El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una l\u00f3gica jur\u00eddica de feudalizaci\u00f3n del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios cl\u00e1sicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatizaci\u00f3n del poder legislativo y judicial. As\u00ed, los espacios p\u00fablicos de regulaci\u00f3n se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayor\u00edas sociales y de los pueblos. Todo ello, en favor de los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos c\u00f3mplices. El Acuerdo Econ\u00f3mico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en ingl\u00e9s), negociado entre la Uni\u00f3n Europea y Canad\u00e1 y actualmente pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo \u2014votaci\u00f3n que tendr\u00e1 lugar el 14 de febrero en Estrasburgo\u2014, participa de esta l\u00f3gica. Veamos c\u00f3mo.<\/p>\n
Quiebra de las instituciones democr\u00e1ticas<\/strong>. La globalizaci\u00f3n neoliberal ha impulsado el papel de las instituciones p\u00fablico-privadas de car\u00e1cter supranacional \u2014como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC), el G8 primero y el G20 despu\u00e9s, las agencias de calificaci\u00f3n de riesgos, etc.\u2014 y de los instrumentos jur\u00eddicos que refuerzan la lex mercatoria<\/a><\/em>, como los acuerdos de inversi\u00f3n y los tratados comerciales \u2014llamados habitualmente de \u201clibre comercio\u201d, aunque no tengan nada que ver con un intercambio libre entre partes iguales\u2014, que han ido creando un entramado institucional y un conjunto de normas jur\u00eddicas m\u00e1s privadas que p\u00fablicas. Con sus propias l\u00f3gicas de funcionamiento pero con efectos erga omnes<\/em>, es decir, sobre las mayor\u00edas sociales del planeta. De este modo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o India est\u00e1n m\u00e1s condicionadas por las directrices que aprueban estas organizaciones que por las leyes que aprueban sus parlamentos nacionales. Y no estamos hablando de que exista un gobierno universal o una globalizaci\u00f3n jur\u00eddica, hablamos de un Derecho Corporativo Global al servicio de los intereses del capital y los negocios de las grandes corporaciones. El CETA se enmarca en este contexto.<\/p>\n Falta de legitimidad y transparencia<\/strong>. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados, forman parte de su metabolismo funcional. Y es que las normas de comercio e inversi\u00f3n se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadan\u00eda. Casi nunca son conocidos los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas\u2026 mientras se envuelve el procedimiento de valoraciones t\u00e9cnicas que \u201cnecesitan de la confianza\u201d y \u201cdiscreci\u00f3n entre las partes negociadoras\u201d; se toman decisiones al margen de los procedimientos parlamentarios y a espaldas de la sociedad civil, secuestrando los textos en discusi\u00f3n incluso a los representantes p\u00fablicos. Los lobbies<\/em> que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes, eso s\u00ed, forman parte del \u201cpoder legislativo\u201d del que emanan los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. En el caso del CETA, las negociaciones se desarrollaron a puerta cerrada y el texto qued\u00f3 cerrado y listo, sin ning\u00fan debate p\u00fablico, para su consentimiento por las autoridades correspondientes.<\/p>\n Procedimientos de diferentes velocidades<\/strong>. En su primera fase de aprobaci\u00f3n, en el pasado oto\u00f1o, el Consejo Europeo tuvo muchas dificultades para conseguir la unanimidad en relaci\u00f3n al CETA \u2014con una presi\u00f3n brutal sobre Valonia<\/a>\u2014; a la vez, en el parlamento espa\u00f1ol se elud\u00eda el debate y el gobierno en funciones lo ratificaba de manera casi clandestina. En esta segunda fase, es el Parlamento Europeo el encargado de ratificar el CETA en febrero. As\u00ed, la maquinaria burocr\u00e1tica se ha puesto en marcha y todas las interpretaciones m\u00e1s restrictivas y antidemocr\u00e1ticas de los procedimientos parlamentarios se est\u00e1n poniendo encima de la mesa. La moci\u00f3n cuyo contenido resid\u00eda en que el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea analizara la legalidad del Sistema de Tribunales de Inversi\u00f3n fue rechazada<\/a>, sin debate alguno, por el pleno del Parlamento Europeo. L\u00f3gicamente, no quieren que se expongan las m\u00faltiples razones que juristas, magistrados y asociaciones de jueces sostienen frente a la falta de adecuaci\u00f3n del modelo de tribunales de arbitraje al sistema judicial europeo. Y mientras la UE tiene mucha prisa y ya prev\u00e9 la aprobaci\u00f3n provisional del CETA<\/a> una vez haya sido admitido por el Parlamento Europeo, incluyendo materias que entrar\u00e1n en vigor antes de la ratificaci\u00f3n del conjunto de los Estados miembros de la Uni\u00f3n, los derechos humanos se empantanan en procedimientos largos y repletos de burocracia sin l\u00edmite.<\/p>\n Exceso de normas jur\u00eddicas<\/strong>. Seg\u00fan publica la Comisi\u00f3n Europea, el CETA consta de m\u00e1s de 1.600 p\u00e1ginas entre el texto central y los anexos, mientras los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU \u2014conocidos como Principios Ruggie<\/em>, que tendr\u00edan que servir para \u201cproteger, respetar y remediar\u201d los derechos humanos por las empresas transnacionales\u2014 tienen 32 p\u00e1ginas. Miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jur\u00eddica, sus obligaciones; una asimetr\u00eda jur\u00eddica que se consolida como el principio esencial de la globalizaci\u00f3n neoliberal. En el caso concreto del CETA, como tendencia general, la precisi\u00f3n y la claridad conceptual desde el punto de vista de los negocios de las grandes compa\u00f1\u00edas colisiona con la indeterminaci\u00f3n de las excepciones que garantizan los servicios p\u00fablicos o los derechos sociales; de nuevo, una asimetr\u00eda continua y profunda. Y, a pesar de que las dudas en torno a este acuerdo se han intentado solventar formalmente por medio de una Declaraci\u00f3n interpretativa de 12 p\u00e1ginas<\/a> de car\u00e1cter vinculante, esta no aclara la mayor\u00eda de las cl\u00e1usulas abiertas que forman parte de lo que hemos denominado Derecho vivo.<\/p>\n Privatizaci\u00f3n del poder legislativo<\/strong>. Con todos estos tratados y acuerdos comerciales de \u00faltima generaci\u00f3n se avanza en la privatizaci\u00f3n de los procedimientos legislativos: las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a f\u00f3rmulas de cooperaci\u00f3n reguladora y generadora de coescritura de legislaci\u00f3n; fen\u00f3meno conocido en la elaboraci\u00f3n de las denominadas normas tipo. Dicho de otro modo: adem\u00e1s de su poder f\u00e1ctico, los lobbies<\/em> tendr\u00e1n presencia directa o indirecta en la propia elaboraci\u00f3n de las normas. Y es que el Comit\u00e9 Mixto del CETA asumir\u00e1 importantes competencias reguladoras e interpretativas \u2014al igual que el Consejo de Regulaci\u00f3n del TTIP\u2014, alej\u00e1ndose de todo lo que tenga que ver con el control parlamentario y ciudadano. Se configura, as\u00ed pues, un Derecho vivo en continua reelaboraci\u00f3n a favor del capital y las empresas transnacionales: la alerta temprana, las evaluaciones de impacto, el intercambio de materias de regulaci\u00f3n, el di\u00e1logo permanente entre las partes, los ex\u00e1menes conjuntos de legislaci\u00f3n para aligerar las cargas normativas sobre las empresas, las neutralidad de las regulaciones, la convergencia reguladora, el mutuo reconocimiento de reglamentaciones, la armonizaci\u00f3n normativa\u2026 son t\u00e9cnicas jur\u00eddicas que permiten construir un poder meta-legislativo que quiebra la separaci\u00f3n de poderes y la reconstruye a favor de las grandes multinacionales.<\/p>\n Privatizaci\u00f3n del poder judicial<\/strong>. El Sistema de Tribunales de Inversi\u00f3n recogido en el CETA es un sistema paralelo al poder judicial \u2014se trata de tribunales privados\u2014 y favorable a las empresas transnacionales, que quedan al margen de los poderes judiciales nacionales, comunitarios e internacionales. En la citada Declaraci\u00f3n interpretativa se dedica el ep\u00edgrafe m\u00e1s extenso a la defensa del pol\u00e9mico Sistema de Tribunales de Inversi\u00f3n; no obstante, los ejes centrales del sistema se mantienen<\/a>. Adem\u00e1s, tal y como Cecilia Olivet y otras autoras<\/a> han analizado, las supuestas mejoras quedan cuestionadas por las diferentes interpretaciones en relaci\u00f3n con la eficacia de los laudos arbitrales, las posibles excepciones que sirvan para \u201cproteger la vida o la salud humana\u201d, las reservas espec\u00edficas presentes y futuras por parte de los Estados, etc. Por cierto, resulta muy sorprendente el apartado f) de la Declaraci\u00f3n, ya que insiste en que los tribunales sobre inversiones son independientes, imparciales e inspirados en los sistemas judiciales p\u00fablicos de la UE, sus Estados miembros y Canad\u00e1, as\u00ed como en los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las preguntas, entonces, son obligadas: \u00bfpara qu\u00e9 se crean estos tribunales? \u00bfPor qu\u00e9 no se encarga esta labor a los poderes judiciales ya existentes?<\/p>\n Armadura jur\u00eddica de dominaci\u00f3n<\/strong>. Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jur\u00eddico universal la supuesta estabilidad financiera. Se disloca as\u00ed la jerarqu\u00eda normativa internacional, al situar los derechos empresariales por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales. En la Uni\u00f3n Europea, junto a ello, al CETA y al resto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones hay que sumarles el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; el Tratado de Estabilidad, Coordinaci\u00f3n y Gobernanza; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); el programa de estabilidad y convergencia, los procedimientos de d\u00e9ficit excesivo, los sucesivos rescates, las recomendaciones por pa\u00eds\u2026 Todo ello conforma una nueva armadura jur\u00eddica de dominaci\u00f3n. De ah\u00ed que los movimientos sociales europeos se enfrenten, \u201cpor arriba\u201d, con la decisi\u00f3n de aprobar el TTIP, el CETA y otros nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones y, \u201cpor abajo\u201d, con un blindaje jur\u00eddico donde los intereses del capital se juridifican al m\u00e1s alto nivel. Por eso nos movilizaremos el s\u00e1bado 21 de enero<\/a>, para provocar que el CETA descarrile y hacer que el TTIP quede definitivamente enterrado.<\/p>\n Juan Hern\u00e1ndez Zubizarreta<\/strong> (@JuanHZubiza<\/a>) y Pedro Ramiro<\/strong> (@pramiro_<\/a>) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en Am\u00e9rica Latina (OMAL)<\/a> \u2013 Paz con Dignidad<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una l\u00f3gica jur\u00eddica de feudalizaci\u00f3n del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios cl\u00e1sicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatizaci\u00f3n del poder legislativo y judicial. 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