La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, insta a todos los partidos políticos a que incluyan propuestas que permitan desarrollar la aplicación y garantía de los derechos sociales. La Plataforma también solicita impulsar políticas públicas que cumplan con los objetivos recogidos en el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales; que contribuyan a prevenir y reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de la ciudadanía europea; que incluyan mejoras en las políticas de migración y asilo; de garantía de los derechos de la población infantil y de la de juventud; de los derechos de las personas con discapacidad; y de impulso del Diálogo Civil y del voluntariado. 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, señala que las instituciones europeas deben abordar las medidas necesarias para garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y para erradicar la pobreza y la exclusión social y remarca que estas diez propuestas, que presenta la Plataforma, «profundizan en la defensa y garantía de los derechos sociales de la ciudadanía europea y permiten avanzar hacia una Europa más justa, inclusiva e igualitaria».

Diez medidas para una Europa más social

Desde la Plataforma del Tercer Sector se solicita a las instituciones europeas que, para los próximos cinco años, se incorporen las siguientes propuestas sociales:   

1.- Aprobar la regulación por la Unión Europea de una Directiva de renta mínima de inclusión que obligue a todos los Estados a dotarse de un ingreso mínimo vital nacional, adecuado y suficiente para impedir la pobreza y la exclusión social de los grupos de población en riesgo de fragilidad o vulnerabilidad económicas. De esta forma, la Unión Europea tendría un marco vinculante sobre la base de los artículos 151 y 153 del TFUE que garantice la responsabilidad de los Estados miembro ante las personas que están en situación de pobreza. 

2.- Adoptar por la Unión Europea un plan de choque contra la pobreza energética en Europa con medidas obligadas y uniformes en su aplicación para todos los Estados miembro. 

3.- Culminar la regulación europea de una normativa básica sobre salario mínimo, aplicable a todos los Estados miembro, que asegure unos ingresos suficientes para mantener unas condiciones de vida dignas y lograr la inclusión en la comunidad de la persona trabajadora y de su familia. 

4.- Garantizar que la lucha contra la pobreza infantil se mantiene como prioridad política para el Parlamento Europeo, y garantizar la suficiente financiación, desarrollo, seguimiento, y evaluación de la Garantía Infantil Europea.  

5.- Aprobar por la Unión Europea una Directiva transversal de no discriminación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida personal y social. Asimismo, garantizar la participación política de las personas con discapacidad, incluyéndolas en candidaturas y asegurando la accesibilidad de su participación, facilitando la posibilidad de votar de forma independiente y secreta (utilizando como medios alternativos de votación las plantillas táctiles, códigos QR, materiales en Braille, etc.), ya que esto permitiría la libre elección a la hora de seleccionar y emitir el voto.  

6.- Fortalecer el Diálogo Civil y la participación ciudadana, generando espacios donde el Tercer Sector, las instituciones europeas y la sociedad civil en su conjunto puedan interactuar de manera fluida y colaborativa. Esto implica la implementación de plataformas y mecanismos de comunicación que faciliten una interacción más abierta y recíproca. En estos espacios, las organizaciones sociales tendrán la oportunidad de expresar sus necesidades, inquietudes y propuestas, a la vez que las instituciones europeas podrán integrar estas voces en la toma de decisiones y en el establecimiento de marcos regulatorios dirigidos a fortalecer los tejidos asociativos. Esta dinámica promoverá una mayor legitimidad de las políticas europeas y una participación más activa de la ciudadanía en la configuración de un futuro común.  

7.- Constituir un Intergrupo en el Parlamento Europeo sobre voluntariado, para el desarrollo de una estrategia válida de interlocución y de fomento del voluntariado como un ejercicio de democracia y participación de toda la ciudadanía.   

8.- Impulsar una financiación adecuada para las entidades y organizaciones de la sociedad civil, que permita el acceso a una financiación estructural plurianual, coherente y flexible para responder a las necesidades operativas y garantizar la estabilidad, la planificación a largo plazo y la independencia. Debe aumentarse la accesibilidad general a la financiación, especialmente para las organizaciones de pequeño tamaño, conectadas directamente al campo y organizaciones coordinadas por voluntarios, simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo la carga burocrática general. También debe garantizarse a las OSC un mayor acceso a la financiación básica, en forma de subvenciones, para que puedan llevar a cabo sus actividades en incidencia política y de promoción en nombre de los grupos y comunidades que representan.  

9.- Desarrollar una Estrategia Europea para la Sociedad Civil dirigida a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, que reconozca el Diálogo Civil como un elemento esencial de la democracia participativa europea.   

10.- En el nuevo ciclo institucional, la Unión Europea debe trabajar desde una perspectiva de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, dotada de los recursos necesarios, que integre todos los impactos -internos y externos- de todas sus decisiones políticas, incorporando un enfoque de género, feminista e interseccional, la participación estratégica de las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo una política de cooperación feminista orientada al desarrollo sostenible. 

Nuevo modelo democrático y social

La Plataforma del Tercer Sector considera que la agenda social europea debe desplegar políticas públicas desde un enfoque interseccional de género y el resto de los factores de exclusión, desde el valor de la diversidad, la promoción de la acción voluntaria en la sociedad y por supuesto, la no discriminación por razón de género, discapacidad, origen racial o étnico, edad u orientación sexual e identidad de género.

La Plataforma del Tercer Sector insiste en que se requiere un alto compromiso de las instituciones europeas, que impregne toda su acción, para garantizar la incorporación de estos enfoques, así como adoptar una mirada de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible que asegure que las políticas públicas son respetuosas con los límites planetarios, cumplen y garantizan todos los derechos humanos y se orientan a la erradicación de las desigualdades dentro y fuera de Europa. 

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, insiste en que, solo desde esta mirada, «podemos avanzar en la necesaria transición hacia un nuevo modelo democrático y social a escala global que sea más justo en lo socioeconómico, sostenible en lo ecológico y en el que la transformación digital sea inclusiva y respetuosa con los derechos humanos». 

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para abordar los retos y demandas del Tercer Sector en la nueva legislatura y profundizar la colaboración entre el ministerio y la plataforma.

Durante la reunión, el ministro Pablo Bustinduy ha mostrado su plena colaboración y su confianza en el diálogo civil con la Plataforma del Tercer Sector. El titular de Derechos Sociales ha destacado la importancia de trabajar de la mano con las entidades sociales y ha puesto el ejemplo de la modificación del artículo 49 de la Constitución, cuya reforma ha sido impulsada por el movimiento social de la discapacidad.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha expuesto la necesidad de seguir impulsando las políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para ello, ha solicitado al ministro que tenga en cuenta al Tercer Sector como un aliado estratégico y le ha ofrecido la colaboración de la Plataforma del Tercer Sector, apostando por una interlocución real y efectiva e impulsando el diálogo civil.

Sobre la Comisión para el Diálogo Civil, el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, ha mostrado la necesidad de dotar a este órgano de mayor relevancia para alcanzar una relación fluida, coordinada y global con el conjunto del Gobierno.

Por su parte, la vicepresidenta de Impacto Social y Cohesión Interna, Natalia Peiro, ha hecho balance del acuerdo de colaboración firmado con el anterior ministerio de Derechos Sociales y ha solicitado reactivar los objetivos que se vieron paralizados por la convocatoria de elecciones de 2023. Especialmente, aquellos vinculados con los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y la Ley de Voluntariado.

De cara a la nueva legislatura, la Plataforma del Tercer Sector ha planteado aspectos clave al ministro de Derechos Sociales con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo de colaboración. Entre ellos, tres elementos principales: impulsar el diálogo civil, garantía de derechos y políticas sociales y mejorar en la sostenibilidad del Tercer Sector.

En este sentido, la vicepresidenta de Financiación y Sostenibilidad de la PTS, Asunción Montero, ha defendido la necesidad de cambiar el modelo de financiación y mejorar la sostenibilidad del Tercer Sector con el objetivo de lograr un modelo que sea más estable, sostenible y garantista. Igualmente, ha solicitado aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social y desarrollar e implantar el modelo de concierto social.

En materia de derechos y políticas sociales, Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la plataforma, ha demandado la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Familias, un pacto contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social y la necesidad de mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, ha apostado por impulsar políticas que garanticen el derecho a la vivienda y el acceso universal y gratuito a la atención especializada por profesionales de la psicología y la psiquiatría para toda la ciudadanía, además de fortalecer la coordinación entre lo social y lo sanitario.