Un informe de CC OO reveló que tan solo se habían solicitado 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley que incluye las bajas por reglas dolorosas. Álvaro Minguito.

Tres años después de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, apenas hay trabajadoras que soliciten el permiso por reglas incapacitantes. El miedo al despido y a la discriminación, el estigma que sigue envolviendo a las patologías menstruales o el retraso en los diagnósticos explican en buena parte este escenario regresivo.

Lidia tenía 17 años cuando pudo por primera vez poner nombre al cúmulo de dolores intensos e incapacitantes que sentía cada mes a la llegada de la menstruación. Los calambres interminables, cefaleas, contracciones en el abdomen, dolor en la zona lumbar o los desmayos eran consecuencia de una patología crónica que actualmente sufre entre el 10 y el 15 % de la población femenina en edad fértil: la endometriosis.

Días antes de acudir a su centro médico para hacerse las pruebas ginecológicas había tenido que quedarse en cama mientras sus compañeros de instituto salían de excursión. Aquel día se dio cuenta de que “algo no iba bien” en su cuerpo, que lo que a ella le ocurría no tenía nada que ver con las leves molestias que sus amigas narraban los días en que menstruaban. “Noté un dolor tan fuerte que incluso los ibuprofenos no me hacían efecto y de repente me puse a vomitar por la calle porque no aguantaba, ahí ya dije, hay que hacer algo”, recuerda en conversación con El Salto.

El diagnóstico que le dieron a esta mallorquina que hoy tiene 28 años en la Clínica Juaneda, de Palma, fue determinante porque le permitió descifrar qué era aquello que le impedía llevar una vida normal mes a mes, pero el ritmo acelerado de un sistema que rara vez permite detenerse ha condicionado cada paso de su vida desde entonces.

Hoy hace un año que trabaja en una empresa de turismo y, pese a que su enfermedad la incapacita parcialmente de forma regular, nunca se ha atrevido a solicitar la baja laboral por dolor menstrual, un derecho que figura en la legislación española desde hace tres años. Se refiere a la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una reforma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de entonces Irene Montero (Unidas Podemos).

Este avance legislativo histórico permitía por primera vez reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes “aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena”. El requisito principal para obtener el permiso no era otro que contar con un diagnóstico médico que asocie la regla dolorosa a alguna enfermedad menstrual. Por primera vez la dismenorrea —menstruaciones dolorosas— en cualquiera de sus manifestaciones era considerada legalmente causa de baja laboral por incapacidad temporal (IT).

Para garantizar que la norma sería aplicada con efectividad y sin discriminación alguna, la ley no exigía períodos mínimos de cotización previa para ser beneficiaria. Se cubría con una prestación económica abonada por la Seguridad Social desde el primer día. Asimismo, cada proceso de baja se consideraría “nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de su incapacidad temporal, y de su prórroga”.

“Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres”, cuenta Lidia

A pesar de ser conocedora de que podía disfrutar de este tipo de permiso, Lidia recuerda que, cuando entró a trabajar en la empresa, prefirió aguantar: “Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres y están muy poco concienciados con estas cuestiones”.

Su caso no es anecdótico sino que representa una tendencia al alza entre las mujeres, las cuales sienten una gran reticencia a emplear estos permisos que les corresponden por derecho. Es lo que recoge un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que pone de relieve que muchas mujeres rehúsan, por distintos motivos, acogerse a la baja cuando su cuerpo les implora parar una y otra vez. En total se pidieron tan solo 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley, unas cifras “insignificantes” a ojos de este sindicato en comparación con los 8,8 millones de procesos de bajas por contingencia común que tuvieron lugar en todo el 2023.

Detrás de estos números tan modestos se esconden una multiplicidad de factores, desde el retraso en los diagnósticos —que puede demorarse entre seis y ocho años de media— hasta el profundo estigma que sigue rodeando a la menstruación en un sistema estructuralmente androcéntrico. Además, las reglas dolorosas no tienen siempre asociada una patología orgánica subyacente previamente diagnosticada, como ocurre con la adenomiosis o presencia de tejido endometriósico en el espesor del útero, difícil de identificar a través de pruebas.

Escasa sensibilización social

A todos los efectos, la ley daba respuesta a un reguero de demandas sociales que venía haciendo hace tiempo el movimiento feminista ya que, según el Ministerio de Igualdad, seis millones de trabajadoras están en edad de menstruar. De entre todas ellas, una investigación perteneciente la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social revela que entre el 50 y el 90 % padece reglas dolorosas. Estas se deben no solo a patologías como la endometriosis —quizás la más conocida de entre este tipo de enfermedades— sino a otras como la adenomiosis (tejido endometrial en el espesor del útero), pólipos u ovarios poliquísticos o a distintas afecciones del sistema reproductivo.

La citada investigación pone de manifiesto, en este sentido, que todavía pervive entre las mujeres una concepción vergonzosa en relación a estados biológicos como la menstruación o la menopausia. Condiciones que a menudo “producen trastornos en la salud y que impiden trabajar con regularidad” mermando la calidad de vida de forma sustancial. Las mujeres se resisten a coger las bajas en muchos casos por temor a sufrir discriminación en el entorno laboral ya que presienten que la baja será interpretada como un indicio de “falta de ambición” en el desempeño profesional.

Sobreconsumo de analgésicos y normalización del dolor menstrual

Esta tabuización de las patologías de esta naturaleza en ciertos entornos ha traído consigo que, con el paso de los años, muchas mujeres opten por abusar de analgésicos para luchar contra el dolor y así poder trabajar con normalidad sin bajar el ritmo productivo. “Me chutaba Enantyum en exceso sin esperar el tiempo prescrito hasta la segunda dosis y todo por resistir trabajando, porque me daba mucho miedo lo que pudieran pensar los demás, que creyeran que estoy exagerando el dolor, incluso fingiendo”, relata Lidia.

Para la abogada laboralista Teresa Ramos, al estigma se suma que la regla “es considerada como algo que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”

Además, en los centros de salud acostumbran a prescribir a las pacientes con dismenorrea fármacos como la píldora anticonceptiva o distintos tipos de calmantes. Todo ello, indican las expertas, en detrimento de tratamientos más sostenidos como dietas antiinflamatorias, fisioterapia, meditación o determinados ejercicios pélvicos. Lo importante es seguir produciendo sin que nada altere la rutina.

Para Teresa Ramos, abogada laboralista y letrada de la cooperativa jurídica feminista Justicia Transformadora, aunque la medida ha incorporado nuevas prestaciones a la Seguridad Social perspectiva de género, “pronto se vio que iba a tener un alcance limitado”. “Al final, aparte del estigma, generalmente la regla es considerada como algo de mujeres que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”, refiere la letrada.

Muchas pacientes tienden a subestimar e incluso normalizar su dolor y, en última instancia, lo ocultan para evitar posibles despidos: “El acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de incapacidad temporal puede implicar que si coges muchas bajas no le siente bien a la empresa, a tu jefe, y es probable en muchos de los casos que prescindan de ti, no por esa razón sino aprovechando otras causas”, infiere. Esta casuística se agudiza en el caso de los trabajos más precarizados y menos sindicalizados, también en aquellos con menos complementos o ayudas a la incapacidad, que ocupan principalmente las mujeres. Ahí, explica, los convenios colectivos tienen más grietas, algunos no tienen completado el 100% de la base reguladora, es decir, se cobra menos cuando se está en incapacidad temporal.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Isabel Márquez, de CC OO

En estos términos se expresa igualmente Isabel Márquez, responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad de FSS-CCOO, quien apunta que “a veces tu nómina es el único dinero que entra en casa, por lo que por ese miedo al despido al final tomamos más antiinflamatorios en aras de mantener la productividad”. Todo ello explica las escasísimas cifras de estas bajas, algo que rompe de lleno con el mito de la ultraderecha sobre el absentismo laboral “preocupante” en España.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Márquez. Todo ello sumado a entornos laborales, muchas veces hipermasculinizados, donde no existe una cultura empresarial sensibilizada con este tipo de patologías.

Esta falta de conocimiento sobre la enfermedad salpica tanto a los directivos de las empresas como a los propios sindicatos. Así lo sostiene Andrés Fariña, abogado laboralista en CGT y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA): “El sindicalismo sigue estando muy masculinizado y con una visión del trabajador del mono azul de la fábrica muy insertada todavía. En sindicatos como CGT nunca ha llegado una consulta con problemas sobre esa situación y este tipo de bajas generalmente no se piden, al contrario de las solicitadas por casos de fibromialgias o covid”, estima.

De hecho, una demanda bastante extendida entre las trabajadoras con reglas complicadas es que los espacios de trabajo dispongan de productos de higiene menstrual (compresas o tampones) en caso de reglas sobrevenidas en horario laboral. Pero también para las que padecen reglas hiperabundantes, cuya condición no está contemplada en ninguna legislación laboral. Iniciativas sociales como Menstrual Point llevan tiempo pugnando para que las empresas incorporen puntos con este tipo de materiales sanitarios en las oficinas de trabajo.

Investigación sobre salud menstrual: una asignatura pendiente

Para Lucía Arnaiz, esta lucha contra el dolor menstrual ha sido durante buena parte de su vida adulta el pan de cada día. En 2016 fue diagnosticada con endometriosis durante un chequeo médico rutinario cuando trabajaba en Madrid, a sus 20 años. Llevaba sufriendo de dismenorrea desde los 14. Las veces anteriores en que había acudido a urgencias con dolores insoportables y reglas de hasta diez días de sangrado, los médicos siempre habían banalizado su estado: “Me decían, estás muy delgada, necesitas un buen puchero, a todas las mujeres les duele la regla, no aguantas el dolor o me decían que era una forma de llamar la atención”, dice esta mujer que hoy tiene 30 años.

Nunca la habían derivado a consulta ginecológica pese a que llegaba a desmayarse por la intensidad del dolor, padeciendo además “hemorragias brutales”. Actualmente, tras varias intervenciones quirúrgicas y un par de terapias hormonales que no han logrado frenar su sufrimiento, esta trabajadora del sector musical cuenta con apoyo en su empresa para descansar los días de regla y por suerte puede teletrabajar, pero también es muy consciente de que esto no es lo habitual en otros centros de trabajo. Incluso tiene amigas a las que despidieron por ausentarse de la oficina antes de que entrara en vigor la reforma de la ley.

Lucía Arnaiz, fundadora de Endomequé: “Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”

“Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”. Por eso fundó Endomequé, una asociación que persigue dar visibilidad a esta enfermedad que aqueja a más de 2 millones en España según la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (Adaec), así como recaudar fondos para su investigación. “Hay que recordar que todas estas enfermedades que afectan sólo o de manera muy mayoritaria a las mujeres han tenido mucho menor interés para unas ciencias de la salud ejercidas durante siglos por hombres, el mismo estudio del ciclo menstrual sigue siendo insuficiente”, concluyen desde Comisiones Obreras sobre el origen de esta brecha de género estructural.

Fuente: El Salto. Alejandra Mateo Fano.

Unión Renovables publica este estudio jurídico que da respuesta a una pregunta cada vez más frecuente entre entidades locales: ¿cómo puede un ayuntamiento participar en una comunidad energética cooperativa, ceder una cubierta municipal o adjudicarla directamente para proyectos de autoconsumo compartido? El informe analiza las distintas opciones disponibles y las acompaña de modelos de contratos listos para adaptar.

Las cooperativas energéticas, organizadas bajo fórmulas de economía social, ofrecen una vía idónea para canalizar la participación de la ciudadanía y de las entidades locales. Su creciente relevancia, impulsada por el marco normativo europeo (Directivas 2018/2001 y 2019/944, refundidas por la Directiva (UE) 2023/2413), ha acelerado su incorporación al ordenamiento estatal. En este contexto, los ayuntamientos desempeñan un papel clave como actores de la transición energética y la cohesión social, siendo cada vez más habitual su participación directa como socios de cooperativas energéticas locales.

El informe —elaborado por Maria Jose Vañó (IUDESCOOP – Universitat de València)— ofrece un análisis jurídico práctico estructurado en tres bloques: el marco normativo del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas; las competencias municipales y los instrumentos de cesión de bienes públicos; y los modelos de convenios, acuerdos y contratos aplicables.

Consulta el informe completo: Colaboración entre Ayuntamientos y Cooperativas Energéticas para el desarrollo de proyectos de autoconsumo

Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

Fuente: Unión Renovables

La esperada Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025) ya está en vigor. Pero más que una meta, es un punto de partida. Ahora viene el desarrollo de órganos, planes y recomendaciones. Y comienza a correr el reloj de obligaciones como los Planes de movilidad sostenible para municipios a partir de 20.000 habitantes, o para empresas con más de 200 trabajadores.

A nivel global, marcarán la agenda las pugnas en torno a cómo regular el impacto de la movilidad en el cambio climático y la calidad del aire, o de tecnologías como el coche eléctrico y autónomo, así como la redefinición geopolítica de las fuentes de energía y las cadenas de suministro. Sin olvidar los ciclos electorales y pre-electorales, que condicionarán los relatos y acciones respecto a la movilidad sostenible.

¿Qué supone la nueva Ley de Movilidad Sostenible?

La pasada semana La Escuela de Movilidad Sostenible organizó un webinar en el que analizaron, junto a entidades sociales y sindicales(Coordinadora Andando, ConBici, PTP, Ecologistas en acción, Clean Cities, CCOO y UGT), los retos y oportunidades que tenemos por delante tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

Puedes ver el webinar completo en su canal de YouTube.

Desde la Escuela de Movilidad Sostenible ven 2026 como un año lleno de oportunidades, pero también muy exigente. Tendremos que ser capaces de dar excelencia técnica, trabajar en red, acertar en los relatos y batallas culturales, así como contribuir a generar dinámicas de empoderamiento de la ciudadanía.

Y te invitan a consultar sus formaciones para aprender, influir y actuar ante estos cambios, y a unirte a una red de alumnos, docentes y entidades colaboradoras que trabajan por una Movilidad Sostenible:

• Posgrado [2026] Planificar, gestionar y evaluar la movilidad sostenible
• Posgrado [2026] Ciudades caminables, movilidad activa y sistemas de transporte

El Congreso aprobó definitivamente el 13 de noviembre la Ley de Movilidad Sostenible española.

Una parte importante de su contenido más avanzado se ha conseguido gracias a la incidencia de las entidades sociales y sindicales; y su papel será clave también en cómo se desarrolle y aplique una vez que se publique en el BOE y entre en vigor.

Por ello, os proponemos un webinar para reflexionar conjuntamente respecto a 2 preguntas:

• ¿Qué oportunidades plantea la nueva Ley?
• ¿Cuáles son los próximos pasos que han de darse y qué podemos hacer para que sean en la buena dirección?

Con: Andando (Coordinadora de Asociaciones Peatonales), ConBici (Coordinadora en defensa de la bici), PTP (Asociación para la Promoción del Transporte Público), Clean Cities, Ecologistas en Acción, CCOO y UGT.

Inscripciones

Los valores de la banca ética que llevan años siendo ignorados por los poderes políticos acaban de entrar de pleno en el Congreso de los diputados. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado una Proyecto de Real Decreto para el fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas. Con este impulso, Yolanda Díaz pretende que este tipo de servicios financieros fomenten el interés general y la justicia social por encima del simple lucro económico. Pero, también, señalará a la banca que no cumple con los criterios éticos que marca el texto.

El Proyecto, al que ha tenido acceso El Salto, apunta a que su aprobación declarará el impulso de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas como tarea de interés general, “reconociendo su papel esencial como interlocutores cualificados ante los poderes públicos y su contribución estratégica a la construcción de un modelo económico más inclusivo, democrático y sostenible”.

Las finanzas de la economía social “desempeñan un papel insustituible al ofrecer instrumentos financieros orientados al bien común, al desarrollo local, a la inclusión y a la justicia climática, garantizando que los valores de solidaridad, participación democrática y compromiso con el entorno no sean un mero añadido, sino el núcleo mismo de su actividad”, dice el texto, muy en la línea con lo que llevan promoviendo años organizaciones como Finançament Ètic i Solidari (FETS) o la Mesa de Finanzas Éticas de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS).

“Es un paso decidido y esperanzador en la consolidación de las finanzas éticas como una respuesta social a los excesos del capitalismo financiero”, Alfonso B. Bolado, presidente de REAS RdR

Precisamente, desde una de esas organizaciones, comentan a El Salto que ven “el proyecto como un paso decidido y esperanzador en la consolidación de las finanzas éticas como una respuesta social a los excesos del capitalismo financiero”, explica Alfonso B. Bolado, presidente de REAS RdR e integrante de la Mesa de Finanzas Éticas. “Es una oportunidad para hacer visible y una realidad con la capacidad de proponer cambios radicales de la finanza ética y acercar una manera diferente de hacer economía a espacios más amplios de la sociedad”, añade.

¿Qué es y qué no banca ética?

El principal cometido del Real Decreto es delimitar qué se puede considerar una entidad que promueve un tipo de finanzas con valores éticos y que encajen en la economía social. El texto señala que se consideran entidades de finanzas éticas “aquellas que, con independencia de su forma jurídica, integran criterios éticos y de sostenibilidad en su operativa diaria, de forma que, mediante su actividad, pretenden generar un impacto social y ambiental positivo”. Definición al que le continúa un listado específico: cooperativas de crédito, cooperativas de servicios financieros, cooperativas que cuenten con secciones de crédito, fundaciones que desarrollen exclusivamente actividades financieras desde la economía social, asociaciones que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera.

Pero lo más interesante del texto sobre la delimitación de lo que se debe considerar una banca ética es qué y a quién deja fuera de la definición. El RD señala explícitamente los sectores de los cuales los bancos deberán estar totalmente alejados si pretenden ser consideradas entidades financieras éticas. Unos límites que dejan fuera a la gran mayoría de la banca española, incluída los seis grandes del Ibex 35. “Somos conscientes de las implicaciones que comporta definir los límites del conjunto de prácticas que hoy conocemos como finanzas éticas y de la reacción de la banca convencional, que percibe cualquier cuestionamiento como un riesgo para sus intereses corporativos”, añade Bolado sobre los límites que se detallan a continuación.

Tampoco se considerará ética ninguna entidad financiera que tenga lazos económicos con la industria de las apuestas

El primer punto que señala el documento es una petición desde hace años de las principales organizaciones pacifistas y antimilitaristas, así como de las organizaciones que promueven la economía social y las finanzas éticas: para ser considerado una entidad financiera ética no se podrá tener relación de financiación con la industria armamentística, algo que ya de por sí incumple la gran mayoría de bancos, sobre todo los dos del podio, Banco Santander y BBVA, que incluso tienen lazos armamentísticos con las empresas que venden armas a Israel y acaban bombardeando Gaza.

Coincidiendo también con los tradicionales valores de la banca ética (y con las líneas rojas de publicidad de El Salto), tampoco se considerará ética ninguna entidad financiera que tenga lazos económicos con la industria de las apuestas. El sector del juego es uno de los principales causas de adicción entre jóvenes y una verdadera plaga en los barrios obreros. Prestar dinero a ese sector te deja fuera de la definición de finanzas éticas.

La contaminación tampoco es ética. El otro sector al que apunta la propuesta de Yolanda Díaz es el sector de los combustibles fósiles, otra de las industrias que tampoco tenía cabida en las finanzas éticas que llevan casi tres décadas funcionando en España. Esta limitación también deja fuera a la gran mayoría de los bancos que operan en el país. El petróleo y el gas siguen siendo mercados muy rentables y el oligopolio energético y el financiero en España están muy ligados mediante líneas de financiación o directamente con participaciones significativas en sus accionariados.

La cuarta limitación que cita es “la falta de acceso a la vivienda”, aunque no especifica exactamente a qué se refiere. Cierto es que, entre los tipos de inversiones que la propuesta sí que considera ética la “financiación de la rehabilitación y construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible o en régimen cooperativo, especialmente de cesión de uso, entendiendo por asequible aquel que cumpla los criterios de alquiler social de VPO”, por lo que se podrá considerar no ética las que queden fuera de ese rango, aunque será necesario una confirmación una vez se apruebe y publique en el BOE.

Banca ética en España, una década de crecimiento

Como cada año, el Observatorio de Finançament Ètic i Solidari (FETS), analiza los datos de hasta 32 bancos, cooperativas de crédito o aseguradoras para elaborar el Barómetro de las Finanzas Éticas. En este nuevo informe, el de 2025, publicado el 22 de octubre, se muestra la buena salud del sector que, aunque minoritario en comparación con la banca tradicional, no ha dejado de crecer en la última década.

En 2024, este sector concedió préstamos a 1.921 proyectos superando los 1.900 millones de euros, multiplicando por 2,5 los datos de hace una década

El dinero depositado por los clientes en este tipo de empresas fue de 2.411 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Aunque si abrimos el foco a la última década, el ahorro depositado en las finanzas éticas por sus clientes ha aumentado un 60%.  En 2024, este sector concedió préstamos a 1.921 proyectos superando los 1.900 millones de euros, multiplicando por 2,5 los datos de hace una década. Por sectores, los proyectos de vivienda sigue acaparando un 25,8% del total, seguido por el sector social con un 24,9%. La cultura pasa a ocupar su tercera posición, con un 17,5%. El medio ambiente y la transición energética representan un 16,2%, lo que supone más de 300 millones de euros para estos proyectos. Finaliza la lista la educación con un 7,4% y la agricultura y alimentación con un 5,5% de los proyectos financiados.

El informe también le dedica una sección al sector asegurador con valores, aquellos que siguen principios éticos tanto en el funcionamiento como en las inversiones, certificados por el sello europeo EthSI. Este tipo de corredurías, mutualidades y compañías registradas gestionaron más de 4,07 millones de pólizas, con un importe de primas que alcanza los 1.394 millones de euros, lo que representa el 1,86% del volumen total del sector asegurador español.

“Aunque el sector no es ajeno al convulso escenario socioeconómico a nivel global, al operar con otras lógicas e insertarse en un modelo, el de la economía solidaria, movido por otros principios, está menos expuesto a los vaivenes del sistema financiero convencional”, explicó Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio de las Finanzas Éticas, durante la presentación de los datos. Otros principios que, con el nuevo Real Decreto podrán estar delimitados y promovidos por parte de las instituciones públicas desde el momento que se publique en el BOE.

Un artículo de Yago Álvarez para El Salto

El Gobierno prevé aprobar un real decreto para fomentar la banca ética y las entidades financieras de la economía social, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz. La norma recoge varios criterios que definen qué es la banca ética para poder acceder a esta promoción pública, entre ellos límites en los sueldos máximos y no invertir en la industria armamentística. La norma pretende también señalar a la gran banca, por no cumplir estos principios y financiar la llamada ‘industria de la guerra’, sostienen en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El real decreto de “fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas” acaba de pasar el procedimiento de Audiencia Pública, y sigue el trámite de urgencia, explican en el Ministerio. Por lo tanto, aún puede sufrir cambios en su contenido. De momento, no tiene fecha de aprobación en el Consejo de Ministros, añaden.

Desde la Secretaría de Estado de Economía Social, que dirige la catedrática Amparo Merino, explican que tras un largo debate con el Ministerio de Economía han pactado con el equipo de Carlos Cuerpo qué entidades entran dentro de la aplicación de la norma y qué criterios deben cumplir para acceder a la etiqueta de “finanzas éticas” y a las medidas de promoción pública.

Estas entidades deben ser parte de la llamada “economía social”, precisan en el Ministerio, como cooperativas de crédito o bancarias, por lo que alcanzaría a varias de las entidades más conocidas del sector como Fiare o Coop57 (ambas cooperativas), pero no a Triodos Bank, que es una sociedad anónima. También afectará a muchas cajas rurales, indican en Trabajo, que están constituidas como cooperativas.

Es importante señalar que el decreto no obligará a todas estas entidades a cumplir los requisitos fijados para ser “éticas”, sino solo en el caso de que quieran optar a las medidas de promoción pública previstas. Aunque no lo recoge este decreto, Economía Social quiere desarrollar un nuevo sello público de finanzas éticas, que sí exigiría cumplir con todos estos criterios.

Requisitos para ser “banca ética”

El decreto desarrolla diez requisitos que definen a las “entidades de finanzas éticas”, que son acumulativos. Es decir, las entidades deben cumplir todos ellos. Estos criterios son:

1) Que el sueldo máximo no puede ser superior a 7 veces el mínimo en la entidad.

2) La “expresa exclusión de la financiación de entidades cuya actividad sea incompatible con los principios éticos, sociales y medioambientales, como la industria armamentística, la falta de acceso a vivienda asequible, la industria del juego y los combustibles fósiles”. Para ello, se “deberán implementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de estas restricciones”.

3) Presentar públicamente, al menos una vez al año, información sobre cómo los créditos concedidos y otras actividades financieras realizadas atienden los fines que definen la banca ética.

4) Reinvertir el 75% de sus beneficios, excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para favorecer la financiación de proyectos de alto impacto social para los que puedan necesitarse garantías especiales.

5) Destinar al menos el 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro o entidades de la economía social en un periodo sostenido de, al menos, tres años.

6) “Priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico”, que “implica la financiación ordinaria de proyectos guiados por los principios de la OIT del trabajo decente, la justicia social y la defensa del medio ambiente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos internacionalmente”.

7) Evaluar las solicitudes de financiación de personas físicas y/o jurídicas, con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social.

8) Adoptar un modelo de gobernanza y organizativo inspirado en un enfoque democrático, transparente y participativo.

9) Desarrollar actuaciones para la promoción de la igualdad de género, la diversidad funcional, étnica o racial, sexoafectiva, social y cultural, y el emprendimiento femenino, así como fomentar la participación e inclusión financiera de las mujeres y de las personas o colectivos en situación de vulnerabilidad.

10) Priorizar en sus actuaciones el compromiso con el desarrollo y la cohesión territorial, así como con la economía local.

Para acceder a las medidas de fomento y promoción públicas, además, las entidades financieras de la economía social y las operaciones de financiación éticas, así como “las entidades controladas por todas ellas”, deberá tener proyectos que cumplan con algunos requisitos más.

Por ejemplo, en el Ministerio destacan la “financiación de la rehabilitación y construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible o en régimen cooperativo”, para tratar de fomentar soluciones al problema del coste de la vivienda.

La promoción pública incluirá, tanto subvenciones específicas nuevas para estas entidades, como “llevar a cabo actuaciones de visibilización y sensibilización”, entre otras.

Señalamiento a la gran banca

En el departamento de Yolanda Díaz insisten en que esta normativa pretende también señalar a la gran banca de manera pasiva ante sus clientes, por no seguir estos criterios éticos, indican en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Entre ellos, el equipo de Yolanda Díaz pone el foco en la transparencia de las inversiones de las entidades financieras, cuyos clientes desconocen qué se hace con su dinero, si se invierte en la industria de la guerra o en empresas que utilizan trabajo infantil en países empobrecidos, o que fomentan industrias contaminantes. También, por las altísimas remuneraciones de sus máximos directivos.

Desde Trabajo sitúan esta norma como un primer paso de fomento de una banca alternativa y con principios éticos, que dé más visibilidad a distintas fórmulas de financiación y crédito frente a las tradicionales.

Una noticia de Laura Olías para elDiario.es

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) advierte que el actual proyecto de real decreto sobre los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos carece de la ambición y la precisión necesarias para impulsar una verdadera economía circular en el sector.

Esta norma, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, regula la prevención y gestión de los residuos textiles y de calzado, así como la responsabilidad ampliada del productor. AERESS advierte, sin embargo, que los objetivos fijados resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para afrontar el grave problema de la sobreproducción impulsada por la moda rápida. Por ello, la red ha presentado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La red propone elevar los objetivos de reutilización de textiles, de modo que en 2030 al menos el 40% de los textiles recogidos selectivamente se destinen a preparación para la reutilización, frente al 20% propuesto, y que en 2035 se alcance al menos el 50%. Asimismo, subraya que el borrador pospone la fijación de objetivos de reciclaje durante cinco años, a pesar de que la Ley 7/2022 ya establece mínimos. En este sentido, recomienda fijar desde ahora un objetivo de reciclaje del 20% en 2030 y del 25% en 2035.

Otro de los aspectos más preocupantes para AERESS es el calendario planteado. El proyecto fija 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción, lo que retrasa la acción urgente que requiere la crisis ambiental. La asociación defiende que dicho año de referencia se adelante a 2024. También critica que el borrador obligue a las entidades locales a hacerse cargo de la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que en la práctica no pueden reutilizarse ni reciclarse. Reclama que el coste íntegro de su gestión recaiga en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

AERESS advierte, además, de que la definición de “entidades de economía social” incluida en la norma es vaga y puede generar inseguridad jurídica e incluso abusos. Por ello, propone adoptar la definición de “entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General”. Del mismo modo, considera que la definición de “operadores de reutilización” debe aclararse y que, para garantizar la correcta gestión, cualquier entidad no autorizada como gestor de residuos deba firmar un convenio de colaboración con una entidad de economía social gestora de residuos.

Otro de los puntos débiles del borrador es que solo establece que las autoridades “podrán usar” incentivos económicos para aplicar la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos. Para AERESS, esta formulación convierte en opcional una herramienta fundamental y facilita la inacción. La asociación pide que se convierta en obligatorio el uso de instrumentos económicos como impuestos, subvenciones o bonificaciones, y propone medidas concretas como exenciones fiscales o reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.

Finalmente, AERESS recuerda que la Ley 7/2022 fijaba el 11 de abril de 2025 como fecha de inicio de la responsabilidad financiera de los productores. Reclama que se respete este calendario y se aplique con carácter retroactivo, ya que durante años las entidades sociales y locales han soportado los costes de gestión de los residuos textiles.

´Si queremos un sector textil sostenible, el real decreto debe fijar objetivos claros, ambiciosos y justos. No podemos seguir retrasando las soluciones mientras el planeta y las entidades sociales pagan el precio de la inacción’,

señala Cristina Salvador, Presidenta de AERESS.

El objetivo de este Real Decreto que ha anunciado el Ejecutivo es rescatar algunas medidas del real decreto-ley que cayó la pasada semana en su votación en el Congreso de los Diputados. Las dos medidas anunciadas son: 1) el fomento de la actividad industrial mediante la prevención de la especulación con los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para proyectos de demanda de energía; y 2) la trasposición de normativa europea con relación a la repotenciación de instalaciones y la fijación de plazos para la respuesta de las distribuidoras en la tramitación de nuevas demandas, especialmente relevante para los puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado la tramitación administrativa urgente de un Real Decreto con medidas para el refuerzo del sistema eléctrico que se someterá al correspondiente procedimiento de audiencia e información pública durante los próximos días. Serán algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2025, el denominado antiapagones, “que pueden promulgarse con menor rango normativo y que son necesarias para aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y responder a los riesgos y oportunidades de la transición ecológica”, informa el gabinete dirigido por Sara Aagesen.

En concreto, entre estas medidas que se rescatarán del real decreto-ley que cayó la pasada semana en su votación en el Congreso de los Diputados se encuentra el fomento de la actividad industrial mediante la prevención de la especulación con los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para proyectos de demanda de energía, estableciendo su caducidad a los cinco años de haberlos otorgado o ligándolos a una actividad concreta. Otras medidas recogidas en la propuesta normativa son la trasposición de normativa europea con relación a la repotenciación de instalaciones y la fijación de plazos para la respuesta de las distribuidoras en la tramitación de nuevas demandas, especialmente relevante para los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Según recoge Europa Press, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca que este real decreto por la vía de urgencia permitirá reducir los plazos establecidos a la mitad para su aprobación, que podría llegar después de las vacaciones.

Un tribunal puede parecer un lugar atípico para defender la economía social y solidaria, pero cada vez lo es menos. La llamada litigación estratégica se está abriendo camino en España y un número creciente de entidades sociales la están utilizando como una herramienta para defender modelos económicos que se basen en la justicia social y medioambiental y para asegurar el respeto a los derechos humanos. “La litigación estratégica la entendemos como el litigio de un caso que representa un colectivo emblemático con el objetivo de conseguir una resolución que sea acorde a los derechos humanos y a los principios de la economía social”, explica Silvia Beltrán, abogada de Red Jurídica, una cooperativa de abogadas y abogadas que trabaja en casos de este tipo.

El adjetivo estratégico es fundamental para entender este concepto, explica Sonia Olea, abogada del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española. “La parte de estrategia le da toda una simbología. No es un litigio estratégico cada vez que vamos ante los tribunales. Tiene que ser un litigio que se plantea con un impacto más amplio”, asegura. Así, estos casos no están planteados únicamente para solucionar un problema concreto de una persona o de una comunidad, “sino que va a tener repercusiones para muchas más personas”. Además, explica Olea, el alcance no se reduce al ámbito jurídico, “sino que también se aprovecha esa estrategia para sensibilizar y para informar”.

Estas estrategias son relativamente nuevas porque el marco jurídico hasta ahora dejaba poco margen a este tipo de litigios

Estas estrategias -que pueden tomar formas diversas y que se pueden abordar en tribunales de diferente tipo, desde los civiles o contenciosos administrativos de primera instancia, hasta instancias más altas como el Tribunal Supremo y el Constitucional, o incluso en organismos internacionales- son relativamente nuevas porque el marco jurídico hasta ahora dejaba poco margen a este tipo de litigios. Así, en el caso de la defensa de los derechos humanos en el sistema regional europeo, explica Sonia Olea, “los protocolos facultativos que nos permiten introducir las demandas han sido aprobados hace poco tiempo”, ya que España ratificó la Carta Social Europea revisada en 2021.

Además, en 2008, el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas inició sus Exámenes Periódicos Universales, una revisión entre pares de la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU, lo que ha abierto una nueva puerta de defensa jurídica. “Desde el punto de vista de la vulneración de los derechos, nos planteamos todas las herramientas posibles para intentar defender esa situación”, explica Olea. El pasado mes de abril, España pasó su cuarta revisión periódica a la que han presentado informes sobre la situación de los derechos humanos en España más de 50 organizaciones, según Olea.

Un ejemplo de este tipo de litigaciones relacionadas con los derechos humanos ha sido el de la Cañada Real, que ha supuesto una condena a España por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales por no asegurar el suministro “estable, constante y seguro a energía”. La condena ha llegado después de que varias organizaciones denunciaran al Estado español ante el Consejo de Europa, del que depende el Comité, por la vulneración de derechos humanos por los cortes del suministro de la luz que han afectado a unas 4.500 personas, 1.800 de ellas menores.

La Ley Concursal abre la puerta a que las personas trabajadoras puedan adquirir la unidad productiva de una empresa en crisis, permitiéndoles transformarla en cooperativas

En el caso de los modelos de economía social y solidaria, un cambio importante ha venido de la mano de la reforma de la Ley Concursal, de septiembre de 2022, que abre la puerta a que las personas trabajadoras puedan adquirir la unidad productiva de una empresa en crisis, permitiéndoles transformarla en cooperativas u otras empresas de la ESS. Ayudar a que estos procesos sean una realidad es el objetivo del proyecto ‘Rescata Tu Empleo’, impulsado por las cooperativas Red Jurídica, Nabata y Aquo desde principios de 2024. “Ahora estamos en una fase más de sensibilización y de dar a conocer (la ley) para intentar que en los procesos concursales, en la medida de lo posible, cuando una empresa va a acabar en liquidación o la va a absorber un fondo o un inversor, que sean los trabajadores y trabajadoras los que se puedan quedar con la unidad productiva, convirtiéndola en una empresa de la economía social”, explica Silvia Beltrán.

El objetivo del proyecto, además de acompañar a las personas trabajadoras en estos procesos judiciales, es ir consiguiendo precedentes jurídicos de recuperaciones de empresas por parte de las personas trabajadoras. “La idea es que esto se convierta en algo habitual, o sea, que en el momento en que una empresa cierre, (el juez o jueza) puedan contemplar como una vía de solución que los trabajadores y trabajadoras se puedan quedar con la empresa”, asegura la abogada. “En otros países como Italia o Alemania es bastante frecuente, pero aquí en España, no, principalmente porque ha habido mucha burocracia que lo ha imposibilitado”, continúa.

Ana Barreira, abogada especializada en derecho medioambiental y directora-fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, apunta además a las propias particularidades de sistema jurídico español como razón de que el litigio estratégico sea menos importante que en otros países. “El litigio en nuestro sistema jurídico, basado en el derecho civil, es el último recurso porque lo que prima es la ley. La ley se tiene que cumplir y se tiene que respetar, y si no se respeta se puede acudir a los tribunales”, explica. Sin embargo, a menudo se compara la situación en España con el sistema anglosajón, donde “la primera fuente de derecho son los precedentes judiciales y por eso se litiga mucho más”, porque es el que vemos en noticias y series de televisión. “Hay a menudo un error de comprensión sobre los sistemas jurídicos. La gente quiere copiar modelos jurídicos, pero es que nuestro sistema no tiene nada que ver con el sistema estadounidense”, apunta.

Litigios con el medio ambiente de fondo

Una de las figuras que están ahora de moda son los litigios climáticos, asegura Barreira, quien es además autora del informe Derechos climáticos. Mecanismos jurídicos de defensa del clima en España. Sin embargo, los casos con trasfondo medioambiental no son nuevos y la mayoría de ellos no están directamente relacionados con el cambio climático. “Se ha estado litigando desde hace muchos años en tribunales por incumplimiento (de leyes medioambientales). Lo que pasa es que antes los medios no prestaban atención a estas cosas porque la sociedad no estaba preocupada”, explica. El derecho al Medio Ambiente está incluido en la Constitución Española pero no se incluye en el Título I que recoge los derechos fundamentales. “Esto tiene una consecuencia que es que, al no reconocerse como un derecho fundamental, cuando este derecho se ve afectado, no puedes utilizar la vía (rápida) de lo contencioso administrativo ni llegar más rápido al Constitucional”, explica.

El Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia recoge 18 casos en su base de datos sobre juicios climáticos en España, incluyendo el caso del Prestige, la demanda de Iberdrola contra Repsol por greenwashing o la de ClientEarth y Ecologistas en Acción contra el gobierno español por la degradación del Mar Menor. Sin embargo, para Barreira el único litigio puramente climático en España es el llamado Juicio por el Clima, interpuesto contra el gobierno español por no haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a finales de 2019, en cumplimiento de la normativa europea. La demanda fue presentada en 2020 por Ecologistas en Acción, Oxfam-Intermón y Greenpeace, a la que luego se sumaron Juventud por el Clima-Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. El Tribunal Supremo falló en 2023 en contra de las organizaciones, que ahora han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

Uno de los elementos clave para que este tipo de casos puedan convertirse en una verdadera palanca de cambio será la propia formación y especialización de los jueces

Estos casos medioambientales también dejan huella en el modelo económico, porque muchos de ellos reclaman que los sistemas productivos se hagan responsables de sus impactos sobre el medio natural o que las administraciones velen realmente por que así sea. Un ejemplo reciente es el del embalse As Conchas, cuya contaminación relacionada con la ganadería intensiva en la zona ha sido llevada a los tribunales por un grupo de siete demandantes individuales y dos organizaciones, una asociación vecinal y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

Sin embargo, uno de los elementos clave para que este tipo de casos puedan convertirse en una verdadera palanca de cambio será la propia formación y especialización de los jueces. “La Judicatura debería de recibir formación en temas ambientales y climáticos, porque a veces las sentencias no están suficientemente bien argumentadas”, asegura Barreira. “Igual que aquí hay salas especializadas en temas de violencia de género o temas de menores, debería haber los mismo pero en temas ambientales y climáticos con miembros de ese tribunal formados”, concluye.