{"id":11637,"date":"2011-05-11T00:00:00","date_gmt":"2011-05-11T07:24:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/noticias\/soja-si-indigenas-no-el-lado-oscuro-del-modelo\/"},"modified":"2021-03-22T14:03:07","modified_gmt":"2021-03-22T13:03:07","slug":"soja-si-indigenas-no-el-lado-oscuro-del-modelo","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/eu\/noticias\/soja-si-indigenas-no-el-lado-oscuro-del-modelo\/","title":{"rendered":"Soja s\u00ed, ind\u00edgenas no. El lado oscuro del \u2018modelo\u2019"},"content":{"rendered":"

Casa de Gobierno. Mediod\u00eda del 27 de abril. La presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner anuncia por cadena nacional el env\u00edo al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.<\/em><\/strong> <\/p>\n

A 700 metros de all\u00ed, la comunidad qom La Primavera cumpl\u00eda cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan d\u00e1divas. Exigen que se cumpla la ley (art\u00edculo 75, inciso 17 de la Constituci\u00f3n Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represi\u00f3n del 23 de noviembre de 2010, donde la polic\u00eda provincial (en complicidad con Gendarmer\u00eda Nacional) hiri\u00f3 a ancianos, mujeres y hombres. Y asesin\u00f3 a Roberto L\u00f3pez, abuelo qom de 62 a\u00f1os.<\/p>\n

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Extranjerizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un mill\u00f3n de hect\u00e1reas. \u00bfSer\u00e1 mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel? El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hect\u00e1reas. \u00bfSer\u00e1 preferible que queden en manos del salte\u00f1o Alfredo Olmedo?<\/p>\n

No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerizaci\u00f3n de tierras en el pa\u00eds. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgar\u00eda 180 d\u00edas). Quiz\u00e1 el punto m\u00e1s relevante de la propuesta legislativa.<\/p>\n

Federaci\u00f3n Agraria Argentina (en anta\u00f1o tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como dif\u00edcil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo p\u00fablico. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.<\/p>\n

La extranjerizaci\u00f3n s\u00f3lo tiene, por ahora, casos emblem\u00e1ticos: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.<\/p>\n

Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondr\u00e1n quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ning\u00fan inter\u00e9s de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es s\u00f3lo su cara m\u00e1s visible).<\/p>\n

Regular la extranjerizaci\u00f3n de tierras no combate el coraz\u00f3n de la injusticia rural: la concentraci\u00f3n de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e ind\u00edgenas) tienen muy poco.<\/p>\n

Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del pa\u00eds. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayor\u00eda campesinos y peque\u00f1os productores, cuenta s\u00f3lo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al rev\u00e9s.<\/p>\n

Seg\u00fan el Censo Nacional Agropecuario de 1988 hab\u00eda en el pa\u00eds 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).<\/p>\n

Todo indica que en los \u00faltimos nueve a\u00f1os la concentraci\u00f3n aument\u00f3, pero (INDEC mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realiz\u00f3 el Censo Agropecuario. Aportar\u00eda datos precisos luego de seis a\u00f1os de falta de estad\u00edsticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escap\u00f3 a las irregularidades del INDEC. El Censo 2008 no abarc\u00f3 todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los cient\u00edficos sociales no lo toman como v\u00e1lido y, a su pesar, deben seguir manej\u00e1ndose con el Censo 2002.<\/p>\n

“Ser\u00e1 una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (\u2026) Hay modelos a mirar, como Brasil\u201d, hab\u00eda anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.<\/p>\n

El anuncio hab\u00eda creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislaci\u00f3n de Brasil contempla la funci\u00f3n social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepci\u00f3n meramente mercantilista de la tierra, en busca s\u00f3lo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberan\u00eda alimentaria de un pa\u00eds.<\/p>\n

S\u00f3lo 58 d\u00edas despu\u00e9s del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la funci\u00f3n social de la tierra. Tampoco existe menci\u00f3n alguna a los “agricultores familiares\u201d.<\/p>\n

Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas seg\u00fan su necesidad.<\/p>\n

El gobierno de R\u00edo Negro firm\u00f3 en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hect\u00e1reas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa m\u00e1s importante de la historia provincial\u201d. Una gran diversidad de sectores advierte que ser\u00e1 la “sojizaci\u00f3n\u201d de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicar\u00e1. Y puntualizan los abundantes beneficios para el pa\u00eds asi\u00e1tico: la provincia cede 3000 hect\u00e1reas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 a\u00f1os, promete la sanci\u00f3n de leyes que beneficien la “inversi\u00f3n\u201d y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los t\u00e9cnicos de la empresa china.<\/p>\n

El gobierno de Chaco firm\u00f3 un acuerdo en febrero \u00faltimo con el “fondo inversor\u201d Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hect\u00e1reas del Impenetrable chaque\u00f1o, zona donde hist\u00f3ricamente viven ind\u00edgenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapi\u00e9 en que no se vender\u00e1 la tierra, pero s\u00ed podr\u00e1 sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no s\u00f3lo arbitrariamente se le impedir\u00e1 el acceso a la tierra chaque\u00f1a a sus m\u00e1s leg\u00edtimos destinatarios (ind\u00edgenas y campesinos), sino que tambi\u00e9n se consumar\u00e1 un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosi\u00f3n y contaminaci\u00f3n qu\u00edmica que se potencia a\u00fan m\u00e1s al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y tambi\u00e9n el futuro de todos\u201d, denunci\u00f3 el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.<\/p>\n

El principal problema de campesinos e ind\u00edgenas no es la extranjerizaci\u00f3n, sino el modelo agropecuario que en la \u00faltima d\u00e9cada avanz\u00f3 sobre todo lo que se interpuso.<\/p>\n

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hect\u00e1reas con soja. En 2003 hab\u00eda 12 millones. Luego de siete a\u00f1os de kirchnerismo ha llegado al r\u00e9cord de 19 millones de hect\u00e1reas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja hab\u00eda crecido tanto.<\/p>\n

“Corrimiento de la frontera agropecuaria\u201d, festejan los t\u00e9cnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implic\u00f3 desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Ind\u00edgena (MNCI-V\u00eda Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y C\u00f3rdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federaci\u00f3n Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).<\/p>\n

Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.<\/p>\n

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientales, acad\u00e9micos y t\u00e9cnicos del Norte del pa\u00eds. En octubre de 2010 present\u00f3 el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la regi\u00f3n del Chaco Argentino\u201d, contabiliz\u00f3 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hect\u00e1reas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente ind\u00edgenas y campesinos, de s\u00f3lo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y C\u00f3rdoba).<\/p>\n

“La ra\u00edz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposici\u00f3n de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura ind\u00edgena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida\u201d, denuncia la Redaf en su informe.<\/p>\n

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercializaci\u00f3n de la soja, que trajo como consecuencia la expansi\u00f3n de la frontera agropecuaria en la Regi\u00f3n Chaque\u00f1a\u201d, recuerda el informe.<\/p>\n

El 19 de abril, en un hecho in\u00e9dito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un pu\u00f1ado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La uni\u00f3n en la acci\u00f3n de organizaciones con diferencias ya de por s\u00ed fue un hecho auspicioso.<\/p>\n

A pesar de distintos niveles de adhesi\u00f3n al gobierno nacional, no se evidenci\u00f3 voluntad pol\u00edtica del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.<\/p>\n

125
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La resoluci\u00f3n 125 marc\u00f3 un antes y despu\u00e9s en la visibilizaci\u00f3n del modelo agrario.”Se trata de un modelo basado en la extrema \u2018sojizaci\u00f3n\u2019, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el \u2018sistema de agronegocios\u2019. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compa\u00f1\u00edas exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras\u201d, explican Miguel Teubal y Tom\u00e1s Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009\u201d.<\/p>\n

En el apartado “El conflicto agrario, caracter\u00edsticas y proyecciones\u201d, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado an\u00e1lisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resoluci\u00f3n 125 cuestion\u00f3 el modelo, aseguran que de ninguna manera implicar\u00eda la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestion\u00f3 el modelo.<\/p>\n

Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportaci\u00f3n de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compa\u00f1\u00edas (Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos R\u00edo de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicent\u00edn y Molinos R\u00edo de la Plata).<\/p>\n

Ninguno de estos actores sinti\u00f3 peligrar sus intereses durante el conflicto por la resoluci\u00f3n 125.<\/p>\n

“Al Gobierno le conven\u00eda impulsar el modelo sojero pues le permit\u00eda lograr importantes super\u00e1vit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo \u2018al campo\u2019 le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quiz\u00e1 por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto critic\u00f3 al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue inc\u00f3lume en la actualidad\u201d, afirman Miguel Teubal y Tom\u00e1s Palmisano.<\/p>\n

No hay candidato pol\u00edtico, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminer\u00eda, pero (como el resto de la oposici\u00f3n) asisti\u00f3 y sonri\u00f3 a gusto en la \u00faltima Expoagro, el gran evento del sector.<\/p>\n

Estado c\u00f3mplice<\/strong><\/p>\n

La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los ind\u00edgenas y campesinos identifican como responsables, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, para la resoluci\u00f3n de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisi\u00f3n pol\u00edtica de los gobiernos para resolver la problem\u00e1tica. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros pol\u00edticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones\u201d.<\/p>\n

Denuncia que todos los conflictos son “disim\u00e9tricos\u201d. Donde empresas, personas f\u00edsicas con recursos econ\u00f3micos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e ind\u00edgenas, “donde los primeros controlan la informaci\u00f3n, tienen incidencia en los medios de comunicaci\u00f3n, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder\u201d. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atenci\u00f3n el escaso apoyo del Estado a los campesinos e ind\u00edgenas, y su intervenci\u00f3n protag\u00f3nica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la pr\u00e1ctica sigue apoyando el modelo de producci\u00f3n extractivista y atentando contra la vida ind\u00edgena y campesina\u201d.<\/p>\n

El Grupo de Estudios sobre Ecolog\u00eda Pol\u00edtica (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) public\u00f3 a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios\u201d, donde confirm\u00f3 el aumento de la violencia contra campesinos e ind\u00edgenas, y abord\u00f3 la criminalizaci\u00f3n, militarizaci\u00f3n y la coacci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\n

“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementaci\u00f3n de un dise\u00f1o global de agroestrategias y pol\u00edticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracci\u00f3n y consumo de riquezas naturales (\u2026) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades ind\u00edgenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es s\u00edntoma de un proceso de concentraci\u00f3n\u201d, explica el colectivo de cient\u00edficos sociales que integran el Gepcyd.<\/p>\n

Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural m\u00e1s que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal<\/p>\n

El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucum\u00e1n el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiague\u00f1o de San Nicol\u00e1s, falleci\u00f3 la campesina Sandra “Eli\u201d Ju\u00e1rez, 33 a\u00f1os, luego de enfrentar una topadora que pretend\u00eda avanzar sobre tierras donde siempre vivi\u00f3 su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represi\u00f3n policial, fue asesinado en Formosa Roberto L\u00f3pez, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.<\/p>\n

La criminalizaci\u00f3n tambi\u00e9n aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind\u00edgenas (Odhpi) denuncia que, s\u00f3lo en Neuqu\u00e9n, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.<\/p>\n

La represi\u00f3n y criminalizaci\u00f3n no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y c\u00e1rceles son promovidos por “compatriotas\u201d, y con total colaboraci\u00f3n de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, tambi\u00e9n todos argentinos.<\/p>\n

Pa\u00eds serio<\/strong><\/p>\n

“No se afectar\u00e1 los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significar\u00eda cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento\u201d, remarc\u00f3 la Presidenta cuando anunci\u00f3 el proyecto de ley sobre extranjerizaci\u00f3n de tierras. Y consider\u00f3 que, no respetar la legislaci\u00f3n, “hablar\u00eda de un pa\u00eds poco serio\u201d.<\/p>\n

Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislaci\u00f3n que protege sus derechos territoriales. Constituci\u00f3n Nacional (art\u00edculo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesi\u00f3n Veintea\u00f1al vigente en el C\u00f3digo Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determin\u00f3 que ind\u00edgenas y campesinos carecen de t\u00edtulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acci\u00f3n que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relaci\u00f3n a la tenencia de la tierra.<\/p>\n

Aviso
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Cientos de ind\u00edgenas de todo el pa\u00eds marcharon en mayo de 2010 durante diez d\u00edas. Por primera vez en 200 a\u00f1os una masiva marcha ind\u00edgena lleg\u00f3 hasta Plaza de Mayo y se entrevist\u00f3 con el Ejecutivo Nacional.<\/p>\n

Una veintena de dirigentes ind\u00edgenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de \u00e1rboles, miner\u00eda, avance petrolero), la Presidenta tom\u00f3 la palabra y anunci\u00f3 que, en caso de descubrir petr\u00f3leo en una comunidad ind\u00edgena, el traslado ser\u00e1 lo menos traum\u00e1tico posible.<\/p>\n

Los dirigentes ind\u00edgenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepci\u00f3n. Se preguntaban si la Presidenta no hab\u00eda entendido el reclamo ind\u00edgena o ten\u00eda una decisi\u00f3n tomada.<\/p>\n

Respetados compa\u00f1eros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicaci\u00f3n, y suelen terminar la discusi\u00f3n con un argumento: “Son las contradicciones del modelo\u201d.<\/p>\n

Lo sucedido con la comunidad La Primavera se\u00f1ala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geom\u00e9trico avance de la miner\u00eda a gran escala es un ejemplo. Aunque quiz\u00e1 el m\u00e1s evidente es el “Plan Estrat\u00e9gico Agroalimentario 2010-2016\u201d, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producci\u00f3n de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.<\/p>\n

La decisi\u00f3n del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e ind\u00edgenas.<\/p>\n

Decisiones
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A cinco meses de la represi\u00f3n del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfr\u00e1n.<\/p>\n

A pesar de la sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de derechos humanos, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfr\u00e1n. Se evidencia en la acci\u00f3n del jefe de Gabinete, An\u00edbal Fern\u00e1ndez, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminaci\u00f3n, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el \u00fanico espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fern\u00e1ndez limit\u00f3 la acci\u00f3n del presidente del INADI, Claudio Morgado (el trabajo sucio qued\u00f3 a cargo de la vicepresidenta a Mar\u00eda Rachid).<\/p>\n

El Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, act\u00faa en consonancia con Insfr\u00e1n. A pesar de contar con valiosos cuadros t\u00e9cnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que s\u00f3lo funciona como valla de contenci\u00f3n de los reclamos originarios.<\/p>\n

Pero la m\u00e1s clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refiri\u00f3 al tema en p\u00fablico, nunca recibi\u00f3 a la familia de Roberto L\u00f3pez. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.<\/p>\n

“El genocidio actual de los pueblos ind\u00edgenas ya no es m\u00e1s con armas. Se produce invisibilizado, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisi\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 en 2008 el ministro de Corte Suprema Ra\u00fal Eugenio Zaffaroni.<\/p>\n

Unidos contra los Qom<\/strong><\/p>\n

Lluvioso. S\u00e1bado 30 de abril. La muerte de Ernesto S\u00e1bato marca la agenda medi\u00e1tica. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias period\u00edsticas est\u00e1n al m\u00ednimo.<\/p>\n

La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidi\u00f3 a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n de inmediato dio luz verde para que la Polic\u00eda Federal se haga presente en el lugar. M\u00e1s de cien efectivos se apostaron para liberar el tr\u00e1nsito, frente a ind\u00edgenas que comenzaban su sexto d\u00eda de huelga de hambre.<\/p>\n

No hubo acuerdo ni se levant\u00f3 el reclamo ni la huelga de hambre. S\u00f3lo prim\u00f3 el sentido com\u00fan de la comunidad que, al despejar la calle, evit\u00f3 la represi\u00f3n. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene\u201d, explic\u00f3 F\u00e9lix D\u00edaz.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hab\u00eda solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisi\u00f3n inst\u00f3 al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad f\u00edsica\u201d de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la polic\u00eda, de la fuerza p\u00fablica u otros agentes estatales\u201d.<\/p>\n

Cuatro d\u00edas despu\u00e9s, el Gobierno hizo todo lo contrario: envi\u00f3 un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.<\/p>\n

La viceministra de Seguridad, Cristina Caama\u00f1o, reconoci\u00f3 a sus colaboradores m\u00e1s cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar\u201d con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, ser\u00e1n detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habr\u00e1 detenciones\u201d, afirm\u00f3 un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.<\/p>\n

“Distinta vara\u201d suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibi\u00f3 a la familia de Mariano Ferreyra y utiliz\u00f3 toda su estructura para buscar justicia. Ya est\u00e1n presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.<\/p>\n

A la familia del qom Roberto L\u00f3pez nunca la recibi\u00f3. En la escandalosa causa judicial por la represi\u00f3n de Formosa hay una veintena de procesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ning\u00fan polic\u00eda, ning\u00fan gendarme, ning\u00fan funcionario del gobierno de Formosa.<\/p>\n

Gildo Insfr\u00e1n es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, f\u00e9rreo defensor del modelo kirchnerista.<\/p>\n

El c\u00f3modo oficio de ocultar<\/strong><\/p>\n

“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda\u201d. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayor\u00eda de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.<\/p>\n

La represi\u00f3n al Pueblo Qom dej\u00f3 en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

Los canales de televisi\u00f3n, radios y diarios cercanos (o acr\u00edticos) al Gobierno enfocaron la represi\u00f3n como un enfrentamiento, adaptaci\u00f3n moderna de la teor\u00eda de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se pod\u00eda esconder, apuntaron como \u00fanico responsable pol\u00edtico al gobierno provincial. Ese era el l\u00edmite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los d\u00edas que siguieron a la represi\u00f3n.<\/p>\n

En contraposici\u00f3n, los medios que claramente act\u00faan como partidos de oposici\u00f3n (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfr\u00e1n-Cristina Fern\u00e1ndez. Pero nunca citaron el fondo de la represi\u00f3n: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga tambi\u00e9n al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicaci\u00f3n son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidaci\u00f3n y avance de ese modelo.<\/p>\n

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.<\/p>\n

El “periodismo militante\u201d de la agencia de noticias T\u00e9lam es un caso testigo del periodismo actual. T\u00e9lam censur\u00f3 el domingo 17 un art\u00edculo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. S\u00f3lo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.<\/p>\n

El mi\u00e9rcoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunci\u00f3 que dejaba de escribir sobre la tem\u00e1tica, hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedic\u00f3 a conocer, visitar y escuchar a comunidades ind\u00edgenas. Una d\u00e9cada de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad ind\u00edgena de Argentina. No explic\u00f3 por qu\u00e9 tom\u00f3 esa decisi\u00f3n dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de T\u00e9lam puede imaginar por qu\u00e9.<\/p>\n

El 19 de abril a las 20.48 la agencia T\u00e9lam despach\u00f3 el cable titulado “Insfr\u00e1n particip\u00f3 de encuentro multi\u00e9tnico e inaugur\u00f3 obras\u201d. Dio cuenta de que 6.000 abor\u00edgenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aport\u00f3 supuestos dichos de ind\u00edgenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos a\u00f1os, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios\u201d.<\/p>\n

El \u00faltimo p\u00e1rrafo no deja dudas. “(Los ind\u00edgenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la naci\u00f3n y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos\u201d.<\/p>\n

Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los art\u00edculos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por l\u00ednea editorial, edici\u00f3n o, tambi\u00e9n, porque la informaci\u00f3n no es verdad.<\/p>\n

El cable de T\u00e9lam no fue firmado por el redactor.<\/p>\n

“Una cosa es resolver de d\u00f3nde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesi\u00f3n dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, tambi\u00e9n\u201d, dice un viejo texto de la cooperativa period\u00edstica La Vaca, donde tambi\u00e9n se arriesga una definici\u00f3n. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda\u201d.<\/p>\n

Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas period\u00edsticas. “\u00bfVamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (\u2026) Dejemos de sostener, a precios cada vez m\u00e1s bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura tambi\u00e9n nosotros.\u201d<\/p>\n

El juego a la derecha<\/strong><\/p>\n

Muchas cr\u00edticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras m\u00e1s o menos, “le hac\u00e9s el juego a la derecha\u201d.<\/p>\n

La represi\u00f3n al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descarg\u00f3 en un texto de opini\u00f3n que circul\u00f3 entre amigos y compa\u00f1eros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha\u201d. (1)<\/p>\n

A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son c\u00f3mplices, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, de asesinatos.<\/p>\n

No hay acci\u00f3n de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea \u2013y este Gobierno ha tomada varias) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.<\/p>\n

“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos ind\u00edgenas\u201d, advirti\u00f3 Nora Corti\u00f1as, de Madres de Plaza de Mayo L\u00ednea Fundadora, en marzo \u00faltimo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.<\/p>\n

Eduardo Galeano visit\u00f3 el acampe Qom. Y fue menos diplom\u00e1tico: “(Los ind\u00edgenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora est\u00e1n aqu\u00ed acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendr\u00edan que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los pol\u00edticos que buscan pedazos de poder\u201d.<\/p>\n

Derechos Humanos<\/strong><\/p>\n

Secuestro de personas. Robo de beb\u00e9s. Torturas. Campos de concentraci\u00f3n. Desaparecidos.<\/p>\n

Los pueblos ind\u00edgenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las v\u00edctimas de nazismo y que los v\u00edctimas de la \u00faltima dictadura militar.<\/p>\n

Pero su genocidio a\u00fan es negado.<\/p>\n

“Nunca cay\u00f3 el r\u00e9gimen que implement\u00f3 las campa\u00f1as militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonom\u00eda ind\u00edgena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente\u201d, explica el historiador e investigador Walter Delr\u00edo, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Pol\u00edtica Ind\u00edgena Argentina.<\/p>\n

La Red de Estudios afirma que a\u00fan hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con pr\u00e1cticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represi\u00f3n, privaci\u00f3n de formas de subsistencia, hambre, discriminaci\u00f3n y olvido.<\/p>\n

A 28 a\u00f1os del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidi\u00f3 que la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detenci\u00f3n, pasar\u00e1 a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron all\u00ed un espacio para la memoria del nunca m\u00e1s.<\/p>\n

A 130 a\u00f1os del inicio de la Campa\u00f1a del Desierto, los pueblos ind\u00edgenas no cuentan con ning\u00fan espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.<\/p>\n

En 1994 se sancion\u00f3 la Ley 24.411, que establece que el Estado deber\u00e1 pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnizaci\u00f3n por el terrorismo de Estado padecido. Ning\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n o reparaci\u00f3n se plante\u00f3 jam\u00e1s para las v\u00edctimas del genocidio ind\u00edgena.<\/p>\n

En la actualidad, la sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de derechos humanos de pueblos ind\u00edgenas no escandaliza a la opini\u00f3n p\u00fablica. Incluso es negado por un sector de intelectuales, pol\u00edticos, comunicadores y referentes de opini\u00f3n.<\/p>\n

Las v\u00edctimas del genocidio ind\u00edgena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.<\/p>\n

La negaci\u00f3n tiene ra\u00edces \u00e9tnicas y de clase social. Y, sin duda, econ\u00f3micas. Los distintos modelos productivos del \u00faltimo siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n

Para los pueblos originarios no hubo un “nunca m\u00e1s\u201d.<\/p>\n

Nota:
1) http:\/\/revistacontracultural.blogspot.com\/2010\/12\/derechos-humanos.html<\/a><\/p>\n

Fuente art\u00edculo: http:\/\/darioaranda.wordpress.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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