencia ignorada.

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Fuente original en inglés

Más allá de la grave sequía que sufre el Cuerno de África, hay toda una serie de razones estructurales que denuncia la red ¿Quién debe a quién?, en la que participa Ecologistas en Acción, y que están detrás de esta nueva hambruna.

Según la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en los últimos meses, y la situación podría agravarse”. Las causas de la hambruna en el Cuerno de África, y en Somalia en particular, no se limitan a la situación de grave sequía.

La especulación alimentaría, el control del negocio por parte de la agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las tierras en manos de muy pocas personas se emplean para producir grano para los mercados internacionales en los cuales, gracias a la especulación con los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello reduce a la población somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así, Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años y tan sólo un 30 % de la población tiene acceso al agua potable.

Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también denuncia el endeudamiento ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991).

A este incremento de la deuda externa se sumó, entre 1981 y 1990, la puesta en marcha de toda una serie de políticas impulsadas por el FMI y el BM por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron privatizaciones y medidas de liberalización financiera, entre otras. Todas ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con estas medidas, la deuda pasó de poco más de 1.000 millones de dólares en 1981 a 2.300 millones en 1990.

Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período 1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972 millones de dólares, ya que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con el Estado somalí fallido (no le daban crédito). En estos años, el aumento de la deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos que se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo principal e intereses del crédito). Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7 millones de dólares), por lo que de facto se trata de un Estado en suspensión de pagos.

De este modo, en 2009 (último año del que hay datos) Somalia tenía una deuda externa de cerca de 3 mil millones de dólares que supone unos 255 € per cápita y se estima que significa más del 300 % en relación a su PIB.

De la deuda externa somalí, 26,73 millones de euros son con el Estado español. Esta deuda corresponde toda a dos créditos FAD otorgados en 1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese momento Felipe González era el presidente. Oficialmente los créditos se destinaron a transporte terrestre. No obstante, el su destino último fue para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia. Las empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos casos fueron ENASA – PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la concesión de los créditos eran 100 % públicas.

Este es un ejemplo claro de como la mayoría de la deuda externa somalí se puede declarar como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y represor de Somalia.

Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines militares en Somalia mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha sido la costosa misión militar para proteger un puñado de barcos pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 2010 el Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta misión, a los que habría que añadir 2,7 millones para la formación de militares somalís (misión EUTM-Somalia).

En este contexto, la FAO ha pedido 1.100 millones de dólares para hacer frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha prometido 25 millones de euros, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia.

Por todo ello la red ¿Quién debe a quién? considera que el Gobierno español tiene que tomar toda una serie de medidas para minimizar los problemas del Cuerno de África. Entre ellas destacan:

• Cancelación de la deuda somalí.
  
• Retirada de las operaciones militares de la zona, especialmente de la operación Atalanta.
  
• Impulso de medidas contra la especulación financiera con los alimentos, como el impuesto a las transacciones financieras, el registro público y control de los CDS (como ocurre, en parte, en EE UU), prohibir (o al menos limitar seriamente) las ventas en corto y al descubierto, eliminar las operaciones OTC, obligando a que todas ellas tengan que estar reguladas en los sistemas bursátiles, eliminar los paraísos fiscales… Todas ellas de fácil aplicación con voluntad política, pues ya se realizaron en el pasado.
  
• Salida de la alimentación de la OMC como paso previo para el impulso de un modelo agroalimentario más localizada y basado en la seguridad alimentaria.

Otra noticia relacionada:

• Los porqués del hambre (Esther Vivas – El País – 30-07-11)

«La sequía que afecta a once millones de personas en el Cuerno de África, la peor en 50 años, se ha convertido en hambruna en dos regiones de Somalia. La ONU ha declarado que en Bakool y Lower Shabelle, al sur, el 30% de los niños sufre malnutrición aguda y que dos adultos y cuatro niños de cada 10.000 mueren de hambre al día, algo que no sucede desde hace 19 años» así comienza un artículo de ayer en El País.

A raíz de este aviso de la ONU reproducimos otra noticia de Público que consideramos está más cerca del origen de la hambruna.

La especulación agrícola extiende las hambrunas

La ONU y las ONG impulsan el primer intento de frenar el latifundismo que ahonda la miseria de los países más pobres

Cultivan, pero dejan con hambre a la gente del lugar. Producen, pero no para dar de comer. Gobiernos, fondos soberanos y especuladores han acelerado en los últimos meses la compra o el arrendamiento masivo de tierras cultivables en los países pobres, iniciado tras los disturbios del hambre de 2008. Como esos inversores ponen entre rejas gigantescas extensiones de tierras arables, en lugares donde hay malnutrición, para luego llevarse las cosechas o especular con ellas en bolsa, la tendencia inquieta a las ONG y a la ONU. Estas organizaciones han impulsado el primer intento diplomático para atajar ese nuevo latifundismo mundial.

El relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, disparó la alarma durante una reunión de estados, agencias internacionales y ONG celebrada en Dublín el lunes y el martes pasado. Unos 20 millones de hectáreas de tierra arable del mundo pobre ya tiene un candado puesto por algún Gobierno extranjero, fondo soberano foráneo, o inversor especulativo. Otros 30 millones de hectáreas son objeto de negociación actualmente.

El hambre no deja de crecer: 1.020 millones de personas la sufren

E informe que presentó a la Conferencia de Dublín, De Schutter intenta que el nuevo Plan de Acción Global sobre derecho a la alimentación integre dos prioridades: «dar primacía al derecho a la alimentación por encima de la creación de un mercado de títulos de propiedad o de arrendamiento de tierra» y «reforzar los derechos» de los agricultores, ganaderos y cazadores o pescadores tradicionales locales sobre su suelo.

Cara a la Asamblea General de la ONU de septiembre, De Schutter tiene previsto proponer una moratoria sobre todas esas inversiones a gran escala en tierras arables, cuyo objetivo es puramente especulativo o de seguridad para países ricos o emergentes.

Lo que está en juego es de magnitudes que De Schutter califica de «insensatas». Los disturbios del hambre de 2008, debidos a una burbuja especulativa en los mercados internacionales de alimentos, demostraron que el dogma agrícola de los últimos 40 años superproducción, subvenciones a la exportación y mercado libre no funciona a la hora de dar de comer al hambriento.

El África al sur del Sáhara es el principal objetivo de los especuladores

Desde entonces, el tema parece haber desaparecido. Pero el último informe de la FAO señaló que el hambre sigue creciendo, con 1.020 millones de personas desnutridas en el mundo en 2009, cifra récord. Si los nuevos latifundistas globales logran sus objetivos, la situación empeorará.
Un ejemplo que no cunde

En Madagascar, las sociedades india Varun y surcoreana Daewoo, dueños de cientos de miles de hectáreas, han tenido que renunciar a sus proyectos de expansión por la presión popular. Pero el ejemplo no cunde. La República Democrática del Congo ha cedido diez millones de hectáreas a la Unión de Granjeros de Suráfrica.

En Madagascar, la presión popular ha puesto freno a la voracidad foránea

En Mali, las autoridades han concedido 100.000 hectáreas a Libia, para un arroz que los malienses no comerán. En Sudán, Corea del Sur adquirió 690.000 hectáreas para plantar trigo. Por no hablar de la inmensa concesión obtenida por un fondo neoyorquino, Jarch Capital, tras pactar con señores de la guerra en regiones rebeldes de Sudán.

La presión comercial sobre la tierra, según los expertos, se ejerce principalmente sobre África subsahariana, sobre todo en Camerún, Etiopía, Ghana, Madagascar, Tanzania y Sudán. Son lugares con hambre o desnutrición crónica, después de décadas de destrucción de la agricultura familiar local a causa de la ayuda y de las exportaciones subvencionadas del Norte.

El sureste asiático entra en esa corriente que las ONG ya califican con un nuevo concepto: el de land grabbing o acaparamiento de tierras. El año pasado, el grupo saudí Bin Laden firmó el arrendamiento de 500.000 hectáreas para producir arroz y llevárselo a su país. Y también hay rejas ya sobre superficies inmensas en Filipinas, Laos, Camboya o Pakistán. Ucrania,

El 35% de estas tierras produce agrocarburantes, en lugar de alimentos

El Banco Mundial, a partir de una muestra de 389 de estos latifundios en 80 países, ha detectado que un 37% está destinado a pastos o a producir alimentos o piensos transportables, cuyo destino son los mercados internacionales.

Por otra parte, un 35% apuntaba a la producción de agrocarburantes. Para De Schutter, «Incentivar las [energías] renovables en los transportes acelera el acaparamiento de tierras», cuando «derecho a la alimentación y lucha contra el cambio climático deberían conjugarse».

Uno de los principales centros de agronomía del mundo, el CIRAD de Francia, ha estudiado lo ocurrido en Madagascar, y ha constatado que las autoridades accedieron a vender tierras a los inversores porque éstos prometían una utopía de «zonas francas» competitivas, con «ciudades llave en mano», adosadas a las plantaciones. Frente a esa ilusión, sólo la evocación de que «la tierra de los ancestros» no se vende fue útil a la hora de parar la especulación.

Artículo relacionado:
«El hambre es un problema de justicia distributiva» (Olivier de Schutter. Relator de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación)

La OCDE y la FAO dicen que la subida de las materias primas está aquí para quedarse

La relajación de los precios de los alimentos en mayo no debe ser un motivo para bajar la guardia, según advirtieron ayer la OCDE y la agencia de Naciones Unidas para la alimentación, la FAO. En un estudio conjunto que prepara la reunión de ministros de Agricultura del G-20 la próxima semana en París, los organismos avisan de que el precio de las materias primas y de los alimentos tendrá una subida constante en los próximos años.

Así, según sus cálculos, los alimentos seguirán al alza en la próxima década (frente a la anterior) hasta revalorizarse un 30% su precio en el caso del pollo, o un 20% en el maíz, en términos reales, esto es, una vez descontada la inflación. Otros productos básicos, como la mantequilla, el aceite vegetal, el arroz, o el azúcar, también verán incrementarse su precio entre un 15% y un 20% . Estas alzas está muy relacionadas con el encarecimiento de los biocombustibles, ya que calculan que el Etanol subirá hasta un 50% en los próximos años.

Con todo, el equipo de expertos consideran sus previsiones «optimistas», ya que los buenos datos previstos para las cosechas en el ejercicio 2011 y el mantenimiento del precio del crudo han mejorado el escenario de partida. El informe recuerda que la inflación procedente de los alimentos provoca una fuerte inestabilidad económica que puede pasar factura a los países en desarrollo.

En cuanto a la volatilidad de los precios, el informe señala múltiples factores, entre los que cita el cambio climático, los precios de la energía, los tipos de cambio, el crecimiento de la demanda, las restricciones al comercio y también, la especulación financiera. En este último punto se reseña que «un nivel elevado de actividad especulativa en los mercados de futuros puede amplificar los movimientos de los precios a cortos plazo» aunque dice que no hay pruebas concluyentes del impacto sobre el largo plazo. Con todo, es excepcional que un informe avalado por el foro económico de ricos por excelencia reconozca esta influencia.

Más información:
La crisis alimentaria lleva a 44 millones de personas a la pobreza en apenas medio año

La mitad de los españoles ha variado su dieta en los últimos dos años

[Rebecca Blackwell / Oxfam] En todo el mundo las personas están cambiando su dieta por el aumento del precio de los alimentos, según se desprende de una encuesta hecha pública hoy por Oxfam, Intermón Oxfam en España, en el marco de la campaña mundial CRECE, que quiere asegurar que todas las personas tengan siempre suficiente para comer. Los ministros de Agricultura del G20 se reúnen en Francia la próxima semana y tratarán entre otros temas la crisis global de los precios de los alimentos.

La encuesta fue realizada en España y en otros 16 países de los cinco continentes: Australia, Alemania, Brasil, Ghana, Guatemala, India, Kenya, México, Países Bajos, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, el Reino Unido y los EE.UU, que Oxfam encargó a una empresa independiente. Del estudio se extraen los siguientes resultados:

• 54 % de los encuestados a escala global afirmaron no comer lo mismo que hace 2 años, justo antes de que empezara la crisis actual de los precios de los alimentos. En el caso de España el porcentaje se sitúa en el 46 %. A escala global el 39 % explicaron que su dieta había cambiado porque los alimentos se están encareciendo y un 33 % esgrimió razones de salud. De nuevo en el caso español, 33% de los entrevistados afirmaron haber cambiado su dieta por motivos económicos y un 21% por razones de salud. En Kenia, por ejemplo, un sorprendente 76% de los encuestados afirmó haber cambiado su dieta, y de todos los que han cambiado su dieta el 79% culpó al precio de los alimentos.
  
• El aumento del precio de los alimentos es la mayor preocupación de los ciudadanos en lo que se refiere a los alimentos, puesto que fue la elección del 66% de los encuestados globales. En el caso de España el porcentaje sube, ya que 7 de cada 10 se muestran preocupados por el alza de los precios. A escala global el 43% de las personas señaló como mayor preocupación el que los alimentos sean nutritivos y saludables. Sin embargo, en los países más pobres la mayor preocupación es el acceso a los alimentos: para el 57% de los encuestados en Kenia y el 45% de los de Tanzania.
  
• 1 de cada 2 personas encuestadas en países en desarrollo como Kenia y Tanzania, afirma que no tiene suficiente para comer a diario, cifra que se reduce a sólo el 6% de los encuestados en los países desarrollados como el Reino Unido, Alemania, Australia y los EE.UU; y aún baja más, hasta el 5% en el caso de España

Preguntados por los factores clave que afectan la cadena alimentaria, los encuestados señalan mayoritariamente el aumento del precio del petróleo y del transporte, así como el impacto del cambio climático. Les siguen en orden descendente las políticas gubernamentales y las acciones de las multinacionales. Cabe destacar que España es el país junto con Alemania en el que los encuestados dan más importancia al papel del sector privado. Un 27% de los españoles considera que las empresas alimentarias son el factor más importante en la cadena alimentaria.

Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam, ha afirmado: «Lo que comemos está cambiando rápidamente y para demasiadas personas está cambiando a peor. Una gran cantidad de personas, especialmente en los países más pobres del mundo, están reduciendo la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen por el aumento del precio. Los líderes mundiales, especialmente los del G20, deben actuar ahora para arreglar el sistema alimentario, que no funciona. Deben regular los mercados de materias primas, deben reformar las políticas de biocombustibles para mantener los precios de los alimentos bajo control y deben invertir en los pequeños productores en los países más pobres y ayudarlos a adaptarse al clima cambiante.”

Pizza, pasta, pollo y paella

La encuesta, realizada por GlobeScan a más de 16.000 personas, también revela hasta qué punto la comida occidental se ha extendido por todo el mundo. La pizza, la pasta y el pollo encabezan la lista de los alimentos favoritos en la mayoría de los países, junto con platos nacionales como la paella en España y el biryani en la India. Las únicas excepciones son las naciones más pobres de África, donde siguen dominando los platos tradicionales a base de maíz. En España los platos preferidos son los de arroz seguidos de la pasta, los huevos y la carne. La pizza ocupa el quinto lugar en el ránking.

Olivier Martin, Director de investigaciones de GlobeScan ha afirmado: “Las consecuencias de la subida del precio de los alimentos en todo el mundo son muy evidentes en los resultados de la encuesta. El precio de los alimentos es con diferencia la preocupación principal que la gente tiene sobre lo que ellos y sus familias comen.”

Otras entrevistas realizadas por Oxfam aportan más pruebas de que muchas personas en los países en desarrollo están comiendo menos cantidad de comida, productos más baratos o llevando una dieta menos variada como consecuencia de la subida del precio de los alimentos. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la subida de los precios, porque son las responsables de alimentar a sus familias.

Glenda Marisela Galindo Castro, una dependienta de 22 años de Guatemala ha afirmado: “El azúcar solía ser muy importante para nosotros. Lo añadíamos al café y a los refrescos, pero ahora no podemos por la subida del precio del azúcar. El aceite que solía valer 5 quetzales el medio litro, ahora vale 8. Soy la única de mi familia que trabaja y el salario que cobro no es suficiente para cubrir las necesidades de todos.”

Edson James Kamba, de 69 años, y ciudadano de Malawi ha afirmado: “Mi comida favorita es el arroz con judías y carne pero es muy caro. El precio de los alimentos sigue subiendo. Me gustaría beber algo de leche pero no puedo comprarla. Solía comer pan con margarina y mermelada, pero ahora no me lo puedo permitir. Cuando veo la gente en la televisión, siempre están comiendo cosas muy buenas como carne, pollo y huevos. Si yo estuviera allí también tomaría esas cosas. Las queremos pero no podemos permitírnoslas.”

Apoyo de celebridades

La campaña CRECE de Oxfam inicia un diálogo global sobre cómo podemos cultivar y compartir mejor los alimentos ahora y en el futuro. Han participado también en el debate celebrities de la talla del ex presidente de Brasil, Lula da Silva, el arzobispo Desmond Tutu, la compositora y artista Angelique Kidjo de Benin y los actores Gael García Bernal de México, Amar Waked de Egipto y Hai Qing de China.

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, ha afirmado: “Como muchos brasileños no hay nada que me guste tanto como un plato de arroz, judías, carne, cebollas y huevos. Pero como muchos en Brasil he sufrido el hambre. En muchas ocasiones me despertaba por la mañana sin pan para el desayuno y nada para la comida. Esa parte de mi vida fue muy importante porque me dio la fuerza para sobrevivir y la determinación para luchar y conseguir acabar con el hambre. No es aceptable que un niño pase el día sin tener un vaso de leche. No es aceptable que un niño tenga menos de 3 comidas al día. Son derechos fundamentales.”

“La comida es uno de los mayores placeres de la vida y uno de nuestros derechos humanos más básico. Es importante que todos nos involucremos en el debate sobre cómo cambiar el sistema global de los alimentos para que todo el mundo tenga suficiente comida hoy y mañana. Hay otras maneras de producir, como por ejemplo, el comercio justo, que deberían promocionarse más. La campaña CRECE de Oxfam invita a las personas a unirse a este debate ahora en www.intermonoxfam.org/crece” ha afirmado Arpa.

Más información en: www.intermonoxfam.org/crece

En el siguiente link se pueden encontrar un desglose detallado de los resultados a nivel mundial y por país, así como fotos de las celebrities que apoyan la campaña:
http://www.4shared.com/folder/wVkYpaNc/GROW_MEDIA_MATERIALS_15_JUNE_2.html

Imágenes de vídeo de las celebrities que apoyan la campaña:
https://app.aframe.com/links/c105003353819357766339e2fdae9aef

Foto: Arroz cultivado localmente en una planta de transformación de arroz a pequeña escala en Ross Bethio. (c) Rebecca Blackwell / Oxfam

INFORME: Datos desglosados de la encuesta global

Estos Gobienos quieren poner coto a la avidez extranjera por sus codiciadas y extensas tierras aptas para la producción de alimentos. Más allá de matices, las medidas son, en general, tímidas.

Ninguno de los tres países socios en el Mercosur (Mercado Común del Sur), junto a Paraguay, plantean un rechazo a la adquisición de tierras por parte de capitales privados y estatales extranjeros, ni fijan regulaciones sobre uso del suelo ni revisan lo que ya se vendió. Pero sí procuran poner límites frente a la creciente adquisición de estas propiedades agropecuarias por parte de otros países, que buscan así facilitar el abastecimiento de sus propios mercados de alimentos o utilizar esas tierras como instrumento de inversión especulativa.

En Brasil ya se dictó una norma que limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros y de empresas brasileñas con capital foráneo, mientras en Argentina y Uruguay se analizan proyectos que apuntan en igual dirección. En todos los casos, la alerta viene de la creciente compra de tierras registrada en estos países en los últimos años, a raíz del aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la falta de otras alternativas de inversión financiera.

Un estudio presentado en 2008 por la organización no gubernamental internacional Grain, que trabaja a favor de las y los campesinos y pequeños productores rurales, ya había advertido de este proceso y mostrado casos concretos de ese proceso de acaparamiento de tierras.

China, Egipto, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, India, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos están adquiriendo o arrendando tierras fértiles en otros países donde no siempre los alimentos abundan, señala Grain.

Esta fuente menciona que Camboya, que recibe ayuda del Programa Mundial de Alimentos, arrienda campos de arroz a Qatar y Kuwait, mientras Uganda cede campos de trigo y maíz a Egipto, y a Filipinas llegan interesados de Arabia y Emiratos Árabes. Esta avanzada no sólo procura asegurar la provisión de alimentos. También hay compras de tierras con fines especulativos por parte de bancos y financieras en Ucrania, Senegal, Nigeria, Rusia, Brasil y Paraguay, sostiene el informe.

Brasil

En entrevista con IPS, el dirigente campesino brasileño José Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), dijo que en su país se percibió esta presencia cada vez más importante de capitales especulativos en el sector.

Adquirieron tierras, usinas de etanol (combustible hecho a base de caña de azúcar) y represas entre otras inversiones, explicó. «El MST está preocupado porque esto pone en riesgo la soberanía y causa más inseguridad alimentaria», alertó.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de su país informó que hay unas 4,5 millones de hectáreas en manos extranjeras, pero el gobierno admite que el dato no refleja la realidad y que podría ser más del doble.

Stédile aplaudió la norma aprobada en septiembre que limita la compra o arrendamiento de parcelas más allá de un mínimo a extranjeros, y fija en 25 por ciento el límite de superficie de un mismo municipio que pueden adquirir.

«La prioridad del uso de la tierra debe ser producir alimentos para nuestro pueblo y las empresas extranjeras compran tierras para especular, para proteger sus patrimonios, y plantan lo que les de más lucro», aseguró.

Argentina

En tanto, en Argentina, el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández envió al parlamento en abril un proyecto de ley en el que fija en el 20 por ciento el límite a la titularidad de extranjeros en territorio nacional y no les permite comprar más de 1.000 hectáreas en zonas productivas. No obstante, no limita, como en Brasil, la participación de extranjeros en fondos de inversión, ni tampoco revisa lo ya vendido.

Las autoridades argentinas estiman que hay unas siete millones de hectáreas en manos extranjeras, pero la Auditoría General de la Nación fijó en 17 millones esa propiedad, lo cual representa 10 por ciento del territorio o más de la mitad del área sembrada.

Sólo el magnate italiano Luciano Benetton posee casi un millón de hectáreas de tierras en la sureña región de la Patagonia.

La iniciativa del gobierno de Fernández reivindica a la tierra como recurso natural no renovable y se funda en un análisis del contexto global en el que se destaca el constante aumento de la población mundial y el creciente deterioro de las tierras cultivables.

La Federación Agraria Argentina, que agrupa a las y los productores de pequeña escala, pedía una norma de este tipo desde 2002 y por eso celebró el proyecto. Sin embargo, advirtieron que se requiere además una ley de arrendamientos.

En esa norma se deberían establecer criterios sobre lo que se produce en tierras de alquiler. La objeción apunta, por ejemplo, a una polémica que se suscitó en Río Negro, una provincia de la Patagonia.

El gobierno provincial rionegrense suscribió un convenio de cooperación con un grupo de empresas chinas para arrendar 240.000 hectáreas para la producción de soja en los próximos 50 años, con opción a la renovación automática del contrato.
El ingeniero agrónomo argentino Walter Pengue, del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la estatal Universidad de Buenos Aires, comentó a IPS que, si la iniciativa no revisa lo ya vendido ni regula el uso del suelo, tendrá serias limitaciones.

«El proyecto está bárbaro, pero me deja preocupado porque en el mundo académico internacional se discute la disponibilidad de la tierra y para 2020 se prevé que habrá unos 15 países con tierras productivas, entre los que está Argentina», indicó.

Pengue cuestionó el acuerdo del gobierno de Río Negro. «No venden la tierra, pero la arriendan y allí se produce lo que quiere el que la alquila, entonces la huella ecológica de otros países queda para siempre en nuestro territorio», advirtió.

Uruguay

En Uruguay, el intento del gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez (2005-2010) de hacer aprobar una ley que limite la extranjerización no se pudo concretar, pero la fuerza que lidera, el Frente Amplio, proyecta concretarla este año gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el parlamento en el marco de su segundo gobierno, ahora encabezado por José Mujica.

El censo de 2000 indicó que 17 por ciento de la tierra de ese país estaba en manos de capitales externos, afirmó a IPS el geógrafo Marcel Ashkar, de la Facultad de Ciencias. Pero hoy se estima que ya cubre entre 20 y 30 por ciento de las tierras aptas para la agricultura.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que de 2000 a 2009 se comercializaron más de seis millones de hectáreas y que más de la mitad fueron adquiridas por extranjeros, fundamentalmente argentinos y brasileños.

El peso de la soja, el arroz y la forestación a gran escala atraen capitales, además de de sus dos grandes vecinos, también del Estado francés, Chile y Finlandia, que aumentan sus posesiones en Uruguay de la mano de grandes complejos industriales de producción de celulosa.

Por Marcela Valente, con colaboración de Fabiana Frayssinet (Río de Janeiro) y Raúl Pierri (Montevideo) (FIN/2011)
Fuente: IPS

Ya hay más de 1.000 firmas

COAG, Veterinarios sin Fronteras, conjuntamente con y Mundudat, lanzaron el pasado mes de marzo una campaña para pedir a Catalunya Caixa que reitre su depósito 100% Natural, un producto financiero puramente especulativo que juega con el precio de tres de los productos alimenticios que componen la cesta básica: el maíz, el azúcar y el café. «Hemos conseguido más de 1.000 firmas, y ahora vamos a por las 2.000! En la campaña pedimos que se retire el depósito, y para ello hemos redactado una carta que haremos llegar al director de Catalunya Caixa con nuestra posición».

Participa

¿Por qué no a este depósito?
Se trata de un depósito estructurado que apuesta por la evolución de una cesta formada por tres materias primas como el azúcar, el café y el maíz. Un depósito ligado a los alimentos funciona como cualquier otro depósito, simplemente que la cesta de dicho depósito está compuesta por productos alimenticios. Se trata de productos que tienen en el mercado un papel estratégico, jugar con las subidas y bajadas de éstos puede ser muy beneficioso para las y los inversores. Por tanto, el depósito 100% Natural de Catalunya Caixa ofrece a las y los inversores más interés como mayor sea la subida de estos alimentos, con las nefastas consecuencias que la subida de los precios de los alimentos básicos tiene en las poblaciones más vulnerables del planeta. Es decir, ofrece lucro a través del hambre, la pobreza, la exclusión, las dificultades para llegar a final de mes, etc, Y no solamente ofrece lucro execrable, es que este tipo de herramientas crean (especulando) las burbujas inflacionistas de los precios. Es decir, crean la situación para luego beneficiarse de ella.

Más información

La especulación alimentaria y la ‘petrodependencia’ como detonantes

La amenaza de una nueva crisis alimentaria es ya una realidad. El precio de los alimentos ha vuelto a aumentar alcanzando cifras récord, en una escalada creciente y consecutiva de precios desde hace ocho meses, según informa el Índice de la FAO para los Precios de los Alimentos de febrero de 2011, que analiza mensualmente los precios a escala global de una cesta formada por cereales, oleaginosas, lácteos, carne y azúcar. El Índice apunta a un nuevo máximo histórico, el más elevado desde que la FAO empezó a estudiar los precios alimentarios en 1990.

Este aumento del coste de la comida, sobre todo de los cereales básicos, tiene graves consecuencias para los países del Sur con bajos ingresos y dependencia de la importación alimentaria así como para millones de familias, en estos países, que destinan entre un 50 y un 60% de sus ingresos a la compra de alimentos, cifra que puede llegar hasta un 80% en los países más pobres. En estos casos, el aumento del precio de los productos alimentarios los convierte en inaccesibles.

Nos volvemos a acercar a la cifra de mil millones de personas, una de cada seis en el planeta, que hoy no tienen acceso a la comida. El propio presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, lo dejaba claro al afirmar que la actual crisis alimentaria había hecho aumentar en 44 millones el número de personas que padecen hambre crónica. Hay que tener en cuenta que en el año 2009 ya se superó esta cifra, llegando a los 1.023 millones de personas subnutridas en todo el planeta, cifra que se redujo levemente en 2010, pero sin regresar a los índices anteriores a la crisis alimentaria y económica de 2008 y 2009.

La presente crisis se da en un contexto de abundancia de alimentos. La producción de comida se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan sólo se ha duplicado desde entonces. Por lo tanto, de comida hay. No se trata de un problema de producción sino de un problema de acceso a los alimentos, a diferencia de lo que puedan afirmar las instituciones internacionales (FAO, BM, OMC), que instan a aumentar la producción a través de una nueva revolución verde, la cual no haría más que agravar la crisis alimentaria, social y ecológica que enfrentamos.

Las revueltas populares

Las revueltas populares en el Norte de África y en Oriente Medio tuvieron entre sus múltiples detonantes la escalada del precio de los alimentos. En diciembre de 2010, en Túnez, las capas más pobres de la población ocupaban la primera línea del conflicto exigiendo, entre otros, acceso a la comida.

En enero de 2011, jóvenes manifestantes en Argelia cortaban carreteras, quemaban tiendas y atacaban estaciones de policía para protestar por el aumento del precio de los productos básicos. Casos similares se han vivido en Jordania, Sudán y Yemen. Y no debemos olvidar que Egipto es el primer importador de trigo del planeta, dependiente de la importación alimentaria.

Evidentemente a este malestar hay que añadir otros: altas tasas de desempleo, falta de libertades democráticas, corrupción, déficit de viviendas y servicios básicos, etc. que constituyeron el núcleo duro de las revueltas. De todos modos, la subida del precio de los alimentos fue uno de los detonantes iniciales.

Una causa central

Pero, ¿cuáles han sido las causas de este nuevo aumento del coste de la comida? A pesar de que instituciones internacionales y expertos en la materia han señalado varios elementos como: fenómenos meteorológicos que habrían afectado a las cosechas en países productores, el aumento de la demanda en países emergentes, la especulación financiera, la creciente producción de agrocombustibles, entre otros; varios indicios apuntan a la especulación con las materias primas alimentarias como una de las razones principales de la escalada del precio de la comida.

De hecho, en el periodo 2007 y 2008 ya se vivió una crisis alimentaria profunda, con una subida del precio de los cereales como el trigo, la soja y el arroz, de un 130%, un 87% y un 74% respectivamente. Entonces, como hoy, diferentes fueron las causas indicadas, aunque destacaban el aumento de la producción en agrocombustibles y las crecientes inversiones especulativas en los mercados de futuros alimentarios. Pero este aumento del precio de la comida se estancó el año 2009, en parte, probablemente, debido a la crisis económica y la disminución de la especulación financiera.

A mediados de 2010, una vez apaciguados los mercados financieros internacionales, y con cuantiosas sumas públicas inyectadas a la banca privada, la especulación alimentaria golpeaba de nuevo y el precio de los alimentos volvía a subir. Para «salvar a la banca», tras el estallido de la crisis financiera de 2008-2009, se calcula que los gobiernos de los países ricos aportaron un total de 20 billones de dólares para apuntalar al sistema bancario y rebajar las tasas de interés.

Con esta entrada de dinero, los especuladores se vieron incentivados para pedir nuevos préstamos y comprar mercancías que previsiblemente aumentarían rápidamente de valor. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, etc. que causaron la crisis de las hipotecas subprime son, actualmente, los responsables de la especulación con las materias primas y el aumento del precio de la comida, aprovechándose de unos mercados globales de mercancías profundamente desregularizados.

La crisis alimentaria está íntimamente ligada a la crisis económica y a la lógica de un sistema que promueve, por ejemplo, unos planes de rescate en Grecia y en Irlanda, supeditando la soberanía de estos países a las instituciones internacionales como se supedita la soberanía alimentaria de los pueblos a los intereses del mercado.

Garantía o negocio

De hecho, siempre se ha dado una cierta especulación con el precio de los alimentos y esta lógica impera en el funcionamiento de los mercados de futuros, que, tal y como los conocemos actualmente, datan de mediados del siglo XIX, cuando empezaron a funcionar en Estados Unidos. Estos son acuerdos legales estandarizados para hacer transacciones de mercancías físicas en un tiempo futuro establecido previamente y han sido un mecanismo para garantizar un precio mínimo al productor ante las oscilaciones del mercado.

Para explicarlo en pocas palabras: el campesino vende a un comerciante la producción antes de la cosecha para protegerse de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, y garantizarse un precio a futuro. El comerciante, por su parte, también, se beneficia. El año en que la cosecha va mal, el campesino obtiene buenos ingresos, y cuando la cosecha es óptima, el comerciante aún se beneficia más.

En la actualidad, este mismo mecanismo es empleado por los especuladores para hacer negocio aprovechando la desregulación de los mercados de materias primas, que fue impulsada a mediados de los años 90 en Estados Unidos y Gran Bretaña por bancos, políticos partidarios del libre mercado y fondos de alto riesgo, en el marco del proceso de desregulación de la economía mundial. Los contratos para comprar y vender comida se convirtieron en «derivados» que podían comercializarse independientemente de las transacciones agrícolas reales. Nacía, pues, un nuevo negocio: la especulación alimentaria.

Los especuladores, hoy, son quienes tienen más peso en los mercados de futuros, a pesar de que sus transacciones de compra y venta no tienen nada que ver con la oferta y la demanda real. En palabras de Mike Masters, gerente de Masters Capital Management, si en 1998 la inversión financiera con carácter especulativo en el sector agrícola era de un 25%, actualmente ésta se sitúa alrededor de un 75%. Estas transacciones se llevan a cabo en las bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la bolsa de comercio de Chicago, mientras que en Europa los alimentos y las materias primas se comercializan en las bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam y Frankfurt.

Un «depósito 100% natural»

El 2006/2007, inversores institucionales como bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, entre otros, tras la caída del mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos, buscaron lugares más seguros y con mayor rentabilidad, como las materias primas y los alimentos, dónde invertir su dinero. En la medida en que el precio de la comida subía, aumentaban las inversiones en los mercados de futuros de alimentos, empujando el precio de los granos al alza y empeorando la inflación en el precio de la comida.

En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Y negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. Pero no hay que ir tan lejos para encontrar ejemplos concretos.

Catalunya Caixa, antigua Caixa Catalunya, instaba, este enero de 2011, a sus clientes a invertir en materias primas bajo el lema «depósito 100% natural». ¿Y qué ofrecía? Una garantía del 100% del capital con posibilidad de obtener una rentabilidad de hasta el 7% anual. Y ¿cómo? En función, como indicaba en su publicidad, de «la evolución del rendimiento de tres materias primas alimentarias: azúcar, café y maíz». Para dar garantías de la alta rentabilidad, la publicidad no dudaba en señalar como la cotización de estos tres productos, los últimos meses, había aumentado en un 61%, un 34% y un 38% respectivamente, debido a «la demanda creciente que va a un ritmo superior a la producción «,» por el incremento de la población mundial «y» su uso en agrocombustibles «.

Catalunya Caixa, pero, obviaba una información importante: la especulación alimentaria, que tan buenos réditos económicos da, aumenta el precio de los alimentos, los hace inaccesibles a amplias capas de población en países del Sur global y condena al hambre, a la miseria y a la muerte a miles de personas en estos países.

Dependencia del petróleo

Otro elemento que agudiza la crisis alimentaria es la fuerte dependencia del petróleo del actual modelo de producción y distribución de alimentos. De hecho, el aumento del precio del petróleo repercute directamente en una subida similar del coste de los alimentos básicos. En 2007 y 2008 tanto el precio del petróleo como el de los alimentos alcanzaron cifras récord. Entre julio de 2007 y junio de 2008, el petróleo crudo pasó de 75 dólares el barril a 140 dólares, mientras que el precio de los alimentos básicos aumentaba de 160 dólares a 225 dólares, según el Índice de la FAO para los Precios de los Alimentos.

Y es que la agricultura y la alimentación son cada día más ‘petrodependientes’. Después de la 2ª Guerra Mundial y con la revolución verde, en los años 60 y 70, y con el supuesto de aumentar la producción, se apostó por un modelo de agricultura industrial e intensivo. El sistema agrícola y alimentario actual, con alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, con el uso de intensivo de maquinaria agrícola, de químicos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales no subsistiría sin el petróleo.

El aumento del precio del petróleo así como la estrategia de diferentes gobiernos para combatir el cambio climático ha conducido, también, a una creciente inversión en la producción de combustibles alternativos, agrocombustibles, como el biodiesel y/o el bioetanol, elaborados a partir de azúcar, maíz u otros. Pero esta producción ha entrado en competencia directa con la producción de alimentos para el consumo siendo otra de las causas del aumento del precio de los alimentos.

El mismo Banco Mundial reconocía que cuando el precio del petróleo sobrepasa los 50 dólares por barril, entonces un 1% de incremento de su precio supone un 0.9% de aumento del precio del maíz, ya que «por cada dólar que el precio del petróleo aumenta la rentabilidad del etanol y, consecuentemente, la demanda de maíz para su elaboración también crece». Desde el año 2004, 2/3 del aumento de la producción mundial de maíz fueron destinadas a satisfacer la demanda norteamericana de agrocombustibles. En el año 2010, el 35% de la cosecha de maíz de Estados Unidos, que significa un 14% de la producción de maíz mundial, fue utilizada para producir etanol. Y esta tendencia va al alza.

Pero más allá de una serie de causas como la especulación alimentaria y el aumento del precio del petróleo que repercute en una creciente inversión en agrocombustibles, provocando una competencia entre la producción de cereales para el consumo o para la automoción, nos encontramos ante un sistema agroalimentario profundamente vulnerable y en manos del mercado. La creciente liberalización del sector en las últimas décadas, la privatización de bienes naturales (agua, tierra, semillas), la imposición de un modelo de comercio internacional al servicio de los intereses privados, etc. nos ha conducido a esta situación.

Mientras la agricultura y la alimentación sigan siendo consideradas una mercancía en manos del mejor postor, y los intereses empresariales prevalezcan por encima de las necesidades alimentarias y los límites del planeta, nuestra seguridad alimentaria y el bienestar de la tierra no estarán garantizados.

Artículo escrito por Esther Vivas, autora «Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos «(Icaria ed.).

Artículo publicado en La Directa, n. 221.

El Banco Mundial advierte de que el encarecimiento de los alimentos ha llegado «a niveles peligrosos» y amenaza a decenas de millones de personas con pocos recursos

El persistente encarecimiento de los alimentos que se está registrando en los mercados internacionales desde el pasado junio ha abocado a la pobreza extrema a 44 millones de personas, poco más o menos el equivalente a la población española (47 millones), según ha denunciado hoy el Banco Mundial en un informe elaborado con vistas a la próxima cumbre del G-20 en París.

El organismo recuerda que los precios de los alimentos están rozando los niveles de récord que alcanzaron en verano de 2008 por culpa del aumento de la demanda desde China, India y, en general, desde los países emergentes asiáticos. Tampoco han ayudado a moderar la presión al alza las malas cosechas de 2010 o el afán de algunos Gobiernos por rellenar la despensa aun a costa de alentar la especulación. Esta subida de los alimentos, además, es una de las razones de las protestas que desencadenaron la crisis en Túnez y el efecto contagio en las calles de Yemen, Argelia, Jordania y Egipto.

La conclusión del aumento de precios, según afirma el presidente del banco Mundial, Robert Zoellick, es que la subida de los alimentos está adquiriendo «niveles peligrosos» ya que amenaza a decenas de millones de personas en todo el mundo. Los más expuestos, destaca, son aquellas personas que se gastan más de la mitad de sus ingresos para alimentarse. Los datos de la institución revelan que hay casi mil millones de personas que sufren hambre en todo el mundo; más del 60% son mujeres. Y un tercio de la mortalidad infantil en todo el mundo se atribuye a la malnutrición.

Según los baremos aceptados por el Banco Mundial y otras organizaciones como la ONU, estar bajo el umbral de la pobreza extrema supone vivir con unos ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación. A nivel internacional, está fijado en menos de 1,25 dólares al día en paridad de poder de compra, ya que no es lo mismo disponer de este dinero en países como India que en otros más pobres más pobres como Burundi. Además, la organización Food Price Watch advierte de que la carestía de los alimentos está relacionada directamente con un alza de las personas -especialmente los niños- que sufren maltrunición severa ya que, ante la falta de recursos, o bien se ven obligados a comprar menos alimentos o adquirir aquellos de peor calidad.

Según el índice que elabora el Banco Mundial, los precios de los alimentos subieron de media un 15% entre el pasado octubre y enero. Gracias a esta evolución, ahora este índice está un 29% sobre su nivel de hace un año y solo un 3% por debajo del máximo que alcanzó en 2008, aunque otros organismos internacionales como la FAO aseguran que ya lo han alcanzado.

Entre los cereales, añade el informe del Banco Mundial, los precios internacionales del trigo son los que más han subido hasta duplicar su coste entre junio y enero. El maíz se ha encarecido en un 73%, pero un alimento crucial para la mayoría de pobres del mundo, el arroz, ha subido a tasas inferiores. El azúcar y los aceites comestibles también se han revalorizado con fuerza, destaca el texto.

Además, continúa el Banco Mundial, otros alimentos esenciales en la dieta de los habitantes de determinados países como los vegetales en India o las legumbres en algunos Estados de África también se han encarecido complicando la subsistencia de millones de personas.

Foto: XHUANX (Un desayuno típico de una comunidad rural del norte de México, Donde las carencias están a flor de piel y la pobreza extrema, la ignorancia, las religiones y por supuesto los políticos, hacen su agosto con la vulnerabilidad de las familias pobres.

Entre las principales medidas propuestas en el documento –adoptado con 390 votos a favor, 112 en contra y 71 abstenciones — figura un sistema de seguimiento del mercado, la creación de una base de datos con precios de referencia, el fomento de la asociación entre los productores y el impulso al consumo de productos locales.

De acuerdo a la ponente del informe, la socialista griega Katerina Batzeli, el precio que paga un consumidor europeo por un alimento en el mercado es, de media, «hasta cinco veces mayor que el precio a la salida de la explotación (agrícola)». Este incremento se debe, a su juicio, principalmente a la «especulación sobre los productos agrícolas básicos», aunque también al grado de transformación de los productos y al aumento de la concentración a lo largo de la cadena alimenticia.

Por ello, los eurodiputados consideran «más necesario que nunca» revisar los instrumentos de regulación de los mercados y piden una estrategia europea para el comercio justo que impida a los minoristas aumentar sus márgenes de beneficios escudándose en un etiquetado de ‘comercio justo’. También creen que un sistema europeo de seguimiento del mercado para registrar las tendencias de los precios durante la cadena de distribución beneficiaría a la «transparencia».

La Eurocámara alertó de las prácticas anticompetitivas de empresas con gran cuota de mercado que establecen «acuerdos de exclusividad o vinculación obligatoria de productos», lo que constituye «un grave retroceso» para la competencia «sana».

También señaló las ventajas «económicas claras y notorias» que permite a las grandes empresas reducir los costes y los precios y reclamó a Bruselas que no ignore los efectos distorsionadores del abuso de posición que «se observa en el sector minorista y, en cierta medida en el mayorista».

Los eurodiputados recomendaron, asimismo, que se cree una base de datos europea a la que tengan acceso los ciudadanos y en la que se informe de los precios de referencia de productos alimenticios, medios de producción, salarios o impuestos en los diferentes países de la Unión Europea. Además, abogaron por colaborar con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) para fundar un observatorio internacional de los precios de los alimentos.

Finalmente, propusieron impulsar organizaciones de productores, cooperativas u organizaciones similares para ayudar a «reequilibrar su peso en la cadena alimenticia y aumentar el poder de negociación de los agricultores» dentro de la cadena de distribución.

La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas sistemáticamente durante décadas por las instituciones internacionales.

Pero frente a esta situación, ¿qué alternativas se plantean? ¿Es posible otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos? ¿Es viable a nivel mundial? Antes de abordar estas cuestiones, es importante señalar algunas de las principales causas estructurales que han generado esta situación.

En primer lugar, la usurpación de los recursos naturales a las comunidades es uno de los factores que explican la situación de hambruna. La tierra, el agua, las semillas… han sido privatizadas, dejando de ser un bien público y comunitario. La producción de alimentos se ha desplazado de la agricultura familiar a la agricultura industrial y se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento del capital. El valor fundamental de la comida, alimentarnos, ha derivado en un carácter mercantil. Por este motivo, a pesar de que en la actualidad existen más alimentos que nunca, las personas no tenemos acceso a ellos a no ser que paguemos unos precios cada día más elevados.

Si los campesinos no tienen tierras con las que alimentarse ni excedente que vender, ¿en manos de quien está la alimentación mundial? En poder de las multinacionales de la agroalimentación quienes controlan todos los pasos de la cadena de comercialización de los productos de origen a fin. Pero no se trata sólo de un problema de acceso a los recursos naturales sino también de modelo de producción. La agricultura actual podría definirse como intensiva, “drogo” y “petro” dependiente, quilométrica, deslocalizada, industrial… En definitiva, la antítesis de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y las personas.

Un segundo elemento que nos ha conducido a esta situación son las políticas neoliberales aplicadas desde hace décadas en aras de una mayor liberalización comercial, privatización de los servicios públicos, transferencia monetaria Sur-Norte (a partir del cobro de la deuda externa), etc. La Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, han sido algunos de sus principales artífices.

Estas políticas han permitido la apertura de los mercados del Sur y la entrada de productos subvencionados, especialmente de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que vendiéndose por debajo de su precio de coste, y por lo tanto a un precio inferior al del producto autóctono, han acabado con la agricultura, la ganadería, el textil… local. Estas políticas han transformado los cultivos diversificados a pequeña escala en monocultivos para la agroexportación. Países que hasta hace pocos años eran autosuficientes para alimentar a sus poblaciones, como México, Indonesia, Egipto, Haití… hoy dependen exclusivamente de la importación neta de alimentos. Una situación que se ha visto favorecida por una política de subvenciones, como la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que premia el agribussiness por encima de la agricultura familiar.

En tercer lugar, debemos de señalar el monopolio existente en la cadena de distribución de los alimentos. Megasupermercados como Wal-Mart, Tesco o Carrefour dictan el precio de pago de los productos al campesino/proveedor y el precio de compra al consumidor. En el Estado español, por ejemplo, el diferencial medio entre el precio en origen y en destino es de un 400%, siendo la gran distribución quien se lleva el beneficio. Por el contrario, el campesino cada vez cobra menos por aquello que vende y el consumidor paga más caro lo que compra. Un modelo de distribución que dicta qué, cómo y a qué precio se produce, se transforma, se distribuye y se consume.

Propuestas

Pero, existen alternativas. Frente a la usurpación de los recursos naturales, hay que abogar por la soberanía alimentaria: que las comunidades controlen las políticas agrícolas y de alimentación. La tierra, las semillas, el agua… tienen que ser devueltas a los campesinos para que puedan alimentarse y vender sus productos a las comunidades locales. Esto requiere una reforma agraria integral de la propiedad y de la producción de la tierra y una nacionalización de los recursos naturales.

Los gobiernos deben de apoyar la producción a pequeña escala y sostenible, no por una mistificación de lo “pequeño” o por formas ancestrales de producción, sino porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, reducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación. En la actualidad, somos dependientes del mercado internacional y de los intereses de la agroindustria y la crisis alimentaria es resultado de ello.

La relocalización de la agricultura en manos del campesinado familiar es la única vía para garantizar el acceso universal a los alimentos. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de pesticidas, químicos y transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Es necesario proteger los agro-ecosistemas y la biodiversidad, gravemente amenazados por el modelo de agricultura actual.

Frente a las políticas neoliberales hay que generar mecanismos de intervención y de regulación que permitan estabilizar los precios del mercado, controlar las importaciones, establecer cuotas, prohibir el dumping, y en momentos de sobre producción crear reservas específicas para cuando estos alimentos escaseen. A nivel nacional, los países tienen que ser soberanos a la hora de decidir su grado de autosuficiencia productiva y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico, sin intervencionismos externos.

En esta misma línea, se deben de rechazar las políticas impuestas por el BM, el FMI, la OMC y los tratados de libre comercio bilaterales y regionales, así como prohibir la especulación financiera, el comercio a futuros sobre los alimentos y la producción de agrocombustibles a gran escala para elaborar “petróleo verde”. Es necesario acabar con aquellos instrumentos de dominación Norte-Sur como es el pago de la deuda externa y combatir el poder las corporaciones agroindustriales.

Frente al monopolio de la gran distribución y el supermercadismo, debemos de exigir regulación y transparencia en toda la cadena de comercialización de un producto con el objetivo de saber qué comemos, cómo se ha producido, qué precio se ha pagado en origen y cual en destino. La gran distribución tiene efectos muy negativos en el campesinado, los proveedores, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, el comercio local, el modelo de consumo… Por este motivo debemos de plantear alternativas al lugar de compra: ir al mercado local, formar parte de cooperativas de consumo agroecológico, apostar por circuitos cortos de comercialización… con un impacto positivo en el territorio y una relación directa con quienes trabajan la tierra.

Hay que avanzar hacia un consumo consciente y responsable ya que si todo el mundo consumiese, por ejemplo, como un ciudadano estadounidense serían necesarios cinco planetas tierra para satisfacer las necesidades de la población mundial. Pero el cambio individual no es suficiente si no va acompañado de una acción política colectiva basada, en primer lugar, en la construcción de solidaridades entre el campo y la ciudad. Con un territorio despoblado y sin recursos no habrá quien trabaje la tierra y en consecuencia no habrá quien nos alimente. La construcción de un mundo rural vivo nos atañe también a quienes vivimos en las ciudades.

Y en segundo lugar es necesario establecer alianzas entre distintos sectores afectados por la globalización capitalista y actuar políticamente. Una alimentación sana no será posible sin una legislación que prohíba los transgénicos, la tala indiscriminada de bosques no se parará si no se persiguen las multinacionales que explotan el medio ambiente… y para todo ello es importante una legislación que se cumpla y que anteponga las necesidades de las personas y del ecosistema al lucro económico.

Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social. La creación de alianzas entre los oprimidos del mundo: campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… es una condición indispensable para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.

Autora: Esther Vivas, co-coordinadora de los libros Supermercados, no gracias (Icaria editorial, 2007) y ¿Adónde va el comercio justo? (Icaria editorial, 2006).

**Artículo publicado en América Latina en Movimiento (ALAI), nº433

A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas durante décadas por las instituciones internacionales. Hoy, el problema no es la falta de alimentos sino la imposibilidad para acceder a ellos debido a sus altos precios.

Esta crisis alimentaria deja tras sí a una larga lista de perdedores y de ganadores. Entre los más afectados, se encuentran mujeres, niños y niñas, campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, pobres urbanos… En definitiva, aquellos que engrosan las filas de las y los oprimidos del sistema capitalista. Entre los ganadores, encontramos a las multinacionales de la industria agroalimentaria que controlan de origen a fin la cadena de producción, transformación y comercialización de los alimentos. De este modo, mientras la situación de crisis azota, principalmente, a los países del sur global, las multinacionales del sector ven multiplicar sus ganancias.

Monopolios

La cadena agroalimentaria está controlada en cada uno de sus tramos (semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc.) por multinacionales que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado. Un sistema que cuenta con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente.

La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales de la distribución significaba un 45% del total y se pronosticaba que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años. En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual en el sector. De este modo, las grandes corporaciones, con su matriz en los países occidentales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el planeta asegurándose su expansión a nivel internacional y, especialmente, en los países del sur global.

Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar lo qué consumimos, a qué precio lo compramos, de quién procede, cómo ha sido elaborado, con qué productos, etc. En el año 2006, la segunda empresa más grande del mundo por volumen de ventas fue Wal-Mart y en el listado de las cincuenta mayores empresas mundiales se encontraban también, por orden de facturación, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal Ahold y Costco. Nuestra alimentación depende cada día más de los intereses de estas grandes cadenas de venta al detalle y su poder se evidencia con toda crudeza en una situación de crisis.

De hecho, en abril del 2008 y frente a la situación de crisis alimentaria mundial, las dos mayores cadenas de supermercados de Estados Unidos, Sam’s Club (propiedad de Wal-Mart) y Costco (de venta a mayoristas), apostaron por racionar la venta de arroz en sus establecimientos aludiendo a una posible restricción en el suministro de este cereal. En Sam’s Club, se limitó la venta de tres variedades de arroz (basmati, jasmine y grano largo) así como la compra de sacos de arroz de nueve o más quilos a un total de cuatro por cliente; en Costco se restringió la venta de harina y de arroz frente al aumento de la demanda. En Gran Bretaña, Tilda (la principal importadora de arroz basmati a nivel mundial) también estableció restricciones a la venta de arroz en algunos establecimientos al por mayor. Con esta medida se puso en evidencia la capacidad de las grandes cadenas de distribución de incidir en la compra y venta de determinados productos, limitar su distribución e influir en la fijación de sus precios. Un hecho que ni siquiera se había producido en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial, cuando sí se restringió el acopio de petróleo, neumáticos y bombillas, pero no de alimentos.

Cambio de hábitos

Otra dinámica que se ha puesto de relieve frente a la situación de crisis alimentaria ha sido el cambio de hábitos a la hora de hacer la compra. Ante la necesidad, por parte de los clientes, de abrocharse el cinturón y buscar aquellos establecimientos con precios más baratos, las cadenas de descuento han sido las que han salido ganando. En Italia, Gran Bretaña, Estado Español, Portugal y Francia, estos supermercados han visto aumentar sus ventas entre un 13% y un 9% el primer trimestre del 2008 respecto al año anterior.

Otro indicador del cambio de tendencia es el aumento de las ventas de marcas blancas que ya suponen, según datos del primer trimestre del 2008, en Gran Bretaña un 43,7% del volumen total de ventas, en el Estado Español un 32,8%, en Alemania un 31,6% y en Portugal y Francia alrededor del 30%. Cuando son, precisamente, las marcas blancas las que dan un mayor beneficio a las grandes cadenas de distribución y permiten una mayor fidelización de sus clientes.

Pero más allá del papel que la gran distribución pueda jugar en una situación de crisis (con restricciones a la venta de algunos de sus productos; cambios en los hábitos de compra, etc.), este modelo de distribución ejerce a nivel estructural un fuerte control e impacto negativo en los distintos actores que participan en la cadena de distribución de alimentos: campesinos/as, proveedores, consumidores/as, trabajadores/as, etc. De hecho, la aparición de los supermercados, hipermercados, cadenas de descuento, autoservicios…, en el transcurso del siglo XX, ha contribuido a la mercantilización del qué, el cómo y el dónde compramos supeditando la alimentación, la agricultura y el consumo a la lógica del capital y del mercado.

Autora: Esther Vivas. Miembro de la Red de Consumo Solidario y de la campaña No te comas el mundo. Es coautora del libro Supermercados, no gracias (Icaria editorial, 2007). Publicado en AAVV Introducción a la Crisis Alimentaria Global, Barcelona, No te comas el mundo.

Por Damien Millet y Éric Toussaint (CADTM)

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.

Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.

Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:

Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.

¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones |1|.

Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.

Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero de 2008 (sobre el 140% de subida global, mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos sólo es responsable de un 15%).

Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza |2|. Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, la demanda de biocarburantes orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera |3|.

«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)

Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe |4| que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto coste de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.

«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE) |5|

Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. |6| Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.

Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaría.

La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: « Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo » (Vía Campesina) |7|

Notas al pie:

|1| Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como en la industria.

|2| Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518

|3| «Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008, www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy.

|4| OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf

|5| «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.

|6| Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.

|7| Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.

Traducido por Caty R. Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.

La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas sistemáticamente durante décadas por las instituciones internacionales.

Pero frente a esta situación, ¿qué alternativas se plantean? ¿Es posible otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos? ¿Es viable a nivel mundial? Antes de abordar estas cuestiones, es importante señalar algunas de las principales causas estructurales que han generado esta situación.

En primer lugar, la usurpación de los recursos naturales a las comunidades es uno de los factores que explican la situación de hambruna. La tierra, el agua, las semillas… han sido privatizadas, dejando de ser un bien público y comunitario. La producción de alimentos se ha desplazado de la agricultura familiar a la agricultura industrial y se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento del capital. El valor fundamental de la comida, alimentarnos, ha derivado en un carácter mercantil. Por este motivo, a pesar de que en la actualidad existen más alimentos que nunca, las personas no tenemos acceso a ellos a no ser que paguemos unos precios cada día más elevados.

Si los campesinos no tienen tierras con las que alimentarse ni excedente que vender, ¿en manos de quien está la alimentación mundial? En poder de las multinacionales de la agroalimentación quienes controlan todos los pasos de la cadena de comercialización de los productos de origen a fin. Pero no se trata sólo de un problema de acceso a los recursos naturales sino también de modelo de producción. La agricultura actual podría definirse como intensiva, “drogo” y “petro” dependiente, quilométrica, deslocalizada, industrial… En definitiva, la antítesis de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y las personas.

Un segundo elemento que nos ha conducido a esta situación son las políticas neoliberales aplicadas desde hace décadas en aras de una mayor liberalización comercial, privatización de los servicios públicos, transferencia monetaria Sur-Norte (a partir del cobro de la deuda externa), etc. La Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, han sido algunos de sus principales artífices.

Estas políticas han permitido la apertura de los mercados del Sur y la entrada de productos subvencionados, especialmente de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que vendiéndose por debajo de su precio de coste, y por lo tanto a un precio inferior al del producto autóctono, han acabado con la agricultura, la ganadería, el textil… local. Estas políticas han transformado los cultivos diversificados a pequeña escala en monocultivos para la agroexportación. Países que hasta hace pocos años eran autosuficientes para alimentar a sus poblaciones, como México, Indonesia, Egipto, Haití… hoy dependen exclusivamente de la importación neta de alimentos. Una situación que se ha visto favorecida por una política de subvenciones, como la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que premia el agribussiness por encima de la agricultura familiar.

En tercer lugar, debemos de señalar el monopolio existente en la cadena de distribución de los alimentos. Megasupermercados como Wal-Mart, Tesco o Carrefour dictan el precio de pago de los productos al campesino/proveedor y el precio de compra al consumidor. En el Estado español, por ejemplo, el diferencial medio entre el precio en origen y en destino es de un 400%, siendo la gran distribución quien se lleva el beneficio. Por el contrario, el campesino cada vez cobra menos por aquello que vende y el consumidor paga más caro lo que compra. Un modelo de distribución que dicta qué, cómo y a qué precio se produce, se transforma, se distribuye y se consume.

Propuestas

Pero, existen alternativas. Frente a la usurpación de los recursos naturales, hay que abogar por la soberanía alimentaria: que las comunidades controlen las políticas agrícolas y de alimentación. La tierra, las semillas, el agua… tienen que ser devueltas a los campesinos para que puedan alimentarse y vender sus productos a las comunidades locales. Esto requiere una reforma agraria integral de la propiedad y de la producción de la tierra y una nacionalización de los recursos naturales.

Los gobiernos deben de apoyar la producción a pequeña escala y sostenible, no por una mistificación de lo “pequeño” o por formas ancestrales de producción, sino porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, reducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación. En la actualidad, somos dependientes del mercado internacional y de los intereses de la agroindustria y la crisis alimentaria es resultado de ello.

La relocalización de la agricultura en manos del campesinado familiar es la única vía para garantizar el acceso universal a los alimentos. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de pesticidas, químicos y transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Es necesario proteger los agro-ecosistemas y la biodiversidad, gravemente amenazados por el modelo de agricultura actual.

Frente a las políticas neoliberales hay que generar mecanismos de intervención y de regulación que permitan estabilizar los precios del mercado, controlar las importaciones, establecer cuotas, prohibir el dumping, y en momentos de sobre producción crear reservas específicas para cuando estos alimentos escaseen. A nivel nacional, los países tienen que ser soberanos a la hora de decidir su grado de autosuficiencia productiva y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico, sin intervencionismos externos.

En esta misma línea, se deben de rechazar las políticas impuestas por el BM, el FMI, la OMC y los tratados de libre comercio bilaterales y regionales, así como prohibir la especulación financiera, el comercio a futuros sobre los alimentos y la producción de agrocombustibles a gran escala para elaborar “petróleo verde”. Es necesario acabar con aquellos instrumentos de dominación Norte-Sur como es el pago de la deuda externa y combatir el poder las corporaciones agroindustriales.

Frente al monopolio de la gran distribución y el supermercadismo, debemos de exigir regulación y transparencia en toda la cadena de comercialización de un producto con el objetivo de saber qué comemos, cómo se ha producido, qué precio se ha pagado en origen y cual en destino. La gran distribución tiene efectos muy negativos en el campesinado, los proveedores, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, el comercio local, el modelo de consumo… Por este motivo debemos de plantear alternativas al lugar de compra: ir al mercado local, formar parte de cooperativas de consumo agroecológico, apostar por circuitos cortos de comercialización… con un impacto positivo en el territorio y una relación directa con quienes trabajan la tierra.

Hay que avanzar hacia un consumo consciente y responsable ya que si todo el mundo consumiese, por ejemplo, como un ciudadano estadounidense serían necesarios cinco planetas tierra para satisfacer las necesidades de la población mundial. Pero el cambio individual no es suficiente si no va acompañado de una acción política colectiva basada, en primer lugar, en la construcción de solidaridades entre el campo y la ciudad. Con un territorio despoblado y sin recursos no habrá quien trabaje la tierra y en consecuencia no habrá quien nos alimente. La construcción de un mundo rural vivo nos atañe también a quienes vivimos en las ciudades.

Y en segundo lugar es necesario establecer alianzas entre distintos sectores afectados por la globalización capitalista y actuar políticamente. Una alimentación sana no será posible sin una legislación que prohíba los transgénicos, la tala indiscriminada de bosques no se parará si no se persiguen las multinacionales que explotan el medio ambiente… y para todo ello es importante una legislación que se cumpla y que anteponga las necesidades de las personas y del ecosistema al lucro económico.

Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social. La creación de alianzas entre los oprimidos del mundo: campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… es una condición indispensable para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.

Autora: Esther Vivas. Co-coordinadora de los libros «Supermercados, no gracias» (Icaria editorial, 2007) y «¿Adónde va el comercio justo»? (Icaria editorial, 2006).

Las consecuencias de la crisis alimentaria mundial, con revueltas y protestas en todo el mundo, también se dejan oír en los países del Norte. El pasado 30 de mayo, unos siete mil pescadores se concentraban delante de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid en protesta por la crisis que vive el sector debido al aumento de los precios de los carburantes y por la falta de ayudas (el petróleo ha subido más de un 320% en cinco años y el precio del pescado se mantiene igual que hace 20). Los transportistas también se han sumado a las protestas, bloqueando las autopistas y las carreteras, debido a la subida del precio del gasóleo, que ya les supone un 50% de sus costes.

A principios de mayo, miles de ganaderos se manifestaban en Madrid para exigir al Gobierno una nueva ley de márgenes comerciales que limitara la diferencia entre el precio pagado en origen y el precio de venta al público, que llega hoy hasta un 400% de media. La gran distribución: supermercados, grandes superficies, cadenas de descuento… son quienes más se benefician a costa del productor y del consumidor.

En los últimos años, los precios de los productos que forman parte de nuestra dieta alimentaria no han parado de crecer. En el transcurso del 2007, el precio de la leche aumentó cerca de un 26%, las cebollas un 20%, el aceite de girasol un 34%, la carne de pollo uno 16% … y ésta ha sido la tendencia de la mayoría de los alimentos, según datos facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a finales del 2007, mientras que el Índice de Precios al Consumo (IPC) tan sólo reflejaba una subida del 4,1% aquel mismo año.

Por contra, y según indicaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el periodo 1995-2005, el Estado español había sido el único país de la Unión Europea con un descenso salarial de media, evidenciando una creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Una situación que contrastaba con las ganancias de las empresas españolas, en este mismo periodo, con un aumento del 73%, más del doble que la media de la Unión Europea.

Es obvio que los efectos de la crisis alimentaria en ambos extremos del planeta son difícilmente comparables. En el Norte, tan sólo destinamos entre uno 10 y un 20% de la renta a la compra de alimentos, mientras que en el Sur esta cifra se eleva al 50-60% y puede llegar incluso hasta el 80%.

Pero esto no quita la importancia de señalar también el impacto de esta subida de los precios entre las poblaciones de aquí, mientras que los beneficios de las multinacionales siguen aumentando y los gobiernos defienden una mayor liberalización económica.

Causas estructurales

Si bien podemos indicar una serie de razones coyunturales que han producido esta subida espectacular de los precios de los alimentos, como pueden ser el aumento de las importaciones de cereales por parte de países hasta hace poco autosuficientes, la pérdida de cosechas debido a fenómenos meteorológicos, el aumento del consumo de carne en países como América Latina y Asia y sobre todo la subida del precio del petróleo, el aumento de la producción de agrocombustibles y las crecientes inversiones especulativas en materias primas, no podemos olvidar las causas estructurales de esta crisis. Las políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años a escala planetaria son las responsables de la situación actual.

Instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos y la Unión Europea al frente, han sido sus máximos promotores. La aplicación sistemática en los países del Sur de políticas de ajuste estructural, el cobro de la deuda externa y la privatización de los servicios y bienes públicos han sido una constante en este periodo, junto con la liberalización comercial fruto de las negociaciones en la OMC y los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.

Agricultura y alimentación monocolor

Estas políticas neoliberales han tenido una dimensión global y han generalizado un modelo de agricultura y de alimentación, tanto en el Sur como en el Norte, al servicio de los intereses del capital. La función primordial de los alimentos, alimentar a las personas, ha quedado supeditado a los objetivos económicos de unas pocas empresas multinacionales que monopolizan la cadena de producción de los alimentos, desde las semillas hasta la gran superficie, y han sido éstas las máximas beneficiarias de la situación de crisis.

Mirando las cifras: a finales del 2007, cuando empezaba la crisis mundial de alimentos, corporaciones como Monsanto y Cargill, que controlan el mercado de los cereales, aumentaron sus beneficios en un 45 y un 60% respectivamente; las principales empresas de fertilizantes químicos como Mosaic Corporation, perteneciente a Cargill, dobló sus beneficios en tan sólo un año. Y así podríamos poner ejemplos de otras multinacionales que monopolizan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria desde las procesadoras hasta las grandes cadenas de distribución, todas ellas con ganancias crecientes año tras año.

En el campo, la situación también es difícil. En Cataluña, tan sólo un 1,2% de la población activa se dedica a la agricultura y la mayor parte de ésta la conforman personas mayores. En el Estado español, esta cifra sube a un escuálido 5,6%. La renta agraria de los campesinos disminuye anualmente y hoy se sitúa en tan sólo un 58% de la renta general. Por contra, las grandes explotaciones son las que reciben la mayor parte de las subvenciones a la agricultura. Como dato: el año 2005, seis familias de la oligarquía andaluza recibieron casi unos 12 millones de euros en ayudas al sector.

La globalización capitalista ha puesto fin a la agricultura familiar, vital para el cuidado del territorio y la alimentación de las comunidades; ha aniquilado el comercio de proximidad, dañando gravemente las economías locales; ha deslocalizado la producción de alimentos, generando una creciente inseguridad alimentaria con una dieta que se basa en una comida que recorre miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa; y ha promovido una agricultura y una ganadería industrial, intensiva, basada en el uso de pesticidas y productos químicos. Éste es el modelo de agricultura y de alimentación global existente, las personas y el medio ambiente hemos quedado en un segundo plano.

Autora: Esther Vivas
Artículo publicado en Directa, nº 97.