El litigio climático (climate litigation) se define como los casos presentados ante tribunales que abordan cuestiones materiales de la ciencia, la política o el derecho del cambio climático. En la práctica: busca exigir responsabilidades frente a la crisis climática. Puede dirigirse contra gobiernos que no cumplen sus compromisos, contra grandes empresas contaminantes o contra instituciones financieras que siguen financiando actividades incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París.

El informe de referencia para entender este fenómeno es el Global Trends in Climate Change Litigation, elaborado cada año por la London School of Economics.

El documento recopila los datos del Sabin Center for Climate Change Law, convirtiéndose en la fotografía más completa del estado de las demandas climáticas a nivel mundial. Su importancia es doble: por un lado, permite seguir la evolución de un fenómeno global que ya supera los 2.900 casos; por otro, demuestra que estas demandas tienen consecuencias muy reales sobre gobiernos, empresas y, cada vez más, sobre el mundo de las finanzas.

En 2024 se presentaron 226 nuevos casos de litigios climáticos, lo que eleva el total a 2.967 en casi 60 países. Aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado respecto a años anteriores, el fenómeno se consolida como un instrumento clave de presión en todos los continentes. El último informe destaca también la importancia del Sur Global, donde casi el 60% de los casos registrados se han presentado desde 2020. También en el ámbito internacional se registran avances: en 2024 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que los Estados tienen la obligación de prevenir y reducir las emisiones contaminantes procedentes de fuentes marinas, un precedente que puede abrir la puerta a nuevas causas legales.

El sector financiero en el punto de mira

En 2024, alrededor del 20% de los casos presentados tuvieron como objetivo a empresas, incluidos sus directivos y consejeros. Entre ellas se encuentran cada vez más bancos, fondos de pensiones y gestoras de activos, cuestionados por financiar proyectos incompatibles con los compromisos climáticos o por no gestionar adecuadamente los riesgos de transición.

Un ejemplo destacado es la demanda Milieudefensie v. ING, presentada en Países Bajos en 2025. Se acusa al mayor banco del país de incumplir su deber de cuidado al no reducir sus emisiones financiadas en línea con el Acuerdo de París. La demanda solicita que ING reduzca estas emisiones a la mitad para 2030 e incluya las llamadas emisiones de alcance 3, derivadas del uso final de los combustibles fósiles que financia. Los fondos de pensiones también están en el punto de mira. El caso Kim Min v. Kim Tae-Hyun, en Corea del Sur, acusa al Fondo Nacional de Pensiones de no gestionar adecuadamente los riesgos de transición ligados a sus inversiones en carbón. Casos similares se han iniciado en Luxemburgo, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, reforzando la presión sobre la gestión de los ahorros a largo plazo.

El informe recoge igualmente ejemplos de denuncia de greenwashing en el sector financiero. En Francia, la organización ClientEarth denunció a BlackRock en 2025 por comercializar fondos sostenibles que en realidad mantenían más de 1.000 millones de dólares invertidos en combustibles fósiles, lo que obligó a la gestora a reclasificar sus productos para cumplir la normativa. En Australia, la justicia impuso multas millonarias a gestoras como Mercer y Vanguard por ofrecer fondos verdes que incluían inversiones fósiles, confirmando que el greenwashing ya no es solo un riesgo reputacional, sino también legal y financiero.

Un nuevo regulador para las finanzas

El propio sector financiero reconoce el riesgo. Según una encuesta mundial mencionada en el informe (Climate litigation as a financial risk: evidence from a global survey with equity investors), el 80% de los inversores ya considera la litigación climática como un riesgo financiero material, incluso por encima de los riesgos físicos derivados de fenómenos climáticos extremos. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, advirtió ya el pasado año que el 70% de los 95 bancos europeos analizados podría enfrentarse a una elevada exposición a litigios debido a la desalineación entre sus carteras de crédito y sus compromisos públicos alineados con el Acuerdo de París. Esto refuerza los llamamientos de la comunidad académica a tratar el riesgo de demandas como un factor central del riesgo financiero relacionado con el clima, y no como un asunto periférico.

Más allá de las sentencias, el informe muestra que el riesgo de litigio influye ya en decisiones estratégicas. En 2024, la empresa TotalEnergies anunció que no invertiría en nuevos proyectos de petróleo y gas en Reino Unido tras el fallo Finch, que obliga a considerar las emisiones de alcance 3 en las evaluaciones de impacto ambiental. Este ejemplo ilustra cómo la amenaza de una demanda puede modificar la estrategia de grandes compañías y, por extensión, de las entidades que las financian.

En definitiva, el informe confirma que las demandas climáticas han dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un riesgo sistémico para las finanzas. Los tribunales se han consolidado como un nuevo actor de la gobernanza climática, con capacidad para obligar a bancos, fondos y corporaciones a replantear sus políticas. Invertir contra el clima ya no implica solo un riesgo reputacional: puede acabar en los tribunales y comprometer el futuro económico de las entidades financieras.

Un tribunal puede parecer un lugar atípico para defender la economía social y solidaria, pero cada vez lo es menos. La llamada litigación estratégica se está abriendo camino en España y un número creciente de entidades sociales la están utilizando como una herramienta para defender modelos económicos que se basen en la justicia social y medioambiental y para asegurar el respeto a los derechos humanos. “La litigación estratégica la entendemos como el litigio de un caso que representa un colectivo emblemático con el objetivo de conseguir una resolución que sea acorde a los derechos humanos y a los principios de la economía social”, explica Silvia Beltrán, abogada de Red Jurídica, una cooperativa de abogadas y abogadas que trabaja en casos de este tipo.

El adjetivo estratégico es fundamental para entender este concepto, explica Sonia Olea, abogada del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española. “La parte de estrategia le da toda una simbología. No es un litigio estratégico cada vez que vamos ante los tribunales. Tiene que ser un litigio que se plantea con un impacto más amplio”, asegura. Así, estos casos no están planteados únicamente para solucionar un problema concreto de una persona o de una comunidad, “sino que va a tener repercusiones para muchas más personas”. Además, explica Olea, el alcance no se reduce al ámbito jurídico, “sino que también se aprovecha esa estrategia para sensibilizar y para informar”.

Estas estrategias son relativamente nuevas porque el marco jurídico hasta ahora dejaba poco margen a este tipo de litigios

Estas estrategias -que pueden tomar formas diversas y que se pueden abordar en tribunales de diferente tipo, desde los civiles o contenciosos administrativos de primera instancia, hasta instancias más altas como el Tribunal Supremo y el Constitucional, o incluso en organismos internacionales- son relativamente nuevas porque el marco jurídico hasta ahora dejaba poco margen a este tipo de litigios. Así, en el caso de la defensa de los derechos humanos en el sistema regional europeo, explica Sonia Olea, “los protocolos facultativos que nos permiten introducir las demandas han sido aprobados hace poco tiempo”, ya que España ratificó la Carta Social Europea revisada en 2021.

Además, en 2008, el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas inició sus Exámenes Periódicos Universales, una revisión entre pares de la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU, lo que ha abierto una nueva puerta de defensa jurídica. “Desde el punto de vista de la vulneración de los derechos, nos planteamos todas las herramientas posibles para intentar defender esa situación”, explica Olea. El pasado mes de abril, España pasó su cuarta revisión periódica a la que han presentado informes sobre la situación de los derechos humanos en España más de 50 organizaciones, según Olea.

Un ejemplo de este tipo de litigaciones relacionadas con los derechos humanos ha sido el de la Cañada Real, que ha supuesto una condena a España por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales por no asegurar el suministro “estable, constante y seguro a energía”. La condena ha llegado después de que varias organizaciones denunciaran al Estado español ante el Consejo de Europa, del que depende el Comité, por la vulneración de derechos humanos por los cortes del suministro de la luz que han afectado a unas 4.500 personas, 1.800 de ellas menores.

La Ley Concursal abre la puerta a que las personas trabajadoras puedan adquirir la unidad productiva de una empresa en crisis, permitiéndoles transformarla en cooperativas

En el caso de los modelos de economía social y solidaria, un cambio importante ha venido de la mano de la reforma de la Ley Concursal, de septiembre de 2022, que abre la puerta a que las personas trabajadoras puedan adquirir la unidad productiva de una empresa en crisis, permitiéndoles transformarla en cooperativas u otras empresas de la ESS. Ayudar a que estos procesos sean una realidad es el objetivo del proyecto ‘Rescata Tu Empleo’, impulsado por las cooperativas Red Jurídica, Nabata y Aquo desde principios de 2024. “Ahora estamos en una fase más de sensibilización y de dar a conocer (la ley) para intentar que en los procesos concursales, en la medida de lo posible, cuando una empresa va a acabar en liquidación o la va a absorber un fondo o un inversor, que sean los trabajadores y trabajadoras los que se puedan quedar con la unidad productiva, convirtiéndola en una empresa de la economía social”, explica Silvia Beltrán.

El objetivo del proyecto, además de acompañar a las personas trabajadoras en estos procesos judiciales, es ir consiguiendo precedentes jurídicos de recuperaciones de empresas por parte de las personas trabajadoras. “La idea es que esto se convierta en algo habitual, o sea, que en el momento en que una empresa cierre, (el juez o jueza) puedan contemplar como una vía de solución que los trabajadores y trabajadoras se puedan quedar con la empresa”, asegura la abogada. “En otros países como Italia o Alemania es bastante frecuente, pero aquí en España, no, principalmente porque ha habido mucha burocracia que lo ha imposibilitado”, continúa.

Ana Barreira, abogada especializada en derecho medioambiental y directora-fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, apunta además a las propias particularidades de sistema jurídico español como razón de que el litigio estratégico sea menos importante que en otros países. “El litigio en nuestro sistema jurídico, basado en el derecho civil, es el último recurso porque lo que prima es la ley. La ley se tiene que cumplir y se tiene que respetar, y si no se respeta se puede acudir a los tribunales”, explica. Sin embargo, a menudo se compara la situación en España con el sistema anglosajón, donde “la primera fuente de derecho son los precedentes judiciales y por eso se litiga mucho más”, porque es el que vemos en noticias y series de televisión. “Hay a menudo un error de comprensión sobre los sistemas jurídicos. La gente quiere copiar modelos jurídicos, pero es que nuestro sistema no tiene nada que ver con el sistema estadounidense”, apunta.

Litigios con el medio ambiente de fondo

Una de las figuras que están ahora de moda son los litigios climáticos, asegura Barreira, quien es además autora del informe Derechos climáticos. Mecanismos jurídicos de defensa del clima en España. Sin embargo, los casos con trasfondo medioambiental no son nuevos y la mayoría de ellos no están directamente relacionados con el cambio climático. “Se ha estado litigando desde hace muchos años en tribunales por incumplimiento (de leyes medioambientales). Lo que pasa es que antes los medios no prestaban atención a estas cosas porque la sociedad no estaba preocupada”, explica. El derecho al Medio Ambiente está incluido en la Constitución Española pero no se incluye en el Título I que recoge los derechos fundamentales. “Esto tiene una consecuencia que es que, al no reconocerse como un derecho fundamental, cuando este derecho se ve afectado, no puedes utilizar la vía (rápida) de lo contencioso administrativo ni llegar más rápido al Constitucional”, explica.

El Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia recoge 18 casos en su base de datos sobre juicios climáticos en España, incluyendo el caso del Prestige, la demanda de Iberdrola contra Repsol por greenwashing o la de ClientEarth y Ecologistas en Acción contra el gobierno español por la degradación del Mar Menor. Sin embargo, para Barreira el único litigio puramente climático en España es el llamado Juicio por el Clima, interpuesto contra el gobierno español por no haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a finales de 2019, en cumplimiento de la normativa europea. La demanda fue presentada en 2020 por Ecologistas en Acción, Oxfam-Intermón y Greenpeace, a la que luego se sumaron Juventud por el Clima-Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. El Tribunal Supremo falló en 2023 en contra de las organizaciones, que ahora han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

Uno de los elementos clave para que este tipo de casos puedan convertirse en una verdadera palanca de cambio será la propia formación y especialización de los jueces

Estos casos medioambientales también dejan huella en el modelo económico, porque muchos de ellos reclaman que los sistemas productivos se hagan responsables de sus impactos sobre el medio natural o que las administraciones velen realmente por que así sea. Un ejemplo reciente es el del embalse As Conchas, cuya contaminación relacionada con la ganadería intensiva en la zona ha sido llevada a los tribunales por un grupo de siete demandantes individuales y dos organizaciones, una asociación vecinal y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

Sin embargo, uno de los elementos clave para que este tipo de casos puedan convertirse en una verdadera palanca de cambio será la propia formación y especialización de los jueces. “La Judicatura debería de recibir formación en temas ambientales y climáticos, porque a veces las sentencias no están suficientemente bien argumentadas”, asegura Barreira. “Igual que aquí hay salas especializadas en temas de violencia de género o temas de menores, debería haber los mismo pero en temas ambientales y climáticos con miembros de ese tribunal formados”, concluye.