El d\u00eda europeo de lucha contra la pobreza energ\u00e9tica conmemora la tercera y \u00faltima de las extraordinarias olas de fr\u00edo que en febrero de 1956 recorrieron Europa. Aquel invierno de 1956, Europa soport\u00f3 unas heladas y un fr\u00edo excepcional durante casi un mes, completando el invierno m\u00e1s duro desde que se tienen registros. Los -32\u00baC registrados el 2 febrero de 1956 en Estany-Gento (Lleida), es la temperatura m\u00ednima m\u00e1s baja de las que est\u00e1n registradas en el Banco Nacional de Datos Climatol\u00f3gicos de la Agencia Estatal de Meteorolog\u00eda (AEMET).<\/p>\n
La pobreza energ\u00e9tica no es un concepto nuevo. Desde los primeros trabajos realizados en los a\u00f1os noventa en el Reino Unido, se plasma que un cierto n\u00famero de hogares tienen dificultades para calentar sus casas, o para disponer de los servicios energ\u00e9ticos necesarios para poder desarrollar una vida saludable. En los \u00faltimos a\u00f1os, especialmente a ra\u00edz de la crisis econ\u00f3mica de 2008, el problema ha aparecido con m\u00e1s peso en las agendas pol\u00edticas, tanto a nivel europeo como nacional. En el caso espa\u00f1ol, han contribuido a ello estudios como los realizados por la Asociaci\u00f3n de Ciencias Ambientales o Economics for Energy, que a falta de indicadores oficiales en Espa\u00f1a sobre esta situaci\u00f3n, han permitido calibrarla y observar su evoluci\u00f3n, as\u00ed como la presi\u00f3n social ejercida por colectivos como la APE -Alian\u00e7a contra la Pobresa Energ\u00e9tica- o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energ\u00e9tico, entre otras entidades, que han conseguido peque\u00f1os grandes logros desde el activismo social.<\/p>\n
Por desgracia, nuestro pa\u00eds ha tardado mucho en tomar cartas en el asunto. Despu\u00e9s de muchos a\u00f1os de invisibilizaci\u00f3n, cuando no de negaci\u00f3n, de estas situaciones, por fin en 2019 el Gobierno de Espa\u00f1a aprob\u00f3 la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ\u00e9tica. Se trata de un texto ambicioso que debe ser aplaudido, esperando que sea desarrollado en todos sus t\u00e9rminos, pero sobre todo, es el primer texto legal que reconoce la existencia de la pobreza energ\u00e9tica como tal en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Hemos tenido que esperar hasta el a\u00f1o 2019 a tener una definici\u00f3n propia, a pesar de que la Directiva 2009\/72\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, advert\u00eda que cada uno de los Estados miembro deb\u00eda definir el concepto de cliente vulnerable, que podr\u00eda referirse a la pobreza energ\u00e9tica y, entre otras cosas, a la prohibici\u00f3n de desconexi\u00f3n de la electricidad a dichos clientes en per\u00edodos cr\u00edticos.<\/p>\n
Hemos tenido que esperar hasta el a\u00f1o 2019 a pesar de que los indicadores no oficiales llevan advirtiendo, publicaci\u00f3n tras publicaci\u00f3n, que uno de los grandes efectos derivados de la crisis de 2008 es la afecci\u00f3n de amplias capas de la poblaci\u00f3n por pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Ciencias Ambientales present\u00f3 en el a\u00f1o 2012 el primer Estudio sobre la Pobreza Energ\u00e9tica, y ten\u00eda varios objetivos, pero el primero y m\u00e1s importante de todos ellos era visibilizar una realidad que estaba oculta, poni\u00e9ndole nombre e incorpor\u00e1ndola al debate ciudadano, de las instituciones y de los medios de comunicaci\u00f3n. Desde entonces han sido muchos los trabajos que han hecho referencia a estas situaciones. Los datos variaban seg\u00fan las diferentes fuentes, pero era incontestable que la dimensi\u00f3n de la situaci\u00f3n no paraba de crecer.<\/p>\n
La pobreza energ\u00e9tica es, adem\u00e1s, un fen\u00f3meno complejo que no s\u00f3lo afecta a personas pobres, con escasos ingresos o en riesgo de exclusi\u00f3n social. En la actualidad va mucho m\u00e1s all\u00e1, y ha afectado a la denominada clase media, que antes no se hab\u00eda visto en esta situaci\u00f3n. Una clase social para la cual, acudir a los servicios sociales o a las ONGs asistenciales es poco habitual, lo que produce una mayor dificultad para identificar estos casos.<\/p>\n
El primer intento por adoptar medidas oficiales en la lucha contra la pobreza energ\u00e9tica lleg\u00f3 al Congreso de los Diputados en diciembre de 2013, pero la mayor\u00eda que sustentaba al Gobierno de entonces tumb\u00f3 una propuesta legislativa de la oposici\u00f3n, con varias medidas para abordar estas situaciones, bajo el argumento de que la pobreza energ\u00e9tica s\u00f3lo era un problema que tiene relaci\u00f3n con la destrucci\u00f3n de empleo.<\/p>\n
Los datos en aquel entonces ya indicaban que una de cada diez familias espa\u00f1olas sobreviv\u00eda sin iluminaci\u00f3n ni calefacci\u00f3n, con las consecuencias que ello tiene para la salud. Por desgracia, el 14 de noviembre de 2016 la pobreza energ\u00e9tica salt\u00f3 al primer plano medi\u00e1tico mostrando su rostro m\u00e1s cruel: una mujer de 81 a\u00f1os, Rosa, falleci\u00f3 debido a un incendio en su vivienda de Reus provocado por las velas que utilizaba al tener cortado el suministro el\u00e9ctrico por impago. Fue uno de los casos m\u00e1s medi\u00e1ticos, especialmente porque ya estaba en vigor la Ley 24\/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica de la Generalitat de Catalunya. Una de la leyes m\u00e1s garantistas contra la exclusi\u00f3n en todo el Estado y en Europa, nacida de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energ\u00e9tica y el Observatorio DESC, que cont\u00f3 con un amplio apoyo social \u2013cerca de 150.000 firmas- y que fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.<\/p>\n
El art\u00edculo 6 de la ley 24\/2015 impone a las empresas energ\u00e9ticas el deber de notificar a los servicios sociales de los Ayuntamientos el inminente corte de suministro con el objeto de ver si los afectados est\u00e1n en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social, necesitando la autorizaci\u00f3n de estos para proceder al corte. Sin embargo, esta protecci\u00f3n solo est\u00e1 vigente en Catalunya, y una gran parte de la ley fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado. Por suerte, las disposiciones referidas a los cortes de suministro siguen en pie, pese a que las compa\u00f1\u00edas, como sucedi\u00f3 en el caso de Rosa, no las cumplen.<\/p>\n
El caso de Rosa, solo es el ejemplo extremo de los impactos negativos sobre la salud de las personas que supone sufrir estas situaciones. Debido a la falta de confort higrot\u00e9rmico de la vivienda y\/o al riesgo de impago y desconexi\u00f3n, las personas desarrollan enfermedades que en los casos m\u00e1s graves pueden suponer la muerte prematura. Ya en un estudio de 2011, la oficina regional para Europa de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) cifraba en 38.200 las muertes prematuras anuales asociadas a la pobreza energ\u00e9tica en 11 pa\u00edses europeos. En Espa\u00f1a, la Asociaci\u00f3n de Ciencias Ambientales ha estimado que la pobreza energ\u00e9tica podr\u00eda ser responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al a\u00f1o, en funci\u00f3n de la mayor o menor dureza de los inviernos o veranos. Una cifra m\u00e1s elevada que la de v\u00edctimas mortales de accidentes de tr\u00e1fico en carretera – 1.098 personas en 2019, 870 en 2020 – . Pese a ello, es evidente que son muchos m\u00e1s los medios que se dedican a disminuir la mortalidad ligada a estos \u00faltimos que a la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n
Los efectos sobre la salud son muy importantes, no solo por el incremento de la mortalidad, sino tambi\u00e9n por otros problemas derivados como el estr\u00e9s, la depresi\u00f3n o el absentismo laboral o escolar, que, como en tantos otros casos, sufren m\u00e1s las mujeres mayores, las familias monomarentales y las migrantes, adem\u00e1s de las y los ni\u00f1os, que en sus primeros estadios de desarrollo tienen problemas para ganar peso y desarrollan con gran facilidad enfermedades respiratorias.<\/p>\n
Hay quienes incluyen la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ\u00e9tica como un paso m\u00e1s en la lucha contra la pobreza energ\u00e9tica en Espa\u00f1a, que indican se inici\u00f3 con la aprobaci\u00f3n del bono social el\u00e9ctrico en 2009.<\/p>\n
El bono aprobado en 2009 por el Ministerio de Industria otorgaba un porcentaje de descuento en las facturas el\u00e9ctricas a las familias numerosas, a las que ten\u00edan a todos sus miembros en paro, a los hogares con pensiones m\u00ednimas y a los clientes con una potencia inferior a 3 kW. Ligarlo a la renta per c\u00e1pita de los hogares deb\u00eda resultar engorroso de gestionar y con aquella legislaci\u00f3n se beneficiaron del bono social el\u00e9ctrico multitud de hogares que en ning\u00fan caso se podr\u00edan considerar vulnerables, gener\u00e1ndose adem\u00e1s una curiosa situaci\u00f3n: se aplicaba en multitud de segundas residencias por el simple hecho de tener potencias contratadas inferiores a 3 kW. Es por ello, que resulta dif\u00edcil considerar, si no es desde una perspectiva muy buenista, este primer formato de bono social el\u00e9ctrico como una medida de lucha contra la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n
Desde el 2009, el bono social ha sufrido dos grandes modificaciones aunque ninguna ha conseguido, por desgracia, fijar una suficiente protecci\u00f3n adicional a los consumidores vulnerables para garantizar el derecho al suministro de electricidad, que es el prop\u00f3sito con el que naci\u00f3. Cabe reconocer que su \u00faltima reforma, de octubre de 2018, si incluy\u00f3 un criterio de renta para la mayor\u00eda de los casos, con excepci\u00f3n de las familias numerosas que son beneficiarias del mismo sean cuales sean sus ingresos.<\/p>\n
Con la \u00faltima reforma, el Gobierno apuesta por el bono social como la gran herramienta de lucha contra la pobreza energ\u00e9tica en nuestro pa\u00eds, en espera de la aplicaci\u00f3n del resto de medidas que figuran en la estrategia nacional.<\/p>\n
Se pueden hacer muchos an\u00e1lisis sobre las deficiencias en el desarrollo y la aplicaci\u00f3n del bono social, que afloran en el momento en que se observan los escasos hogares beneficiarios: en torno a 1,5 millones, frente a los potenciales a los que reconoce la ley pero no acceden a \u00e9l: unos 5,5 millones. Muchas familias no saben siquiera de su existencia o que deben estar en el mercado regulado para poder solicitarlo o, por ejemplo, confunden, o les hacen confundir, descuentos en sus facturas del mercado libre con el bono social.
\nLigeros avances que no son suficientes<\/p>\n
A ra\u00edz de la actual crisis del COVID-19, desde el gobierno se han tomado algunas medidas de emergencia para garantizar los suministros de electricidad, agua y gas de los hogares vulnerables, en lo que podr\u00eda denominarse como una \u201ctregua pand\u00e9mica\u201d de los cortes. A su vez, se ha ampliado el n\u00famero de colectivos beneficiarios del bono social. Estas medidas pueden tapar instant\u00e1neamente algunas urgencias, y la vertiente medi\u00e1tica de la situaci\u00f3n, pero no la atajan, ya que, en muchos casos, las deudas se perpet\u00faan y cuando decaen las medidas extraordinarias, muchos hogares se ven nuevamente en la situaci\u00f3n previa. Si la situaci\u00f3n actual requiere que se garanticen los suministros para los hogares vulnerables, \u00bfen qu\u00e9 situaci\u00f3n no es necesaria esta garant\u00eda?<\/p>\n
En la actualidad, al menos 1.293.836 hogares que, seg\u00fan el \u00faltimo ‘Bolet\u00edn de indicadores el\u00e9ctricos’ elaborado por la CNMC, est\u00e1n en situaci\u00f3n de pobreza energ\u00e9tica en Espa\u00f1a esperan que se tomen medidas estructurales, ambiciosas, que no decaigan al cabo de unos meses. Porque hay hogares que necesitan con urgencia soluciones mientras se desarrollan las grandes actuaciones que prev\u00e9 la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ\u00e9tica.<\/p>\n
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