El pasado viernes 10 de mayo en la Junta General de Accionistas de Repsol, Celia (activista de Greenpeace), junto con compañeras de Oxfam y Fundación Finanzas Éticas, se “colaron” en uno de los círculos de poder fósil y patriarcal que gobiernan el mundo. Su voz valiente dijo lo que tenía que decir, alto y claro. Mientras, en la puerta del evento, activistas de Greenpeace resistían a la violencia de la seguridad privada de la compañía mientras trataban de desplegar una pancarta que decía «Repsol: culpable nº 1 de la crisis climática«.

La reacción de Antonio Brufau, presidente de Repsol, fue tan visceral que intentó cortar a Celia. Después, y tras escuchar las preguntas, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, decidió quitarse la careta y hablar por fin claro. Todo su marketing verde saltó por los aires afirmando que Repsol seguirá sacando petróleo y gas incluso pasado 2050 e independientemente de la situación climática, siempre que la sociedad lo “necesite”. Posteriormente, pasó a la ofensiva señalando a Greenpeace y Fundación Finanzas Éticas como responsables del  “incremento de emisiones de CO2 en el mundo ligadas al carbón”, de “reforzar a Putin” y de ser “cómplices del lobby eléctrico”.

No podemos permitirnos ni un nuevo proyecto de carbón, petróleo y gas

Según la Agencia Internacional de la Energía (IAE) a nivel global las emisiones de CO2 no dejan de crecer (37,5Gt en 2023, un 1,1% más que en 2022 )  impulsadas, sobre todo, por el aumento del uso de carbón en China, India e Indonesia (8,42Bt en 2023, un 4% más que en 2022). El argumento del CEO de REPSOL, Josu Jon Imaz, para culpar a los ecologistas de este aumento es que la presión social ha impedido que instituciones financieras y gobiernos inviertan en infraestructuras de gas y petróleo (supuestamente más limpias que el carbón), condenando sobre todo a los países del Sur Global al consumo de carbón y, por lo tanto, al aumento de emisiones. Lo que olvida comentar el señor Imaz es que la IAE identifica que la mayor caída del consumo de carbón ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos (alrededor del 20%) y se debe al impulso de la transición energética renovable y la bajada en producción industrial. Desgraciadamente, el crecimiento del carbón, sobre todo en China (+5%) y la India (+8%) compensará con creces estas reducciones.

La realidad a día de hoy es que la racionalidad climática se va imponiendo, aunque sea de manera demasiado lenta y asimétrica para las necesidades de mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC que marca el Acuerdo de París. Los países del Norte Global (responsables históricos de la crisis desde la revolución industrial) van en cabeza con políticas como el programa REPowerEU de la Unión Europea  o el Inflation Reduction Act en Estados Unidos. Este impulso ha sido gracias a la presión social y a la aplastante realidad climática. La mejor ciencia, recopilada en el 6º informe de IPCC de Naciones Unidas (IE6), lo deja claro. No podemos permitirnos ni un nuevo proyecto de carbón, petróleo y gas. La transición ha de hacerse de manera directa a un sistema eficiente y 100% renovable. La ciencia es clara: quemar gas (compuesto sobre todo de metano) tampoco es limpio, ni se debe invertir en él para eliminar carbón del sistema. Los estudios demuestran que sus emisiones de ciclo completo del gas (que Repsol no contabiliza) se disparan si contabilizamos las fugas de metano, que es un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el CO2.

¿Biocombustibles o sistema energético con más renovables?

En la política climática hay poco espacio para el triunfalismo y es obvio que no es suficiente con descarbonizar algunas regiones del planeta. La crisis climática es un problema global, pero gracias a la presión social que se produce en espacios como las conferencias internacionales climáticas o COP,  la ambición climática llegará a todos los países. En este sentido, el año pasado obtuvimos una pequeña gran victoria: la declaración final de la COP28 dejó claro, por primera vez, que es necesario dejar de consumir carbón, petróleo y gas.

En la citada Junta de Repsol,  el señor Brufau y posteriormente también el señor Imaz afirmaron que la electrificación de la sociedad no está funcionando, y que en cambio la propuesta de Repsol, es decir, emplear sus biocombustibles y más adelante combustibles de hidrógeno y captura de carbono, es la transición más efectiva y rentable (se entiende que para Repsol). En cambio Greenpeace y un amplio consenso internacional, incluido la AIE en su escenario de Cero Neto (NZE 2050), apuesta por un sistema energético con más electricidad renovable, más eficiencia y menos consumos superfluos. Decir esto no nos hace “agentes de las eléctricas”(las mismas que se ofenden cuando criticamos su bloqueo al autoconsumo colectivo o su acaparamiento de las comunidades energéticas), solamente aplicamos racionalidad energética.

Electrificar es la opción más madura y eficiente para casi todo: transporte, viviendas e industria. Los combustibles sintéticos y biocombustibles tendrán un rol minoritario en sectores pesados no electrificables (por ejemplo, para mover algunos aviones, barcos o maquinaria industrial) ya que son tremendamente ineficientes y tienen, en función del tipo, emisiones indirectas altas. Además, implican gran ocupación de territorio (ya sea para cultivos o para energías renovables asociadas ) y en muchos casos son aún experimentales (el fuel, biocombustibles de residuos leñosos, captura de carbono, etc..). Por tanto no pueden ser la solución única.

Para terminar, recordar algunos datos de Repsol. Es, según datos del Observatorio de Sostenibilidad, responsable del 62% de las emisiones de todas las empresas de IBEX35. Ocupa el puesto 50 de 122 entre los mayores contaminadores mundiales desde la revolución industrial, según datos del centro británico InfluenceMap. Sus datos de extracción de petróleo y gas en 2023 superan en un 9% a los del año anterior, alcanzando los 599.000 barriles al día (el 60% del consumo de España). Gracias a estas extracciones de petróleo y gas, Repsol obtuvo 5.011 millones de euros de resultado y 2.460 millones de euros de dividendos para sus accionistas.

El 23 de abril el Parlamento Europeo ha realizado el voto definitivo de la reforma de las reglas fiscales que marcarán la gestión de las cuentas públicas de la UE en los próximos años. Aunque las reglas fiscales propuestas suavicen el ritmo de los recortes de gasto en comparación con las reglas anteriores, para la mayoría de los Estados miembros supondrá restricciones que impedirán hacer frente a inversiones clave en bienestar y futuro.

Ante el resultado de la reforma, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Observatori del Deute en la Globalització denuncian el impacto negativo que tendrá este acuerdo en los recursos disponibles que las Administraciones podrán destinar al bienestar de la población y las futuras generaciones. Asimismo, las organizaciones critican que la UE ponga al mismo nivel de prioridad los gastos en defensa y militares que  las inversiones en sanidad, educación, vivienda o la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica.

La reforma se aprueba tras cuatro años de vigencia de la cláusula de escape que permitió la desactivación de las reglas fiscales durante la pandemia de covid-19. Esto ha permitido afrontar la crisis económica por la vía de las inversiones públicas, al contrario que los recortes que se infringieron en la década pasada con la crisis griega y del euro. Frente a la reforma planteada, las organizaciones sociales habían pedido por carta al presidente del Gobierno en marzo de 2023 que las nuevas reglas generaran un espacio fiscal suficiente para hacer frente a los principales desafíos de presente y futuro, en línea con los compromisos internacionales de clima y medio ambiente y con la Carta Social Europea.

En palabras de Nicola Scherer, investigadora del Observatori del Deute en la Globalització,  “la UE ha perdido una oportunidad de generar un marco de gobernanza del dinero público a favor de una agenda feminista y una transición ecosocial justa. En cambio, han elegido unas normas fiscales que nos llevarán de nuevo a la austeridad”.

Nuria Blázquez Sánchez, responsable de internacional de Ecologistas en Acción, ha recordado que “la UE ha decidido que el gasto militar tenga una mayor relevancia mientras que dificultará el gasto público en sectores esenciales para la vida como son la salud, la educación, los cuidados, el transporte público, el derecho al acceso a la vivienda, alimentos, agua y energía”.

Carlos García Paret, de Greenpeace, apunta que “la austeridad 2.0 es una pésima noticia. Es urgente avanzar en democracia fiscal en toda la UE, con impuestos justos y verdes con foco en los más ricos y las empresas contaminantes. Además, no se pueden seguir derrochando miles de millones de euros de dinero público cada año en subsidiar una economía fósil y destructiva de la naturaleza y que beneficia mayoritariamente a unos pocos a costa de la mayoría. Es el momento de garantizar que cada euro público se invierta en el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.

La reforma se aprueba en un momento en el que la UE-27 tiene un déficit de financiación de inversiones en transición ecológica que se calcula en unos 400 mil millones de euros al año, aproximadamente el doble que la inversión actual. Las nuevas restricciones de este marco de gobernanza económica harán más difícil obtener los fondos necesarios y solo 3 de los 27 países serán capaces de hacer frente a sus necesidades de inversión social y verde.

A partir de ahora, los Estados miembros deberán presentar planes nacionales antes de septiembre de 2024 que indiquen la trayectoria de la deuda y el déficit a medio plazo y las prioridades de inversión y reforma. La redacción de estos planes exige la participación de la sociedad civil. Las organizaciones que suscriben esta nota demandan al Gobierno de España una participación efectiva de la sociedad civil “para poder velar por la puesta en marcha de medidas a nivel estatal que eviten los recortes y la austeridad o el gasto superfluo y no prioritario y se apueste por la resiliencia ambiental y el bienestar social que favorezca al conjunto de la ciudadanía”.

Más información: DOSIER DE PRENSA

Los viajes en góndola son una parte tradicional de Venecia para aquellos afortunados turistas que pueden pagar su elevado precio, pero me salí un poco del guión en una visita reciente y elegí un barco diferente, aunque igualmente icónico. We Are Here Venice, organización sin ánimo de lucro que promueve la conservación de esta ciudad, que está profundamente afectada por el cambio climático por y un sinnúmero de actividades humanas, me invitó a bordo del barco de Greenpeace Rainbow Warrior, cuyo propósito era todo menos turístico.

He participado en dos giras por el Ártico con Greenpeace: una en el barco Esperanza (¡ahora desaparecido, no es mi culpa!) y otra en el Arctic Sunrise. Anteriormente había navegado con dos miembros de la tripulación que ahora están en el Rainbow Warrior, que allí siguen luchando por la justicia climática en todo el mundo.

Hace un par de semanas, mientras no sólo Gran Bretaña batía su propio récord de temperatura de todos los tiempos, sino también Cuba, Singapur y Panamá, todavía había gente gritando que todo era perfectamente normal y que era un día de verano común y corriente. ¿En qué mundo de fantasía vive esa gente? Mi viaje a Venecia me ayudó a responder esta pregunta.

No lo sabía cuando llegué, pero los activistas de Greenpeace estaban a punto de organizar una protesta que consistía en moverse por los canales de Venecia en botes tradicionales, mientras llevaban los logotipos de las principales empresas europeas de petróleo y gas que utilizan técnicas de marketing de lavado verde. Dichas empresas intentan convencernos de que son respetuosos con el medio ambiente cuando es todo lo contrario: quieren mantenernos enganchados a los combustibles fósiles. Lo digo claramente: El lavado verde, la publicidad engañosa, está matando al planeta. Los activistas lo anunciaron irónicamente como el Último Tour de Venecia, ya que la ciudad corre el riesgo de sumergirse debido a los impactos climáticos en la región mediterránea, como los que hemos presenciado recientemente con olas de calor sin precedentes e incendios forestales asolando la región.

El pasado mes de octubre, Greenpeace y otras 30 organizaciones lanzaron una iniciativa ciudadana europea pidiendo una nueva ley que prohíba la publicidad y el patrocinio de combustibles fósiles en la Unión Europea, similar a lo que sucedió con el tabaco a principios de este siglo. Si la petición recoge un millón de firmas en un año, la Comisión Europea está obligada a estudiar el tema y responder.

¿Por qué es tan importante esta ley?

Ahora que una gran mayoría de la población está a favor de impulsar la acción climática y que la comunidad científica señala sin reservas a la industria de los combustibles fósiles como grandes responsables de la crisis climática, las empresas de petróleo y gas, que durante décadas han ralentizado deliberadamente la acción climática, se encuentran en su punto más vulnerable. La industria se aferra a la publicidad y al patrocinio como una de sus últimas formas de mantenerse a flote.

“Demorar y engañar” es el nuevo negacionismo de la emergencia climática. Las compañías de combustibles fósiles están invirtiendo millones en lavado verde mientras hacen promesas de cero neto sin sentido, y presentan «soluciones» falsas para disimular sus décadas de destrucción. Se están pintando falsamente como aliados y extendiendo el plazo de su obsoleto negocio.

Los científicos han tenido suficiente. Por primera vez, este año, un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) expuso la estrategia de desinformación al decir: “Quién domina el debate en los medios varía significativamente entre países según el poder material y tecnológico de los participantes. Las industrias de combustibles fósiles tienen un acceso privilegiado a los principales medios de comunicación a través de anuncios, dando forma a las narrativas de los informes de los medios y ejerciendo influencia política en países como Australia y los Estados Unidos”.

Más de 450 científicos también firmaron una carta pidiendo a las agencias de publicidad y relaciones públicas que dejen de trabajar con empresas de combustibles fósiles y dejen de difundir desinformación climática. Esta es la primera vez que tantos científicos han llamado la atención sobre el papel de las relaciones públicas y la publicidad en el impulso de la crisis climática.

Las empresas de petróleo y gas compran prestigio al patrocinar museos, influyendo en la esfera del conocimiento invirtiendo dinero en universidades, y ganando popularidad con sus logotipos asociados al deporte. Invierten mucho en comprar una aceptación social para continuar con los negocios como de costumbre, infiltrándose en nuestra vida cotidiana y disfrazando el daño. Necesitamos sacarlos urgentemente de nuestros cerebros, corazones y comunidades.

En el último año, gracias al incesante trabajo de base, la Universidad de Harvard dijo que eliminaría gradualmente sus tenencias de combustibles fósiles. En el Reino Unido, la Galería Nacional de Retratos y el Ballet Escocés confirmaron que no harían más acuerdos de patrocinio con BP. Tennis Australia ha eliminado a la empresa de gas Santos como socio.

A principios de este siglo, la UE prohibió la publicidad y el patrocinio del tabaco después de que se reconociera que aumentaba el consumo y ocultaba las advertencias sanitarias. Ahora, con la abrumadora evidencia científica sobre el cambio climático y su vínculo indiscutible con las compañías de combustibles fósiles, es hora de prohibir la propaganda de los combustibles fósiles por ser mortal y criminal, y conducirnos inexorablemente hacia la catástrofe climática. El activismo funciona. Juntos podemos decirle a las personas en el poder cómo queremos vivir y qué debe cambiar. #BanFossilAds

¡Firma la petición para impulsar una #FossilFreeRevolution!