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English version:

Don’t Buy into Occupation Coalition

We are a coalition of 25 civil society organizations coming together to investigate and expose the financial relationships between businesses involved in the illegal Israeli settlement enterprise in the Occupied Palestinian Territory (OPT) and European Financial Institutions (FIs).

Table Of Content

• Foreword by UN Special Rapporteur Francesca Albanese
• Executive summary
• Recommendations
• Key data findings
• Responsibilities and international legal obligations of businesses enterprises and financial institutions
• Growing divestment momentum throughout 2025
• Annex 1: Methodology
• Annex 2: Company list
• Annex 3: Due hearing responses received by financial institutions and companies

Descargar informe AQUÍ.

Imagen: Intervención de activista en Junta Accionistas Caixabank, marzo 2026 ©BancaArmada

Activistas de la campaña Banca Armada han intervenido, un año más, en las juntas generales de accionistas de BBVA, Banco Santander y CaixaBank para denunciar los vínculos de estas entidades financieras con empresas de la industria militar y nuclear, así como su financiación a compañías relacionadas con la ocupación de territorios palestinos. Las intervenciones se han realizado en representación de accionistas críticos que delegaron su voto en la campaña para poder trasladar estas denuncias directamente a los órganos de gobierno de los bancos.

La primera intervención tuvo lugar el 20 de marzo, en la Junta General de Accionistas del BBVA, celebrada en Bilbao. Durante su intervención, el activista Luis Arbide, del Centre Delàs, recordó que el banco ha financiado entre 2022 y 2024 con al menos 1.558 millones de dólares a empresas de armamento como Boeing, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall o Rolls-Royce, según recoge el informe La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, publicado en 2024 por el Centre Delàs. Además, datos de la coalición internacional Don’t Buy Into Occupation señalan que el banco habría concedido préstamos y operaciones financieras a empresas vinculadas con asentamientos en territorios palestinos ocupados por un valor de 8.671 millones de dólares entre 2023 y 2025, además de mantener inversiones en acciones y bonos de estas compañías por 3.389 millones de dólares. También intervino la activista Magda López, de Setem Hego Haizea, quien señaló que en 2025 el BBVA ocupó el tercer lugar en el ranking estatal de financiación armamentista.

Acción delante sede Junta Accionistas Caixabank, marzo 2026 ©BancaArmada

La campaña también ha participado en las recientes juntas de accionistas de Banco Santander y CaixaBank. En el caso del Santander, los activistas recordaron que en 2025 la entidad encabezó el ranking estatal de financiación a la industria armamentística y ocupó el puesto 22 a nivel internacional. Entre 2022 y 2024 el banco habría invertido más de 2.868 millones de dólares en empresas militares como Airbus, Rolls-Royce, Safran, Thales o Leonardo. Asimismo, el informe Don’t Bank on the Bomb señala que el Santander ha financiado con 4.527 millones de dólares a empresas implicadas en el desarrollo y modernización de armamento nuclear.

En relación con CaixaBank, la campaña denunció que la entidad ocupa la tercera posición entre los bancos comerciales españoles que más financian empresas armamentísticas. Según los datos presentados por los activistas, el banco ha invertido más de 480 millones de dólares entre 2022 y 2024 en compañías del sector militar, entre ellas Airbus, Indra, Navantia, EME, Aernnova o Sidenor. También se señalaron operaciones de financiación a empresas vinculadas con asentamientos en territorios palestinos ocupados por un valor superior a 6.000 millones de dólares.

La campaña Banca Armada, impulsada por organizaciones sociales y centros de investigación como el Centre Delàs, cumple veinte años en 2026 y utiliza la participación en juntas de accionistas como herramienta de incidencia para denunciar la financiación de la industria militar por parte de entidades financieras. Las acciones continuarán en la próxima junta de accionistas del Banco Sabadell, prevista para el mes de mayo.

Fuente: Valor Social

Los valores de la banca ética que llevan años siendo ignorados por los poderes políticos acaban de entrar de pleno en el Congreso de los diputados. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado una Proyecto de Real Decreto para el fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas. Con este impulso, Yolanda Díaz pretende que este tipo de servicios financieros fomenten el interés general y la justicia social por encima del simple lucro económico. Pero, también, señalará a la banca que no cumple con los criterios éticos que marca el texto.

El Proyecto, al que ha tenido acceso El Salto, apunta a que su aprobación declarará el impulso de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas como tarea de interés general, “reconociendo su papel esencial como interlocutores cualificados ante los poderes públicos y su contribución estratégica a la construcción de un modelo económico más inclusivo, democrático y sostenible”.

Las finanzas de la economía social “desempeñan un papel insustituible al ofrecer instrumentos financieros orientados al bien común, al desarrollo local, a la inclusión y a la justicia climática, garantizando que los valores de solidaridad, participación democrática y compromiso con el entorno no sean un mero añadido, sino el núcleo mismo de su actividad”, dice el texto, muy en la línea con lo que llevan promoviendo años organizaciones como Finançament Ètic i Solidari (FETS) o la Mesa de Finanzas Éticas de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS).

“Es un paso decidido y esperanzador en la consolidación de las finanzas éticas como una respuesta social a los excesos del capitalismo financiero”, Alfonso B. Bolado, presidente de REAS RdR

Precisamente, desde una de esas organizaciones, comentan a El Salto que ven “el proyecto como un paso decidido y esperanzador en la consolidación de las finanzas éticas como una respuesta social a los excesos del capitalismo financiero”, explica Alfonso B. Bolado, presidente de REAS RdR e integrante de la Mesa de Finanzas Éticas. “Es una oportunidad para hacer visible y una realidad con la capacidad de proponer cambios radicales de la finanza ética y acercar una manera diferente de hacer economía a espacios más amplios de la sociedad”, añade.

¿Qué es y qué no banca ética?

El principal cometido del Real Decreto es delimitar qué se puede considerar una entidad que promueve un tipo de finanzas con valores éticos y que encajen en la economía social. El texto señala que se consideran entidades de finanzas éticas “aquellas que, con independencia de su forma jurídica, integran criterios éticos y de sostenibilidad en su operativa diaria, de forma que, mediante su actividad, pretenden generar un impacto social y ambiental positivo”. Definición al que le continúa un listado específico: cooperativas de crédito, cooperativas de servicios financieros, cooperativas que cuenten con secciones de crédito, fundaciones que desarrollen exclusivamente actividades financieras desde la economía social, asociaciones que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera.

Pero lo más interesante del texto sobre la delimitación de lo que se debe considerar una banca ética es qué y a quién deja fuera de la definición. El RD señala explícitamente los sectores de los cuales los bancos deberán estar totalmente alejados si pretenden ser consideradas entidades financieras éticas. Unos límites que dejan fuera a la gran mayoría de la banca española, incluída los seis grandes del Ibex 35. “Somos conscientes de las implicaciones que comporta definir los límites del conjunto de prácticas que hoy conocemos como finanzas éticas y de la reacción de la banca convencional, que percibe cualquier cuestionamiento como un riesgo para sus intereses corporativos”, añade Bolado sobre los límites que se detallan a continuación.

Tampoco se considerará ética ninguna entidad financiera que tenga lazos económicos con la industria de las apuestas

El primer punto que señala el documento es una petición desde hace años de las principales organizaciones pacifistas y antimilitaristas, así como de las organizaciones que promueven la economía social y las finanzas éticas: para ser considerado una entidad financiera ética no se podrá tener relación de financiación con la industria armamentística, algo que ya de por sí incumple la gran mayoría de bancos, sobre todo los dos del podio, Banco Santander y BBVA, que incluso tienen lazos armamentísticos con las empresas que venden armas a Israel y acaban bombardeando Gaza.

Coincidiendo también con los tradicionales valores de la banca ética (y con las líneas rojas de publicidad de El Salto), tampoco se considerará ética ninguna entidad financiera que tenga lazos económicos con la industria de las apuestas. El sector del juego es uno de los principales causas de adicción entre jóvenes y una verdadera plaga en los barrios obreros. Prestar dinero a ese sector te deja fuera de la definición de finanzas éticas.

La contaminación tampoco es ética. El otro sector al que apunta la propuesta de Yolanda Díaz es el sector de los combustibles fósiles, otra de las industrias que tampoco tenía cabida en las finanzas éticas que llevan casi tres décadas funcionando en España. Esta limitación también deja fuera a la gran mayoría de los bancos que operan en el país. El petróleo y el gas siguen siendo mercados muy rentables y el oligopolio energético y el financiero en España están muy ligados mediante líneas de financiación o directamente con participaciones significativas en sus accionariados.

La cuarta limitación que cita es “la falta de acceso a la vivienda”, aunque no especifica exactamente a qué se refiere. Cierto es que, entre los tipos de inversiones que la propuesta sí que considera ética la “financiación de la rehabilitación y construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible o en régimen cooperativo, especialmente de cesión de uso, entendiendo por asequible aquel que cumpla los criterios de alquiler social de VPO”, por lo que se podrá considerar no ética las que queden fuera de ese rango, aunque será necesario una confirmación una vez se apruebe y publique en el BOE.

Banca ética en España, una década de crecimiento

Como cada año, el Observatorio de Finançament Ètic i Solidari (FETS), analiza los datos de hasta 32 bancos, cooperativas de crédito o aseguradoras para elaborar el Barómetro de las Finanzas Éticas. En este nuevo informe, el de 2025, publicado el 22 de octubre, se muestra la buena salud del sector que, aunque minoritario en comparación con la banca tradicional, no ha dejado de crecer en la última década.

En 2024, este sector concedió préstamos a 1.921 proyectos superando los 1.900 millones de euros, multiplicando por 2,5 los datos de hace una década

El dinero depositado por los clientes en este tipo de empresas fue de 2.411 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Aunque si abrimos el foco a la última década, el ahorro depositado en las finanzas éticas por sus clientes ha aumentado un 60%.  En 2024, este sector concedió préstamos a 1.921 proyectos superando los 1.900 millones de euros, multiplicando por 2,5 los datos de hace una década. Por sectores, los proyectos de vivienda sigue acaparando un 25,8% del total, seguido por el sector social con un 24,9%. La cultura pasa a ocupar su tercera posición, con un 17,5%. El medio ambiente y la transición energética representan un 16,2%, lo que supone más de 300 millones de euros para estos proyectos. Finaliza la lista la educación con un 7,4% y la agricultura y alimentación con un 5,5% de los proyectos financiados.

El informe también le dedica una sección al sector asegurador con valores, aquellos que siguen principios éticos tanto en el funcionamiento como en las inversiones, certificados por el sello europeo EthSI. Este tipo de corredurías, mutualidades y compañías registradas gestionaron más de 4,07 millones de pólizas, con un importe de primas que alcanza los 1.394 millones de euros, lo que representa el 1,86% del volumen total del sector asegurador español.

“Aunque el sector no es ajeno al convulso escenario socioeconómico a nivel global, al operar con otras lógicas e insertarse en un modelo, el de la economía solidaria, movido por otros principios, está menos expuesto a los vaivenes del sistema financiero convencional”, explicó Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio de las Finanzas Éticas, durante la presentación de los datos. Otros principios que, con el nuevo Real Decreto podrán estar delimitados y promovidos por parte de las instituciones públicas desde el momento que se publique en el BOE.

Un artículo de Yago Álvarez para El Salto

El litigio climático (climate litigation) se define como los casos presentados ante tribunales que abordan cuestiones materiales de la ciencia, la política o el derecho del cambio climático. En la práctica: busca exigir responsabilidades frente a la crisis climática. Puede dirigirse contra gobiernos que no cumplen sus compromisos, contra grandes empresas contaminantes o contra instituciones financieras que siguen financiando actividades incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París.

El informe de referencia para entender este fenómeno es el Global Trends in Climate Change Litigation, elaborado cada año por la London School of Economics.

El documento recopila los datos del Sabin Center for Climate Change Law, convirtiéndose en la fotografía más completa del estado de las demandas climáticas a nivel mundial. Su importancia es doble: por un lado, permite seguir la evolución de un fenómeno global que ya supera los 2.900 casos; por otro, demuestra que estas demandas tienen consecuencias muy reales sobre gobiernos, empresas y, cada vez más, sobre el mundo de las finanzas.

En 2024 se presentaron 226 nuevos casos de litigios climáticos, lo que eleva el total a 2.967 en casi 60 países. Aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado respecto a años anteriores, el fenómeno se consolida como un instrumento clave de presión en todos los continentes. El último informe destaca también la importancia del Sur Global, donde casi el 60% de los casos registrados se han presentado desde 2020. También en el ámbito internacional se registran avances: en 2024 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que los Estados tienen la obligación de prevenir y reducir las emisiones contaminantes procedentes de fuentes marinas, un precedente que puede abrir la puerta a nuevas causas legales.

El sector financiero en el punto de mira

En 2024, alrededor del 20% de los casos presentados tuvieron como objetivo a empresas, incluidos sus directivos y consejeros. Entre ellas se encuentran cada vez más bancos, fondos de pensiones y gestoras de activos, cuestionados por financiar proyectos incompatibles con los compromisos climáticos o por no gestionar adecuadamente los riesgos de transición.

Un ejemplo destacado es la demanda Milieudefensie v. ING, presentada en Países Bajos en 2025. Se acusa al mayor banco del país de incumplir su deber de cuidado al no reducir sus emisiones financiadas en línea con el Acuerdo de París. La demanda solicita que ING reduzca estas emisiones a la mitad para 2030 e incluya las llamadas emisiones de alcance 3, derivadas del uso final de los combustibles fósiles que financia. Los fondos de pensiones también están en el punto de mira. El caso Kim Min v. Kim Tae-Hyun, en Corea del Sur, acusa al Fondo Nacional de Pensiones de no gestionar adecuadamente los riesgos de transición ligados a sus inversiones en carbón. Casos similares se han iniciado en Luxemburgo, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, reforzando la presión sobre la gestión de los ahorros a largo plazo.

El informe recoge igualmente ejemplos de denuncia de greenwashing en el sector financiero. En Francia, la organización ClientEarth denunció a BlackRock en 2025 por comercializar fondos sostenibles que en realidad mantenían más de 1.000 millones de dólares invertidos en combustibles fósiles, lo que obligó a la gestora a reclasificar sus productos para cumplir la normativa. En Australia, la justicia impuso multas millonarias a gestoras como Mercer y Vanguard por ofrecer fondos verdes que incluían inversiones fósiles, confirmando que el greenwashing ya no es solo un riesgo reputacional, sino también legal y financiero.

Un nuevo regulador para las finanzas

El propio sector financiero reconoce el riesgo. Según una encuesta mundial mencionada en el informe (Climate litigation as a financial risk: evidence from a global survey with equity investors), el 80% de los inversores ya considera la litigación climática como un riesgo financiero material, incluso por encima de los riesgos físicos derivados de fenómenos climáticos extremos. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, advirtió ya el pasado año que el 70% de los 95 bancos europeos analizados podría enfrentarse a una elevada exposición a litigios debido a la desalineación entre sus carteras de crédito y sus compromisos públicos alineados con el Acuerdo de París. Esto refuerza los llamamientos de la comunidad académica a tratar el riesgo de demandas como un factor central del riesgo financiero relacionado con el clima, y no como un asunto periférico.

Más allá de las sentencias, el informe muestra que el riesgo de litigio influye ya en decisiones estratégicas. En 2024, la empresa TotalEnergies anunció que no invertiría en nuevos proyectos de petróleo y gas en Reino Unido tras el fallo Finch, que obliga a considerar las emisiones de alcance 3 en las evaluaciones de impacto ambiental. Este ejemplo ilustra cómo la amenaza de una demanda puede modificar la estrategia de grandes compañías y, por extensión, de las entidades que las financian.

En definitiva, el informe confirma que las demandas climáticas han dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un riesgo sistémico para las finanzas. Los tribunales se han consolidado como un nuevo actor de la gobernanza climática, con capacidad para obligar a bancos, fondos y corporaciones a replantear sus políticas. Invertir contra el clima ya no implica solo un riesgo reputacional: puede acabar en los tribunales y comprometer el futuro económico de las entidades financieras.

La Alianza Bancaria Net Zero (Net-Zero Banking Alliance, NZBA), una de las principales coaliciones financieras surgidas para alinear la actividad bancaria con el Acuerdo de París, ha aprobado este pasado 15 de abril un giro de timón que debilita su compromiso climático y pone en entredicho su credibilidad.

La aprobación de nuevas directrices, respaldadas por la mayoría de los 129 bancos miembros, implica el abandono del objetivo central de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, tal como establece el informe del IPCC de 2018 y se recoge en el Acuerdo de París. En su lugar, se adopta una formulación más vaga: el objetivo pasa a ser mantenerse “muy por debajo de los 2 ºC, procurando limitar el aumento a 1,5 ºC”. Esta rebaja supone un retroceso significativo en un contexto en el que los científicos alertan de que incluso superar los 1,5 ºC tendrá consecuencias devastadoras.

De directrices obligatorias a recomendaciones voluntarias

El cambio no es aislado. Según la organización BankTrack, además de diluir el objetivo de temperatura, la NZBA ha transformado sus directrices vinculantes en simples recomendaciones. Ya no será obligatorio que los bancos incluyan las actividades en los mercados de capitales en sus planes climáticos a partir de noviembre de 2025, pese a que esta fue una de las principales mejoras introducidas en 2023.

El giro de la NZBA llega tras una serie de salidas de peso. Desde diciembre de 2024, la alianza ha perdido a seis de los mayores bancos estadounidenses —que comenzaron a retirarse tras la elección de Donald Trump—, así como a cinco de las seis principales entidades japonesas. También se han retirado grandes bancos canadienses y australianos. Este debilitamiento ha forzado a la alianza a “replantear profundamente su misión”, según apunta BankTrack.

Frente a este escenario, la NZBA optó por mantener el mayor número de miembros posibles, aun a costa de sacrificar ambición. Según denuncia la organización BankTrack, la decisión refuerza la percepción de que la alianza actúa como un “escudo reputacional” que permite a sus miembros seguir retrasando medidas concretas para reducir las emisiones financiadas

El contexto global pone en jaque las alianzas Net Zero

El propio Shargiil Bashir, presidente de la NZBA, ha admitido que el entorno ha cambiado “profundamente” desde la fundación de la alianza en 2021, y ha señalado la necesidad de considerar las diferencias regionales en los ritmos de descarbonización. Aun así, la decisión ha generado fuertes críticas, ya que, como recuerda el artículo publicado por BankTrack, la mayoría de los bancos miembros ya estaban lejos de cumplir con el objetivo de 1,5 ºC, incluso bajo las normas anteriores.

La retirada de entidades y el debilitamiento de la NZBA se enmarcan en un contexto más amplio de desintegración de coaliciones climáticas del sector financiero. La alianza de aseguradoras desapareció en mayo de 2023, mientras que la de gestores de activos suspendió sus actividades tras la salida de BlackRock. La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), que aglutinaba estas iniciativas, ha dejado de mencionar los compromisos de emisiones netas cero y ahora se limita a hablar de movilización de capital para la transición energética.

Quentin Aubineau, analista de políticas de BankTrack, resume el sentir de muchas organizaciones: “Es exasperante ver cómo la NZBA abandona lo que alguna vez fue una misión loable. Cualquier banco que quiera preservar su credibilidad debe confirmar públicamente su compromiso con el objetivo de 1,5 ºC y presentar planes creíbles y con plazos concretos para alcanzarlo, incluyendo el fin inmediato de toda financiación a los combustibles fósiles”.

Como cada primavera, se ha publicado la nueva edición de Banking on Climate Chaos, el informe más completo sobre la financiación bancaria de los combustibles fósiles. El estudio está elaborado por una coalición de ocho ONG –Rainforest Action Network, Indigenous Environmental Network, BankTrack, Center for Energy Ecology and Development, Oil Change International, Reclaim Finance, Sierra Club y Urgewald- y va por su octava edición.

Las cifras de esta última edición eran de esperar, pero siguen siendo notables. Y preocupantes. De 2016 a 2023, los 60 mayores bancos del mundo han otorgado a la industria fósil 6.900 billones de dólares. Tres veces el PIB de un país como Italia. El año de inicio de las encuestas no es casual: en 2016 se alcanzó el Acuerdo de París, el principal acuerdo internacional destinado a combatir la crisis climática. Sin embargo, solo en 2023, los mismos bancos invirtieron 750.000 millones en el sector. Una cifra incluso superior a la de 2022, cuando se había detenido en «solo» 673.000 millones.

Cómo leer los datos y por qué son importantes

Seguir la pista de la financiación de los combustibles fósiles es crucial para comprender la dirección que tomará el sector energético mundial. Si bien los datos sobre la difusión de las instalaciones energéticas nos permiten fotografiar el presente, los flujos financieros son como vislumbrar el futuro. Y las conclusiones que se pueden extraer de Banking on Climate Chaos 2024 no son nada halagüeñas. A pesar de lo mucho que prometen, los bancos parecen convencidos de que las próximas décadas seguirán plenamente inmersas en la era fósil.

La cifra más importante de todas es el total de fondos que financian a las empresas involucradas en plataformas de perforación, oleoductos, centrales eléctricas de gas y carbón: los 6.900 billones del titular. El segundo elemento crucial son las tendencias que, en 2023, todavía indican crecimiento. Estos dos datos son el núcleo de las finanzas fósiles. La otra pieza de la historia radica en la responsabilidad de los actores involucrados: quienes financian la crisis climática.

El informe de las ocho ONG está lleno de clasificaciones. En comparación con la edición de 2022, surgen algunas diferencias importantes, pero los investigadores recomiendan precaución. Durante el último año, se han identificado metodologías más precisas para informar de la exposición de cada banco a la energía sucia. En resumen, el hecho de que una entidad de crédito pierda o gane posiciones en estos rankings poco halagüeños no depende necesariamente de un cambio en sus políticas verdes.

Los nombres de quienes financian el caos climático

La primera de las clasificaciones clasifica los bancos según cuánto dinero han gastado en petróleo, gas y carbón desde 2016. JP Morgan Chase, el gigante financiero estadounidense, vuelve a encabezar la lista este año: 430.000 millones de dólares invertidos. Le siguen otros dos bancos americanos: Citigroup y Bank of America. En cuarto lugar se sitúa un grupo japonés, Mitsubishi UFJ Financial, mientras que en quinto lugar aparece nuevamente un banco americano: Wells Fargo. El top ten lo cierran Mizuho Financial, Royal Bank of Canada, Barclays, SMBC Group y UBS.

El primer banco de la Unión Europea es el francés BNP Paribas, en el puesto decimotercero. Si nos limitamos sólo a 2023, los cinco primeros bancos que más financiación otorgan a combusitibles fósiles son, en orden descendiente: JP Morgan, Mizuho, Bank of America, Mitsubishi UFJ y Wells.

Millones para nuevos proyectos vinculados al petróleo

La clasificación cambia, sin embargo, si nos centramos en la financiación de nuevos proyectos de combustibles fósiles. Se trata de los flujos financieros más peligrosos: apoyar la creación de una nueva infraestructura climática significa apostar porque siga funcionando durante décadas. Se «queman» así los objetivos de descarbonización acordados a nivel mundial por la comunidad científica.

En total estamos hablando de 3,3 billones de dólares entre 2016 y 2023. De nuevo JP Morgan se mantiene en cabeza, pero por detrás gana posiciones Mizuho Financial, con sede en Tokio. La tercera, Mitsubishi UFJ Financial, también es japonesa. El salto de las japonesas se explica por su exposición al pujante sector del gas natural licuado. Cuarto es Royal Bank of Canada, quinto Bank of America. Junto a Citigroup, Wells Fargo y SMBC, también aparecen en este top ten Scotiabank y la china CITIC. En decimotercer lugar vuelve a estar el primer europeo, pero esta vez con sede en España: Banco de Santander.

Por último, los investigadores también han clasificado las empresas de petróleo y gas que reciben fondos de los sesenta bancos más grandes del mundo y qué empresas con planes de expansión en el sector de los combustibles fósiles obtuvieron dinero en 2023. En primer lugar, la canadiense Enbridge, el principal proveedor de gas de América del Norte con 2.399 kilómetros de gasoductos en construcción. En segundo lugar está la holandesa Vittol, que tiene proyectos en desarrollo en Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y Ghana. Vittol también ha adquirido recientemente, entre otras cosas, la refinería Saras en Cagliari, la más grande del Mediterráneo. Otro canadiense, TC Energy Group, quedó tercera, mientras que la estadounidense Sempra es cuarta. En Europa, Italia está entre los cinco primeros: ENI recibió 11,6 mil millones de dólares de los sesenta bancos analizados en 2023. Sus proyectos se extienden desde Argelia hasta Angola, desde Australia hasta China, desde la República del Congo a Indonesia, de Costa de Marfil a Ghana.

Lagunas jurídicas y verdades a medias

En comparación con 2022, nueve bancos han añadido restricciones a la financiación de los combustibles fósiles. En total, 36 de 60 bancos tienen restricciones de algún tipo sobre el gas, el petróleo o el carbón. Las políticas más estrictas insisten en el carbón, el más contaminante de los combustibles fósiles. Pero (casi) todas las políticas verdes se corresponden con un vacío legal. Por ejemplo, según los investigadores, sólo tres bancos excluyen realmente el carbón de sus inversiones: Unicredit, Banque Postale y Crédit Mutuel.

También hay muchos puntos en las estrategias de las empresas que se prestan al riesgo de un lavado verde, es decir, parecer más ecológicos de lo que son. Por ejemplo, muchos bancos tienen objetivos de descarbonización a muy largo plazo (normalmente cero emisiones netas para 2050) que son difíciles de verificar. Muchos excluyen la financiación de los combustibles fósiles, pero sólo si es directa, es decir, explícitamente dirigida a un proyecto de explotación de carbón, gas o petróleo. Por tanto, nada impide que la empresa minera que busca dinero obtenga un préstamo sin especificar su destino. Finalmente, está la ambigüedad del lenguaje. Varios prestamistas excluyen a clientes «sin planes de transición creíbles». Es fácil imaginar qué es un «plan creíble», definición que se presta a las más variadas interpretaciones.

En resumen, la investigación de Banking on Climate Chaos presenta un panorama tan negro como el petróleo. Pero hay algo de luz. El año pasado sólo el Banque Postale francés, de propiedad estatal, fue destacado como un ejemplo virtuoso. Este año, Danske Bank, el principal grupo danés, también se ve recompensado por sus esfuerzos por eliminar los combustibles fósiles de las inversiones. Además, año tras año, está disminuyendo el número de bancos dispuestos a invertir en ecosistemas particularmente frágiles como el Ártico y la selva amazónica.

¿Un futuro fósil para la humanidad?

La publicación de Banking on Climate Chaos 2024 se produce pocos días después del colapso de Net-Zero Insurance Alliance, la iniciativa que prometía descarbonizar el sector asegurador global, y tras las devastadoras inundaciones de Brasil.

Las cifras que se desprenden del informe hipotecan el futuro de la energía mundial: incluso en 2023 -ocho años después del Acuerdo de París- se destinaron 673.000 millones de dólares a agravar la crisis climática, en lugar de resolverla. Y ello a pesar de que sus efectos son cada vez más evidentes y dramáticos, como atestiguan las noticias. La idea de un sector bancario y financiero dispuesto a cambiar desde dentro y abandonar el sector fósil parece estar en crisis. Queda la posibilidad de una fuerte intervención política. Pero, ¿quién en el mundo tiene la fuerza y la voluntad de imponerla?

Artículo publicado originalmente en italiano, en valori.it

Rainforest Action Network ha publicado el informe “Banking on Climate Chaos”, donde se concluye que los 60 bancos más grandes del mundo destinaron $6,900,000,000,000 en ocho años para financiar la industria de los combustibles fósiles, contribuyendo al caos climático y causando impactos mortales en comunidades locales.

El informe completo se puede leer o descargar en nuestra sección de recursos.

En la web de la publicación, se pueden consultar los resultados, filtrar por entidad o tema, y comprobar las gráficas que resumen las conclusiones:

El pasado mes de junio, se presentaba en la sede de la UPF-Barcelona School of Management un estudio de gran calado y pionero en toda Europa, impulsado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles, con la colaboración de Triodos Bank y de la Global Alliance for Banking on Values (GABV).

En la presentación de esta primera edición del estudio, que será realizado con periodicidad anual, además de la intervención del equipo investigador, hubo un interesante panel de debate que contó con la presencia de Soledad Núñez, consejera del Banco de España, Joan Cavallé, director general de Caja de Ingenieros, Oriol Amat, miembro del consejo académico de la cátedra y exrector de la UPF, y Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank en España. Tanto el estudio completo como su resumen ejecutivo y sus principales conclusiones y recomendaciones pueden descargarse de https://www.bsm.upf.edu/es/catedra-triodos

El propósito del estudio era llevar a cabo un análisis comparativo, cualitativo y cuantitativo, de cómo los diez bancos españoles que suscribieron los Principios de Banca Responsable (PRB) de la United Nations Enviromental Program – Financial Initiative (UNEP FI), están implementando, en la realidad y en su verdadera esencia, los conceptos de finanzas sostenibles.

Mayor sensibilidad social y regulación

La evolución de la sensibilidad social, especialmente en Europa, es muy clara. En los últimos años, ha habido un gran impulso en la tendencia hacia la sostenibilidad. Las nuevas generaciones han comprendido la necesidad de manejar adecuadamente los recursos para asegurar la viabilidad a largo plazo del sistema económico en convivencia armónica con las necesidades del planeta. El sector bancario no es ajeno a esta tendencia -para provocar un cambio, necesitas financiarlo-, se ve afectado en varios ámbitos, y comienza a diferenciar en su política de financiación aquellos instrumentos que implican un mayor compromiso con inversiones compatibles con una economía más sostenible.

La regulación ha jugado también su papel. En el año 2020 se introdujo el Reglamento (UE) 2020/852, también conocido como Taxonomía europea, que, aunque de forma discutible por su apuesta por determinados sectores, estableció directrices para promover inversiones sostenibles en la Unión Europea y garantizar una mayor coherencia y continuidad en el ámbito de la sostenibilidad. Además, a través de la normativa complementaria, las empresas que están obligadas a publicar información no financiera según la Directiva 2013/34/UE deben ya incluir detalles sobre cómo sus actividades pueden ser consideradas ambientalmente sostenibles según los criterios técnicos definidos por la normativa.

Marcos de referencia

Tanto por los mencionados cambios sociales y a nivel regulatorio, como sobre todo por la emergencia climática que estamos viviendo, parecía muy importante acercarnos a la verdad acerca de cómo los diez bancos españoles que suscribieron los Principios de Banca Responsable (PRB) están implementando en la realidad los conceptos de finanzas sostenibles en relación a tres marcos de referencias diferentes:

 Los propios Principios de Banca Responsable de UNEP FI. Un marco para entidades financieras en transición que pone el énfasis en medir y evaluar las políticas y cambios que deben ir realizando las entidades para que estos puedan evolucionar hacia evidencias cuantitativas más adelante y puedan devenir en entidades bancarias con una política y carteras de inversión verdaderamente transformadora.

 El GABV Scorecard de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), basado en los Principios de la Banca con Valores. Un marco de referencia muy ácido y exigente que utiliza la asociación con sede en los Países Bajos para medir el alineamiento real de sus bancos miembros con los principios de la banca con valores. Es un marco que se focaliza en datos fríos sobre qué he conseguido ya como entidad financiera, cómo es mi cultura, cuál es mi portfolio y qué parte de mi portfolio puede ser considerada como transformadora y centrada en financiar la economía real.

 La aplicación de la Taxonomía europea, que podemos considerar como un marco en desarrollo -no basado en principios, sino puramente regulatorio- y que verá informaciones más claras a partir de 2024. En esta edición del estudio todavía se centra en el llamado ratio de elegibilidad y algunos datos complementarios que permiten acercarnos tímidamente a visualizar si las entidades están operando con empresas y proyectos dentro del ámbito de la Taxonomía.

En términos generales, este estudio permite concluir, si observamos los niveles de cumplimiento de las recomendaciones que da UNEP-FI para el cumplimiento progresivo de sus principios, que todas las entidades analizadas están dentro de un proceso adecuado de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el Acuerdo Climático de París y otros marcos relevantes a nivel nacional, regional o internacional explícitamente en sus políticas y estrategias comerciales. Esa adecuada transformación de estrategias y políticas, sobre el papel, todavía no viene acompañada en la mayoría de casos, de información suficiente sobre impactos positivos y negativos de la cartera de los bancos analizados,  con relación al tamaño de las entidades. Bastante fuego de artificio, pero evidencias muy parciales e insuficientes.

El análisis en relación con el segundo marco de referencia refuerza la conclusión anterior. Al evaluar a la banca española en base a un prisma muy exigente como el que aplica la GABV en el análisis de la banca con valores, se concluye que las entidades analizadas están todavía alejadas de los umbrales recomendados que marca ese modelo. De todas formas, hay que reconocer que estamos ante un punto de partida muy inicial desde el cual empezar a trabajar hacia un futuro donde la banca juegue en verdad un papel principal como multiplicador de las actividades con impacto positivo en las Personas, la Prosperidad y el Planeta.

En relación con el tercer marco de referencia analizado, se observa cómo todos los bancos objeto de análisis publican las ratios de elegibilidad exigidas por el reglamento de Taxonomía de UE, aunque las cifras obtenidas, debido a las propias limitaciones del sistema y a la heterogeneidad en las formas de aplicar la ratio en estos primeros tiempos de obligatoriedad, nos permiten deducir poco, de forma coherente con lo obtenido al revisar los otros dos marcos de referencia, con respecto al foco de la política de las entidades y a su verdadero impacto. En cualquier caso, las bajas cifras obtenidas en media ponderada nos permiten inferir que el porcentaje de los activos de las entidades que se dedican a financiar la transformación ecológica y social es todavía bajo y mejorable.

Se aprecia voluntad, faltan indicadores claros

La reflexión final que podría hacerse del estudio es que algo se está moviendo en la banca española y que la mayoría de entidades están haciendo esfuerzos por mejorar su perfil como entidades que practican banca sostenible. De todas formas, esos esfuerzos todavía no se traducen en indicadores claros, comparables y observables que nos permitan de forma cuantitativa visualizar qué entidades están financiando qué tipo de actividades utilizando qué porcentaje de la totalidad de sus recursos en balance. La banca española está muy lejos de poder decir que una mayoría de los activos en los que invierten pueden considerarse orientados a actividades con impacto social o medioambientalmente positivo, aunque todas ellas pueden dar ejemplos aislados de ello. Tampoco tenemos datos suficientes que nos aporten una visión del posible impacto negativo de las actividades financiadas por las entidades.

Las principales recomendaciones del estudio se centran en la necesidad por parte de las entidades de alejarse de políticas que, en algunos casos, podrían considerarse como greenwashing. Igualmente, deben seguir avanzando en el cumplimiento acelerado del marco regulatorio de la Taxonomía a la vez que revisan su misión y propósito para incorporar las dimensiones sociales y medioambientales como parte esencial del mismo, e implican a los órganos de gobierno de las entidades en una transformación no estética sino profunda.

Al conjunto de bancos españoles se les sugiere que pacten una batería de indicadores sencillos, transparentes y comprensibles que puedan ser publicados por todos ellos, y como sector, de forma periódica, para que la ciudadanía pueda interpretar verdaderamente qué entidades están haciendo mayores esfuerzos para liderar el camino hacia la sostenibilidad.

A los reguladores y en general a las entidades que han creado los marcos de referencia utilizados en el estudio, se les recomienda que den un giro hacia la incentivación de los cambios adecuados en el modelo de gobierno de las entidades. Solo desde una profunda evolución de la forma en que se gobiernan los bancos, desde la aplicación de las políticas adecuadas y teniendo a las personas correctas en los puestos clave, se puede producir un avance sustantivo y rápido hacia la banca responsable.

En estos días, los grandes bancos de nuestro país vienen anunciando históricos resultados anuales. Según sus propias informaciones, el BBVA obtuvo un beneficio de €6.420 millones en 2022 (+38%), el mayor de su historia, mientras que el Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido récord de 9.605 millones de euros en 2022. Otra de las grandes entidades financieras, el grupo Caixabank, obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.145 millones de euros en 2022, un 29,7% más que en el ejercicio anterior.

Aún teniendo en cuenta que son datos todavía provisionales y que la mayor parte de estos beneficios se producen gracias a sus empresas filiales en países extranjeros, la suma total de los beneficios publicitados por estas tres entidades asciende a más de 19.170 millones de euros. Todos ellos atribuyen sus beneficios al crecimiento de la actividad comercial y su compromiso con la sociedad.

El Observatorio de las Finanzas Éticas ha presentado también estos días el llamado Escáner de las Finanzas Éticas. Se trata de una herramienta que permite, a partir de indicadores medibles, «identificar la sintonía entre distintos elementos del funcionamiento de una entidad financiera y los 5 principios que definen las Finanzas Éticas«, según explican en su web. «A partir de fuentes públicas y contrastables, como listados de instituciones públicas o grupos de investigación, o las propias entidades financieras, se han escogido hasta 15 indicadores que permiten analizar aspectos como sus políticas de financiación, el modelo de gobernanza, el acceso a la información o su funcionamiento cotidiano«.

Los principios analizados se refieren a aspectos como garantizar que no se financian proyectos que vulneren los derechos humanos o ambientales (exclusión), asegurar que los ahorros se destinan a la economía real (compromiso), transparencia en la información, grado de participación en la toma de decisiones y coherencia, que implica trasladar a su funcionamiento estos valores, por ejemplo en el trato a clientes o personas trabajadoras.

Según la clasificación, las grandes entidades financieras mencionadas anteriormente ocupan los últimos puestos del listado con relación a los principios de las finanzas éticas. Así, por ejemplo, Banco Santander aparece como la última entidad de la clasificación, con una puntuación de 0 respecto al grado de cumplimiento de la entidad con los principios de las finanzas éticas. Para justificar esta puntuación, en la ficha resumen de la entidad se resaltan negativamente aspectos como el significativo número (más de 500) de denuncias y reclamaciones a la entidad registradas en el Banco de España en los últimos años, tener una diferencia muy significativa de la ratio salarial (superior a 1/12) o no tener accesible esta información, aparecer  en la base de datos de instituciones financieras que financian a la industria militar de la campaña Banca Armada o tener sucursales en territorios considerados como paraísos fiscales.

Por su parte, Caixabank aparece como la penúltima entidad del listado del escáner de las finanzas éticas. En esta ocasión, la entidad alcanza una puntuación de 1,5 sobre 100 en el grado de cumplimiento de los principios analizados. Si bien comparte con Banco Santander el no cumplimiento de la mayoría de principios analizados, Caixabank alcanza una mínima puntuación al valorarse positivamente que la entidad tiene entre un 30 y un 50% de mujeres en cargos directivos, a diferencia de la otra entidad.  En cuanto al BBVA aparece con una puntuación de 2,5 sobre 100.

Tal y como señalan desde FETS (Finançament Ètic i Solidari), entidad que coordina el Observatorio, el objetivo del escáner es ofrecer un análisis objetivo de las prácticas reales de las entidades, contrastándola con los mensajes publicitarios. «Las campañas de greenwashing y otras estrategias para proyectar una imagen de sensibilidad social son cada vez más comunes, y el mundo financiero no es una excepción. Estos métodos para atraer a una ciudadanía cada vez más crítica e informada son un problema: tanto para las entidades verdaderamente comprometidas como para las personas consumidoras», indican.

A la cabeza de la clasificación presentada por el escáner aparecen Fiare Banca Etica y Coop57, ambas entidades socias de la Federación Europea de Bancos Eticos y Financiadores Alternativos (FEBEA) También encabeza la clasificación la entidad Oikocredit, organización que financia a proyectos que ayudan a la reducción de la pobreza en los países del Sur.

El progreso de los bancos en el abordaje de los derechos humanos es lento y está lejos del mínimo indispensable. Así lo revela el último informe de BankTrack, una organización internacional que monitorea a las instituciones financieras y las actividades que financian. Mediante el análisis de las medidas implantadas con relación al respeto de los derechos humanos, la organización ha asignado una puntuación a los principales bancos comerciales a nivel mundial. ¿El resultado? Insatisfactorio , a pesar de algunas mejoras en comparación con 2019.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

Los 14 criterios considerados por el informe se basan en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos . Elaborados en 2011, se basan en tres pilares: la obligación del Estado de proteger a las personas de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas; responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; responsabilidad de los Estados y de las propias empresas de proporcionar recursos efectivos. El segundo pilar incluye 14 principios y estos son la base del informe BankTrack.

Evaluando estos criterios, agrupados en cuatro categorías, los bancos considerados obtuvieron una puntuación entre 0 y 14. Si consideramos que el puntaje máximo corresponde al cumplimiento de los Principios Rectores, este debería ser el resultado alcanzado por todas las instituciones consideradas. Lamentablemente, ese no es el caso en absoluto. El informe analiza 50 de los bancos comerciales más grandes del mundo. Los más expuestos y conocidos, pero, sobre todo, los que podrían tener un impacto significativo si se esforzaran más.

¿Progreso? Poco e insuficiente

El informe anterior se remonta a 2019, cuando se examinaron 47 bancos. Ciertamente ha habido mejoras, pero no son especialmente significativas. Casi el 70% de los bancos mejoraron su resultado y la puntuación media pasó de 4 a 5. Pero solo 12 entidades -clasificadas como «principales»- obtuvieron una puntuación igual o superior a la mitad. Y ninguna superior a 9. Esto significa que 38 de 50 bancos obtuvieron menos de la mitad de la puntuación máxima.

Las entidades financieras mostraron la mayor mejora en los criterios de diligencia debida. Además, hasta 42 de 50 bancos han publicado una declaración en la que se comprometen a respetar los derechos humanos. Pero sólo para 28 de ellos este compromiso afecta también a los préstamos que conceden .

¿Qué bancos son los que incumplen?

Mirando el ranking, el resultado más alto es 9, más de la mitad, pero lejos del máximo. Los bancos que lo alcanzan son el estadounidense Citi (que gana dos puntos respecto a 2019), el japonés Mizuho (que marca la mayor subida respecto al informe anterior con unos buenos cinco puntos más) y el australiano Westpac. Con la excepción de otro banco australiano, todos los bancos que superan la puntuación de siete son europeos . Estos incluyen Barclays, ING Group, BNP Paribas y Deutsche Bank.

En el rango intermedio de puntuación, que va de 3,5 a 6,5, encontramos un poco de todo: los gigantes franceses Société Général y Crédit Agricole , los estadounidenses Morgan Stanley y Bank of America, pero también Credit Suisse y el inglés HSBC. Finalmente, en la parte inferior de la clasificación encontramos a dos gigantes estadounidenses a menudo en el ojo público: JPMorgan Chase y Goldman Sachs . Acompañado por una entidad francesa, dos alemanas y una india. Mientras que los últimos cuatro lugares corresponden todos a entidades chinas, como el último banco del ranking, Bank of China, que no suma ni medio punto.

¿Y los bancos españoles?

De los bancos examinados, tres son españoles: BBVA, Banco Santander y Caixabank, todos ellos con diferentes puntuaciones. Mientras BBVA obtiene una puntuación de 7,5, al igual que en el informe de 2019, Banco Santander y Caixabank obtienen calificaciones por debajo del mínimo (6 y 4,5 respectivamente). En este informe 2022 se incluye Caixabank por primera vez dado que no participó en ediciones anteriores.

Las tres entidades se encuentran entre los bancos que han emitido declaraciones o adoptado políticas para el respeto de los derechos humanos. No obstante, las puntuaciones de todos ellos se encuentran lejos de alcanzar la puntuación máxima en el abordaje de derechos humanos. En definitiva, las buenas intenciones parecen existir, los resultados se desconocen.

*Este artículo se ha publicado originalmente en italiano, en el portal valori.it 

En estos días, el movimiento juvenil internacional Fridays for Future (en España bajo el nombre Juventud por el Clima) se ha movilizado una vez más en la llamada Acción Global por el Clima, convocando concentraciones y movilizaciones en todo el mundo. El lema de este año 2022 aboga por la democratización de la energía y pone en el punto de mira la necesidad de un cambio de modelo económico y energético. «La política energética actual europea y nacional no responde a los intereses climáticos y de justicia social. Solo reproduce un modelo energético centralizado y gestionado por un oligopolio energético», indican en el manifiesto elaborado para las movilizaciones.

En ese modelo energético y económico actual los bancos juegan un papel clave. Como indican desde la organización internacional Banktrack , «a pesar de toda la retórica proveniente de los bancos que se comprometen a cero emisiones  netas para 2050 , billones de dólares en financiación bancaria aún mantienen a flote la industria del carbón, el petróleo y el gas, que está en el centro de la crisis, e incluso ayudan a expandirla». El último informe publicado por esta organización, Banking on Climate Chaos 2022, revela que en sólo seis años, los 60 mayores bancos del mundo han destinado 4,6 billones de dólares al sector de los combustibles fósiles.

El sector de las finanzas sigue apoyando el carbón, el petróleo y el gas

Estos datos confirman que el sector de las finanzas sigue apoyando el carbón, el petróleo y el gas, incluso después del Acuerdo de París de 2015, en el que el mundo se comprometió a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe, solo en 2021, 742.000 millones de dólares acabaron en las arcas de las empresas relacionadas con los fósiles. «Ningún compromiso climático de ningún banco está completo sin la promesa de eliminar con urgencia esta financiación y comprometerse a financiar una transición justa hacia una sociedad sin emisiones de carbono», señalan desde BanKtrack.

Los intereses y grupos de presión financieros y energéticos están a la orden del día. La decisión de la UE de admitir el gas y la energía nuclear como actividades económicas sostenibles (la llamada taxonomía verde europea) ha provocado un verdadero terremoto interno. Sin ir más lejos, en este mes de septiembre algunas organizaciones de la sociedad civil han decidido abandonar la Plataforma Europea de Expertos en Finanzas Sostenibles, órgano consultivo creado por la Comisión Europea para recibir opiniones y recomendaciones sobre la materia. En una carta enviada al Comisario Europeo de Servicios y Estabilidad Financiera, los firmantes denuncian la interferencia política en el trabajo de la Plataforma y denuncian que «la taxonomía ha pasado de ser una excelencia a una herramienta de lavado verde institucionalizada«.

Greenwashing

Precisamente el llamado «greenwashing» (lavado de cara verde) es una de las críticas a la actividad supuestamente sostenible de los bancos. La Net Zero Banking Alliance (NZBA) o la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI) son espacios que agrupan a los principales bancos del mundo y que sirven para publicitar el compromiso con la sostenibilidad de muchas de sus entidades participantes. En nuestro país, por ejemplo, las entidades financieras BBVA, Banco Santander y Caixabank se erigen como miembros fundadores de la Net Zero Banking Alliance. Sin embargo, las tres entidades aparecen en el mencionado informe Banking on Climate Chaos 2022 como entidades financiadoras del sector de combustibles fósiles.

El Banco de Santander se ubica en el puesto 32 del informe, con una inversión de 42.913 millones de dólares en combustibles fósiles desde 2016, aumentado en este período sus inversiones en 200 millones de dólares para perforaciones en el Ártico, para la extracción de uno de los combustibles fósiles de alto impacto climático. El BBVA ocupa el puesto 42, con una inversión total de 26.273 millones de dólares y Caixabank ocupa el puesto 56, habiendo destinado 5.741 millones durante los últimos seis años.

Desde la campaña Banks and Climate creen que los bancos deben jugar un papel clave para hacer frente a la emergencia climática, eliminando con urgencia cualquier tipo de financiación a proyectos y empresas de combustibles fósiles, comprometiéndose a reducir a cero el impacto climático de toda su cartera financiera antes de 2050 y poniendo fin de inmediato a toda financiación a empresas que abusan de los derechos humanos, incluidos los derechos indígenas.

Las finanzas éticas y el cambio climático

Desde sus inicios, las finanzas éticas ponen la defensa del medio ambiente y los derechos de las personas como primer criterio para seleccionar una inversión. Por ello, como indica en su web la Federación Europea de Bancos Eticos y Alternativos (FEBEA), a medida que la “sostenibilidad” se convierte cada vez más en una tendencia de moda más que en un compromiso serio del sector financiero, es importante reafirmar el papel y los valores de una financiación verdaderamente dedicada a las comunidades locales, gobernada por la ciudadanía, que va más allá de la sostenibilidad.

«Los fondos sostenibles pocas veces lo son realmente. Las entidades financieras que los ofrecen también comercializan al mismo tiempo otros fondos que no adoptan ningún tipo criterio, pudiendo encontrar en su cartera, por ejemplo, empresas que producen armas nucleares o tienen un impacto ambiental muy elevado. En los bancos éticos, sin embargo, el enfoque de las finanzas éticas es global, porque promueven única y exclusivamente productos que responden a criterios sociales y ambientales rigurosos«, se indica en el cuarto informe de las finanzas éticas y sostenibles en Europa.  Andrea Baranes, del Grupo Banca Etica, afirmaba en un artículo con relación a la taxonomía europea: «si la sostenibilidad que se nos propone se compone de combustibles fósiles, especulación, energía nuclear y armas, cada vez tiene más sentido ir en la dirección contraria. Durante más de veinte años, las finanzas éticas hemos sido orgullosamente insostenibles«.

Como ciudadanos y ciudadanas es importante la transparencia para conocer el uso que las instituciones financieras hacen de nuestro dinero. Es importante saber el impacto que sobre el clima tienen las acciones de nuestra entidad financiera. Por eso, en esta Acción Global por el Clima es importante la pregunta: «¿qué impacto tiene tu banco sobre el clima?».