El proceso de concentración del sector bancario en España va unido a la desaparición de las cajas de ahorros. El último caso ha sido el de Caixa Catalunya, que después de su saneamiento, transformación en banco privado (Catalunya Banc) y nacionalización por parte del FROB, ha sido absorbida por el BBVA. Culmina así una nueva etapa de fusiones cuya finalidad es concentrar el conjunto del sistema bancario español en 5 ó 6 grandes bancos. El caso de Catalunya Banc, más conocido por su marca comercial CatalunyaCaixa, muestra con claridad lo sucedido con las cajas de ahorros en nuestro país desde que se iniciara la crisis financiera en 2007. Tras su politización, una parte significativa de cajas de ahorros entraron de pleno en el negocio de la construcción, con corrupción urbanística incluida y saqueo de sus directivos, llevándolas a una situación de insolvencia sin retorno.

Es la hoja de ruta que muy probablemente habían pactado grandes banqueros y políticos en puestos de poder autonómico y central, con el fin de acabar con unas entidades bancarias que venían quitándole cuota de mercado a la gran banca desde hacía varias décadas. Una hoja de ruta que nos ha costado a todos los españoles un rescate bancario de la Unión Europea por importe de 41.300 millones de euros y coste total que muy probablemente superará los 200 mil millones de euros.

Primero fue la desaparición de la banca pública y después la de unas entidades, las cajas de ahorros, que históricamente habían desempeñado una función de apoyo financiero a los pequeños ahorradores, emprendedores, autónomos y pequeñas empresas y a la vez contribuían de manera directa al desarrollo económico y social del territorio a través de su Obra Social; una Obra social que en el 2008 (inicio de la crisis) llegó a su máximo con más de 2 mil millones de euros, pero que a partir de ese momento ha ido bajando de manera significativa hasta situarse en niveles próximos a los 500 millones de euros. La Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias privadas aprobada en el 2013 ha sido la puntilla definitiva de las cajas de ahorros (tan solo quedan dos de muy pequeña dimensión en Valencia y Baleares) y una merma significativa de su Obra Social, pues ésta depende ahora de la decisión de los bancos privados.

Pero no todas las cajas de ahorros han estado mal gestionadas, si bien con la reforma legal se ha conseguido acabar con todas ellas, estuvieran mal gestionadas o estuvieran bien gestionadas, porque así lo querían los grandes banqueros. Es más, desde la Administración Pública y la patronal bancaria se ha estado intentando «demonizar» a las cajas de ahorros, alegando que se trata de un modelo inapropiado y desfasado y, por tanto, condenado a su desaparición. Es curioso que en la mayoría de países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Holanda, Austria, Italia,…) sigue subsistiendo el modelo de banca de proximidad y no es cuestionado por sus Autoridades.

La desaparición de las cajas de ahorros es realmente grave para la economía en general y para los consumidores en particular. Estas entidades representaban la banca de proximidad en España, junto con las cooperativas de crédito, ofreciendo productos y servicios enfocados al pequeño ahorro y a la economía productiva y real, dejando de lado las transacciones especulativas y de riesgo elevado. Se trata de entidades arraigadas en el territorio que conocen las necesidades de sus clientes y se adaptan a ellas. Al menos fue así hasta que a finales de los ochenta y comienzos de los noventa del Siglo XX comenzaron su «bancarización», que culminó, por poner un ejemplo muy gráfico, en la colocación de participaciones preferentes a sus clientes. Las participaciones preferentes, que también colocaron los bancos privados (no fueron solo las cajas de ahorros como se nos ha hecho creer), ha supuesto una de las mayores estafas de la historia de la banca en España que ha afectado a más de 700 mil clientes por un importe superior a los 30 mil millones de euros. Con su desaparición, una parte importante de la actividad empresarial se ve mermada, por la carencia de préstamos y créditos.

Por otra parte, la concentración del sector en pocos bancos incrementa su poder de negociación frente a los consumidores, lo que se traduce en nuevos abusos como el aumento de las comisiones, la colocación de nuevos productos financieros de alto riesgo, clausulas suelo en las hipotecas y desahucios, entre otras malas prácticas. No olvidemos que la banca española es la que peor imagen tiene de toda la Unión Europea, salvo los bancos irlandeses.

Desaparecidas las cajas de ahorros (casi todas), ¿qué nos queda?. Nos quedan las cooperativas de crédito y cajas rurales, aunque también están amenazadas por las fusiones y una reforma legal que al igual que en las cajas de ahorros supondría su casi desaparición. Y nos queda una sociedad civil que ante la exclusión financiera y los comportamientos no éticos de los bancos convencionales (financiación de empresas armamentísticas, de empresas que deslocalizan y utilizan mano de obra infantil,…) ha decidido iniciar una revolución financiera silenciosa a través del consumo financiero responsable y la creación desde abajo de nuevas entidades bancarias con criterios más sociales y éticos (banca ética) y de entidades financieras no bancarias como las cooperativas de servicios financieros (como Coop57 y Oikocredit), las cooperativas integrales, las comunidades autofinanciadas, los bancos de tiempo y otras iniciativas más. Un poco de esperanza dentro de una realidad realmente cruda y dura.

Joan Ramon Sanchis Palacio
Catedrático de Economía de la Empresa Universitat de Valencia

(Este es un artículo promovido por el ‘Comité de Expertos’ de Oikocredit Catalunya para difundir las finanzas éticas y abrir un debate crítico y bien informado sobre el sector financiero en general) 

Función social: Grupos en Catalunya, Aragón, Alicante y Castellón debaten cómo crear entidades financieras que cumplan el papel de las cajas de ahorro originales

Antes de la crisis, la mayoría de ciudadanos españoles tenía su dinero depositado en cajas de ahorro, entidades financieras centenarias sin ánimo de lucro que en teoría debían apoyar al sector productivo local y destinar sus beneficios a reservas para apuntalar su solvencia o a obra social.

Hoy todo esto parece una fábula de un tiempo muy lejano: las cajas de ahorros quedaron borradas del mapa —sólo sobreviven las de Ontinyent y Pollença, con un puñado de oficinas en Valencia y Baleares, respectivamente— y la idea misma de las cajas de ahorro parece casi una herejía que se desmanteló con el argumento de los desmanes —muchos de ellos, ciertos— de sus directivos.

De las 45 cajas que operaban todavía en 2010, quedaron sólo dos. ¿Punto final? No tan deprisa: en algunas zonas han germinado núcleos, todavía muy incipientes, que empiezan a darle vueltas a la idea de recuperar las cajas de ahorros en su idea primigenia: despolitizadas y con el foco puesto en los más vulnerables y en el apoyo al tejido productivo local, que suele quedar fuera del radar de la gran banca. O al menos a algo que se le parezca.

En Catalunya, un grupo entusiasta ha registrado el dominio Caixacatalana.cat y el día 18 de junio presentó, en el Colegio de Economistas de Catalunya, una campaña que aspira a recaudar, en una primera etapa, 30.000 euros para un primer estudio de viabilidad.

En Alicante, la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) lleva tiempo dando vueltas a la idea de impulsar una nueva entidad financiera que apoye a las pymes tras el descalabro de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y, aunque la iniciativa está lejos de cuajar, hasta tiene nombre: Denaria.

En Castellón y en Aragón también se han formado recientemente grupos que piensan en cómo recuperar el espíritu original de las cajas perdidas, aunque no se ha pasado aún de las palabras a los hechos ni siquiera en el sentido de esbozar un plan.

La fórmula barajada es una cooperativa de crédito con licencia europeaUn nuevo libro ve a la valenciana Caixa Popular como modelo

“La bancarización de las cajas ha dejado un enorme vacío en la economía productiva del territorio”, explica Joan Ramon Sanchis Palacio, profesor de Economía de la Universidad de Valencia y director del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendeduría (Iudescoop) de esta universidad. Sanchis Palacio, autor de La banca que necesitamos (Universidad de Valencia, 2013) y colaborador en alguna de estas iniciativas incipientes, admite que tanto el nuevo marco legal como la política de concentración bancaria promovida por el Gobierno español y alentada por Bruselas hacen inviable la opción de recuperar las viejas cajas. Pero sugiere una vía concreta para intentar recuperar al menos su espíritu: las cooperativas de crédito bajo el paraguas de una ficha bancaria europea.

EL EJEMPLO DE FIARE

Esta opción no sólo no es ninguna quimera, sino que tiene un ejemplo inmediato muy tangible: Fiare, integrante del movimiento de banca ética, está empezando a dar sus primeros pasos en España como operador bancario precisamente como cooperativa —en este caso, se trata de una sociedad cooperativa por acciones— y con la licencia de la Banca Popolare Etica italiana. El proceso ha llevado a la fusión, y la entidad resultante, que consiguió el año pasado la ficha del Banco de España, se llama Fiare Banca Etica. Este es también el camino que se ha propuesto seguir el núcleo fundador de la Associació per a la Nova Caixa Catalana, según explica su principal promotor, Joan Olivé.

El proyecto ha nacido vinculado a grupos soberanistas y explícitamente quiere insertarse en el proceso de “construcción de un nuevo país”. “Evidentemente, por ahora sólo es un sueño, pero el objetivo es que el nuevo país cuente con una entidad equivalente a lo que llegó a ser La Caixa hace muchos años”, cuenta Olivé.

El grupo promotor se ha puesto en contacto con economistas y ex trabajadores de cajas de ahorros y se ha marcado como hoja de ruta el diseño esbozado por Sanchis Palacio, que les asesora, inspirado en Fiare Banca Etica: llegar a crear una cooperativa de crédito que opere con la licencia bancaria de una entidad europea. El grupo asegura que ha mantenido ya contactos con una entidad francesa vinculada a la economía social para explorar la posibilidad. El objetivo a corto plazo es recaudar los 30.000 euros que se han fijado para disponer de un primer estudio de viabilidad para un proyecto que exigiría, estiman, un mínimo de 4,5 millones de euros de capital social para arrancar.

Sanchis Palacio acaba de publicar, junto a Vanessa Campos, el libro Caixa Popular. Un modelo de banca cooperativa, social y diferente (Vincle Editorial), que es la experiencia real que sugiere como referente para cualquier proyecto que trate de revivir el antiguo espíritu de las cajas de ahorro. Caixa Popular, nacida en 1978, es técnicamente una cooperativa de crédito, pero singular: por un lado, es una cooperativa de trabajo asociado, con lo que el 85% de sus 302 trabajadores son socios y, por tanto, propietarios. Por otro, se trata de una cooperativa de segundo grado que incorpora a más de 140 cooperativas asociadas, que no sólo obtienen mejores condiciones, sino que cuentan con voz y voto en la asamblea.

La entidad, que opera sólo en la provincia de Valencia, ha sido un motor esencial para todo el tejido productivo de la zona —muy especialmente del sector cooperativo— y para la vida cultural local —el 10% de los beneficios van destinados a un fondo que, en la práctica, se asemeja mucho a lo que era la Obra Social de las cajas—, pero también es en sí mismo un ejemplo de éxito económico: en sus cuatro décadas de existencia, Caixa Popular siempre ha tenido beneficios, sus ratios de solvencia y rentabilidad están muy por encima de los exigidos por el Banco Central Europeo (BCE) y son mejores que los de la gran banca. El ejercicio de 2014 lo cerró con un beneficio bruto de 5,3 millones de euros (1,71 en 2013), 1.100 millones de euros en depósitos (+19%), 730 millones en créditos (+6%), cerca de 160.000 clientes y 65 oficinas.

“La experiencia de Caixa Popular en todos estos años nos demuestra que la solvencia no está determinada por el tamaño, en contra de lo que nos quieren hacer creer, y que la gestión democrática es un valor muy rentable”, concluye Sanchis Palacio.

La gran diferencia con las antiguas cajas es la asamblea: aquí no hay políticos. Sólo trabajadores y entidades asociadas. Y un principio: “Una persona, un voto”.

Balance del ‘tsunami’: de 45 a 2 cajas

Reestructuración del sector de las cajas de ahorro en España

[Este artículo ha sido publicado en Alternativas Económicas. Ayúda a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Los bancos han dado mucho que hablar desde el comienzo de la crisis creada en gran parte por ellos. Bancos y cajas se han revelado como una de las instituciones que menos simpatía generan entre la gente. Por primera vez, además, han sido visibilizados como responsables también políticos. Pero hemos tenido que sentir el dolor en nuestras carnes para reaccionar de manera mayoritaria. Las numerosas estafas y casos de corrupción nos hacen desconfiar tanto de un Banco como de un político. Empezando por las participaciones preferentes, hasta llegar a las abusivas cláusulas de los créditos hipotecarios, pasando por los multimillonarios sueldos de sus jefes, por el falseamiento contable para mostrar que había beneficios donde sólo se podían ver negros agujeros.

Sin olvidarnos de cómo los Bancos nos han llevado de la mano, a través de agresivas promociones, falsas promesas y atractiva publicidad al camino del consumismo más exacerbado. Bien es cierto que no podemos olvidar la responsabilidad individual de cada uno que se ha dejado engañar.

Pero, en todo caso, los Bancos a través de su personal, en muchas ocasiones manipulado y presionado, han mentido a sus clientes. Pero éste es el mal de aquí, de lo que nos hemos quejado sólo cuando la hemos sufrido, cuando hemos oído el daño que hace el abuso de los poderosos bancos.

Pero daño, los Bancos han hecho mucho, ahora y siempre. Son varias las campañas que denuncian la irresponsabilidad social de las entidades financieras en casi todas las operaciones que hacen en todo el mundo. Sabemos que, para que nos den un interés por los ahorros, los Bancos hacen inversiones que los hagan ganar dinero suficiente para pagar al ahorrador, regalar una vajilla o ofrecer un servicio personalizado en la esquina de casa, que además sirven para pagar los desorbitados sueldos de sus directivos . Estas inversiones son demasiadas veces poco respetuosas con el medio ambiente, vulneran los derechos más fundamentales e incluso colaboran en que haya violencia armada.

El Centro Delàs de Estudios por la Paz de Justícia i Pau trabaja en coordinación con Setem y el ODG, desde bastante antes de la eclosión de la crisis, denunciando las inversiones en armas de los Bancos y Cajas que operan en Cataluña, el Estado y en todo el mundo. Como consecuencia de todo este trabajo de investigación, presión y sensibilización, se acaba de publicar el libro “Banca Armada vs Banca Ética”, donde se explican las diversas maneras en que más de sesenta entidades financieras, entre las que se encuentran las más importantes de nuestro entorno, ayudan, con al menos 45.000 millones de euros en los últimos años, a que haya cada vez más armas en el mundo. A esta publicación analizamos también qué hay de cierto en la ahora llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de los Bancos, que tradicionalmente hemos limitado a la obra social pero que debería suponer un comportamiento global ético de la empresa, no sólo hacia sus clientes o proveedores, sino también de cara al resto de la sociedad, gracias a la cual generan beneficios. Ayudar a producir y vender armas es una práctica habitual de los Bancos y hasta que no cesen completamente de hacerlo, no podrán ser considerados responsables, aunque intenten manipularnos con campañas sociales, becas y apoyo a actividades deportivas.

Bertolt Brecht decía que hay algo peor que robar un Banco: fundarlo. No le faltaba razón, los Bancos tradicionales tienen en su ADN la estafa, el engaño y la codicia. Afortunadamente, la gente se ha organizado desde hace ya muchos años, para poder salir de la trampa de los Bancos de siempre que si no te engañan, arruinan, y si no te arruinan te hacen corresponsable de la venta de armas y de la vulneración de derechos humanos que promueven con sus inversiones. Y ha creado la banca ética, con la que se abre el camino al cambio también en el sector financiero. Tenemos exponentes 100% éticos y de total confianza como FIARE o COOP57, porque están gestionados por nosotros y podemos decidir formar parte de su toma de decisiones y, lo más importante, porque nos aseguran que ninguna inversión servirá para hacer daño a nadie, sino más bien al contrario, para desarrollar proyectos educativos, sociales, ecológicos y siempre dentro de la economía social. Salgamos de la espiral de violencia de la banca armada. Es hora de dar el paso hacia la banca ética.

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Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.

En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.    

Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima –aquella que es razonable pagar– y deuda ilegítima –la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar–. Para cerrar el círculo, en fin, estamos obligados a certificar un dato sangrante que ilustra de manera fehaciente la condición de quienes nos gobiernan: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación general acometida en el último decenio –si desaparecen las normas desaparecen también los delitos–, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial.

De todo lo anterior hay que extraer lo que a mi entender es una conclusión obvia: sobran los motivos para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas que las instancias que están en el origen de ésta –bancos y cajas de ahorro– siguen recibiendo. Como sobran las razones para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban definitivamente arrinconadas por la historia.

Me importa subrayar, eso sí, y ahora cambio de tercio, que la negativa a sacarle las castañas a bancos y cajas de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres.       

La segunda de esas deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión.

La tercera, y última, de las deudas que estamos obligados a considerar es la que tenemos con los integrantes de las generaciones venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en el planeta Tierra. A unos y otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad.

Mientras rechazamos la deuda que nuestros gobernantes nos han endosado, hagamos por pagar estas tres onerosas deudas que cabo de mencionar.

Carlos Taibo

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir y grabar una conferencia que Arcadi Oliveres dio en Bilbao organizada por Emaus Fundación Social. La charla duro hora y media y merece la pena desde el primer hasta el último minuto y hoy os traemos los que creo que fueron los momentos mas interesantes. La cifra del rescate a la banca la he puesto en el titular con todos sus números para que nos hagamos una idea de la magnitud de la cantidad. Es equivalente al P.I.B. de España y Alemania juntos.

Este artículo describe como la población en Islandia se reveló exitosamente frente a las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene Ejército. Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados.

Y todo ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca, permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el paraíso del neoliberalismo. Las políticas del gobierno islandés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una situación en que todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a 900 veces en 2008.     Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa colapsó. Los tres bancos más importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fueron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor descendió un 85% respecto al euro.

Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así se comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar. La presión de la calle –elemento clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo el que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.

Fruto de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sujeto al Parlamento para su aprobación.

Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera rechazado –como  lo fue-, provenientes de los centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular a otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los intereses de la mayoría de la población.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro

Más información sobre Islandia

La organización social ATTAC-Estado español subraya que hay otra forma de enfrentarse a los mercados financieros especulativos en defensa de la ciudadanía. Tan sólo hace falta que los Jefes de Estado acuerden modificar la norma que impide al Banco Central Europeo dar directamente préstamos a los Gobiernos al 0% o al 1% como se ha hecho y se sigue haciendo con los bancos privados.

Esta organización solicita que no se reconozca y pague la deuda soberana de ningún país de la eurozona sin que previamente se haga una auditoria de esta depurándola del exceso de la especulación. «Hay que salvar para la ciudadanía el necesario e imprescindible sistema financiero, pero no el sistema especulativo privado ni a los delincuentes financieros. Es la oportunidad de volver a crear un fuerte sistema financiero público. ¡¡Hay que nacionalizar los bancos y gestionarlos como un bien público!!», afirma.

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ATTAC-E constata que los planes de austeridad no son el camino, como ha demostrado la realidad y advertíamos hace más de un año. Nos envuelve en una espiral de más miseria. Que la solución pasa por incrementar los ingresos y que esto puede hacerse ya desde el BCE, estableciendo urgentemente un impuesto a la especulación financiera con deuda soberana de los países del euro, como hizo Lula en Brasil en 2003.

«La salida real y definitiva a la crisis para la ciudadanía existe, es posible y está al alcance de nuestras posibilidades, pero necesariamente ha de encaminarse hacia el desarme de los especuladores internacionales y la regulación del sistema financiero. No se conseguirá nada cediendo, intentando “calmar a los mercados”, sino enfrentándonos a ellos», explica.

ATTAC-E manifiesta que tan sólo con una movilización solidaria y conjunta de toda la ciudadanía europea se podrá vencer a los especuladores y sus cómplices de la Comisión Europea.

Los puntos que propone son «el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras especulativas verdaderamente disuasivo, el control real de toda transacción con los Paraísos Fiscales, una política firme de lucha contra la economía sumergida y delictiva, unida con una política de más Europa política y social y fuerte política de renta que creen demanda en el mercado interior es el camino para atajar el déficit fiscal de los Estados, y encauzar la salida de la crisis para las personas, enfrentándonos con un mínimo de posibilidades de éxito a los especuladores internacionales, que son entre otros los propios bancos privados de la zona euro».

En concreto ATTAC España plantea:

1. Auditoria de la deuda Pública de cada estado miembro.
   
2. Reestructuración de la deuda, y cesación inmediata de toda deuda pública dolosa, ilegítima u odiosa.
   
3. Acuerdo que obligue al BCE a emitir a bajo precio para cualquier estado que lo necesite para sanear su deuda pública legítima.
   
4. Armonización fiscal en toda la zona euro, que incluya:
   
   • a) Descenso de impuestos indirectos y un incremento de los impuestos directos y progresivos, especialmente a las rentas del trabajo más altas y a las rentas del capital, tanto empresariales como mobiliario e inmobiliario.
     
   • b) Impuesto a las Transacciones Financieras especulativas (ITF) contundente.
     
   • c) Erradicación de los Paraísos Fiscales (PPFF) en Europa y prohibición de cualquier transacción financiera y/o productiva con cualquiera de los restantes en el mundo.

El ‘no’ vence en la consulta celebrada ayer para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad

¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.

El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.

«Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo». Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.

El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. «Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero», declaró Grímsson a el País hace unos días.

La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.

El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.

Frágil recuperación

Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.

La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. «Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre», avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. «De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más», terció el director de cine Arni Sveinsson.

Decepción británica

La reacción de Reino Unido no se ha hecho esperar. El secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, ha expresado hoy su decepción ante la negativa de los islandeses a pagar por el colapso de

los bancos:»Está claro que el rechazo declarado por el pueblo islandés a lo que era un acuerdo negociado ha sido obviamente decepcionante», declaró Alexander. «Por supuesto que respetamos su decisión, pero ahora vamos a hablar con nuestros socios internacionales, y parece que este proceso terminará en los tribunales», añadió.

Foto: El presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, deposita su voto en un colegio de Reikiavik.- INGOLFUR JULIUSSON

Nota de prensa de urgencia de ATTAC España

Después de haber estando mintiendo a la ciudadanía durante meses diciendo que la situación de la banca española era de gran solvencia, ahora el gobierno se saca de la manga un plan que va a llevar a nacionalizar a medio gas y por la puerta de atrás a un buen número de entidades financieras.

ATTAC reitera que debe hacerse público cuanto antes el estado patrimonial verdadero de todas ellas y denuncia al Banco de España por la dejadez y complicidad que se manifiesta en el disimulo de la situación para que los bancos sigan presentándose ante la sociedad como si no fuesen responsables de nada de lo que ha pasado.

ATTAC denuncia también que incluso en el propio lenguaje de los comunicados se está dejando caer que son las cajas de ahorros, esas entidades de carácter semipúblico, las que se encuentran en dificultades, cuando solo el disimulo contable o los beneficios que obtienen en otros países está permitiendo ocultar que los bancos españoles están en la misma situación. Attac denuncia igualmente que se está queriendo hacer creer que los dirigentes de las cajas son los malos gestores cuando lo cierto es que desde los años ochenta los condenados por estafas (o salvados incluso de ser juzgados gracias a su poder político como Emilio Botín), engaños e irresponsabilidades de todo tipo, son precisamente los propietarios y directivos de la banca privada, como ahora pasa con Alfredo Sáenz el segundo del Banco de Santander.

Aunque falta por conocer con detalle la estrategia de intervención planeada por el gobierno, ATTAC se anticipa y denuncia lo que sin duda parece que es el principal objetivo de estas medidas, y que ya se vino manifestando desde hace meses: capitalizar con dinero público a las cajas de ahorros para que luego los bancos privados o los grandes lobbies de inversión se queden con ellas a bajo precio.

ATTAC considera que si se llevara a cabo esta estrategia nos encontraríamos ante un autentico acto de traición y de saqueo de recursos públicos y por eso exige que se garantice que el dinero que pone la ciudadanía no vaya a manos privadas, como ya está pasando y se quiere que siga ocurriendo, Por todo ello, ATTAC insiste en su propuesta de nacionalización completa de las cajas de ahorros en los términos hechos públicos en 2010 (ver http://www.attac.es/la-privatizacion-de-las-cajas-de-ahorro-solo-benefic…)

La situación actual de la economía española es preocupante. La crisis provocada por «los mercados» está teniendo severas repercusiones sociales, que afectan fundamentalmente a la población más vulnerable. Repercusiones que se agravarán por los efectos recesivos que van a tener las recientes medidas de ajuste económico y reforma laboral, impuestas al gobierno por los poderes financieros.

Resulta evidente la manifiesta incapacidad de la banca privada para garantizar la necesaria estabilidad financiera y la financiación de la actividad económica, imprescindibles para la recuperación de la actividad económica y del empleo que nos permitan salir de la crisis

Para garantizar la estabilidad financiera y la recuperación de la actividad económica y el empleo, ATTAC, a propuesta de su Consejo Científico, reclama de los grupos parlamentarios que procedan a poner en marcha las iniciativas que sean precisas para que el gobierno lleve a cabo con carácter de urgencia la nacionalización de las cajas de ahorros. La mayoría de estas instituciones financieras se encuentran actualmente próximas a la quiebra técnica, y antes que el Estado proceda a su salvamento con fondos públicos como se propone, ATTAC considera que es una ocasión histórica de recuperar su titularidad y gestión publicas y dar pasos efectivos hacia la recuperación una banca pública cada vez más necesaria.

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La semana pasada escribí un artículo en este medio haciendo una reflexión sobre la vuelta a las andadas de la banca con el cobro de bonus supermillonarios y la restricción de los créditos a las empresas, después de que los gobiernos del mundo, en sus manos, acudieran en su auxilio con dinero público para salvarlos y salvarnos de una debacle universal a la que nos llevó su soberbia y avaricia.

El mismo día en que aparecía publicado mi texto, Joaquín Estefanía dedicaba una página en El País a un artículo de Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, titulado “El golpe de Estado silencioso”, que recomiendo fervientemente y que puede encontrar fácilmente en Internet, donde se preguntaba “sobre quién manda en última instancia en el mundo de la economía: los representantes elegidos por los ciudadanos o el planeta de los negocios. La hegemonía de la política o de la economía.”

En mi reflexión de hace unos días hacía referencia al anuncio de Barak Obama de plantar cara a la banca y someterla al gobierno de lo público, desde la duda de que sólo se tratara de fuegos de artificios para frenar su pérdida de popularidad ante una ciudadanía que contempla, muy enfadada, como se emplea una ingente cantidad de dinero para salvar al sistema financiero mientras la población pierde sus casas, sus empleos y su dignidad. Pues bien, transcurridos apenas unos ocho días desde que el presidente americano anunciara sus propuestas de control y lanzara el grito de guerra de que “si estos tipos quieren pelea, la tendrán”, parece que la cosa va un poco más en serio, aunque no sé si, al final, tendrá que hincar la rodilla y ceder, como le ha sucedido con la reforma del sistema sanitario que pretendía y es que, al fin y al cabo, se bate contra los mismos poderes. De hecho ya empiezan a ponerlo contra las cuerdas en el Foro de Davos.

Para el prestigioso economista neokeynesiano y Premio Nobel Joseph Stiglitz, la caída del sistema financiero enraizado en Wall Street vendría a tener para el capitalismo el mismo significado que la caída del Muro de Berlín para el comunismo. La paradoja sería que esta profunda transformación viniese desde las propias entrañas de EEUU y de un presidente al que por aquí no se le considera ni socialdemócrata y que, además de anunciar una guerra frontal, ha planteado trocear a los grandes bancos- “ los contribuyentes norteamericanos nunca más serán rehenes de un banco demasiado grande para caer”-; obligarles a pagar un impuesto para hacer frente a los recursos públicos utilizados para su rescate; limitar el sueldo de sus ejecutivos y prohibirles tener fondos especulativos y capitales de riesgo, entre otras medidas que iremos conociendo.

Y mientras Obama plantea una medida revolucionaria, a Europa la coge con el pié cambiado, como casi siempre, y pasa de una timorata alabanza a la decisión, pero descartando imitarla, a un apoyo más decidido, proponiendo su discusión en la próxima reunión del G-20, aunque dejando claro siempre, eso sí, que aquí no estamos tal mal, que los bancos europeos son más santitos y que no se merecen el infierno sino como mucho el purgatorio.

Menos en España, donde la banca, la misma que acaba de demandar una ayuda urgente ante los impagos de las inmobiliarias a las que potenciaron hasta el infinito, a lo sumo se merece el limbo y desde luego nunca la contundencia de Obama sino “recetas propias” como afirmó la vicepresidenta Fernández de la Vega (no importa que a Sebastián se le estuviese “agotando la paciencia” hace un año por la actitud de los financieros). Por eso ese afán en crear grandes bancos –en oposición a la tesis norteamericana- fagocitando a las cajas en una operación ante la que Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, afirmó: “usar la astucia del trilero para cambiar las cajas, no es digno de una democracia”.

Si señor, en estos momentos son esas las intenciones, potenciar a la banca frente a unas entidades de ahorro profundamente ligadas al desarrollo local, al ahorro familiar –si bien algunas han traspasado la frontera y actuado como bancos pura y duramente- y al sostenimiento de una obra social que devuelve a la comunidad una parte importante de la gestión de sus ahorros.

A lo mejor es una utopía, pero viendo lo que nos ha traído esta globalización carroñera, quizás sea la hora de abrir las puertas a iniciativas más cercanas como las instituciones de microfinanciación (MFI) o la banca ética.

La microfinanciación se ha convertido en un instrumento extraordinario para millones de seres humanos que viven en la más absoluta de las pobrezas, muchísimos de ellos subsistiendo con apenas un euro al día. Experiencias como las del Grameen Bank, Premio Nobel de la Paz en 2006, Nantik Lum (Madre tierra), con gente de OHL o Telefónica en su patronato, o Microbank de la Caixa, entre otras muchas, se han convertido en la demostración palpable de que con un préstamo de 50 o 100 euros se pueden crear pequeñas empresas que garantizan la supervivencia de numerosas familias.

La banca ética es otra cosa, aunque en ella se englobe también la filosofía de la microfinanciación. Se trata de entidades bancarias sometidas al control de los bancos centrales de cada país, que actúan bajo criterios sociales ajenos a la especulación. Surgida en los años veinte, en el seno de la Iglesia Metodista, que pretendía evitar así que su dinero fuera a parar al juego o al alcohol, derivó posteriormente en una entidad financiera al uso cuyos objetivos son únicamente sociales y medioambientales, descartando cualquier inversión en capitales ligados a las drogas, las armas, la explotación laboral, la destrucción del medio ambiente… No le ha afectado por esto el problema de los activos tóxicos, trabajan en la economía real y transparentan de tal manera sus fondos que el cliente decide en muchas ocasiones en que negocios se invierte su dinero. En estos momentos existen alrededor de cuarenta bancas éticas en Europa, donde destacan la Banca Popolare Ética italiana (Fiare en España), Oikocredit y Triodos Bank, con clientes en Holanda, de donde es originaria, Bélgica, Reino Unido, Alemania y España, que ha crecido un 13% en el 2009 y se le ha reconocido como Banco Sostenible del Año.

Es una demostración palpable de que las finanzas son compatibles con la ética y el beneficio social y de que existen alternativas reales, dignas de potenciar, al modelo imperante. Depende de Obama, si. Del Foro de Davos, también. Pero fundamentalmente depende de nosotros, los ciudadanos, cuando elegimos con que banco trabajar y a cual confiamos nuestros ahorros.

Artículo escrito por: Antonio Morales Méndez. Alcalde de Agüimes

En todo lo bueno siempre hay algo malo. En todo lo malo, siempre hay algo bueno. Con los bancos, alemanes, pasa así. Mientras las principales entidades financieras del país hacen agua, un grupo de pequeños bancos ha ganado terreno gracias a la crisis.

Hace unos años, en Alemania era prácticamente impensable que un gobierno liderado por la CDU (democristianos de centro-derecha) impulsara la estatización de empresas y mucho menos de bancos. Pero la crisis financiera internacional, cuyo punto de partida quedó evidenciada, para la historia, con la estrepitosa caída de Lehman Brothers, volvió posible incluso aquello impensable tiempo antes.

Este año, el gobierno germano se quedó con el 25% del Commerzbank, el segundo banco del país, y con el control mayoritario del hipotecario Hypobank, al que ayudó con nada menos 87.000 millones de euros en garantías. Además, la Cámara alta del Parlamento votará en abril la sanción de una ley de estatización de bancos, ya aprobada por la Cámara baja.
La crisis dejó con secuelas a la mayoría de las entidades. Por caso, el Deutsche Bank, principal banco del país, anunció que su resultado neto cerró con una pérdida de 3.900 millones de euros en 2008.Pero siempre existe alguna excepción a la regla. En tiempos turbulentos, entre estatizaciones parciales y consecutivos anuncios de pérdidas millonarias, un banco alemán anunció que creció casi 30% en 2008 y que espera otro tanto para este año, créase o no, beneficiado por la crisis.

El GLS Bank, con base en Bochum, ciudad de 380.000 habitantes a 180 km al norte de Frankfurt, vio incrementar su balance un 27,4%, a 1.013,4 millones de euros el año pasado. “En los últimos años, el margen de ganancia para quienes depositaban en bancos se fue achicando, porque los intereses se redujeron. En su búsqueda por ampliar el margen, los bancos desarrollaron nuevos productos, más especulativos, con fondos de inversiones, lo que a la larga terminó por generar la crisis”, explica a El Cronista Christof Lützel, jefe de Prensa de GLS Bank, entidad autodefinida como ética, ecológica y social.
La fórmula del éxitoPara el GLS Bank, su auge se explica porque sus objetivos son otros. “Nosotros no tenemos ni grandes inversores ni buscamos altos márgenes de ganancia. El principal objetivo del banco es financiar proyectos concretos con fines ecológicos y/o sociales en diferentes sectores”, enfatiza Lützel. Entre ellos, figuran la agricultura ecológica, obras sustentables, proyectos habitacionales, energía regenerativa, empresas de productos Bio (naturales), instituciones educativas no estatales, de salud, para discapacitados, tercera edad y culturales.

“Todo se puede hacer de una manera convencional, que a veces daña al medioambiente y a la comunidad, o se puede hacer de una buena manera, beneficiando a ambos. Nosotros impulsamos a través de los créditos estás últimas”, explica.El banco no es atractivo por ofrecer altos intereses a clientes que depositan su dinero. “Ofrecemos las tasas normales de referencia del mercado. Pero un 15% de los préstamos que otorgamos, para ciertas asociaciones o entidades con fines sociales o que benefician a la comunidad, lo hacemos a una tasa bastante más baja, que varía según el índice del mercado, y hoy ronda el 3,4%”, precisa Lützel.

El año pasado, el banco logró ampliar su cartera de clientes en 9.000 personas, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que hoy cuenta con 64.000 personas. Entre tanto, los depósitos en la entidad aumentaron 26,1%, a 840,5 millones de euros y los créditos otorgados, un 26,6%, a 613,3 millones. Datos llamativos, si te tienen en cuenta las grandes pérdidas que afrontaron la mayoría de los bancos germanos y que, quienes depositan su dinero, podrían conseguir mejores tasas en otras entidades.

“Muchos bancos tomaron decisiones equivocadas y ahora buscan una alternativa para tener su dinero a salvo”, comenta. Si bien esos son motivos suficientes para atraer clientes en tiempos turbulentos, también contribuyó otro factor: la creciente conciencia sobre el cuidado del medioambiente. De hecho, este país es uno de los principales mercados para productos orgánicos, tanto para alimentos y bebidas como cosméticos e incluso ropa. “La gente ahora también puede elegir un banco ecológico; no sólo están tranquilos de que su dinero está salvo, también tienen la seguridad que irá a proyectos que benefician a comunidades y al medioambiente, y no a la construcción de una central atómica, por ejemplo”, grafica. Toda una garantía para aquellos que no sólo piensan en el dinero.