El consumo responsable a menudo se presenta como una opción individual, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones para practicarlo. En el contexto de crisis ecosocial se hace cada vez más evidente que no basta con apelar a la conciencia individual: necesitamos un giro que permita consumir sin pisar vidas y que lo haga posible para todas.

Pensar y repensar el consumo, hasta cambiarlo

Desde hace años, muchas hemos sido las voces que hemos contribuido a cuestionar el modelo de consumo dominante, señalando sus impactos sobre las personas y los ecosistemas y visibilizando alternativas más justas, sostenibles y democráticas. Pero también hemos insistido en algo clave: no se trata solo de consumir mejor, sino de repensar qué significa consumir y qué papel tiene el consumo en la organización de nuestras sociedades. Reflexiones todas ellas que nos invitan a bajarnos de la rueda del consumismo

Somos conscientes de que el consumo no es un acto aislado. Forma parte de una cadena que empieza en la extracción de recursos y atraviesa la producción, la distribución, llegando hasta la gestión de los residuos. Pensar el consumo consciente implica, por tanto, mirar esa cadena en su conjunto y preguntarnos qué condiciones hacen posible que un producto llegue a nuestras manos y a qué coste social y ambiental.

Partimos de una constatación obvia y a priori desalentadora: cambiando nuestro consumo no cambiaremos el mundo. Pero… también sabemos que no habrá transformación posible del sistema que no pase por el consumo y por el replanteamiento profundo de las lógicas de producción, distribución y consumo que sostienen el modelo actual.

Cuando la responsabilidad recae en quien menos puede

Durante años, el consumo responsable o consciente se ha formulado como una cuestión de elecciones individuales: comprar ecológico, evitar determinados productos, priorizar opciones éticas, comprar productos de comercio justo,etc. Sin embargo, esta mirada tiene límites evidentes.

No todas las personas tienen el mismo margen de decisión. El nivel de renta, el tiempo disponible, el acceso a alternativas, la facilidad para acceder a ellas en el lugar donde vivimos o el acceso a la información condicionan fuertemente las posibilidades de consumo. Para muchas personas, también en el Norte global, consumir no es una elección sino una cuestión de subsistencia.

Cuando el acceso a alimentos saludables, energía verde,a moda éticc o productos duraderos depende de la capacidad económica, el consumo responsable deja de ser una opción y se convierte en un privilegio. Y cuando esto ocurre, la responsabilidad se desplaza injustamente hacia las personas, invisibilizando el papel de las administraciones, de empresas y de las reglas del mercado.

Del privilegio al derecho

Ante esta realidad, cada vez toma más fuerza la idea de un cambio de enfoque: pasar de entender el consumo responsable como una opción a formularlo como un derecho.

Esto implica un desplazamiento fundamental. Hasta ahora, cuando se ha vinculado el consumo con el derecho, se ha hecho principalmente desde una lógica defensiva: proteger a las personas consumidoras frente a los abusos del mercado, a través de mecanismos de reclamación, asociaciones de defensa o marcos legales que parten de la idea de que el mercado agrede y que debemos defendernos de él. Este enfoque, aunque necesario, es insuficiente. Significa reconocer que no basta con proteger a las personas consumidoras frente a abusos, sino que es necesario intervenir y regular el propio mercado para que deje de generar estas vulneraciones. Es decir, no solo defendernos de los impactos, sino evitar que se produzcan, garantizando que los bienes y servicios disponibles no vulneren derechos desde su origen.

Esto implica dejar de poner el foco en las decisiones individuales para situarlo en las condiciones estructurales que configuran el mercado. Un ejemplo claro lo encontramos en las condiciones laborales de las trabajadoras del campo, como las temporeras de la fresa en Huelva o las campañas de recogida de fruta en Lleida. En estos contextos, organizaciones como el Sindicato de Temporeras de Huelva o iniciativas como Fruita amb Justícia han denunciado vulneraciones sistemáticas de derechos laborales y condiciones de vida indignas. Pensar el consumo responsable como derecho implica reconocer estas realidades y entender que la responsabilidad no puede recaer en quien compra, sino en garantizar que aquello que llega al mercado no se produce a costa de la explotación y de la vulneración de derechos básicos de otras personas.

Hablar de derecho al consumo consciente es hablar de un derecho que atraviesa toda la cadena: desde las condiciones laborales en la producción hasta los impactos ambientales, pasando por la distribución y el final de vida de los productos. Y es, también, hablar de obligaciones claras para las empresas, que no pueden seguir operando a costa de la vulneración de derechos humanos y ambientales.

Regular el mercado para hacer posible el derecho

Este cambio de mirada conecta con un debate más amplio sobre el papel de la regulación. Si queremos que el consumo responsable sea una posibilidad real para todas, no basta con promover buenas prácticas: es necesario establecer límites y reglas claras.

En este sentido, iniciativas como la futura ley de consumo sostenible apuntan en una dirección relevante. Introducen elementos como la lucha contra el greenwashing, el impulso al derecho a reparar o la mejora de la información sobre los productos. Son pasos importantes porque reconocen que el mercado no es neutral y que necesita ser regulado para evitar prácticas que dañan a las personas y al planeta.

Sin embargo, estas medidas siguen siendo parciales. Para avanzar hacia un verdadero derecho al consumo responsable, es necesario ampliar el foco, incorporar todos los sectores, reforzar los mecanismos de control y, sobre todo, redistribuir responsabilidades. No se trata solo de informar mejor a quien consume, sino de transformar las condiciones en las que se produce y se pone en circulación lo que consumimos. Esto requiere, además, el despliegue efectivo de mecanismos de seguimiento, control y sanción que aseguren el cumplimiento de la normativa existente. Porque sin voluntad política, recursos y estructuras que garanticen que las leyes se aplican, el riesgo es que las regulaciones queden en papel mojado y que las vulneraciones de derechos continúen produciéndose sin consecuencias.

Consumir sin pisar vidas, como norma

El reto, en definitiva, no es que unas pocas personas puedan consumir de forma responsable, sino que nadie tenga que elegir entre llegar a fin de mes o respetar los derechos de otras personas y del planeta.

Esto implica avanzar hacia un modelo en el que producir y distribuir ya incorpore la responsabilidad como condición de partida, y en el que el consumo responsable deje de ser una excepción para convertirse en la norma. Un modelo en el que las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de actores económicos asuman su papel en la garantía de este derecho y en el que la sociedad civil organizada tenga un papel de vigía constante, para seguir avanzando y no bajar la guardia en ningún momento.

Porque el consumo responsable no puede ser un lujo ni un gesto individual. Si forma parte del problema, tiene que formar parte de la solución. Y eso solo será posible cuando deje de depender de la voluntad de cada cual y pase a ser garantizado como un derecho.

Estas reflexiones serán la tesis de partida de uno de los ejes de Idearia, encuentro bienal de la economía solidaria que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Pamplona. Programa en la web del encuentro.

Un artículo de Mireia Bosch, de Opcions, para El Salto

¿Cómo entendéis la justa distribución de la riqueza y en qué consideráis que contribuís a ella desde vuestra organización?

Acotar qué se puede considerar justa distribución de la riqueza es complejo; si no lo fuera, no habría necesidad de realizar encuentros como el de Idearia para reflexionar sobre ello. Es mucho más fácil delimitar lo que no lo es, y el sistema capitalista actual, donde una minoría concentra la mayoría de los recursos, está claro que no es justo.

Para empezar a definir el concepto, consideramos que hay que partir de otro principio de la ESS, la equidad. La justa retribución de la riqueza debe compensar las desigualdades entre individuos, comunidades y territorio, a la vez que permita a las personas desarrollarse en aquellos ámbitos en los que destaquen y sean de su preferencia.

Acotando un poco más, la justa retribución de la riqueza debe proporcionar a todas las personas los recursos económicos y no económicos necesarios para vivir dignamente; y debe valorar y retribuir justamente todos los trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida. Como objetivo final y a consecuencia de los pasos anteriores, debe aspirar a reducir la desigualdad todo lo posible.

En cuanto a la nuestra contribución a esos objetivos, nos regimos por los criterios de responsabilidad laboral y económica que incorpora el sello EthSi de Seguros Éticos para conceder la certificación: en Seryes limitamos los ratios salariales entre el salario más bajo y el más alto, aplicamos políticas de igualdad y calidad de empleo, y adquirimos los bienes y servicios que necesitamos a entidades de la ESS siempre que es posible.

Como recoge la Carta de principios de la ESS, la justa distribución de la riqueza implica resignificar el uso y el valor del dinero como un instrumento para una economía de base comunitaria que nos permita construir sociedades equitativas, inclusivas y autónomas. ¿Cómo operan los seguros éticos en este marco?

Entre los principios que guían las finanzas éticas se encuentran el compromiso y la utilidad social, lo que implica no destinar el dinero a la economía especulativa y dedicarlo a actividades productivas que generen un impacto positivo en la sociedad.

Los seguros éticos, como parte del sistema financiero ético, aplican el mismo principio: por un lado, operamos a través de la banca ética, que puede disponer de nuestros fondos para financiar actividades transformadoras; por otro, contribuimos económicamente de forma directa a financiar y sostener organizaciones y proyectos de la ESS.

Según defendemos en la ESS, la generación y justa distribución de la riqueza permite promover un impacto social y económico en el territorio que favorece el buen vivir, a través del despliegue de circuitos que contribuyen a la construcción de modelos socioeconómicos más justos y sostenibles. ¿Cuál es el impacto de CAES y cómo se inserta en esa construcción de otro modelo?

Desde las finanzas éticas nos gusta reivindicar el papel del sector como facilitador del resto de sectores de la ESS. En el caso concreto de CAES, permite que esos proyectos transformadores que promueven un modelo socioeconómico más justo puedan tener acceso en condiciones ventajosas a los seguros que necesitan para poder realizar su actividad con todas las garantías, equilibrando la balanza entre proyectos que se guían por fines diferentes a los del lucro con los que se mueven únicamente por él.
Por otra parte, en Seryes aplicamos el principio de justa distribución de la riqueza, a partir de las políticas salariales y la participación de las personas trabajadoras y entidades de la economía social en la propia estructura.

En este principio apunta a la consolidación de las estructuras financieras como garantía para su autonomía y sostenibilidad así como a la generación de circuitos de financiación propios de la Economía Solidaria y al servicio de la transformación ecosocial. ¿Qué papel juegan las finanzas éticas en ello y qué acciones estáis realizando desde la Mesa de Finanzas Éticas de las que sois parte para ello?

Las finanzas éticas están integradas en la ESS y conforman su propia red sectorial dentro de REAS, la Mesa de Finanzas Éticas, donde participan tanto entidades crediticias como de seguros. Esto es importante, porque las Finanzas Éticas somos parte de la ESS, y conocemos las necesidades, las fortalezas y las debilidades, y hemos ido desarrollando fórmulas adaptadas a esas necesidades.

En muchas ocasiones, desarrollar estas fórmulas es un trabajo lento, porque tiene que realizarse con todas las garantías económicas y el máximo respeto a los principios sociales de la ESS, por eso la intercooperación es clave.

Para desarrollar este principio se propone acciones como la reinversión de los excedentes para el desarrollo, consolidación y patrimonialización de las propias organizaciones; la promoción y apoyo de iniciativas colectivas transformadoras y mecanismos de solidaridad comunitaria o la inversión con criterios de utilidad social y ambiental. ¿Cuál es vuestra política al respecto?

En Seryes reinvertimos parte de nuestras ganancias en reforzar económicamente nuestras propias entidades. Esto nos permite ganar independencia y resiliencia frente a los vaivenes del mercado.

Otra parte se destina a reforzar a entidades de la ESS a través de acuerdos, como los que mantenemos con las redes territoriales de REAS y Mercado social, donde una parte de los ingresos derivados de los seguros que contratan los miembros de la red se reinvierten en sostener económicamente la propia red. A través de estos mecanismos de intercooperación, todas salimos reforzadas.

También hablamos de integrar los procesos de producción, distribución, financiación y consumo en el Mercado Social como estrategia compartida para aumentar los impactos positivos y el potencial transformador de la Economía Solidaria y de sus organizaciones. ¿Cuál es vuestra experiencia en este marco?

En CAES somos tanto consumidoras de productos y servicios de entidades de REAS con proveedoras de servicios financieros de entidades y socias consumidoras. Trabajar con entidades y personas las que compartimos valores es siempre más satisfactorio a nivel personal, y contribuye a reforzarnos mutuamente y a hacernos más resilientes ante las dificultades.

En cuanto a nuestra experiencia más concreta como proveedora de servicios aseguradores, aglutinar la demanda de las entidades de la ESS nos ha permitido negociar seguros con coberturas adaptadas y a un mejor precio para esas mismas entidades, que les permite llevar a cabo sus proyectos con mayor solvencia y garantías. Aquí la intercooperación no es solo una cuestión de valores, si no de estrategia: la unión hace la fuerza.

Para concluir, ¿nos contáis por qué habéis decidido colaborar con Idearia?

Para impulsar cambios transformadores se necesitan espacios de reflexión transformadores como Idearia. Impulsarlos desde CAES es un ejercicio de coherencia con los valores de intercooperación que defendemos.

En encuentros como el de Idearia nacen ideas y estrategias que impulsan a las entidades a mejorar, y se estrechan lazos entre las participantes. Es necesario mantener estos encuentros vivos para generar ilusión por el cambio, y hacer saber a las participantes que no están solas en ese proceso, que somos muchas y vamos de la mano.

Millones de mujeres sostienen, sin salario, sin cotización y sin reconocimiento, el entramado que permite que todo lo demás funcione. Cuidan cuerpos enfermos, acompañan infancias, sostienen personas mayores. Y cuando salen al mercado laboral, lo hacen en condiciones diseñadas como si ese trabajo no existiera, como si la jornada laboral empezara y terminara en el puesto de trabajo. Según el informe más reciente de la OIT, 708 millones de mujeres están fuera del mercado laboral a causa de los cuidados no remunerados, frente a 40 millones de hombres en la misma situación.

En este contexto el “no me da la vida” se ha convertido en algo recurrente. ¿Cuántas veces utilizamos esta expresión como síntesis de muchos de nuestros malestares? Y frente a quienes tienen la tentación de ver problemas individuales, de mala organización o de debilidad, nosotras vemos un sistema que nos agota. Una manera de nombrar esa colisión entre empleos que lo ocupan todo y vidas que siguen necesitando ser sostenidas. De nombrar también que algunas vidas dan para menos que otras, y de que el sistema sigue funcionando porque alguien, casi siempre mujeres, están absorbiendo los costes invisibles, las vulnerabilidades y las dimensiones cada vez más privatizadas.

Desde la Economía Social y Solidaria (ESS) hemos visto que este conflicto está presente también en nuestras entidades, que necesitamos salvar la distancia entre discurso y práctica. Y que los feminismos, y concretamente la economía feminista, nos aporta un marco conceptual y político central para ello.  Desde ahí abordamos la construcción de organizaciones habitables: espacios donde la vida quepa, donde no haya que elegir entre sostenerse o sostener el proyecto, donde se piensen formas alternativas de participación, liderazgos y reparto de los trabajos, donde los cuidados no sean un problema individual sino una responsabilidad compartida. No es una idea abstracta: es un marco político y práctico, en construcción, que sirve para orientarnos y dotar de sentido a todo lo que vamos haciendo para, como decíamos, hacer la ESS (y sus organizaciones) más feminista.

En este proceso de revisión nos encontramos con la política laboral, todos aquellos acuerdos, medidas, herramientas que ordenan la vida de las personas trabajadoras de nuestras entidades. ‘Ante el no me da la vida, política laboral feminista’”, impulsado por Mugarik Gabe, SETEM Hego Haizea y REAS Euskadi, recoge parte de este proceso, en el que se reflexiona sobre ámbitos como tiempos, condiciones económicas, organización de las tareas, fortalecimiento de capacidades y participación, espacios e identidad y clima laboral. Y en el que se construyen 10 principios y 20 acuerdos que muestran que hacer organizaciones más habitables no es solo deseable, es posible. Y que hacerlo implica tocar poder, recursos y privilegios.

Porque hablar de redistribución de la riqueza implica ampliar la mirada a qué estamos entendiendo por riqueza. Sin dejar de lado lo material, el dinero, nos obliga también a hablar de cuestiones como los tiempos, quién dispone de estos y por qué. Nos invita a hablar de reconocimiento y valoración. Nos hace mirar con atención la distribución de los trabajos, quién hace qué, en qué condiciones y por qué esa tarea vale lo que vale.

La economía feminista y ESS llevan décadas construyendo respuestas a eso, no solo desde la teoría sino desde la práctica organizativa, desde el conflicto interno, desde el ensayo y el error de miles de organizaciones que intentan hacer las cosas de otra manera. Este artículo recoge cinco claves en esa dirección.

1. Sin cuidados no hay riqueza

El sistema económico sigue funcionando como si cuidar no fuera un trabajo. Como si no generara valor. Como si no agotara cuerpos. La economía feminista lleva décadas señalando esta contradicción estructural y denunciando que esta responsabilidad recae sobre las mujeres de forma desproporcionada, especialmente sobre las que acumulan más vulnerabilidades como lo son las mujeres migradas y las racializadas.

Redistribuir la riqueza empieza por ahí: por reconocer que cocinar, limpiar, cuidar o acompañar también son trabajo. Y que no puede seguir recayendo de forma gratuita y desigual sobre las mujeres. Este reconocimiento tiene implicaciones directas en términos de cotizaciones, pensiones, tiempo libre y poder de negociación. Implica también impulsar sistemas públicos universales de cuidados, que saquen esta responsabilidad de las áreas privadas y la conviertan en un derecho colectivo.

El ámbito organizacional, nuestro aprendizaje es claro: sin redistribución de los cuidados no hay justicia laboral. Y eso no va de conciliación individual, va de reorganizarlo todo. Desde los horarios hasta las cargas de trabajo, pasando por permisos, ritmos y expectativas.

Reducir la jornada sin reducir salario, mejorar permisos, garantizar el derecho al cuidado o revisar quién está sosteniendo lo invisible dentro de las organizaciones no son medidas accesorias. Son redistribución real de tiempo, de energía y de vida.

2. Democratizar la empresa también es repartir la riqueza

La riqueza no se concentra en abstracto y en el ámbito de las organizaciones y de las empresas esta concentración se produce de una manera muy concreta: cuando quienes trabajan no tienen ningún poder sobre las decisiones que les afectan y cuando los beneficios generados colectivamente se acumulan en muy pocas manos.

La ESS propone otra arquitectura: propiedad colectiva, gestión democrática, reinversión social de los excedentes. En el Estado español, la ESS da empleo a más de 2,2 millones de personas y muestra históricamente mayor estabilidad en el empleo y menores brechas salariales internas que las empresas convencionales. Una política laboral que fomente estos modelos apuesta por estructuras donde el poder de decisión sobre la riqueza generada no está concentrado.

La dimensión feminista de esa democratización va más allá de los datos salariales. Como documenta el estudio de REAS RdR ‘Las mujeres en la ESS. Perfil de competencias y necesidades de formación para incrementar y visibilizar su liderazgo’ las brechas de género se reducen en organizaciones con estructuras más horizontales y en donde las mujeres están en los espacios de decisión. Esto no ocurre de forma automática, requiere trabajo consciente de transformación cultural. Las lógicas patriarcales no desaparecen por el hecho de organizarse bajo un modelo de la ESS, lo que cambia son las condiciones para disputarlas.

Democratizar las empresas también implica hacer compatibles los espacios de decisión con la vida (ritmos, horarios, etcétera), revisar liderazgos, cuidar los procesos de toma de decisiones y participación, y corregir desigualdades internas en estructuras y procedimientos.

Esto conecta directamente con una redistribución más justa de la riqueza, al disputar no solo el reparto económico, sino también el poder de decisión porque repartir la riqueza también es repartir la capacidad de decidir sobre ella.

3. Las brechas no se reducen solas

La desigualdad de género en el empleo no es una anomalía: es parte del sistema.

La brecha salarial de género en el Estado español se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, según la fuente y la metodología, pero todas las mediciones apuntan en la misma dirección. En el caso de Euskadi esa brecha se reduce a un margen entre el 13 y 14,7 por ciento y Navarra resulta ser la comunidad autónoma que registra la mayor brecha salarial entre mujeres y hombres (20,68 por ciento), según datos de UGT. Detrás del porcentaje hay segregación horizontal, con mujeres concentradas en los sectores peor pagados; una cúpula directiva donde solo el 9 por ciento de las direcciones generales están ocupadas por mujeres; mayor parcialidad no deseada; y la penalización económica por la maternidad, que no tiene equivalente masculino. Según CCOO, una de cada cuatro mujeres en el Estado español cobra el salario mínimo o menos.

En los sectores más feminizados y precarizados como son el trabajo doméstico, los cuidados, el comercio informal y la agricultura de temporada, la intersección de género, clase, origen étnico y situación administrativa multiplica la vulnerabilidad. La ampliación de derechos de las empleadas del hogar y la ratificación del Convenio 189 de la OIT fueron avances reales, arrancados tras años de presión de las propias trabajadoras y de los movimientos feministas. El reto ahora es que se apliquen con eficacia y que no se queden en papel.

Cerrar estas brechas requiere más que datos, requiere de transparencia salarial con consecuencias reales, planes de igualdad que obliguen a actuar, criterios de igualdad en contratación y promoción. Y también el reconocimiento y reparto de todos los trabajos invisibles que se realizan dentro de las propias organizaciones.

La ESS ofrece condiciones más favorables para estructuras salariales más horizontales porque no opera bajo la presión de maximizar beneficio a cualquier coste. Pero tampoco es inmune a reproducir las desigualdades del entorno, y el análisis feminista de la propia ESS muestra avances reales, pero también tensiones que no conviene romantizar.

4. No todo vale para crecer

Hay una pregunta que raramente aparece en los debates de política laboral: para qué producimos. El sistema tiene una respuesta incorporada, producimos para acumular capital. El bienestar de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas, la calidad de vida queda en un segundo plano, o directamente fuera del debate si no generan beneficio económico.

La economía feminista y la ESS llevan décadas respondiendo desde una lógica diferente: producimos para sostener la vida. La medida del éxito económico no puede ser solo el crecimiento del PIB. Tiene que incluir la salud de las personas, su tiempo libre, sus relaciones, su seguridad. Y recupera también la importancia del cómo. No importa solo lo que hacemos sino también cómo lo hacemos.

Este cambio de orientación tiene implicaciones concretas para la política laboral. Cuestionar la productividad ilimitada como valor en sí mismo. Poner límites a la acumulación a través de fiscalidad progresiva, impuestos a las grandes fortunas, restricciones en empresas con participación pública. Redefinir qué trabajo social es valioso, porque no puede seguir siendo más rentable especular con vivienda que cuidar personas mayores.

Las organizaciones de la ESS trabajan con esta lógica desde hace décadas, priorizando el bienestar de las personas en sentido amplio sobre la rentabilidad a corto plazo; generando empleo de calidad sin seguir el modelo extractivo; tratando de integrar los diferentes momentos vitales de las personas en la definición de sus políticas laborales. Los bancos de tiempo, las cooperativas de consumo, las monedas sociales o los mercados de intercambio son prácticas concretas de otra forma de producir y distribuir la riqueza. Organizaciones que adaptan sus puestos, que desde un enfoque psicosocial evalúan el bienestar de las personas trabajadoras, que priorizan invertir sus recursos en ampliar ese bienestar y en hacerse cargo de los posibles impactos del empleo en nuestras vidas, avanzan también en el cuestionamiento de esa centralidad del crecimiento.

No es solo mejorar el trabajo. Es cambiar su sentido.

5. Fortalecer lo común para redistribuir la riqueza

Uno de los mecanismos más eficaces de concentración de riqueza es la fuga de capital: los beneficios generados en un territorio se extraen hacia centros financieros globales, dejando atrás empleo precario y comunidades que tienen que sostenerse solas. La ESS lleva años construyendo alternativas: circuitos cortos de producción, finanzas éticas y mercados locales que mantienen la riqueza donde se genera.

Para ello resulta necesario incidir en la contratación pública responsable, marcos normativos favorables y apoyo institucional sin tutelaje apostando por una redistribución que no depende solo de la fiscalidad sino de cómo se organiza la actividad económica en el territorio.

Esta relocalización de la actividad económica y, por tanto, de la riqueza pasa también por contar con organizaciones que hagan parte de este mercado social, que sigan construyendo ecosistemas económicos alternativos con escala real.

Desde un enfoque feminista, requiere tener en cuenta al menos dos cuestiones. En primer lugar, poner en valor lo comunitario. Las redes de cuidado mutuo, los grupos de crianza compartida, las redes vecinales de apoyo, las iniciativas de soberanía alimentaria lideradas por mujeres son también redes económicas. Producen bienestar, generan vínculos, sostienen comunidades.

Y, en segundo lugar, seguir construyendo otras narrativas que den sentido a eso “común”. Frente a la frustración, el cansancio, apostamos por reconocer todo lo hecho. Por contarlo y contárnoslo, como una manera también de comprometernos con el entorno. Por seguir entendiendo que la construcción de políticas laborales feministas, invertir tiempos y recursos en ello, debe ser una cuestión que nos permita generar identidad compartida y valor. Un argumento de peso para seguir haciendo camino juntas.

Que no nos de la vida también es político

Estas cinco claves son una impugnación directa a la forma en que hoy se organiza el trabajo y se reparte la riqueza. No es posible una redistribución justa de la riqueza sin una reorganización de todos los trabajos. Y no es posible hacer este ejercicio de reorganización sin cuestionar el papel que el patriarcado y el capitalismo han asignado a las mujeres y otras identidades de género en esa división.

Estas reflexiones han puesto palabras a algo que muchas ya sabíamos en el cuerpo: que ese agotamiento no es casual, ni individual, ni se arregla con agendas mejor organizadas. Es estructural. Y, por tanto, también puede ser político.

Convertir el “no me da la vida” en conflicto y en propuesta implica dejar de adaptarnos a un modelo que nos exprime y empezar a discutir sus reglas. Implica preguntarnos por qué hay trabajos que no cuentan, por qué los cuidados siguen siendo un asunto privado y por qué la riqueza que generamos colectivamente acaba concentrándose en tan pocos lugares.

Una política laboral feminista y desde la ESS no viene a “incluir” a las mujeres en lo que ya hay. Viene a cambiarlo. A repartir el trabajo, el tiempo, los cuidados y el poder. A poner límites a la acumulación y a sostener la vida como prioridad.

Porque igual el problema no es que no nos dé la vida.

Igual el problema es para qué —y para quién— está organizada.

Fuente: Pikara Magazine

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad… son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos… son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Prácticamente todas esas medidas, solo una muestra de cuantas son necesarias para ir corrigiendo las desigualdades que genera un mercado descontrolado, necesitan recursos con las que hacerlas frente. La ciudadanía española demanda políticas potentes y eficaces, al menos al nivel de los países europeos más avanzados. Pero ello es imposible sin un sistema tributario que aporte los recursos necesarios para ello. No podemos querer los servicios de los países nórdicos o de Francia, sin ir más lejos, con una presión fiscal hasta diez puntos inferior en relación al PIB que esos países dedican.

La afirmación de que el dinero está mejor en los bolsillos de las personas en vez de en los del Estado es aparentemente cierta para una pequeña minoría que puede afrontar con su dinero sanidad, educación y cuidados de forma privada, comprarse hoy una vivienda donde quieren gracias a sus elevados salarios y sus jugosas rentas de activos financieros.

Pero esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en solicitar contratos y ayudas públicas y socorro cuando vienen mal dadas. Por otra parte, la gran mayoría de la población no tiene esa capacidad de gasto ni puede permitirse ahorrar. Y, peor aún, deteriorado el ascensor social, está condenada a seguir en esa misma situación de estrés laboral y monetario desde su nacimiento hasta su muerte.

El discurso de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia a través del esfuerzo personal es una falacia absoluta. Medidas como las anteriormente citadas pueden paliar la desigualdad. Pero solo si la acción pública es potente y decidida, solo si los medios y las políticas son mucho más radicales de lo que lo son actualmente.

Según algunos estudios, hasta el 70% de la desigualdad en España se explica ya a partir de las herencias. Por ello, es tan importante que exista un impuesto de sucesiones. Quienes reciben una herencia no pueden alegar que se penaliza un esfuerzo que no han realizado, que les cae del cielo y que de forma manifiestamente injusta les sitúa en situación de ventaja desde el punto de salida. Necesitamos un impuesto sobre las grandes herencias, semejante al que se aprobó sobre las grandes fortunas. Con un mínimo exento elevado, se haría recaer sobre esa minoría de la población que perpetúa sus privilegios de generación en generación.

Porque conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente no implica subir impuestos, sino combatir los privilegios existentes. El de los superricos que evaden el impuesto sobre la renta hasta el punto de pagar proporcionalmente menos impuestos que, incluso, los contribuyentes con menores ingresos.

Hay que conseguir que las grandes sociedades paguen no solo el 15% que se ha aprobado como mínimo, sino un porcentaje más acorde con su poder y privilegios y de acuerdo con sus auténticos beneficios. Las múltiples bonificaciones, compensaciones y deducciones facilitan la ingeniería fiscal, propician los trucos contables para evadir los impuestos debidos. Con la complicidad adicional de las guaridas fiscales internacionales y de los asesores cómplices, cuando no inductores.

Hay que conseguir que las finanzas paguen, por lo menos, los mismos impuestos que las rentas del trabajo o el patrimonio inmobiliario.

Hay que penalizar fuertemente los consumos altamente contaminantes de los ultrarricos con un impuesto verde sobre el lujo suntuario.

Necesitamos una fiscalidad realmente redistributiva que (vía impuestos y, sobre todo, vía políticas de gasto público social) ataque la desigualdad no sólo a posteriori, sino también en sus raíces.

Fuente: Público

El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el posterior bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha puesto sobre la mesa una cuenta atrás angustiante en la que vamos elucubrando día tras día cuánto nos faltará para notar en nuestras vidas la escasez de petróleo, gas natural, fertilizantes, azufre, helio o aluminio, todas ellas mercancías que salen del Golfo Pérsico a través de esa ruta y que son claves en la economía global. Vivimos con la sensación, muy real, de que tenemos muy poco tiempo para parar este sinsentido.

Pero en realidad lo más urgente en el suroeste asiático no es frenar las afecciones sobre nuestras vidas de la guerra, sino sobre las suyas: detener el genocidio palestino, la conquista del Líbano por Israel, la destrucción de Irán… Cada día que no lo conseguimos mueren decenas de personas.

Aunque, si nos ponemos a enumerar efectos en los que estamos, en el mejor de los casos en tiempo de descuento, nos salen otros de todavía mayor calado para las vidas humanas actuales y por venir, y las del resto de seres vivos: el caos climático se nos está a punto de ir de las manos y lo mismo pasa con la disrupción ecosistémica, cuya mayor expresión es la pérdida de biodiversidad masiva. Es urgente también abandonar los combustibles fósiles antes de que ellos nos abandonen fruto de su agotamiento (además de por sus afecciones ambientales, claro) y lo mismo pasa con una economía adicta a la minería de elementos cada vez más escasos.

Vivimos un momento histórico caracterizado no solo por la prisa con la que vivimos, sino especialmente por la ausencia de tiempo para realizar de manera pausada los cambios imprescindibles con los que encarar tanta crisis.

Cuando ya no hay margen, parece de perogrullo plantear que hay que correr todo lo que se pueda, pero en realidad mucho más importante que correr con celeridad es saber hacia dónde hacerlo, porque una mala elección puede ser fatal. En la crisis gigantesca y multifacética actual, las sociedades están corriendo en tres direcciones distintas.

La primera es hacia acaparar los crecientemente escasos recursos minerales y, sobre todo, fósiles. Es la descarada apuesta de EE. UU. y sus aliados. Es la opción a la que intentan obligarnos las extremas derechas (y las no tan extremas). Es una carrera por sostener los privilegios de un puñado pequeño de la población global a costa de millones de vidas cobradas en guerras, impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, o el racismo institucional. Una carrera que nos lleva colectivamente –también a quienes la promueven– con mucha velocidad al desastre más absoluto.

La segunda dirección es la del desarrollo irrestricto y acelerado de energías renovables de alta tecnología, coches eléctricos, reindustrialización verde, aviones movidos por agrocarburantes, ciudades inteligentes… Esta carrera está llena de incertidumbres: ¿habrá minerales para tanto molino y placa?, ¿alcanzarán para abastecer de energía a todas las personas o solo a unas pocas privilegiadas?, ¿no aumentarán las emisiones al menos a corto plazo (no olvidemos que no tenemos tiempo) con tanta nueva actividad industrial?, ¿apostar por transiciones dependientes de grandes empresas, no reproducirá las mismas injusticias?, ¿pasaremos de tener guerras por el petróleo a guerras por los metales estratégicos para las energías renovables?, ¿tanta necesidad de nuevos minerales no expoleará la pérdida de biodiversidad, el trabajo infantil, las guerras civiles en el Sur global o incluso el consumo de combustibles fósiles para mover las máquinas que escavan, transportan, refinan, centrifugan, muelen…?, ¿fiarlo todo al desarrollo de tecnologías que todavía no existen, como buenas baterías, no será demasiado arriesgado cuando no hay tiempo?, ¿será posible alcanzar una economía realmente circular cuando el grado de circularidad actual es del 9% y las tasas de reciclaje de la mayoría de los minerales están estancadas desde hace lustros? Tal vez son demasiadas dudas para que sea la dirección hacia la que correr más conveniente.

Así que queda una tercera opción. Es mucho menos espectacular. Tiene no pocos obstáculos que salvar en forma de imaginarios colectivos, intereses económicos e inercias sociales. Pero tiene una ventaja irresistible: es una dirección segura.

En lugar de la opción suicida de la primera dirección y la, cuanto menos, incierta de la segunda, reducir de forma drástica el consumo energético y material hasta los márgenes asumibles por los ecosistemas sabemos con total seguridad que tiene efectos sanadores ante las crisis ambientales que nos atenazan. Es más, existe una sólida evidencia científica de que es una media ineludible. También está sobradamente documentado que la satisfacción de las necesidades humanas requiere de menos, de mucho menos, consumo material y energético. El consumo suntuario actual no tiene nada que ver con nuestro bienestar, sino con el mantenimiento de una economía que tiene que crecer sin parar para no entrar en crisis. Así pues, corramos hacia el decrecimiento en el consumo material y energético con todas nuestras fuerzas.

Pero corramos sumando al decrecimiento más factores, pues sabemos que vivimos en sociedades muy desiguales. Desde luego, no todo el mundo debe reducir su consumo material y energético en la misma medida. De hecho, hay quien no puede porque vive en condiciones de miseria. De este modo, requerimos de un decrecimiento diferencial: mayor, mucho mayor, para quienes más tienen. Esto tiene varios nombres. Uno es redistribución de la riqueza.

Pero hay otro tipo de imposibilidad al que se enfrenta la población de cara a poner en marcha políticas decrecentistas: como consecuencia de los entornos sociales hay consumos que nos son muy difíciles de reducir. Por ejemplo, hay personas que necesitan (de verdad, no como excusa) el coche para ir a su puesto de trabajo y no puede renunciar a ese insostenible consumo energético.

De este modo, además de decrecer y redistribuir, es necesario cambiar nuestro sistema económico. Satisfacer nuestras necesidades no a costa de otras personas o del medio ambiente, algo que hacemos a diario incluso aunque no lo queramos al transportarnos a largas distancias, ingerir comida industrial o comprar una camiseta. Cambiarlo para poner como objetivo de la economía nuestro bienestar y el del resto de personas. Esto ya está inventado y en marcha. Existen una miríada de prácticas reales englobadas al rededor de la economía solidaria que muestran como otra economía es viable en vivienda, educación, alimentación, movilidad, obtención de energía, fabricación de bienes, salud, cuidado de personas dependientes, financiación, comunicación… Si no las conoces, búscalas y llama a su puerta.

Ya hay muchas prácticas compartidas y sinergias en marcha entre el decrecimiento, la redistribución y la economía solidaria, pero es necesario repensar y profundizar esas alianzas. Por ejemplo, la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) está dándole vueltas a cómo entrelazar estas miradas. Será uno de sus ejes de reflexión en su próximo encuentro de Idearia, que tendrá lugar en Pamplona/Iruña en mayo.

En conclusión, porque no tenemos tiempo, el decrecimiento, la redistribución y la economía solidaria son la dirección más segura hacia la que correr. Trabajemos para no tropezar en el camino y acelerar nuestra marcha.

Luis González Reyes es doctor en Ciencias Químicas y miembro de Ecologistas en Acción, Garúa, Fuhem y Entrepatios, entre otras.

Fuente: Climática

Ya puedes visitar la web de Idearia26 e inscribirte en el encuentro de la ESS.

El XVII Encuentro de Economía Social y Solidaria que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo en Pamplona-Iruñea ha abierto el plazo de inscripción a través de su página web, en la que ya se ofrece información sobre los ejes temáticos que se trabajarán. En esta edición, abordaremos el reparto justo de la riqueza, uno de los 6 principios de la Carta de Economía Solidaria. Como defendemos en este documento, en la ESS entendemos la riqueza como el conjunto de elementos materiales, sociales, culturales y naturales que determinan la capacidad de una comunidad para atender las necesidades de sus integrantes y, que por tanto, requiere de su justa generación, distribución y conservación para la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Sobre cómo impulsarla y promoverla reflexionaremos y debatiremos en el próximo Idearia.

Pronto se ampliará la información sobre estos ejes y el programa, pero te aconsejamos que empiecesa organizar tu viaje (si vienes en tren hay descuentos) y reservando el alojamiento (se incluye un listado de lugares recomendados).

Diferentes modalidades de inscripción
En el formulario de inscripción se contemplan distintas opciones para colaborar económicamente con la organización de Idearia. Desde una inscripción completa que incluye una ayuda económica para el encuentro (60€) y que incluye comida y cena del sábado, hasta la opción más simple (23.5€).

También hay posibilidad de inscripción becada. Además, puedes seleccionar los ejes en los que quieres participar, elegir entre menú vegetariano u opción vegana y apuntarte a las actividades de ocio gratuitas del domingo.
¡Te esperamos en Iruñea!

Vuelve IDEARIA, encuentro de Economía Alternativa y Solidaria que celebrará su XVII edición del 8 al 10 de mayo en Iruñea-Pamplona.

DEARIA, reunión bienal y punto de encuentro estratégico entre los distintos agentes de la Economía Social y Solidaria de todo el Estado español, da a conocer las fechas de su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Iruñea-Pamplona. El lema elegido es «Cambiando las reglas, por un reparto justo de la riqueza», en referencia a uno de los seis principios de la Carta de Economía Solidaria, sobre el que se centrará esta edición.

REAS Navarra y REAS RdR están preparando ya las mesas redondas y talleres repartidos en diferentes ejes de trabajo que se darán a conocer más adelante, así como algunas actividades culturales y de ocio para las personas que se acerquen y participen en esta nueva edición de Idearia.

En los próximos días abriremos también el plazo de inscripciones y ampliaremos información logística, pero se recomienda ir reservando la fecha y agenciando transporte para evitar futuros encarecimientos.

¡Os esperamos!

PROGRAMA PROVISIONAL IDEARIA
Viernes 8 de mayo- Sesión inaugural (sesión de tarde)
Sábado 9 de mayo- Desarrollo de los Ejes de IDEARIA (todo el día)
Domingo 10 de mayo- Actividad de ocio por la mañana

¡Nos vemos en Iruñea! ¡Hasta pronto!

Si quieres colaborar para proyectar este evento, REAS y la ESS y ganar visibilidad también en tu proyecto, consulta el dossier de colaboraciones aquí.