La crisis de la vivienda en la Unión Europea no puede explicarse únicamente por la escasez de oferta. Junto a la falta de vivienda asequible, es necesario considerar un fenómeno que afecta también a otros ámbitos de la economía: la financiarización de la vivienda. Es decir, cuando los inmuebles funcionan como activos financieros, más allá de cumplir su función social como hogares. Esta es una de las principales conclusiones del informe La especulación inmobiliaria en la UE, elaborado a petición de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (HOUS) del Parlamento Europeo.

El estudio analiza el avance de la financiarización en los mercados de vivienda de la Unión Europea, con especial atención al alquiler residencial. Examina la actuación de grandes inversores financieros, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos, que pueden invertir directamente o a través de fondos inmobiliarios. También estudia el papel de los propietarios corporativos: entidades orientadas a la obtención de beneficios que poseen y gestionan carteras de viviendas a gran escala.

Aunque la proporción del parque residencial europeo en manos de estos inversores todavía es limitada, ha crecido rápidamente desde la crisis financiera de 2008. Además, su presencia se concentra en determinadas ciudades y segmentos del mercado, por lo que su peso en el conjunto de un país puede ser reducido y, al mismo tiempo, tener efectos relevantes en mercados locales concretos.

De la deuda hipotecaria a la riqueza inmobiliaria

Durante décadas, la principal conexión entre el sistema financiero y la vivienda fue el crédito hipotecario. Desde los años ochenta, la expansión de las hipotecas y la titulización de esos préstamos (es decir, su conversión en productos financieros que pueden venderse en los mercados) contribuyeron al aumento de los precios de la vivienda en buena parte de la Unión Europea. Tras la crisis financiera de 2008, sin embargo, se produjo un cambio. Los precios siguieron creciendo a pesar de que el crédito hipotecario concedido a los hogares se estancó o disminuyó. Entre 2015 y 2024, el nivel medio de crédito a los hogares en los países europeos analizados cayó un 18 %, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 61 %.

El informe interpreta esta evolución como el paso de una financiarización basada en el endeudamiento hipotecario a otra impulsada por la riqueza inmobiliaria acumulada, la entrada de capital financiero y la búsqueda de rentabilidad. La vivienda no se adquiere únicamente para vivir en ella o para obtener ingresos mediante su alquiler, sino también con la expectativa de que aumente su valor. Este cambio se refleja en la evolución de los fondos inmobiliarios residenciales cotizados con sede en la UE. Entre 2004 y 2024, sus activos pasaron de 4.800 a 198.700 millones de euros. Por otra parte, la participación de la UE en el conjunto mundial de activos residenciales en manos de fondos cotizados aumentó del 19,3 % en 2005 al 27,5 % en 2024.

Cuando la rentabilidad depende de la revalorización

El informe distingue cuatro tipos de especulación inmobiliaria, aunque centra su análisis en los dos que pueden estudiarse con mayor precisión a partir de los datos disponibles. El primero se refiere a modelos de negocio que dependen principalmente de la revalorización de los inmuebles, más que de los ingresos obtenidos por alquilarlos. Entre 2004 y 2024, el valor de los activos residenciales de los fondos cotizados europeos se multiplicó por 42, mientras que sus ingresos por alquiler lo hicieron por 19. Para los autores, esta diferencia indica que una parte significativa de la inversión está motivada por la expectativa de obtener ganancias mediante la revalorización de los inmuebles, y no exclusivamente por los ingresos derivados de proporcionar alojamiento.

La segunda forma de especulación analizada tiene que ver con determinadas prácticas de los propietarios. La gestión de las viviendas adquiere un carácter especulativo cuando busca aumentar la rentabilidad principalmente mediante la sustitución de inquilinos, la subida de los alquileres o la revalorización de los activos. Entre estas prácticas, el informe menciona los desalojos sin causa atribuible a las personas arrendatarias, el acoso, la falta de mantenimiento y las denominadas renovictions: reformas utilizadas para expulsar a quienes habitan las viviendas o justificar aumentos elevados del alquiler. Las evidencias examinadas en distintos Estados miembros relacionan estas actuaciones con una mayor inseguridad residencial, la pérdida de asequibilidad, el desplazamiento de población y el aumento de las desigualdades socioespaciales.

Una presencia concentrada en determinados territorios

La entrada de grandes inversores financieros no se ha producido con la misma intensidad en todos los países europeos. Según el estudio, el factor decisivo no es tanto la existencia de instrumentos como los fondos de inversión inmobiliaria cotizados, sino la posibilidad de adquirir viviendas concentradas geográficamente, agruparlas en carteras y venderlas posteriormente como un conjunto. El informe identifica tres vías principales de entrada. La primera es la privatización de parques de vivienda pública o no lucrativa. La segunda, la adquisición de activos devaluados tras crisis hipotecarias o bancarias. La tercera es la inversión en segmentos especializados, como las residencias de estudiantes, los centros asistenciales o los alojamientos vinculados al turismo.
Más financiación no significa más vivienda asequible

Una de las principales advertencias del estudio se dirige a las políticas que confían en la movilización de capital privado como respuesta a la crisis de la vivienda. Facilitar el acceso a la financiación no garantiza por sí solo que se construyan más viviendas asequibles. El informe señala que los grandes inversores financieros adquieren mayoritariamente viviendas existentes, en lugar de construir otras nuevas, y que su objetivo no es necesariamente mejorar la asequibilidad. Cuando el capital disponible aumenta con rapidez, pero la oferta de vivienda responde lentamente, la financiación adicional puede traducirse en un incremento de los precios. Desde esta perspectiva, la cuestión no es únicamente cómo movilizar más inversión, sino qué tipo de financiación se favorece, hacia dónde se dirige y bajo qué condiciones.

Los autores valoran positivamente que el Plan Europeo de Vivienda Asequible reconozca la existencia de la financiarización y la especulación. Sin embargo, consideran que su respuesta resulta insuficiente porque se centra principalmente en mejorar el seguimiento y la transparencia de los mercados y en movilizar nuevas inversiones, sin abordar con suficiente profundidad las causas estructurales del problema.

Regular la especulación y ampliar las alternativas

El estudio formula quince recomendaciones que parten de una misma premisa: la vivienda debe considerarse ante todo una infraestructura social y económica esencial para el bienestar de la población y solo de manera secundaria un activo de inversión. Entre otras medidas, propone diferenciar la financiación destinada a adquirir una vivienda habitual de aquella orientada a comprar inmuebles como inversión, así como dirigir el crédito y las ayudas públicas hacia la construcción de nueva vivienda asequible. También plantea que el acceso al apoyo público quede condicionado a inversiones de largo plazo que acepten rentabilidades no especulativas.

En materia de transparencia y fiscalidad, recomienda mejorar la información disponible sobre quién posee los inmuebles, cómo se transmiten y de qué manera se fijan los alquileres y las valoraciones. Asimismo, plantea combatir las estructuras utilizadas por propietarios transfronterizos para trasladar sus beneficios hacia jurisdicciones elegidas por su tratamiento fiscal. Las propuestas incluyen también reforzar la regulación de los alquileres, impedir que las reformas se utilicen para expulsar a los residentes y aumentar la seguridad de la tenencia. Junto a estas medidas, el estudio defiende ampliar la vivienda social y desarrollar modelos permanentemente asequibles, como las empresas municipales de vivienda, las asociaciones con beneficios limitados, las cooperativas y los fideicomisos comunitarios de tierras.

Los casos de Dinamarca, Berlín y Barcelona muestran que las administraciones pueden modificar el comportamiento de los inversores y frenar determinadas prácticas especulativas. Al mismo tiempo, revelan los límites de las actuaciones aisladas: dentro de unos mercados financieros europeos y mundiales integrados, el capital puede desplazarse de un territorio a otro para aprovechar las diferencias regulatorias. Por este motivo, el informe reclama una mayor coordinación europea. Su conclusión de fondo es que movilizar más capital no bastará para resolver la crisis. Para que la financiación contribuya a garantizar el acceso a la vivienda, es necesario decidir qué inversiones se apoyan, con qué finalidad y sujetas a qué condiciones.

Fuente: Valor social

Las entidades de la economía social y solidaria desempeñan un papel reconocido en la cohesión social, el arraigo territorial y la sostenibilidad ambiental. No obstante, más allá del reconocimiento de su impacto, muchas de ellas, sobre todo las de menor tamaño, comparten una dificultad estructural: la debilidad de sus fondos propios. Esta limitación no solo restringe su capacidad de crecimiento, sino que las hace más vulnerables ante contextos de incertidumbre económica y financiera.

A modo de ejemplo, los datos disponibles sobre el sector cooperativo evidencian que muchas cooperativas operan con mayores niveles de endeudamiento y menor capital propio que otras pymes, especialmente las de menor tamaño. Entre las lecturas de este dato podría apuntarse una limitación estructural ligada al modelo cooperativo, pero también, como señala Jordi Ibáñez, director de la Fundación Finanzas Éticas, a la falta de herramientas de capitalización adecuadas: «En la actualidad no se conoce ningún fondo de capitalización en España que haya invertido en ninguna cooperativa. Sí se conocen instrumentos de capital flexible, o que utilicen préstamos participativos, como son los casos de la Fundación Seira en Cataluña o Konfekoop Seed Bizkaia pero ninguno de ellos ha utilizado el instrumento de la capitalización para las cooperativas, al menos de manera sistematizada«.

¿Por qué son importantes los fondos propios?

En una cooperativa o entidad de economía social, reforzar los fondos propios no es solo una cuestión contable. Supone ganar estabilidad financiera, mejorar la solvencia frente a terceros y reducir la dependencia de financiación externa basada exclusivamente en deuda. En contextos de crisis o de encarecimiento del crédito, esta diferencia resulta determinante.  Como indica Juan Carlos Bujalance, de la cooperativa andaluza Ideas Coop, «las aportaciones a los fondos propios son fundamentales para el sostenimiento de las entidades y su estabilidad financiera«.   No solo porque «da independencia frente a las entidades financieras tradicionales«, como señala Elena Omezzoli, socia y miembro del Consejo Rector de la cooperativa mallorquina Ecotxe, sino también porque «fortalece el vínculo con las personas socias«. En este sentido, en el ámbito cooperativo, los fondos propios tienen también una dimensión política y cultural.

Fundación Finanzas Éticas puso en marcha, en 2022, La Colmena, una iniciativa pionera en España, concebida como experiencia piloto para reforzar los fondos propios de la economía social y solidaria. esta propuesta se ha desarrollado con recursos propios de la Fundación, pero también ha contado con el apoyo de fondos públicos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) y del Ayuntamiento de Barcelona, una colaboración que ha permitido ampliar su alcance y su impacto. Para Lucía Gómez, coordinadora de La Colmena, el programa responde a una necesidad evidente del sector: las entidades de economía social reconocen la importancia de los fondos propios, pero aún los utilizan poco como palanca para reforzar su estructura financiera.

La singularidad de esta iniciativa reside en su enfoque integral. No se trata únicamente de una aportación económica al capital social, sino de una propuesta que combina financiación, acompañamiento y conexión, con la Fundación actuando como socia colaboradora de las entidades participantes. Esta lógica permite generar espacios de confianza, aprendizaje compartido y corresponsabilidad. En estos primeros cuatro años, La Colmena ha permitido conocer y acompañar a más de un centenar de organizaciones que han participado en distintas fases del programa. De ellas, 25 han recibido aportaciones directas a su capital social, por un importe total de 360.000 euros. Sólo en la última edición, en 2025, diez entidades recibieron en total 164.000 €, con aportaciones al capital social de entre 5.000 y 30.000 euros, en función de la entidad y las necesidades estudiadas.

Pero más allá de las cifras,  los resultados preliminares muestran impactos interesantes. Las entidades participadas han experimentado, de media, un aumento significativo de sus fondos propios y de su capital social, así como mejoras en su solvencia y capacidad de planificación económica en el año posterior a la inversión. Estos efectos se producen incluso en entidades que partían de situaciones de fragilidad, lo que confirma que el refuerzo de capital puede ser una palanca de estabilidad y no solo de crecimiento.

Decía Arcadi Oliveres, profesor de economía y activista de los derechos humanos, que la educación es el pilar “que puede permitir accionar el cambio que modifique las maneras de vivir, de relacionarnos y las prioridades para salvar el planeta”. Esa idea atravesó de forma constante las VI Jornadas de la Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES), celebradas en Barcelona los días 30 y 31 de enero. Más de 70 personas —principalmente docentes y personas vinculadas a organizaciones sociales— participaron en este encuentro bajo el título «Educación económica para un mundo en llamas», organizado por las entidades que integran la red (FETS, Oikocredit, Fundación Finanzas Éticas, Economistas sin Fronteras y Finantza Haratago).

El auge de la extrema derecha, la creciente financiarización de la economía, la normalización de la violencia o la polarización social formaron parte del diagnóstico compartido desde el inicio. Un diagnóstico que situó la economía lejos de la neutralidad técnica y la vinculó directamente con las condiciones materiales de la vida, con los conflictos sociales y con los relatos que moldean el presente.

Economía y relatos en un contexto de crisis

Las jornadas se iniciaron con una reflexión sobre la educación para la justicia económica global en un contexto de auge reaccionario. El debate puso sobre la mesa la relación entre economía, violencia estructural y militarización. Koldobi Velasco, trabajadora social y activista por los derechos humanos, señaló que “vivimos en un sistema capitalista que es colonial, racista, extractivista, ecocida, homicida y patriarcal”, y subrayó que “la principal violencia de esta economía es que las vidas no importan”. En su intervención puso nombre a esta lógica a través de los conceptos de necroeconomía y necropolítica, y alertó del papel central que juega la militarización en su sostenimiento. Por su parte, Cecile Barbeito, de la Escola de Cultura de Pau, puso el foco en los discursos que acompañan al auge de la extrema derecha y en el uso interesado de conceptos como polarización. “A veces llamamos polarización a lo que en realidad es desigualdad”. Barbeito alertó del riesgo de sobredimensionar a los discursos más extremos por su capacidad de hacer ruido mediático y defendió la necesidad de trabajar desde la educación los consensos sociales existentes y la reducción de las desigualdades.

Las intervenciones insistieron en la necesidad de revisar críticamente los marcos mentales y culturales desde los que miramos el mundo, muchos de ellos atravesados por valores violentos normalizados. La educación fue señalada como un espacio clave para cuestionar estos imaginarios y abrir otras formas de entender la economía, la seguridad y las relaciones sociales. En este sentido, se destacó también la importancia de tejer alianzas amplias y diversas, desde una mirada interseccional y conectada entre lo local y lo global, como condición necesaria para impulsar transformaciones profundas y sostenidas en el tiempo.

La segunda sesión de la jornada abordó la financiarización de la economía y la construcción de sus relatos, bajo el título «De Wall Street a tu cartera». El debate, moderado por Andreu Missé, periodista de la revista Alternativas Económicas, abordó cómo el sistema financiero global influye directamente en la economía real y en la vida cotidiana de las personas. El propio Missé resaltó que la desregulación financiera, la banca en la sombra, el crecimiento descontrolado de la deuda pública y la especulación con productos financieros complejos, como las criptomonedas, son elementos clave que aumentan la vulnerabilidad del sistema. Por su parte, Nicola Scherer (Observatori del Deute en la Globalització) e Hibai López-González (Universidad de Barcelona) profundizaron en cómo la financiarización impacta en ámbitos básicos como la vivienda, la salud y la educación, transformándolos en bienes mercantiles y especulativos.

En el debate se subrayó cómo la narrativa dominante promueve la idea de que los ciudadanos deben convertirse en inversores para asegurar su futuro, desplazando la seguridad de los sistemas públicos y colectivos hacia la responsabilidad individual. Esta narrativa, difundida a través de la publicidad y el marketing financiero, genera una nueva cultura financiera basada en la especulación y el riesgo, con consecuencias sociales y económicas significativas, especialmente para las generaciones jóvenes. En este contexto, se valoró la necesidad de construir relatos alternativos que promuevan la solidaridad, la justicia fiscal, las finanzas éticas y la economía social y solidaria, como herramientas para combatir la financiarización y sus efectos negativos. Finalmente, se volvió a remarcar la importancia de la educación, la movilización social y la esperanza para transformar el sistema financiero y construir un futuro más justo y sostenible.

Decía Arcadi Oliveres, profesor de economía y activista de los derechos humanos, que la educación es el pilar “que puede permitir accionar el cambio que modifique las maneras de vivir, de relacionarnos y las prioridades para salvar el planeta”. Esa idea atravesó de forma constante las VI Jornadas de la Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES), celebradas en Barcelona los días 30 y 31 de enero. Más de 70 personas —principalmente docentes y personas vinculadas a organizaciones sociales— participaron en este encuentro bajo el título «Educación económica para un mundo en llamas», organizado por las entidades que integran la red (FETS, Oikocredit, Fundación Finanzas Éticas, Economistas sin Fronteras y Finantza Haratago).

El auge de la extrema derecha, la creciente financiarización de la economía, la normalización de la violencia o la polarización social formaron parte del diagnóstico compartido desde el inicio. Un diagnóstico que situó la economía lejos de la neutralidad técnica y la vinculó directamente con las condiciones materiales de la vida, con los conflictos sociales y con los relatos que moldean el presente.

De la reflexión a la práctica

El primer día concluyó trasladando el debate del plano conceptual al terreno de lo tangible, con una degustación de productos que las finanzas éticas hacen posibles, de la mano de Abarka Coop, Foodcoop y El Ramat de Can Bofill, recordando que detrás de cada modelo económico hay también formas concretas de producir, consumir y sostener la vida.

La jornada del sábado profundizó precisamente en la dimensión propositiva. Diversas entidades de finanzas éticas acercaron su funcionamiento a las personas participantes, poniendo el foco en cómo operan y qué las diferencia del sistema financiero convencional. Iniciativas como Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit o Arç cooperativa compartieron sus principios de funcionamiento, basados en la transparencia, la gobernanza democrática, el arraigo territorial y la orientación al bien común. Más allá de presentar productos financieros alternativos, se subrayó su potencial pedagógico para trabajar en el aula una mirada crítica sobre el dinero, el crédito y la inversión. A lo largo de la mañana también se presentaron diferentes experiencias educativas impulsadas por las propias participantes, poniendo en valor el papel activo del profesorado y la importancia de compartir prácticas que ya se están desarrollando en centros educativos, universidades y espacios de educación no formal.

La tarde del sábado se articuló en talleres simultáneos bajo el título «Economías vivas en el aula: alternativas transformadoras como recurso pedagógico». Los talleres abordaron una amplia diversidad de temáticas, reflejo de la complejidad de los retos actuales: la fiscalidad justa como herramienta de redistribución y justicia social; la banca armada y su vínculo con la educación para la justicia global; las finanzas éticas y la economía solidaria como contenidos curriculares; la desinformación y la polarización mediática; y el papel de la tecnología abierta al servicio de la justicia global. Todas las propuestas compartieron una misma premisa: ofrecer al profesorado recursos y enfoques para trabajar la economía desde una perspectiva crítica, orientada al bien común.

Las VI Jornadas RedEFES cerraron así dos días de reflexión, intercambio y aprendizaje colectivo, reforzando la idea de que la educación económica crítica no solo permite comprender mejor un mundo en llamas, sino que es una herramienta imprescindible para imaginar y construir alternativas que pongan la vida, la justicia social y el bien común en el centro.

Fuente: Valor social

Este 2026 arranca en un contexto global marcado por el aumento de los conflictos y una creciente sensación de incertidumbre social y económica. En este escenario, hablar de sostenibilidad, de economía social y de finanzas éticas sigue siendo necesario. Las finanzas éticas dejan de ser una alternativa para convertirse en una herramienta clave para fortalecer la resiliencia económica, financiar la cohesión social y avanzar hacia una sostenibilidad real. Ponemos el foco en algunos de los temas que seguiremos de cerca a lo largo del año.

Real Decreto para el fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas

El Real Decreto de fomento de las finanzas éticas se encuentra actualmente en fase de tramitación, tras la apertura del proceso de audiencia e información pública a finales de 2025 por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo del texto es establecer un marco de reconocimiento y promoción para aquellas entidades financieras vinculadas a la economía social que operan con criterios de impacto social y ambiental, transparencia y gobernanza democrática.

A lo largo de 2026 será clave seguir de cerca la evolución de este Real Decreto, tanto en lo relativo a su redacción definitiva como a su posterior aplicación. El debate abierto en torno al texto apunta a cuestiones relevantes para el sector, como la definición concreta de qué se entiende por finanzas éticas, los criterios objetivos que deberán cumplir las entidades para ser reconocidas como tales y el alcance real de las medidas de fomento previstas. También será necesario observar cómo se incorporan las recomendaciones de distintos organismos y hasta qué punto el marco final logra reforzar un modelo financiero coherente con sus principios fundacionales, evitando interpretaciones ambiguas o excesivamente amplias.

Ley Integral de Impulso de la Economía Social

El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, aprobado en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, a finales de 2025, y pendiente de culminar su tramitación parlamentaria, supone un paso relevante en la actualización y modernización del marco jurídico de la economía social en España. En 2026 será clave seguir cómo evoluciona esta normativa, qué modificaciones incorpora durante su tramitación y hasta qué punto logra traducir el reconocimiento institucional en medidas con impacto real para cooperativas, empresas de inserción, asociaciones y otras entidades de la economía social.

Desde la perspectiva de las finanzas éticas, el proyecto incorpora el reconocimiento de que el desarrollo de la economía social requiere condiciones adecuadas, entre ellas el acceso a financiación. Aunque el texto no regula instrumentos financieros concretos ni introduce medidas económicas específicas, sí refuerza el marco político y jurídico desde el que las administraciones públicas pueden promover apoyos y políticas de financiación acordes con los principios de la economía social. Este enfoque crea un marco más favorable para el despliegue de políticas públicas y herramientas financieras alineadas con los principios de la economía social, abriendo un espacio en el que las entidades de finanzas éticas pueden desempeñar un papel relevante en la consolidación de modelos económicos orientados al bien común.

Europa: Marco Financiero Plurianual y Plan de Acción de la Economía Social

El próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea se perfila como un elemento decisivo para el futuro de la economía social, las microfinanzas y las finanzas éticas. En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y por un desplazamiento de las prioridades presupuestarias hacia ámbitos como la defensa o la competitividad, el diseño del MFP será clave para determinar qué modelos económicos cuentan con respaldo estructural. Tal y como subrayan desde FEBEA, garantizar recursos específicos para la innovación social, la economía social y las finanzas éticas resulta esencial para sostener la cohesión, la inclusión y la justicia social en Europa. La experiencia de los últimos años demuestra que instrumentos basados en garantías públicas, como EaSI o InvestEU, han sido determinantes para reducir el riesgo de proyectos con alto impacto social y facilitar su acceso a financiación, por lo que el reto ahora es asegurar su continuidad y mejora en el nuevo marco presupuestario.

Este debate se cruza directamente con la revisión intermedia del Plan de Acción para la Economía Social, aprobado en 2021 como una hoja de ruta ambiciosa para fortalecer y ampliar este ecosistema hasta 2030. Desde Social Economy Europe advierten de que el contexto ha cambiado de forma sustancial desde su adopción y de que la economía social ha perdido peso relativo en la agenda política europea, algo que se refleja en las actuales negociaciones presupuestarias.

La revisión del Plan de Acción y el proceso del MFP ofrecen, por tanto, una oportunidad estratégica para renovar la ambición de la Unión Europea y reafirmar un modelo económico que combine dinamismo, innovación y reinversión en los territorios con prácticas democráticas y participativas. Desde la perspectiva de las finanzas éticas, este encaje será clave para que Europa apueste por instrumentos financieros coherentes con los valores que dice defender y capaces de dar respuesta a los retos sociales y económicos que se intensifican en el actual escenario.

Regulación de la sostenibilidad: las armas no pueden ser parte de la sostenibilidad

Otro tema clave de 2026 tendrá que ver con la evolución de la regulación europea en materia de sostenibilidad. Las tensiones geopolíticas y los discursos centrados en la seguridad han configurado un contexto en el que las finanzas sostenibles siguen siendo objeto de disputa. Desde las finanzas éticas, la posición es clara: las armas no pueden formar parte de la sostenibilidad. A lo largo del año será imprescindible seguir cómo evolucionan la taxonomía europea y los criterios ESG, detectar intentos de normalizar la inversión en el sector armamentístico bajo etiquetas supuestamente sostenibles y visibilizar el papel de las finanzas éticas como contrapeso frente al greenwashing y el social washing. Este debate no es técnico, sino profundamente ético y político, y conecta directamente con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social.

El seguimiento crítico de estos debates será clave para evaluar si se avanza hacia una sostenibilidad real, basada en la justicia social, la cohesión y la democracia económica, o si estas prioridades vuelven a quedar relegadas frente a otras lógicas.

Fuente: Valor Social

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerda cada año la urgencia de erradicar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres en todo el mundo. Entre ellas, la violencia económica continúa siendo una de las menos visibles, aunque su impacto resulte decisivo en la autonomía y el bienestar de millones de mujeres. Más allá de los abusos físicos y psicológicos, esta forma de violencia adopta múltiples manifestaciones que restringen la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida.

Según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, la violencia económica es “cualquier acto o comportamiento que cause daño económico a una persona”. Esta forma de violencia puede materializarse a través del control económico, que limita o impide el acceso de la víctima a sus propios recursos; de la explotación económica, que desvía dichos recursos hacia el agresor; o del sabotaje económico, que bloquea la posibilidad de que la víctima acceda al empleo o la educación. Estas prácticas tienen consecuencias directas para las mujeres que sufren violencia de género, ya que el control sobre los recursos económicos constituye una de las principales barreras para abandonar relaciones abusivas.

Exclusión financiera

La exclusión financiera es uno de los escenarios en los que la violencia económica se hace más evidente. La falta de acceso a cuentas bancarias, la dificultad para solicitar crédito debido a tipos de interés más altos o requisitos más estrictos, la brecha salarial y la ausencia de educación financiera colocan a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Todo ello limita su capacidad para invertir en formación, emprendimiento o proyectos personales que podrían mejorar su calidad de vida, y perpetúa una dependencia que puede ser explotada por parejas o familiares que ejercen control económico como forma de abuso.

En este contexto, la falta de autonomía económica condiciona la posibilidad de tomar decisiones fundamentales, como dejar una relación violenta o pedir ayuda. De este modo, la violencia económica se convierte en un mecanismo que prolonga los ciclos de abuso y dificulta su ruptura. Por ello, en un día como el 25 de noviembre, resulta fundamental señalar que la exclusión financiera es también una forma de violencia de género.

Prácticas de las entidades finanzas éticas

Las organizaciones de finanzas éticas europeas, representadas por FEBEA, trabajan de manera activa para combatir estas dinámicas a través de mecanismos que garantizan la inclusión financiera de los grupos más vulnerables. Según la Carta de FEBEA, las entidades de finanzas éticas “responden cada vez más a las necesidades de quienes están excluidos del sistema financiero, y a las necesidades de ahorradores e inversores que quieren lograr un impacto social y ambiental positivo con sus ahorros”.

En esta línea, entidades como Fiare Banca Etica y el Grupo Banca Etica promueven la educación financiera de las mujeres, fomentan el acceso igualitario a servicios financieros y generan oportunidades para el emprendimiento femenino. Además, trabajan para sensibilizar sobre la violencia económica y aumentar la comprensión social de este problema. Este compromiso forma parte de su trayectoria desde los orígenes de Banca Etica, fundada el 8 de marzo de 1999. En 2022, la entidad financió 327 empresas lideradas por mujeres en España e Italia, lo que supone el 25,2% de las organizaciones financiadas ese año, por un total de 49 millones de euros, una cifra superior al 22% registrado en el sector financiero general. En 2025, la entidad apoyó la publicación del libro Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea, de la periodista Natascha Lusenti, que reúne testimonios de mujeres víctimas de violencia económica.

Esta realidad también ha sido estudiada por otras organizaciones europeas. Un informe elaborado por France Active en 2025 evidenció que las principales barreras para el emprendimiento femenino están relacionadas con la falta de capital inicial, la incompatibilidad con la vida familiar y la complejidad de los trámites administrativos. A la vez, las mujeres encuestadas destacaron la necesidad de simplificar estos trámites, facilitar mecanismos de conciliación y promover un reparto más equitativo de las tareas familiares. Para dar respuesta a estos retos, France Active ha puesto en marcha una garantía específica que permite a mujeres emprendedoras acceder a financiación sin aportar un aval personal, dentro de un acompañamiento más amplio. Asimismo, se desarrollan programas y encuentros específicos para mujeres en distintas regiones del país.

En Bélgica, la cooperativa Crédal trabaja desde hace años para reducir la brecha de educación financiera entre mujeres que desean emprender o reorientar sus trayectorias profesionales. A través de sesiones individuales y talleres colectivos gratuitos dirigidos a personas desempleadas, ofrece un proceso estructurado que incluye desde la fase de descubrimiento del emprendimiento hasta el fortalecimiento del negocio ya en marcha.

Paralelamente, Impulskrediet —el programa de microcréditos de Hefboom— y SheDIDIT —plataforma belga para mujeres emprendedoras de orígenes culturales diversos— han establecido una alianza estructural para facilitar el acceso a financiación de iniciativas lideradas por mujeres. Investigaciones como las de InnovFin muestran que la barrera de acceso al crédito sigue siendo mayor para las mujeres que para los hombres, y aún más elevada para mujeres con diversidad cultural. A ello se suma que, según el documento Gender Smart Financing: Investing In & With Women, el emprendimiento femenino es clave para alcanzar los objetivos europeos de inversión, aunque se estima que aún podrían faltar 200 años para cerrar la brecha de participación económica de género.

En Irlanda, el Shannon Rugby Club está impulsando mejoras en instalaciones y servicios para mujeres y niñas en el deporte. Community Finance Ireland, miembro de FEBEA, desempeña un papel fundamental al ofrecer financiación a clubes deportivos para fortalecer la vida comunitaria. Tal y como señalan desde la entidad, las nuevas instalaciones “han sido transformadoras para los equipos femeninos y han empoderado a las jugadoras para aspirar a alcanzar la Women’s All Ireland League (AIL) en la próxima temporada”.

En conjunto, estas iniciativas impulsadas por miembros de FEBEA demuestran que la inclusión financiera es una herramienta fundamental para combatir la violencia económica y avanzar hacia la igualdad. En un día como el 25 de noviembre, recuerdan que garantizar la autonomía económica de las mujeres es una condición imprescindible para erradicar la violencia de género en todas sus formas.

* Artículo basado en una serie de publicaciones de miembros de FEBEA como Fiare Banca Etica, Hefboom, Crédal, France Active o Community Finance Ireland. Puedes leer los artículos originales en sus páginas web.

Un artículo de María Elejalde, responsable de Comunicación en FEBEA, para Valor Social

CIRIEC-España y GEA Accounting presentan una nueva formación titulada “Monetización del valor social generado en entidades de economía social”, un curso cuya inscripción ya está abierta, dirigido por los profesores José Luis Retolaza y Leire San José. El curso, en modalidad online, tiene como principal objetivo desarrollar un sistema de contabilidad social que permita monetizar el valor social generado por una entidad, desglosando las diversas tipologías de valor y las transferencias a los diferentes participantes.

La formación comenzará el próximo 9 de octubre, con 10 jornadas formativas de tres horas de duración cada una, que culminarán el 17 de diciembre de 2025. Cada alumno recibirá en su correo electrónico el enlace a las videoconferencias.

Entre las metas marcadas por el profesorado se encuentra dinamizar la orientación de la organización hacia el Valor Social generado; elaborar el Mapa de stakeholders de la organización; identificar las variables de valor percibidas por los stakeholders y los proxys que permitan cuantificar económicamente las variables de valor, y determinar el grado de materialidad de las diferentes variables.

Con un profesorado cualificado lleno de expertos en la materia, los alumnos contarán en sus clases con los propios directores, José Luis Retolaza, profesor de Economía de la Deusto Business School y director Científico de “Global Economic Accounting” (GEAccounting), y Leire San José, Catedrática de Finanzas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

El profesorado lo completan Alfonso Etxanobe, doctor en Ciencias Económicas por la UPV/EHU y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto; Domingo García Merino, doctor en Economía y profesor en Finanzas la UPV/EHU, y José Torres-Pruñonosa, doctor en Ciencias Actuariales y Financieras, profesor titular de la Universidad de La Rioja y profesor adjunto de Esade Business School.

Trabajo final

Como culminación del Seminario on-line el alumnado tendrá que entregar con plazo máximo del 30 de enero de 2026 el trabajo final de elaboración de la contabilidad social en una entidad de la Economía Social.

Acreditación en Contabilidad Social

La certificación se hará conjuntamente entre CIRIEC-España y GEAccounting, y los tipos de certificación dependen de si no se lleva a término el trabajo final (Nivel 1. Usuario Certificado [OPEN]), o si se hace (Nivel 2. Usuario Avanzado [ADVANCE]).

Existe la posibilidad de editar un libro desde CIRIEC-España, coordinado por José Luis Retolaza y Leire San José, con los trabajos que desarrolle el alumnado del Seminario y que sean acreedores de la calidad necesaria para su publicación.

Precio

El coste de inscripción al seminario es de 125 euros para socios de CIRIEC-España o AEDEM, y de 150 euros para los no socios.

Enlace a la inscripción: https://ciriec.es/seminario-valor-social/

Acceder al Folleto informativo 

Cualquier duda sobre el Seminario escriban un correo a ciriec.obs@uv.es

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025 y coincidiendo con el Día Mundial de las Cooperativas (5 julio), Valor Social nos aporta un dosier que explora la situación y retos de un modelo económico basado en la participación y el bien común.

Recoge datos del cooperativismo en Europa y España, abordamos su papel en la transición ecológica y la ruptura de brechas de género, y exploramos el potencial transformador de la banca cooperativa y los retos para impulsar el sector.

El dossier se compone de 5 artículos:

240.000 cooperativas en Europa como motor silencioso de prosperidad inclusiva

Cooperativas en la transición ecológica: una mirada desde La Palma

Cooperativas con rostro de mujer: un modelo a visibilizar

Fiare Banca Etica: una banca ética y cooperativa al servicio de la transformación social

Retos globales, soluciones cooperativas: los valores de la Economía Social como oportunidad para construir un mundo mejor

Francisco Javier Martínez Contreras es doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Deusto, donde imparte asignaturas relacionadas con la ética aplicada a la realidad social. Además, dirige el Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Desde 2005, su vínculo con Fiare Banca Etica, sucursal del Grupo Banca Etica en España, ha sido constante.

Todo comenzó con una conversación casual con un colega que le presentó el proyecto, aunque confiesa “nunca me convenció la banca tradicional”. Su conexión inicial con Fiare fue como cliente, pero en 2023 asumió un papel más activo como miembro del Comité de Ética, del que actualmente es vicepresidente, un rol que describe como una responsabilidad y un aprendizaje constante. “El comité no es un órgano ornamental; es esencial. Tiene el propósito de ser una voz reflexiva dentro de la organización, ayudando a que las decisiones sean éticamente consistentes. Esto no es un lujo, es una necesidad”, explica con firmeza en una entrevista realizada a través de videollamada.

El papel del Comité de Ética

Para Javier Martínez, la misión del Comité de Ética va más allá de emitir informes. Se trata de crear un espacio de reflexión colegiada donde las decisiones se toman desde un consenso informado. “Nos enfrentamos a cuestiones complejas, desde cómo adoptar la inteligencia artificial hasta cómo manejar dilemas éticos sobre financiaciones específicas, como, por ejemplo, la investigación médica con animales. Cada decisión requiere un proceso riguroso de análisis y debate, siempre con la idea de preservar los valores centrales del proyecto”.

El comité está compuesto por siete personas, la mayoría de ellas socias de la entidad, elegidas por la Asamblea de Socios. Entre los perfiles actuales se encuentran economistas, juristas especializados en derechos humanos, o urbanistas, además de Javier, quien aporta su experiencia en ética aplicada. “Es importante que los miembros tengan una sensibilidad ética y una formación que les permita reflexionar críticamente sobre las decisiones que tomamos”, añade.

El funcionamiento del comité se basa en la deliberación y el consenso. Cuando surge un tema, los miembros más afines al área lo estudian y preparan un documento inicial. Este se discute en las reuniones, donde cada miembro aporta su perspectiva y se busca un parecer común. “No hay votos particulares. Si no hay claridad, dejamos que el tema madure y mantenemos más conversaciones o se dice: ‘Mira, sobre esto no hay claridad’.”, explica Javier Martínez subrayando que muchas reflexiones necesitan tiempo para madurar. “Hay que saber mantener las conversaciones adecuadas en los foros adecuados y darse tiempo, porque muchas ideas y muchas reflexiones necesitan tiempo para madurar, no son inmediatas”, comenta.

El Comité de Ética no solo responde a solicitudes externas, sino que también plantea reflexiones propias. Javier destaca que el comité recoge la sensibilidad de la base social y la articula en sus reflexiones. “Escuchar qué es lo que piensan nuestras bases, dónde está su sensibilidad, qué problemas son los que les preocupan, es fundamental. Hemos hecho esfuerzos por estar, por escuchar, por entender qué es lo que pasa”, explica. Este diálogo constante con la base social refuerza la cohesión del proyecto y asegura que las decisiones tomadas estén alineadas con los valores de la entidad.

El comité no tiene un papel coercitivo, pero sí una influencia significativa. “Nuestras recomendaciones no son vinculantes, pero suelen ser tomadas en cuenta porque están fundamentadas. Si no se tuvieran en cuenta, requeriría una explicación clara y razonada por parte del Consejo de Administración”, subraya.

Un enfoque centrado en las personas

Para Javier, lo más gratificante de formar parte de Fiare Banca Etica es ver cómo impacta en vidas reales. “En este banco no se trata solo de cifras; detrás de cada número hay personas y contextos que importan. Se apoyan proyectos que trabajan con inmigrantes, con redes de consumo responsable o ganaderías ecológicas, por poner algunos ejemplos. Este ecosistema genera una red de impacto social genuino”, comparte con entusiasmo.

Sus palabras reflejan un fuerte compromiso no solo con las finanzas éticas, sino con una visión de sociedad que prioriza el bienestar colectivo. “El capital más importante de Fiare no son los millones en capital social que tiene recogidos, sino las personas que encarnan este proyecto. Eso es lo que realmente marca la diferencia”.

Desafíos y reflexiones

En un mundo donde la inmediatez y el lucro parecen dominar, mantener la integridad de un proyecto de finanzas éticas no está exento de dificultades. “El contexto actual pone a prueba constantemente nuestra capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios. Vivimos en un entorno que a menudo ridiculiza o menosprecia las alternativas éticas, pero eso no debe detenernos. Hacer las cosas bien es complicado, pero imprescindible”, afirma Javier.

Ante la situación actual de múltiples crisis y el descreimiento del poder de la ciudadanía, Javier Martínez concluye con una reflexión sobre el impacto de las decisiones individuales: “Cada decisión de consumo es una decisión política. No es lo mismo comprar un kilo de azúcar en el supermercado que en una tienda de comercio justo. Cada elección cuenta, aunque parezca una gota de agua dulce en medio de un océano salado. Esas gotas son capaces de transformar ecosistemas y generar cambios reales. Mantenernos firmes en nuestros valores y cargarnos de razones es complicado, pero imprescindible”.

Fuente: Valor Social.

Las noticias sobre aranceles, guerras comerciales y la economía global ocupan la mayor parte de las portadas. En un mundo interconectado, las decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia pueden tener un impacto inmediato en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, aunque los debates económicos parecen lejanos, en realidad, la ciudadanía somos protagonistas de muchas de estas decisiones. Cada vez que abrimos una cuenta corriente, contratamos un seguro o compramos un producto, estamos participando en un sistema económico global. Y aunque no siempre somos conscientes de ello, nuestras decisiones también tienen un impacto directo en el mundo económico y financiero.
¿Qué son las finanzas éticas y cómo pueden cambiar el sistema financiero?

¿Qué pasaría si el dinero que usamos cada día estuviera alineado con nuestros valores y principios? Si nuestras decisiones financieras no solo buscaran rentabilidad, sino también el bienestar de las personas y del planeta, ¿cómo cambiaría nuestro entorno? Ahí es donde entran en juego las finanzas éticas, una alternativa que busca transformar el sistema financiero tradicional desde sus raíces.

Para entender qué son las finanzas éticas, es útil retroceder en el tiempo. A lo largo de la historia, ya han existido movimientos financieros basados en principios de justicia social y equidad. Pensemos, por ejemplo, en los montes de piedad creados en el siglo XV, instituciones impulsadas para evitar la usura y ofrecer préstamos justos a las personas más necesitadas. O las cajas rurales surgidas hacia finales del siglo XIX como apoyo financiero al asociacionismo agrario. Ambas experiencias demostraron que era posible una banca que no estuviera dominada únicamente por el afán de lucro, sino que estuviera guiada por principios de solidaridad y apoyo mutuo.

En la actualidad, las finanzas éticas buscan dar a la sostenibilidad y la responsabilidad social un papel clave. Las finanzas éticas no son solo una cuestión de «buenas intenciones», sino que se basan en principios muy claros que las distinguen de las instituciones financieras convencionales. Una de sus premisas fundamentales es que el dinero debe estar al servicio de las personas y no del lucro. A diferencia de la banca tradicional, donde la rentabilidad es el principal objetivo, los bancos éticos buscan generar un impacto positivo en la sociedad. No se trata de maximizar beneficios a cualquier costo, sino de financiar iniciativas que promuevan el bienestar común.

Transparencia y sostenibilidad: características clave de las finanzas éticas

Otra característica clave de la banca ética es la transparencia en la inversión. Muchas de estas entidades publican la lista de los proyectos financiados, permitiendo a los clientes saber exactamente cuál es el destino de sus ahorros. Además, los bancos éticos financian iniciativas en sectores como energía renovable, vivienda social, cooperativas agrarias y emprendimientos que fomentan la inclusión social. Evitan cualquier inversión en industrias dañinas como armamento, energía nuclear, juego o explotación laboral.

Las entidades de finanzas éticas también se distinguen por su gestión responsable y participativa. No solo se enfocan en los clientes, sino también en la participación activa de trabajadores y socios en la toma de decisiones. Muchas de ellas funcionan como cooperativas, donde cada persona tiene voz y voto. Asimismo, mantienen una relación estrecha con las comunidades locales donde operan. No buscan maximizar ganancias en mercados especulativos, sino financiar proyectos que generen empleo y fortalezcan el tejido social.

El ecosistema de las finanzas éticas en Europa

Pero, ¿existen instituciones financieras de este tipo? Las finanzas éticas no son algo utópico o residual. Son un ecosistema que sigue creciendo. Actualmente, en Europa, las entidades alineadas con las finanzas éticas se agrupan principalmente en la red FEBEA (Federación de Bancos Éticos y Financiadores Alternativos). Fundada en Bruselas en 2001, trabaja para impulsar unas finanzas al servicio de la ciudadanía, basadas en la participación, la transparencia, la solidaridad y la rendición de cuentas, criterios recogidos en su carta de principios. Reúne a 32 instituciones financieras de 17 países europeos con el objetivo de desarrollar las finanzas éticas y sociales en Europa. Junto a la Fundación Finanzas Éticas y Fondazione Finanza Etica, publica cada año un informe anual sobre finanzas éticas en Europa que demuestra, año tras año, que los bancos éticos son más resilientes a los cambios, presentan un mayor rendimiento en sus actividades económicas y están comprometidos con financiar la economía real a través de créditos y préstamos en lugar de especular en los mercados financieros.

El poder de nuestras decisiones financieras

Que el dinero tiene poder lo hemos leído, visto y experimentado. No solo define cómo vivimos, sino también cómo afectan nuestras decisiones a otras personas y al planeta. Las finanzas éticas nos invitan a reflexionar sobre este poder y a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y principios. Al hacerlo, no solo podemos transformar el sistema financiero, sino también crear un mundo más justo y sostenible para las futuras generaciones. Y aunque el camino hacia una economía más ética no es sencillo, cada paso que damos es un paso hacia un futuro más solidario y responsable. El cambio puede comenzar con nosotros, con nuestras decisiones diarias. Porque el dinero bien utilizado tiene un impacto real en la construcción de una economía más justa y sostenible.

Fuente: Valor social

Este final de año, la inversión y financiación de los fabricantes de armamento está siendo un tema candente en la Unión Europea. El pasado mes de noviembre, los Ministros de Defensa de la UE emitieron una declaración conjunta solicitando que el sector de la industria fabricante de armas pueda acceder a una mayor financiación tanto del sector público como del sector público.

La industria armamentística se ha quejado de cómo la difusión de las finanzas ESG -es decir, aquellas que seleccionan inversiones no sólo en función de los rendimientos esperados, sino también en virtud del comportamiento de las empresas a nivel social, ambiental y de gobernanza- está dañando la reputación de su sector, dificultando su acceso al capital y a las inversiones por parte de bancos y empresas financieras. En la declaración firmada por los ministros de defensa se recuerda la contribución significativa de este sector a la sociedad europea en términos de empleo, crecimiento económico e innovación tecnológica, e insta a las instituciones financieras a que se abstengan de prácticas discriminatorias contra las inversiones en esta industria.

Pese a la queja, Greenpace alerta de que la UE y la OTAN han disparado su gasto militar en un 46% durante la última década

No obstante, la dificultad de acceso a financiación no parece respaldada por el último informe de Greenpeace.  A finales de noviembre, la entidad ha publicado una investigación que revela que, durante la última década, el gasto en armas en los países de la UE y la OTAN ha crecido catorce veces más rápido que su PIB general. El informe «Arming Europe» , encargado por las oficinas nacionales de Greenpeace Italia, Alemania y España, revela el menor efecto multiplicador del gasto militar respecto al de las inversiones en medio ambiente, educación y salud.

En España,  en concreto, durante el período 2013-2023, el gasto militar ha aumentado un 50%, alcanzando en 2023 los 4.300 millones de euros. Los resultados del estudio son claros: la militarización también es un «mal negocio» en términos puramente económicos. Según Greenpeace, «un mayor gasto militar está llevando a Europa por una trayectoria de menor prosperidad económica, menor creación de empleo y peor calidad del desarrollo de los países«.

Grupo Banca Etica: «declarar sostenibles las inversiones en armamento es inaceptable»

En un comunicado hecho público este mes de diciembre, el Grupo Banca Etica califica de «inaceptable» la posible petición de los ministros de Defensa de la UE de calificar la inversión en armamento como sostenible. En la declaración, la presidenta de Banca Etica, Anna Fasano, y el presidente de Etica Sgr, Marco Carlizzi, argumentan: «Si ahora se aprobara la idea de que incluso las inversiones en misiles, bombas y tanques se consideraran sostenibles, todo el concepto de “finanzas sostenibles” quedaría tan diluido que terminaría volviéndose inconsistente . ¿Qué diferencia habría entre un fondo sostenible y uno que no se declara como tal, si ambos pueden proponer inversiones en los sectores de los combustibles fósiles y la industria de defensa?»

El comunicado recuerda que las finanzas éticas nacieron en Europa hace unos treinta años precisamente para ofrecer al mercado instrumentos financieros que excluyeran los sectores más controvertidos, como las armas y los combustibles fósiles.

Etica SGR en la sede de Naciones Unidas contra el desarme nuclear

Precisamente estas pasadas semanas, una de las entidades del Grupo Banca Etica, la sociedad de inversión Etica SGR, ha reiterado su compromiso con el desarme nuclear en la sede de Naciones Unidas (Nueva York). Junto a ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons), asociación galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, ha participado en la segunda Conferencia las Partes en el Tratado para la Abolición de las Armas Nucleares (TPNW), celebrada a finales del mes de noviembre. Durante la conferencia, Etica SGR e ICAN han presentado una nueva Declaración de Inversores contra la financiación de armas nucleares, a la que se han sumado ya 90 instituciones financieras internacionales que representan más de un billón de dólares en activos bajo gestión.

La Declaración incluye indicaciones específicas para los Estados firmantes, en relación con los procedimientos prácticos para acabar con la financiación de la producción y el mantenimiento de los arsenales de armas nucleares. Este año, con motivo de la segunda conferencia, Etica Funds e ICAN han actualizado la declaración, aumentando el número de indicaciones para los Estados e incluyendo un compromiso específico para las instituciones financieras signatarias. Marco Carlizzi, presidente de Etica Funds, intervino en la Conferencia leyendo la versión actualizada de la Declaración.

Esta intervención reafirma el compromiso del Grupo Banca Etica con unas finanzas que sitúan a la humanidad y al planeta en el centro de todas sus actividades económicas y financieras.

Más rentable y pionera en medir el impacto climático de su cartera de inversiones, son algunas de las conclusiones sobre la actividad de la banca ética europea en el nuevo informe “Ética y finanzas en Europa”, presentado el pasado 12 de octubre en Bruselas.

Por quinto año consecutivo, el informe muestra que la rentabilidad media de la banca ética europea es superior, en promedio, a la de los bancos tradicionales europeos. Igualmente, la investigación subraya cómo los bancos orientados por principios éticos se encuentran entre los primeros bancos del mundo en contabilizar no sólo las propias acciones medioambientales si no las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero producidas por créditos e inversiones. Por ello, el informe recoge un documento de posicionamiento como sector con varios puntos críticos de la llamada taxonomía verde de la Unión Europea.

Mayor relación con la economía real

El informe, elaborado por Fondazione Finanza Etica, Fundacion Finanzas Éticas y, este año, en colaboración con la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA), compara el rendimiento financiero y el capital de 24 bancos éticos europeos con los aproximadamente 4500 bancos tradicionales que operan en la zona euro. El propósito de la comparación es comprender si los bancos éticos son sólidos, desde el punto de vista económico y financiero, y pueden resistir la comparación con otros bancos. En este sentido, como indicó en la presentación del informe Anna Fasano, presidenta de Banca Etica, “de 2010 a 2020, los bancos éticos fueron el doble de rentables que los convencionales. En 2020, en plena pandemia, sus depósitos crecieron más de un 15% respecto a 2019”.

Según la investigación, la pandemia afectó de manera positiva a los depósitos de todos los bancos, ya que supuso una reducción del consumo y un aumento del ahorro. No obstante, las entidades de crédito éticas se habrían beneficiado mucho más de la propensión al ahorro que las entidades convencionales (+15,24% frente a +8,6%). El informe también muestra que los bancos éticos son estructuralmente diferentes de los convencionales. Tienen una relación más directa con los clientes y están más orientados a prestar a la llamada economía real. En 2020, los préstamos a particulares y empresas representaron de media el 72,98% de los activos de las entidades de crédito éticas frente al 36,96% del sistema bancario europeo. Los bancos convencionales están más orientados hacia actividades financieras, como inversiones en valores o la venta de fondos, y menos hacia el crédito.

Esa orientación a la economía real hace que la preocupación de la banca ética por los impactos de su actividad en temas medioambientales y sociales esté muy presente en su actividad. En este sentido, la investigación subraya que las instituciones de crédito éticas fueron de las primeras en el mundo en medir y publicar las emisiones no sólo de su propia actividad sino las llamadas emisiones indirectas, es decir, de sus carteras financieras y crediticias. Lo hacen siguiendo los principios de la PCAF ( Partnership for Carbon Accounting Financials).

A la vanguardia en la medición de impactos directos e indirectos

Desde su fundación los bancos regidos por principios éticos han fijado criterios claros de exclusión en sus políticas de préstamo e inversión: no financian combustibles fósiles ni industrias de alto impacto ambiental. Invierten en energías renovables y proyectos de conservación del medio ambiente. “Por el contrario, la banca convencional lleva muchos años considerando únicamente los impactos ambientales directos de sus oficinas y sucursales (consumo de papel, uso de vehículos de empresa, etc.) sin tener en cuenta los impactos ambientales indirectos, derivados de su financiación (centrales térmicas de carbón, oleoductos, etc.). No tener en cuenta esta cuestión tiene una incidencia enorme en nuestra sociedad y nuestro planeta”, indica el informe.

Para el sector de la banca ética, el que las finanzas sostenibles estén adquiriendo una definición normativa por parte de la Unión Europea (la llamada “taxonomía verde”) es una buena noticia, pero no suficiente. Consideran que en los últimos meses han entrado en juego gobiernos y grupos de presión que han tratado de ampliar los límites y aflojar las trabas para que un número cada vez mayor de actividades entren dentro de las consideradas ‘sostenibles’. Para Ugo Biggeri, presidente de Etica SGR, “la regulación se circunscribe al mercado para “productos de finanzas sostenibles”, y no define ni promueve las “finanzas sostenibles” como un objetivo por el que los actores financieros deberían esforzarse: las finanzas sostenibles son solo un producto “listo para usar” entre muchos que se ofrecen en el mercado”.

Demanda de más ambición en la «taxonomía social»

Por otro lado, respecto a la llamada “taxonomía social” que se está elaborando con el objetivo de desarrollar una clasificación de actividades consideradas como beneficiosas en términos sociales, los expertos propusieron utilizar estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente como unidad de medida para determinar qué actividades deben ser consideradas como sociales. “En este marco, cualquier empresa que respete los derechos humanos, pague salarios dignos y los impuestos correspondientes, y contribuya al bienestar de los ciudadanos o de la comunidad, podría considerarse “social” según la taxonomía de la UE. Esencialmente, casi cualquier empresa en la UE que cumpla con las leyes laborales y fiscales europeas y nacionales, y que no perjudique a su comunidad o al medio ambiente, podría afirmar ser, de alguna manera, social” indica Daniel Sorrosal, secretario general de FEBEA.

Por ello, desde el sector de las finanzas éticas esperan que los trabajos de desarrollo de esta taxonomía social mejoren y sean más ambiciosos. “De lo contrario, los bancos éticos podrían encontrarse en una situación en la que sus actividades, en su mayoría dirigidas a una economía social y sostenible, podrían ser consideradas “sociales” de la misma manera que las de cualquier banco tradicional que financia cualquier industria”.

Los bancos éticos son muy diferentes a los convencionales

En este sentido, con la presentación del informe en Bruselas, el Grupo Banca Etica y FEBEA quisieron recordar al Parlamento Europeo que los bancos éticos son muy diferentes a los convencionales. Y recordar que el mismo Plan de Acción de la UE para la Economía Social (SEAP, por sus siglas en inglés) apuesta por la banca ética por dos motivos: como organización que forma parte, integrante, de la economía social, y como impulsora del desarrollo de la economía social. Como concluye el informe, “tomando el pasado como ejemplo, los bancos éticos han demostrado ser resistentes y capaces de hacer frente a la crisis financiera, la crisis de la deuda soberana y la crisis del Covid-19. Si bien el contexto social y económico actual puede reducir, hasta cierto punto, su potencial de crecimiento en inversiones de sostenibilidad, también puede aumentar la necesidad de más inversiones sociales. Por tanto, es posible que, una vez más, los bancos éticos salgan fortalecidos de esta nueva crisis”.

En estos días, el movimiento juvenil internacional Fridays for Future (en España bajo el nombre Juventud por el Clima) se ha movilizado una vez más en la llamada Acción Global por el Clima, convocando concentraciones y movilizaciones en todo el mundo. El lema de este año 2022 aboga por la democratización de la energía y pone en el punto de mira la necesidad de un cambio de modelo económico y energético. «La política energética actual europea y nacional no responde a los intereses climáticos y de justicia social. Solo reproduce un modelo energético centralizado y gestionado por un oligopolio energético», indican en el manifiesto elaborado para las movilizaciones.

En ese modelo energético y económico actual los bancos juegan un papel clave. Como indican desde la organización internacional Banktrack , «a pesar de toda la retórica proveniente de los bancos que se comprometen a cero emisiones  netas para 2050 , billones de dólares en financiación bancaria aún mantienen a flote la industria del carbón, el petróleo y el gas, que está en el centro de la crisis, e incluso ayudan a expandirla». El último informe publicado por esta organización, Banking on Climate Chaos 2022, revela que en sólo seis años, los 60 mayores bancos del mundo han destinado 4,6 billones de dólares al sector de los combustibles fósiles.

El sector de las finanzas sigue apoyando el carbón, el petróleo y el gas

Estos datos confirman que el sector de las finanzas sigue apoyando el carbón, el petróleo y el gas, incluso después del Acuerdo de París de 2015, en el que el mundo se comprometió a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe, solo en 2021, 742.000 millones de dólares acabaron en las arcas de las empresas relacionadas con los fósiles. «Ningún compromiso climático de ningún banco está completo sin la promesa de eliminar con urgencia esta financiación y comprometerse a financiar una transición justa hacia una sociedad sin emisiones de carbono», señalan desde BanKtrack.

Los intereses y grupos de presión financieros y energéticos están a la orden del día. La decisión de la UE de admitir el gas y la energía nuclear como actividades económicas sostenibles (la llamada taxonomía verde europea) ha provocado un verdadero terremoto interno. Sin ir más lejos, en este mes de septiembre algunas organizaciones de la sociedad civil han decidido abandonar la Plataforma Europea de Expertos en Finanzas Sostenibles, órgano consultivo creado por la Comisión Europea para recibir opiniones y recomendaciones sobre la materia. En una carta enviada al Comisario Europeo de Servicios y Estabilidad Financiera, los firmantes denuncian la interferencia política en el trabajo de la Plataforma y denuncian que «la taxonomía ha pasado de ser una excelencia a una herramienta de lavado verde institucionalizada«.

Greenwashing

Precisamente el llamado «greenwashing» (lavado de cara verde) es una de las críticas a la actividad supuestamente sostenible de los bancos. La Net Zero Banking Alliance (NZBA) o la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI) son espacios que agrupan a los principales bancos del mundo y que sirven para publicitar el compromiso con la sostenibilidad de muchas de sus entidades participantes. En nuestro país, por ejemplo, las entidades financieras BBVA, Banco Santander y Caixabank se erigen como miembros fundadores de la Net Zero Banking Alliance. Sin embargo, las tres entidades aparecen en el mencionado informe Banking on Climate Chaos 2022 como entidades financiadoras del sector de combustibles fósiles.

El Banco de Santander se ubica en el puesto 32 del informe, con una inversión de 42.913 millones de dólares en combustibles fósiles desde 2016, aumentado en este período sus inversiones en 200 millones de dólares para perforaciones en el Ártico, para la extracción de uno de los combustibles fósiles de alto impacto climático. El BBVA ocupa el puesto 42, con una inversión total de 26.273 millones de dólares y Caixabank ocupa el puesto 56, habiendo destinado 5.741 millones durante los últimos seis años.

Desde la campaña Banks and Climate creen que los bancos deben jugar un papel clave para hacer frente a la emergencia climática, eliminando con urgencia cualquier tipo de financiación a proyectos y empresas de combustibles fósiles, comprometiéndose a reducir a cero el impacto climático de toda su cartera financiera antes de 2050 y poniendo fin de inmediato a toda financiación a empresas que abusan de los derechos humanos, incluidos los derechos indígenas.

Las finanzas éticas y el cambio climático

Desde sus inicios, las finanzas éticas ponen la defensa del medio ambiente y los derechos de las personas como primer criterio para seleccionar una inversión. Por ello, como indica en su web la Federación Europea de Bancos Eticos y Alternativos (FEBEA), a medida que la “sostenibilidad” se convierte cada vez más en una tendencia de moda más que en un compromiso serio del sector financiero, es importante reafirmar el papel y los valores de una financiación verdaderamente dedicada a las comunidades locales, gobernada por la ciudadanía, que va más allá de la sostenibilidad.

«Los fondos sostenibles pocas veces lo son realmente. Las entidades financieras que los ofrecen también comercializan al mismo tiempo otros fondos que no adoptan ningún tipo criterio, pudiendo encontrar en su cartera, por ejemplo, empresas que producen armas nucleares o tienen un impacto ambiental muy elevado. En los bancos éticos, sin embargo, el enfoque de las finanzas éticas es global, porque promueven única y exclusivamente productos que responden a criterios sociales y ambientales rigurosos«, se indica en el cuarto informe de las finanzas éticas y sostenibles en Europa.  Andrea Baranes, del Grupo Banca Etica, afirmaba en un artículo con relación a la taxonomía europea: «si la sostenibilidad que se nos propone se compone de combustibles fósiles, especulación, energía nuclear y armas, cada vez tiene más sentido ir en la dirección contraria. Durante más de veinte años, las finanzas éticas hemos sido orgullosamente insostenibles«.

Como ciudadanos y ciudadanas es importante la transparencia para conocer el uso que las instituciones financieras hacen de nuestro dinero. Es importante saber el impacto que sobre el clima tienen las acciones de nuestra entidad financiera. Por eso, en esta Acción Global por el Clima es importante la pregunta: «¿qué impacto tiene tu banco sobre el clima?».

En estos días, las organizaciones UNICEF España, Oxfam Intermón, Save the Children y Acción contra el Hambre han lanzado un llamamiento urgente para impedir la muerte de 49 millones de personas que corren riesgo inminente de hambruna. Aluden a tres causas: los conflictos (como el de Ucrania), la crisis climática y el COVID-19. Según manifiestan, “en el Sahel occidental –sobre todo en Nigeria, Níger, Burkina Faso, Chad y Malí- el número de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia se ha quintuplicado entre 2015 y 2022, pasando de 7 a 38 millones. Mientras, el Cuerno de África –Kenia, Etiopía y Somalia principalmente– sufre su sequía más larga en los últimos 40 años y 23 millones de personas se enfrentan al hambre extrema”.

El contexto ya era grave antes de la guerra en Ucrania, con un incremento desmesurado del precio de los combustibles y de los alimentos básicos. No obstante, a todo ello se ha sumado que 14 países de renta baja o baja-media, con altos niveles de hambre y deuda, importan más del 50% de su trigo de la zona Ucrania-Rusia (Eritrea el 100%, Somalia el 92% y Yemen casi la mitad). “En este momento hay una ‘tormenta perfecta’. La gente ha agotado sus reservas, los precios están muy altos y la capacidad de resiliencia está agotada. Nos parece fundamental que haya una respuesta internacional. Hay tres zonas del mundo donde todos los indicadores están disparados: Oriente Medio, África, incluso Latinoamérica, porque el precio de la comida está mucho más allá de lo que la gente puede aguantar, indica el director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longué.

Junto a este llamamiento de organizaciones humanitarias, también se ha presentado en estos días el informe sobre “Perspectivas agrícolas 2022-2031”, realizado de manera conjunta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “El aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes, los piensos y el combustible, así como el endurecimiento de las condiciones financieras, están propagando elsufrimiento humano por todo el mundo”, afirma el Director General de la FAO, QU Dongyu. El informe subraya el papel crucial del gasto público adicional y la inversión privada en producción, tecnología de la información e infraestructura, así como capital humano para aumentar la productividad agrícola. Igualmente, también se indica que garantizar el buen funcionamiento del comercio y los mercados mundiales es esencial para abordar los desafíos a corto y medio plazo para la seguridad alimentaria. “La creciente interdependencia entre los socios comerciales subraya la importancia crítica de un sistema de comercio multilateral transparente, predecible y basado en reglas”, advierte la investigación.

Especulación alimentaria

Pero, aunque la crisis climática, el conflicto en Ucrania y la crisis post-covid sean causas evidentes de la situación actual, ¿explican realmente que millones de personas en el mundo no puedan alimentarse? Quizás en esta explicación falte también un elemento importante, ya denunciado por organizaciones humanitarias desde hace años: los alimentos se han convertido en una mercancía, cuya función principal es el beneficio, relegando a un segundo plano su carácter de derecho básico. Ya en el año 2018, el informe “El Casino del Hambre: Cómo influyen los bancos y la especulación financiera en los precios de los alimentos” coordinado por Juan Felipe Carrasco y publicado originalmente por Amigos de la Tierra, señalaba que si bien varios factores pueden tener su influencia, el hambre “tiene que ver mucho más con el papel de las grandes entidades financieras, la tolerancia política e institucional frente a las grandes estrategias especulativas, las políticas de desregulación agraria o el papel de las grandes multinacionales del agronegocio, que comercian con las producciones a escala global, el almacenamiento y la retención privados a gran escala, los mercados de futuros, la deforestación y el monocultivo, el creciente acaparamiento de tierras, la dependencia del petróleo, la actividad de los grandes intermediarios como el sector de la gran distribución, la estructura de precios…”.

En 1991, Goldman Sachs creó un instrumento financiero que permitía invertir en productos básicos como trigo, arroz o café. A partir del año 2000, se liberalizaron las normas en los mercados de derivados financieros de materias primas. Ello hizo que la negociación de los llamados contratos a futuro en las Bolsas de Chicago, Londres o París (compra y venta de contratos de futuro, independientemente de que estos contratos se materialicen) provocara ya desde 2005 un aumento del precio de alimentos básicos como maíz, trigo y otros cereales básicos. Pero, como indicaba Oxfam en uno de sus documentos, lo que para unos son “materias primas agrícolas” para otros es comida, por lo que el Banco Mundial estimó que el pico de precios de 2008 empujó a la pobreza a cerca de 100 millones de personas, 30 millones de ellas en África. En 2015, el propio Parlamento Europeo admitía que los movimientos especulativos financieros eran los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos.

La necesidad de decisiones políticas

Como se ha indicado en numerosos informes y estudios independientes, la especulación financiera es una de las grandes causas del importante aumento del precio de los alimentos mundiales. Como recoge el informe El Casino del Hambre, “el hambre no se solucionará únicamente desde perspectivas técnicas y tecnológicas, sino políticas. No se trata de convertir el paisaje, los alimentos y los medios de producción en mercancías, sino de garantizar el acceso a estos como derecho fundamental y universal…”. Por ello, en el llamamiento de las organizaciones humanitarias a los gobiernos, exigen promover políticas que aseguren el acceso a servicios básicos en sociedades más expuestas a la crisis y que adecuen sistemas agroalimentarios para una mayor sostenibilidad y resiliencia frente a futuras crisis.

 Mientras llegan las decisiones políticas que frenen la especulación con la comida, existen opciones que apuestan por otro modelo de alimentación y de relaciones económicas. La agricultura sostenible, los alimentos de temporada y de producción local, el no desperdicio de alimentos, la compra en comercios de barrio, cooperativas y grupos de consumo son alternativas a la mano del consumidor. También la apuesta por las finanzas éticas contribuye a la transformación hacia una economía real, comprometiendo su financiación a modelos de agricultura sostenible, ecológica, de mercados locales, que rompen con la insostenibilidad de la industria alimentaria actual.

Al incluir el gas y la energía nuclear en la taxonomía de las actividades sostenibles, el Parlamento Europeo ha institucionalizado el lavado de imagen verde

La decisión del Parlamento Europeo de aprobar el proyecto de la Comisión Europea, que incluye el gas y la energía nuclear en la taxonomía de actividades económicas consideradas sostenibles, es la victoria del greenwashing. Más allá: es la institucionalización del greenwashing. Significa abandonar el proyecto de una Europa unida y motor del proceso de ampliación e integración frente a los nacionalismos y los intereses particulares. Significa haber contaminado el lugar más alto y sagrado de las instituciones democráticas con el virus de la falta de coraje. Es la transferencia de soberanía a los lobbies y poderosos industriales.

La ciencia explica, el parlamento europeo decide

La ciencia nos ha explicado -cifras, estudios e informes en mano- que si queremos tener alguna posibilidad (si es que aún la hay) de limitar el crecimiento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados a finales de este siglo, en comparación con los niveles preindustriales, debemos abandonar todos los combustibles fósiles lo antes posible. Todos. Y dejar bajo tierra todo lo que aún no ha sido minado: si es carbón, petróleo o gas es completamente irrelevante.

Sin embargo, el parlamento europeo, que es quien representa a la población, a la ciudadanía, a nosotros, en las instituciones de la UE, ha decidido que el gas todavía puede ser bueno. Bajo ciertas condiciones, por supuesto, y de forma transitoria, pero debe considerarse sostenible. También la energía nuclear, cuyos riesgos en caso de accidente no son un apagón sino una catástrofe de décadas, y que produce «efectos secundarios» llamados residuos radiactivos, que nadie -ni la ciencia ni los industriales- aún saben gestionar. Ello a pesar de los costes  y los tiempos hacen que esta energía sea incuestionablemente incapaz de resolver el problema de la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Concepto de sostenibilidad desacreditado

Así, en el futuro, quienes invierten en productos sostenibles se arriesgan a financiar una fuente fósil y otra que produce residuos a costes astronómicos. Afortunadamente, hay quienes irán más allá de las indicaciones de la Unión Europea, sustituyendo un concepto de sostenibilidad diluido (si no totalmente desacreditado) por otro más estricto, efectivo y avanzado. Había esperanza en que las finanzas éticas no fueran ya pioneras, si no que se convirtieran en un patrimonio común. Pero, obviamente, todavía hay mucha agua bajo los puentes en el mundo demasiado a menudo impermeable de la política.

Los 328 parlamentarios que votaron a favor del gas y la nuclear, junto a los 33 que se abstuvieron, decidieron que el camino no debe ser el que ha señalado la ciencia (física, climatología, pero también economía). Decidieron que las dos comisiones parlamentarias responsables del asunto, que habían rechazado el proyecto, estaban equivocadas. Y decidieron que las personas expertas designadas por la misma Comisión en Bruselas, que igualmente habían rechazado el proyecto, estaban también equivocadas.

Afortunadamente, la batalla aún no ha terminado. Austria y Luxemburgo han anunciado hace tiempo que recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Greenpeace ha anunciado una iniciativa similar. Fuentes bien informadas en las oficinas de Bruselas indican que las posibilidades de éxito no son bajas.

Necesario defenderse de la desinformación

Mientras tanto, también será necesario defenderse de la desinformación. En estos días, criticar las «causas naturales del cambio climático» está de moda. Quién sabe si estas críticas están dictadas por una sincera incomprensión de lo que indica la evidencia científica o por un simple afán de ir a contracorriente a toda costa. Tal vez para armar un escándalo y tener cinco minutos de fama. Nuestro portal informativo continuará informando lo que la ciencia, o al menos el 99,9% de ella, nos ha estado diciendo durante décadas. En la época del engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.

Esta pandemia nos ha pillado por sorpresa«, «nos está sometiendo a una prueba para la que no estábamos preparados«, «nadie podía esperar lo que está ocurriendo«… no estoy seguro de suscribir estas afirmaciones, no en su totalidad, al menos. Quizá algunas personas y organizaciones ya nos habían advertido de esta circunstancia y de otras relacionadas con el momento histórico que vivimos. Sólo por citar algunas: Toffler en 1970, Mintzberg en 1979, Battram en 2001, Subirats en 2011, Santiago Muiño en 2016, Martí, Barreiro y Khanna en 2017. Todas ellas nos hablan de la crisis social que nos afecta como una crisis de la globalización que va más allá de una crisis económica para presentarse como una crisis civilizatoria. Hemos superado ya la capacidad de los ecosistemas para reponerse de la fuerte presión a la que se ven sometidos por la acción humana, fundamentalmente por nuestra acción económica.

La consecuencia de la industrialización, la explotación de los recursos naturales, la contaminación, la producción de alimentos a escala industrial y del aumento de la población mundial ha sido un tremendo impacto ecológico, que ya fue subrayado en 1972 por el estudio “Los límites del crecimiento”, elaborado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), por encargo del Club de Roma. El informe y sus actualizaciones en 1992, 2002 y 2012 han dejado claro que “no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados”. Gracias a este informe –y sus actualizaciones– cada vez más gente ha comprendido el aumento que se ha producido en los peligros inherentes a las relaciones que la Tierra mantenía con los seres humanos, hasta entonces estables. Como recoge Bruno Latour en su libro «Donde aterrizar. Como orientarse en política»: “Todo el mundo presentía que había que plantearse la cuestión de los límites. Pero, se ignoró para poder seguir saqueando el suelo y hacer uso y abuso de él. Las élites sintieron en esos años que la fiesta había terminado. Entendieron perfectamente la amenaza que se cernía sobre la seguridad de sus fortunas y la permanencia de su bienestar”. Concluyeron entonces que ellas no serían las llamadas a pagar el vuelco que estaba ocurriendo, resolvieron abandonar la idea de un futuro común y se desembarazaron, más si cabe, de la solidaridad: de ahí el desguace del Estado del Bienestar y la explosión de más desigualdades sobre las desigualdades estructurales que ya nos acompañaban. Decretaron la construcción de su fortaleza dorada donde estar a salvo: de ahí la extracción masiva de todo lo que queda por extraer para ellos y sus hijos y las barreras en las fronteras a las personas migrantes.

Sin embargo, para los demás mortales esta unión de libertad y mercado, que tan bien parece haber tratado a algunos, es el huevo de serpiente que nos ha privado de la libertad para decidir sobre nuestras vidas y nos ha conducido al borde del colapso ambiental. No existe, ni puede existir, la libertad en una realidad de desigualdad social, precarización, desempleo estructural, injusticia y falta de oportunidades. Para los más afortunados y afortunadas de entre nosotras, la tiranía de la libertad de mercado nos ofrece lo único que puede entregar: poder elegir, pero no poder decidir.

En todo caso, hayamos hecho o no ojos ciegos y oídos sordos hasta ahora, en estos momentos la humanidad entera estamos viviendo una gran prueba marcada por la crisis social y la crisis medioambiental: necesitaremos sacar lo mejor de nosotros y nosotras mismas si queremos salir adelante poniendo las bases para un futuro mejor. Algunas personas, como Edith Brown en su libro «Un mundo justo para las futuras generaciones», nos indican que la intergeneracionalidad es un elemento clave de futuro a la hora de definir las agendas climática y social del siglo XXI. Dicho de otra manera, no sólo hay que pensar en las necesidades de los individuos del presente, también hay que hacerlo en las de las generaciones futuras. No podemos, como parece que estamos haciendo y como hay quien defiende incluso con éxito, salir de ésta sólo pensando en el corto plazo y en la urgencia de lo nuestro, también tenemos que pensar en el resto del mundo y en el mundo que dejaremos a quienes nos sucederán.

Para evitar que la libertad de mercado, en la recuperación de la «economía de posguerra» que viene, se convierta en una déspota, para otras personas menos afortunadas y para el futuro, es esencial una ciudadanía imbuida de virtud cívica, consciente de lo que es y lo que no es real, que no permita el agotamiento de recursos, la injusticia, la degradación de los servicios y la calidad ambiental. Hemos de tomar conciencia de que ni el planeta ni los recursos son nuestros, sino que pertenecen a todas las generaciones que lo habiten en el presente y en el futuro. No podemos, por tanto, continuar apropiándonos de los recursos igual que quien roba algo porque nadie lo ve. No hay libertad sin igualdad ni fraternidad. Sin ellas cada individuo —presente y futuro— no puede desplegar sus potencialidades. Y ese derroche de capacidades y talento ninguna sociedad se lo puede permitir. Necesitamos alumbrar un cambio de estado. Una metamorfosis. Un proceso de cambios económicos y sociales que conduzcan a una nueva civilización, que descanse en el consumo justo, equitativo y frugal de energía y materiales y en la conquista de una nueva abundancia social: de tiempo, de relaciones sociales, de sentidos y de experiencias. Un cambio que no permita comprar ‘sostenibilidad’ con dinero (como paradigma y ejemplo de lo que estamos haciendo y de lo que corremos el inmenso riesgo de seguir haciendo mal).

Para poder conjugar todas estas necesidades, no sólo de todas las personas que habitamos el planeta sino de todas las generaciones que lo habitarán, el primer mandamiento es el del ‘cuidado’: de la naturaleza y de las personas. Es falso el dilema entre libertad e igualdad que nos plantea la economía ortodoxa al uso, necesitamos otra economía que plantee la conexión de la libertad y la igualdad desde el cuidado y la justicia. Otra economía posible, que se defina en función de la “sostenibilidad de la vida” y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global. Una economía para la equidad, la soberanía ciudadana, el mutualismo y el valor del trabajo cooperativo, el beneficio como no lucro, la propiedad como usufructo, el municipalismo y la gobernanza en redes locales de ciudades, municipios y territorios. Una economía cívica y solidaria, que sirva para la transformación local y global, que nos cuide y que nos proteja de las violencias del capital, que ponga primero a las personas.

Una economía como la que proponemos desde las organizaciones de finanzas éticas, y entre ellas también las que trabajamos con fondos rotatorios mutualizados, presentes en todo el mundo: bankomunales, comunidades autofinanciadas y, en España, la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS), acompañando con ayudas reintegrables a proyectos de agroecología y soberanía alimentaria, canales cortos de distribución, mercados ecolocales y alimentos saludables, movilidad sostenible que favorezca la reducción de las emisiones de gases a la atmósfera y que favorezca la recuperación de las ciudades para la ciudadanía; también proyectos de cultura como elemento de enriquecimiento personal, de transformación social y de cuidados de la vida de una población y de su territorio y de los seres vivos, humanos y no humanos, que lo habitan.

Necesitamos cerrar la brecha entre lo que estamos haciendo de la mano de quiénes piensan más en el dinero que en la vida y lo que debemos hacer, lo que sabemos cada uno de nosotros y de nosotras que es correcto hacer. Primero necesitamos no adormilar nuestra conciencia y nuestra inteligencia; después necesitamos decir bien lo que pensamos, sacudiéndonos el miedo que nos hace hablar como si esgrimiéramos un arma; y, finalmente, necesitamos hacer lo que nos dicta nuestra conciencia y nuestra inteligencia en compañía, reconociéndonos libres e iguales para pactar y acordar. Ésta es la manera que queremos alimentar: libertad para pensar, responsabilidad para decir, compromiso para actuar. Para esto te invitamos, para pensar, decir y hacer la economía del apoyo mutuo.

Fuente: Valor social