La coalición Hands Off Nature lanza una nueva campaña para frenar el retroceso de las leyes ambientales europeas

La coalición Hands Off Nature ha puesto en marcha una nueva fase de su campaña para frenar los intentos de debilitar la legislación ambiental de la Unión Europea, e invita a la ciudadanía a sumarse con su firma bajo el lema: “Mi salud y la naturaleza no están en venta”.

La iniciativa, impulsada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la naturaleza, alerta de un momento especialmente crítico para las políticas ambientales europeas. Según denuncian, diversas propuestas promovidas desde instituciones comunitarias podrían suponer un importante retroceso en la protección del medio ambiente y, en consecuencia, en la salud de las personas.

En Europa la coalición está formada por BirdLife Europe, ClientEarth, EEB, de la que forma parte Ecologistas en Acción, y WWF UE, que advierten de que las reformas en curso pueden erosionar protecciones clave construidas durante décadas. Estas normas son fundamentales para mantener los procesos ecosistémicos que sostienen la vida humana y garantizan el buen estado de los espacios naturales.

Entre las principales preocupaciones se encuentran los cambios incluidos en el octavo paquete ómnibus de la Comisión Europea, orientado a “favorecer la competitividad y eliminar exigencias ambientales”. Las organizaciones señalan que estas modificaciones podrían beneficiar principalmente a grandes empresas, a costa de debilitar salvaguardas esenciales.

Entre otras medidas, denuncian:

• La aceleración de las evaluaciones ambientales de proyectos de infraestructuras, lo que podría permitir la aprobación de iniciativas con graves impactos sin garantías suficientes.
• La modificación de la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas, eliminando requisitos clave como inventarios de productos químicos y planes de transformación.
• La reducción de obligaciones de información sobre sustancias peligrosas en la Directiva Marco de Residuos, además de exonerar de responsabilidad a empresas productoras.

Especialmente preocupante es el riesgo que afronta la Directiva Marco del Agua. Su posible debilitamiento supondría un retroceso en la protección de ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras, y pondría en peligro la biodiversidad, así como la capacidad de los ecosistemas para hacer frente a la contaminación, la sobreexplotación y los efectos del cambio climático.

La coalición advierte de que reducir las obligaciones, controles y salvaguardas de esta normativa comprometería la calidad y disponibilidad del agua, un recurso esencial para la vida y cada vez más presionado en Europa.

En este contexto, la campaña subraya que los beneficios que los ecosistemas aportan tanto a la naturaleza como a la sociedad están en riesgo. Por ello, las organizaciones insisten en que no es necesario debilitar la legislación existente, sino mejorar su aplicación y reforzar su cumplimiento. También destacan la importancia de una participación ciudadana informada para garantizar que cualquier reforma respete la evidencia científica y el derecho a un medio ambiente sano.

La nueva fase de la campaña busca repetir el éxito de la anterior, que el pasado otoño reunió casi 200.000 firmas en apenas diez días. En esta ocasión, se pretende dar un nuevo impulso al blindaje de las normativas ambientales europeas, firmando esta petición.

Bajo el lema “Mi salud y la naturaleza no están en venta”, la iniciativa advierte de que los ataques a la legislación ambiental amenazan directamente el acceso a agua potable, alimentos seguros, aire limpio y entornos naturales saludables. Según la coalición, estos retrocesos favorecen una mayor contaminación, vinculada a enfermedades respiratorias, cáncer y otros riesgos graves para la salud.

Las organizaciones denuncian además que muchas de estas decisiones se están tomando sin suficiente transparencia ni participación ciudadana, y llaman a exigir a los responsables políticos que prioricen el bienestar de la población frente a los intereses económicos de unos pocos.

“Hay que elegir: la salud de 450 millones de europeos frente a las ganancias a corto plazo de unos pocos”, señalan desde la campaña.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía a actuar: firmar la petición, no permitir que los intereses contaminantes hablen en su nombre y dar voz a la naturaleza.

Enlace a la campaña.

Fuente: Ecologistas en Acción

En un momento en el que la Unión Europea se debate entre mantener su ambición en sostenibilidad o ceder a presiones por la simplificación normativa, un total de 198 firmantes —entre inversores, empresas, proveedores de servicios y organizaciones de la sociedad civil— han hecho público un manifiesto conjunto este 1 de julio de 2025. Su mensaje es claro: el paquete normativo conocido como Ómnibus I, impulsado como iniciativa de simplificación por las instituciones europeas, no debe suponer un retroceso en los estándares que sustentan el marco de finanzas sostenibles de la UE.

La declaración, coordinada por redes como Eurosif (European Sustainable Investment Forum), IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) o GRI (Global Reporting Initiative ), subraya que los pilares del sistema europeo de finanzas sostenibles —el Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)— son esenciales para que Europa alcance sus objetivos económicos y ambientales. Entre los firmantes figuran entidades financieras como el Grupo Banca Etica o Triodos Bank, así como otros actores internacionales.

Por qué preocupa el Ómnibus I

El contexto que motiva esta declaración es la propuesta del paquete Ómnibus I, una iniciativa dirigida a simplificar la regulación europea, pero que, según los firmantes, podría acabar diluyendo normas clave para la transparencia empresarial, la responsabilidad en la cadena de suministro y los compromisos climáticos. El documento advierte de que la supuesta simplificación no debe significar una reducción del alcance ni de la ambición de las normas vigentes. “Al promover la transparencia y una conducta empresarial responsable, estas normas son un motor de la competitividad y el crecimiento, así como de la creación de valor a largo plazo y de los retornos para los inversores”, indica el texto.

Las organizaciones firmantes insisten en que las normas actuales reorientan las inversiones hacia los sectores y tecnologías que impulsan los objetivos del Clean Industrial Deal europeo, contribuyen a la armonización de los mercados de capitales de la UE y refuerzan la resiliencia y la capacidad de las empresas para anticipar y gestionar los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad.

Las recomendaciones de los 198 firmantes

El manifiesto no se limita a una crítica al paquete Ómnibus. Los firmantes plantean una serie de recomendaciones concretas para garantizar que la simplificación no erosione la esencia de las normas. Así, el manifiesto plantea que cualquier simplificación del marco normativo debe preservar el principio de doble materialidad de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), clave para garantizar que las empresas informen no solo sobre los riesgos que los factores ambientales, sociales y de gobernanza suponen para su negocio, sino también sobre el impacto de sus propias actividades en la sociedad y el entorno. Los firmantes defienden que los European Sustainability Reporting Standards mantengan su interoperabilidad con estándares internacionales como los del ISSB, GRI y TNFD. Además, piden que el umbral de aplicación del CSRD se mantenga en empresas de más de 500 empleados, con un posible periodo de transición para las de entre 500 y 1.000 empleados, para no generar retrocesos ni desigualdades entre compañías.

Otra de las propuestas centrales es la defensa de un enfoque de debida diligencia basado en riesgos, tal y como recoge la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), alineado con los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE. El manifiesto subraya la importancia de exigir planes de transición climática con objetivos científicos, evaluados como una obligación de medios y no de resultados, y alerta sobre los peligros de imponer límites en la cadena de valor que puedan dificultar el acceso a información clave entre empresas e inversores, poniendo en riesgo la transparencia y la eficacia de las estrategias de sostenibilidad.

El riesgo de un paso atrás

El documento también alerta de que volver a un marco previo a la CSRD supondría ignorar los aprendizajes extraídos. Además, creen que reducir el alcance de la CSRD podría penalizar a las empresas que ya se han adelantado en la adopción de estas normas, y generar brechas de información que afecten a la toma de decisiones de los inversores. El manifiesto recuerda que más del 50 % de las empresas europeas con entre 500 y 1.000 empleados ya han comenzado a prepararse para el CSRD y desean mantenerse dentro de su ámbito de aplicación.

Otro punto de fricción es la propuesta de limitar la responsabilidad en la cadena de valor solo al primer nivel de proveedores. Los firmantes señalan que los riesgos más significativos en materia ambiental y de derechos humanos suelen encontrarse en eslabones más profundos de la cadena, por lo que reducir la debida diligencia a los proveedores directos sería un error y fomentaría el cumplimiento meramente formal, en lugar de una gestión real de riesgos.

Un mensaje a los responsables políticos

El texto concluye reclamando un entorno regulatorio claro y estable, imprescindible para que las empresas responsables y los inversores puedan contribuir a una economía europea competitiva y sostenible. “Mantener los elementos esenciales del marco europeo de finanzas sostenibles es clave para ofrecer la transparencia y certeza necesarias para crecer y descarbonizar al mismo tiempo”, afirma el documento. El documento permanece abierto a nuevas adhesiones hasta el 29 de agosto de 2025.