La decisión adoptada el pasado 14 de marzo por los estados miembro de la UE de respaldar el acuerdo político de la Presidencia belga a propósito de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) supone un importante paso adelante en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente frente a los perjuicios causados por las empresas.

Este respaldo político es una decisión histórica a favor de la regulación de las empresas para que respeten el planeta y los derechos de quienes se ven afectados por las operaciones empresariales -incluidas las mujeres, los trabajadores y las comunidades indígenas-, y para que proporcionen acceso a la justicia a las víctimas.

Sí a la Directiva, pero concesiones de última hora lamentables y desoladoras

Aunque la aprobación de hoy por el Consejo de la UE es un paso importante para la adopción formal de la Directiva, los cambios de última hora debidos a maniobras políticas de varios Estados miembro y grupos de presión empresariales han diluido aún más un acuerdo político que ya no cumplía plenamente las normas y expectativas internacionales. Lamentablemente, la Directiva sólo se aplicará a menos del 0.05% de las empresas y actividades empresariales de la UE que suelen entrañar riesgos para el medio ambiente y los derechos humanos.

«La aprobación de la CSDDD en el Consejo es un avance para la protección, respeto y reparación de abusos a los derechos humanos y al medio ambiente en el contexto empresarial. Sin embargo, la dificultad para alcanzar este acuerdo y las preocupantes rebajas del texto, muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar que la CSDDD se convierta en un instrumento eficaz para salvaguardar los derechos humanos y el medio ambiente». Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma Por Empresas Responsables.

Tras el punto muerto en el que se encontraban los estados miembro de la UE la semana pasada, la Presidencia belga logró finalmente alcanzar un compromiso que se tradujo en la aprobación política de la CSDDD. Sin embargo, se han introducido enormes y perjudiciales recortes en el acuerdo político alcanzado con el Parlamento el pasado mes de diciembre. El texto acordado hoy por el Consejo aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo.

Conclusiones y observaciones clave del texto rebajado frente al acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo el pasado diciembre:

Ámbito de aplicación: se reduce el número de empresas de la UE cubiertas.

• Nuestras expectativas: Una sólida ley de diligencia debida de la UE que obligue a TODAS las empresas irresponsables a rendir cuentas.
• La realidad del acuerdo: Según la propuesta presentada hoy al Consejo, estimamos que más del 70% de las empresas incluidas en el acuerdo político de diciembre de 2023 no tendrían que rendir cuentas por los daños causados a las personas y al medio ambiente. Tras un movimiento de última hora de Francia, se propuso reducir el ámbito de aplicación elevando los umbrales de 500 empleados a más de 1.000 de media, y de 150 millones de euros a 300 millones y alcanzando finalmente los 450 millones de facturación. Se propuso suprimir los sectores de alto riesgo, como el textil y la construcción, que incluirían a las empresas más pequeñas, con 250 empleados y un volumen de negocio de 40 millones de euros. Este cambio propuesto es aún más escandaloso si se tiene en cuenta que la propuesta inicial de la Comisión Europea habría abarcado sólo el 1% de todas las empresas de la UE. Nuestra estimación es que disminuye el número total de empresas de la UE cubiertas por la Directiva de 16.000 a menos de 5,500.

Se acorta aún más la la cadena de actividades sujetas a diligencia debida

• Nuestras expectativas: Una directiva transversal que exigiría a las empresas identificar, prevenir, mitigar, responder y remediar los abusos contra los derechos humanos y los daños medioambientales en sus cadenas de valor mundiales en su totalidad (upstream y downstream) .
• La realidad del acuerdo:  Para complacer a grandes Estados miembros como Italia, el acuerdo recién alcanzado reduce aún más las actividades sujetas a las obligaciones de diligencia debida, excluyendo la eliminación, el desmontaje y el reciclado de productos, así como el compostaje y el vertido. Esto significará que las empresas no tendrían que identificar y responder a los riesgos y daños en estas actividades posteriores.

Planes de transición climática. Sí pero sin recompensas por el liderazgo en la implantación de la neutralidad de carbono

• Nuestras expectativa: Una directiva que exija e incentive a las grandes empresas para evaluar los riesgos climáticos y desarrollen y apliquen estrategias de mitigación del impacto climático que puedan aportar el tan necesario cambio hacia la neutralidad de carbono.
• La realidad del acuerdo: Italia y Francia se oponen totalmente a exigir a las empresas que ofrezcan incentivos financieros (es decir, primas) a sus directivos para promover la aplicación de planes de transición climática. Esta disposición habría tratado de acelerar la transición hacia la sostenibilidad recompensando a los directivos. Aunque las empresas seguirán teniendo que adoptar planes de transición, es alarmante que, en plena crisis climática, el Consejo de la UE pretenda eliminar esta herramienta para promover la neutralidad del carbono.

 Fuente: SOMO con algunos datos de Orbis y Eurostat; los cálculos se basan en datos públicos y tienen limitaciones metodológicas.

Reducir los residuos textiles en Europa es el objetivo claro de la resolución legislativa aprobada el 13 de marzo por el Parlamento Europeo. Dicha resolución supone la revisión de la Directiva Marco de Residuos y logra un importante avance, no sólo para reducir los residuos textiles, sino también para fortalecer a las entidades de la Economía Social.

Reforzar la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)

Reducir los residuos textiles en Europa es necesario y pasa por la ampliación de los sistemas de RAP. El Parlamento Europeo así lo ha comprendido, en parte gracias a las reivindicaciones de las entidades de la Economía Social que gestionan residuos.

Justo el día anterior, la red europea RREUSE, a la que AERESS pertenece, emitía una carta abierta a los responsables políticos para lograr que la posición oficial del Parlamento Europeo potencie la necesaria labor de las entidades de la Economía Social. De esta manera, con esta carta firmada por más de 80 entidades sociales europeas, se ha logrado que la posición oficial del Parlamento incluya los siguientes puntos:

• Cobertura total de costes para las empresas sociales
• Primar el principio de proximidad en la clasificación de residuos
• La toma de decisiones relativa a la RAP debe contar con la participación plena de las empresas sociales
• La RAP debe financiar la reparación y preparación para la reutilización de residuos textiles gestionada por empresas sociales
• Reforzar la lucha contra la fast fashion
• Dificultar la instalación de contenedores de recogida ilegal estableciendo un sistema de registro y permisos necesarios más estricto
• Alinear la financiación a la jerarquía de residuos, anteponiendo la prevención, y la preparación para la reutilización al reciclaje

El acuerdo del Parlamento Europeo para reforzar los sistemas de RAP supone, en la práctica, que los fabricantes de textiles que se venden en la Unión Europea deberán cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclado de sus residuos por separado. La Comisión Europea había propuesto un plazo de 30 meses para que los Estados miembros acometan estos sistemas, pero ayer, con el acuerdo alcanzado, este plazo se reduce a 18 meses.

Reducir los residuos textiles en Europa es posible

Desde AERESS, como miembros de RREUSE y como actores principales en la transición ecológica socialmente justa, celebramos este nuevo paso hacia la necesaria reducción de residuos en que las entidades sociales son pioneras. La carta abierta de RREUSE que reclamaba a los actores políticos estos importantes avances, fue firmada por más de 80 entidades sociales. La unión y la cohesión de criterios ha sido clave para este logro que seguiremos con atención en sus futuros desarrollos legislativos

En el número de ayer 30 de septiembre de El Periódico de Extremadura salió un especial en Economía que ha redactado Juan José Ventura y dentro del cual hay un artículo sobre la Economía Social Solidaria en Extremadura.

Si queréis ver el especial completo, artículo a artículo podéis ver los adjuntos, de los que uno de ellos es el artículo concreto donde se habla de la ESS en Extremadura. Es la cobertura más amplia e importante en prensa desde que presentamos el informe hace un año.