¿Cómo generar una cooperativa de consumo? ¿La organización para la compra conglomerada es posible? ¿Qué opciones tengo como pequeño productor?… Todo eso y más en este manual.

En esta mesa que se celebrará dentro del EMES2021, se quiere abordar el poder de transformación del modelo productivo y social desde el consumo. Escuchar las propuestas innovadoras de diferentes organizaciones que están promoviendo modelos alternativos. Demostrar que si nos organizamos colectivamente nuestro consumo entre cientos de personas y empresas conscientes del poder transformador del mismo tiene una capacidad inmensa para transformarlo todo.

Modera:
Carlos Ballesteros, Cátedra de Impacto Social – Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

Participan:
> Susana Ortega, Mercado Social de REAS-Red de Redes.
> Belén Soler, Red de Mercados Agroecológicos en Teruel.
> Vicent Garcia, ALTERNACoop – Cooperativa de movilidad eléctrica, Valencia.
> Cristina Freijanes, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito «Unacc».

En el archivo adjunto, se puede consultar el programa completo del congreso

REAS Red de Redes impulsa la séptima Campaña anual de Auditoría/Balance Social. Una herramienta de evaluación de la Economía Social y Solidaria (ESS), que valorara el impacto social de las empresas ante la sociedad, actúa como un sello para certificar el consumo responsable y es utilizable de cara a licitaciones y subvenciones de las organizaciones participantes.

Toda empresa o entidad que se proponga evaluar sus prácticas puede participar. Entre las áreas que se analizan se encuentran: el funcionamiento económico y la política de lucro; la perspectiva de género; la equidad y la democracia interna; la sostenibilidad ambiental; el compromiso social y la cooperación; y la calidad del trabajo. Los ejes básicos de la Carta de principios de la Economía Social y Solidaria. Se trata de una herramienta gratuita y abierta a todo tipo de organizaciones con actividad económica, no sólo dirigida a las más de 800 entidades que conforman REAS Red de Redes.

El 87% de las 495 empresas que participaron en 2020 mejoran los permisos legales de conciliación; el 61% de las personas en puestos de responsabilidad son mujeres, aunque la brecha salarial del salario medio alcanzaba el 5,30% (los hombres cobraban 21.568,22 euros mientras que las mujeres 20.424,90 euros. Dicho indicador alcanza el 21.42% en las compañías del mercado tradicional.) El 95% de las entidades adquieren bienes y servicios con criterios de consumo responsable o que el 69% de las entidades operan con finanzas éticas.

“El tejido ha demostrado que la solidaridad es un aspecto nuclear a su práctica, impulsando y participante de multitud de iniciativas de respuesta a las tres grandes emergencias provocadas por el Covid-19: la sanitaria, la socio comunitaria y la socioeconómica”, como recogía el informe de Análisis del impacto del Covid19 en la ESS.

Consumo interno

Como novedad este año se busca fomentar el consumo interno dentro del circuito de Mercado Social. Así como detectar nuevos nichos de mercado para la ESS, poniendo más en relación a las entidades atendiendo a sus necesidades de compras. En 2020 de las compras de las 495 entidades participantes sólo el 7,8% o equivalente a 14,1 millones de euros, se realizaron en el marco del Mercado Social. Y otro 8,7% o 15,8 millones, en entidades no lucrativas.

Desde REAS Red de Redes, invitan a todas las organizaciones económicas con voluntad transformadora a sumarse a la campaña de este año, donde se toma como fuente de inspiración la metáfora feminista del iceberg para recalcar la importancia de estos datos para visibilizar apropiadamente los impactos y beneficios de la Economía Social y Solidaria. ¡#MuESStrateMuéstranos!”

Artículo de Blanca Crespo Arnold, consejera de comunicación de REAS Red de Redes para CuartoPoder

¿Tiene sentido vincular el consumo responsable con la perspectiva de género?¿Puede nuestro consumo ser también una herramienta de incidencia para promover la equidad de género? Aún con el espíritu del 8M y con el 15M, día del consumo responsable, como horizonte, indagamos en las posibilidades que tenemos como personas consumidoras para contribuir a la equidad de género.

Estas preguntas que para algunas seguramente tienen una respuesta evidente pueden resultar pertinentes y útiles en otros ámbitos, especialmente aquellos donde el consumo responsable se centra principalmente en repensar los impactos medioambientales de nuestro consumo o, a lo sumo, se pregunta por las realidades sociales que hay detrás de este acto, pero desde un enfoque más de poblaciones empobrecidas, con perspectiva Norte-Sur que desde un enfoque de género.

Para ello, en este 15M, proponemos no perder de vista lo puesto en común hace tan sólo unos días, cuando visibilizábamos los aportes de los feminismos en la construcción de nuevos marcos que pongan la vida en el centro, reconociendo de manera específica el papel de las mujeres en este cambio de paradigma. Y, en concreto, proponemos acercarnos a las mujeres que están haciendo economía, generando mucho de los productos y servicios que nos permiten resolver a diario nuestras necesidades más vitales. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo son estas mujeres? ¿Están recibiendo el suficiente reconocimiento y apoyo respecto de sus contribuciones?

Gracias a a un estudio sobre su perfil competencial realizado por REAS Red de Redes para incrementar y visibilizar el liderazgo de las mujeres de la Economía Social y Solidaria (ESS) podemos conocerlas ahora algo más. Por ello, sabemos que son el 64% del entorno, un entorno que hace esfuerzo para proporcionarle condiciones de igualdad en una sociedad cuyo sesgo de género le/les condiciona, relegando su liderazgo en muchas ocasiones a la invisibilidad. Porque el “liderazgo femenino sigue en la sombra. Hay muchas mujeres trabajando y concretando los proyectos en la práctica, pero realmente la orientación política final no la llevan las mujeres”. Y es que “a las mujeres nos faltan las referentes femeninas para que podamos vernos en puestos de decisión”, “las mujeres estamos socialmente programadas para estar en el segundo plano”, “vemos que por el coste que conlleva la toma de decisiones no compensa. Para los hombres la visibilidad y el poder tiene más importancia”. “Tenemos nuestro propio techo de cristal y, aunque menos descarado que fuera, sí sucede.”

Extraemos todas estas declaraciones de entre las más de 150 personas que participaron en el proceso de investigación y “cuya metodología se ha basado en la triangulación de diferentes técnicas, tanto cualitativas (entrevistas en profundidad y grupo focal), cómo cuantitativas (cuestionario de encuesta), lo cual ha permitido sumar las fortalezas y aminorar las debilidades de cada una de ellas”, como establece Daria Wencel, una de las dos investigadoras de este estudio financiado por la Fundae.

Conocer para apoyar

“La primera cosa sería que la gente [no vinculada con la ESS] conociera que se puede hacer economía de otra manera, que es factible hacerlo y que existe gente trabajando en esto. Esto es imprescindible para que el movimiento crezca”. Como bien denuncian los feminismos, lo que no se ve no existe, y este estudio ayuda a conocer la realidad de las mujeres emprendedoras en el marco de la ESS y a que, por tanto, existan en nuestros imaginarios, para que cuando pensemos en actividad empresarial, veamos también a las mujeres empresarias, sepamos cómo son y cuáles son sus aportes, que no son pocos.

Ésta es también una de las contribuciones derivadas del balance social, herramienta de autoevaluación a la que se someten anualmente las empresas de la ESS, en un ejercicio de transparencia y compromiso de mejora sin referentes en el mundo empresarial. De dicha práctica se hace eco este estudio, que recoge cómo “las condiciones de trabajo de género femenino en las entidades afiliadas son muy favorables si las comparamos con los datos del estado español que reflejan las de la economía hegemónica”. En efecto, “la Economía Social y Solidaria facilita el trabajo a mujeres en mayoría. El 64% de las trabajadoras son mujeres, mientras en el Estado español el género femenino supone tan sólo el 43,5%. Además, una serie de indicadores refleja que las entidades realizan verdadero esfuerzo para que la ESS cree entornos laborales igualitarios y respetuosos para las mujeres. El 87% de las entidades aplica medidas para mejorar los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación laboral-familiar, el 81% usa el lenguaje inclusivo verbal y escrito y un 79% establece espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras en relación a su situación en el entorno laboral”.

Si bien estos resultados son muy satisfactorios porque, además, muestran tendencia de mejora anual, “aún sigue por subsanar la brecha salarial entre las mujeres y los hombres (5,3%) y el hecho de que las proporciones de género se ven afectadas si se trata de los temas de liderazgo y de la toma de decisiones. Siendo mujeres el 64% de personas trabajadoras, solamente el 55% de las personas participan en la aprobación de planes estratégicos y un 53% de las personas ocupan cargos societarios o políticos son de género femenino. Asimismo, en el año 2020 sólo un tercio de entidades ha elaborado sus planes de igualdad”. Todos estos resultados derivados de la lectura de género del balance social, que desde hace dos años incorpora esta práctica de autoevaluación con gafas violeta, constituyen una sólida base para apuntalar determinadas prácticas donde la ESS es referente, tales como los permisos de conciliación, muy por encima de la media de las empresas de la economía capitalista, así como corregir aquellas cuestiones donde la voluntad de cambio y equidad de género aún no ha cristalizado en los mejores resultados posibles, como la pequeña brecha salarial que existe (5,3% frente a un 21% en la economía convencional) o un mayor participación en los planes estratégicos y cargos societarios.

Por un consumo por la igualdad de género

Por que, como referencia también el presente estudio, una “mayor presencia femenina en altos cargos puede traer múltiples beneficios a las organizaciones”. Diversas investigaciones avalan esta afirmación que podría sustentarse en un estilo de liderazgo diferente entre hombres y mujeres, donde éstas últimas enfatizan más en las personas y los procesos democráticos, a partir de un liderazgo entendido como responsabilidad de todos y desde la constitución de estructuras menos burocratizadas y un estilo colaborativo, compartido y no competitivo.

En este punto parece sensato pensar que tenemos un amplio campo de acción para contribuir a generar marcos inclusivos y feministas, apoyando a aquellas empresas que fomentan liderazgos femeninos transformadores. Pues, al igual que no tiene el mismo impacto para la relocalización de la riqueza en un territorio consumir en el comercio local y de cercanía que en una gran superficie multinacional (en el primer caso como mínimo un 50% del dinero invertido revertirá en el territorio en nuevos salarios y compras mientras que en el segundo hablaríamos de un escaso 5% de retorno local), tampoco lo tiene adquirir un servicio (véase bancario, de telefonía, energía, textil…) en una empresa con políticas de conciliación, igualdad salarial y que promocione el liderazgo femenino o que, por el contrario, mantenga una alta brecha salarial y ponga trabajas a la conciliación laboral. Porque en ambos casos estaremos apoyando y legitimando con nuestro consumo un modelo respetuoso con el medio y las personas, o todo lo contrario…

Un apunte antes del cierre. Cierto es que quienes abogamos por un consumo responsable, crítico y transformador, solemos cargarnos a nuestra espalda una responsabilidad que, cuanto menos, debe ser compartida con las Administraciones públicas, cuya contratación supone entre el 15 y el 18% del PIB estatal. El impacto y la capacidad de transformación y mejora de nuestros territorios a partir de cláusulas sociales y medioambientales que prioricen estas cuestiones en sus pliegos de contratación pública de servicios es indiscutible, y debería ser, por tanto, la práctica habitual, tal y como indican las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/25/UE. Estas directivas buscan dar respuesta así “a la creciente preocupación de la ciudadanía por la preservación del medio ambiente, por asegurar condiciones laborales dignas frente a la acuciante precariedad laboral y por la eliminación de las desigualdades sociales”. Esto, “se ha traducido, en la normativa estatal, en la toma en consideración de manera transversal y preceptiva de cláusulas de Contratación Pública Responsable, con la introducción del ciclo de vida como criterio básico para la construcción del precio de oferta, la exigencia de estándares y etiquetas que acrediten el cumplimiento del clausulado social y ambiental, y de la reserva de mercado a las empresas de la Economía Social y Solidaria”, como establecen Luigi Carinci y David Comet, expertos en la materia y miembros del Grupo de Contratación Pública Responsable de REAS RdR.

Es importante recordarlo precisamente ahora cuando la aplicación de los fondos europeos para la recuperación Next Generation EU han venido justamente a revertir en cierta forma esta directriz, gracias al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Este decreto, bajo el pretexto de urgencia para la aplicación de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo declarado “eliminar los cuellos de botella y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones”. “Un ejemplo de en qué se traduce esto es su artículo 49, que establece que a los contratos de Next Generation no les será de aplicación el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige un control tan básico como la autorización del Consejo de Ministros para contratos superiores a doce millones de euros”, como denuncian desde Open Generation Eu, plataforma que agrupa a actores de la sociedad civil para reclamar una gestión transparente y accesible de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así pues, como ciudadanas estamos en nuestro derecho de exigir políticas acorde con los retos del momento, y pedir a las Administraciones públicas la aplicación de medidas necesarias para garantizarlo, especialmente si hablamos de dinero público. De igual modo, desde nuestro papel de consumidoras conscientes y críticas, tenemos así mismo un importante rol para exigir y apoyar iniciativas que nos encaminen a la equidad de género. Así que cuando vayamos adquirir un producto o servicio no olvidemos de colocarnos las gafas violetas…

Se trata de una recopilación de casos prácticos que pretende mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable. Cabe destacar, por su cercanía, la inclusión de la buena práctica del Ayuntamiento de Pamplona e Iruña, así como iniciativas de Catalunya, Madrid o Salamanca.

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME, por sus siglas en inglés) ha publicado el documento -hasta el momento únicamente disponible en inglés- Making socially responsible public procurement work : 71 good practice cases (“Haciendo que la contratación pública sostenible funcione: 71 buenas prácticas”).

La recopilación de casos prácticos pretende mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable, mostrando 71 ejemplos de cómo los compradores públicos han obtenido beneficios sociales en la práctica. Este estudio pretende difundir modelos de procedimientos de licitación y políticas públicas adecuados con el fin de estimular su réplica en distintas partes de Europa.

Con motivo del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras que empieza hoy, de manera online, en Cuartopoder ofrecemos esta entrevista a Marta G.Rivera-Ferre. Es una de las participantes en la sesión inaugural del Foro, directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de VIC-UCC y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas.

-¿Cómo has pasado estos últimos tres meses?

-Pues casi me sabe mal decirlo, pero durante el confinamiento lo he pasado bien. Tengo tres hijos, que ni querían volver a la escuela, he reducido a cero el número de viajes, también mi porcentaje de emisiones, y me he dado cuenta de que muchas de las cosas que hacemos no hace falta hacerlas en modo presencial con lo cual el nivel de estrés ha sido muchísimo menor, así que me encuentro descansada y con muchas ganas de participar en el FSMET.

-¿Cómo participáis del consumo agroecológico en casa?

-Una de las cosas interesantes del confinamiento para las personas que trabajamos en agroecología es que el sector ha salido bastante reforzado, incluso ha habido momentos de desborde para poder satisfacer el incremento de la demanda. Nosotros tenemos el compromiso de una cesta con un colectivo de productores, que lo traen a la tienda del barrio, y llegó un momento que no daban abasto. Entonces como conocemos gente del “mercat de pagès” que organiza la Xarxa de Consum Solidari, y con las compañeras de Can Fonoll nos organizamos y traen la cesta, muy fácil si quieres.

-Hemos oído mucho estos días que las familias han tenido que invertir mucho más en comida durante estos meses. ¿La factura de una cesta agroecológica sube mucho?

-Sinceramente, siempre he tenido la sensación de que eso no es así. Lo que está claro es que no puedes extrapolar. Una dieta, una mala dieta, que es la actualmente caracteriza a nuestra sociedad, una dieta cargada de proteína animal, no la puedes extrapolar a un consumo ecológico. Un pollo ecológico, por ejemplo, tarda noventa días en crecer y un pollo industrial solo treinta, además el espacio que necesitan unos y otros no tiene nada que ver, es evidente que no pueden costar lo mismo. Lo que hay que saber es que nuestra dieta, y más aún en nuestro entorno mediterráneo, consistiría en comer poca carne, poca proteína animal y mucha más verdura y legumbres. Si esto lo revertimos, con una dieta agroecológica no tienes porqué gastarte más dinero.

-¿Es posible cambiar el consumo industrial actual en nuestra sociedad?

«Si todo el mundo quisiera consumir agroecológico ahora mismo no tendríamos suficientes productores»

-Si todo el mundo quisiera consumir agroecológico ahora mismo no tendríamos suficientes productores. Habría que reorganizar la demanda y la producción, pero si hubiera una buena organización, se podría hacer sin ningún problema. Habría que recuperar el suelo agrario que hemos perdido en las últimas décadas y recuperar el cultivo de los alimentos que nos faciliten una buena dieta. Las legumbres tienen que volver a formar parte de las rotaciones que luego permitan otros cultivos, de cereales por ejemplo. No puede ser que el 80% de las legumbres que consumimos en España sean importadas.

-¿Quién ha hecho que todo esto se haya perdido?

-La responsabilidad es de los gobiernos. Desde la Segunda Guerra Mundial, con la excusa de garantizar la alimentación de la población mundial en un contexto de postguerra, se proponen una serie de políticas agrarias de industrialización de la agricultura. En los años sesenta entra en el proceso la investigación académica que se desarrolla dentro de ese discurso de una agricultura industrializada que produzca muchos alimentos, con la excusa de erradicar el hambre en el mundo. Es entonces cuando se desarrolla lo que se conoce como el «paquete de la revolución verde», las semillas híbridas, los agroquímicos asociados, y por tanto una promoción de la adopción de ese paquete por parte de los agricultores y agricultoras.

Se les vende a los agricultores el discurso de que ellos son un sector más de la economía, que son empresarios, que tienen que entrar en la rueda del crecimiento económico, y en los años noventa, cuando se había implementado este paquete, pasamos a la dimensión de la expansión del sistema capitalista para acabar con la fase de globalización, con la aparición de la Organización Mundial del Comercio y la inclusión de la agricultura como parte del comercio internacional. A partir de ahí, desregulación y descontrol total, convenios entre países ricos y países en desarrollo, con el consecuente y sabido juego de poderes dentro del sistema, deuda externa que hace más pobres a los pobres, crisis de precios, y la imposición de cultivos. Una agricultura subsidiada que acababa a marchas forzadas con la agricultura local.

-¿Esta agresión contra este derecho fundamental tuvo respuesta?

-En el mismo momento en que nace la Organización Mundial del Comercio nace una propuesta de los campesinos y campesinas del mundo, la «soberanía alimentaria». Ellos se rebelan porque han perdido esa capacidad de decisión sobre lo que quieren o deben producir, les viene impuesto, y porque el consumidor también ha perdido su autonomía bajo ese discurso de libre mercado. No podemos decidir qué consumimos a la hora de alimentarnos, no podemos decidir alimentarnos bien y de forma sostenible. Ese movimiento nace con una propuesta de abajo arriba, muy articulada y con unos objetivos muy claros que pasan por la eliminación del sistema capitalista. Bajo mi punto de vista esta es la organización internacionalista más potente, representa a más de doscientos millones de productores mundiales. A esta propuesta se van uniendo otros productores, movimientos ecologistas, la marcha mundial de las mujeres con el feminismo como pilar imprescindible, y muchos más. Desde la base se genera una alternativa para obtener esta soberanía alimentaria que en cada contexto dependerá del ecosistema, de la cultura y de la posibilidad de lucha en cada territorio.

-¿Cuál es la repercusión de todo esto en la actualidad?

-Si a todo esto le sumamos el cambio climático, provocado también en buena parte por el sistema alimentario y la brutal emisión de gases invernadero, el resultado es la desaparición de los agricultores y agricultoras, la inmigración por falta de recursos y el empeoramiento de la salud. Todo por culpa de las políticas impuestas y por introducir la agricultura en un marco de crecimiento económico, cuando la agricultura es un sector primario y no se pueden tratar sus productos como una mercancía normal.

-¿Y qué pasa aquí, en nuestro territorio?

-La industrialización de la agricultura pretende producir más con menos gente y desvalorizar el trabajo en el campo y la producción agraria. Se asocia al campesino, a paleto, analfabeto, incluso en el ámbito de la cultura popular, y a la vez se le explota. Un campesino no es un empresario. Quien trabaja el campo se plantea como objetivo la reproducción de su medio de vida, lo cual pasa por garantizar la continuidad del agrosistema, desde una perspectiva de respeto total a la sostenibilidad, mientras que un empresario capitalista tiene como objetivo principal la acumulación de capital sin importarle mucho el ecosistema. Si la cosa no funciona traslada el chiringuito a otra parte sin importarle lo que arrasa a su paso, suelos degradados, acaparamiento de tierras, expulsión de campesinos, despoblación, etc.

«La industrialización de la agricultura pretende producir más con menos gente y desvalorizar el trabajo en el campo y la producción agraria»

Aquí tenemos un 1% de personas productoras de alimentos, de las cuales un porcentaje pequeño son campesinos y campesinas. Así que resulta evidente que el contexto es muy diferente a un país que cuente con el 30% de población campesina. Aquí muchos productores han querido jugar a ser empresarios, estos, evidentemente, no estarían por el cambio, y los que sí lo querían han abandonado en el camino, o mejor dicho han sido expulsados. Todos ellos serían aliados de una lucha campesina pero son expulsados por el modelo, por la imposición de las economías de escala. Además, son los primeros en ver el agotamiento ecológico. Son testigos directos de la falta de agua y de la dificultad en los cultivos. La esperanza es que en Europa todavía el 50% de los productores tienen menos de dos hectáreas, es decir, producción familiar, y por tanto tenemos capacidad de revertir el modelo en el que nos hemos instalado.

-¿Cómo se hace? ¿Cómo se revierte el modelo?

-Creo que en este momento muchos de esos productores se están dando cuenta del daño que hace la producción industrial en todos los sentidos y de que el modelo está agotado. Y también percibo un cambio de discurso en la administración pública. No se plantea abandonar el capitalismo pero sí empieza a haber muchos políticos que son conscientes de que el sistema alimentario provoca una cantidad importantísima de gases de efecto invernadero, de que no se puede alimentar a toda la población o de que casi dos mil millones de personas padecen de obesidad y otros tantos problemas de salud derivados de la alimentación, con lo que eso supone para el sistema sanitario. No se puede culpabilizar al individuo de la mala alimentación. No es casual que mil novecientos millones de personas decidan comer mal, hay un cambio en el ambiente alimentario que hace que la gente no pueda decidir comer bien. Factores que tienen que ver con la cultura, con el precio, con una serie de elementos estructurales que hacen que consumamos unos productos u otros. Para controlar estos factores las políticas son un elemento fundamental y de momento no buscan la transformación, de momento son sólo parches, pero sí que hay un pequeño giro de discurso.

-¿Se da algún paso en este sentido?

-La evidencia más clara ha sido la reciente estrategia aprobada por la Unión Europea dentro del New New Deal, la Farm to Fork Strategy. El comité de asesoramiento científico a la comisión plantea la reconversión de la alimentación a bien común pero la misma Unión Europea que aprueba esta estrategia no se mueve en sus planteamientos. Aporta elementos interesantes como la reducción del uso de pesticidas y de fertilizantes, pero cuando se trata de abordar la parte más social, siguen hablando de la libre elección de los consumidores y de las buenas prácticas de la industria. No se atreve a ser ambiciosa y tomar medidas de control de precios o de prohibir ciertas prácticas que hacen que los productores tengan que vender por debajo de coste.

-¿Hacer economías de escala de las economías alternativas sería la solución?

-En la agroecología hay muchas experiencias muy interesantes, lideradas por mujeres o con mujeres como grandes aliadas y de un cambio en las personas jóvenes que quieren ir al campo para ganarse la vida en el medio rural, con las dificultades que ello conlleva. Hay muchas alternativas y nos encontramos en un punto en el que nos tenemos que plantear hacia dónde vamos. Hagamos lo que hagamos tenemos que tener en cuenta cómo lo hacemos, para que no se pierdan en el camino los criterios fundamentales, los pilares de la agroecología y a su dimensión social, política o cultural. Lo que no podemos esperar son grandes transformaciones desde arriba, pese a que en esta pandemia han demostrado sobradamente que son posibles. Los Estados-nación que parecían no tener capacidad de hacer nada de repente, en un momento, han sacado una serie de medidas, mejores o peores, pero que nos han cambiado la vida a todos y que han servido para demostrar la fuerza que tienen los gobiernos, y que, si quieren, pueden. Creo que estamos en una fase de cambio pero que como todos los cambios requerirá de mucho tiempo.

-¿Crees que la pandemia ha hecho evidentes las actividades esenciales para la vida?

«De repente las actividades más infravaloradas se han tornado esenciales»

-Hemos visto que es lo que mantiene la vida y que es lo que permite que nosotros podamos seguir viviendo como sociedad, como personas, como individuos. Hemos visto que lo esencial son los cuidados, los sanitarios, las trabajadoras del hogar, los agricultores y las agricultoras. De repente las actividades más infravaloradas se han tornado esenciales. Los gobiernos lo han visibilizado claramente y creo que estamos en un momento donde se pueden entender perfectamente propuestas desde la economía feminista donde se plantea el poner la vida en el centro y que es obvio que el sistema capitalista se construye bajo la invisibilidad y la explotación de una serie de actores y de actividades que son las que realmente están sosteniendo la vida. Eso hay que revertirlo.

-A quien también la ha venido bien el parón es al medio ambiente. ¿También podemos con el cambio climático?

-Hemos parado durante tres meses la emisión de gases invernadero, no el cambio climático, necesitaríamos años para recuperarnos. El CO2 se acumula durante cientos de años en la atmósfera, con lo cual podemos parar las emisiones ahora pero el cambio climático seguiría ahí. Vemos la contaminación atmosférica en ciudades como Madrid o Barcelona, y estos días nos sorprendía hasta poder respirar en ellas, pero a la gente le cuesta mucho ver el problema en su inmensidad. Si no se dan las condiciones estructurales óptimas es difícil cambiar esa tendencia, pero tenemos que aprovechar este bache para sacar evidencias claras. El teletrabajo es una opción. Colapsamos las ciudades con desplazamientos de gente que podría hacer su trabajo perfectamente desde casa. Es un cambio colectivo que no afecta ni a la economía. Hagámoslo.

-¿Cuáles son los objetivos de futuro para la agroecología?

-Uno de los grandes retos es eliminar el sistema alimentario globalizado tal y como lo conocemos actualmente, lo cual no implica eliminar el comercio internacional de alimentos. Desde la soberanía alimentaria se plantea primar los sistemas alimentarios territoriales. Se tienen que desarrollar políticas que permitan reterritorializar los sistemas alimentarios y que la gente que lo haga posible pueda vivir dignamente de su trabajo. Con capacidad de decidir, qué produce y a qué precio lo vende.

Y el otro gran reto es la educación alimentaria. Que los niños y las niñas, sobre todo los que viven en las ciudades, reconecten con la tierra. Tocar tierra revitaliza y permite empatizar con las personas que producen alimentos.

Texto publicado en Cuarto Poder

El 6 de noviembre, el pasillo central de la UPO se inundará de iniciativas, empresas y organizaciones que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de naciones unidas, en particular promoviendo formas de producción y consumo sostenibles. Habrá stands de entidades de la economía social y solidaria de ámbitos como el comercio justo, la agroecología, la cosmética natural, o el reciclaje, entre otras, y se celebrarán varios talleres que invitarán a reflexionar sobre los hábitos de consumo. Además, ese día, el menú ofertado en la cafetería de plaza de américa incluirá ingredientes de producción local, ecológica o de comercio justo.

Las entidades que dispondrán de un stand en la Feria serán: Coop57, DBMK, Autonomía Sur, Panadería L´Andalusí, FIARE, Solidaridad Internacional Andalucía, Som Energia, El Salto Diario, Limonnela (Sistema verde de limpieza), Oikocredit, La Ortiga, Atrapasueños y Un Fermento.
 

La II Feria de Consumo Sostenible comenzará a las 9 horas y finalizará a las 18 horas. Durante la jornada se celebrarán los siguientes talleres:

· 10.30 – 11.30 Taller «Hogar sin tóxicos», por Limonnela.
Edificio 8, planta primera, Aula 4.

·  12.00 – 13.30 Café-taller «Alternativas agroecológicas de consumo: desenmascarando la globalización agroalimentaria», impartido por Pablo Saralegui, investigador de la UPO. Edificio 8, planta primera, Aula 4.

·  14.00 – 16.00 Pide tu menú BIO&LOCAL&JUSTO. Cafetería de la Plaza de América.

·  15.30 – 17.00 Showcooking sobre “Comida saludable de preparación rápida”, por El Gallo Rojo. Edificio 23, planta baja, Laboratorio 8.

Para poder participar en cualquiera de ellos es necesario inscribirse (Plazas limitadas hasta agotar aforo). Para formalizar la inscripción se debe rellenar el formulario on-line que está accesible a través del siguiente enlace web:
http://eventos.upo.es/event_detail/42295/tickets.html

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate //Mientras las élites globales se reunían en Davos para afinar la agenda de acumulación del capital en un momento especialmente crítico, cientos de organizaciones sociales europeas hemos puesto en marcha la campaña Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales, señalando al capitalismo y a las grandes empresas como responsables directas de la profunda crisis ecológica, climática, política y de reproducción social que atravesamos.

Concretamente, la campaña apuesta por el impulso de modelos de comercio antagónicos al vigente, que defiendan los derechos de los pueblos, de las personas y de la naturaleza, no los privilegios de las empresas transnacionales; aboga por la regulación de la actividad de dichas corporaciones, fuente de impactos nocivos sistemáticos sobre las mayorías sociales –laborales, sociales, culturales, ambientales, económicos, etc. –, en su frenesí por maximizar beneficios en un contexto de incertidumbre, bajo crecimiento y colapso ecológico; y defiende una justicia pública, socialmente comprometida, posicionada en favor del interés general, que ayude a enfrentar democráticamente los grandes retos globales actuales.

Bajo este marco político, la campaña pone el foco en el desmantelamiento de los tribunales de arbitraje. Estos, herramienta colonial de control del Sur Global durante décadas, son ahora un elemento habitual en los acuerdos de comercio e inversión de última generación, e impulsan la expansión de una justicia privatizada a escala global en favor de la protección de las inversiones de las multinacionales. Estas cuentan, de este modo, con un sistema propio de justicia, paralelo al público, a través del cual pueden denunciar a los Estados –nunca al revés–, si vieran lesionados sus intereses y beneficios pasados, presentes e incluso futuros. Los árbitros que conforman dichos tribunales –en masculino, ya que fundamentalmente son hombres– suelen ser expertos en comercio internacional, emiten laudos millonarios de obligado cumplimiento, y siguen una agenda política que se sostiene sobre valores corporativos explícitos: pacta sunt servanda, lo que se firma se cumple, independientemente de si las condiciones contractuales de partida se modifican; la seguridad de las inversiones por encima del mandato popular o del bienestar común; y la construcción de un mercado global sin trabas al comercio como máximo mandamiento, sacralizando de esta manera el acceso al mercado de las grandes empresas.

La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya; la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL): el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC; o el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, son solo algunos de los principales tribunales privados. Representan, sin duda alguna, una agresión contra el sistema público de justicia, y ponen la puntilla a un proceso de progresiva indefensión de personas y pueblos. Si el marco internacional de los derechos humanos, pese a situarse en la cúspide de la pirámide normativa, no cuenta con estructuras y dinámicas de exigibilidad y justiciabilidad internacional frente a las empresas; si, tras varias décadas de neoliberalismo, la regresión en la vigencia de los derechos colectivos es una realidad generalizada en el ámbito estatal; ahora, la expansión de los tribunales de arbitraje completa el proceso, creando un sistema global de ‘justicia’ que blinde los intereses empresariales.

Tribunales de arbitraje y constitución económica global

Los tribunales de arbitraje son precisamente parte de un proceso más amplio que, a través de la nueva oleada de tratados de comercio e inversión en los que estos se insertan, pretende implementar una constitución económica global que definitivamente sitúe en la cúspide político-jurídica los intereses corporativos y a las empresas transnacionales. De este modo, se pretende amputar drásticamente –aún más– las capacidades políticas de los Estados. Estos ven así limitadas sus capacidades legislativas, al imponerse una nueva definición de comercio e inversión que prácticamente lo incluye todo bajo la égida de los tratados, reduciendo al mínimo los asuntos a debate en función del mandato democrático. También sus capacidades ejecutivas, al crearse nuevos organismos supraestatales de convergencia reguladora, cuya misión es presionar el pos de la armonización a la baja en derechos colectivos, como vía para garantizar el flujo sin trabas del comercio internacional. Y, finalmente, sus capacidades judiciales, mediante los tribunales de arbitraje, como ya hemos comentado. En sentido contrario, emerge y se instaura progresivamente un gobierno de facto de las empresas transnacionales, imponiendo definitivamente su ‘ley’, sus estructuras políticas y su justicia ad hoc.

Es bajo este paraguas que la empresa sueca Vattenfall ha denunciado a Alemania por su decisión de acabar en 2020 con la energía nuclear por razones de seguridad; que Chevron-Texaco, pese a generar un desastre ecológico en las Amazonía ecuatoriana, gana una demanda millonaria contra el Estado aduciendo el incumplimiento de un acuerdo de este con Estados Unidos; que Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa–, exige 436 millones de euros por supuesta expropiación de Electrocaribe en Colombia, cuando esta ha sido duramente criticada por ‘tarifazos‘, desinversión y fallos permanentes en el servicio; o que el Estado español –tercer país más demandado del planeta–, tenga pendientes 32 casos valorados en unos 8.000 millones de euros, a la vez que transnacionales de matriz española mantienen en la actualidad 40 litigios contra diversos países.

El resultado de estos procesos, normalmente, favorece a las corporaciones, especialmente a las que superan los 10.000 millones de facturación anual.  Así, a lo largo de la última década, más del 60% de los casos fallan a favor de estas. De este modo, quienes ganan son las empresas; quienes son amedrentados con demandas millonarias si impulsan normativas que puedan lesionar los intereses corporativos, incluso en respuesta a un mandato popular, son los Estados. Quien paga, en última instancia, es la ciudadanía en su conjunto. Negocio perfecto: intereses empresariales blindados, soberanía y voluntad popular cercenadas y
amenazadas.

La Unión Europea y la justicia privatizada

La Unión Europea es una de las defensoras más enconadas de los acuerdos comerciales y, por tanto, también del sistema de protección de inversiones.

Su dependencia energética y de materiales, junto con la febril búsqueda exterior de nuevos mercados ante su incapacidad para crecer económicamente, la convierten en la ‘campeona de los tratados’. Impulsa de esta manera una muy agresiva ofensiva mercantilizadora. Los acuerdos de los últimos años, firmados o en negociación, dan buena fuente de ello: Canadá, Japón, Singapur, México, Vietnam, Mercosur, etc., son algunos de los hitos principales, a los que ahora se suma la recuperación del mandato para negociar con Estados Unidos un TTIP light. Se apuesta así, explícitamente, por expandir la constitución económica a escala global, y por ende el sistema de tribunales de arbitraje.

La defensa de esta justicia privatizada por parte de la UE, al tratarse de una cuestión políticamente sensible, se ha caracterizado en los últimos años por su dinamismo, combinando alternativas diferentes. La primera propuesta fue el formato de “resolución
de controversias inversor-Estado” (ISDS, por sus siglas en inglés), incluido en el borrador del actualmente congelado TTIP.

La contestación social fue tan rotunda que fue sustituido por una segunda propuesta: el “sistema de tribunales de inversión” (ICS, por sus siglas en inglés). Esta fórmula –conocida también como el ISDS zombie–, relaja algunas de las exigencias del ISDS (apertura a incluir la carrera judicial como requisito para ejercer de árbitro privado; reducción del número de árbitros para casos menores; imposibilidad de compaginar instancias públicas y tribunales de arbitraje; capacidad de apelación), pero en todo caso mantiene su defensa de una justicia corporativa y ad hoc.

A pesar de ello, la protesta social continuaba. Además, tanto el ISDS como el ICS obligan a que cada acuerdo pase para su aprobación por todos y cada uno de los Estados miembros –además de las instituciones comunitarias–, precisamente porque la protección de las inversiones no es competencia exclusiva de la UE. Para evitar este engorroso e impredecible proceso, se impulsa una tercera propuesta: el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC, por sus siglas en inglés), que facilita su aprobación exclusivamente a escala comunitaria, redirigiendo la protección de inversiones a un nuevo y único tribunal por crear, para lo cual ya existe un mandato específico.

La UE, en definitiva, no ha cejado en su defensa de una justicia privatizada, combinado las tres propuestas en liza dentro de una misma estrategia que, en función de las correlaciones de fuerzas y de los contextos, mejor le permita avanzar en la expansión progresiva de la constitución económica global.

Paradójicamente, es justo lo contrario que está haciendo a nivel interno, ya que tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europea que considera ilegal todo tribunal de arbitraje entre países comunitarios, planea terminar con 200 tratados internos, instando a las corporaciones a retirar viajas demandas e impedir nuevas. La matriz colonial de la iniciativa, de este modo, en su pleno apogeo: ampliar la justicia privatizada de cara al exterior, desmantelarla por ilegal dentro de la UE.

Es preciso, en definitiva, avanzar en términos de coherencia, oponiéndose frontalmente a todas estas variantes de tribunales de arbitraje. La UE debe eliminar toda fórmula de justicia privatizada de su política comercial, denunciando todo acuerdo vigente y evitando la firma de nuevos que las incluyan, de una u otra manera. A su vez, precisamos de normativa internacional, exigible, justiciable y coercitiva, que regule la actividad de las grandes empresas y revierta la indefensión de personas y pueblos frente a
los crímenes económicos y corporativos.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

El proper divendres 30 de novembre, a les 18h, us esperem al Menador Espai Cultural de  Castelló de la Plana (Plaça de l’Hort dels Corders, 4) en la projecció del documental “Food Coop” (veure tràiler: https://vimeo.com/245611831) i el posterior debat sobre models de consum amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris.  

El documental Food Coop s’endinsa en l’ànima de Park Slope Food Coop, un dels supermercats d’aliments cooperatius més antics dels Estats Units. Explica la història i el funcionament quotidià d’aquest supermercat cooperatiu, que des de 1973 agrupa més de 16.000 socis al barri de Brooklyn. L’èxit d’aquesta cooperativa dibuixa altres models per canviar els sistemes de producció i distribució d’aliments i ha inspirat la creació de diversos projectes de supermercats cooperatius al llarg i ample del món. 

En acabar la projecció es realitzarà un debat posterior per a comentar quines alternatives de consum tenim a l’abast i com podem fer per a seguir avançant cap a formes de vida més sostenibles en un planeta finit.  

Aquesta activitat s’emmarca en les accions del projecte “Rumb el 2030: generant xarxes entorn d’una economia transformadora al País Valencià”, finançat per la Generalitat Valenciana, amb el qual REAS País Valencià i CERAI estem impulsant l’existència del Mercat Social (méS) del País Valencià, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris.

Organitzen: REAS País Valencià i CERAI

Col·labora: Generalitat Valenciana (Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació)

«Consumo a fuego lento: una receta de la economía feminista» es el título del artículo firmado por Leticia Toledo y Mª Victoria Coronado (revista Soberanía Alimentaria) en la edición impresa de Píkara Magazine. En él, examinan lo que hay de político en lo que se consume y en las elecciones que tienen que ver con nuestra alimentación. Además, subrayan la importancia de alcanzar un mejor reparto en cuanto a la brecha de género en las tareas domésticas.

«El acto político del consumo no puede quedarse solo en el proceso de la compra, es decir, en el ámbito público, hay que politizar también todas las tareas que conlleva en el ámbito privado.»

Para leer el texto completo, visita la versión online de Píkara: http://www.pikaramagazine.com/2018/09/consumo-a-fuego-lento-una-receta-de-la-economia-feminista/

SETEM PV crea Pam a Pam, un mapa col·laboratiu d’Economia Social i Solidària a la Comunitat Valenciana que té com a objectiu visibilitzar iniciatives basades en el Consum Responsable per a oferir a la ciutadania alternatives capaces de transformar el nostre entorn des de la cistella d’anar a comprar

Por Toni Lodeiro. Divulgador y consultor en nueva cultura del consumo (Opcions Consultoría)

¿Y si la alternativa a supermercados como Veritas fuesen los supermercados cooperativos? Los pases del documental “Food Coop” están promoviendo el debate y el nacimiento de decenas de proyectos.

Recuerdo haber dicho en 2013, en un debate en la Fira d’Economia Solidària, de Barcelona, que el modelo habitual de los grupos de consumo agroecológicos era, en buena medida, solo apto para motivadas y de corto alcance. Y que las alternativas transformadoras deberíamos fijarnos más en qué estaban haciendo bien empresas como Triodos Bank o Veritas (una cadena de supermercados especializada en alimentos de producción ecológica), que se estaban llevando de calle el consumo miles y miles de potenciales consumidoras conscientes. Me acuerdo de haberlo dicho porque recuerdo como para bastantes personas de nuestro sector fue una afirmación chocante, que generó algún malestar.

Veníamos de implicarnos en la campaña “Supermercados NO, gracias”, impulsada a nivel estatal en 2007 y crítica con el modelo de grandes superficies. Y los grupos y cooperativas de consumo agroecológico, generalmente de pequeño formato, experimentaban un auge. Solo en Cataluña se había pasado de unas 40 experiencias en 2007 a más de 160 en 2013. Pero esta última cifra no ha seguido aumentando y, a día de hoy, el crecimiento se ha convertido en estancamiento.

La tortuga solidaria y la liebre capitalista

Al otro lado del mercado, el Grupo Veritas tiene previsto abrir en 2018 diez nuevos supermercados, superando así las 60 tiendas (la gran mayoría en Cataluña). La empresa, nacida en 2002, espera superar este año los setenta millones de euros anuales de facturación y dice atender unas setenta mil familias. Si cada grupo de consumo autogestionado atiende a un promedio de treinta unidades de consumo, el alcance de los 160 grupos activos en Cataluña se situaría “solo” alrededor de las cinco mil unidades de convivencia, una cifra muy modesta en comparación con la de una sola empresa como Veritas.

Este contraste, en uno de los campos donde más se han trabajado las alternativas de consumo, muestra como empresas más convencionales recogen, gracias a su mayor ambición y capacidad de respuesta, la mayor parte de los frutos de la conciencia o la  indignación ciudadana en la mayoría de sectores. Fuera del campo alimentario encontramos una excepción a esta regla, las cooperativas eléctricas verdes, que rondan los cien mil contratos. Y una iniciativa de gran escala, Som Energia, que supera los setenta mil contratos, no demasiado lejos de los ciento veinte mil de empresas mucho menos comprometidas como Hola Luz.

Como explica Ruben Suriñach, no podemos evitar que agentes menos cercanos a los principios y prácticas de la economía solidaria (capital repartido, ausencia de ánimo de lucro, democracia interna…) ocupen una parte del mercado, ni debemos interpretarlo como necesariamente negativo. Pero sí podemos aspirar a plantearnos qué podemos hacer mejor para ofrecer alternativas accesibles a las personas que apostaríamos por una alternativa cooperativa y agroecológica, pero a la vez aspiramos -me incluyo- a disfrutar de buena parte de las comodidades que nos ofrecen los supermercados.

Ya sea por momento vital, por “fatiga participativa” o por menor voluntad o capacidad de esfuerzo en esta materia –no podemos sostener un compromiso elevado en muchos aspectos a la vez–, muchas consumidoras comprometidas aspiramos a hacer la compra en horarios amplios y sin necesidad de encargo previo –necesario en la mayoría de opciones como grupos de consumo y cestas a domicilio.

Supermercados cooperativos en España y la revolución “Food Coop”

Como explica este imprescindible artículo sobre supermercados cooperativos, contamos en el Estado español con algunos ejemplos que se salen del perfil habitual de grupo de consumo, de pequeño tamaño y altas exigencias en cuanto a implicación. Es el caso de cooperativas como Landare (Navarra, con dos tiendas y más de tres mil “unidades de consumo”) y Bio Alai (Vitoria, 1.400 unidades). Otras experiencias con cientos de personas socias son El Encinar (Granada), Árbore (Vigo), bioTrèmol (cadena de tiendas cooperativizada en la provincia de Alicante), El Brot (Reus), La Magrana Vallesana (Granollers), así como nuevos proyectos como Som Alimentació (Valencia), Labore (Bilbao) o L’Egarenca (Terrassa).

Pero un nuevo fenómeno parece estar acelerando el debate y la creación de supermercados cooperativos. Son los pases de Food Coop, un documental sobre la experiencia de un supermercado cooperativo en Brooklyn en el que participan 17.000 familias. A los pocos meses del estreno del documental, a finales de 2016, más de veinte mil personas habían visto el documental en salas de cine francesas, y los encuentros y debates posteriores han generado hasta hoy el nacimiento de alrededor de cuarenta nuevos proyectos. Las nuevas iniciativas no son réplicas de la experiencia norteamericana, sino que se caracterizan por su diversidad. La más relevante es La Louve de París, con 5.000 socias.

Recientemente, el fenómeno Food Coop ha llegado a Madrid, donde se presentó en noviembre la película de la mano de su productor, y lleva meses promoviendo pases de la película acompañados de debates en diferentes barrios (y en ciudades vecinas como Getafe). El  14 y 15 de marzo habrá un pase en Barcelona con el director y el productor del documental, acompañado de unas jornadas de debate. Y en la capital catalana se han creado también un grupo y una reunión de trabajo que en pocos días han recogido decenas de adhesiones, lo que es una buena muestra del entusiasmo que están despertando este tipo de proyectos de supermercados cooperativos.

Un dato a tener en cuenta para entender la extensión de las alternativas: en los casos de Madrid y Barcelona la implicación de gobiernos municipales motivados ha sido clave para el impulso a las jornadas de debate, y seguramente puede serlo también para facilitar el éxito de las iniciativas. Tengamos presente que las políticas públicas pueden y deben jugar un papel clave en posibilitar la la extensión de las alternativas más allá de las minorías concienciadas.

Pero esto no se acaba aquí, la fiebre Food Coop se extenderá durante 2018 a más localidades del Estado español ¡Atentas a sus pantallas!

Los sábados 14 y 21 de diciembre (pospuesto por lluvia, será el 25 ó 26 de enero aún sin concretar), Sevilla acogerá la Feria de Economía Solidaria en la Alameda de Hércules y un encuentro de entidades en los huertos de San Jerónimo, respectivamente.  En la primera jornada, se busca apoyar y unir a iniciativas fundamentales dentro de la edición de diciembre del ecomercado del sindicato COAG, encuentro que lleva más de 9 años demostrando que otro comercio es posible. De igual manera, otro proyecto importante surgido recientemente, Amor de Barrio, busca un Casco Norte de Sevilla más amigable y sostenible en materia de eficiencia energética, movilidad y de crear lazos que fomenten la buena vecindad.

En la segunda jornada, del 21 de diciembre, nos juntamos con el Mercadillo mensual de la Red Ecoartesana para celebrar la última edición 2019 con actividades especiales dentro de un mes de consumo frenético como es diciembre. Siempre es importante recordar todas las iniciativas locales de sostenibilidad y cercanía.

Evento financiado por el proyecto NoPlanetB.

14 de diciembre en la Alameda de Hércules (ecomercado de COAG).

11.00 a 14.00. Stand informativo con iniciativas de consumo responsable del Mercado Social y apoyo a un evento clave como es el ecomercado mensual de COAG. Contaremos con ludoteca durante la mesa-debate y el showcooking.

11.00 a 12.30. Centro Cívico Las Sirenas. Mesa-debate sobre encuentro de proximidad organizado por el proyecto «Amor de Barrio» contando con el sindicato COAG, la asociación Mercao Social La Rendija, la Asociación de Comerciantes de la Calle Feria, la librería el Gusanito Lector y FACUA, moderado por Emisoras Municipales de Andalucía (EMA RTV).

12.30 a 14.00. Punto de encuentro e inicio en el stand informativo de Mercado Social de Andalucía/REAS. Ruta de compra con consejos por los puestos del ecomercado de COAG y un posterior showcooking en el Centro Cívico Las Sirenas con los productos adquiridos de la mano de Johana Gutiérrez, nutricionista de Entreenate Salud y Deporte Sociedad Cooperativa Andaluza.

[CANCELADO POR LLUVIA PARA EL 21 DE DICIEMBRE]. AÚN SIN CONCRETAR, SERÁ EL 25 Ó 26 DE ENERO.

Ubicación, Huertos de San Jerónimo.

11.30 a 17.00h. Mercadillo mensual de la Red Ecoartesana de Sevilla donde, además de concentrarse las entidades que suelen participar, contará con stands de alimentación ecológica, cosmética, ambigú, finanzas éticas, energías renovables, etc.

12.15h. Taller de masa madre por el obrador de pan La Artesa.

Recital poético.

Ambigú con comida casera a precios populares por la Red Ecoartesana y Ecologistas en Acción.

16.00h (aproximadamente). Presentación y foto de familia junto al mural con pintura reciclada dedicado al consumo responsable, realizádose desde por la mañana.

La clave está en el tipo de consumidor

Al realizar investigaciones de mercado para averiguar si los consumidores estarían dispuestos a pagar más por productos relacionados con buenas causas, la gente tiende a exagerar su apoyo. Los académicos del marketing llaman a este hecho “parcialidad del deseo social”. Ante la duda, la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford realizó una investigación para responder si los consumidores están realmente dispuestos a pagar más por productos de comercio justo.

El estudio analizó a 26 tiendas de una gran empresa de franquicias en tres estados de la Unión Americana. Colocaron una etiqueta de comercio justo en dos tipos de café. Ambos empaques lucían casi iguales y la etiqueta estaba estratégicamente colocada para dificultar a los consumidores distinguir uno de otro. Como resultado, las ventas de los paquetes de café con la etiqueta de comercio justo se incrementaron un 10 por ciento.

A continuación, de forma aleatoria aumentaron el precio del café con etiqueta de comercio justo un 8 por ciento en dos marcas: una de precio modesto y otra cuyo precio ya era alto, para ver si esto afectaba a las ventas.

Para la marca cara, las ventas continuaron incrementándose a pesar del aumento de precio. Para la marca barata, las ventas cayeron un 30 por ciento. Los consumidores reaccionaron al incremento cambiando a marcas con precios más bajos, sin la certificación de comercio justo.

Estos resultados indican que los consumidores de altos ingresos ven un valor en la etiqueta de comercio justo pese al precio, pues para ellos este tipo de compra es un símbolo de status.

“Algunas compañías están lanzando productos de comercio justo sin correr el riesgo de aumentar los precios. Pero si la gente está dispuesta a pagar más por bienes producidos de forma ética -y la investigación demuestra que lo están – hay una posibilidad de que un aumento en los precios tenga un efecto real en lo que se paga a los proveedores, y por lo tanto se produzca un verdadero cambio en los países en desarrollo”, dice Jens Hainmueller, profesor de política económica en la Escuela de Negocios de Stanford y autor del estudio.

La revista ‘Opcions’ ha cumplido diez años. Su objetivo: conseguir que pensemos cómo consumimos.

¿Podemos modificar el mundo en el que vivimos sin incidir en nuestros hábitos personales? El llamado consumo consciente y transformador es un concepto puesto en marcha desde grupos que consideran necesario que los seres humanos modifiquen sus hábitos, haciéndoles entrar por el aro de las necesidades reales.

Además, se opta por un mercado que favorezca el medioambiente y también la igualdad social. “Durante las últimas décadas España se ha consolidado como una sociedad de consumo, siguiendo un modelo de desarrollo cuya forma de satisfacer las necesidades se ha sostenido a base de aumentar demanera exponencial los impactos ambientales”, se dice desde el informe Cambio global España 2020/50.

¿Productos ecológicos? ¿Consumir poco? ¿Comprar de comercio justo? ¿No endeudarnos? El consumo consciente defiende que se consuma lo mínimo posible y que además sea lomás sostenible e igualitario.

“Los actuales patrones de consumo implican que los españoles necesitamos casi 3,5 veces nuestro territorio para satisfacer los recursos naturales que demandamos”, explica este informe.

El Centro de Investigación e Información en Consumo (CRIC, por sus siglas en catalán) es una asociación sin ánimo de lucro pionera en la investigación sobre cuestiones relacionadas con el consumo desde una perspectiva crítica, mediante actividades divulgativas de sensibilización y la edición de la única publicación periódica en España especializada en la materia, Opcions, que este año ha cumplido su décimo aniversario.

Existen otras webs que utilizan ya estos conceptos, como el de consumo responsable –revistas como Consumo Ético o Eureka, más enfocada a la educación–, otras publicaciones online como Integral también distribuyen productos ecológicos.

“Normalmente en la revista, de cada dos productos que tratamos, uno es de alimentación. Pero tratamos de todo, desde el turismo hasta la banca, los móviles, las neveras. Nos nos centramos en ningún ámbito del consumo en concreto”, explica Álvaro Porro, quien forma parte del consejo editorial de Opcions.

Más barato

“A la hora de comprar tomates ecológicos y no convencionales, a lo mejor nos gastamos más dinero, pero si esto se hace en profundidad, se prescindirá de una serie de cosas. Por lo tanto, a lo mejor comienzas a moverte mucho más en medios de transporte y te gastas mucha menos gasolina para el coche o no necesitas comprar una prenda de ropa nueva cada dos meses. El balance global de alguien que intente hacer un consumo más consciente siempre tiene que salir más barato, no más caro”, explica este trabajador del proyecto CRIC.

Prosigue Álvaro Porro: “Donde ha habido más transformación de ámbitos de consumo es en la alimentación. Es un ámbito donde todo es más evidente, y además, cuando se empieza a experimentar, enseguida da resultados; son productos que están más ricos y hay muchas más opciones: la posibilidad de producir huerta, cestas a domicilio, mercados locales, por ejemplo. En el tema de la ropa, esto es algomenos accesible”.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de la mayoría de los ecosistemas naturales, las restricciones en el acceso a la energía abundante y barata son, entre otros, algunos de los motivos para llevar a cabo un cambio en nuestros hábitos: “Se debe tener una mirada que permita generar políticas y dinámicas sociales orientadas a promover una transición a otros modelos de consumo, que permitan mantener una alta calidad de vida”, explica Porro, quien subraya que “el consumo ha tenido un lugar relativamente periférico –por pasivo y dado por supuesto– en la discusión política contemporánea”.

Consumo y movimientos

Le preguntamos a Álvaro Porro si percibe que la gente comprometida en movimientos sociales deja de lado este cambio estructural de los estilos de vida. “Somos un reflejo de muchas cosas, de cómo vemos el mundo, de cómo valoramos las cosas en la vida… Y al final, cambiar el consumo significa también cambiar todo eso. Uno de los obstáculos es que a lo largo de nuestro día a día buscamos ponernos las cosas fáciles, y desde luego, buscar comercios más responsables, muchas veces es más complicado”. Porro valora que existen muchas personas que viven consumiendo de forma responsable, aunque después no se impliquen en movimientos o luchas políticas porque, de alguna manera, los supera.

“Hay muchas personas a las que la confrontación no les va. Les parece algo aburrido, pesado, tanto debate. Sin embargo meterse en una red de intercambio, en una cooperativa de consumo, mucho más ligadas a las necesidades concretas, esto sí que les puede interesar. Gente que nunca se hubiera acercado a movimientos sociales, a movimientos politizados, sí que se ha acercado a este tipo de acciones más prácticas, más cercanas a la vida de uno”.

Por último, Porro recuerda que estas prácticas han dejado sus huellas en otros momentos históricos: “Antes de la guerra civil en Barcelona, por ejemplo, existían cooperativas de consumo obreras, de un tamaño bastante grande y que resolvían el 70%de las necesidades de muchas familias obreras. Y durante la Guerra Civil fueron una parte clave del funcionamiento de la ciudad”.

Guía básica de páginas

CONSUMOCOLABORATIVO.COM Enfocado desde un punto de vista comercial, es un directorio muy completo de webs que proponen alternativas para desde compartir bici hasta webs de micromecenazgo.

NOLOTIRO.ORG/ES. No lo tiro, lo Regalo es una web en la que puedes dar y recibir desde una corbata hasta masa madre para repostería. También es interesante.

BASURAMA.ORG. En un nivel más politizado que las referencias anteriores, Basurama sigue investigando sobre los objetos y la fina línea que separa lo útil de lo desechado.

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Más allá de la “cuesta de enero”, el tema recurrente es la falta de poder adquisitivo que domina a una cada vez mayor proporción de mexicanos, provocando malestares personales que trascienden hasta incidir en malestar social. Los datos macroeconómicos difícilmente lo reflejan, pero existe un patente malestar generalizado porque las cosas no caminan tan bien como lo desearía la mayoría; los promedios generalizados y globales no sirven para dilucidar lo que percibe la población.

Los economistas que manejan las estadísticas se preguntan por qué no se recupera la economía si se han cumplido cabalmente con las recomendaciones técnicas que vienen en sus libros. El divorcio entre la economía teórica y la real es cada vez mayor.

Santiago, tendero en una típica colonia de clase media (estrato C, dirían los mercadólogos) ya no vende lo suficiente para pagar la renta. Sus clientes le compran cada vez menos: un peso de chiles, diez de queso, tres de azúcar. Pretende defender su negocio vendiendo en pequeñas cantidades a granel lo que antes le compraban en envase o paquete. Armando vende cada vez menos sus hermosas y elaboradas figuras artesanales de vírgenes y santos; María Luisa realiza cada vez menos composturas de ropa y Rosalba deja cada día de vender la ropa de alta calidad que produce en un taller que da empleo a hermanas y cuñadas.

Ninguno de ellos necesita conocer los datos que publican el Banco (Central) de México, la Secretaría (Ministerio) de  Hacienda o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para saber que las cosas no van bien. Es más, se sorprenden cuando los datos estadísticos reportan baja inflación y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Pero todos pueden notar que hay cada vez menos personas con ingresos estables y que muchos están desempleados. Aunque no se refleja en las estadísticas de delitos denunciados, se percibe el surgimiento y aumento en el robo —cables de cobre, aparatos electrónicos, acumuladores—; se ven adolescentes impulsando la venta de droga e incluso prostitución infantil auspiciada por los mismos padres.

El deterioro de las condiciones elementales de urbanidad y convivencia se acentúa de manera paralela al proceso de pérdida de ingresos estables de las familias. Se ha roto el tejido social y con ello la paz. Quienes pretenden vivir de un pequeño negocio, de un taller artesanal, de la venta de servicios técnicos y profesionales pierden las esperanzas cada día que pasa sin que las cosas mejoren. La sociedad pierde cada vez más espacios seguros. Sin percibir claramente que los llamados delitos no graves representan el antecedente de los delitos cometidos por el crimen organizado, con temor creciente la población se aísla y refugia en sus casas. Frente al televisor y otros medios de escape, al final de cada jornada agradecemos llegar indemnes de regreso.

La gran mayoría nos sentimos víctimas de algo que avanza inexorablemente, quitándonos la tranquilidad y el futuro, sin darnos cuenta de que en nuestra individual fuga y afán de salir adelante estamos contribuyendo para ello. No nos percatamos de que consumiendo como lo hacemos, contribuimos a quitarles el pan de la boca a muchas personas que, al igual que nosotros, ignoran las causas de su proceso de pauperización.

Para salir adelante, Rosalba ha comenzado a comprar ropa de segunda mano que se importa en costales —pacas— en grandes volúmenes de los Estados Unidos. Para ello ya no ocupará a sus familiares para confeccionar. María Luisa busca empleo en la tienda de autoservicio —de grandes superficies— en la que ahora compra. Ésta, al instalarse en la misma colonia donde Santiago comenzó con el negocio de tienda hace veinte años, provocó la quiebra de muchos pequeños negocios. Armando compra al mayoreo figuras de la virgen de Guadalupe importadas de China que, aunque hechas de plástico y de pésima calidad, vende como artesanía en las calles de Tlaquepaque, comunidad que antaño prosperó como centro artesanal reconocido mundialmente.

Sin darnos cuenta, arrojados por las políticas públicas marcadas por el sello de la globalidad neoliberal, seguimos contribuyendo diariamente a que cada vez más gente en nuestro país se quede sin ingresos.

La buena nueva en este drama socioeconómico es que, así como contribuimos al deterioro de las condiciones de vida de muchos y rompiendo el tejido social, de la misma manera podemos revertirlo. Sólo falta ponernos de acuerdo y comenzar a ejercer nuestro poder de compra, invitando a muchos más para hacerlo todos a la vez, privilegiando servicios y productos locales por encima de los importados y de marcas extranjeras.

Nos hemos propuesto comenzar una acción colectiva en Aguascalientes, México: Acción ciudadana por la paz. Se trata de una iniciativa ciudadana que nació de la sociedad civil: personas, organismos y asociaciones. Consiste en realizar acciones simultáneas, concatenadas y coordinadas que tienen como fin construir un círculo virtuoso por la paz. Nuestra participación, como lo hemos manejado siempre en esta columna, es de fomento y desarrollo de la ciudadanía económica.

Si la falta de ventas ha afectado a millones de personas y esto ha sido el detonante para perder la paz, el compromiso de comprar lo propio y en negocios locales es un camino de paz hacia la paz. Es el inicio de un círculo virtuoso que pretende unir a la sociedad civil para que sus acciones se coordinen y concatenen. Se pretende que esta acción multiplicada permita a que muchos recuperen la estabilidad económica y, con ello, la legalidad y la paz.

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.

Twitter: @josgutie

Correo: josgutie@aahora.org

En un acte celebrat el passat 14 de gener al Consolat de Mar, seu de la Presidència de les Illes Balears, la Conselleria de Salut i Consum concedí a REAS Balears un diploma de reconeixement pel seu codi de bones pràctiques en matèria de coregulació i arbitratge de consum. Aquest guardó sobre coregulació està dirigit a promoure entre els sectors econòmics l’arbitratge de consum per fer front a possibles reclamacions de les persones consumidores.

REAS Balears aprovà el seu codi de bones pràctiques en matèria de coregulació i arbitratge de consum el passat 10 de novembre (veure notícia)

La Junta Directiva de REAS Balears celebrada el 10 de novembre de 2010 acordà aprovar un codi de bones pràctiques en matèria d’autoregulació i arbitratge de consum, així com adherir-se al Sistema Arbitral de Consum de les Illes Balears.

Tal com contempla el codi de bones pràctiques, REAS Balears es compromet a difondre el codi ètic entre els seus grups d’interès i a recollir aportacions durant tres mesos abans de la seva aprovació definitiva, a través del correu reasbalears@reasnet.com

Las agencias multilaterales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, están enfocadas a promocionar la idea de que la seguridad alimentaria se puede comprar y vender en el mercado mundial. Los países occidentales, no solo apoyan esta idea, sino que la han potenciado en los últimos años. Poco a poco han ido desmantelando la producción local y nacional en favor de las importaciones y han ido destruyendo el tejido minifundista favoreciendo el latifundio y la industrialización del sector agrario.

Esta política no solo esta destruyendo el mundo rural sino que en los tiempos de cumbres sobre el clima, de miles de horas de tertulia sobre el cambio climático, de paneles de ipcc y de ostias consagradas, nadie se plantea que para producir una manzana en este país el abono consumido viene de empresas alemanas, la mayoría de pesticidas vienes de USA, Suiza o Alemania, los herbicidas son producidos por empresas americanas instaladas en países del tercer mundo, las variedades patentadas son americanas o francesas.

Para que al final esta manzana se la acaben comiendo en cualquier país del este (el 70% de nuestra fruta se exporta allí) y nosotros tengamos que comernos una manzana que viene de Chile, Sudáfrica o China. Que ha tenido que engordar a base de productos químicos de medio mundo subirse a un barco y llegar a España. Y todo esto tiene unas consecuencias tan graves como el cambio climático, que los productores locales de esos países habrán recibido una miseria por esa manzana que ha hundido el precio de la manzana de aquí y que a su vez la nuestra la hemos mandado a los países del este para hundir el mercado de allí.

Lo peor de todo este sistema, es que estamos dejando en manos de unas empresas cuyo único fin es el económico nuestra alimentación. Estamos consiguiendo que nuestra alimentación se base en productos que tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar a nuestros platos, contaminando acuíferos, contaminando el aire, destruyendo la biodiversidad de las zonas de producción y generando explotación laboral. Mientras que nuestras huertas y nuestros pueblos se están abandonando porque es inviable seguir produciendo para un mercado controlado por la gran distribución sometido a una especulación terrible y dirigido por unas políticas agrarias que siguen apostando por la cantidad en detrimento de la calidad.

Con este panorama, la crisis actual y la crisis energética que se avecina ¿Quién puede poner en duda la apuesta por la soberanía alimentaría?

La soberanía alimentaría es un modelo que apuesta por consumir local, por basar nuestra alimentación en productos del territorio producidos de forma agroecológica, respetando nuestro entorno, nuestros pueblos y apostando por un mundo rural vivo y digno. Con gente que quiera vivir en él, que no este deseando que una carretera o un polígono alquitrane sus tierras para huir a la ciudad. La soberanía alimentaría es un modelo donde los consumidores se hacen participes de su alimentación, volviendo a tender lazos con los productores, uniendo los dos eslabones básicos de la cadena alimentaría; la producción y el consumo.

Lo mejor de este modelo es que ya se está llevando a la práctica. La gente se esta organizando en cooperativas de consumo para poder comprar libremente y lo más cerca de su territorio, los agricultores agroecológicos están produciendo para vender sus productos cerca de su casa y ambos grupos están haciendo el gratificante esfuerzo de tejer la red en la cual se sostendrá un nuevo modelo de consumo.

Artículo publicado en el Periódico Diagonal nº 122 – Título «Consumo apegado al terreno»

Más información: Reportaje sobre soberanía alimentaria realizado por REAS

REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

Por Damien Millet y Éric Toussaint (CADTM)

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.

Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.

Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:

Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.

¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones |1|.

Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.

Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero de 2008 (sobre el 140% de subida global, mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos sólo es responsable de un 15%).

Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza |2|. Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, la demanda de biocarburantes orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera |3|.

«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)

Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe |4| que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto coste de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.

«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE) |5|

Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. |6| Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.

Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaría.

La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: « Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo » (Vía Campesina) |7|

Notas al pie:

|1| Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como en la industria.

|2| Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518

|3| «Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008, www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy.

|4| OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf

|5| «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.

|6| Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.

|7| Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.

Traducido por Caty R. Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.