Este 2025, coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas, Som Energia, Somos Conexión y Som Mobilitat han formalizado el acuerdo de intercooperación que les permite ofrecer la triple solución de servicios de electricidad, telecomunicaciones y movilidad a entidades y empresas, ayudándolas a hacer realidad una forma más ética, ecológica y colaborativa de consumir. De hecho, esta alianza, iniciada en 2023, ya suma 10.600 empresas usuarias, de las cuales 450 han contratado dos o más servicios, confirmando así que la propuesta comercial es competitiva y de máxima calidad.

Para Marta Doncel, co-coordinadora general de Som Energia, la cooperación basada en valores compartidos “no solo suma esfuerzos, sino que genera un modelo con sentido, capaz de transformar el mercado y ofrecer soluciones reales a los retos sociales y ambientales de nuestro tiempo”. Desde Som Mobilitat, su portavoz Arnau Vilardell destaca que “la intercooperación nos permite unir fuerzas y llegar mejor a empresas y entidades, facilitando su transición hacia un consumo más responsable”. Finalmente, Bernat Alcolea, portavoz de Som Connexió, remarca que colaborar con entidades con las que se comparten valores sociales y ambientales “nos permite crecer con sentido, multiplicar el impacto y construir alternativas reales frente a la oferta convencional del mercado”.

Este modelo de intercooperación facilita los trámites, ya que ser socia de una de las cooperativas da derecho a condiciones especiales para asociarse a las otras, lo que reduce barreras y facilita el acceso a los servicios de las tres entidades.

Impacto económico, social y ambiental positivo

Este proyecto genera un impacto real y transformador. Las usuarias de esta alianza han logrado disminuir de manera significativa sus emisiones de CO₂, reduciendo su huella ecológica. Según datos internos, sumando todas las emisiones de CO₂ que evitan las empresas que tienen contratados los servicios de Som Energia y Som Mobilitat, se obtiene un total de 6.720 toneladas menos de emisiones en un año, el equivalente a 4.700 coches.

Además, Som Connexió trabaja para reducir el impacto medioambiental a través de un consumo responsable y sostenible de las telecomunicaciones. Promueve la contención y la reducción del consumo y procura ofrecer tarifas adaptadas a las diferentes necesidades. Uno de sus proyectos transformadores tiene como misión reducir el impacto negativo de las pantallas en la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, la intercooperación también ha tenido un impacto positivo en el empleo: un total de 11 personas trabajan diariamente en esta alianza, 8 de las cuales son nuevas contrataciones destinadas a dar servicio a entidades y empresas.

Un modelo con futuro

Esta alianza no solo representa un caso de éxito para las cooperativas que la impulsan, sino que marca una hoja de ruta clara para el futuro del cooperativismo. Según David Bonvehí Torras, director general de Economía Social y Solidaria y del Cooperativismo, «la alianza que hoy se presenta ofrece una solución conjunta en ámbitos clave como la energía, las telecomunicaciones y la movilidad, y lo hace desde una mirada transformadora, democrática y arraigada al territorio, evidenciando que otro modelo económico no solo es posible, sino que ya es una realidad y que tiene potencial para crecer. En un contexto de crisis ecológica y de necesidad de repensar el papel de la empresa, iniciativas como esta ponen de manifiesto que el cooperativismo puede liderar la transición hacia una economía más justa y resiliente».

Si eres una empresa o entidad y quieres empezar a trabajar con servicios que comparten tus valores, ponte en contacto con cualquiera de las tres cooperativas. ¡Ahora, formar parte de una… es abrir la puerta a las tres!

El 27 de diciembre de 2023 el Gobierno aprobó nuevos cambios regulatorios en el Sector eléctrico. Estos cambios, que afectan a todos los contratos eléctricos, fueron publicados en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.

¿Cuáles son los cambios aprobados que entran en vigor en 2024 y que afectarán directamente a tu factura de electricidad?

1-Finalización del Mecanismo de ajuste al gas

El Real Decreto Ley 10/2022, de 13 de mayo permitió bajar el precio de la factura eléctrica mediante el conocido como Mecanismo ibérico o tope al gas.

El Gobierno no ha renovado el conocido popularmente como tope al gas

Desde febrero de 2023 no ha sido necesario aplicarlo, porque el precio del gas en el mercado mayorista ha estado por debajo de los precios máximos establecidos, aunque ha estado vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

2-Cambios en la reducción del IVA

Desde el 1 de enero de 2024 la reducción del IVA vuelve a establecerse en el 10% para contratos de hasta 10 kW de potencia.

El IVA en las facturas eléctricas continúa estando reducido, aunque su reducción durante 2024 pasa del 5% al 10%.

Para contratos de más de 10 kW de potencia, el IVA continúa como estaba, es decir, en el 21%.

3-Fin progresivo del descuento en el impuesto eléctrico

Otra de las medidas del Gobierno en el plan de recuperación económica, fue reducir el Impuesto Especial de Electricidad (IEE) o Impuesto eléctrico, del 5,11% habitual al 0,5%.

Los cambios para el 2024 son los siguientes:

La rebaja del IEE pasa a ser en el primer trimestre de 2024 del 0,5% al 2,5%
En el segundo trimestre será del 3,8%
A partir del tercer trimestre se volverá al 5,11%,
Si en los próximos meses no se legisla lo contrario, a lo largo de 2024 la reducción del Impuesto eléctrico va a ir disminuyendo gradualmente, hasta que desaparezca en el tercer trimestre.

4-Se mantienen cargos del sistema y pagos por capacidad

Los cargos del sistema eléctrico y pagos por capacidad de las redes de transporte y de distribución para 2024 han sido prorrogados. Estos cargos fueron fijados por la Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre.

Durante 2024 se mantienen los cargos del sistema de 2023

A la espera de que se adopte una nueva orden ministerial que pueda fijar los de 2024.

5-Baja la aportación del Bono social

Desde el 1 de enero de 2024 la contribución de cada contrato eléctrico al Bono social baja, de los 14,03€/CUPS-año en 2023, a 2,29€/CUPS-año en 2024.

En 2024 pagaremos de Bono social unos 20 céntimos de euro por mes, en lugar de los aproximadamente 1,17€-mes de 2023

Esta bajada viene causada porque el coste de financiación se reparte entre más agentes y entran en su financiación las comercializadoras de último recurso.

La Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, define a las comunidades energéticas como una entidad jurídica que:

a) que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado;

b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios;

c) cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras.

De este modo podemos apreciar el avance de la transposición de la Directiva europea en la normativa española. En el Boletín Oficial del Estado del 29 de junio de 2023, se modifica algunos aspectos de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

• Se introduce el apartado letra k) en el artículo 6.1 con el siguiente tenor literal: “Las comunidades ciudadanas de energía, que son entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.
• Se incluye un artículo 12 bis en el que se indica, entre otras cuestiones, que “los socios o miembros de las Comunidades de energías renovables tendrán los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo; los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, tienen derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la vez que mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales, y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan participar en una comunidad de energías renovables, siempre que, en el caso de las empresas privadas, su participación no constituya su principal actividad comercial o profesional; las comunidades de energías renovables tienen derecho a: producir, consumir, almacenar y vender energías renovables; compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha comunidad…”
• Se introduce también que al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las comunidades de energías renovables, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, garantizarán que: “se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades; las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades; el gestor de la red de distribución coopere para facilitar las transferencias de energía; estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos; no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado; la participación sea accesible a todos los consumidores; estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación e información; se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades; y garantizar un trato equitativo a los consumidores que participen en las mismas.
• Dentro del texto se señala que “sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado, al diseñar los sistemas de apoyo, se tendrán en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables, a fin de que estas puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado”.
• Se incluye un artículo 12 ter, en el que se establece un marco jurídico favorable para las comunidades ciudadanas de energía que garanticen que “la participación en una sea abierta y voluntaria, los socios tengan derecho a abandonarla ni pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía, que puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente, las comunidades estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como como a unas tarifas de acceso a la red que reflejen los costes de conformidad y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto de costes del sistema y puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo”.

El pasado 8 de junio la Comisión Europea daba luz verde al mecanismo de tope al precio del gas para generar electricidad para España y Portugal, por la llamada excepcionalidad ibérica. El Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, fue convalidado en el Congreso el pasado 17 de junio como se recoge en la Resolución 10042 del BOE.

¿Qué es el mecanismo de ajuste o «tope de gas»?

La medida pone tope al precio del gas que se usa para producir electricidad con el objetivo, según el Gobierno, de desacoplar el precio del gas, tras su incremento desbocado del último año y medio, del precio final de la electricidad y así reducir la factura de electricidad. El mecanismo ibérico es una medida extraordinaria que se justifica por la escasa interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa, que supone una desventaja para su integración en el mercado europeo.

El supuesto tope al gas lo que resulta ser, finalmente, es un mecanismo de ajuste que financia una parte del precio del gas, de forma que sea más barato producir la energía con esa tecnología. Sin embargo, esta financiación la vamos a tener que pagar en parte las consumidoras y consumidores.

A pesar de que este RDL se publica el 13 de mayo, este mecanismo no entra en vigor hasta el día 15 de junio de 2022, ya que se requería aprobación por parte de la Comisión Europea, pues modifica las reglas del mercado mayorista de electricidad que se establecen a nivel europeo. Esta fecha no se ha conocido hasta el 9 junio.

Este mecanismo estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023, debido a que se trata de una medida temporal y el Gobierno no puede ampliarla unilateralmente.

¿Por qué hablamos del gas cuando nos referimos a la factura eléctrica?

El precio de la electricidad, al estar en un sistema marginalista, lo determina la tecnología más cara que entra en producción y, que no es otra, que los ciclos combinados de gas, los cuales solo representan el 16% del total (dato de 2020). Por tanto, se han estado pagando, en los últimos meses, a 300 y 400 €/MWh a centrales de tecnología hidráulica, nuclear o renovables, cuyos costes de producción se encuentran entre los 30 y 40€/MWh, es decir, 10 veces más.

Se busca limitar, precisamente, el precio del gas natural para así reducir el precio de oferta de las tecnologías fósiles y, por tanto, el peso que suponen como fijadoras del precio final del mercado en la subasta diaria. Es decir, con este mecanismo se busca que no se pague a todas las tecnologías como si fuesen ciclos combinados de gas.

¿Cómo se calcula el ajuste que rebaja el precio del gas en el mercado?

Se calcula como la diferencia entre el precio del gas del mercado menos el precio del gas de referencia que marca el Gobierno dividido de un coeficiente de eficiencia del 0.55. Como resultado de esta fórmula se obtiene el ajuste que se les pagará a las centrales que generen electricidad bajo este mecanismo.

¿Y cómo se financia ese ajuste que cobrarán las empresas que generan el gas a este precio regulado?

Se pasará como un coste a las comercializadoras y éstas tendrán que repercutirlo a las consumidoras y consumidores mediante un concepto agregado al término de energía que haga referencia al ajuste que finalmente se pagó a este tipo de centrales de generación.

OMIE publica diariamente el coste del ajuste que se paga a las centrales de generación de gas (se puede ver aquí) y traslada dicho coste diario a las comercializadoras, a excepción de las exentas (aquellas que han declarado contratos a precios fijos antes del 26 de abril, que se encuentran verticalmente integradas y producen su propia energía).

En la factura se incluirá la liquidación del mecanismo de ajuste, por consiguiente, el mecanismo traspasará los costes del mecanismo de ajuste del gas a las comercializadoras y éstas, a su vez, lo repercutirán en las facturas eléctricas de las consumidoras y consumidores. Así como se trasladarán los ajustes del sistema, incluidos los costes asociados a esas pérdidas y la tasa del 1.5%.

¿Esto supondrá el ahorro del 15% previsto en la factura eléctrica?

El ahorro en la factura dependerá del tipo de contrato que tenga la persona consumidora, y en todo caso, este posible ahorro no sería respecto al precio anterior de la entrada en vigor del mecanismo, sino que se trataría de un ahorro respecto a lo que hubiese pagado esa persona si no se hubiese aplicado un tope al gas.

No podemos saber si la medida está funcionando como se esperaba o el impacto que tendrá en el futuro. En las últimas semanas se han dado las peores circunstancias posibles para un aumento de precios: gran incremento de la demanda energética por la ola de calor disparando de nuevo el precio del gas, disminución tanto de la producción solar como eólica que ha provocado una mayor participación de las tecnologías fósiles en el mercado, aumento de las exportaciones energéticas a Francia por las condiciones de urgencia que se han desatado en el país vecino. Todo ello ha provocado que el ajuste que hay que pagar a las tecnologías fósiles que hayan vendido energía en el mercado mayorista, se haya disparado también.

La rebaja del IVA

El pasado 25 de junio, el Consejo Extraordinario de Ministras y Ministros ha aprobado un paquete de medidas para mitigar, en palabras del Ejecutivo, las tensiones inflacionistas que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando en la Unión Europea y en el resto del mundo. Entre otras medidas, el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, reduce el IVA de la factura eléctrica del 10% al 5% y extiende el resto de medidas de reducción de impuestos vinculados a la electricidad que estaban en vigor, y finalizaban el 30 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Pero la reducción del IVA sólo se aplicará a los contratos 2.0TD, es decir, a aquellos con potencias contratadas hasta los 10 kW. Esta rebaja se hace efectiva los meses en los que el precio medio mensual de la luz en el mercado mayorista es superior a los 45 euros el megavatio hora (MWh).

También podrán acogerse a la bajada específica del IVA los hogares considerados vulnerables severos. Esta rebaja del IVA de la electricidad será independiente del precio medio mensual del MWh y de la potencia contratada.

La rebaja del IVA al 5% se empezará a aplicar desde este viernes 1 de julio; hasta entonces, seguirá en vigor el tipo impositivo del 10%. Según se especifica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).