La aprobaci\u00f3n de las Directivas 2014\/23\/ UE y 2014\/24\/UE su posterior transposici\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico del estado espa\u00f1ol, a trav\u00e9s de la Ley 9\/2017 de Contratos del Sector P\u00fablico supon\u00eda la transformaci\u00f3n del modelo de contrataci\u00f3n p\u00fablica hacia un nuevo enfoque que, en t\u00e9rminos de Gimeno Feliu1, deb\u00eda ser \u201cestrat\u00e9gico\u201d. Una nueva visi\u00f3n que nos conducir\u00eda hacia la satisfacci\u00f3n real del cometido de la contrataci\u00f3n p\u00fablica que no es otro que garantizar y contribuir al inter\u00e9s general y el bien com\u00fan y esto pasa por promover un modelo que a\u00fane la sostenibilidad ambiental, social, econ\u00f3mica y la igualdad efectiva. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, los datos nos arrojan otra realidad. Actualmente,en el estado Espa\u00f1ol la contrataci\u00f3n p\u00fablica representa, seg\u00fan datos del Ministerio de Hacienda para 2023 el 11,55% de su PIB (aunque otros informes sit\u00faan de media, esta cifra en el 20%) y el 24,87% del total de su gasto p\u00fablico. En el caso de Europa, el OBCP2 estima que los procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica por parte de las autoridades de la UE representan el 14% del PIB de Europa.<\/p>\n
Si bien los datos nos constatan que la contrataci\u00f3n p\u00fablica tiene un peso muy significativo en t\u00e9rminos absolutos y por lo tanto ejerce una importante influencia en la construcci\u00f3n y fortalecimiento de un nuevo modelo econ\u00f3mico basado en la justicia social, a la pr\u00e1ctica sigue fundament\u00e1ndose en una visi\u00f3n economicista que sit\u00faa como principal eje del objeto del contrato el coste o el precio de la licitaci\u00f3n sin tener en cuenta la inclusi\u00f3n de las cl\u00e1usulas sociales, de g\u00e9nero y ambientales esenciales para asegurar la construcci\u00f3n de un modelo de crecimiento sostenible.<\/p>\n
En esta l\u00ednea, la Confederaci\u00f3n Europea de Sindicatos (de ahora en adelante CES)3 en 2023 public\u00f3 un informe en que denunciaba que, alrededor de 1.000 millones de euros, provenientes de fondos p\u00fablicos de la UE, a trav\u00e9s de 254 contratos, hab\u00edan sido concedidos a 8 empresas se\u00f1aladas por vulnerar los derechos humanos laborales en el Informe sobre el \u00cdndice Global de Derechos elaborado cada a\u00f1o por la Confederaci\u00f3n Sindical Internacional (de ahora en adelante CSI). Este informe analiza el grado de consecuci\u00f3n de los derechos humanos laborales en el mundo y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales en materia de libertad sindical (derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, a organizarse, a fundar y a afiliarse a un sindicato, el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, entre otros).Las empresas incluido en este informe eran aquellas que, o bien hab\u00edan estado vinculadas a un supuesto de violaci\u00f3n de los derechos de los trabajadores y trabajadoras o bien no utilizaron los mecanismos necesarios para abordar los casos de vulneraci\u00f3n de los derechos de la clase trabajadora incumpliendo as\u00ed su obligaci\u00f3n de respetar los derechos humanos laborales reconocidos internacionalmente y de evitar acciones que obstaculicen el acceso y vigencia de dichos derechos. Por ello, el movimiento sindical, a trav\u00e9s de la CES, el pasado mes de octubre de 2024 hac\u00eda un llamamiento a la reforma del marco normativo que regula la contrataci\u00f3n p\u00fablica en Europa para que permitiera la inclusi\u00f3n de manera efectiva, de las cl\u00e1usulas sociales como parte del objeto del contrato para erradicar as\u00ed el actual modelo economicista que se ha convertido en \u201c una carrera a la baja en materia de salarios y condiciones de trabajo\u201d4. Con el elevado porcentaje del PIB que representa la contrataci\u00f3n p\u00fablica en la UE y en sus Estados Miembros, una reforma del marco normativo contribuir\u00eda a asegurar salarios y condiciones de trabajo dignas de millones de trabajadores y trabajadoras de las empresas licitadoras a trav\u00e9s del reconocimiento efectivo del derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, a un salario digno, a la igualdad efectiva y real y esto pasa tambi\u00e9n por reconocer el rol central del movimiento sindical como garante de las cl\u00e1usulas sociales, tanto en la fase de preparaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los contratos como en la fase de seguimiento de los mismos.<\/p>\n
Por ello, la Fundaci\u00f3 Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, ha venido impulsando la inclusi\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n y acci\u00f3n sindical internacional como instrumentos de referencia a la hora de definir las cl\u00e1usula sociales y tambi\u00e9n las ambientales y establecer su seguimiento efectivo durante la ejecuci\u00f3n del contrato a trav\u00e9s de dos mecanismos.<\/p>\n
El primero de ellos, mediante la representaci\u00f3n sindical en los centros de trabajo y la construcci\u00f3n de mecanismos colectivos sindicales para analizar la inclusi\u00f3n de las cl\u00e1usulas sociales con perspectiva de g\u00e9nero y ambientales en la fase de preparaci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos a trav\u00e9s de los espacios de concertaci\u00f3n y di\u00e1logo social y que, cuando se configuren los comit\u00e9s de seguimiento de dichos contratos puedan ser aplicadas.<\/p>\n
El segundo, a trav\u00e9s del sindicalismo global. En nuestra contemporaneidad, un volumen importante de la contrataci\u00f3n p\u00fablica pivota sobre la compra p\u00fablica que, atendiendo al actual modelo de extra territorializaci\u00f3n de la producci\u00f3n, se fabrica en las cadenas globales de valor que ya concentran el 60 % de la producci\u00f3n mundial sumidas en una profunda opacidad. En los \u00faltimos a\u00f1os el movimiento sindical, a trav\u00e9s de las federaciones sindicales internacionales, han desplegado los Acuerdos Marco Internacionales (en adelante AMI) o acuerdos marco globales (AMG) que se erigen como una suerte de negociaci\u00f3n colectiva acordada entre la empresa matriz, la federaci\u00f3n internacional y los sindicatos desplegados en cada eslab\u00f3n y en cada centro de trabajo que conforman toda la cadena de producci\u00f3n. Mediante su implementaci\u00f3n se garantiza que, a lo largo de la cadena global de valor se proteja la libre organizaci\u00f3n sindical de los trabajadores\/as, el ejercicio de la negociaci\u00f3n colectiva, a\u00fan en aquellos casos en que las f\u00e1bricas est\u00e1n situadas en pa\u00edses donde no se han regulado las libertades sindicales y se ha extendido la violencia antisindical, as\u00ed como las Normas Fundamentales del Trabajo relativas a las condiciones de trabajo (salarios, duraci\u00f3n de la jornada laboral, tiempo de descanso, permiso, vacaciones, protecci\u00f3n social, entre otros) y de salud y seguridad en el trabajo tambi\u00e9n vinculadas a las mejoras medioambientales y a la defensa de un modelo de producci\u00f3n \u201cverde\u201d coherente con el Derecho de la Naturaleza. Unido todo esto a la regulaci\u00f3n de mecanismos de seguimiento y control como son la libre visita de f\u00e1bricas, centros de trabajo por la propia representaci\u00f3n sindical para asegurar el cumplimiento del AMI o AMG.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n de ambos mecanismos dotar\u00eda a la contrataci\u00f3n p\u00fablica del enfoque social necesario para asegurar la transformaci\u00f3n de la visi\u00f3n economicista actual en otra fundamentada en la garant\u00eda y vigencia de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, especialmente en relaci\u00f3n a los grupos m\u00e1s vulnerables, y en el respeto efectivo de las cl\u00e1usulas ambientales para construir as\u00ed un modelo de contrataci\u00f3n p\u00fablica basado en la justicia social, y esto pasa inevitablemente por establecer espacios de concertaci\u00f3n y di\u00e1logo con el movimiento sindical que, a\u00fan en el contexto actual de desregulaci\u00f3n, ha construido mecanismos sindicales globales para asegurar la defensa y vigencia de los derechos laborales y sindicales aqu\u00ed y en el mundo.<\/p>\n