Este hito coincide con el 40 aniversario del movimiento, desde que se abrió la primera tienda especializada de productos de Comercio Justo en el Estado.

La nueva Ley Integral de Economía Social, aprobada en el Congreso el pasado 26 de marzo y con publicación efectiva en el BOE el 10 de abril, permite la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de esta.

En particular, la nueva legislación potenciará e impulsará el Comercio Justo como fórmula innovadora de la economía social, entre otros sectores. En concreto, el Artículo 8 de la Ley insta a los poderes público a incluir entre los objetivos de sus políticas la promoción del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.

De igual modo, la Ley define en la Disposición adicional a las Entidades de comercio justo cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, garantizando salarios dignos, derechos de las personas productoras y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad.

De esta forma, se siguen los pasos de Francia, que ya definió el Comercio Justo en su Ley de Economía Social en 2014, mostrando un desarrollo exponencial del sector en el país desde entonces.

En la actualidad, el sector en el Estado español cuenta con una facturación de unos 158 millones de euros anuales, lo que supone un gasto medio por habitante de 3,20 euros anuales, situándose lejos todavía del caso francés con una media de 30 euros por habitante. “Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local, como ha sido el caso de Francia”, señala Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

“Coincidiendo con el 40 aniversario del Comercio Justo en España, el reconocimiento de este modelo supone un avance histórico para el movimiento. Esperamos que este nuevo marco legislativo facilite la incorporación del Comercio Justo en la compra responsable de actores públicos y privados, así como a hacer más accesible la opción de consumo responsable y sostenible para la ciudanía” explica.

El Comercio Justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha desarrollado un modelo que actúa como palanca de cambio para la transformación a sistemas de producción y comercialización que aseguren los derechos humanos, laborales y sociales a través de salarios dignos, las condiciones laborales adecuadas y seguras, los precios justos, la lucha contra la explotación infantil y la igualdad de género; y que fomenten las prácticas justas a través de relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de decisiones. Además, el Comercio Justo promueve las técnicas de producción ecológicas y respetuosas con el entorno.

El movimiento celebra este hito y confía en que este reconocimiento sirva para impulsar verdaderamente las iniciativas que, desarrolladas bajo los principios del Comercio Justo, contribuyan a la consolidación de la Economía Social como modelo de referencia que pone en el centro a las personas, el trabajo digno, el arraigo territorial y el interés general.

Agradecemos a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, el esfuerzo realizado para sacar adelante esta Ley. Seguimos avanzando hacia un modelo económico más justo, sostenible y centrado en las personas.

Fuente: CECJ

El dictamen de la Comisión de Economía, Planificación y Empleo de las Cortes, presentado esta mañana por la socialista Beatriz Sánchez, ha sido aprobado de forma definitiva y, de esta forma, facilita un marco normativo común aplicable al modelo de economía social y al conjunto de entidades y colectivos sociales que la integran en Aragón

El Pleno de las Cortes de Aragón ha dado luz verde esta mañana al dictamen de la Comisión de Economía, Planificación y Empleo con el que se aprueba el proyecto de ley de Economía Social de Aragón para “establecer un marco normativo común aplicable al modelo de economía social y al conjunto de entidades y colectivos sociales que la integran en Aragón, así como determinar las acciones de fomento e impulso a favor de estas entidades».

El dictamen ha sido presentado por la diputada socialista Beatriz Sánchez y en el turno de explicación de voto han tomado la palabra los parlamentarios Javier Campoy (PP), Javier Martínez (Cs), Nacho Escartín (Podemos), Joaquín Palacín (CHA), Marta Fernández (Vox), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

El debate de totalidad de este proyecto de ley se celebró en febrero y contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Un mes después recibió las aportaciones de una decena de asociaciones y entidades durante el trámite de audiencias legislativas. La ponencia se constituyó el pasado mes de septiembre y ha estudiado un total de noventa y una enmiendas presentadas desde los grupos parlamentarios. En este sentido, cuatro han sido presentadas conjuntamente por los grupos que sustentan al Gobierno, dieciocho corresponden al PP, veintinueve a Ciudadanos, cinco a Podemos, veintiuna a Vox y catorce a IU.

El texto se estructura en veintinueve artículos, ocho disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, distribuidos en ocho capítulos.

Acaba de celebrarse hace unos días, un importante acto en Madrid  y lo cierto es que esto hubiera sido inimaginable hace apenas unos pocos años: ministras y ministros, representantes del Congreso, agentes sociales, delegaciones internacionales  y decenas de delegaciones de empresas  y organizaciones de la economía social de todo el Estado juntas, en el Auditorio del Museo Reina Sofía. Todo lo anterior, ya nos sugiere que algo importante se estaba celebrando, y así es: 11 años de la primera  ley española de economía social, la famosa Ley 5/11 que nos ubicó en el firmamento del reconocimiento político estatal.

Una ley que supuso un  cambio de inflexión en cómo nos ve la sociedad  y cómo nos vemos a nosotros mismos, que dio el espaldarazo definitivo a CEPES en su papel de interlocución política y social, dotándonos de seguridad jurídica, con un marco normativo estable: “una ley para colocar a la economía social en la Agenda política del país”, en palabras de su presidente Juan Antonio Pedreño. Y, como todo acontecimiento  político, la ley de 29 de marzo de 2011, es fruto de un arduo y extenso trabajo de todo el sector de la economía social al poder presentar, varios años antes, un texto consensuado a los  poderes públicos  y conseguir además la unanimidad de todo el arco parlamentario de la época.

Tanto nuestra legislación como nuestra realidad empresarial es de vanguardia

Más de 2 millones de empleos, 43.000 empresas y un 10% del PIB son las cifras que hoy podemos presentar con orgullo a cualquier otro ciudadano europeo y del mundo, porque tanto nuestra legislación como nuestra realidad empresarial es de vanguardia: España preside la representación de la Economía Social europea,  siendo el único Estado europeo en desarrollar una estrategia país para la economía social, por lo que está en el origen de todas las Declaraciones, Pactos y Planes que se aprueban en la UE a favor de la Economía Social.

Crisis económicas, sanitarias o de seguridad nos están golpeando en estos últimos años y, en cada momento, la economía social se muestra como una solución que propone una forma de hacer empresa inclusiva y sostenible, que da primacía a la creación y mantenimiento de empleo de calidad, a la igualdad de oportunidades, a la diversidad, a la cohesión social y al desarrollo de los territorios. Por tener esa capacidad de respuesta a los desafíos el sector ha ido ganando respeto y reconocimiento tanto político como social. Ya no somos un grupo residual o periférico, sino que estamos en todos los sectores de actividad económica, en todos los grupos de población, tanto en el mundo rural como en el urbano, ubicándonos en el centro de las soluciones.

Palanca para ser sectores protagonistas de la transición ecológica y digital

En estos momentos CEPES negocia con el Ministerio de Trabajo y Economía Social la  2ª Estrategia de Economía Social 2022-2027 y la Comisión Europea acaba de aprobar el Plan de Acción Europeo de la Economía Social. Todo ello debemos aprovecharlo como palanca para ser uno de los sectores protagonistas de la transición ecológica y digital, siempre bajo  criterios de justicia, inclusión, equidad y diversidad. La Economía Social ha sido declarada por el Gobierno español como una de las 9 políticas palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y no sería justo en el reconocimiento anterior dejar atrás a las comunidades autónomas y a sus organizaciones representativas que, desde principios de este siglo,  fueron alcanzando cuotas de reconocimiento en el Dialogo Social y abrieron el camino de una gran parte de los logros de esta última década.

La Comunidad Autónoma de Andalucía que en 2002 fue la más precoz, seguida de la Región de Murcia en 2009 fueron las primeras  a la hora de conseguir el reconocimiento  político  que ponía en valor el papel de la economía social en el desarrollo de sus territorios y además marcaba una hoja de ruta en las políticas públicas, incluidos sus  presupuestos autonómicos, que incidían transversalmente en todos los Departamentos de Gobierno. Estos llamados “Pactos o Acuerdos por la Economía Social” se han extendido posteriormente a comunidades autónomas como Galicia, Baleares, Navarra o Asturias y se encuentran en fase de aprobación los de Euskadi, La Rioja, Aragón y Cataluña. Todo un logro que incluso permeabilizó en algún momento a Diputaciones provinciales y ayuntamientos con distintos nombres pero con el mismo espíritu.

También esos acuerdos, han sido la referencia para América Latina y El Caribe, quienes han visto en el ejemplo de la integración la fórmula idónea para incidir en las políticas a favor de la economía social, desde la interlocución de “una sola voz”. Sin duda, la cooperación y la democracia que nos caracteriza se retratan en este tipo de alianzas, donde todas las familias del sector confluyen para alcanzar objetivos comunes en favor de las mayorías.

Retos a afrontar

Toda la construcción jurídica y política de estos años en España debe ayudarnos  para afrontar algunos  de los retos que afrontaremos en la próxima década:

• estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, democratizando el acceso a las tecnologías de personas y empresas;
• atraer el talento joven a nuestras empresas y en especial promover el emprendimiento entre jóvenes y mujeres;
• promover empleos de calidad, servicios sociales de proximidad, y una soberanía alimentaria y energética impulsada por  finanzas éticas y alternativas de base cooperativa;
• incrementar nuestra presencia en el Dialogo Social;
• acompañar a las administraciones públicas en la construcción de un nuevo mercado de contratación pública responsable;
• desarrollar  y mejorar  la medición, gestión  y evaluación del impacto social que alcanzan las acciones de nuestras empresas;
• impulsar iniciativas de innovación social promoviendo tanto la   cooperación entre nuestras empresas como en alianza con las administraciones públicas;
• reforzar nuestra identidad como referentes de Democracia, Participación y Justicia Social;
• liderar social y empresarialmente la carrera contra el cambio climático, la preservación de nuestros ecosistemas y el replanteamiento del modelo de desarrollo, mediante propuestas empresariales sostenibles que pongan a la persona en el centro de la vida.
• promover  de manera más activa y eficaz el papel que las mujeres y la igualdad tienen en la consecución de los retos anteriormente mencionados.

Retos que desde hace tiempo ya son GLOBALES  y a los que tendremos que aprender a superar en cooperación con otras organizaciones y entre territorios. Ninguno de los anteriores se supera con un solo “para Andalucía” o para “España”. Alcanzarlos, como bien marcan  los ODS y la Agenda 2030, y hacerlos sostenibles en el tiempo nos exige eliminar conceptos  que aprendimos de pequeños como el de FRONTERA “política, económica o étnica” y aprender a utilizar otros como “COMUNIDAD, PLANETA Y COOPERACION”.

En el turno de audiencias legislativas de este pasado martes, 22 de marzo, han participado diez entidades sociales y asociaciones aragonesas que han presentado ante los diputados y diputadas sus apreciaciones ante el desarrollo del texto normativo, entre las que destaca la petición de asignación presupuestaria suficiente para garantizar su puesta en marcha.

En la sede de la soberanía popular -Cortes de Aragón- la presidenta de la Red de Economía Alternativa y Solidaria –REAS Aragón-, María del Carmen Martínez, explicaba que “somos una red de empresas, organizaciones y personas que, junto a Mercado Social y Coop57 Aragón, aglutinamos a más de 100 entidades en Aragón. Nuestro objetivo es desarrollar la Economía Solidaria en Aragón. Nuestras diferentes líneas de trabajo se basan en los principios y valores de la Carta de la Economía Solidaria (Equidad, Trabajo, Sostenibilidad Ambiental, Cooperación, Sin fines lucrativos, Compromiso con el entorno), que promueve unas relaciones socioeconómicas que actúan desde el respeto y cuidado del entorno, favorecen un modelo solidario y colaborativo, y sitúan a las personas y sus necesidades por delante del beneficio o la rentabilidad”.

Valoración de REAS Aragón del Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón:

• Se inicia en mayo de 2018 cuando contestamos a la consulta pública sobre la realización de esta Ley, agradeciendo que el Gobierno de Aragón tomase partido por la Economía Social aragonesa. Entonces manifestamos que no necesitábamos otra ley, que la actual ley estatal 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, nos ofrecía un marco suficiente de actuación.
• Ahora mantenemos la misma postura, más si cabe, sabiendo que la Ley Estatal se encuentra en fase de modificación, lo que implica que la Ley Aragonesa que se va a aprobar, tendrá diferencias considerables con la estatal y ya nacerá inadaptada a los nuevos tiempos.
• Aun no siendo partidarios de una ley, hemos estado participando activamente en el Grupo de Trabajo constituido para su realización y sentimos que la pandemia provocase que la elaboración del borrador fuera menos participativa.

Aportaciones de REAS Aragón para la mejora del Anteproyecto:

• Que el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, que se contempla en la Ley, cuente con más participación de las entidades y, sobre todo, con una coordinación ágil con los agentes representantes de la Economía Social y Solidaria de Aragón, que contemple un presupuesto, que se establezcan indicadores que puedan medir su desempeño, herramientas para su monitorizaje y que sea un plan que se evalúe periódicamente y que coordine fehacientemente a los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón que se van a ver implicados, Educación, Trabajo, Empleo, Fomento, Reto Demográfico, Transición Energética, Digitalización, Mujer, etc…
• Esta Ley de Economía Social, necesita aprobarse con presupuesto propio que garantice los medios suficientes para: primero, fortalecer las estructuras que ya existen de fomento de la economía social y, segundo, para dotar al Plan de Impulso antes mencionado.

La experiencia de REAS Aragón les está indicando “que hay mucho que avanzar”, por ejemplo en:

• El Registro de Cooperativas, dependiente del INAEM, tendría que garantizar que el periodo de inscripción de una cooperativa nueva fuera ágil y no se dilatara durante meses como puede llegar a pasar ahora en determinadas épocas.
• Que se fomente el modelo cooperativo para poder alcanzar cifras de constitución como al menos en nuestra vecina Comunidad Foral de Nafarroa que en el 2020 tenían 65 nuevas cooperativas frente a las 21 de Aragón.
• O dejar de escuchar en algunos foros “el modelo cooperativo es muy complejo y no se recomienda para emprender”.
• Pedimos que se realice un Convenio con la entidad representativa de la Economía Social Aragonesa, Cepes Aragón, para el desarrollo del Plan de Impulso, como se están llevando a cabo con buenos resultados en otros territorios: Nafarroa, Galiza, Murcia, o Catalunya.
• Solicitamos que se incluya a la Economía Social de Aragón, a través de su entidad representante, como agente social en el Consejo Económico y Social de Aragón, ya que entendemos que no participar en este órgano va en detrimento de la sociedad aragonesa.
• Proponemos que se incluya una modificación dentro de las Disposiciones Adicionales, a la actual Ley de Cooperativas de Aragón en el título III Asociacionismo Cooperativo, art 93, donde habla de las Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, para que adecuándose a la realidad territorial de Aragón recoja una fórmula transitoria y favorecedora de la creación de uniones de cooperativas. Para su redacción y concreción nos ofrecemos a trabajar conjuntamente.
• Finalmente proponemos que se evalúen las acciones realizadas en el marco del art. 99 de la actual Ley de Cooperativas de Aragón, dedicado al fomento del cooperativismo, ya que consideramos que con dicha ley se podría haber avanzado más en esta figura esencial de la Economía Social y Solidaria.

“Y todo porque creemos que la Economía Social y Solidaria es un medio al servicio de la sostenibilidad de la vida, donde las personas y el medio ambiente están por encima de cualquier otro interés”, concluían.

Por su parte, y en representación de la Asociación de Economía Social Aragonesa –CEPES Aragón-, su presidente, Adrián Serrano, recordaba que “en Aragón existen más de 5.600 entidades de economía social, que dan empleo a 20.500 personas”, y valoraba positivamente “el esfuerzo de los legisladores para impulsar la ley de Economía Social”, que ha considerado como “la primera piedra para crear un ecosistema de economía social en Aragón”.

El director gerente de la Fundación Aragón Emprende, Pedro Pardo, precisaba que “el articulado del proyecto de Ley reconoce a las entidades que estén en un catálogo de entidades de economía social”, y ha solicitaba una fecha “para que este catálogo se ponga en marcha” y evitar así “que se reconozca en la ley a empresas que no tienen que ver con el emprendimiento y la economía social”.

El representante del Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral -OADI- y director de la Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas, Jesús Gaspar, defendía la ley en proyecto calificándola de “innovadora, participada, solidaria y necesaria”. Gaspar ha dicho que “en la casa de todos, esta ley es nuestro ADN y es una norma bien articulada que se mejorará”.

En su breve turno -las entidades disponían de 8 minutos para explicar su posición- Ramón Royo, vicepresidente de la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual -ARADIS-, se centraba “en la participación y el consenso entre la administración y las entidades afectadas por la ley”, y pedía “que en la terminología de la norma figure la palabra inclusión en vez de la palabra integración y se hable de centros especiales de empleo de iniciativa social”.

Desde la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción -AREI-, su directora María Luisa Esteve valoraba “positivamente el proceso participativo, a través de la constitución de los grupos de trabajo de la economía social, que han favorecido un proyecto de ley del que todas las empresas sienten formar parte”, Esteve también reclamaba “dotar a la ley de mayor dinamismo y flexibilidad”, y remarcar en el texto legal “lo que es economía social y lo que no lo es”.

También, Paloma Arroyo, directora de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, expresaba la posición de este colectivo, afirmando que “la promulgación de esta ley es positiva para Aragón”, aunque echaba en falta “que en la exposición de motivos se reconocen doce plataformas de referencia, en las que faltan las cooperativas de trabajo asociado”, por ello Arroyo solicitó “medidas concretas para un proyecto que es demasiado amplio y poco concreto”.

La Red de Economía Social y Solidaria de Aragón ha querido expresar su malestar en relación al texto de Ley de Economía Social presentado por el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón para su información pública. Dentro del plazo establecido, se han presentado al anteproyecto de ley las oportunas alegaciones, las cuales se explican y desarrollan más abajo, así como en los archivos adjuntos recogidos.

REAS Aragón ha hecho un llamamiento a sus entidades y a las redes cercanas para mantener la atención en esta reclamación, a la vez que insta a los grupos políticos en Cortes regionales a realizar los cambios oportunos para que la ley sea eficiente, representativa y plural. En esencia, el descontento de REAS Aragón y otras entidades de Economía Social se centra en:

• la falta de canales de participación para el tejido de la Economía Social.
• la falta de presupuesto y mecanismos de control en la ley.
• la interpretación simplista de la Economía Social y de sus entidades.
• el concepto socioeconómico que subyace a la redacción propuesta.

La mayor preocupación de REAS Aragón es que la ley resulte de nula utilidad, que se use para desvirtuar conceptos centrales de la Economía Social como la democracia de las organizaciones y sus compromisos medioambientales y sociales, y que suponga una oportunidad para extender desencanto e impotencia ante un modelo socioeconómico del que apenas unas pocas organizaciones y menos personas aún extraen beneficio. En opinión de la Economía Solidaria, no puede perderse con esta ley la oportunidad de formular al menos los mínimos indispensables para facilitar el desarrollo de modelos alternativos al protagonismo exclusivo del capital en la economía. Más aún en el contexto actual, las personas deben recuperar el lugar central de la actividad económica y las instituciones deben necesariamente dar pasos que favorezcan el bienestar, la justicia social y los valores democráticos.

La postura de REAS Aragón está concretada en estos textos de reciente publicación:

• texto de las alegaciones presentadas al anteproyecto.
• artículo sobre la postura de REAS (recogido a continuación).
• artículo de Pablo Plo con explicación de las alegaciones presentadas.

LA LEY ARAGONESA DE ECONOMÍA SOCIAL NACE CON ASPECTOS MUY MEJORABLES

REAS Aragón presenta varias alegaciones al anteproyecto de ley y crítica el fondo del texto propuesto junto a varios de los artículos redactados por el Departamento de Economía.

Las carencias de la ley podrían lastrar el desarrollo de la Economía Social y afectar a más de 20.000 personas, 5.000 organizaciones y el 6,7% del PIB regional.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón) registró, a principios de enero y dentro del plazo establecido para ello, varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón presentado al Consejo de Gobierno por el Departamento de Economía el pasado mes de noviembre. De esta forma, desde REAS pretendemos que se introduzcan las modificaciones necesarias en el texto antes de su aprobación en Cortes de Aragón para que nuestra comunidad disponga de una ley con capacidad de actuación, eficiente, representativa y plural. Según estimamos, la propuesta actual presenta algunas carencias importantes que lastrarán el desarrollo de la Economía Social en Aragón en el caso de aprobarse una ley basada en el anteproyecto tal y como ha sido redactado.

Con estas líneas, queremos dar a conocer a la ciudadanía aragonesa, a través de los medios de comunicación, la importancia de esta ley, las implicaciones de su redacción actual y las posibilidades de impacto social mediante su mejora, además de expresar cierto malestar por cómo resuelve cuestiones clave el anteproyecto finalmente presentado por la consejería de Marta Gastón. El marco legal de la Economía Social en Aragón afectará a más de 5.000 organizaciones (el 5,6% del total de las empresas aragonesas, según el último informe de la cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza) y a cerca de 20.000 personas de manera directa, las cuales generan más de 2.500 M€ (el 6,7% del PIB de la región en 2018). Una ley deficiente, incompleta o sin utilidad real repercutirá, negativamente sin duda, en estos y otros indicadores, en la calidad del empleo dentro de este entorno profesional y en el crecimiento de un sector que ha sido calificado por Naciones Unidas como “una de las prioridades en las políticas de reconstrucción global para poder conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”.

Una ley de “todo revuelto”

La Economía Social engloba bajo su denominación a una gran diversidad de “familias”: cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones, etc.; unidas todas ellas por unos principios básicos en común que implican la primacía de las personas sobre el capital, la organización a partir de estructuras transparentes y democráticas, igualitarias y participativas; la distribución equitativa y responsable de los beneficios; y la preocupación por la sostenibilidad medioambiental, la inserción social, el compromiso solidario y el desarrollo local. La ley aragonesa de Economía Social, en su redacción actual, no solo convierte a estas familias en un “todo revuelto” en el que los mismos criterios valen para una fundación ligada a una gran empresa que para una cooperativa de enseñanza o una iniciativa de inserción para personas con discapacidad. Además, pone en peligro la esencia democrática de la Economía Social al igualar a todas ellas por su objeto social, sin establecer diferencias relacionadas con la transparencia de sus estructuras, las posibilidades de participación en sus decisiones o el destino final de sus beneficios. Es decir, la Ley de Economía Social pretende ofrecer igual trato a esa fundación ligada a una gran entidad financiera que a la oenegé que desarrolla un programa de intervención contra el hambre en los barrios más pobres de Zaragoza, a una entidad dirigida a golpe de dedo y reparto de beneficios que a una cooperativa en la que cada persona significa un voto y que reinvierte hasta a su último excedente en mejorar equipos, servicios y condiciones laborales. La “manga ancha” de la redacción de esta ley supone que se tratará como Economía Social a empresas que incumplen las características requeridas en el resto de Europa, cuando lo deseable sería favorecer las buenas prácticas y apoyar los avances hacia la democratización de la economía en todos sus niveles.

Economía Social sin la Economía Social

El anteproyecto presenta otra grave carencia al no definir un verdadero Plan de Impulso de la Economía Social y contentarse con actuar, “con especial atención”, sobre algunas entidades de Economía Social, lo que no debería ser el objetivo principal de la política pública, al menos en su nivel legislador. Además de esta desviación del foco de atención (truco de magia o pase de prestidigitador), la ley evita una definición clara de objetivos de este plan, un respaldo presupuestario o una periodicidad en sus revisiones. Más grave aún es que este plan se realice sin la intervención de las entidades de Economía Social, que serán informadas de su existencia sin posibilidad de intervenir sobre él a través de mecanismo alguno. La redacción y revisión de este plan es una reivindicación ya vieja de las entidades de Economía Social que, salvo enmienda, se quedarán fuera de él: a nuestro juicio, así se convierte en poco más que papel mojado toda declaración anterior en el texto legal sobre democracia, participación, responsabilidad y transparencia. Todo para la Economía Social, declaran; pero sin la Economía social, podemos añadir a la vista de la propuesta.

El propio Consejo de la Economía Social es un organismo cuya institución puede ponerse en entredicho, ya que la representación de las familias de la Economía Social se limita a menos de un tercio: 7 miembros de 25. Solicitamos en las enmiendas presentadas la ampliación de esta participación que, entre otras cosas, deja sin voz a más de 1.000 empresas cooperativas, la familia más numerosa de la Economía Social aragonesa. También nos parece importante definir una obligatoriedad mínima para sus reuniones, a la vez que indicar de manera mucho más precisa algunas de sus funciones, como el seguimiento del Plan de Impulso, evitando así que se convierta en un espacio meramente formal y, a la larga, en un órgano sin capacidad real de actuación y, por tanto, inútil.

Para que a nadie incomode

Otros puntos que desde REAS consideramos que merecerían mayor atención en la ley tienen que ver con la concepción del emprendimiento y la innovación social, la lucha contra el desempleo, la reserva de contratos públicos que garantice el acceso de las entidades de Economía Social a espacios de colaboración con la administración, los mecanismos de control sobre las acciones y los protagonistas, o el papel de las asociaciones sin actividad económica directa pero con relevancia en el entorno de la Economía Social. El compromiso con el medio ambiente y el mundo rural también deja mucho que desear, pero es que, de fondo, aunque este anteproyecto quiera hablar de modelo socioeconómico, se autolimita a buenas palabras y esperanzas que contenten a todas sin incomodar a nadie, esquivando la posibilidad de hacer una propuesta alternativa de calado ciertamente socioeconómico o, cuando menos, de extraer de las propias fuentes de inspiración que se citan (Agenda 2030 de Naciones Unidas, Comisión, Parlamento y Unión Europea) una concepción de la Economía Social que vaya más allá de adornar con etiquetas y sellos a algunas empresas. Para que la Economía Social desarrolle las transformaciones socioeconómicas para las que nació, capaces de mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras relaciones y el entorno en el que una y otras se (re)producen, su marco legislativo debería entenderla como una herramienta con la que favorecer la solución de las emergencias económica, climática y social, en lugar de contemporizar para hacerle un hueco de compromiso dentro de un sistema capitalista e insolidario cuyo modelo no se pone en duda a pesar de las sólidas pruebas que existen en su contra.

El impulso de modelos económicos transformadores ofrece posibilidades de mejora social: facilita la cohesión, distribuye con mayor equidad, se centra en el cuidado de las personas que la protagonizan y, sobre todo, funciona y hace funcionar desde bases democráticas, algo de lo que carece la economía actual y que es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de sociedades justas, libres y sanas. Acompañada de una ley adecuada, la Economía Social es capaz de convertirse en un motor económico integrador y plural, abierto a la participación y lo bastante flexible como para compartir espacio con otros enfoques. El anteproyecto presentado supone desperdiciar la ocasión de que Aragón se asome a un futuro en el que importan las personas, todas ellas, y el cuidado del medioambiente, en línea con Europa, Naciones Unidas y tantas voces que reclaman una salida inmediata del neoliberalismo como primer punto para terminar con las enormes desigualdades, con la explotación de una súper poblada para el beneficio de esa élite fuera de toda ley humana.

Expresamos para finalizar el malestar de REAS y sus entidades hacia un Departamento de Economía que, tras abrirnos la puerta, nos deja fuera con la sensación de habernos esforzado para poco. A la vista del texto, no hemos sabido explicarnos o no se ha querido entendernos, quizás porque hay otros intereses en juego que prefieren dejar todo como está y limitan las opciones a promulgar papel sin efectividad, camuflando tras buenas palabras para todas el habitual trabajar para las mismas estructuras excluyentes que permiten el lucro localizado de unas pocas. No es esta la ley que esperábamos, ni la que queremos. Confiamos todavía en que se rectifique a través del período de alegaciones y podamos seguir creyendo que este es un gobierno regional con autonomía, de corte progresista y preocupado por la gente, por toda la gente.

[imagen: Edificio Pignatelli. Atribuida a Willtron – Wikimedia, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.]
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