Amigas de la Tierra lanza una calculadora de la huella ecológica de la alimentación, para lograr una Dieta Climática

Se trata de la web dietaclimatica.org en la que podrás calcular cuál es tu huella ecológica y ver cuánto ahorraríamos en emisiones de CO2, combustibles fósiles y en el uso de tierra con una Dieta Climática. A través de la web muestran el ahorro de huella ecológica que supondría una dieta basada en alimentos agroecológicos producidos en nuestro entorno próximo.

Los datos en los que se basan vienen dados por una investigación elaborada junto al CSIC que lanzaron el pasado mes de junio.

Nuestros sistemas alimentarios condicionan los ecosistemas. Sin embargo, según el modelo que utilicemos, podemos respetar la vida o afectar de forma negativa con graves impactos sociales y ambientales, como es el caso de la agricultura y ganadería industrial.

El modelo de agricultura y ganadería industrial actual provoca deforestaciones masivas, pérdida de biodiversidad, agotamiento del suelo, contaminación, escasez de agua y contribuye a agravar la crisis climática.

Proponemos una Dieta Climática, un menú que no sólo pone el foco en los alimentos que consumimos, sino en el modelo de producción que necesitamos: un sistema alimentario basado en la agroecología, la proximidad, alimentos de temporada y cultivos a pequeña escala.

Este cambio no es individual, es necesario presionar a las administraciones para que promuevan este cambio, es aún más crucial cambiar las políticas públicas para lograr una transformación estructural del modelo.. Por eso, el activismo y la presión social que hagamos serán clave! Necesitamos que nuestra manera de alimentarnos forme parte de un sistema alimentario justo que cuide la naturaleza.

Consulta la calculadora para saber cuál sería tu huella ecológica actual y conocer el ahorro que conseguirías al consumir una dieta climática. Además, podrás consultar menús de temporada y recetas agroecológicas, libres de pesticidas, libres de CO2, libres de un consumo desmesurado de agua que te facilitarán el camino hacia una Dieta Climática.

Accede a la web dietaclimatica.org 

Recientemente se ha publicado el informe “Comunidades Energéticas FAKE: las estrategias del oligopolio para captar recursos de las comunidades energéticas y destruir su potencial transformador”, elaborado por Amigas de la Tierra en colaboración con TRAZA Consultoría.

Este estudio surge fundamentalmente de la preocupación y colaboración de las personas y entidades que forman parte de la Coalición por la Energía Comunitaria, donde una de las líneas de trabajo se ha centrado en la visibilización y denuncia de estas comunidades energéticas FAKE que están impidiendo el verdadero propósito de las comunidades energéticas: facilitar a la ciudadanía una transición energética justa y democrática.

En el documento se analiza la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte del oligopolio y en particular de Repsol.

Repsol, por ejemplo, gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España, un total de 24,3 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation

A través de Toda Energía y Ekiluz, empresas del grupo Repsol, la multinacional está obstaculizando la participación real de la ciudadanía en una transición justa liderada por comunidades energéticas.

La falta de una normativa clara y específica al respecto, facilita la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte de grandes empresas, cuando estas iniciativas deberían ser una herramienta imprescindible para garantizar la democracia energética. A través de estos proyectos la ciudadanía puede producir y gestionar la energía y ser propietaria de la misma. Para asegurar este objetivo de  soberanía energética, estos proyectos deben cumplir principalmente cuatro criterios:

1. Estar formadas por personas físicas, autoridades locales y PYMEs
2. Preocupación por la comunidad y el territorio donde se instala (beneficios comunitarios ambientales, sociales y económicos locales) y no por el lucro
3. Participación abierta y voluntaria sobre criterios de gobernanza democrática
4. Autonomía y control efectivo por parte de todos los miembros que están en la “proximidad” de estos proyectos

El informe concluye con una serie de recomendaciones políticas fruto del análisis realizado y del trabajo colectivo desarrollado por parte de la Coalición por la Energía comunitaria, así como con un listado de recursos prácticos para la ciudadanía en aras de impulsar una democratización energética real en manos de las comunidades en lugar de las empresas.

Si conoces alguna Comunidades Energéticas fake en tu territorio, desde la Coalición por la Energía Comunitaria, te facilitan este escrito para que puedas alertar a tu ayuntamiento de este greenwashing que nada tiene que ver con la participación activa y real de la ciudadanía.

• Amigas de la Tierra presenta el informe “Comunidades Energética Fake” donde analiza las estrategias del oligopolio para captar recursos públicos dirigidos a las comunidades energéticas de base ciudadana.
• Repsol gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España, un total de 24,3 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation.
• A través de Toda Energía y Ekiluz, empresas del grupo Repsol, la multinacional está obstaculizando la participación real de la ciudadanía en una transición justa liderada por comunidades energéticas.

Amigas de la Tierra presenta el informe “Comunidades Energéticas FAKE: las estrategias del oligopolio para captar recursos de las comunidades energéticas y destruir su potencial transformador”, elaborado en colaboración con TRAZA Consultoría. El estudio analiza la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte del oligopolio y en particular de Repsol. 

A lo largo del documento se investigan las líneas estratégicas de las actuales multinacionales energéticas dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP) en relación con las comunidades energéticas y, más en concreto, el modus operandi de Repsol, que gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España, un total de 24,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Esto último se ha analizado a través de dos casos de estudios, el de TODA Energía en Navarra y Ekiluz en Córdoba.

La falta de una normativa clara y específica al respecto, facilita la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte de grandes empresas, cuando estas iniciativas deberían ser una herramienta imprescindible para garantizar la democracia energética. A través de estos proyectos la ciudadanía puede producir y gestionar la energía y ser propietaria de la misma. Para asegurar este objetivo de  soberanía energética, estos proyectos deben cumplir principalmente cuatro criterios:

1. Estar formadas por personas físicas, autoridades locales y PYMEs
2. Preocupación por la comunidad y el territorio donde se instala (beneficios comunitarios ambientales, sociales y económicos locales) y no por el lucro
3. Participación abierta y voluntaria sobre criterios de gobernanza democrática
4. Autonomía y control efectivo por parte de todos los miembros que están en la “proximidad” de estos proyectos

Sin embargo, el informe concluye que las falsas comunidades del oligopolio energético están siendo un obstáculo para una transición energética basada en la participación, el conocimiento y la auto-organización de la ciudadanía. Además del greenwashing por parte de las empresas que más contribuyen al cambio climático – en concreto Repsol se encuentra entre las 50 empresas más contaminantes del mundo -, este acaparamiento de recursos vacía la figura de comunidades energéticas de todo contenido práctico y de transformación social, democracia y justicia.

Estas grandes empresas están utilizando la cooptación del imaginario de la democratización energética a través del uso comercial de ideas y términos como “comunidad solar”, “comunidad energética” o “energía comunitaria”, para captar clientes en sus comercializadoras, además de apropiarse de fondos públicos destinados en principio a promover la implicación ciudadana en el sector energético.

Esta posible cooptación se debe, entre otras cosas, a la validación de estos proyectos de falsas comunidades energéticas por parte de entidades públicas, privadas y sociales y ambientales que se benefician de su buena relación con las empresas del oligopolio a través de sus fundaciones. De igual forma, apuntan a que la colaboración con universidades a través de cátedras patrocinadas está siendo clave.

En el caso concreto de Repsol, subrayamos el papel primordial que, además de las empresas pantallas como Ekiluz y Edinor, han tenido tanto la Cámara de Comercio como FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas) para favorecer la entrada de Repsol en los municipios. También, nos preocupa por el apoyo que han brindado diferentes administraciones regionales, provinciales y locales a EDINOR (REPSOL) y a EKILUZ (Repsol) bajo el paraguas de comunidades energéticas, el cual dista mucho de responder a los principios de transparencia y eficiencia que deben imperar en el ámbito de la administración pública.

Por último, consideramos que la ausencia de un marco regulador específico, junto a unas convocatorias públicas cuyos requisitos no incluyen que la iniciativa sea verdaderamente participativa y autónoma, han hecho posible que las comunidades energéticas se hayan convertido en un nicho de mercado explotado por las grandes empresas energéticas.  Además, se ha estado priorizando la ejecución de proyectos por encima de la formación y el acompañamiento a la ciudadanía, y todo ello unido a la inexistencia de una supervisión y seguimiento de la evaluación del impacto de los fondos dedicados a las comunidades energéticas, lo que ha hecho posible la creación de falsas comunidades energéticas lideradas por multinacionales en lugar de que los fondos sean garantes e impulsores de una participación activa y real de la ciudadanía para expandir las energías renovables.

El informe concluye con una serie de recomendaciones políticas fruto del análisis realizado y del trabajo colectivo desarrollado por parte de la Coalición por la Energía comunitaria, de la que formamos parte, así como con un listado de recursos prácticos para la ciudadanía en aras de impulsar una democratización energética real en manos de las comunidades en lugar de las empresas.

Informe Comunidades Energéticas fake

La población de España podría alimentarse a través de una Dieta Climática con alimentos producidos en territorio estatal

• Amigas de la Tierra presenta una Dieta Climática saludable con un 99% de los alimentos producidos de forma agroecológica en España.
• La Dieta climática se base en las dietas de saludables y sostenibles de la OMS: triplica el consumo de legumbres, dobla el de verduras, deja a la mitad el consumo de azúcar y reduce la ingesta de carne en un 75 %
• La transición agroecológica y el cambio de dieta reduciría la huella de carbono en un 125 % y la huella territorial en un 34 %

Amigas de la Tierra presenta la “Guía Dieta Climática, análisis para una dieta saludable basada en alimentos agroecológicos”, elaborada en colaboración con el CSIC, en la que se demuestran las mejoras que podrían conseguirse a través de un menú saludable y dentro de los límites planetarios, adaptado al contexto regional. Esta Dieta Climática se basa en la capacidad del territorio español para producir el 99% de los alimentos de forma agroecológica para alimentar al conjunto de la población española.

En un contexto de crisis climática, ambiental, económica y social, que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza tal y como se conoce, el sistema alimentario globalizado, que depende de estrategias de intensificación e industrialización, es uno de los principales responsables de esta grave situación. Para hacerse una idea, el 37 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen de la agroindustria.

Una Dieta Climática, basada en la necesaria transición agroecológica en España, podría mejorar el impacto ambiental a través de la reducción de gases de efecto invernadero en un 125 %, al generarse nuevos sumideros de carbono, lo que equivaldría al CO2 que emiten unos 34 millones de coches al año, a su vez, se reduciría el uso de suelo en un 34 %, prácticamente toda la superficie de Letonia. Estas cifras se complementan con los estudios previos realizados en colaboración con el CSIC, en los que ya se evidenciaba que España sería capaz de producir la cantidad y diversidad de alimentos agroecológicos suficientes para abastecer al total de la población española.

Este menú climático propio de un escenario agroecológico tiene en cuenta las principales recomendaciones de las dietas saludables y sostenibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la “dieta de salud planetaria” de la Comisión EAT-Lancet. En la misma línea está adaptado culturalmente al contexto estatal con propuestas similares a la dieta mediterránea y a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

La Dieta Climática, elaborada por nutricionistas expertas, con alimentos producidos de forma local, incluye en sus asunciones triplicar el consumo de legumbres, doblar el de verduras, dejar a la mitad el consumo de azúcar y reducir la ingesta de carne en un 75 %. Aunque las estimaciones de producción de carne en el marco del escenario agroecológico permitirían el consumo de una ración diaria de carne, por cuestiones de salud se ha ajustado su ingesta a las recomendaciones dietéticas y se propone reducir su consumo a tres raciones a la semana.

Los beneficios de estas dietas, tanto a nivel de salud humana como planetaria, han sido ampliamente demostrados y documentados. Esto se debe a su énfasis en el consumo de alimentos de origen vegetal, así como una ingesta baja de alimentos de origen animal y la reducción del consumo de alimentos procesados.

Esto permite una dieta más saludable con un mejor ratio de ácidos grasos poliinsaturados, mayor contenido en hierro, magnesio y antioxidantes. A su vez, el contenido en fibra y en vitaminas A y C es mayor que en la dieta actual. Por otro lado, la Dieta Climática se aproxima en mayor medida a las ingestas diarias recomendadas de la mayoría de nutrientes y micronutrientes, reduciendo de forma significativa la exposición al cadmio, un mineral tóxico que se acumula en nuestro organismo y puede afectar al funcionamiento del riñón y el hígado. Los resultados muestran que no solo el cambio en el patrón dietético es importante, sino que los manejos asociados a una transición agroecológica también aportan beneficios nutricionales. 

El cambio en el consumo alimentario que proponen desde Amigas de la Tierra en esta guía, Dieta Climática, debe ir asociado a una transición agroecológica en el sector productivo, como adelantaron en el informe “La urgencia de una transición agroecológica en España”. Estas transformaciones deben impulsarse por políticas públicas que contemplen una hoja de ruta hacia un sistema agroalimentario basado en prácticas agroecológicas.

La Dieta Climática, su propuesta basada en evidencias científicas, pone de relieve la urgencia de que las políticas públicas vayan encaminadas tanto a la transición agroecológica del modelo productivo como al cambio de los hábitos en la alimentación. Han comprobado que nuestro territorio cuenta con recursos suficientes, y que sería una transformación muy beneficiosa para los ecosistemas y para la población. Ahora lo que la sociedad espera es que las instituciones se pongan a trabajar en esta línea.

Gracias a esta transformación, el sector primario contribuiría a la restauración de los ecosistemas y a la captura neta de carbono, y favorecería la fijación de población en la España vaciada con el incremento en los puestos de trabajo en más de 400.000 personas. A la par que se dan todos estos beneficios, se mejoraría también de forma significativa la salud de la población española gracias a la Dieta Climática. Esto sin olvidar los impactos positivos que tiene la transición agroecológica para mitigar los impactos sociales y ambientales de nuestro sistema agroalimentario en los países del Sur global.

El teléfono móvil ha sido un regalo muy común estas navidades. Es habitual cambiar de dispositivo cada cierto tiempo por motivos variados, como problemas en su funcionamiento, querer obtener mayores prestaciones… De hecho, la vida media de un smartphone en el Estado español es de tres años y medio. Sin embargo, quizá no seamos conscientes de que esto conlleva graves impactos ambientales y sociales, considerando, además, que éste es uno más de los dispositivos electrónicos que usamos.

Por ello, Amigas de la Tierra, en su informe «Alargascencia. Beneficios ambientales de alargar la vida útil de los teléfonos móviles y portátiles en España», estudia cómo se reducirían estos impactos si alargáramos el tiempo de uso de estos dispositivos.

En este informe, se muestra de forma cuantitativa la reducción del impacto en un rango de datos comprendido entre dos posibles escenarios, el 1, en el que el aumento de la duración sólo se aplica a los productos puestos en el mercado a partir de 2024, y el escenario 2, que considera un aumento de la vida útil también para los dispositivos de años anteriores que se encuentran en stock.

Así pues, si nos centramos en teléfono móvil, el informe estima que sólo alargar su vida útil en un año, de 3,5 a 4,5 años, supondría una disminución en el consumo de casi 4 millones de unidades anuales en el Estado español, lo que conllevaría, en 2040, un ahorro de 57 millones de unidades en el escenario 1 y 66 millones en el escenario 2.

Si se analiza el ahorro de minerales como el litio, considerado, por su importancia, crítico para la Unión Europea al ser necesario para fabricar las baterías de muchos dispositivos tecnológicos, el aumento de un año en la vida de los teléfonos móviles supondría, entre 2024 y 2040, el ahorro de 29 toneladas de litio, lo que equivale a la cantidad contenida en más de 4.000 baterías estándar de coche eléctrico. En este mismo supuesto, se ahorrarían 10,8 toneladas de manganeso, cantidad necesaria para construir 13 aerogeneradores de 3 MW, y 1.279 toneladas de cobre, cantidad que se emplea para la fabricación de 726.172 placas fotovoltaicas de 400W o 252 aerogeneradores de 3MW.

Todo ello debe valorarse bajo la premisa de que las reservas de todos estos minerales no sólo son finitas, sino que la sobreexplotación a la que están siendo sometidas, en un momento dado, las convertirán en escasas, siendo materiales imprescindibles para la transición energética a la que la emergencia climática nos obliga. Esta situación crea tensiones geopolíticas por el control de las reservas, además de fenómenos de expulsión de poblaciones locales, explotación laboral en los procesos de extracción y grandes impactos ambientales.

Analizando el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta el año 2040, se observa que aumentando un año la vida útil de los móviles, éstas se reducirían en un 19%. Reducción considerada para las emisiones de GEI por la producción de móviles, considerando una tasa de recolección de residuos del 40 %, tasa actual correspondiente de reciclaje de éstos en el Estado español (y que a su vez supone una reducción del 1% de emisiones de GEI). Una vez más, y aunque en todo caso se deben combinar ambas prácticas, se observa el mayor efecto de la reducción en el consumo, en este caso por el incremento de la vida útil, frente al reciclaje. Y es que éste supone básicamente una reducción de emisiones en los procesos de extracción y refinado de materias primas, pero el reciclaje no afecta a las emisiones de los procesos posteriores de fabricación de los componentes y el ensamblaje de los equipos.

Si trasladamos esta reducción de emisiones a ahorro energético, vemos que por cada año que se alargue la vida útil de los teléfonos móviles se ahorran 5.000 Terajulios de energía consumida acumulada hasta el año 2040, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 425.000 hogares, considerando el consumo anual de un hogar en promedio en España.

Por ello, cabe reseñar que, aunque muchas veces se omita cuando se habla de cambios de hábitos frente al calentamiento global, la reducción en el consumo de bienes es fundamental, más cuando gran parte de nuestro consumo va dirigido a objetos superfluos, y más cuando nos referimos a bienes que suponen un gran impacto ambiental, como los dispositivos electrónicos.

Y todo ello, sin olvidar, otros impactos que genera nuestro consumo, y sobre todo el de dispositivos electrónicos, impactos generados desde la extracción de materias primas hasta la gestión de los residuos generados, que afectan a la biodiversidad, a la contaminación de suelos y aguas…

«ALARGASCENCIA»

Si bien, una de las patas del modelo de consumo actual es la obsolescencia, que nos empuja a mantener nuestro nivel de consumo, en consecuencia a sus impactos, Amigas de la Tierra apuesta por la «alargascencia», término con el que hacen referencia al proceso que busca alargar la vida útil de los productos. De acuerdo a ello, lo deseable no sólo sería alargar la vida útil de los teléfonos móviles un año, sino mucho más, con la consiguiente reducción de impactos.

Esto es más que posible, sólo que las empresas fabricantes son las más interesadas en que compremos nuevos dispositivos, por ello, por un lado enfocan sus desarrollos tecnológicos a aumentar las prestaciones de sus smartphones, y por otro, juegan con distintos tipos de obsolescencias, como:

• La obsolescencia programada, por la que el fabricante o comerciante limita de forma intencionada la vida útil del dispositivo.
  La obsolescencia indirecta que viene derivada generalmente de la imposibilidad de reparar un producto por su propio diseño, por falta de piezas de recambio o por otros obstáculos en el servicio post-venta.
• La obsolescencia provocada por incompatibilidad, que está relacionada con la evolución del sistema operativo o del software hacia situaciones de incompatibilidad con los modelos antiguos.
• La obsolescencia psicológica, en la que mucho tiene que ver el marketing, y que se refiere a la transmisión de la idea de que la superación de los niveles tecnológicos de los nuevos equipos deja obsoletos los actuales, aunque sigan sirviendo para el uso que les damos, sintiéndonos obligados a sustituirlos para estar «a la última».

Frente a todo ello, tanto desde la Unión Europea, como desde el Gobierno de España, se debería legislar poniendo por delante el interés general, frente al corporativo, dejando de ignorar la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Se debe penalizar la obsolescencia programada e indirecta, se deben ampliar los periodos de garantía, se debe favorecer que el diseño de los productos permita su reparación, se debe garantizar el acceso a manuales de reparación y a piezas de repuesto con un precio razonable, se deben dar incentivos económicos a dichas reparaciones… Se debe implementar una Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) con perspectiva de eco-diseño mediante la eco-modulación de las tasas, de forma que se incentive la producción de bienes más sostenibles, reparables o en última instancia reciclables.

Y como complemento a todo lo anterior, se debe impulsar el desarrollo del reciclaje de minerales y la minería urbana, mejorando la recolección y el reciclaje efectivo de todos los dispositivos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado.

Y también, frente a ello, el consumidor y la consumidora puede reducir el uso de dispositivos electrónicos, también puede optar por dispositivos más duraderos, por intentar repararlos, para lo que puede recurrir a repair cafés, y puede plantearse, antes de reemplazarlos, si realmente las nuevas prestaciones del que va a adquirir se adaptan a sus necesidades. Todo ello, en consecuencia a sus impactos ambientales y sociales. Pero además, debemos ser conscientes de que cuando algunos de estos dispositivos adquieren un papel muy relevante en nuestras vidas, y en nuestro tiempo, podemos acabar expuestos a problemas de adicción e incluso de ansiedad y que nos podemos acabar alejándonos de otras personas, y de aquello que realmente nos crea satisfacción, las relaciones humanas.

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