Contratos basura, temporalidad y precariedad. No es raro encontrar que los trabajadores de las adjudicatarias y subcontratas que prestan servicios p\u00fablicos sufren las consecuencias m\u00e1s duras del modelo neoliberal que impera en gran parte del sector p\u00fablico estatal.<\/p>\n
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Se ha convertido en demasiado habitual<\/strong> que un mismo conglomerado de empresas consiga grandes contratos auton\u00f3micos o municipales integrales \u2013que incluyen diferentes servicios que ofrece una administraci\u00f3n, como la limpieza viaria y el mantenimiento de parques\u2013 mientras realiza un expediente de regulaci\u00f3n de empleo, a menudo teniendo beneficios.<\/p>\n Tampoco es extra\u00f1o que los contratos est\u00e9n negociados a la baja<\/strong> con la Administraci\u00f3n, lo que fomentar\u00e1 a su vez m\u00e1s precariedad, adem\u00e1s de un peor servicio a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Sin embargo, desde diferentes estamentos comienza a implantarse una resistencia<\/strong>a este tipo de pr\u00e1cticas y ya son varias las c\u00e1maras regionales y municipales que han aprobado normativas que pretenden, si no acabar con ellas, al menos frenarlas. Ayuntamientos como los de Gasteiz, Donostia, Barcelona o Madrid, o administraciones regionales como la Diputaci\u00f3n Foral de Gipuzkoa o la Comunidad Foral de Navarra son algunas de ellas.<\/p>\n “La administraci\u00f3n puede garantizar que las condiciones de trabajo que hay detr\u00e1s de las contratas que est\u00e1 externalizando o que ejecutan terceros re\u00fanan determinadas condiciones de trabajo digno, y que permitan la inclusividad y la incorporaci\u00f3n al mundo laboral de colectivos que tienen m\u00e1s dificultades”, explica Fernando Sab\u00edn, del nodo madrile\u00f1o de la Red de Redes de Econom\u00eda Solidaria (REAS), un colectivo que lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada trabajando en c\u00f3mo mejorar la contrataci\u00f3n p\u00fablica para hacerla m\u00e1s \u00e9tica y sostenible, y que ha participado en numerosos procesos de adopci\u00f3n de cl\u00e1usulas sociales. <\/p>\n “Hay que evitar que el precio sea el elemento que prime a la hora de orientar la contrataci\u00f3n p\u00fablica, que haya elementos de calidad y que la relaci\u00f3n calidad-precio se entienda como una relaci\u00f3n de factores en la cual se prime la idea de que, para que un trabajo est\u00e9 bien ejecutado, el trabajador tiene que tener buenas condiciones laborales”, a\u00f1ade.<\/span><\/p>\n Iniciativa Legislativa Popular<\/span><\/p>\n Las opciones que tiene una administraci\u00f3n para conseguir estos fines son varias. Una de ellas es la inclusi\u00f3n en los criterios de contrataci\u00f3n de la subrogaci\u00f3n<\/strong>, mecanismo por el cual un trabajador mantiene el puesto de trabajo, la antig\u00fcedad y las condiciones asociadas a \u00e9l aunque la empresa adjudicataria o subcontratada cambie, lo que fomenta la estabilidad laboral.<\/p>\n “Esto es vital, independientemente de que la subrogaci\u00f3n pueda estar garantizada por un convenio sectorial”, apunta Joseba Villareal, responsable de Negociaci\u00f3n Colectiva del sindicato vasco ELA.<\/p>\n Esta central present\u00f3 en 2013 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por m\u00e1s de 110.000 firmas, que pretend\u00eda incluir cl\u00e1usulas sociales<\/strong> en la contrataci\u00f3n p\u00fablica de toda la Comunidad Aut\u00f3noma Vasca \u2013que subcontrata a unos 55.000 trabajadores\u2013 con tres puntos b\u00e1sicos: la subrogaci\u00f3n<\/strong>, la aplicaci\u00f3n del convenio<\/strong>m\u00e1s cercano al \u00e1mbito de trabajo (habitualmente con mejores condiciones para el trabajador) y la aplicaci\u00f3n de sanciones a la empresa <\/strong>que incumpla alguna de esas condiciones, que incluso puede ver rescindido el servicio contratado.<\/p>\n La iniciativa podr\u00eda pasar a tr\u00e1mite parlamentario a finales de febrero, pero probablemente tendr\u00e1 poco que ver con la planteada por ELA. Con EH Bildu como \u00fanico apoyo en el Parlamento, la ponencia que analizaba las enmiendas a la ILP finaliz\u00f3 el pasado 1 de febrero con un acuerdo entre PSE y PNV.<\/p>\n Dicho acuerdo “vac\u00eda de contenido los puntos sustanciales de la ILP”, denuncia Villareal. “De los puntos principales, no se garantiza la subrogaci\u00f3n porque solamente habla de ella para aquellos trabajadores de los sectores donde el convenio sectorial la recoja; y tampoco garantiza el convenio de aplicaci\u00f3n, es m\u00e1s, en esta \u00faltima parte profundiza en la reforma laboral”.<\/p>\n Se trata del \u00faltimo cap\u00edtulo en una historia que incluye dos intentos de boicot por parte del PNV, “primero haciendo un informe negativo del Gobierno a la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la ILP y despu\u00e9s utilizando a la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia para plantear una cuesti\u00f3n de competencias”, explica Villareal, cuesti\u00f3n ya solventada, ya que el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco se\u00f1al\u00f3 a finales de diciembre que la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es legal.<\/p>\n Pero no todo son derrotas<\/strong> en la ILP impulsada por ELA. El Parlamento de Navarra ya aprob\u00f3 en enero de 2015 \u2013por unanimidad\u2013 una proposici\u00f3n que modificaba la Ley Foral de Contratos P\u00fablicos con el fin de incluir cl\u00e1usulas sociales en los pliegos administrativos. La ILP de ELA fue el origen de esa normativa.<\/p>\n Pa\u00eds Vasco, tierra prometida<\/span><\/p>\n A pesar de la resistencia de PNV y otros grupos pol\u00edticos a la ILP, el Pa\u00eds Vasco es uno de los principales focos en los que se est\u00e1n aprobando normativas de contrataci\u00f3n p\u00fablica que aplican un criterio social<\/strong>.<\/p>\n Leire \u00c1lvarez, de REAS Euskadi, ha participado en diferentes procesos, como la preparaci\u00f3n de la Norma Foral sobre Contrataci\u00f3n P\u00fablica Socialmente Responsable de la Diputaci\u00f3n de Gipuzkoa o las instrucciones de contrataci\u00f3n aprobadas por los Ayuntamientos de Gasteiz, Galdako o Donostia. Adem\u00e1s, Reas Euskadi cuenta con un servicio de asesor\u00eda en Contrataci\u00f3n P\u00fablica Socialmente Responsable del que hacen uso numerosas administraciones vascas cuando quieren incluir criterios sociales en pliegos concretos.<\/p>\n Los mecanismos de los que se puede servir una administraci\u00f3n para dignificar la labor de sus subcontratados son varios. \u00c1lvarez apunta que “las administraciones p\u00fablicas pueden exigir a la empresa adjudicataria que aplique al personal que ejecutar\u00e1 el contrato las condiciones laborales y retributivas m\u00e1s beneficiosas del convenio colectivo de legal aplicaci\u00f3n a nivel sectorial y territorial”.<\/p>\n Asimismo, recuerda que la nueva Directiva 2014\/24\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (que Espa\u00f1a tiene que trasponer en el primer trimestre de 2016), sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica “se\u00f1ala de forma clara y reiterada la posibilidad de incorporar criterios sociales en las diferentes fases de una licitaci\u00f3n”.<\/p>\n Entre estas cl\u00e1usulas sociales destacan, “la creaci\u00f3n de empleo para colectivos desfavorecidos del mercado laboral, la igualdad de mujeres y hombres, el trabajo digno o el comercio justo”, comenta esta integrante de REAS Euskadi.<\/p>\n Sab\u00edn apunta, por su parte, que las administraciones deben desarrollar una labor ejemplificadora<\/strong> que reduzca las desigualdades que genera el modelo de mercado actual. Tambi\u00e9n deben, en su opini\u00f3n, promover tejido productivo y empresas y entidades que, por definici\u00f3n, son m\u00e1s garantistas con las condiciones de trabajo de sus trabajadores.<\/p>\n As\u00ed, adem\u00e1s de las cl\u00e1usulas sociales, “una herramienta clara para conseguir esto es la reserva de mercado, por la cual cojo partes del presupuesto p\u00fablico para que sean ejecutadas por determinados tipos de entidades, como los centros especiales de empleo y las empresas de inserci\u00f3n, porque cumplen una funci\u00f3n integradora al mundo laboral fundamental”.<\/p>\n Otra herramienta que destaca es la utilizaci\u00f3n de criterios de comercio justo en las compras de una administraci\u00f3n, “que apelan a que la producci\u00f3n de esos productos se ha hecho bajo condiciones dignas de trabajo y que el producto recoge determinados criterios de producci\u00f3n vinculados a la sostenibilidad ambiental”.<\/p>\n Catalunya integradora<\/span><\/p>\n Catalunya es otro de los puntos donde este tipo de iniciativas est\u00e1 cuajando. Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament+Sostenible del Consistorio de Barcelona, explica que todo lo que es contrataci\u00f3n social en la administraci\u00f3n local viene del Decreto de Alcald\u00eda sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica responsable con criterios sociales y ambientales, aprobado en 2013: “Este decreto tiene dos patas, una son los criterios sociales de contrataci\u00f3n, b\u00e1sicamente c\u00f3mo incentivar a las empresas de inserci\u00f3n social y centros especiales de trabajo a trav\u00e9s de la contrataci\u00f3n, y otra es la que trata criterios de sostenibilidad, ya que introducimos criterios sociales como la compra \u00e9tica, el comercio justo y la cadena \u00e9tica de proveedores”.<\/p>\n Esto se ha materializado en doce instrucciones que establecen qu\u00e9 cl\u00e1usulas de sostenibilidad<\/strong> se tienen que incorporar en los pliegos y que hacen referencia a servicios o productos concretos que el Ayuntamiento ha considerado prioritarios.<\/p>\n Tal es el caso de los proyectos de obra, la alimentaci\u00f3n o el suministro el\u00e9ctrico. Para ello han contado con el apoyo de entidades de la econom\u00eda social como el Centre de Recerca i Investigaci\u00f3 de Catalunya y han elaborado “grupos de trabajo para cada instrucci\u00f3n con personas y grupos que se han identificado como actores involucrados”, apunta Campanero.<\/p>\n Adem\u00e1s, otra instrucci\u00f3n del Ayuntamiento, cuya entrada en vigor fue en mayo de 2015, desarrolla “algunas medidas jur\u00eddicas para la contrataci\u00f3n p\u00fablica directamente en cuesti\u00f3n de mejora de los servicios sociales a la persona”, explica Francisco Blanco, director de Coordinaci\u00f3n de Contrataci\u00f3n Administrativa del Ayuntamiento, con el fin de “potenciar el aspecto no economicista de la oferta”.<\/p>\n Pero no todo es positivo. Blanco destaca que con la nueva directiva 24\/2014 “se van a romper muchos tab\u00faes”, pero toda la contrataci\u00f3n p\u00fablica social espa\u00f1ola est\u00e1 encauzada a que se canalice sobre todo como una condici\u00f3n de ejecuci\u00f3n, no de licitaci\u00f3n. “Te dicen, ‘si usted quiere hablar de algo social en la contrataci\u00f3n col\u00f3quelo, pero en la fase de ejecuci\u00f3n, no como un criterio de adjudicaci\u00f3n’. Pero luego, si no tienes una estructura de seguimiento potente, la garant\u00eda de que todo eso se lleva a t\u00e9rmino est\u00e1 pendiente de auditor\u00eda”.<\/p>\n Por ello, asegura que hay que implementar medidas de seguimiento<\/strong>, ya que \u00e9ste “no se est\u00e1 haciendo seriamente, no por falta de voluntad, sino porque faltan programas de gesti\u00f3n electr\u00f3nica, implicar al contratista para que te diligencie documentos, etc\u00e9tera”.<\/p>\n Por su parte, \u00c1lvarez expone la misma carencia desde el Pa\u00eds Vasco: “No es suficiente con aprobar normas; deben asignarse responsabilidades y establecer qui\u00e9n va a velar por el cumplimiento de lo aprobado, qui\u00e9n va a prestar apoyo o asesoramiento cuando surgen dudas en la aplicaci\u00f3n, qui\u00e9n va a realizar el seguimiento y evaluar el impacto social de la aplicaci\u00f3n de la norma”.<\/p>\n As\u00ed, la idea del Ayuntamiento de Barcelona es lanzar a medio plazo un nuevo decreto <\/strong>que recoja este tipo de aspectos en el que ya est\u00e1n trabajando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Contratos basura, temporalidad y precariedad. 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