La Economía Social y Solidaria (ESS) representa una alternativa viable y sostenible, que defiende un sistema económico respetuoso con las personas, el medio ambiente y el territorio. Contempla una nueva manera de producir, distribuir y consumir basada en la equidad, la sostenibilidad, la solidaridad, la inclusión o la participación, entre otros.

Actualmente, la ESS -caracterizada por situar a las personas en el centro y promover a una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática- está presente por todo el territorio, con organizaciones de diferente alcance (vecinal, comarcal, nacional…) y con incidencia en sectores estratégicos como la vivienda, la energía, la industria, la cultura, la tecnología, los cuidados, la dinamización social y comunitaria, o el sector agroalimentario, entre otros. Representa cerca del 3% de las empresas, el 6% de los puestos de trabajo y más del 8% del PIB en Catalunya. Por todo ello, el Govern quiere seguir impulsándola.

La Economía Social y Solidaria será un elemento importante para el Govern en esta legislatura, ya que es clave a la hora de afrontar los grandes retos del país

Tal como explica David Bonvehí, director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo del Departament d’Empresa i Treball, «la Economía Social y Solidaria es amplia y diversa, y tiene unos valores claros que desde el Govern tenemos que preservar. Además, es una buena aliada a la hora de afrontar los grandes retos que tiene el país: la atención a las personas, el acceso a la vivienda, la transición energética…». «El Pla de Govern de esta legislatura hace referencia a un modelo económico competitivo, justo y sostenible. Y un modelo económico competitivo, justo y sostenible tiene que ver también con la ESS. En este sentido, estoy convencido de que la ESS será un elemento importante para el Departament d’Empresa i Treball y para el conjunto del Govern», remarca Bonvehí.

De cara al 2025, concretamente, se prevén pasos adelante con el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de la Economía Social y Solidaria, que tiene que permitir establecer el marco jurídico común de la ESS en Catalunya, con la voluntad de que esta crezca, se consolide de forma progresiva y tenga un peso relevante en la economía de nuestro país.

Apoyo al cooperativismo y a la economía social

Son diversos los programas del Departament que refuerzan el tejido cooperativo: Ateneus cooperatius, Projectes singulars o Comunalitats urbanes. Asimismo, también se han suscrito varios convenios con las entidades representativas del sector, como la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que este año ha conmemorado los 125 años de cooperativismo en nuestro país. Con motivo del 125 aniversario se ha organizado el Congrés del Cooperativisme (julio 2024) y el concert «Persones. Planeta. Propòsit» (octubre de 2024).

Otros convenios suscritos son con la Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) y con la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària (XMESS), con el fin de difundir las políticas de ESS por todo el territorio.

El apoyo al cooperativismo y a la economía social ha sido de 41,2 M€.

Ayudas y subvenciones para fomentar la inserción laboral de colectivos vulnerables

En la mejora de la inserción laboral de colectivos vulnerables, sea porque presentan riesgo o situación de exclusión social, discapacidad o ambas condiciones, destacan principalmente las ayudas y subvenciones a los centros especiales de trabajo y a las empresas de inserción. Estas ayudas se dirigen al mantenimiento y el incremento de puestos de trabajo, al acompañamiento de estas personas por parte de personal técnico de apoyo, y a la transición hacia la jubilación en caso de personas con discapacidad afectadas por envejecimiento prematuro. Además, los centros especiales de trabajo y las empresas de inserción pueden solicitar las ayudas a los proyectos de inversión para la activación socioeconómica de su actividad, la innovación y la sostenibilidad en los procesos productivos y a los proyectos industriales transformadores que generen nuevas oportunidades empresariales y de empleo.

Asimismo, se impulsan anualmente las ayudas para la realización de los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastorno de salud mental (SIOAS), que permiten mejorar el grado de ocupabilidad de las personas con esta problemática y facilitan tanto la inserción laboral como su adaptación social y laboral en las empresas del mercado ordinario de trabajo.

De manera similar, el programa de medidas activas de inserción (MAIS) permite incrementar el grado de empleabilidad y la inserción laboral de personas que perciben la renta garantizada de ciudadanía (RGC) o que se encuentren en riesgo o situación de exclusión social (especialmente, las personas en situación de paro de larga duración, mujeres y jóvenes).

En cuanto a este último colectivo, destaca el innovador programa Ocell de foc, con el objetivo de acompañar a jóvenes —de entre 16 y 30 años— con malestar emocional y problemas leves de salud mental para que mejoren su autonomía personal y puedan construir una vida independiente, mediante la inserción laboral en la empresa ordinaria o la recuperación de su itinerario formativo. Este programa se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en materia de acción comunitaria, de trabajo en red, de participación y de autoorganización de los y las jóvenes.

El apoyo a estas políticas de inserción laboral ha sido de 206,7 M€.

• La iniciativa consta de tres artículos modificativos de las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la ley de la Economía Social
• Se ataja el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización
• Con el pleno consenso del sector se refuerza y amplía la definición de los colectivos protegidos en la regulación de las empresas de inserción para poder llegar a un mayor número de personas
• “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la vicepresidenta.

“Avanzamos e impulsamos un sector que es un orgullo de país y algo sin precedentes en el contexto europeo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al presentar este anteproyecto de ley tras el Consejo de Ministros.

Modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social

Constituida como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional y precisaba de la actualización normativa que representa este anteproyecto de ley, que cuenta con la incorporación a la norma de diferentes aportaciones del sector. “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la ministra.

El primero de los tres artículos de la nueva normativa adecúa y actualiza la 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.

“Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral”, ha destacado la vicepresidenta.

El Artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

A modo de ejemplo, la ministra Díaz ha detallado que ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.

Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

En el tercer artículo del anteproyecto de ley se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector.

Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

“Este anteproyecto de ley”, ha concluido la ministra, “es la culminación de estos cuatro años de apuesta decidida por una Economía verde, feminista y democrática. Y esto es la Economía Social”.

En España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.

Este documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto BREED – Construyendo resiliencia comunitaria y desarrollo sostenible a través de la economía social, cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de Mercado Único SMP bajo el acuerdo de subvención n. 101074094, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo comunitario sostenible a través de la promoción de iniciativas de economía social.

Estas directrices proporcionan orientación práctica y mejores prácticas para aprovechar los principios de la economía social para abordar los desafíos locales y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.

PÚBLICO OBJETIVO
Estas pautas están diseñadas para:

• Autoridades locales.
• Organizaciones comunitarias.
• Actores de la sociedad civil.
• Otras partes interesadas en impulsar cambios positivos a nivel de base.

El proyecto BREED ha sido desarrollado por la Fundación Comunitaria de Agrigento e Trapani (FCAT, Italia) en cooperación con la Mancomunitat de la Ribera Alta (España), El Cairo (Grecia), la Cámara Municipal de Paredes (Portugal) y la Red Europea de Integración Social. Empresas (ENSIE, Bélgica).

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