El catalizador detrás de las protestas campesinas en Kenia

El 25 de junio de 2024, más de 400 oficiales de policía kenianos llegaron a Puerto Príncipe, Haití, como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés), con el supuesto objetivo de “restaurar el orden” en el país. De manera irónica, ese mismo día estalló una protesta significativa en Kenia, donde jóvenes manifestantes indignadxs irrumpieron en el Parlamento keniano. Esta protesta fue una reacción directa al Proyecto de Ley Financiera 2024, que había sido aprobado por el parlamento de Kenia a pesar de la oposición generalizada. Dicho proyecto de ley, fuertemente influenciado por el paquete de reformas del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluía controvertidas propuestas impositivas.

Lo que comenzó como una rebelión en línea por parte de lxs jóvenes, conocidxs como la Generación Z, rápidamente escaló a protestas en las calles y culminó con la toma del Parlamento keniano. Esta institución ha sido históricamente utilizada por el FMI para imponer sus agendas de reformas, incluyendo el controvertido Proyecto de Ley Financiera 2024.

La crisis de deuda en Kenia es grave y bien conocida. En abril de 2024, el país enfrentaba vencimientos de préstamos que totalizaban 50 mil millones de chelines kenianos (368,32 millones de USD) por semana. En enero de 2024, Kenia gastó 123,53 mil millones de chelines kenianos (910 millones de USD) en el servicio de la deuda, y otros 66,7 mil millones de chelines kenianos (491,34 millones de USD) en febrero de 2024. El FMI es conocido por imponer medidas fiscales impopulares a países endeudados para evitar el impago. Estas medidas a menudo incluyen la reestructuración de la deuda, que aumenta la deuda total, y la promoción de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) que fomentan la privatización y liberalización de empresas estatales claves.

Desde que el presidente de Kenia, Willian Ruto, asumió el cargo en septiembre de 2022, su administración se ha desviado de su promesa de campaña de reducir la deuda, abogando en cambio por un aumento de los impuestos para hacer frente a las obligaciones financieras del país. Este cambio provocó protestas en junio de 2023, durante las cuales algunas personas fueron asesinadas y muchas otras resultaron heridas.

El Proyecto de Ley Financiera 2024, que proponía un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% sobre el pan y los suministros de panadería, fue el detonante de la revolución liderada por la Generación Z. De manera irónica, el proyecto también sugería exenciones fiscales para vehículos utilizados por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), materiales de embalaje para el té procesado por corporaciones multinacionales y productos agrícolas para el control de plagas, beneficiando a empresas que importan pesticidas prohibidos que dañan el medio ambiente.

A pesar del compromiso de Kenia con la energía limpia, el Proyecto de Ley Financiera 2024 propuso un impuesto del 16% sobre bicicletas eléctricas y paneles solares, socavando sus compromisos climáticos de promover el uso de dichas tecnologías. También sugería un impuesto del 16% sobre el transporte de caña de azúcar, lo que probablemente beneficiaría a los ingenios azucareros privatizados mientras aumentaría los costos para lxs agricultorxs locales.

Las protestas lideradas por la Generación Z han acusado directamente al FMI, al Banco Mundial y a la Organización Mundial de Comercio, OMC, de imponer impuestos severos y de priorizar los intereses de los acreedores por encima de las necesidades del pueblo keniano. Lxs campesinxs kenianxs han llegado al límite de su tolerancia ante la injerencia de estas instituciones.

La batalla por el futuro de Kenia en medio de la influencia del FMI

La reciente secuencia de eventos revela influencias externas significativas en las políticas internas de Kenia. Después de asumir el cargo el 13 de septiembre de 2022, el presidente Ruto viajó al Reino Unido el 18 de septiembre, donde apoyó el libre comercio y la biotecnología en medio de negociaciones comerciales con EE. UU. sobre los Organismos Genéticamente Modificados, OGM´s, y las regulaciones de pesticidas. El 21 de septiembre, visitó EE. UU. y se reunió con el senador Jim Inhofe, un destacado escéptico del cambio climático vinculado a las industrias del gas desde 1989.

En abril de 2022, EE. UU. criticó las restricciones de Kenia a las importaciones de OGM, argumentando que estas medidas obstaculizaban las exportaciones. La presión externa de EE. UU. preparó el terreno para que la Asociación de Fabricantes de Kenia (AKEFEMA) solicitara al gobierno, poco después de la visita de Ruto a EE. UU., la importación libre de aranceles de maíz y soya transgénicos para enfrentar la escasez local de suministros. Así, el 3 de octubre de 2022, el gobierno de Kenia, mediante un despacho del gabinete, levantó la prohibición de importación de OGM que llevaba una década en vigor, sin consultar a la población. Esta decisión, influenciada por presiones externas, fue posteriormente revertida por los tribunales kenianos tras un desafío de la Liga Campesina de Kenia (KPL, por sus siglas en inglés), una organización miembro de La Vía Campesina (LVC), reinstaurando efectivamente la prohibición. El caso sigue pendiente, con un fallo esperado para octubre de 2024.

Esta cronología subraya la significativa influencia de entidades y corporaciones internacionales, como el FMI, el gobierno de EE. UU., y grandes corporaciones como el Consejo de Granos de EE. UU. (USGC), en las políticas internas de Kenia.

La revolución liderada por la Generación Z tomó por sorpresa a toda la clase dominante, desde el gobierno hasta la oposición, las organizaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación. A pesar de los intentos de marginar su lucha, la toma del Parlamento keniano el 25 de junio de 2024 por la Generación Z obligó al presidente Ruto a rechazar el Proyecto de Ley Financiera 2024 y a disolver su gabinete.

En respuesta, el establecimiento keniano respaldado por el FMI ha implementado estrategias para contrarrestar la revolución liderada por la Generación Z, que ha evolucionado hacia un llamado a la renuncia del régimen de Ruto. Una de estas estrategias fue la disolución del gabinete y la subsiguiente formación de un gobierno de amplia base, incorporando a siete miembros de la coalición opositora. Las propuestas del presidente Ruto para establecer un Foro Multisectorial Nacional (NMF) para abordar los problemas planteados por la Generación Z han sido archivadas después de que esta iniciativa fuera rechazada tanto por la Generación Z como por la mayoría de lxs kenianxs, quienes han intensificado su llamado a la renuncia del presidente Ruto. La estrategia de incluir a la oposición en el gobierno parece estar dando frutos, ya que la tan publicitada manifestación nacional programada para el 8 de agosto de 2024 no se llevó a cabo en la mayoría del país, con la Generación Z y los grupos de derechos humanos retirándose para replantear su estrategia. La inclusión de figuras de la oposición en el gobierno ha dividido a la coalición opositora, con una facción alineada con Raila apoyando la inclusión, mientras que otra, liderada por el exvicepresidente Kalonzo Musyoka, rechaza tanto el NMF como la inclusión de la oposición en el gabinete.

El establecimiento político también ha recurrido al uso de la violencia y al empleo de milicias contratadas para atacar a lxs pacíficos manifestantes de la Generación Z. Se han visto milicias armadas patrullando ciudades como Nairobi, Eldoret, Kisii y Kericho, e interrumpiendo violentamente eventos de la oposición, incluida una conferencia de prensa liderada por Kalonzo Musyoka el 17 de julio de 2024. Esta violencia tiene como objetivo atraer a la facción de Kalonzo hacia los objetivos de la clase dominante, pero lxs manifestantes de la Generación Z han rechazado cualquier compromiso, exigiendo una reforma completa del sistema.

Hasta ahora, más de 50 kenianxs, en su mayoría jóvenes, han sido asesinados en las protestas contra el FMI, con muchos aún desaparecidxs y miles hospitalizadxs debido a lesiones. Se han encontrado cuerpos en descomposición de jóvenes en Nairobi, lo que ha generado especulaciones de que estas son víctimas de secuestros por parte de agencias de seguridad. Un secuestrado liberado reveló que sus captores buscaban información sobre las fuentes de información de los manifestantes sobre el FMI, lo que indica la implicación del FMI en estas políticas y la manipulación de los asuntos internos de Kenia.

La Liga Campesina de Kenia (KPL) continúa oponiéndose a las políticas neoliberales del FMI, el Banco Mundial y la OMC. Han estado a la vanguardia en la educación del público sobre las políticas neocoloniales de estas instituciones y el problemático despliegue de policías kenianos en Haití. Este despliegue es especialmente preocupante dado el deficiente historial de derechos humanos de la policía keniana, como lo demuestra su manejo de la revolución liderada por la Generación Z, que busca liberar a lxs kenianxs de la opresión impuesta por el FMI, el Banco Mundial y la OMC.

La Vía Campesina y su miembro keniano, la Liga Campesina de Kenia (KPL), hacen un llamado al gobierno keniano para que:

• Proteja los derechos de lxs kenianxs a la vida, la libertad y la seguridad, tal como lo establece el Artículo 6 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP).
• Respete los derechos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, según lo descrito en el Artículo 8 de la UNDROP.
• Asegure la libertad de asociación, garantizada por el Artículo 9 de la UNDROP.
• Respete los derechos a la participación y la asociación, como se especifica en los Artículos 10 y 11 de la UNDROP.
• Salvaguarde los derechos a las semillas, según se indica en el Artículo 19 de la UNDROP.

Del 9 al 15 de octubre, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebraron su reunión anual conjunta en Marrakech (Marruecos). La última vez que estas dos instituciones de Bretton Woods se reunieron en suelo africano fue en 1973, en Nairobi (Kenia). El entonces presidente de Kenia, Jomo Kenyatta (1897-1978), instó a los asistentes a encontrar “una pronta cura a la enfermedad monetaria de la inflación y la inestabilidad que ha afligido al mundo”.

Kenyatta, que se convirtió en el primer presidente de Kenia en 1964, señaló que, “en los últimos 15 años, muchos países en desarrollo han estado perdiendo, cada año, una proporción significativa de sus ingresos anuales debido al deterioro de su relación de intercambio”. Los países en desarrollo no podían superar la relación de intercambio negativa en una situación en la que vendían materias primas o productos apenas procesados en el mercado mundial mientras dependían de la importación de productos manufacturados caros y de energía, aunque aumentaran sus volúmenes de exportación. “Recientemente, la inflación en los países industrializados ha provocado nuevas e importantes pérdidas a los países en desarrollo”, añadió Kenyatta.

“El mundo entero está mirando”, dijo el entonces presidente de Kenia. “No porque mucha gente entienda los detalles de lo que estamos debatiendo, sino porque el mundo espera que encontremos soluciones urgentes a los problemas que afectan a sus vidas cotidianas”. Las advertencias de Kenyatta no fueron escuchadas. Seis décadas después de la reunión de Nairobi, la pérdida de ingresos nacionales a causa de la deuda y la inflación sigue siendo un grave problema para los países en desarrollo. Pero, en nuestro tiempo, el mundo entero no está mirando. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que el FMI y el Banco Mundial se reunieron en Marruecos, y pocos esperan que resuelvan los problemas del mundo. Esto se debe a que, en todo el planeta, la gente sabe que estas instituciones son, de hecho, las causantes del dolor y simplemente no son capaces de resolver los problemas que han creado y exacerbado.

Antes de la reunión de Marruecos, Oxfam emitió un comunicado en el que criticaba duramente al FMI y al Banco Mundial por “volver a África por primera vez en décadas con el mismo mensaje fracasado de siempre: recorten su gasto, despidan a las y los trabajadores de los servicios públicos y paguen sus deudas a pesar de los enormes costes humanos”. Oxfam destacó la crisis económica que atraviesa el Sur Global, señalando que “más de la mitad (57%) de los países más pobres del mundo, donde viven 2.400 millones de personas, tendrán que recortar el gasto público en un total de 229.000 millones de dólares en los próximos cinco años”. Además, “los países de renta baja y media baja se verán obligados a pagar casi 500 millones de dólares diarios en concepto de intereses y amortización de la deuda de aquí a 2029”. Aunque el FMI ha dicho que planea crear “pisos de gasto social” para evitar recortes en el gasto gubernamental en servicios públicos, el análisis de Oxfam de 27 programas de préstamos del FMI descubrió que “estos pisos son una cortina de humo para más austeridad: por cada dólar que el FMI animó a los gobiernos a gastar en servicios públicos, les ha dicho que recorten seis veces más a través de medidas de austeridad”. La falacia de los “pisos de gasto social” también ha sido demostrada por Human Rights Watch en su reciente informe, Una venda para una herida de bala. Los “pisos de gasto social” del FMI y la pandemia de Covid-19.

En el Instituto Tricontinental de Investigación Social seguimos observando el impacto del FMI en las economías en desarrollo, como muestra nuestro nuevo dossier Cómo el Fondo Monetario Internacional está exprimiendo a Pakistán (octubre de 2023). El trabajo, escrito por Taimur Rahman y sus colegas del Research and Publications Centre (Lahore, Pakistán) a partir de su investigación, expone los problemas estructurales a los que se enfrenta la economía de Pakistán, como la baja productividad de su industria orientada a la exportación y los elevados costos de los artículos de lujo importados. Debido a la falta de inversión en la industria, la productividad laboral de Pakistán es baja y las exportaciones de otros países se valorizan (como ocurre con la industria textil de Bangladesh, China y Vietnam). Mientras tanto, la importación de artículos de lujo sería mucho más devastadora para la economía si no fuera por los dólares que ingresan por las remesas de las y los trabajadores pakistaníes, esforzados pero ignorados, ubicados principalmente en los países del Golfo. El creciente déficit del país, explica el informe, se debe al “hecho de que Pakistán ya no es competitivo en el mercado internacional y ha seguido importando bienes y servicios a un ritmo que simplemente no puede permitirse”. Además, “Las condiciones impuestas por el FMI han reducido aún más las inversiones que Pakistán necesita imperiosamente para mejorar su infraestructura y acelerar la industrialización”. El FMI no solo impide la inversión para la industrialización, sino que impone recortes en los servicios públicos (sobre todo salud y educación).

En julio, el FMI aprobó un acuerdo stand-by de 3.000 millones de dólares con Pakistán que, según afirmaba, crearía “el espacio para el gasto social y de desarrollo para ayudar al pueblo de Pakistán”. Sin embargo, el FMI no hace más que alimentar a Pakistán con el mismo cansino paquete neoliberal, exigiendo “una mayor disciplina fiscal, un tipo de cambio determinado por el mercado para absorber las presiones externas y nuevos avances en las reformas relacionadas con el sector energético, la resiliencia climática y el clima empresarial”, medidas todas ellas que agravarán la crisis. Para garantizar la permanencia de estas políticas, el FMI habló no solo con el gobierno del primer ministro interino Anwaar-ul-Haq Kakar, sino también con el ex primer ministro Imran Khan (que fue destituido en 2022 en una medida alentada por Estados Unidos debido a su neutralidad en la guerra en Ucrania). Por si esto no fuera suficiente, a través de su papel facilitador del acuerdo, el gobierno estadounidense presionó al gobierno pakistaní para que suministrara armas a Ucrania en secreto a través del traficante de armas de dudosa reputación Global Ordnance. Esto empeora aún más un acuerdo ya de por sí malo.

Se han hecho acuerdos similares con países como Argentina, Sri Lanka y Zambia. En el caso de Sri Lanka, por ejemplo, el Jefe de Misión de la institución para el país, Peter Breuer, describió el acuerdo del FMI como un “experimento brutal”. Las consecuencias sociales del experimento recaerán, por supuesto, sobre el pueblo de Sri Lanka, cuyas frustraciones han sido sofocadas por las fuerzas policiales y militares.

Esta dinámica también se puso de manifiesto en febrero en Surinam, donde un gran número de personas que salieron a la calle para protestar contra el régimen de austeridad impuesto por el FMI fueron recibidas con gases lacrimógenos y balas de goma. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Surinam ha dejado de pagar tres veces su deuda externa, que adeuda en gran parte a los ricos tenedores de bonos de Occidente, y en diciembre de 2021 el gobierno del presidente Chan Santokhi comunicó al FMI que recortaría los subsidios a la energía. We zijn Moe (‘Estamos cansados’), un movimiento contra la austeridad, protestó durante años, pero no pudo mover una agenda contra la política de hambre impuesta por el FMI. «Una turba hambrienta es una turba furiosa», escribió Maggie Schmeitz sobre las protestas.

Estas protestas —desde Surinam hasta Sri Lanka— son el último ciclo de una larga historia de disturbios contra el FMI, como los que comenzaron en Lima (Perú) en 1976 y siguieron en Jamaica, Bolivia, Indonesia y Venezuela. Cuando se produjeron los disturbios del FMI en Indonesia en 1985, Tom Clausen, antiguo director general del Bank of America, presidía el Banco Mundial (1981-1986). En unas declaraciones que hizo cinco años antes, Clausen resumió la actitud de las instituciones de Bretton Woods ante tales levantamientos populares, afirmando que “cuando la gente está desesperada, se producen revoluciones. Es evidente que redunda en nuestro propio interés vigilar que no se vean forzados a ello. Hay que mantener vivo al paciente, porque si no, no se puede curar”.

La “cura” de Clausen —privatización, mercantilización y liberalización— ya no es creíble. Las protestas populares, como las de Surinam, reflejan la amplia conciencia de los fracasos de la agenda neoliberal. Se necesitan nuevos programas que se basen en las siguientes ideas, como:

1. Anular las deudas odiosas, es decir, las contraídas por gobiernos no democráticos y utilizadas contra el bienestar de la población.
2. Reestructurar la deuda y obligar a los ricos tenedores de bonos a compartir la carga de deudas que no pueden reembolsarse en su totalidad (sin provocar consecuencias sociales devastadoras y fatales) pero de las que se beneficiaron durante décadas.
3. Investigar a las empresas multinacionales que no pagan la parte de impuestos que les corresponde a las naciones más pobres y establecer leyes que impidan formas de robo como la fijación de precios erróneos en las transferencias.
4. Investigar el papel de los paraísos fiscales ilícitos que permiten a las élites de las naciones más pobres sustraer la riqueza social de sus países hacia estos lugares y crear procedimientos para devolver ese dinero al uso público.
5. Fomentar que las naciones más pobres aprovechen las ventajas de los nuevos prestamistas que no están comprometidos con las formas de préstamo deuda-austeridad, como el Banco Popular de China y el Nuevo Banco de Desarrollo.
6. Desarrollar políticas industriales orientadas a la creación de empleo, la reducción de la destrucción de la naturaleza y la adopción progresiva de fuentes de energía renovables.
7. Aplicar un sistema tributario progresivo (especialmente sobre las ganancias) y un salario digno para garantizar unos ingresos justos a las y los trabajadores, así como la distribución de la riqueza.

Esta lista no es exhaustiva. Si tienen otras ideas para una “cura” creíble, escríbanme.

Las fotografías que aparecen en este boletín y en el dossier son de Ali Abbas («Nad E Ali»), artista visual radicado en Lahore (Pakistán), cuya obra explora los temas de la alienación, la pertenencia y los espacios intermedios que existen en todas las culturas. Las fotografías pertenecen a su serie “Hauntology of Lahore” (2017-presente), tomando prestado el término “hauntología” del filósofo Jacques Derrida. En palabras de Abbas, “en el propio paisaje de Lahore, entre sus bulliciosas calles, sus antiguas estructuras y sus vibrantes comunidades, yace una reserva de futuros sin explotar y de potencial sin realizar”.