El litigio climático (climate litigation) se define como los casos presentados ante tribunales que abordan cuestiones materiales de la ciencia, la política o el derecho del cambio climático. En la práctica: busca exigir responsabilidades frente a la crisis climática. Puede dirigirse contra gobiernos que no cumplen sus compromisos, contra grandes empresas contaminantes o contra instituciones financieras que siguen financiando actividades incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París.

El informe de referencia para entender este fenómeno es el Global Trends in Climate Change Litigation, elaborado cada año por la London School of Economics.

El documento recopila los datos del Sabin Center for Climate Change Law, convirtiéndose en la fotografía más completa del estado de las demandas climáticas a nivel mundial. Su importancia es doble: por un lado, permite seguir la evolución de un fenómeno global que ya supera los 2.900 casos; por otro, demuestra que estas demandas tienen consecuencias muy reales sobre gobiernos, empresas y, cada vez más, sobre el mundo de las finanzas.

En 2024 se presentaron 226 nuevos casos de litigios climáticos, lo que eleva el total a 2.967 en casi 60 países. Aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado respecto a años anteriores, el fenómeno se consolida como un instrumento clave de presión en todos los continentes. El último informe destaca también la importancia del Sur Global, donde casi el 60% de los casos registrados se han presentado desde 2020. También en el ámbito internacional se registran avances: en 2024 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que los Estados tienen la obligación de prevenir y reducir las emisiones contaminantes procedentes de fuentes marinas, un precedente que puede abrir la puerta a nuevas causas legales.

El sector financiero en el punto de mira

En 2024, alrededor del 20% de los casos presentados tuvieron como objetivo a empresas, incluidos sus directivos y consejeros. Entre ellas se encuentran cada vez más bancos, fondos de pensiones y gestoras de activos, cuestionados por financiar proyectos incompatibles con los compromisos climáticos o por no gestionar adecuadamente los riesgos de transición.

Un ejemplo destacado es la demanda Milieudefensie v. ING, presentada en Países Bajos en 2025. Se acusa al mayor banco del país de incumplir su deber de cuidado al no reducir sus emisiones financiadas en línea con el Acuerdo de París. La demanda solicita que ING reduzca estas emisiones a la mitad para 2030 e incluya las llamadas emisiones de alcance 3, derivadas del uso final de los combustibles fósiles que financia. Los fondos de pensiones también están en el punto de mira. El caso Kim Min v. Kim Tae-Hyun, en Corea del Sur, acusa al Fondo Nacional de Pensiones de no gestionar adecuadamente los riesgos de transición ligados a sus inversiones en carbón. Casos similares se han iniciado en Luxemburgo, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, reforzando la presión sobre la gestión de los ahorros a largo plazo.

El informe recoge igualmente ejemplos de denuncia de greenwashing en el sector financiero. En Francia, la organización ClientEarth denunció a BlackRock en 2025 por comercializar fondos sostenibles que en realidad mantenían más de 1.000 millones de dólares invertidos en combustibles fósiles, lo que obligó a la gestora a reclasificar sus productos para cumplir la normativa. En Australia, la justicia impuso multas millonarias a gestoras como Mercer y Vanguard por ofrecer fondos verdes que incluían inversiones fósiles, confirmando que el greenwashing ya no es solo un riesgo reputacional, sino también legal y financiero.

Un nuevo regulador para las finanzas

El propio sector financiero reconoce el riesgo. Según una encuesta mundial mencionada en el informe (Climate litigation as a financial risk: evidence from a global survey with equity investors), el 80% de los inversores ya considera la litigación climática como un riesgo financiero material, incluso por encima de los riesgos físicos derivados de fenómenos climáticos extremos. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, advirtió ya el pasado año que el 70% de los 95 bancos europeos analizados podría enfrentarse a una elevada exposición a litigios debido a la desalineación entre sus carteras de crédito y sus compromisos públicos alineados con el Acuerdo de París. Esto refuerza los llamamientos de la comunidad académica a tratar el riesgo de demandas como un factor central del riesgo financiero relacionado con el clima, y no como un asunto periférico.

Más allá de las sentencias, el informe muestra que el riesgo de litigio influye ya en decisiones estratégicas. En 2024, la empresa TotalEnergies anunció que no invertiría en nuevos proyectos de petróleo y gas en Reino Unido tras el fallo Finch, que obliga a considerar las emisiones de alcance 3 en las evaluaciones de impacto ambiental. Este ejemplo ilustra cómo la amenaza de una demanda puede modificar la estrategia de grandes compañías y, por extensión, de las entidades que las financian.

En definitiva, el informe confirma que las demandas climáticas han dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un riesgo sistémico para las finanzas. Los tribunales se han consolidado como un nuevo actor de la gobernanza climática, con capacidad para obligar a bancos, fondos y corporaciones a replantear sus políticas. Invertir contra el clima ya no implica solo un riesgo reputacional: puede acabar en los tribunales y comprometer el futuro económico de las entidades financieras.