Esta puede ser la legislatura del comercio justo y del consumo responsable y sostenible. Así lo creen las y los expertos que se reunieron el pasado 21 de marzo en Madrid para analizar las oportunidades y los retos que plantean varias iniciativas legislativas actualmente en marcha, algunas de las cuales quedaron estancadas en la anterior legislatura.

El Gobierno está preparando una Ley de Consumo Sostenible y una Ley Integral para el Impulso de la Economía Social. Pero los especialistas creen que estas normas deben ir más allá de los mínimos europeos y deberían aprovecharse para promover un comercio en el que importe el valor y no sólo el precio. Es el momento de aprobar medidas que cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente, el objetivo 12, relativo a la “producción y consumo responsables”, en un mundo en el que las formas de consumo influyen, por ejemplo, en el trabajo infantil -160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo- y en la deforestación, que ha arrasado ya 43 millones de hectáreas.

“En España, 9 de cada 10 personas en España está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, y la misma proporción de población exige que se obligue a todas las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero”, según datos de la encuesta YouGov 2021 y 2023, recordó Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables. “Sin embargo, sólo el 42% de las empresas del IBEX reconoce identificar los riesgos que su actividad tiene sobre los derechos humanos”, añade.

La incoherencia de la Administración española

En 2023, prácticamente todos los partidos incluyeron en sus programas electorales compromisos relacionados con el impulso del consumo responsable. Ahora es el momento de reflejar esos compromisos en el BOE y también de que las instituciones prediquen con el ejemplo, fomentando la Compra Pública Ética en las administraciones. “¿Por qué apenas hay productos de comercio justo en las máquinas de vending de los centros públicos o en los comedores de las escuelas y en los hospitales?”, se pregunta David Comet, politólogo especialista en contratación pública e investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Las compras públicas representan el 14% del PIB de los países de la Unión Europea, por lo que su potencial de influencia es enorme para generar un impacto social y medioambiental positivo.

Por su parte, Jorge Conesa, director de la Fair Trade Advocacy Office, defiende que aunque la nueva normativa europea (la directiva de Diligencia Debida, que todavía debe ser ratificada por el Parlamento Europeo) sólo aplique a las grandes empresas, sus efectos positivos llegarán también a los pequeños proveedores y a los agricultores, que tienen enormes dificultades para sobrevivir por los precios injustos que reciben por sus productos, entre otros motivos. Conesa pide al Gobierno español que siga apoyando la directiva de diligencia debida y dé ejemplo a otros países con su iniciativa de prohibir la compra de alimentos por debajo del coste de producción.

Finalmente, Julie Maisonhaute, representante de Commerce Equitable France, ofreció los datos del país vecino, que ha multiplicado por siete sus ventas en menos de ocho años, pasando a facturar más de 2.000 millones de euros anuales. Protegido por una ley de economía social y solidaria aprobada en 2014, empieza a aplicarse ahora también al comercio local francés.

Este encuentro de especialistas ha sido organizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y con el apoyo de Political Watch.

La incidencia política y social es una de las líneas de acción esenciales del movimiento del Comercio Justo.

Con la finalidad de facilitar a las organizaciones de Comercio Justo el planteamiento y desarrollo de iniciativas de incidencia, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado esta guía. Es un material muy práctico que permitirá a las entidades hacerse preguntas para ordenar las ideas y planificar las acciones a ejecutar.

Esta publicación parte del documento Fair Trade Advocacy Guide: I can do it! redactado por Fairtrade International, World Fair Trade Organization y Fair Trade Advocacy Office en 2018, a quienes agradecemos la cortesía para traducirlo al castellano y permitirnos actualizarlo a nuestro contexto.

El manual Como hacer incidencia política y social. Guía para organizaciones de Comercio Justo ha contado con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ante las elecciones generales del 23J, REAS Red de Redes comparte las propuestas de miles de personas que componen el movimiento de la ESS:

Documentos:

• Propuestas 23J_ REAS Red de Redes_Economia Solidaria
• Propuestas REAS Red de Redes 23J_version ampliada

La red confederal, que aglutina a 985 entidades y empresas en las que participan más de 50.000 personas, acumula ya 25 años de andadura desarrollando las finanzas éticas, las energías renovables, el comercio justo, la recuperación y reutilización de residuos, la inserción laboral, el consumo de alimentación ecológica, los seguros éticos, la comunicación transformadora, la vivienda cooperativa en cesión de uso, los supermercados cooperativos o los cuidados, por citar algunos de los sectores clave.

La acción pública decidida a favor del desarrollo económico sostenible, inclusivo y solidario, desde su planteamiento, debe concretarse, primero, en la aprobación de una Ley Integral de Economía Social que incluya a las cooperativas de energía y las cooperativas de vivienda en cesión de uso, excluya a aquellos centros especiales de empleo que no respondan a la iniciativa social; y establezca que las entidades promotoras de empresas de inserción no tengan ánimo de lucro y que el 100% de los beneficios se tengan que reinvertir.

Además, propone la inclusión de un articulado específico para el reconocimiento y regulación del Comercio Justo basado en la necesidad de su protección frente a otras prácticas comerciales.

El segundo compromiso que reclaman a las Administraciones públicas es la aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017 a través de la implantación de cláusulas sociales y ambientales y de reservas de mercado.

También reclama, en tercer lugar, el desarrollo reglamentario de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por último, entiende esta red de redes que resulta necesario promover la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios, en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.

Las 33 medidas que han trasladado a las candidaturas se organizan en 13 ejes entre los que cabe destacar la organización social de los cuidados que asegure el derecho de todas las personas desde la corresponsabilidad; la soberanía alimentaria y agroecología; el emprendizaje social y colectivo; las finanzas éticas; la promoción y salvaguarda de los bienes comunes; y la innovación y el desarrollo local.

El 23 de diciembre se aprobaba la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes. Una ley poco ambiciosa y que ralentiza la transición hacia un modelo de gestión sostenible de los productos de consumo. Sin embargo, una ley necesaria, sin duda mejorable, pero que da pasos adelante respecto a la situación actual.

Hoy esta ley está pendiente de ser aprobada por el Senado y está colgando de un hilo. En el mejor de los escenarios, nos encontraríamos con que, fruto de este proceso de aprobación en el Senado, la ley incorporara cambios que la mejoraran. No debe olvidarse que el Senado es la Cámara de representación territorial y que su función no debería ser recortar las leyes, sino facilitar que sean útiles y adecuadas a la diversidad territorial. En este sentido, la ley debería ser un marco que no invadiera competencias de leyes autonómicas que ya están dando buenos resultados.

En el peor de los escenarios, se introducirán enmiendas que recortarán todos aquellos aspectos de la ley que pueden hacernos avanzar y que sea una ley (todavía más) continuista y que no nos permita avanzar hacia una sociedad más sostenible.

Desde Opcions, junto con Rezero, organización referente en la prevención de residuos, pedimos a senadores y senadoras que no pierdan la oportunidad de aprobar una ley que nos ayude a avanzar en la prevención de residuos y revertir la emergencia climática.

Si tú también quieres formar parte del cambio, ¡firma la petición!