Detalles de cumpleaños para cada compañero y compañera de clase; pegatinas por aquello del refuerzo positivo; material escolar que ya no se adquiere en la librería del barrio sino online, procedente de miles y miles de kilómetros; ropa, mucha ropa, cada día un modelo distinto, todos ellos, sin excepción, fast fashion. Estamos criando una generación de futuros consumidores que, lejos de pararse a pensar en la trazabilidad de los objetos que adquieren, cada vez los asimilan más a bienes de consumo rápido, y solo las nuevas compras calman su ansiedad consumista. Esta tendencia en las aulas, que no deja de ser un reflejo de lo que sucede en la sociedad, requiere de una intervención educativa temprana, profunda y lo más inmediata posible para garantizar la sostenibilidad del planeta.

Alicia Puleo habla en su libro Ecofeminismos para otro mundo posible (2011) de lo importante que sería establecer una educación ambiental no androcéntrica, ya que la predominante actualmente sigue sin visibilizar suficientemente a las mujeres y, además, “tampoco favorece demasiado el surgimiento de los sentimientos empáticos con respecto al mundo natural”. Así, recoge en un post de su blog: “Junto a la crítica al consumismo del mal desarrollo neoliberal, debemos también impulsar una educación sentimental ecológica que siente las bases emocionales de las buenas prácticas para la sostenibilidad”.

¿Qué dice la actual ley educativa al respecto de esta formación ecológica? la Ley Orgánica de la Educación (LOMLOE) reconoce en su preámbulo “la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030”. De este modo, el documento Plan de Acción de Educación Ambiental para la sostenibilidad (2021- 2025), redactado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, puntualiza que esta legislación “recoge entre los principios del sistema educativo la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica”.

No obstante, a la hora de llevarlo a la práctica, se propone hacerlo a través de la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se vinculaba inicialmente tanto a la Educación Primaria como a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pero que se traduce en una sesión semanal que comienza a impartirse en el tercer ciclo de primaria. Son la Comunidad Autónoma ―que, recordemos, tiene las competencia de Educación― y el centro escolar ―que, a partir de los mínimos marcados por la administración, cuenta con cierta grado de autonomía― los que deciden cómo y cuándo hacerlo. Además, la sostenibilidad del entorno se trabaja en uno solo de los cuatro ámbitos competenciales de la citada asignatura. Es por ello por lo que, una vez más, parece que llegamos tarde a trabajar un contenido tan vital y, además, no lo hacemos con la profundidad necesaria.

En definitiva, una educación sentimental ecológica que se incluyera en el currículum oficial ya en Educación Infantil se plantea como fundamental para que el alumnado desarrolle pautas de consumo ecorresponsables desde la primera infancia.

FUHEM a considera necesario transformar el currículum, de manera que la actual perspectiva antropocéntrica del mismo vire hacia una visión ecocéntrica

FUHEM (fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental, a través de la actividad educativa) ha asumido el reto de transversalizar la formación ambiental. Así, una de sus líneas de trabajo se centra en la creación de materiales curriculares con perspectiva ecosocial. En concreto, para este curso escolar que acaba de comenzar, ha diseñado libros de texto de Geografía e Historia y de Biología y Geología para 4º de la ESO bajo esta perspectiva. Además, ha realizado un análisis de la actual ley educativa, con el objetivo de “valorar en qué medida permiten una capacitación del alumnado para la defensa y cuidado del medio natural”, recogido en el documento ‘El conocimiento y la defensa del medio natural en la LOMLOE’, publicado en 2021.

Como conclusiones más relevantes, FUHEM sí advierte una “mejora significativa con respecto a la ley educativa anterior en cuanto a la perspectiva de cuidado y defensa de la naturaleza”, aunque echa de menos una mayor profundización en las cuestiones referentes a la actual crisis multisistémica. Además, considera necesario transformar el currículum, de manera que la actual perspectiva antropocéntrica del mismo vire hacia una visión ecocéntrica, que, entre otras cosas, aplique un pensamiento crítico a la Agenda 2030.

Teachers for future es otra de las referencias en cuanto a sostenibilidad en el contexto de la Educación. Se define como “un colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática en que estamos viviendo”. Esta organización ofrece una serie de propuestas para transformar los centros educativos en entornos ecológicos y sostenibles, partiendo de la realización de una ecoauditoría del centro, y trabajando posteriormente en torno a cinco líneas claras de actuación: reducción de residuos hacia el residuo cero; alimentación saludable y sostenible; movilidad escolar activa y autónoma; consumo crítico (que incluya energía limpia, compras conscientes y una capacitación para identificar fake news y publicidad engañosa) y, por último, naturalización del centro educativo, a través de huertos, espacios verdes y soluciones basadas en la naturaleza.

Una adecuada educación ambiental planteada desde el ecofeminismo debe incluir contribuciones de importantes científicas a la ecología y el valor de las prácticas sostenibles de millones de mujeres en el mundo

Todo ello pasa por comprender lo que Puleo define como el “yo interconectado con otras formas de vida y más vinculado a una ética del cuidado”. O, en palabras de otra referente del ecofeminismo, Yayo Herrero, interiorizar que somos “seres interdependientes y ecodependientes”. Y es que esa ética de los cuidados, reemplazando los derechos calificados de masculinos, son para Puleo el primer paso para resolver el problema de los abusos humanos sobre la naturaleza. Una ética de los cuidados que deberá ser especialmente integrada en la socialización masculina, para no reforzar los estereotipos de género que, puntualiza la filósofa, refuerzan “los inmemoriales hábitos de sacrificio femeninos”. Exige además partir de una revisión crítica de la cultura de los cuidados, “que denuncie las relaciones de poder” para no volver a caer en “la subordinación de lo femenino frente a lo masculino”.

Nos encontramos en la actualidad con una educación ambiental que, para Puleo, “sigue sin facilitar una conciencia crítica de los roles de género”. Y es que una adecuada educación ambiental planteada desde el ecofeminismo debe incluir contribuciones de importantes científicas a la ecología y el valor de las prácticas sostenibles de millones de mujeres en el mundo. Ha de cultivar la solidaridad, la emoción estética ante la belleza natural y la emoción ética del cuidado, tanto a los otros como hacia el medio ambiente.

La oenegé Enraíza Derechos, que trabaja por “un mundo sin hambre y sin pobreza, sostenible y en igualdad”, realiza, entre otras labores de divulgación, sesiones de formación online a centros educativos con recursos para educar en el reparto inequitativo de los alimentos, focalizando en el desperdicio cero. A través del proyecto Yo no desperdicio, yo comparto, sensibiliza sobre las consecuencias del desperdicio alimentario y su conexión con el derecho a la alimentación: “El hambre no deja de aumentar en un mundo en el que sobran alimentos y en el que un tercio de lo que se produce acaba en la basura”.

Además, ofrece soluciones para reducirlo, aplicables tanto al contexto escolar como al entorno familiar. Empleando una metodología gamificada, pone en marcha iniciativas didácticas entre el alumnado de primaria y secundaria para concienciar sobre la conexión que existe entre comida, medio ambiente y desigualdad social. Todo ello, además, arropado por un marco legal en el que se está trabajando: el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobado el pasado 7 de junio.

Sentencia Puleo que sólo “lograremos una educación ambiental plena cuando superemos la represión androcéntrica de los sentimientos empáticos hacia la Naturaleza no humana”. Las entidades que trabajan en pro del cuidado del medio ambiente coinciden en la idea de que, para respetar y salvaguardar nuestro entorno, es necesario empezar entendiendo lo que la supremacía humana está provocando Es por ello que el contexto escolar debe contemplar ese punto de partida y superar las actuaciones puntuales para lograr incorporarlo plenamente al currículum.

El objetivo, según Puleo, lograr una toma de conciencia sobre nuestras conductas que nos permita comprender que la vida sencilla, promovida por corrientes filosóficas como los epicúreos, propicia la felicidad a partir de un mínimo coste de recursos, moderando o evitando todo lo superfluo. Y es nuestro deber, como agentes socializadores que somos ―recordemos que familia y escuela son los principales, pero que la sociedad en general también interviene― difundir estos principios éticos para garantizar, entre otras cosas, la sostenibilidad del entorno natural, pero también para ofrecer un modelo de satisfacción que no se base en el consumo, sino en la interconexión humana y en la conexión con el medio ambiente.

Los feminismos y la economía solidaria vienen construyendo perspectivas analíticas, respuestas y propuestas en un escenario de avance de la digitalización. Ahora bien, ¿de qué manera pueden utilizarse las tecnologías digitales para hacer frente tanto a la crisis ecológica y a la necesidad de una mejor planificación pública-comunitaria? ¿Qué aprendizajes mutuos pueden compartir los movimientos feministas, ecologistas y de la economía solidaria en el terreno de las disputas por los derechos digitales?

Este artículo se inspira y retoma el trabajo de las investigadoras Anastasia Kavada, Tina Askanius, Anne Kaun, Alice Mattoni y Julie Uldam, quienes nos proponen “Atar a Goliat” y desarrollar “estrategias activistas para afrontar y aprovechar el poder digital”.

Su estudio recupera una genealogía del uso de plataformas de redes sociales por parte de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la creciente captura de estas plataformas por parte del capitalismo y los gobiernos autoritarios ha supuesto la multiplicación de prácticas de vigilancia sobre la ciudadanía y la persecución de activistas a través de la recopilación masiva de datos. Retomamos aquí la noción que aporta Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, desde la cual se puede dimensionar el empaquetamiento de grandes cantidades de datos para la creación de mercados futuros conductuales que puedan predecir los comportamientos de usuarios y ampliar los espacios de generación de ganancias.

Las investigadoras señalan con preocupación cómo las distintas expresiones de la ultraderecha han sido muy capaces para utilizar una amplia gama de plataformas, adaptando su tono y combinando lo alternativo con lo dominante. Y nos invitan a revisitar la tipología de Dieter Rucht en torno a las estrategias de comunicación simbolizadas en una cuádruple A (abstención, ataque, alternativas, adaptación); estas estrategias (que tienen eco de los debates generados a partir del libro de Erik Olin Wright, How to be an anti-capitalist in the 21st century) podrían abrir nuevas claves para pensar las luchas anticapitalistas en el terreno digital.

Entre la abstención y el escape al capitalismo

Una estrategia que propone rehuir por completo de las redes sociales dominantes como forma de protesta y protección frente a sus modelos de negocio y vigilancia pareciera prácticamente imposible si pensamos, por ejemplo, en causas políticas en las que se busca movilizar un número importante de personas. Sin embargo, en los casos en los que resulta clave preservar la exposición pública, como en casos de ataques de odio (hate speach), violencia en línea y troleo a referentes políticas y defensoras, es importante crear herramientas de abordaje y derivar la comunicación a través de medios pertenecientes a los movimientos sociales.

Y así ocurrió en 2021, en plena distopía pandémica, cuando se organizó el VII Congreso de Economía Feminista en Bilbao bajo el lema “Bizitzaren saregileak: redes feministas para agitar las bases de la economía”. Un congreso proyectado como presencial que, en tiempo récord, tuvo que readaptarse para poder realizarse en streaming y en el que se apostó por utilizar un servidor propio de REAS Euskadi y distintas herramientas de software libre (jitsi, big blue bottom…) para evitar que los datos de las más de 500 participantes pudieran ser utilizados con fines comerciales. Sin embargo, la virtualización del congreso supuso una mayor vulnerabilidad a los ataques de odio coordinados que ya empezaban a ser “tendencia” en espacios virtuales de debate y reflexión feminista.

La colectiva feminista Luchadoras de México presenta una tipología de 13 formas de violencia contra las mujeres relacionada con las tecnologías en la que destacan que estos actos “causan daños sicológicos y emocionales, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas, obstaculizan nuestra participación en la vida pública y pueden propiciar otras formas de violencia física o sexual”. A partir de este análisis han generado herramientas para identificar los modos y las formas en que se expresa. Otro ejemplo es el protocolo interno ante agresiones de Pikara Magazine, que incorpora estrategias y acciones para una mayor seguridad en Internet, entre ellas, el manual de seguridad digital ‘Kit de herramientas para una internet feminista’; una investigación de Larissa Saud realizada para ArsGames. Entre la abstención y el escape, se pueden construir atajos.

Demoler el capitalismo

Entre las estrategias denominadas de demolición, la propuesta de Kavada, Askanius, Kaun, Mattoni y Uldam recupera las acciones realizadas por los grupos ecologistas que hacen campaña para que las empresas reformen sus prácticas empresariales o se genere una normativa que regule su funcionamiento. Las estrategias de ataque incluyen “acciones antimonopolio, así como campañas de derechos digitales que atacan el uso indebido o la apropiación de datos por parte de empresas y gobiernos nacionales”. Entre numerosos ejemplos podemos citar los creados al calor de las crisis económicas, como el nacimiento de Indymedia Argentina, un “proyecto colectivo de comunicación popular” que lleva más de 20 años generando información sobre los movimientos sociales. Frente al negacionismo climático, las campañas contra la desinformación han sido uno de los ejes de estas propuestas.

Desde el activismo por la justicia digital feminista, se ha advertido sobre el impulso que han cobrado las estrategias de pinkwashing en las empresas digitales transnacionales, a través de la incorporación de componentes de “inclusión digital” de mujeres en proyectos dominados por alianzas público-privado y por la captura corporativa.

Por otro lado, distintas iniciativas colectivas transnacionales han cuestionado la concentración del poder digital y han interpelado las prácticas dominantes generando contranarrativas. Entre ellas, está la creación conjunta de los Principios Feministas para Internet (2014), el Manifiesto por la Justicia Digital (2019) y la Declaración de Justicia Digital Feminista (2023).

Alternativas y formas de erosionar el capitalismo racista y patriarcal

Una estrategia centrada en las alternativas se enfoca en la “construcción de plataformas propias donde puedan trabajar en red y difundir información alternativa al público (…) que funcionan diseñadas por defensores del software libre y de código abierto (FOSS)”. Sin embargo, estas tácticas resultan limitadas hasta que estas redes no alcancen a un público más amplio.

Entre las experiencias que ya existen encontramos iniciativas de la economía solidaria: unas enfocadas en el hacer y otras en el cómo garantizar ese hacer cooperativo en la llamada gig economy. Entre las primeras, un grupo de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ de Brasil fundaron la cooperativa Senhoritas Courier para realizar entregas en bicicleta en la ciudad de Sao Paulo. Para ello, lanzaron en 2024 una plataforma propia, desarrollada en conjunto con el Núcleo de Tecnologia do MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto) y con la Universidade de Campinas. Destaca también el proyecto Social Law Project en Sudáfrica, que organiza a 60 trabajadoras del hogar en torno a una plataforma digital llamada “We Care”, gestionada por y para ellas.

Entre las entidades de economía solidaria que garantizan ese hacer, nos parece clave el rol de aquellas que están apoyando el diseño de nuevas infraestructuras digitales, apostando por marcos protectorios de derechos y por sostener cadenas de valor que enlazan saberes basados en principios cooperativos y solidarios. Una iniciativa sería Astindu Koop, cooperativa miembro de REAS Euskadi que se propone como alternativa a las plataformas digitales, con una estructura de propiedad compartida y democrática que busca generar condiciones dignas de trabajo. O la experiencia de la cooperativa argentina Factorial, cuyo trabajo en red ha permitido conectar distintas experiencias de economía social y solidaria a través de la provisión de herramientas de planificación económica, financiera, asesoría contable, capacitaciones, investigación, comunicación y diseño.

Adaptarse y tratar de domar el capitalismo

Entre las estrategias para domar al capitalismo, las autoras de “Atar a Goliar” rastrean las acciones por las causas ecológicas, desde adaptarse a “las reglas de las plataformas corporativas y aprovechar su poder para aumentar la visibilidad”. En el caso de la visibilización de alternativas, en Brasil se ha creado un mapeo de iniciativas y herramientas para pelear por los derechos de trabajadoras y trabajadores a través del Observatorio de Cooperativismo de Plataforma.

Desde el colectivo feminista ¿De quién es el conocimiento? se lleva adelante proyecto Descolonizando Wikipedia, que busca intervenir en las lógicas que organizan el conocimiento en internet. La Unión de Youtubers (YTU, por sus siglas en inglés), creada en 2018 para desafiar los cambios que la empresa había incorporado a la plataforma, es un ejemplo de organización colectiva frente a dinámicas extractivistas de tiempo, trabajo y datos.

Como pudimos ver a lo largo de estas estrategias, la importancia de construir diálogos y puentes es una de las instancias clave para potenciar estas iniciativas. Uno de estos puentes se construyó en marzo de 2023 en Barcelona: el congreso de economía feminista tuvo como eje la economía digital, convocando a abrir el debate, pero también la “confluencia, contraste y cocreación de las múltiples combinatorias alrededor de la transformación económica, los feminismos y la digitalización, tal y como escribió Mayo Fuster Morell en su artículo para el monográfico sobre el congreso que publicó Pikara Magazine.

Debemos continuar entretejiendo saberes, compartiendo estrategias y articulando respuestas conjuntas que nos permitan abrir, cada vez, más brechas al capitalismo desde el espacio digital.

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Tiene la voz quebrada y el tono bajo porque lleva días sin parar de hablar. La tos la interrumpe varias veces. Pide disculpas y prosigue. No evita las preguntas ni teme calificar las cosas por su nombre. Mariana Mangini es “una manuela” que, de la mano de InteRed, ha viajado desde Perú a Bizkaia para hablar del acoso político y, por supuesto, de violencias machistas. Ser “una manuela” implica tener el sostén de 40 años de activismo feminista y, entre otras cosas, no tener miedo de hablar. Ni con afonía.

“No es la primera presidenta mujer, es la primera dictadora”. Así se titula un comunicado fijado en el perfil de X (exTwitter) del Movimiento Manuela Ramos desde el 23 de febrero. Dina Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución por parte del Congreso del entonces presidente Pedro Castillo [el Movimiento Manuela Ramos habló de que Castillo dio un golpe de Estado] por “permanente incapacidad moral” y su posterior encarcelamiento. Boluarte, que era la vicepresidenta del Gobierno de Castillo, fue elegida como nueva jefa de Estado, cargo en el que sigue a pesar de las peticiones sociales de convocatoria de elecciones. “La señora Dina Boluarte no ha estado ni está a la altura de las circunstancias. Ha traicionado al pueblo que votó por un gobierno que, desde el primer día, fue arrinconado por la ultraderecha, nos ha traicionado a nosotras, las mujeres y disidencias, al entregarse a los sectores políticos más conservadores y antiderechos, sosteniéndose en las fuerzas policiales y militares, convirtiéndose en un régimen cívico militar”, arranca el comunicado de “las manuelas”, como se conoce popularmente a las integrantes del Movimiento Manuela Ramos, nacido en 1978.

“Pedimos un adelanto de las elecciones desde diciembre que ingresó; el Congreso ha dado muchas prórrogas y Dina Boluarte no tiene voluntad política para salir, porque es su salvavidas”, comparte en Bilbao la activista feminista Mariana Mangini, quien vaticina que no habrá comicios hasta 2026. Ahora con unas calles más calmadas, la activista peruana recuerda que la llegada al poder de Boluarte coincidió con meses de mucha violencia y de cuerpos de seguridad en las calles: “Fue un escenario del terror nuevamente”. El año del Ejecutivo de Boluarte lleva a sus espaldas más de 60 personas muertas, 1.300 heridas y 600 detenidas.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, organización que ha realizado un informe sobre la represión en Perú. Citando a esta fuente, Mangini afirma que hubo “todo un plan para acallar y matar directamente”.

En los momentos más duros del estallido social fueron muy duras las imágenes de mujeres indígenas con sus criaturas colgando siendo perseguidas. Estas mujeres fueron señaladas e incluso la presidenta las quitó fuerza política, no las veía como sujetos políticos, ¿cómo se vivió este señalamiento?

Hay un contexto de represión y de negación de sus agendas y de sus pedidos; el racismo que ya existía se ha hecho más impune y lo vemos en las diferentes autoridades que se expresan mal de las mujeres indígenas. Y les han quitado todo lo ganado, que era la participación, la visibilidad, el justo acceso a sus derechos; vemos que no hay una reparación, no hay justicia para ellas. Es una situación difícil porque además ellas no tienen acceso a un centro de salud cercano o tienen problemas de acceso a la educación; todavía hay pensamiento del matrimonio infantil, que está prohibido, pero recientemente hubo unos comentarios de congresistas que decían que eso fomentaba el desarrollo de las mujeres. A raíz de las manifestaciones sociales ocurridas en el país, hay una fuerte represión y matanzas; esa es una situación que ahorita nos tiene en vilo, a la espera también de reacciones del Estado, porque el Estado lo que está haciendo es una captación de poderes, captación de prensa también, y es importante denunciarlo porque esto afecta a la vida de las mujeres. Las mujeres que protestaban en Puno también fueron vulneradas en su en su rol, ellas tenían a sus guaguas, a sus hijas a sus espaldas, y fueron atacadas por los policías.

¿Siguen vivan las protestas y, por tanto, la represión?

Ahorita la población está más pasiva porque estamos enfrentando una crisis económica también fuerte, toca sobrevivir. Pero los grupos se siguen juntando cuando pasan cosas como que el Congreso quiere quedarse con la Junta Nacional de Justicia o quiere quitar a los del Jurado Nacional Elecciones. Hay una exigencia por la poca institucionalidad que nos queda.

Mariana Mangini, encargada del voluntariado del Movimiento Manuela Ramos, comenzó su intervención de hace unas semanas en Bilbao abordando algunas de las tareas de su organización, centrada en la defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades. “Trabajamos desde diferentes ejes: desde la protección de los cuerpos, desde la sexualidad y autonomía física, desde el desarrollo de la autonomía económica y los derechos políticos, que es lo que trabajamos con InteRed; se han logrado diferentes leyes que tienen que ver con el estar presentes en la vida política”, arranca. Logros que están en retroceso: “A partir de esta pertenencia en el espacio político las mujeres hemos vivido situaciones de acoso y que eso lo estamos tipificando como acoso político”. Desde 2021, Perú cuenta con una ley para prevenir y sancionar el acoso a las mujeres en política.

“Estamos trabajando en cómo implementamos la ley desde todas las miradas. Nos conviene también seguir fortaleciendo el trabajo con las mujeres electas, para que tengan sus propias agendas, que desarrollan sus propias iniciativas. Estamos siempre atentas a cualquier vulneración, y hacemos acompañamiento a las víctimas de acoso político, psicoemocional y legal; hay algunos casos que son emblemáticos y tienen que tener más visibilidad para que no se repitan, por eso lo hacemos público. Es importante dar nombre a las violencias, porque hay un imaginario social que dice que no existen; hay bastante negacionismo de las violencias con el avance de las derechas”, añade.

Es importante dar nombre a las violencias, porque hay un imaginario social que dice que no existen

Ante este contexto complejo, de represión y regresión, la “manuela” subraya la importancia de “mantener las articulaciones entre los movimientos feministas y los movimientos sociales”, que, explica, “nos permiten tener una respuesta directa al Estado”.

Hace casi una década, el Movimiento Manuela Ramos lanzó junto con otras organizaciones la campaña por el derecho a decidir; se juntaron firmas pero faltaron unos pocos votos para conseguir el aborto en caso de violación. En 2016, comparte la activista feminista, sí se logró la ley contra el acoso sexual, porque movimiento “ni una menos” fue bastante fuerte e “hizo temblar esas bases más conservadoras”, mayoritarias en el Congreso.

¿Cómo está la situación de los derechos sexuales y reproductivos?

Se nos ha quitado de repente derechos ya ganados bajo unos discursos conservadores. Tenemos un Congreso mayoritariamente de derecha conservadora y con una sección de izquierda conservadora. El aborto terapéutico lo tenemos como ley desde 1924, pero en estos últimos meses se han aprobado leyes para darle derecho al concebido y esto podría tener relevancia en la toma de decisiones respecto el acceso del aborto terapéutico; aunque lo niegan y dicen que no tiene ninguna conexión, se generan más objeciones de conciencia. Quieren tener un control de la natalidad y de los embarazos.

¿Y hay retrocesos en otras cuestiones?

Ahora hay intento de cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de Familia. Ya veremos si pasa o no, eso está en el Congreso, todavía no se ha logrado el cambio, pero hay intentos. También la Municipalidad de Lima, que tiene un alcalde de ultraderecha conservadora, ha quitado algunos temas referentes a la mujer, a la igualdad de género. Se ha ordenado y aprobado el retiro del lenguaje inclusivo como uso del Gobierno del Estado. Y el año pasado también nos quitaron la educación sexual integral y eso es el atentado mayor a la educación con enfoque de género, ahora lo que van a hacer es que los mismos padres van a interceder en la elaboración de los textos escolares.

*Aclaración de la autora: se ha añadido posteriormente a la publicación del texto la frase “el Movimiento Manuela Ramos habló de que Castillo dio un golpe de Estado”.

Cuando pensamos en una feminista

imaginamos a una mujer blanca

que lucha para que las mujeres

tengamos el mismo sueldo

y las mismas oportunidades

que los hombres en el trabajo.

Las feministas de nuestro país

hablan poco de otras reivindicaciones,

como de la mala economía

que tenemos muchas mujeres.

Las feministas blancas

que no tienen una mala economía

tienen poco en cuenta

los problemas del colectivo LGTBIQ+

o de las mujeres que son de otras razas.

Tampoco se habla de las reivindicaciones

de las mujeres con diversidad funcional.

Yo soy disca.

Tengo diversidad funcional

y os voy a hablar de las violencias

que sufrimos las mujeres con diversidad.

Todas las mujeres tenemos problemas

y a estos problemas, hay que añadir los dolores,

los problemas para movernos

y las dificultades para relacionarnos

que tenemos las mujeres discas.

La Encuesta de Violencia Contra la Mujer del 2019,

dice que de cada 100 mujeres,

40 mujeres con diversidad ha sufrido violencia

por parte de su propia pareja.

Las discas somos invisibles

Las parejas de las mujeres con discapacidad

las tratan a menudo como si fueran niñas.

Es una actitud paternalista.

Es fácil aislarlas y controlarlas

porque la sociedad ve a las discas

como mujeres dependientes

y poco capaces para opinar o decidir.

El estudio de la Federación de Mujeres Progresistas

“Mujer, discapacidad y violencia de género”

indica que la violencia puede provocar una discapacidad

o, si ya existe, hacerla más grave.

De todas estas violencias se habla poco,

o no se tienen en cuenta.

La activista feminista y filósofa Soledad Arnau

dice que las mujeres con diversidad

somos invisibles cuando se reclaman derechos.

Ser activista requiere tiempo, dinero y ayuda.

Muchas discas no tenemos dinero,

nos falta tiempo o ayuda.

Por eso no se nos ve y por tanto tampoco se nos oye,

pero tenemos mucho que decir.

Violencia institucional

Sobre las mujeres con discapacidad

se ejerce violencia machista

pero también violencia institucional.

Un ejemplo son las esterilizaciones

que de forma forzosa

han ocurrido durante años en este país.

A muchas discas nos cuesta acudir

a las asambleas o a los actos

que se hacen en lugares de difícil acceso.

La Doctora en Derecho Nadia Domínguez Pascuales

dice que las asambleas, los lugares públicos y de debate,

deben estar libres de barreras.

Hay que eliminar todas las barreras,

las arquitectónicas y otras.

Para facilitar el diálogo y la comprensión de todas

hay que usar lengua de signos.

Los documentos tienen que estar en “Lectura Fácil”

o en sistema braille.

La doctora en Ciencias Políticas y Sociales

María del Pilar Cruz Pérez

asegura que se silencia a las mujeres

que tienen diversidad funcional,

las de otras razas o a las mujeres trans.

Muchas feministas hablan de nosotras,

pero sin que estemos nosotras.

Se creen que no podemos hablar,

decidir, opinar o reivindicar.

A las discas se nos ve como objetos para proteger.

Esta actitud es paternalista

y eso provoca relaciones desiguales

dentro del feminismo, igual que las provoca en la pareja.

El feminismo debe ser inclusivo

Es necesario que a las mujeres discas

se nos tenga más en cuenta en el movimiento feminista.

En otros grupos, como los de otras razas o en los trans,

ya se tiene en cuenta la gran diversidad

que existe entre las mujeres.

Necesitamos reflexionar,

encontrar la manera de hacernos visibles.

Tenemos que empoderarnos más

para ser activistas feministas y políticas.

Para que el feminismo sea inclusivo

es imprescindible que todas las mujeres,

seamos vistas y escuchadas.

Solo así estaremos luchando

por una igualdad real.

LGTBI+:
Colectivo que une Lesbianas, Gays, Transexuals o Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras personas. Son personas que entienden la sexualidad de otra manera, no solo como hombre y mujer. El colectivo reivindica la diversidad sexual.

Paternalista:
Las personas paternalistas son muy protectoras y suelen ser autoritarias con personas adultas, tratándolas como si fueran menores o incapaces.

Braille:
Sistema de escritura en relieve que sirve para que las personas con discapacidad visual visual puedan leer usando el tacto de la mano.

Diversidad funcional:
Es otra forma de referirse a la discapacidad.

Trans:
Este término se refiere a personas que no se sienten
del género con el que han nacido.

Empoderar:
Dar poder a una persona o a un grupo desfavorecido.

Activista:
Persona que difunde de forma voluntaria
ideas de una organización para cambiar la sociedad o las leyes.

Esterilización:
Es una operación por la que las mujeres
pierden la función reproductora,
es decir, la de tener hijos.

Las pensiones no contributivas subirán el 15 por ciento. Esta medida, anunciada por el Gobierno en junio de 2022, trata de paliar los efectos que tiene el encarecimiento de los precios en los hogares más vulnerables, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [Este texto fue publicado inicialmente en el monográfico de Vejez en diciembre de 2022, ahora se acaba de anunciar que las pensiones no contributivas subirán un 6,9 por ciento y las de viudedad crecerán un 14,1 por ciento en 2024]. Y por “hogares más vulnerables” se entiende aquellos que “carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo”, según la definición oficial de pensiones no contributivas, que son de dos tipos: de jubilación o de invalidez.

Dejando a un lado la personas que no pueden trabajar por algún tipo de invalidez, las pensiones no contributivas de jubilación, que se cobran a partir de los 65 años y cuando no se ha cotizado lo suficiente, presentan una clara brecha de género. Las perciben mayoritariamente mujeres. “Son las que sobre todo no han tenido ingresos porque han estado cuidando fuera del empleo o porque no han encontrado trabajo, en general esto es un reflejo del mercado de trabajo”, resume la investigadora María Pazos. Pero no solo. Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco, recuerda que muchísimas de las mujeres que están cobrando estas pensiones tenían empleos en la economía mercantil sumergida —“que antes y ahora es una situación más propia de ocupaciones feminizadas”—, como limpieza, cuidados, hostelería, fábricas que no daban de alta en la Seguridad Social o trabajos estacionales. “La falta de alta en la Seguridad Social siempre ha sido (y cuanto más atrás echemos en el tiempo, esto en más cierto) una situación de mujeres”, remarca Otxoa, a la par que recuerda que se ven en esta situación muchas trabajadoras del hogar migradas que no han llegado a 15 años cotizados, el mínimo exigible para tener una pensión contributiva, de las habituales.

Si el porcentaje de mujeres que cobran pensiones no contributivas (por jubilación e invalidez) es de un 64,11 por ciento, en datos de diciembre de 2021, la ratio se alza hasta el 73,21 por ciento cuando la lupa se acerca a las pensiones no contributivas de jubilación, es decir, casi tres de cuatro personas. En algunas comunidades, como Extremadura, la proporción llega hasta el 83 por ciento.

Antonella Picchio, feminista vieja, como se autodefine, recordaba en una entrevista publicada en Pikara Magazine que las mujeres mayores pobres están rabiosas porque sus vidas nunca se arreglaron y ahora se discute si merecen o no una pensión, “y eso es un insulto”, clama la economista italiana.

Antes de los altos índices de inflación, la Plataforma Impacto de Género Ya, apoyada por un centenar de organizaciones feministas, presentó un manifiesto de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el que proponían la necesidad del crecimiento del empleo en las mujeres, el reparto de los trabajos intrafamiliares y el aumento de los servicios públicos para que haya corresponsabilidad social.

“Hace falta que más mujeres tengan pensión propia suficiente para depender menos de la viudedad y tener que recurrir a pensiones no contributivas por falta de años de cotización”

La situación de las pensiones y los debates sobre cómo sostenerlas llevan años ocupando espacio político y mediático. “No hay que seguir alimentando la desigualdad en los salarios, en los cotizados con tiempo parcial y en las ‘lagunas de cotización’. Hace falta que más mujeres tengan pensión propia suficiente para depender menos de la viudedad y tener que recurrir a pensiones no contributivas por falta de años de cotización”. Estos son algunos de los comentarios expuestos por la Plataforma Impacto de Género Ya en la Comisión de los Pactos de Toledo, recuerda Mafalda Rodríguez-Losada. Después de cuatro años de trabajo, en octubre de 2020 el Pacto de Toledo presentó su informe para la reforma del sistema público de pensiones. De las 21 recomendaciones aprobadas, 20 daban la espalda a las mujeres, denunciaron organizaciones feministas.

Un mínimo digno

Transformar el mercado de trabajo es una medida a largo plazo para acabar con grandísima brecha de género de las pensiones no contributivas. “Hay que cambiar el sistema porque las mujeres que están menos en el mercado de trabajo están tocando las campanas y en la procesión, mientras que los hombres solo están en la procesión. Los hombres están en el mercado de trabajo disponibles 24 horas y las mujeres entran y salen ocupando los empleos precarios y cuando no hay alguien a quien cuidar en la familia”, describe María Pazos, quien recuerda que, por esta razón, muchas mujeres son dependientes en su edad laboral de los hombres.

“Las mujeres no nos hacemos pobres a los 65 años sino a lo largo de nuestra vida. Tres cuartas partes de las personas pobres son mujeres. Y tres cuartas partes de las personas pobres son viejas. Somos viejas pobres”, apuntaba Anna Freixas, feminista, psicóloga, profesora de la Universidad de Córdoba retirada y autora de varios libros sobre envejecimiento de las mujeres, en unas jornadas organizadas por Emakunde.

En el corto plazo la solución pasa por subir los montos, “porque son un escándalo”, insiste Pazos. Estas pensiones son de poco más de 400 euros, una cantidad muy muy lejos del umbral de la pobreza, que en 2020 el INE cifraba en 802 euros al mes para hogares de una persona, apunta Mafalda Rodríguez-Losada, de la asociación Feministas por el Cambio Social.

“Hay que aumentar la cuantía de las pensiones no contributivas hasta el mínimo de las pensiones contributivas”, propone Pazos, opinión que comparte Isabel Otxoa. La investigadora recuerda que hay pensiones contributivas, es decir, en las que has cotizado lo suficiente, que reciben un suplemento para llegar a una cantidad mínima. “Desde el feminismo tenemos que plantear que las no contributivas tienen que ser iguales al mínimo de las contributivas, no tiene ningún sentido que ese mínimo sea diferente. La razón por la cual existe una pensión contributiva mínima, que son algo más de 700 euros, es porque se considera que menos de eso no es un ingreso digno y hay que complementarlo hasta un umbral. Entonces, ¿ese razonamiento por qué no se aplica a las pensiones no contributivas, o sea, porque el ingreso mínimo digno es diferente?”, expone Pazos.

Estas pensiones, por cierto, fueron creadas en 1990, son gestionadas por las comunidades autónomas y se financian mediante impuestos generales, no a través de las cotizaciones, como ocurre con las pensiones contributivas. Y, como cuenta María Pazos en su libro Desiguales por ley, son incompatibles con cualquier tipo de rentas personales y familiares.

Isabel Otxoa, integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), tiene claro lo que no hay que hacer: “La solución no está en plantear que, como el sistema de pensiones contributivas es patriarcal, debemos pasar de sus parámetros y reconocer así, por definición, pensiones a las mujeres porque cuidan, que es lo que sostiene el mundo. Creo que no hay que naturalizar el binomio mujeres y cuidado, ni contemplar los cuidados como una actividad cuyos perfiles están definidos y son aceptables tal y como los ejercemos hoy”.

Viudedad

Al igual que las pensiones no contributivas, las de viudedad suelen escapar de los análisis generales cuando se habla de jubilación. Como explica María Pazos en su citado libro, estas se crearon en 1972. De inicio se concedía a todas las viudas de los trabajadores con cotizaciones suficientes y a los viudos, solo si “se encontraran incapacitados al tiempo de fallecer la esposa causante de la pensión y a cargo de la misma”. Este trato diferencial, explica la matemática, que ha dirigido durante 15 años la línea de investigación sobre Políticas Públicas e Igualdad de Género en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, se basaba en una concepción general de las mujeres “como incapacitadas y dependientes económicamente”, algo que no extraña con las normas de la época: las mujeres entonces no podían ni abrir una cuenta corriente bancaria.

“La pensión de viudedad actual es un despropósito (…) habría que atribuir a las personas derechos de pensión independientes del estado civil”

Luego las cosas fueron cambiando y hoy la reciben hombres y mujeres por igual. “La pensión de viudedad actual es un despropósito. Se cobra si la persona muerta ha cotizado 500 días en los últimos cinco años, es independiente de la situación económica en la que haya quedado la persona viuda y es vitalicia. Hubo una noticia según la cual el Estado español era el lugar de Europa en el que las personas viudas menos se volvían a casar; se entiende el porqué”, arranca Otxoa.

La profesora de la UPV subraya que cuestionar la pensión de viudedad no es proponer que todas las viudas se queden sin ella, sino “sostener que habría que atribuir a las personas derechos de pensión independientes del estado civil”. Pazos también apuesta por su eliminación porque, explica por teléfono, hay quienes “a lo mejor se quedan viudas o viudos a los 30 años y tienen una pensión de viudedad para toda la vida compatible con todo tipo de rentas, lo cual es un despilfarro del dinero público”. Lo incongruente de esta medida también lo pone Otxoa sobre la mesa con otro ejemplo: si tienes una incapacidad permanente para trabajar, las condiciones para cobrar una pensión (en este caso contributiva por incapacidad permanente) son durísimas, pero si se muere tu cónyuge, cobras aunque trabajes o tengas otros ingresos.

Apostar por medidas transitorias y hacer la eliminación de manera paulatina son las recomendaciones de las dos expertas para las pensiones de viudedad. “Es muy llamativo cómo las demás pensiones sufren recortes importantes y a las de viudedad se les hacen cambios muy pequeños, posponiendo hablar claramente de su futuro”, cierra Otxoa.

Este artículo se publicó inicialmente en el monográfico de Vejez de Píkara Magazine, que puedes conseguir en versión pdf en su tienda online.

Un artículo publicado en Píkara Magazine. Por Blanca Crespo y María Atienza de Andrés para REAS Red de Redes.

¿Quién se declara en contra de la participación de las mujeres en igualdad de condiciones o de las políticas de conciliación y corresponsabilidad? ¿Quién cuestiona la necesidad de una comunicación inclusiva desde una perspectiva de género o la implementación de planes de igualdad y protocolos de prevención de acoso? ¿Hay alguien que no apueste porque las organizaciones sean habitables y tengan en cuenta los cuidados?

Gracias a décadas de reivindicación y lucha del movimiento feminista se han logrado posicionar proclamas que hoy en día consideramos básicas y que, al menos en un plano discursivo, cuentan con un amplio apoyo político y social. Otra cosa, como siempre, es su aplicación práctica: cómo ser coherente con esos principios y valores y que no se queden solo en declaraciones de buenas intenciones para ganarnos la opinión pública en estudiados procesos de pinkwashing.

Es clave contar con información rigurosa y de calidad que muestre realmente la cara B de las prácticas empresariales en aras de poder garantizar y reclamar políticas y medidas que garanticen la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial. En la economía social y solidaria (ESS) llevamos más de una década desarrollando la herramienta de auditoría/balance social para poder ofrecer información sobre las prácticas empresariales de este modelo económico alternativo bajo el que se alinean cientos de empresas en el Estado español y en todo el mundo.

Como dice la campaña de este año, ESS, una cuestión de transparencia. Se trata, en efecto, de una práctica necesaria para atender a una ciudadanía que demanda cada día con más fuerza un compromiso empresarial que contribuya a la transformación de la sociedad hacia escenarios más justos, equitativos y sostenibles, y una forma de desmarcarse, también, de esa amplia mayoría de empresas que siguen haciendo oídos sordos ante estas demandas, enmascarando sus impactos con actos de green-pinkwashing y otros lavados de cara.

Esta mirada analítica se realiza desde hace años desde una perspectiva feminista, para indagar en las políticas inclusivas y en la existencia de brechas de género en el ámbito de la participación, la representación y la toma de decisiones que se producen en las organizaciones de la ESS y de cuyos resultados nos hicimos eco en este medio hace unos meses.

Esto es reflejo del proceso de articulación de la economía social y solidaria (ESS) con la economía feminista (EF) dentro de las redes y organizaciones de REAS Red de Redes, que se ha producido en los últimos años. Esta confluencia ha ayudado a fortalecer, en última instancia, las prácticas de las organizaciones y empresas de la ESS, proponiendo la sostenibilidad de la vida como nuevo paradigma. El primer resultado de esta articulación fue la creación de una comisión de feminismos. El avance más reciente ha sido, sin duda, el proceso de renovación de la Carta de Principios de Economía Solidaria, un trabajo de dos años que finalizó en 2022 y que ha supuesto la actualización de sus contenidos, destacando la incorporación de una mirada más feminista y ecologista, acorde con los cambios que se han ido produciendo en en el ámbito de las alternativas económicas transformadoras y en el propio movimiento de la economía solidaria.

Aterrizando las buenas prácticas empresariales feministas

En este largo caminar solidario y feminista, se enmarca la guía de ‘Buenas prácticas de las organizaciones para una economía solidaria y feminista’, elaborada recientemente para “ofrecer una fotografía del conjunto de la red a través de datos cualitativos que aporten experiencias y ejemplos inspiradores, para que el conjunto de empresas y redes de la ESS incorporen una mirada feminista en sus prácticas diarias”.

Bajo este objetivo se han radiografiado 25 buenos ejemplos en diferentes ámbitos, como las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Y encontramos casos como el vinculograma de Agintzari, que ha supuesto un cambio de paradigma innovador en el ámbito de la conciliación, ya que ensancha la mirada sobre los vínculos afectivos y sociales, ampliando los derechos de cuidados más allá del modelo tradicional de familia que da derechos legales a permisos ligados a niveles de consanguinidad.

En el ámbito de las organizaciones habitables, encontramos el Sistema de las 5 Guardianas de Colaborabora, que implica la realización de diferentes reuniones durante el año con la participación de todas las socias de la entidad. El valor principal de este ejercicio radica en la consciencia sobre la cooperativa, la corresponsabilidad sobre el mantenimiento de la misma y la distribución de tareas de cuidados independientemente del puesto o labor productiva. Esta práctica permite el acceso a la información relevante (economía, tipo y nombre de clientes y colaboradoras, alianzas, redes, etcétera), a la toma de decisiones consensuada y a una participación inclusiva.

En relación a los procesos de cambio organizacional encontramos Viajando por lo invisible, de Mugarik Gabe, una iniciativa que surge del proceso de cambio organizacional feminista que ha realizado la entidad, en este caso, centrándose en trabajarlo junto a otras organizaciones que tienen los mismos objetivos y apostando por experimentar buenas prácticas de algunas de estas organizaciones, para sacar nuevos aprendizajes colectivos. Otro ejemplo es la herramienta el RUSC de la cooperativa L´Esberla, una metodología de evaluación que permite incorporar la mirada y práctica feminista en el día a día de la entidad, para transitar hacia una vida más vivible, justa y consciente.

En relación a la participación en los espacios de decisión son interesantes las medidas implementadas por la cooperativa Energética, que cuenta con un Consejo Rector paritario, de forma que su órgano de gobierno cuenta con cinco mujeres y cinco hombres. Se ha conseguido a través del Reglamento de Régimen Interno, aprobado en asamblea, por el que se obliga a que la proporción en todos los casos sea del 50p por ciento. Por otro lado, también se han implantado acciones para que se garantice la paridad en la conformación del equipo técnico, animando activamente a las mujeres a participar en los procesos. En Reas Euskadi han realizado un proceso similar: tras un análisis en el que se constataba las dificultades de las mujeres para participar en la Junta Directiva y los órganos de representación de la entidad, como la exigencia de tiempos y dedicaciones, se ha definido un sistema de “amadrinaje” o “vicepresidencia transitoria” para la incorporación de nuevas mujeres a la Junta Directiva y candidaturas a la presidencia.

Si hablamos de buenas prácticas tenemos que referirnos también a la comunicación inclusiva que “supone poner en valor la diversidad, garantiza la representación de todas las personas que conforman una sociedad y evita expresiones discriminatorias”. Sirem Wild es una marca de ropa ecológica que utiliza un lenguaje inclusivo tanto en sus publicaciones en redes sociales y web como en sus comunicaciones con proveedoras y clientas. Un proceso que se ha ido dando de forma natural y que también plantea retos como el posicionamiento SEO: al ser una tienda online aún priman las palabras clave disociadas por géneros, y esto sigue condicionando a la hora de establecer algunos términos en la web para que aparezcan en los resultados de los buscadores.

Sobre la implementación de planes de igualdad y protocolos de prevención del acoso en las organizaciones es destacable el esfuerzo de las empresas de menor tamaño como Mapiser, una empresa de inserción que ha elaborado el Plan de Igualdad de forma voluntaria, y que ha logrado convertir la equidad en un eje transversal a toda la política de recursos humanos, regulando las prácticas y procesos relacionados con esta área desde una perspectiva de género e interseccionalidad. También es importante visibilizar el trabajo del Grupo Cooperativo Tangente que ha adaptado el contenido de los planes de igualdad a la realidad de su cooperativa para conocer mejor la composición y el grado de feminización y de igualdad (retributiva, de representación, etcétera) y de esta forma poner en práctica nuevas formas de liderazgo y de participación más inclusivas.

Por otro lado, la XES ha elaborado un protocolo de prevención de acoso mediante un proceso participativo, al que todas las entidades que quieran ser socias de la red tendrán que adherirse.La aprobación de este protocolo ha implicado la creación de una comisión antiacoso.

Visibilizar y difundir las buenas prácticas feministas facilita sin duda el tránsito hacia empresas más igualitarias y corresponsables, implica un hacemos, poner en práctica nuestros conocimientos, generando un valor añadido y contribuyendo a su replicabilidad, para tener más aliadas tanto fuera como dentro.

“Estamos resueltos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”. Esta determinación para acabar con la desigualdad de género es parte de los objetivos marcados por la comunidad internacional en el marco de la ONU y su Agenda 2030, hoja de ruta de los gobiernos para lograr la erradicación de la pobreza y un desarrollo sostenible.

Sin embargo, como establece Oxfam: “Cada día, las mujeres de todos los países del mundo sufren desigualdad y discriminación”. La organización de lucha contra la pobreza, recogue quelas mujeres por el mero hecho de serlo están expuestas a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual, lo que genera que la mayor parte de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres. En comparación con los hombres, tienen un menor acceso a recursos, poder e influencia, y pueden experimentar una mayor desigualdad debido a su clase, etnia o edad, así como debido a creencias religiosas y fundamentalistas.

Incluso el Banco Mundial se hace eco de esta situación en su informe ‘La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022’, que establece que 2.400 millones de mujeres en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres. Al respecto se pronuncia Mari Pangestu, directora gerente de Poĺíticas de Desarrollo y Alianza, quien reconoce que “si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es casi dos veces el producto interno bruto [PIB] anual del mundo”.

Esta realidad es reconocida igualmente por local2030, espacio de convergencia entre gobiernos y otros actores locales para implementar estrategias que hagan avanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a escala local. Este organismo reconoce, en el documento objetivos de desarrollo sostenible desde una mirada feminista, que “las mujeres de todo el mundo siguen estando discriminadas en la esfera pública, la participación política, los medios de comunicación, etc.” y que “existe gran impunidad en lo que se refiere a los derechos humanos de las niñas y las mujeres”.

Como muchos analistas críticos reconocen, “la agenda global más ambiciosa aprobada por la comunidad internacional” también presenta importantes limitaciones, debido a estructuras complejas, cuestiones técnicas y el rechazo que genera para algunos agentes la comunidad internacional. En lo que respecta exclusivamente a los objetivos de género, una de las carencias de esta agenda es que “la perspectiva de género, los derechos humanos y la cultura no se tienen en cuenta” y “no plantea los objetivos de manera cuantitativa, es decir, no da cifras, por lo que depende de que cada administración y/o gobierno el plantear esos datos”, apunta la cooperativa especializada en género y comunicación Pandora Mirabilia en “una maleta feminista para trabajar los ODS”.

Más ESS para la igualdad de género

¿Dónde miramos para promover la equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Podemos confiar para esta ingente labor en la comunidad internacional? Parece bastante pertinente en esta diatriba lo que establece Pandora Mirabilia al afirmar que “si bien son los gobiernos nacionales los que deben comprometerse con la consecución y cumplimiento de los ODS a través de medidas políticas y estrategias sostenibles, el papel de la sociedad civil y de la ciudadanía es central”.

En este sentido, las entidades de la economía solidaria vienen promoviendo desde hace décadas un cambio de modelo a través de un enfoque integrado, centrado en las personas y sensible con respecto al planeta, como recogía el manifiesto para poner la vida en el centro lanzado hace unos meses a raíz de la aprobación de la Carta de principios de la ESS, tras un profundo proceso de revisión feminista. La propia ONU acaba de aprobar una resolución para promover la economía social y solidaria, reconociendo de manera específica su contribución a la consecución y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bajo lo que entendemos como economía social y solidaria (ESS) encontramos un conjunto heterogéneo de enfoques teóricos, realidades socio-económicas y prácticas empresariales que desde hace varias décadas vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia en torno a una forma diferente de entender el papel de la economía y los procesos económicos en las sociedades contemporáneas. Frente a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas y la búsqueda de máximo beneficio, la ESS persigue un modelo de cambio al servicio de la reproducción de la vida, sometido a procesos democráticos, participativos e inclusivos.

En este objetivo de transformación social desde la esfera económica, que integra así mismo componentes ecologistas, feministas y de justicia social, donde estimamos que la ESS está muy alineada con la consecución de los ODS. Los vínculos entre la ESS y los 17 ODS ponen de relieve su potencial como modelo de cambio de las bases estructurales sobre las que se asienta el desarrollo excluyente e insostenible.

En lo referente en concreto a la situación de las mujeres, si bien varios ODS incorporan el enfoque de género de forma transversal, nos centraremos en el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

Es reseñable las opciones en materia de empleo que brindan las organizaciones de ESS, particularmente importante para las mujeres y aún más para mujeres en situación de riesgo que se enfrentan a una doble brecha en el acceso al mercado de trabajo sumado al conflicto que se genera entre la conciliación del trabajo y la familia. Las organizaciones y empresas de la ESS con frecuencia facilitan la flexibilidad en la gestión del tiempo, generando oportunidades de trabajo remunerado conciliable con las responsabilidades asociadas al trabajo de cuidados -trabajo reproductivo, no remunerado e históricamente invisibilizado- que recae principalmente en las mujeres. Además desde las propuestas de la ESS se promueve una reorganización social de los cuidados que “asegure el derecho al cuidado de todas las personas, su desarrollo en condiciones dignas y a través de la responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad: instituciones públicas, agentes sociales, comunidad y hogares”.

Más allá de los aspectos de bienestar social y de empoderamiento económico, la organización de mujeres en el seno de las entidades y redes de la ESS resulta importante también para su emancipación y empoderamiento político. A través de dichas organizaciones se adquiere voz, se fortalecen las competencias sobre creación de redes que posibilitan la negociación en las relaciones tradicionales de género y provoca un impacto positivo en la capacidad de agencia de las mujeres.

Desde el enfoque de la ESS establecemos una serie de propuestas para lograr la consecución del Objetivo de Desarrollo 5 desde una perspectiva local. En primer lugar, es importante el diseño y desarrollo de planes de igualdad, desde un enfoque de sostenibilidad de la vida, que incluyan la realización de un diagnóstico y un plan de acción así como la transversalización de la perspectiva de género al conjunto de políticas y actuaciones municipales. En segundo lugar, es preciso hacer una especial incidencia en presupuestos participativos, planes de movilidad y políticas de empleo específicas que tengan en cuenta el trabajo reproductivo y que fomenten la inclusión laboral de las mujeres e incorporen en sus objetivos la eliminación de la división sexual del trabajo.

Así mismo, es clave el desarrollo de servicios públicos de calidad que atiendan a las necesidades de cuidados de las personas, apoyando así mismo la creación de cooperativas sin ánimo de lucro a través de fórmulas de cooperación público-comunitaria y espacios comunitarios para la cobertura de determinados servicios de cuidados; dimensión que debería tener en cuenta también la planificación urbanística. Por otro lado, es prioritario el apoyo a las empresas e iniciativas en el territorio que que fomenten la perspectiva feministade forma transversal en todas sus posibles dimensiones sociales, económicas, educativas, laborales, etcétera.

Retos como la igualdad de género y otros que tenemos sobre la mesa, como la emergencia climática o la pobreza energética, tienen la suficiente urgencia como para no desdeñar los esfuerzos de ningún agente. En este marco, estimamos esencial el trabajo desde las bases y la sociedad civil; en concreto de movimientos como el de la economía solidaria, el feminista y ecologista, que llevan décadas atendiendo a estos retos con voluntad transformadora. Mirar a estas buenas prácticas empresariales y organizativas, apoyarlas y visibilizarlas, aplicando los aprendizajes de su larga trayectoria y dejándonos guiar por sus saberes es, sin duda, una buena forma de encaminarnos a los objetivos de transformación que necesitamos.

Artículo de María Sanz para Píkara Magazine

La tecnología no nos salvará. Esta idea se repitió varias veces y en varias voces a lo largo del VIII Congreso de Economía Feminista, que se celebró en Barcelona entre el 16 y el 18 de marzo, y que estuvo centrado en la economía digital feminista. Frente al solucionismo tecnológico y las etéreas promesas de metaversos e innovaciones, el encuentro sirvió para plantear críticas punzantes al sistema en el que se desarrollan la mayor parte de estas tecnologías y desmitificarlas como herramientas capaces de resolver las crisis simultáneas que enfrentamos.

La tecnología no nos salvará del colpaso climático si para ensamblarla se profundiza en el extractivismo y la destrucción de ecosistemas. Si para producir aparatos electrónicos se explotan los recursos naturales de países del sur global, como sucede con el litio en Chile, Argentina y Bolivia (Flora Patenio).

O si los territorios rurales de países del norte global quedan despoblados para ser pasto de macrogranjas, fotovoltaicas y parques eólicos desplegados sin permiso ni consulta a las habitantes (Yayo Herrero).

O si la transición ecológica, las energías renovables, la automoción eléctrica y las promesas de un futuro más verde descansan sobre la extracción de minerales concebidos como mercancías y sobre la conversión de territorios enteros en zonas de sacrificio (Yayo Herrero).

O si la explosión del streaming a la que llevó la pandemia y la fiebre por la digitalización siguen consumiendo enormes cantidades de recursos como agua o combustible bajo el pretexto de abolir las distancias (Álex Hache).

O si los responsables de grandes corporaciones tecnológicas como Elon Musk están vinculados con el genocidio y la explotación de comunidades indígenas en países como Brasil (Joana Varon).

La tecnología no nos salvará de las sucesivas crisis económicas si las plataformas digitales acrecientan la hiperexplotación capitalista y patriarcal, pulverizan los derechos laborales y se adueñan de áreas feminizadas como los trabajos de cuidados para instalar en ellas las lógicas productivas de las corporaciones (Flora Partenio).

La tecnología no nos salvará de las injustas leyes de extranjería si se pone al servicio del control migratorio, con aplicaciones de rastreo, reconocimiento y espionaje encajadas en sesgos racistas y una digitalización de los procesos de arraigo que excluye personas en lugar de agilizar trámites (Paula Guerra Cáceres).

O si los algoritmos penalizan a las personas racializadas, los cuestionarios para acceder a ayudas básicas imponen barreras y la excusa de la lucha contra el terrorismo blinda aún más las fronteras fortificadas con nuevos aparatos de control (Paula Guerra Cáceres).

O si las economistas feministas olvidan que los cuerpos que sostienen la vida a través del trabajo del hogar, el trabajo en el campo y los trabajos de cuidados (mal) remunerados son cuerpos migrantes y racializados en condiciones de explotación o de semiesclavitud (intervenciones desde el público).

La tecnología no nos salvará de los discursos de odio si las redes sociales se convierten en el canal por el que se organizan y expresan violencias y las llamadas inteligencias artificiales están entrenadas con sesgos racistas, machistas y clasistas (Sasha Costanza Chock).

Entonces, ¿qué nos salvará?

Entre las críticas y el vértigo que produce el verse al borde del colapso, el congreso también sirvió para visibilizar algunas experiencias que permiten imaginar alternativas desde la economía feminista.

En lo teórico, lo irónico y lo onírico tuvieron espacio la narración profética y utópica que desplegó Alex Hache sobre un mañana probable o las cartas del oráculo para futuros transfeministas al que consultó Sasha Costanza Chock.

En la práctica, diferentes proyectos demostraron que las alternativas existen y no son una utopía (Marta Music). Una cooperativa de trabajo textil para mujeres trans en Argentina, un sindicato de trabajadoras sexuales, una plataforma de mensajería que defiende los derechos de las y los riders o una red de espacios de refugio para mujeres usuarias de drogas fueron algunos de los ejemplos presentados por redes internacionales como AWID o por proyectos locales como Mensakas.

Y en lo más concreto, una práctica sencilla que remite a nuestras abuelas, las del pueblo o las del barrio, las que sacan la silla a la puerta de casa y se reúnen en círculo para explicarse cómo están. Aquí se le llamó “politización del malestar” (Astrid Agenjo-Calderón, Lucía del Moral Espín, Lucía Gómez Sánchez y Amaia Pérez Orozco) pero el término habla de algo cotidiano: tomarnos un momento, en silencio, para preguntarnos qué nos duele. Y qué hacemos para resolverlo. ¿Cómo nos contenemos? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Lo hacemos desde lo individual? ¿Son procesos colectivos?

Y después, abrir el círculo y compartirse. Reconocer el síntoma, el malestar, la náusea. Notar que son dolores comunes, repetidos, sistémicos. Asentir cuando nos identificamos con la palabra de la otra. Entender la vulnerabilidad no como un concepto, sino como una práctica encarnada. Escuchar y dar valor a lo que nos cuesta expresar. Escapar de los discursos que tienden a la patologizar nuestros malestares o hacernos pensar que son individuales, nuestra propia responsabilidad. Comprender el conflicto entre el capital y la vida, y salir de las lógicas productivistas que hemos naturalizado hasta la culpa.

Y, desde ahí, ensayar nuevas formas de salvarnos, juntas.

(Los nombres entre paréntesis reconocen las aportaciones de personas que participaron de diferentes espacios a lo largo del congreso).

Si me cuidas y nos cuidamos, te cuidaré. Esta afirmación plantea de manera sintética una nueva fórmula para las matemáticas de los cuidados. Cuidar a cualquier precio, cuidar por encima de nuestras posibilidades y cuidar a todo el mundo han sido axiomas impuestos a las mujeres. Y también el motivo por el que tantas veces “no salen las cuentas”. Empobrecimiento de las mujeres, plusvalía emocional, estrés, mutilación de la autoestima, ansiedad y dependencia económica son algunos de los resultados de estas cuentas mal hechas.

¿Qué es la vida sino cuidados?, ¿cómo nos sentimos cuando cuidamos?, ¿qué necesidades de cuidados se encuentran sin cubrir en nuestra vida?, ¿qué agentes es necesario que cooperen para que se cubran? Estas son algunas de las preguntas que han guiado el eje de economía feminista IDEARIA, un encuentro bianual cuyo objetivo para esta XV edición es la generación de sinergias y la intercooperación bajo las fórmulas de la economía social y solidaria.

Y la propuesta que surge al pensar en estas preguntas reside en repensar las fórmulas básicas para que pueda haber cuidados adecuados para todas las personas sin sobrecargar ni explotar a quienes actualmente se encargan del trabajo de cuidados (en su mayoría, mujeres, muchas de ellas migradas). Y en estas nuevas ecuaciones, las instituciones públicas y los recursos comunitarios son algunos de los agentes necesarios.

El papel de las instituciones

Las respuestas que se han dado desde lo público a las necesidades de cuidado de la población han sido, en el Estado español, homogéneas y carentes de fórmulas cooperativas. Tanto en los servicios de ayuda a domicilio como en la atención a la vejez, a la dependencia y a la infancia, los recursos que se ofrecen dejan poco espacio a la creatividad y a la singularidad.

Como alternativa desde las entidades de la economía social y solidaria se han tejido propuestas y estrategias para atender las necesidades de familias diversas, de personas mayores o de la crianza sin desplazar la singularidad que pueda haber en ellas. El necesario diálogo para que estas fórmulas tengan una mayor visibilización en los planes y políticas públicas es uno de los desafíos del encuentro IDEARIA, que además tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de quienes se dedican profesionalmente al sector de cuidados.

Una contratación pública responsable, que incluya cláusulas sociales que fomenten la equidad y la conciliación familiar y laboral dentro de las empresas, o la reserva de contratos a empresas bajo fórmulas de economía social (empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cooperativas…) proveedoras de estos servicios haría posible mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras y trabajadores.

Redes de solidaridad

En los últimos años ha quedado demostrado la importancia de las redes comunitarias para responder tanto a las emergencias sociales como a las necesidades básicas de la población. Entre estas necesidades, las de cuidados son aquellas que, articuladas de manera cercana, pueden responder de una forma más directa e individualizada a las necesidades diferenciadas de personas mayores, menores, en procesos de enfermedad o con necesidades especiales. Recuperarlas, incentivarlas y apoyarlas desde lo público será vital para un menor distanciamiento entre lo que la población necesita y lo que las instituciones ofrecen. Las administraciones públicas no pueden sustituir a la ciudadanía ni ponerse a la cabeza de estas iniciativas que son fruto de la autoorganización social.

Sin embargo, esto no quiere decir que las administraciones no pueden jugar ningún papel, al contrario, pueden reforzar las iniciativas ya existentes y explorar formas para colaborar con ellas.

Las administraciones públicas pueden proporcionar recursos a estas iniciativas (formativos, informativos, de asesoramiento, de detección de oportunidades, de trámites, de relaciones, infraestructuras, reducciones de impuestos locales, etc.), difundirlas entre la ciudadanía, darlas visibilidad y reconocimiento social; acompañar a estos proyectos en su nacimiento, creación y consolidación; financiar el desarrollo de algunas de sus actividades; e impulsar iniciativas en conjunción con las redes y movimientos locales.

Las redes funcionan como una política pública desde abajo, como se afirma en el artículo ‘Ayuda mutua, anticipación y crisis por venir’, que extrae conclusiones del estudio ‘Solidaridades de proximidad’. “No se trata de pretender universalizar y hacer permanentes los patrones de comportamiento que acontecen en momentos extraordinarios, sino de ser capaces de identificar los aprendizajes que deberíamos sistematizar y protocolizar de cara al futuro”, dice el texto

Propuestas desde la economía social y solidaria

En este contexto, desde la economía social y solidaria se plantean varias líneas de trabajo: reorganización social de los cuidados, establecer una relación público-comunitaria, apostar por la equidad en la prestación de tareas de cuidados y valorar estas, entre otras cuestiones, que están presentes en los documentos ‘La vida en el centro: 10 propuestas para afrontar la necesaria transición del modelo de cuidados‘ y ’14 Ejes de actuación y 85 medidas para una nueva normalidad Solidaria, Feminista y Ecológica’.

La economía social y solidaria apuesta por la reorganización social de los cuidados a través del impulso de medidas de conciliación-corresponsable (permisos iguales e intransferibles por nacimiento o adopción -como defiende la plataforma PiiNA-, horarios flexibles, trabajo a distancia, distribución personalizada de horarios, etcétera, incorporando la perspectiva de género antirracista -ya que muchas de las personas que ofrecen estos servicios son migradas- a estas medidas para intentar evitar la violencia estructural). Esto llevaría un cambio de cultura organizacional y práctica empresarial.

En la relación que las administraciones públicas mantienen con el sector privado empresarial se abren posibilidades para impulsar este cambio cultural: por ejemplo, apoyando, de manera directa, aquellas empresas que pongan en marcha procesos de cambio organizacional, valorando las estructuras no jerárquicas en las que no es posible que los cuidados acaben sin ser objeto de especulación capitalista. También pueden impulsar nuevos usos del tiempo a través de políticas públicas de carácter integral, en las que la educación en valores éticos en los cuidados esté presente como eje vertebrador y la contratación pública responsable como mecanismo a través del cual se puede ahondar en las mejoras de los cuidados.

Desde REAS Red de Redes, en distintos territorios como Euskadi, Canarias, Cataluña o Madrid, se han favorecido conversaciones en torno a estos procesos necesarios de cooperación público-comunitaria, que tienen que ser respondidos por las administraciones. También es necesaria la equidad en la prestación de tareas de cuidados, es decir, establecer medidas que fomenten la democratización del reparto de tareas y la responsabilización de los hombres en la prestación de cuidados, sea a través de medidas en el sector educativo-profesional como, especialmente, en la sensibilización en el ámbito privado.

Y para valorar estas tareas de cuidados hay que promover la dignificación de las condiciones laborales del sector: atención a la seguridad laboral, refuerzo de la inspección de trabajo, apoyo a la construcción de un convenio colectivo para las empleadas de hogar, incorporación de las trabajadoras del hogar en la ley de prevención de riesgos laborales, etc. apoyar procesos colectivos de organización de las trabajadoras por la defensa de sus derechos y reivindicaciones.

Para mejorar la atención a la dependencia y los servicios sociales hay que dotar de más recursos a este sistema público con más horas de servicio de ayuda a domicilio, con la reducción de listas de espera, con la ampliación de las plantillas para atender a las beneficiarias del servicio, con la mejora de las retribuciones salariales , con la mejora de las prestaciones del servicio, y con el cuestionamiento del propio sistema de atención y sus formas de aplicación.

La atención a la salud mental y emocional de las trabajadoras como a las personas cuidadas es vital; y para ello es necesario dotar de recursos que sostengan servicios especializados y aumentar el número de profesionales.

Es necesario también replantear las políticas de cuidados, ampliando la inclusión de aquellos que sean necesarios de acuerdo con las nuevas necesidades, garantizando su universalización, agilizando su accesibilidad y promoviendo y respondiendo de su calidad. Es importante apostar por unos servicios públicos reforzados, ampliando su oferta, así como sus recursos económicos y humanos, basados en procurar una vida buena. El incremento del empleo público (en la provisión de nuevos servicios o en la publicación de los existentes), así como en la creación de empresas de economía social y solidaria en este ámbito son estrategias básicas. Por citar solo algunos ejemplos, en los municipios de Guía de Isora y Candelaria (ambos en Tenerife) son las empresas de inserción las que están siendo promovidas por sus ayuntamientos para ofrecer servicios de ayuda a domicilio y transporte adaptado.

Las entidades sin ánimo de lucro forman un sector que, para determinados servicios, ofrece interesantes oportunidades para la innovación público-social, dejando de lado el beneficio únicamente monetario para poner en el centro de la intervención los propios cuidados y las personas que intervienen en ellos. Esto se materializa en cooperativas mixtas con participación pública, de entidades de economía social y solidaria y de la propia ciudadanía; en cooperativas de trabajo asociado impulsadas o apoyadas por instituciones públicas; en cooperativas de servicios públicos compuestas por instituciones públicas y personas usuarias; en la remunicipalización de algunos servicios a través de estructuras mixtas; y en empresas de inserción promovidas por instituciones públicas.

Por otro lado, desde el campo del urbanismo se pueden (y deben) hacer grandes aportaciones en favor de una sociedad estructurada en torno a los cuidados, entre otras cosas porque el espacio que habitamos no es neutro y su diseño es generador de todo tipo de desigualdades ecosociales. Hablamos de la escala de la vida cotidiana y del urbanismo de proximidad, donde es fundamental diversificar los usos a escala de barrio (incentivar el caminar y expulsar al coche), poner en valor la escala comunitaria en el diseño (romper con la dualidad espacio público-espacio privado) o trabajar con la vecindad como mayor experta de su territorio próximo (participación real, diversa, segura e inclusiva).

En definitiva, esta aritmética difícil pero no imposible entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, encuentra en la economía social y solidaria fórmulas útiles para diseñar estrategias y atender las necesidades de cuidados que todos los seres vivos enfrentan. La idea de “hacer piña” que el encuentro Idearia plantea es básica para hacer frente a los retos de la interdependencia que tenemos por delante.

Desde REAS Euskadi vuelven del verano con muchas ganas de presentar este documento que ha sido fruto de una formación sobre comunicación con perspectiva de género que han realizado dentro de las acciones del Plan Bizigarri, I Plan pro-equidad de género de REAS Euskadi y que ha sido dinamizado por Pikara Magazine.

En él encontraréis algunas pautas y un sencillo checklist para revisar antes de lanzar campañas o realizar comunicaciones orales o escritas.

A pocos días de las movilizaciones y acciones del 8 de marzo de 2020, se declararon medidas de confinamiento y aislamiento en distintos países y regiones frente a la pandemia global de la Covid-19. Muchas de nosotras nos llegamos a abrazar en las calles con otres, y nos lanzamos a la huelga internacional desde la convocatoria por “un #8M que aglutina, moviliza y propone”. En ese entonces, dábamos los primeros pasos como Confluencia Feminista de Economías Transformadoras  haciendo ejercicios de reflexión colectiva y fortaleciendo el internacionalismo que nos permitía converger desde el norte y el sur global. Nuestra convocatoria se asentó en la apuesta por las experiencias y alternativas basadas en economías feministas, como contribución fundamental para navegar entre las incertidumbres. En ese entonces dijimos “no tenemos respuestas únicas ni exactas, solo el deseo de transformarlo todo y hacerlo juntes”.

Los puntos que dieron forma a nuestra convocatoria ponían en evidencia el avance del ajuste y la precarización; del poder corporativo y la restauración conservadora; de las violencias, femicidios y transfemicidios; del racismo, la xenofobia; del ecocidio y del extractivismo. Sin embargo, insistimos como voz colectiva, en la necesidad de “poner la vida, la solidaridad y el cuidado en el centro del debate” porque eso también es “construir alternativas para un mundo en crisis”.

A los pocos días de esta huelga y movilización, nuestras formas de activismo y militancias se transformaron y creamos nuevos espacios donde encontrarnos a través de redes sociales, aplicaciones y plataformas virtuales. En este largo año, que separa un 8M del otro, quisiéramos hacer una parada para recoger algunas puntadas de los senderos que pudimos construir juntes. La primera de ellas se relaciona con el diagnóstico colectivo que desde los feminismos y desde la confluencia hicimos de la pandemia. La segunda puntada recupera la trama de estrategias que pusimos en común en todos estos meses, entre ellas la posibilidad de darnos espacios de formación, reflexión y practica solidaria y feminista, poniendo en disputa la “nueva normalidad”. La tercera enlaza el tejido de alianzas que nos ha permitido construir una agenda, no solo para el 8M sino para abrir un nuevo proceso y hoja de ruta.

Si nuestro anterior lema fue por un “Un 8M que aglutina, moviliza y propone”, frente a la crisis (sanitaria, ecológica y de cuidados) que puso en escena la Covid-19, ensayamos más respuestas colectivas desde la economía social, solidaria y feminista ya que las salidas requieren que pensemos otras formas de ser, de hacer, de relacionarnos.

Esta pandemia puso en evidencia una crisis que ya estaba, como dijeron nuestras compañeras defensoras mesoamericanas; en la ‘vida de antes’ ya denunciamos la matriz de sobrecarga de trabajo -remunerado y no remunerado- sobre las mujeres y de la violencia machista que caracterizan este sistema y que se vio acentuada en la pandemia.

Los feminismos en las experiencias locales frente a las economías pandémicas

Durante el último año hemos podido recrear un entramado de estrategias feministas en espacios locales frente a la crisis multidimensional que se vio profundizada por la pandemia. La Confluencia Feminista fue un espacio donde pusimos en común estas experiencias. No solo nos sostuvimos desde las redes de afecto y solidaridad -a través de llamadas virtuales y reuniones en donde se armaban rondas para compartir cómo estaba cada una-, también aprendimos de esas mismas experiencias que cada compañera compartía desde su territorio.

Desde las herramientas de conectividad que cada una tenía, con diferencias horarias y distintas lenguas, pudimos tejer ese entramado de reflexiones y construcción de saberes. En ese ciclo de diálogos, “nos pensamos” desde los feminismos como indivisibles de la praxis porque son, ante todo, la posibilidad de que juntes pensemos en común cuál es el mundo que queremos co-construir.

Entre esos innumerables intercambios, queremos recuperar la potencia de los feminismos en las experiencias locales, como parte de las “alternativas para un mundo en crisis”. En medio de las restricciones de movilidad y circulación entre barrios y ciudades, nuevas iniciativas tomaron forma “en vínculo directo con la atención a las necesidades más apremiantes de alimentación y salud”. Parte de estas experiencias fueron recuperadas en la declaración ‘Una economía feminista para un mundo en transformación’, donde advertíamos que han sido esas redes sostenidas por compañeras las que “han activado formas alternativas de expresión, contacto y acción solidaria”, que apoyan tanto la elaboración comunitaria de alimentos, la compra y distribución de producción agroecológica de campesinas, la provisión de medicinas naturales, la compra de jabón y mascarillas, y su distribución hacia sectores muy expuestos a la pandemia. Las redes de comercio justo, y las experiencias de Mercados Sociales en el Estado Español dialogaban con Mercados Territoriales en Argentina. Las problemática del acceso al hábitat y el sostenimiento de mujeres y personas LGBT+ en situación de calle, entraba en diálogo con las cooperativas de vivienda. Los ecofeminismos del norte dialogaron con las prácticas de cuidado de la tierra y reciclado en Colombia y en Bolivia. Las “nuevas re-conexiones” que se abrían paso en lo local mostraron el diálogo entre la economía feminista y la economía familiar campesina. Tal como lo dijo nuestra compañera Alejandra Santillana Ortiz desde Ecuador, estas estrategias feministas se han sostenido “frente al desmonte de lo público” y en un escenario de “economías pandémicas”.

Durante estos meses también construimos espacios de formación, reflexión y practica solidaria y feminista, poniendo en disputa los sentidos en torno a la “nueva normalidad”. Algunos tomaron el formato de diálogos en línea, otros se enmarcaron en jornadas y talleres de escuelas feministas. La Confluencia sostuvo la edición de materiales, kit de lecturas, podcast, etc. que permitiera la circulación de producciones feministas en distintas latitudes e idiomas. También se animó a la escritura colectiva, sin reafirmar personalismos, compaginando sentires e interpelando posiciones políticas, evitando traducciones reduccionistas de los umbrales de esperanza y desesperanza de lo que cada una vivía en plena pandemia.

Una agenda feminista, solidaria y global: por una economía para la vida y no a expensas de la vida

Queremos recuperar algunos de los elementos centrales que nos van a permitir trazar las líneas de un nuevo mapa feminista y solidario desde el sur y norte globales, para pensar en la reconstrucción que queremos desde nuevas alternativas que ponen en disputa esta nueva normalidad:

• Seguir articulando las fuerzas del feminismo desde una perspectiva de transformación, construyendo espacios, foros y encuentros internacionales con otros movimientos, que promuevan el desarrollo de un programa de economía solidaria, social, feminista y ecológica.
• Pensar en otra educación para nuestras relaciones, que se alimente de los saberes populares como una estrategia metodológica para cuestionar las relaciones de poder a partir de nuestras historias, deseos y vivencias.
• La construcción y fortalecimiento de la salud pública y de los sistemas de protección universal frente a la mercantilización de sistemas sanitarios.
• Promover una reorganización social de las tareas de cuidados, de manera que se asegure el derecho de todas las personas a recibirlos y articular las luchas por los derechos de las trabajadoras remuneradas de los hogares y las trabajadoras del cuidado. En ellas, la articulación con la lucha de compañeras migrantes y refugiadas es clave.
• Construir otras formas de ordenación de los territorios urbanos y no urbanos y promover fórmulas de vivienda basadas en la colaboración y la sostenibilidad ambiental.
• La desmercantilización alimentaria como clave en la lucha cotidiana ecofeminista que apueste por la defensa de la vida desde la soberanía, la interdependencia solidaria y la sostenibilidad.
• La despatriarcalización de las relaciones de poder, tanto en el espacio/ámbito público como dentro de nuestras redes, organizaciones y cooperativas.
• Romper con el binomio productivo/reproductivo e incorporar y visibilizar la esfera reproductiva en los discursos y las prácticas económicas.
• La necesidad de fortalecer la formación de mujeres y colectivos de las disidencias sexuales en los escenarios públicos, ante las diversas violencias políticas que se están visualizando en cada uno de nuestros entornos locales.
• La promoción de una soberanía digital y la lucha contra la brecha digital de género.

Esta agenda por tanto, debe incluir la defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, pero en articulación con las luchas para proteger los territorios, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, en contra del extractivismo (de recursos, de tierra y de datos), y en diálogo con otros movimientos y economías transformadoras del mundo como la economía solidaria y la feminista.

Construyamos un marzo feminista y solidario, para transformar lo que queda del año.

Fuente: Pikara Magazine