Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todav\u00eda su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento hist\u00f3rico de descomposici\u00f3n de los sistemas p\u00fablicos y de mercantilizaci\u00f3n creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.<\/p>\n
La\u00a0Seguridad Social Alimentaria<\/a>\u00a0pertenece a esa categor\u00eda de ideas que no necesitan demasiada presentaci\u00f3n para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulaci\u00f3n parece reunir dos de las preocupaciones m\u00e1s importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protecci\u00f3n colectiva capaces de garantizar derechos b\u00e1sicos frente a las l\u00f3gicas del mercado.<\/p>\n Una propuesta que plantea que toda la poblaci\u00f3n disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos<\/p><\/blockquote>\n Resulta dif\u00edcil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la poblaci\u00f3n disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarizaci\u00f3n del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez m\u00e1s dif\u00edcil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aqu\u00ed una intuici\u00f3n pol\u00edtica de fondo que es dif\u00edcil de cuestionar, la alimentaci\u00f3n no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la l\u00f3gica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.<\/p>\n Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducci\u00f3n, merece ser analizada con un grado de atenci\u00f3n proporcional a su ambici\u00f3n, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la pr\u00e1ctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo p\u00fablico reproducen necesariamente la l\u00f3gica de lo p\u00fablico. Y es aqu\u00ed donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y pol\u00edtico, sino en el tipo de arquitectura institucional, econ\u00f3mica y pol\u00edtica que se est\u00e1 proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.<\/p>\n La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos \u201cSeguridad Social Alimentaria\u201d se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros hist\u00f3ricos de las sociedades europeas contempor\u00e1neas, un sistema de protecci\u00f3n social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones p\u00fablicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad p\u00fablica, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura pol\u00edtica que sustrae determinadas esferas de la vida de la l\u00f3gica mercantil y las convierte en derechos garantizados.<\/p>\n La potencia pol\u00edtica del concepto empieza a funcionar tambi\u00e9n como un mecanismo de confusi\u00f3n, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional<\/p><\/blockquote>\n La alimentaci\u00f3n parece encajar perfectamente en esa categor\u00eda, al fin y al cabo, pocas necesidades son m\u00e1s b\u00e1sicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educaci\u00f3n es un derecho, la pregunta por qu\u00e9 no habr\u00eda de serlo tambi\u00e9n la alimentaci\u00f3n parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia pol\u00edtica del concepto empieza a funcionar tambi\u00e9n como un mecanismo de confusi\u00f3n, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.<\/p>\n Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensi\u00f3n del Estado social en el \u00e1mbito alimentario ni la creaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico de provisi\u00f3n o garant\u00eda directa del derecho a la alimentaci\u00f3n, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada peri\u00f3dicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de car\u00e1cter\u00a0ciudadano<\/em>. La diferencia puede parecer t\u00e9cnica, pero en realidad es profundamente pol\u00edtica, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediaci\u00f3n del mercado en la garant\u00eda de derechos, sino ante un sistema que opera a trav\u00e9s del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y control que estructuran ese mismo mercado.<\/p>\n La Seguridad Social, tal y como se ha construido hist\u00f3ricamente en los pa\u00edses europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilizaci\u00f3n parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital p\u00fablico no recibe un cheque para comprar una intervenci\u00f3n m\u00e9dica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensi\u00f3n en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protecci\u00f3n sanitaria, sino que accede a un sistema p\u00fablico que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.<\/p>\n La l\u00f3gica que subyace a este modelo es la socializaci\u00f3n del riesgo y la construcci\u00f3n de infraestructuras p\u00fablicas capaces de garantizar derechos sin intermediaci\u00f3n del mercado, mientras que la l\u00f3gica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima m\u00e1s a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene \u00fanicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinci\u00f3n no es un matiz conceptual, sino el n\u00facleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformaci\u00f3n estructural del sistema alimentario o m\u00e1s bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.<\/p>\n Esta cuesti\u00f3n se vuelve todav\u00eda m\u00e1s relevante cuando se sit\u00faa la propuesta en el contexto del diagn\u00f3stico que la acompa\u00f1a, un diagn\u00f3stico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberan\u00eda alimentaria, la agroecolog\u00eda y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez m\u00e1s amplio en que el sistema agroalimentario industrial est\u00e1 dominado por din\u00e1micas de concentraci\u00f3n corporativa, expulsi\u00f3n del campesinado, degradaci\u00f3n ecol\u00f3gica, precarizaci\u00f3n del trabajo agr\u00edcola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la poblaci\u00f3n. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.<\/p>\n \u00bfHasta qu\u00e9 punto una pol\u00edtica centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?<\/p><\/blockquote>\n Porque si el n\u00facleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentraci\u00f3n de la distribuci\u00f3n, en la estructura de los m\u00e1rgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producci\u00f3n y definir qu\u00e9 se produce, c\u00f3mo se produce y para qui\u00e9n se produce, entonces la pregunta es inevitable, \u00bfhasta qu\u00e9 punto una pol\u00edtica centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante d\u00e9cadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta inc\u00f3modo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentaci\u00f3n social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.<\/p>\n La cuesti\u00f3n no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente s\u00ed, sino si puede constituir una estrategia de transformaci\u00f3n sist\u00e9mica, hegem\u00f3nica y popular. Porque no estamos hablando de una intervenci\u00f3n marginal, sino de un volumen de recursos que, seg\u00fan sus propias estimaciones, alcanzar\u00eda cifras inmensas de gasto p\u00fablico. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo econ\u00f3mica, sino pol\u00edtica en sentido estricto, qu\u00e9 tipo de institucionalidad se est\u00e1 creando, qui\u00e9n la gobierna, con qu\u00e9 legitimidad, con qu\u00e9 mecanismos de control democr\u00e1tico, y, sobre todo, qu\u00e9 tipo de relaci\u00f3n establece con el conjunto del sistema p\u00fablico existente. Vamos a verlo.<\/p>\n Desde su formulaci\u00f3n, la SSA se plantea como una extensi\u00f3n de la l\u00f3gica de la Seguridad Social al \u00e1mbito alimentario. Sin embargo, su dise\u00f1o introduce una serie de elementos h\u00edbridos que la alejan del modelo cl\u00e1sico de pol\u00edtica p\u00fablica. Su financiaci\u00f3n se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profund\u00edsimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos p\u00fablicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.<\/p>\n En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gesti\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n p\u00fablica, sino como un mecanismo de contribuci\u00f3n social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo m\u00e1s problem\u00e1tico, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero p\u00fablico se entregar\u00e1 a una\u00a0red ciudadana<\/em>\u00a0paralela para que decida y administre qu\u00e9 alimentos se compran y donde.<\/p>\n La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales \u2014las llamadas cajas de alimentos\u2014 que agrupar\u00edan a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumir\u00edan funciones de gobernanza relevantes: selecci\u00f3n de productos, definici\u00f3n de criterios de compra, acreditaci\u00f3n de establecimientos y control del cumplimiento de est\u00e1ndares sociales y ambientales. Se plantea, adem\u00e1s, que estos \u00f3rganos garanticen la atenci\u00f3n a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o \u00e9ticas. No obstante, el dise\u00f1o institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreci\u00f3n sobre su composici\u00f3n, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resoluci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n Este dise\u00f1o implica la construcci\u00f3n de un sistema altamente complejo de certificaci\u00f3n, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos<\/p><\/blockquote>\n En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijaci\u00f3n participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar pr\u00e1cticas de competencia desleal. Asimismo, se prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de mecanismos de regulaci\u00f3n del comercio exterior mediante precios m\u00ednimos de entrada y la incorporaci\u00f3n de est\u00e1ndares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producci\u00f3n sostenible \u2014frecuentemente asociados al enfoque agroecol\u00f3gico\u2014 ser\u00edan definidos a diferentes escalas territoriales, en negociaci\u00f3n entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n Este dise\u00f1o implica la construcci\u00f3n de un sistema altamente complejo de certificaci\u00f3n, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definici\u00f3n unificada y operativa de agroecolog\u00eda aplicable a gran escala, as\u00ed como la potencial diversidad de interpretaciones en funci\u00f3n del territorio o de la composici\u00f3n de los comit\u00e9s locales.<\/p>\n