En el marco de la serie \u201cHablamos Con Defensores\u201d, entrevistamos a Maite Ramos, de SUDS; Anna Bardolet, de La Coordi; y Sergi Salavert, de FETS, para entender mejor qu\u00e9 es y qu\u00e9 impacto tiene la compra p\u00fablica responsable.<\/p>\n
Las tres entidades forman parte del Grupo de Compra P\u00fablica Socialmente Responsable de Catalu\u00f1a (GCPSR), del cual el Ayuntamiento de Barcelona tambi\u00e9n es miembro. El grupo es especialmente relevante porque agrupa entidades sociales y administraciones p\u00fablicas, es decir, organizaciones que denuncian vulneraciones y proponen alternativas respetuosas con los derechos humanos, junto con las administraciones que tienen el poder y las competencias para impulsar cambios reales.<\/p>\n
\u201cLa compra p\u00fablica tiene el potencial de comprar s\u00f3lo productos que no vulneren los derechos humanos. Estamos hablando de un potencial transformador muy grande, ya que es m\u00e1s de un 10% del PIB espa\u00f1ol, del Estado\u201d, as\u00ed se inicia la entrevista con la reflexi\u00f3n de Anna Bardolet. La complementa Maite Ramos explicando que su impacto social y ambiental va m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de Catalu\u00f1a.<\/p>\n
Por su parte, Sergi Salavert explica que la compra p\u00fablica responsable es \u201ctener en cuenta quien ha producido eso, de qu\u00e9 manera, en qu\u00e9 pa\u00eds se ha hecho, si en este pa\u00eds se han vulnerado los derechos humanos\u2026 Es tener en cuenta todo eso, no s\u00f3lo el qu\u00e9, sino el c\u00f3mo y de qu\u00e9 manera.\u201d Las personas entrevistadas destacan que las personas consumidoras tenemos poder, ya que la manera como invertimos y consumimos puede influir directamente en c\u00f3mo se producen los bienes: si se vulneran derechos humanos o si se producen de manera justa. Trasladado a la compra p\u00fablica, eso significa que es el Estado quien garantiza este impacto y quien toma estas decisiones.<\/p>\n
Maite Ramos recuerda que \u201clas administraciones p\u00fablicas est\u00e1n obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos en sus contrataciones y, por lo tanto, no pueden contratar empresas vinculadas con graves vulneraciones de derechos humanos.\u201d<\/p>\n
Anna Bardolet a\u00f1ade que el sello de comercio justo asegura que productos producidos en el sur global est\u00e1n elaborados en buenas condiciones, como un precio digno, la ausencia de mano de obra infantil, la eliminaci\u00f3n de la explotaci\u00f3n o la garant\u00eda de la igualdad de g\u00e9nero. Por eso remarca que \u201cuna administraci\u00f3n p\u00fablica que quiera tener un consumo responsable, del \u00e1mbito que sea, lo tiene que hacer en este caso a trav\u00e9s de leyes y una de las cosas que permite eso es la contrataci\u00f3n p\u00fablica responsable.\u201d<\/p>\n
Maite Ramos tambi\u00e9n destaca la importancia de institucionalizar la contrataci\u00f3n p\u00fablica responsable, y que para hacerlo\u201c es necesario que estas pol\u00edticas de contrataci\u00f3n se incluyan dentro del funcionamiento de la administraci\u00f3n. Es decir, que existan normas y protocolos concretos de compra p\u00fablica, por ejemplo, a trav\u00e9s de la inclusi\u00f3n de criterios de derechos humanos cuando se construyen los procesos de contrataci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
Finalmente, Sergi Salavert concluye recordando que la administraci\u00f3n p\u00fablica tiene una capacidad que no tienen las entidades de la sociedad civil, que es la de legislar. \u201cPor lo tanto, es una responsabilidad poder legislar para favorecer el respeto a los derechos humanos, pero tambi\u00e9n tienen que respetarlos a la hora de consumir.\u201d<\/p>\n
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