Cada negociación multilateral sobre el modelo futuro de nuestro mundo, en un clima cambiante, supone una oportunidad para debatir sobre nuestro actual sistema económico, la causa de tantos problemas globales, desde la creciente degradación de nuestros ecosistemas, el cambio climático o la creciente desigualdad. Pero también es una oportunidad para demostrar que existen otros modelos económicos y comerciales que permiten avanzar hacia la justicia comercial, climática, de género y de recursos.

En este sentido, no podemos expresar nuestro pleno apoyo al Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, adoptado el pasado domingo 20 de noviembre en la COP27.

Aunque acogemos con satisfacción el importante avance del recién creado fondo para pérdidas y daños para apoyar a las comunidades afectadas por el clima, el Plan carece de medidas para una mitigación efectiva y, especialmente, no se ha tomado ninguna decisión sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Tal y como se explica en el «Documento de posición del movimiento por el Comercio Justo en la COP27«, entramos en las negociaciones de la Cumbre para impulsar un doble compromiso tanto con los gobiernos como con las empresas y organizaciones productoras. Creemos que las soluciones duraderas requieren una reestructuración fundamental del modelo comercial y las cadenas de suministro para garantizar la debida diligencia en materia de medio ambiente y derechos humanos a todos los niveles.

Las pequeñas organizaciones agrícolas llevan mucho tiempo aportando soluciones viables a un sistema de comercio internacional roto que sólo ha estimulado la actividad económica a costa de las personas y el planeta. Celebramos que el Plan mencione «la importancia de la transición hacia estilos de vida sostenibles y modelos de consumo y producción sostenibles para hacer frente al cambio climático«. Sin embargo, para hacer realidad esta ambición deben tenerse en cuenta acciones concretas relacionadas con los acuerdos comerciales, la responsabilidad de las empresas y el apoyo a las pequeñas empresas.

Las comunidades de todo el mundo (pero sobre todo del Sur global) se ven profundamente afectadas por el impacto desproporcionado de las crisis climática y económica que se entrecruzan. La alteración de las cadenas de suministro afecta sobre todo a las pequeñas organizaciones productoras, dejándolas totalmente expuestas a relaciones comerciales injustas.

No es posible avanzar en una recuperación inclusiva y sostenible ante las catástrofes climáticas sin una economía que funcione y sea resistente, en la que todos sus eslabones tengan garantizados unos ingresos justos y una voz.

Por eso entendemos que el acuerdo para la creación de un fondo de pérdidas y daños es un paso potencial hacia la justicia climática. Si se financia adecuadamente, compensará a estas comunidades para que puedan reconstruir sus medios de vida y ofrecerá un futuro mejor a todas aquellas personas cuyos ecosistemas han sido destruidos como consecuencia de las codiciosas prácticas extractivas en carbono. Sin embargo, la compensación no es suficiente.

Por mucho que se necesiten reparaciones inmediatas para hacer frente a los daños y pérdidas actuales y futuras, también tenemos que mirar más allá del presente y prever modelos de consumo y producción más justos y ecológicos.

Acogemos con satisfacción la mención de otras crisis medioambientales interrelacionadas, desde la crisis alimentaria, pasando por la crisis de la biodiversidad y la energética. Todo ello está relacionado con la necesidad de una arquitectura financiera global que dirija la financiación pública (y privada) hacia transiciones justas y sostenibles. Apreciamos que el Plan destaque la necesidad de transformar nuestro sistema y actores financieros. En última instancia, debería sostener el desarrollo de comunidades resistentes al clima apoyando a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las comunidades con una financiación climática adecuada y accesible.

Sin embargo, “el elefante en la habitación” de la no mencionada eliminación de los combustibles fósiles sólo demuestra el inaceptable papel que desempeñan los países exportadores de combustibles fósiles y los más de 600 grupos de presión allí presentes. No se pueden introducir falsas soluciones en las futuras agendas, como inversiones en gas «de transición» o soluciones tecnológicas patentadas. Las recetas políticas liberales (y de libre comercio) se han narrado durante mucho tiempo como el único camino factible, pero se ha demostrado claramente que no funcionan.

La protección social y la justicia medioambiental son absolutamente necesarias para una transición justa y equitativa. Por ello, la Organización Mundial del Comercio Justo pretende facilitar una economía con empresas sociales y organizaciones productoras que gestionen y restauren responsablemente los recursos naturales para salvaguardar una vida humana digna y unos ecosistemas prósperos. Las empresas y organizaciones productoras de Comercio Justo tienen un papel crucial que desempeñar dentro de los acalorados diálogos para las soluciones climáticas, ya que proporcionan modelos comerciales que no comprometen la sostenibilidad.

Las COP son una plataforma y una herramienta esencial para trabajar por la justicia climática y construir una nueva economía que tenga en cuenta también a las generaciones futuras. Sin embargo, hay que emprender muchas más acciones más allá de estas Cumbres. Gran parte del futuro de nuestro clima depende de aquellas personas que ya han puesto en marcha las soluciones buscadas a través de hábiles recetas comunitarias, mezclando tradición e innovación. Al prever soluciones a pequeña escala, están dando forma a las perspectivas futuras de la economía mundial.

Por mucho que las empresas sociales y pequeñas organizaciones agrícolas con un compromiso ambiental y social hayan trabajado con éxito y rentabilidad contra todo pronóstico, necesitan políticas adecuadas para aumentar su impacto. El movimiento de Comercio Justo se pondrá de su lado para garantizar que se concedan las políticas nacionales y locales adecuadas, el apoyo financiero, la formación y el acceso al mercado para remodelar nuestros mercados y la regulación poniendo a las personas y al planeta en el centro.

Fuente original del texto traducido por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo: Organización Mundial del Comercio Justo (https://wfto.com/article/cop27-after-thoughts)

• En medio de una cumbre que parece que avanza lentamente, algunos países intentan eliminar acuerdos que parecían intocables, como incluir la mención a los derechos humanos en algunos de sus textos o ampliar el 1,5 ºC como horizonte obligatorio de reducción de emisiones.
• Al mismo tiempo, el sector privado cada vez intenta influir más en las negociaciones: la presencia de las empresas en la COP27 ha ascendido un 25 % con respecto al año pasado.
• Más de 380 organizaciones sociales y ecologistas internacionales, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han publicado una declaración donde exigen el fin del ISDS, un instrumento de protección de inversiones que la Presidencia de la COP27 ha incluido en las negociaciones.

La Cumbre del Clima en Egipto ha arrancado su segunda semana con pocos indicios de avance en las negociaciones. Mientras parece que las principales discrepancias entre los países se encuentran en los temas de financiación en mitigación y pérdidas y daños, Ecologistas en Acción advierte que también se han reabierto discusiones zanjadas en otras cumbres, lo cual supone “una amenaza de que esto retrase aún más la lucha climática”.

Una de estas amenazas es la no inclusión de la mención a los derechos humanos en algunos de los textos o espacios de discusión, como en el artículo 6 sobre mercados de carbono o en la Red de Santiago. Este tema se ha reabierto precisamente en una COP donde los derechos humanos están en el centro de las reivindicaciones sociales: el lema “sin derechos humanos no hay justicia climática” se ha asumido a propuesta de la sociedad civil de Egipto y los países del Sur global, que exigen a la Presidencia de la COP27, el Gobierno totalitario de Abdel Fattah al-Sisi, que cese la represión y permita una amnistía de todos los presos políticos”.

El segundo de los peligros es el abandono en el discurso internacional del 1,5 ºC como horizonte de aumento máximo de la temperatura a finales de siglo. Países productores de petróleo como Arabia Saudí han declarado que dicho horizonte es poco realista y, en base a eso, habría que asumir exclusivamente el objetivo de 2 ºC. Para Ecologistas en Acción esto sería un paso atrás que llevaría a los países a afrontar reducciones de CO2 mucho menores de las que son necesarias para la seguridad humana y del planeta.

En tercer lugar, Ecologistas en Acción destaca otro aspecto que también influye en la vulneración de los derechos humanos y la justicia climática: la influencia cada vez mayor del sector privado en las negociaciones. Esto se observa en el número de representantes del sector fósil presentes en Sharm el-Sheikh (636 lobistas fósiles) o en las alusiones explícitas de la Presidencia egipcia y países como EE UU que desde el inicio del encuentro han incidido en incluir al sector privado en la lucha climática.

El miércoles 9 de noviembre se aprobó en el marco de la COP27 la Guía de Sharm El-Sheikh para la financiación justa, que incluye un capítulo que aboga por nuevos acuerdos internacionales de inversión (IIA) y el mecanismo ISDS como una de las vías hacia la financiación de la transición en el Sur global. Si bien la guía aboga por la necesidad de reformar los IIA, Ecologistas en Acción recuerda que “las propuestas de reforma son débiles, ineficaces y totalmente inadecuadas para lo que se necesita”. Asimismo, considera preocupante la mención del ISDS en el marco de la UNFCCC, a pesar de que no se trate de un texto de negociación.

El ISDS es un mecanismo obsoleto presente en más de 2.000 acuerdos a nivel mundial que amenaza la acción climática. Permite a las empresas demandar a los países ante tribunales privados (fuera del sistema legal nacional) por cambios en legislaciones que puedan reducir sus beneficios esperados. A menudo la cantidad reclamada puede ser de cientos o miles de millones de euros que se pagan con el dinero de las arcas públicas.

Las empresas de combustibles fósiles ya están demandando a los países por la eliminación gradual del carbón, la cancelación de oleoductos, la prohibición de perforaciones petroleras en alta mar o la regulación del fracking. De hecho, el 42 % de los casos de demandas ISDS conocidos están relacionados con el sector fósil.

Por este motivo, más de 380 organizaciones de más de 60 países del Sur y el Norte global han publicado una declaración en la que exigen a los gobiernos presentes en la COP27 que tomen medidas para poner fin al ISDS y salvaguardar la consecución de los objetivos climáticos. “Las inversiones en industrias extractivas van en aumento debido a la mayor demanda de materias primas de cara a la transición justa. Si el ISDS sigue vigente, veremos más y más demandas, sobre todo en los países del Sur Global”, han declarado.

Ecologistas en Acción recuerda que el ISDS es una de las razones por las que hace unas semanas el Gobierno de España anunció que abandonará el Tratado de la Carta de la Energía. Un acuerdo que endeuda a los Estados, del que Países Bajos, Francia, Eslovenia y ahora Alemania también van a salirse.

El lunes 7 de noviembre, en la ceremonia de apertura de la COP 27 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022), que se celebra estos días en Egipto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunció un discurso llamando a cada actor a asumir sus propias responsabilidades. «En unos días la población de nuestro planeta superará un nuevo umbral: nacerá el miembro número 8.000 millones de nuestra familia humana. Este hito pone en perspectiva la importancia de esta conferencia sobre el clima. ¿Cómo responderemos cuando ese niño tenga la edad suficiente para preguntar: «¿qué hicisteis por nuestro mundo, y por nuestro planeta, cuando tuviste la oportunidad?«, expresó en su discurso.

En su intervención aludió al papel de las instituciones financieras indicando que «las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo deben cambiar su modelo de negocios y hacer su parte para aumentar la financiación de la adaptación y movilizar mejor la financiación privada para invertir fuertemente en la acción climática», y pidió a los gobiernos gravar las ganancias extra de las empresas de combustibles fósiles, redirigiendo presupuesto «a personas que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía y a países que sufren pérdidas y daños causados ​​por la crisis climática».

“Día de las Finanzas” de la COP27

En la programación de la Conferencia, el 9 de noviembre está marcado como el «Día de las Finanzas», considerándolas piedra angular para implementar acciones climáticas. El coste económico de llegar a cero emisiones netas de carbono para 2050 es muy alto. Por ello, canalizar fondos hacia actividades que catalicen la transformación es fundamental para lograr tanto objetivos climáticos como objetivos de desarrollo. No obstante, el blanqueo ecológico (greenwashing) y la falta real de compromiso amenaza con socavar los esfuerzos globales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la limitación del calentamiento a 1,5 grados.

A pesar de los constantes llamamientos y declaraciones, muchas instituciones financieras continúan financiando la industria de los combustibles fósiles. Por ejemplo, el último informe de Finance Watch, publicado este pasado mes de octubre, estima que los 60 bancos más grandes del mundo tienen alrededor de 1,35 billones de dólares de crédito expuestos en activos de combustibles fósiles.

El propio Banco Mundial, a pesar de definirse a sí mismo como “el mayor financiador multilateral de inversiones climáticas en países en desarrollo”, ha sido cuestionado por organizaciones y expertos. En una entrevista reciente, el presidente de la institución, David Malpass, se negó a confirmar las evidencias científicas del cambio climático provocando la crítica de expertos y activistas. Si bien el presidente Malpass ha intentado retractarse de sus comentarios, varios informes han puesto en evidencia el historial del Banco Mundial y su falta de acción contra el cambio climático.

En un informe de hace unas semanas, tras tratar de reconstruir las inversiones que el Banco Mundial propone como verdes utilizando datos públicos, la organización Oxfam exponía que para más del 40% de los proyectos no fue posible verificar de forma independiente los impactos positivos en el clima. Ahondando en el tema, la campaña “The Bigh Shift ” ha mapeado 15 proyectos financiados por el Banco Mundial desde la firma del Acuerdo de París en 2015 hasta la fecha encontrando financiación a gasoductos, plantas de extracción o plantas de carbón. Todas las infraestructuras en abierto contraste con los objetivos marcados por Naciones Unidas e indicados por la comunidad científica.

Reprobación del greenwashing

La COP27 ha lanzado ya reprobaciones hacia las prácticas de blanqueo ecológico y el incumplimiento de compromisos. Guterres se ha dirigido especialmente a las empresas de combustibles fósiles y sus facilitadores financieros indicando que “el uso de promesas falsas de emisiones cero netas para encubrir la expansión masiva de combustibles fósiles es censurable, es un gran engaño. Esta farsa debe terminar”, ha indicado. Por su parte, la ex ministra de Medio Ambiente y de Infraestructuras de Canadá, Catherine McKenna, que encabeza un nuevo grupo de expertos nombrados en la Conferencia, ha subrayado la claridad de estándares y criterios que deben seguirse a la hora de desarrollar compromisos de cero emisiones netas, por lo que «ahora mismo, el planeta no puede permitirse retrasos, excusas o más greenwashing”

Por ello, con motivo del ‘Día de las Finanzas’ de la COP27, la Global Alliance Banking on Values (GABV), red de bancos basados en valores, insta al sector financiero a cumplir sus compromisos y alejarse del blanqueo ecológico. Para Martin Rohner, Director Ejecutivo de la GABV, “la banca nunca es neutral: las instituciones toman decisiones sobre lo que financian e invierten, y esto tiene un gran impacto en la forma de nuestro futuro colectivo. En los últimos años, los principales bancos se han posicionado cada vez más en torno a su propósito social y objetivos ambientales. Ahora, esta retórica debe estar respaldada por compromisos y acciones reales”.

Según el informe “Emergencia climática, producción de alimentos y Comercio Justo” presentado ayer, los efectos del calentamiento global reducirán en un 30% la producción agrícola mundial, si no se adoptan las medidas adecuadas. En el caso del maíz, trigo y otros cultivos, la disminución podría ser de hasta el 80% en el África meridional. Esta situación además de provocar inseguridad alimentaria, ahondará aún más en la pobreza de quienes se dedican a la agricultura.

El Comercio Justo demuestra que es posible desarrollar un modelo comercial que garantice una vida digna para los agricultores/as y que no perjudique el entorno natural, como describen las iniciativas incluidas en el citado informe.

“Desde la producción hasta el consumo, el comercio internacional provoca un impacto significativo en la crisis climática”, ha declarado Leida Rijnhout, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Comercio Justo.

“El sistema de comercio mundial necesita una transición urgente hacia prácticas sostenibles, incluyendo la dimensión social que es la otra cara de la moneda de esta crisis” ha añadido.

Juan Pablo Solís, responsable de cambio climático de Fairtrade Internacional y uno de los representantes que acudirá a la COP27 ha explicado: “No podemos esperar que las pequeñas organizaciones agrícolas, que ya de por sí viven una situación de pobreza y vulnerabilidad y a quienes se les pagan precios muy bajos por su producción, asuman todo el coste de la transición ecológica”.

Además ha recordado que “los países ricos deben cumplir el compromiso de los Acuerdos de París y alcanzar los 100.000 millones de dólares de financiación para ayudar a las comunidades más vulnerables a combatir una crisis que no han provocado.”

Estas demandas corroboran las conclusiones del estudio “Emergencia climática, producción de alimentos y Comercio Justo” que se ha presentado hoy. “Según cálculos del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), los países en desarrollo necesitarían entre 180.000 y 300.000 millones de dólares anuales para acciones de adaptación al cambio climático”, ha explicado Alberto Abad, presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

El informe también concluye que el cambio climático supone una seria amenaza para la producción de alimentos. Los fenómenos extremos como tormentas, huracanes o sequías arrasan los cultivos, destruyen infraestructuras agrícolas y provocan la desertificación y la disminución de tierras cultivables. El FIDA también alerta de que, si no se realizan las medidas políticas y climáticas adecuadas, la producción de maíz, trigo, mijo, guisantes y otros productos en 8 países del África meridional podría descender hasta un 80%. En el caso del café, la superficie apta para su cultivo se podría reducir en un 50% de aquí a 2050. Y, en términos generales, el rendimiento de la agricultura mundial podría disminuir en un 30% de aquí a 2050, según una investigación reciente de Oxfam.

Por otro lado, el informe destaca el importante papel de las pequeñas organizaciones agrícolas, que constituyen el 95% de las explotaciones de todo el mundo. Estas son quienes producen un tercio de los alimentos que se consumen a nivel mundial, y en los países en vías de desarrollo suponen entre el 60 y el 80% de los alimentos consumidos ahí. Su papel es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y frenar el cambio climático. Sin embargo, en su mayoría viven en la pobreza. El 80% de las personas en situación de extrema pobreza viven en zonas rurales y por tanto tienen especial dificultades para hacer frente a los efectos del cambio climático y combatirlo.

El futuro no pinta muy halagüeño ya que la falta de oportunidades, unido a la dificultad de contar con ingresos estables y dignos, hace que gran parte de la población rural abandone el campo. El Banco Mundial estima que de aquí a 2050, 143 millones de personas de América Latina, África subsahariana y Asia meridional podrían emigrar a las ciudades por motivos climáticos.

En el informe se pone de manifiesto el impacto del comercio y la producción convencional en el cambio climático.

Diversos organismos de ONU señalan que los niveles insostenibles de producción y consumo son los responsables de las emisiones de una cantidad alarmante de dióxido de carbono y otros gases perjudiciales a la atmósfera.

La agricultura comercial es la causante del 80% de la deforestación en todo el mundo. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques. Por otro lado, el proceso de degradación del suelo, que ya afecta a más de un tercio de la superficie global, se ha disparado a causa principalmente de la eliminación de praderas y sabana para fines agrícolas.

Por último, la publicación explica cómo el Comercio Justo y sus prácticas demuestran que es posible un modelo comercial respetuoso con el medioambiente y con una vida digna para sus trabajadores y trabajadoras.

El pago de precios dignos y estables, la remuneración salarial adecuada, y la formación y asesoría facilitan a las organizaciones agrícolas realizar una transición ecológica, manteniendo la productividad e ingresos. En el informe se describen algunas iniciativas realizadas por organizaciones de Comercio Justo de América Latina, África occidental y Asia para combatir el cambio climático y a la vez mantener su nivel de producción e ingresos.

Documento de posicionamiento y demandas del Comercio Justo ante la Cumbre del Clima COP27.

El informe “Emergencia climática, producción de alimentos y Comercio Justo” ha contado con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Coordinadora Estatal de Comercio Justo y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pedimos a la Comisión Europea más financiación climática para organizaciones agrícolas

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos hemos unido a la iniciativa de GEPA para pedir a Frans Timmermans, comisario de Protección del Clima en la Comisión Europea, que durante las negociaciones de la Conferencia sobre el Cambio Climático de este año, la COP 27 abogue por que los programas e instrumentos financieros internacionales se centren en las necesidades de las pequeñas organizaciones agrícolas y promuevan la agroecología. Los recursos financieros, la formación y el asesoramiento de expertos a este respecto deben ponerse a disposición de las pequeñas organizaciones productoras de la forma menos burocrática posible para que puedan armarse contra las inevitables consecuencias de la crisis climática y preservar sus medios de vida.

La iniciativa ha sido apoyada por varias organizaciones de Comercio Justo europeas.