{"id":10600,"date":"2008-11-11T00:00:00","date_gmt":"2008-11-10T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/noticias\/cuatro-ayuntamientos-navarros-usaran-un-codigo-etico-en-sus-contrataciones\/"},"modified":"2021-02-16T10:38:10","modified_gmt":"2021-02-16T09:38:10","slug":"reas-navarra-noticias-cuatro-ayuntamientos-navarros-usaran-un-codigo-etico-en-sus-contrataciones","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/eu\/noticias\/reas-navarra-noticias-cuatro-ayuntamientos-navarros-usaran-un-codigo-etico-en-sus-contrataciones\/","title":{"rendered":"Cuatro ayuntamientos navarros usar\u00e1n un c\u00f3digo \u00e9tico en sus contrataciones"},"content":{"rendered":"

BURLADA, VILLAVA, ZIZUR MAYOR Y BERRIOZAR USAR\u00c1N UN C\u00d3DIGO \u00c9TICO EN SUS CONTRATACIONES<\/strong><\/p>\n

Expertos de REAS trabajan con los t\u00e9cnicos municipales y ediles sobre criterios sociales<\/strong><\/p>\n

Se baremar\u00e1 en compras p\u00fablicas la inserci\u00f3n de grupos desfavorecidos, la igualdad, medio ambiente y comercio justo.<\/p>\n

pamplona. Cuatro ayuntamientos de la Comarca de Pamplona (Burlada, Villava, Zizur Mayor y Berriozar) se han comprometido a aplicar un c\u00f3digo social y \u00e9tico en su pol\u00edtica de contrataciones, en plena crisis econ\u00f3mica. Dos expertos jur\u00eddicos de la Red de Econom\u00eda Alternativa y Solidaria trabajan codo a codo en la formaci\u00f3n del personal t\u00e9cnico de estos ayuntamientos (secretarios, interventores, arquitectos, t\u00e9cnicas de igualdad…) as\u00ed como de cargos p\u00fablicos para la preparaci\u00f3n o revisi\u00f3n de los condicionados que rigen las diferentes adjudicaciones de obras, suministros y servicios tanto de los consistorios como sus organismos aut\u00f3nomos (no personal). El servicio de asesoramiento, un proyecto piloto impulsado por REAS, cuenta con ayudas del Gobierno foral y con recursos de los propios ayuntamientos, y existen otros ayuntamientos en lista de espera que apuestan por una compra “verde, \u00e9tica y social”. El factor sostenible abarca desde la adquisici\u00f3n de material de oficina hasta la contrataci\u00f3n de un servicio como la atenci\u00f3n domiciliaria. El trabajo implica adem\u00e1s a “todo el personal” municipal que decide as\u00ed desde una \u00f3ptica “transversal” sobre contratos de diferentes \u00e1reas municipales.<\/p>\n

La clave es establecer unos criterios a la hora de contratar a una empresa o un profesional. El t\u00e9rmino sostenibilidad engloba la inserci\u00f3n de colectivos desfavorecidos (discapacitados y personas en riesgo de exclusi\u00f3n), calidad en el empleo (temporalidad, salarios…), igualdad de g\u00e9nero (conciliaci\u00f3n de la vida familiar y laboral, igualdad salarial, m\u00e1s mujeres contratadas en sectores discriminados…), medio ambiente y comercio justo (tienen un sello y est\u00e1n en el mercado).<\/p>\n

Significa mucho m\u00e1s que comprar aquel caf\u00e9 donde el productor haya recibido un salario justo o maderas que garanticen una tala sostenible de bosques. La econom\u00eda solidaria, alternativa al modelo econ\u00f3mico actual neoliberal, introduce un elemento de “responsabilidad” en las contrataciones p\u00fablicas y consigue que las administraciones m\u00e1s pr\u00f3ximas al ciudadano no se limiten a seguir criterios “economicistas”. Esta gesti\u00f3n \u00e9tica no encarece la gesti\u00f3n -lo \u00fanico que puede ser m\u00e1s caro es la compra solidaria pero con otros r\u00e9ditos sociales, aseguran- y s\u00ed resulta m\u00e1s “eficiente” adem\u00e1s de suponer una “inversi\u00f3n” a futuro, admiten sus responsables.<\/p>\n

Existen por otro lado herramientas legales que las Administraciones P\u00fablicas disponen para empezar a incluir la sostenibilidad como criterio a la hora de realizar la contrataci\u00f3n de bienes y servicios, tal y como ya se realiza ahora con el precio, la calidad o el servicio prestado, \u00e9ste \u00faltimo criterio todav\u00eda predominante, adem\u00e1s de respetar unos principios generales de transparencia y la libre competencia. “No se pueden introducir elementos que distorsionen el mercado pero se pueden introducir legalmente otros aspectos”, destaca Eliana Alem\u00e1n. Precisamente una de las principales dudas de los ayuntamientos (todos ellos dirigidos por NaBai salvo Burlada, del PSN, en coalici\u00f3n con NaBai e IU) ha sido la de poder cumplir la legalidad y evitar posibles recursos en la puja entre empresas. “Adem\u00e1s, en la medida en que se exija a las empresas, \u00e9stas van a ser m\u00e1s responsables, como ya est\u00e1 ocurriendo en Catalu\u00f1a o Pa\u00eds Vasco, m\u00e1s avanzados en esta materia. Y cualquier empresa, por muy grande que sea, puede ser \u00e9tica si cumple unas condiciones, no estamos hablando de ONG o organizaciones sociales “, concluyen.<\/p>\n

Un ejemplo de este modelo de contrataci\u00f3n ha sido el Auditorio de Bara\u00f1\u00e1in que adjudic\u00f3 su servicio de limpieza el a\u00f1o pasado con un baremo que, en colaboraci\u00f3n con REAS, introdujo valoraciones sociales. Gracias a ello optaron empresas a las que se exig\u00eda que utilizaran productos respetuosos con el medio ambiente y una pol\u00edtica interna de contrataci\u00f3n de integraci\u00f3n de sectores desfavorecidos y mujeres, explica Mikel Artxanko. El reto de estas iniciativas es garantizar “compromisos de continuidad para que no dependa de vaivenes pol\u00edticos.<\/p>\n

inercia Hasta ahora las experiencias que ha habido hasta ahora de este tipo de contrataciones en los ayuntamientos han sido “muy espor\u00e1dicas”. “S\u00ed que ha habido inquietud e inter\u00e9s pero faltaba la parte t\u00e9cnica. Tambi\u00e9n es verdad que muchos t\u00e9cnicos est\u00e1n desbordados de trabajo y de ah\u00ed la necesidad de ir poco a poco, con apoyo de profesionales”, precisan. La pr\u00e1ctica habitual es que “en contratos menores se sigue una inercia por precio o por la empresa con la que ya se viene trabajando”. En relaci\u00f3n a la tendencia de ir externalizando servicios -fundamentalmente sociales-, recuerdan que existen centros de inserci\u00f3n sociolaboral comprometidos con estos principios. Aclaran tambi\u00e9n a quienes son m\u00e1s reacios a este tipo de contrataciones que no se pretende “favorecer a determinadas empresas” sino “cierto tipo de comportamiento de empresa”: “Cualquier empresa socialmente responsable no necesita crear ning\u00fan centro de inserci\u00f3n social para tener personas excluidas o un convenio colectivo en condiciones”.<\/p>\n

Una oportunidad para invertir en los sectores sociales desfavorecidos en crecimiento<\/strong><\/p>\n

2.484 personas obtuvieron la renta b\u00e1sica el a\u00f1o pasado en la comarca de Pamplona
Con la excusa de la crisis, en lugar de “fortalecer” lo social, se deteriora el empleo y las condiciones de vida<\/p>\n

Contratos m\u00e1s dignos o compras del denominado comercio justo consiguen unos m\u00e1rgenes m\u00ednimos para los productores, y la disminuci\u00f3n de otros m\u00e1s “especulativos” que se producen en el proceso productivo (muchos de ellos en pa\u00edses subdesarrollados), se\u00f1ala Eliana Alem\u00e1n, de la Fundaci\u00f3n Empresa y Solidaridad, quien por otro lado corrige el t\u00e9rmino “solidaridad” por “social”. A la sociedad le cuesta en realidad m\u00e1s dinero mantener una cobertura social de subsidios que fomentar la contrataci\u00f3n de determinados colectivos sociales que, adem\u00e1s, cotizan a la Seguridad Social y mejora el nivel de empleo. Y lo mismo vale si hablamos de extranjeros. “Se gana por todos los lados, tiene un efecto multiplicador”, precisa. “Debemos ser responsables de lo que sucede a nuestra sociedad, de la realidad social en la que vivimos, donde hay mujeres, j\u00f3venes o extranjeros descolgados del mercado laboral”, agrega. Las cl\u00e1usulas sociales no son adem\u00e1s para los sectores m\u00e1s desfavorecidos. “La calidad del empleo y la igualdad es para todos”.<\/p>\n

Como muestra, en s\u00f3lo un a\u00f1o la demanda de renta b\u00e1sica en Pamplona ha pasado de 1.500 solicitudes (2006) a 1.941 (2007), mientras que las concedidas realmente fueron 1.577 (2.484 con la Comarca) el a\u00f1o pasado y 1.250 el anterior, lo que significa que hay “mucha m\u00e1s gente en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n socia”.<\/p>\n

“En los \u00faltimos a\u00f1os daba la sensaci\u00f3n de que est\u00e1bamos bien, han sido a\u00f1os de bonanza, sin embargo, los m\u00e1s desfavorecidos incluso han empeorado”, indica Mikel Artxanko, de la Fundaci\u00f3n Auditorio de Bara\u00f1\u00e1in. El \u00faltimo informe de C\u00e1ritas Navarra sobre la evoluci\u00f3n de la pobreza en los \u00faltimos diez a\u00f1os as\u00ed lo pone de manifiesto.<\/p>\n

Desde REAS se reivindica un nuevo modelo econ\u00f3mico que destierre el actual sistema neoliberal, y apuesta por “las personas no los beneficios o la viabilidad econ\u00f3mica”. La banca \u00e9tica (Fiare) es uno de los ejemplos. Con sede en el local que dispone IPES en el Casco Viejo, y vinculada a un banco popular italiano, constituye una alternativa a la banca tradicional sin \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n

La vivienda es otro de los campos m\u00e1s atacados por la era de la “especulaci\u00f3n” y donde las viviendas protegidas se han pagado “el coste”, perjudicando a los sectores m\u00e1s desfavorecidos, mientras que en la libre no ha habido “un precio justo”, declara Gustavo Mu\u00f1oz, secretario t\u00e9cnico de REAS. Propugnan que la vivienda social sea en alquiler para los sectores m\u00e1s empobrecidos, asignar una vivienda por familia, y una planificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la administraci\u00f3n, entre otras medidas. A\u00f1aden que “la sociedad ha fomentado un consumo irresponsable y superficial, y ha potenciado los grandes centros comerciales en lugar de los comercios de barrio”. “Con la excusa de la crisis se deteriora el empleo y las condiciones de vida de la gente”, a\u00f1aden. Y les “preocupa” tambi\u00e9n que el Gobierno foral haya aplicado recortes importantes en pol\u00edticas sociales, en cultura, educaci\u00f3n o pol\u00edtica ling\u00fc\u00edstica en los presupuestos. “En momentos de crisis, hay que fortalecer lo social porque m\u00e1s necesidades va a haber”, apostillan.<\/p>\n


El 16% del PIB se destina a contrataciones p\u00fablicas<\/strong><\/p>\n

En la actualidad existe un marco legal en navarra que avala, sin exigir, ciertas “reservas” sociales.<\/p>\n

“La administraci\u00f3n tiene un enorme poder de decisi\u00f3n y gran influencia en el comportamiento de los ciudadanos y de las empresas. Y puede utilizar ese poder como ejemplo de c\u00f3mo se pueden hacer las cosas bien”, aseguran los miembros de REAS. A esta idea se a\u00f1ade que, en la medida en que el 16% del PIB se destina a la contrataci\u00f3n p\u00fablica en Navarra, se trata de una suma “considerable” que maneja la administraci\u00f3n p\u00fablica y que justifica que pueda regirse bajo criterios de “eficiencia” adem\u00e1s de eficacia, indica Artxanko. “La Administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1 demandando de los ciudadanos un comportamiento responsable y qui\u00e9n mejor que ella a la hora de dar ejemplo, a\u00f1ade Eliana.<\/p>\n

Las cl\u00e1usulas sociales en la contrataci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1n avaladas de alguna manera por la ley foral de contrataciones de 1996. Dicha normativa establece mecanismos como las reservas de hasta un 20% para contratos concertados con centros especiales de empleo (que trabajan con personas con discapacidad), centros de inserci\u00f3n sociolaboral o entidades que trabajan en empleo social protegido. El problema es que la ley “no obliga a un m\u00ednimo”. La misma normativa establece unos “requerimientos sociales y medioambientales” en la ejecuci\u00f3n de los contratos: Una vez elegida la empresa, garantizar que \u00e9sta tenga en cuenta a la hora de contratar mano obra adicional, que sean colectivos de inserci\u00f3n laboral, un porcentaje de mujeres, o contratos indefinidos. Tambi\u00e9n la ley estatal del 2007, que traspone una directiva comunitaria, vincula estos fines sociales al propio “objeto de contrato”: La construcci\u00f3n de un polideportivo que vaya unido al fomento de la inserci\u00f3n sociolaboral.<\/p>\n

Preguntados por los posibles recelos de las empresas al endurecimiento de los pliegos, responden que si ya existe la obligaci\u00f3n legal de tener un 3% de empleados minusv\u00e1lidos, o sobre conciliaci\u00f3n de la vida laboral y familiar; “si todas las empresas funcionan legalmente, un concurso de \u00e9stos no tendr\u00eda porqu\u00e9 quedarse desierto”. Y si una empresa cumple estas cl\u00e1usulas sociales para un Ayuntamiento, al final terminar\u00e1 trabajando igual con otros ayuntamientos y empresas”.<\/p>\n

REAS pidi\u00f3 ante el Parlamento la implicaci\u00f3n del Gobierno para que se cree una comisi\u00f3n interdepartamental que estudie dar m\u00e1s “vida” a la ley y fomente las contrataciones p\u00fablicas sostenibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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