¡Ya está disponible la nueva guía interactiva para construir organizaciones habitables! Alboan y REAS Euskadi hemos creado esta guía innovadora que pretende ofrecer pistas a las organizaciones para transformarse en entidades más habitables, y ser más capaces de responder colectivamente a los retos sociales y ecológicos que las envuelven.

Nuestra propuesta es trasladar la mirada ecofeminista a nuestras organizaciones, transitando hacia organizaciones que coloquen la vida en el centro y que, con ello, contribuyan a las transformaciones ecosociales que nuestro planeta reclama. El feminismo y el ecologismo aportan visiones alternativas y herramientas prácticas que contribuyen al proceso de transitar hacia modelos de organizaciones al servicio de la sostenibilidad de la vida.

Es, por tanto, una guía que aporta un marco de análisis sobre el concepto de organizaciones habitables desde las perspectivas de género y ecológica, y algunos recursos prácticos que ayuden a avanzar en la construcción de organizaciones desde este enfoque. Ofrece contenido ilustrativo que facilita la comprensión de conceptos clave y cuenta con una amplia variedad de enlaces que te conducirán a páginas web y documentos para profundizar en los temas y aplicarlos en tu contexto. Además, incluye ejercicios prácticos como cuestionarios, ejemplos reales y vídeos de personas expertas abordando los temas desde diferentes perspectivas.

Esta es una iniciativa impulsada por REAS Euskadi y Alboan en el marco del proyecto “Prácticas y propuestas ecosociales para una economía al servicio de la vida desde un enfoque local- global”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) y la Diputación Foral de Bizkaia (DFB).

¡Únete al cambio y crea un entorno laboral centrado en el cuidado de la vida y las relaciones humanas!

Un nuevo sondeo ha revelado un fuerte apoyo público a una ley europea de debida diligencia empresarial que, de aprobarse, obligaría a las empresas que operan en la UE a tomar medidas para reducir sus emisiones.

La Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad, actualmente en trámite en el Parlamento de la UE, podría exigir a las empresas que operan en la UE que tomen medidas para identificar y prevenir las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales, como la deforestación y la contaminación a lo largo de toda su cadena de valor.

La campaña “Justice is everybody’s business” encargó la realización de una encuesta en 10 países de la UE, incluida España, que reveló que:

–    Casi 9 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas españoles encuestados (86%)  apoyan una ley europea que obligue a todas las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero para que el calentamiento global no pase de 1.5 ºC.

–    7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas españoles encuestados (70%) cree que el sector bancario también debería responsabilizarse de las acciones de las empresas en las que invierten o a las que prestan dinero.

Desde la presentación del proyecto de Ley al Parlamento, las instituciones financieras han gastado al menos 100 millones de euros en presionar a la Unión Europea. Países como España o Francia han apoyado excluir al sector financiero de las nuevas reglas de debida propuestas por la UE.

Junto con la encuesta, más de 200 figuras destacadas y organizaciones de la sociedad civil han firmado una declaración en la que exigen “una legislación europea fuerte, adecuada para afrontar la crisis climática y hacer realidad la justicia climática para los afectados.”

La petición llega antes de una votación crítica del proyecto legislativo por parte de los eurodiputados en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables:

“La opinión en toda la UE es clara. Se necesitan reglas más estrictas para garantizar que las empresas y los bancos rindan cuentas adecuadamente en toda su cadena de valor global y no continúen operando a expensas de la gente y del planeta. El proyecto de ley en su forma actual es demasiado débil para ser efectivo en la práctica, por lo que debe fortalecerse aún más para garantizar que las empresas estén obligadas a desarrollar e implementar planes de transición para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La aprobación de esta ley histórica significaría que empresas contaminantes como extractivas y/o energéticas ya no puedan eludir la responsabilidad por los daños que causen en Europa y en el extranjero”.

Nota técnica de la encuesta:

La encuesta se ha llevado a cabo por la empresa YouGov Plc mediante un cuestionario online administrado aleatoriamente a un panel de más de 800.000 personas de distintos países europeos, seleccionando posteriormente la muestra de acuerdo con las características de cada país. En el caso español el tamaño total de la muestra fue de 1.072 adultos (nivel de confianza 95%, con un error muestral de +/-3%). Las cifras se han ponderado y son representativas de todos los adultos de España (mayores de 18 años). El trabajo de campo se llevó a cabo telemáticamente entre el 7 y el 9 de febrero de 2023.

La Plataforma por las Empresas Responsables, a la que pertenece la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que representa a más de 530 organizaciones de la sociedad civil, ha presentado hoy la campaña «Apoya una Ley Made in Spain«. Una iniciativa que busca el apoyo ciudadano para exigir al Gobierno una ley que ponga fin a los abusos de las empresas sobre los derechos humanos y el medioambiente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo, desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus fronteras nacionales.  En muchos casos las empresas no actúan respetando los derechos humanos o el medioambiente. Los acuerdos de voluntariedad se han demostrado que no son suficientes y las malas prácticas empresariales siguen causando graves perjuicios a las personas, a las comunidades y al medioambiente. Además, en muchos de estos casos, las empresas no han rendido cuentas, y las víctimas no han podido acceder a la justicia ni ser reparadas.

Es urgente que España apruebe una ley que garantice justicia para las personas y el medioambiente frente a empresas que abusan. Para que la ley sea efectiva debe adoptar requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas para que actúen con la debida diligencia respetando los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de su cadena de valor y que garantice el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos.

La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Amaya Acero, del Observatorio de RSC y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, indica que “pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”.

Contar con una legislación nacional de debida diligencia empresarial es beneficioso para todos y todas

Otros países ya cuentan con legislación nacional sobre responsabilidad empresarial como Francia, desde 2017, y Alemania y Noruega, desde 2021. En Francia, con un mayor recorrido, las personas afectadas por los abusos cometidos por empresas francesas en terceros países (EDF en México o Casino en la Amazonía Brasileña y Colombiana) tienen la oportunidad de reclamar justicia ante los tribunales franceses. Esto demuestra que contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas. Así lo contó Eduardo Villarreal de Prodesc México “Se ha puesto una demanda civil en Francia al gigante EDF por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo, por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios”, añadiendo que “sin esta legislación la comunidad zapoteca no habría podido demandar a EDF ya que la empresa se habría escudado en que tendría que haber sido juzgado por la autoridad mexicana”.

En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert de Oxfam Alemania ha destacado el amplio apoyo conseguido en la aprobación de la ley del gobierno, el sector empresarial y de la ciudadanía, añadiendo que “las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva”.

España tiene la oportunidad de liderar la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y medioambiente

En diciembre de 2021, el Secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció el trabajo sobre una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos y en abril de 2022 se llevó a cabo una consulta pública del anteproyecto de Ley.  “El Gobierno ha dado un primer paso, incluyendo en el Plan Anual Normativo la propuesta de ley, pero ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más” apuntó Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables se movilizan para pedir apoyo a la ciudadanía, con la campaña “Apoya una Ley Made in Spain” para exigir que España apruebe una ley que sea realmente eficaz.

Contar con una ley nacional ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que, aunque significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, sufre de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.

La Plataforma por las Empresas Responsables pide al gobierno cumplir con su promesa electoral y tomar el liderazgo en la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y medioambiente y aprobar sin demoras una legislación de debida diligencia empresarial antes de que se acabe la legislatura. Las víctimas de abusos cometidos por empresas no pueden esperar.

En esta publicación puedes encontrar casos recientes de empresas españolas que han cometido abusos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en otros países.

En este dossier puedes encontrar información más completa y respuestas a preguntas como ¿por qué necesitamos esta Ley? ¿Qué ha sucedido hasta ahora? ¿Qué están haciendo otros países europeos?

Contamos con tu apoyo para conseguir una ley Made in Spain, que garantice la responsabilidad de las empresas españolas dentro y fuera de nuestras fronteras en materia de Derechos Humanos y medio ambiente.

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Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo – entidad socia de REAS Red de Redes-, han instado al Gobierno español a que aborde sin dilación y antes del fin de esta legislatura, el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, petición a la que nos adherimos desde REAS Red de Redes.

En una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del Gobierno, la Plataforma por las Empresas Responsables, que representan a más de 530 entidades sociales, han expresado su preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que asimismo garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.

Tanto los partidos del Gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo, como el propio Gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, sin embargo las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.

Mientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado una legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.

Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, España debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.

“En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.

La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Aquí puedes consultar las peticiones y a la propuesta técnica de la Plataforma por las Empresas Responsables.

El pasado mes de junio se presentó públicamente la Plataforma de Empresas Responsables que ha sido formada por un grupo de organizaciones (Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Anesvad, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Greenpeace, Fundadeps, Observatorio de Responsabilidad Corporativa y el sindicato USO) con la finalidad de lograr la aprobación de una ley que obligue a las empresas a garantizar la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente en su actividad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La Coordinadora de Comercio Justo, una de las redes sectoriales socia de REAS, también se ha adherido a la Plataforma.

En concreto, desde la Plataforma piden que la Ley establezca:

• La adopción de una obligación formal de debida diligencia para las empresas españolas y para las que operen en el mercado español.
• La adopción de un sistema de sanciones e infracciones para las empresas que incumplan la obligación anterior, sin necesidad de esperar a que se produzca el daño.
• Permitir el acceso a la justicia para todas las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.
• Nombrar una autoridad competente e independiente para vigilar el cumplimiento de la Ley.
• Transparencia y cumplimiento de la Ley sobre información no financiera.

Esta ley garantizará que las empresas españolas y empresas extranjeras que operen dentro de nuestras fronteras, respeten los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor y además garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos. Esta Ley se enmarca en Directiva Europea que está a punto de aprobarse en el 2021 y que exigirá a las empresas a desarrollar planes para identificar, prevenir, detener y mitigar los impactos reales y potenciales en derechos humanos y medioambientales causados por la actividad empresarial.

A nivel europeo ya hay precedentes de aprobación de leyes en Francia que aprobó una Ley en este sentido en 2017 y Alemania y Noruega que acaban de hacerlo en junio de 2021. También hay procesos políticos abiertos en la misma materia en Austria, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.

En este enlace se puede acceder al manifiesto completo y a la propuesta técnica.

REAS defiende una contratación pública responsable

Desde REAS Red de Redes trabajamos para el fomento, impulso y promoción de una contratación pública responsable para que sea una herramienta para la consecución de valores como la redistribución de la riqueza, la justicia, igualdad y la cohesión social; Las instituciones públicas contratan a empresas para dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos y son las encargadas de preparar los términos de estos contratos, adjudicarlos, supervisar su cumplimiento y rescindirlos. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales y medioambientales.

El pasado 24 de junio se presentaba la Plataforma por las Empresas Responsables, que representa a más de 570 organizaciones de sociedad civil y que demanda la aprobación de una ley en España para obligar a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor. Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con cinco elementos clave:

• Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
  Contenga un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación. Según Sara García de USO, “un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico”.
• Que prevea aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. “Es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”, indica Marta Mendiola de Amnistía Internacional.
• Designe una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
• Obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado. Para Miguel Ángel Soto de Greenpeace, “La falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas”.
  España debe tener voz propia si quiere ser tomada en serio en la promoción de una economía sostenible y responsable
• La regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano. También países de nuestro entorno han aprobado legislación en la materia (Francia, Alemania y Noruega) y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

“España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE. Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y además demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible”, indica Isabel Tamarit del Observatorio de RSC.

Las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente. 2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido. También en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados y el 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas.

La ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales, ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medioambiente.

Las empresas españolas no son una excepción. Tal como señalan las organizaciones socias de la Plataforma, existen casos documentados de vulneración de derechos debido a la mala práctica de alguna de nuestras empresas. Esta vulneración de derechos humanos y medioambientales pone de manifiesto la necesidad de una regulación de la debida diligencia.
Tampoco las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales están siendo suficientes. Según Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, “las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales, quizás mejoran la conducta empresarial, pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen.”

Unido a esto, la defensa de los derechos humanos está a la cola de las políticas corporativas en España. Sólo 13 empresas del IBEX 35 realizaron en 2019 una identificación de riesgos y de impactos en los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia.

La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las siguientes organizaciones:
Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y USO.

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