Nuestra hoja de ruta ha sido elaborada por expertos de todo el mundo, desde agencias de la ONU hasta movimientos de base. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos de todos los niveles para que la utilicen.

Vivimos en una era de escasez artificial. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente una décima parte de la población mundial aún vive en la miseria extrema . Millones de personas no pueden permitirse suficiente comida, una vivienda digna ni atención médica básica, mientras que una pequeña minoría acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están llevando al planeta más allá de sus límites.

Estas no son crisis aisladas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado a su fin. La pobreza y la desigualdad no son casualidad; son consecuencias previsibles de las decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos los cuidados, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden generar pobreza, también pueden erradicarla.

Durante décadas, la fórmula fue sencilla: impulsar la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero la promesa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos no se ha cumplido. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo se volvía más precario y se recortaban los servicios públicos. En la cima, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.

También se ha vuelto ecológicamente insostenible. Nos acercamos a un « invernadero », donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 92 % del exceso de emisiones globales de carbono se atribuye al hemisferio norte , y el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales , mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en sufrir malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de la expansión ilimitada en un planeta finito no solo es injusto, sino también peligroso.

Muchos países de bajos ingresos aún necesitan crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos dignos. Sin embargo, la vía dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, mano de obra barata y dócil, dependencia de las exportaciones y creciente endeudamiento— ha aumentado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quiénes benefician y si permiten que todos vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.

Por eso nos hemos unido para desarrollar y respaldar la “hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento”. Esta hoja de ruta ofrece diversas alternativas para superar el enfoque restrictivo de “crecimiento, impuestos y transferencias” que ha marcado las políticas durante décadas. No se trata de un plan elaborado por un puñado de expertos. Es todo lo contrario: durante más de 18 meses, más de 400 personas —organismos de la ONU, gobiernos nacionales, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del norte como del sur global— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos acabar con la pobreza y reducir las desigualdades sin considerar el crecimiento del PIB como la condición principal para el progreso? Más de 350 firmantes han respaldado el plan , entre ellos Jean Drèze, Pavlina Tcherneva, Tim Jackson, Bhumika Muchhala, Julia Steinberger, Ndongo Samba Sylla y Timothée Parrique.

No coincidimos en todos los detalles de las políticas. Sin embargo, nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse en torno al cumplimiento de los derechos y el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier precio. Los derechos humanos no son aquí una cuestión secundaria; son el principio rector que guía nuestra forma de medir el progreso, establecer prioridades y resolver disyuntivas. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente unas economías que, por su propia naturaleza, generan salarios de miseria, empleos precarios y viviendas inaccesibles.

Necesitamos cambiar las reglas desde la raíz. Esto implica, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, salarios dignos y remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, combatir la discriminación y valorar el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Significa control público de los activos estratégicos, orientación crediticia para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.

Implementar esta visión implica cambiar las reglas de la economía global. Hoy, los gobiernos del Sur global son criticados por no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, mientras se ven presionados por sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, desigualdades en el intercambio y cargas de deuda con raíces en siglos de despojo colonial. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. Mientras tanto, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos del Sur al Norte . La solidaridad internacional es, por lo tanto, una obligación legal y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al Sur, mediante patrones de extracción que continúan hoy bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir justicia de la deuda, mayor cooperación Sur-Sur, financiamiento climático reparador y apoyo a pisos de protección social universales, basados ​​en los principios de no dominación y autodeterminación para que los países puedan trazar su propio futuro económico soberano.

Igualmente crucial es quién decide cómo se produce esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin tenerlas en cuenta, e incluso a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se basan en la sospecha, las sanciones y las condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar sus derechos. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar estos sistemas en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la implementación y el seguimiento de las estrategias contra la pobreza, desde los ayuntamientos hasta los parlamentos y los foros internacionales.

No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos basados ​​en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados impulsan nuevas visiones de la gobernanza económica mundial, y los gobiernos experimentan con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y la creación de riqueza comunitaria. La ONU y muchos socios exploran indicadores que van más allá del PIB y nuevas instituciones, como un panel internacional sobre desigualdad, para ayudar a trazar este camino.

Nuestra hoja de ruta se basa en estos esfuerzos, los conecta y los impulsa aún más. La presentamos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la pobreza y el colapso ecológico sean el precio a pagar por la forma en que actualmente definimos el “éxito” económico. Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen dos opciones: persistir en un modelo fallido que prioriza el crecimiento o comprometerse a erradicar la pobreza transformando las reglas económicas que la generan.

La pobreza es un fenómeno artificial. Esa es la mala noticia, y a la vez la buena. Lo artificial puede desmantelarse y reemplazarse. Presentamos opciones concretas, respaldadas por perfiles de políticas detallados que exponen evidencia, pasos para su implementación y ejemplos reales. Hacemos un llamado a los líderes políticos de todos los niveles para que las utilicen, escuchen a los más afectados y consideren la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la efectiva realización de los derechos humanos como el criterio para evaluar la política económica.

• Olivier De Schutter preside el proyecto Nuevas Economías para la Erradicación de la Pobreza; Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía; Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst; Thomas Piketty es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París; Kate Raworth es economista en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford; Jason Hickel es economista político y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Artículo original en inglés: The Guardian

Comunicado de RIPESS Intercontinental

Nos alegra anunciar que el artículo de opinión que acompaña la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento ya ha sido publicado en The Guardian y Le Monde. Se trata de un artículo colectivo firmado por Olivier De Schutter, presidente de NEEP, junto con destacadas voces internacionales como Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh, Thomas Piketty, Kate Raworth y Jason Hickel, además de más de 400 expertas y expertos de todo el mundo.

RIPESS Intercontinental ya ha firmado, reafirmando su compromiso con esta hoja de ruta colectiva para transformar las reglas económicas que hoy producen pobreza, desigualdad y devastación ecológica.

Un llamado que responde a los desafíos actuales

En un contexto de desigualdades crecientes y crisis ecológica global, las y los expertos coinciden: el crecimiento económico no ha logrado erradicar la pobreza ni garantizar el bienestar.

El mensaje es claro: la pobreza no es inevitable; es fabricada.

La Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, co-desarrollado por más de 400 personas de la academia, el sistema de Naciones Unidas, sindicatos, movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil, propone 80 medidas de política pública para rediseñar la economía hacia el bienestar humano y ecológico.

Leer el artículo

The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jun/10/economists-maths-growth-doomed-strategy-un-agencies-political-leaders

Le Monde: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/10/si -les-gouvernements-peuvent-fabriquer-la-pauvrete-ils-peuvent-aussi-l-eradiquer-pres-de-400-personnalites-internationales-proposent-une-feuille-de-route-concrete_6700388_3232.html

Suma tu firma y difunde

La invitación a respaldar el Roadmap continúa abierta.

Sigamos ampliando el alcance de este llamado global para transformar las reglas económicas y construir un futuro basado en la justicia social y ecológica.

Crédito de la imagen: Eleanor Shakespear/The Guardian

Durante casi seis años, las Naciones Unidas me han encomendado la tarea de informar sobre las soluciones más prometedoras del mundo para erradicar la pobreza. Hoy puedo afirmar con seguridad que —a pesar de lo que nos han hecho creer políticos, economistas, expertos en desarrollo e incluso las instituciones de la ONU— la respuesta no es simplemente estimular el crecimiento económico.

Como dejé claro en el informe de 2024 a la ONU sobre cómo erradicar la pobreza más allá del crecimiento: aunque históricamente se ha prometido la erradicación de la pobreza a través del “efecto goteo” o la “redistribución” de la riqueza, el crecimiento económico, en cambio, a “fluye hacia arriba” beneficiando a unos pocos privilegiados.

Vivimos en un planeta que nunca ha sido más rico. Los multimillonarios vieron crecer sus fortunas en 2 millones de dólares estadounidenses al día de media en 2024 y se espera que haya cinco billonarios en la próxima década. Sin embargo, el número de personas que todavía viven en la pobreza —alrededor de 3.500 millones según el Banco Mundial— apenas ha cambiado desde 1990.

La búsqueda interminable del crecimiento a toda costa, junto con el consumo y la producción incesantes que la acompañan, también está llevando a nuestro planeta más allá de sus límites. Desde 1973, hemos estado viviendo por encima de la biocapacidad de la Tierra: consumimos más recursos de los que se reponen naturalmente y vertemos en el medio ambiente más residuos y contaminación que los ecosistemas pueden absorber.

Como expuse en mi informe más reciente a la ONU, son las personas en situación de pobreza las que están pagando el precio —incluso con sus vidas— de la crisis climática. Durante las últimas tres décadas, más del 90 por ciento de las muertes relacionadas con el clima han ocurrido en países en desarrollo.

Seamos claros. La respuesta a este dilema no es el “crecimiento verde” —que promete que el crecimiento económico bien hecho puede ir acompañado de una reducción de su huella ecológica—. Incluso en las mejores condiciones, un creciente conjunto de evidencias demuestra que el desacoplamiento absoluto del producto interior bruto (PIB) del uso de recursos (hacer crecer la economía mientras se reducen simultáneamente sus impactos ambientales negativos) es imposible. Los avances tecnológicos simplemente no pueden compensar la naturaleza destructiva de nuestros patrones de consumo.

La búsqueda del crecimiento económico perpetuo es incompatible con la vida en este planeta. Y acabar con la pobreza no puede seguir siendo utilizado como excusa para perseguir un PIB en constante aumento, cuando este empeño, en cambio, empuja a las personas a empleos mal pagados y a menudo peligrosos para satisfacer las necesidades de la élite.

En los países de bajos ingresos todavía se requiere crecimiento para construir infraestructura pública y crear empleos dignos en la economía formal. Pero no debemos olvidar que el modelo de crecimiento actual para el Sur Global está construido sobre el saqueo de sus recursos naturales por parte del Norte Global y la explotación de una mano de obra barata en las cadenas de suministro globales.

Existe otra vía. Democratizar la economía, de modo que la toma de decisiones se comparta más ampliamente en toda la sociedad, en lugar de concentrarse en manos de una pequeña élite, podría conducir a una agenda compartida de poscrecimiento basada en políticas más redistributivas y sostenibles. Los ejemplos incluyen recompensar el trabajo según su valor social y ecológico en lugar de los beneficios que genera para unos pocos, o la cancelación de deuda para que los pagos a los acreedores no tengan prioridad sobre el gasto social.

Esto no es una teorización abstracta. La Conferencia Más Allá del Crecimiento del 26 de septiembre en Madrid es una continuación de la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en 2023, a la que asistieron más de 5.000 participantes. Junto con la alianza emergente de agencias de la ONU, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, sindicatos y otros, estamos co-construyendo la Hoja de ruta para Erradicar la Pobreza Más Allá del Crecimiento, que presentaré a la Naciones Unidas en 2026. Este plan de actuación ofrecerá a los gobiernos un conjunto de medidas concretas que desvíen las economías de la maximización de beneficios hacia el bienestar humano.

Y a nivel de la ONU, siguiendo una solicitud expresada en el Pacto para el Futuro adoptado en la Cumbre de las Naciones Unidas de 2024, el secretario general de la ONU António Guterres nombró un grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Más Allá del producto interior bruto para proponer recomendaciones sobre nuevas formas de medir el progreso que vayan más allá del PIB. La Alianza Global sobre Más Allá del PIB, compuesta por más de 60 países y socios, se lanzó oficialmente en julio durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla para apoyar la aplicación práctica de estas nuevas métricas.

Las nuevas métricas son importantes, por supuesto. El PIB es una herramienta profundamente defectuosa para medir el progreso, puesto que ignora el trabajo esencial no remunerado realizado por mujeres en su mayoría en hogares y comunidades y que no tiene en cuenta los costes sociales y ambientales de la actividad económica. Sin embargo, los nuevos indicadores por sí solos no serán suficientes. Si hablamos en serio sobre erradicar la pobreza, debemos ser mucho más ambiciosos.

Debemos rechazar el mito de que el crecimiento económico equivale al progreso humano. Aunque esto pueda parecer un pensamiento radical después de casi un siglo de que nos hayan dicho que todo lo que importa es la rapidez con la que crece la economía, soy optimista de que pronto se convertirá en la corriente dominante. Porque el planeta, y sus habitantes, no sobrevivirán sin ello.

Un artículo de Olivier De Schutter -relator de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos- para el Mundo.

Muestra de Empleo Verde del proyecto TEMIS de EAPN Madrid

En el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza de este año, Naciones Unidas pone el acento en la necesidad del trabajo decente como un requisito esencial para garantizar la dignidad humana. El Comercio Justo recuerda que las condiciones de trabajo dignas, el pago de salarios y precios justos, y garantizar la acción sindical son algunos de los principios básicos de este modelo económico y comercial.

Bajo el lema “Trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad», Naciones Unidas celebra este año el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza (17 octubre). En este sentido, advierten de que “las personas atrapadas en la pobreza extrema a menudo trabajan largas y agotadoras horas en condiciones peligrosas y sin regulación; y, sin embargo, no pueden obtener ingresos suficientes para mantenerse a sí mismas y a sus familias”.

Con motivo de esta fecha, las organizaciones de Comercio Justo reivindicamos el alcance de este modelo económico y comercial, y su capacidad para combatir la pobreza y ofrecer una protección social a los colectivos más vulnerables.

El Comercio Justo en su principio 1 ya deja clara su motivación: el objetivo es la reducción de la pobreza a través del comercio. 

En relación con el trabajo decente, en concreto, el principio número 4 se centra en el pago justo a las organizaciones productoras. Este precio justo incluye 3 aspectos: precios justos a la producción, salarios justos y salarios dignos locales, lo que significa contar con salarios equitativos y libremente negociados. Deben ser también salarios que permitan un nivel de vida decente para la persona trabajadora y su familia. El nivel de vida decente se entiende que se logra cuando están cubiertas de manera adecuada las siguientes necesidades: alimentación, agua, vivienda, educación, atención sanitaria, transporte, ropa y otras necesidades esenciales y los gastos imprevistos.

Además, el principio 7 del Comercio Justo garantiza buenas condiciones de trabajo, en relación a salud, seguridad y horario

Otros principios del Comercio Justo completan la garantía del trabajo decente a través de otros aspectos esenciales como la prohibición del trabajo forzoso y de la explotación infantil. Igualmente importante es el respeto al derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a formar sindicatos, afiliarse a ellos y negociar colectivamente, aspectos que recordemos en muchos países están prohibidos o su actividad está muy limitada.

El azúcar, un ejemplo de condiciones laborales indecentes

Para ejemplificar lo que significa la pobreza y las condiciones de trabajo indignas, nos centraremos en la producción de azúcar.

Para empezar diremos que la caña de azúcar es conocida como la “planta de la miseria”.

La producción de azúcar está muy extendida. 120 países en todo el mundo producen azúcar a gran escala tanto para satisfacer sus propias necesidades como para exportarla a otros países. El 80% del azúcar mundial se obtiene de la caña de azúcar y el 20% de la remolacha.

El corte y la recogida de la caña de azúcar son trabajos muy duros y que en muchos casos esconde formas de esclavitud moderna. En la mayoría de los países el corte de caña se sigue realizando de forma manual, ya que la mano de obra es sumamente barata y a las empresas no les interesa invertir en la mecanización.

A menudo, para llegar a un salario de miseria (suelen cobrar al peso, según cantidad cortada y recogida) se requieren jornadas extenuantes.

Para cortar una media de 12 toneladas de caña por día, el trabajador ha de caminar ocho kilómetros, dar decenas de miles de golpes y perder ocho litros de agua.

Por ejemplo, en Brasil, uno de los principales países productores, de las 25.000 personas que la OIT estima que trabajan en condiciones similares a la esclavitud, una buena parte trabaja en el corte de caña de azúcar. 3 de cada 4 son negros o mulatos.

O en Centroamérica, la industria de la caña de azúcar se caracteriza por salarios muy bajos que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación. Además, debido a las pésimas condiciones de trabajo, entre su mano de obra se ha constatado una elevada incidencia de enfermedades como la insuficiencia renal crónica.

El azúcar, un producto emblemático del Comercio Justo

El azúcar es junto con el café y el cacao, uno de los productos emblemáticos del Comercio Justo. En todo el mundo más de 80 cooperativas y organizaciones trabajan en la producción de caña de azúcar bajo los principios del Comercio Justo en América Latina y Asia, y una parte minoritaria en África.

Una de estas cooperativas azucareras es Manduvirá, en Paraguay. Es una de las cooperativas históricas que provee producto al mercado de nuestro país de Comercio Justo desde hace varias décadas.

Su trayectoria es un ejemplo de lucha por la dignidad y de superación de la pobreza desde los principios del Comercio Justo.

Conócela aquí con el testimonio de una de sus trabajadoras, Laura López.

El próximo gobierno deberá asumir un firme compromiso para impulsar la economía social en el país, como una vía para contribuir al combate a la pobreza y promover el desarrollo económico y comunitario en las regiones más necesitadas, con un enfoque de sostenibilidad y cuidado de la riqueza natural, sostuvo el Grupo Promotor de la Economía Social que conforman organizaciones sociales productivas, civiles, empresariales, académicas y expertos de organismos internacionales.

Como parte de las conclusiones del Encuentro Nacional por la Economía Social y Solidaria, celebrado en Ciudad de México, y con el cual se culminó con los encuentros que previamente se realizaron en Guerrero, Puebla y Oaxaca, las organizaciones urgieron a crear, apoyar y acompañar a las Empresas Sociales en distintas regiones del país desde el sector público, como un mecanismo que permite lograr un triple impacto en zonas de muy alta marginación: económico, social y ambiental.

El Grupo Promotor de la Economía Social está conformado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Programa de Fomento a la Economía Social, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro Internacional de Estudios de la Economía Social y Solidaria, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), Oxfam México y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Instituto Promotor del Bien Común (IPBC).

Estas instituciones impulsan a las Empresas Sociales, las cuales son unidades económicas de propiedad colectiva integradas por personas trabajadoras, productoras y/o consumidoras, que se asocian de manera estable y se constituyen formalmente con fines económicos, sociales y ambientales, explicaron integrantes del grupo.

Indicaron que existe una gran diversidad de experiencias de asociación y de organización productiva que no se formalizan (muchas veces por múltiples barreras que enfrentan para hacerlo), pero que también son soluciones viables para combatir la pobreza y proteger la naturaleza.

En el encuentro se compartieron datos y experiencias que han sido desarrolladas, especialmente entre comunidades indígenas en el sur y sureste del país, como el grupo cooperativo Tosepan y el grupo cooperativo Qualli, en Puebla; la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) y Ecotierra – Comunidades Campesinas en Camino en Oaxaca; Majomut y Yomol A’ Tel en Chiapas.

De esta manera, mediante esquemas de participación colectiva que aportan producción y generan desarrollo social, rompen y superan la tradición de los gobiernos, ya sea federal y locales, de hacer a las personas dependientes de los subsidios y transferencias económicas individuales.

Destacaron que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector social de la economía aporta el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional (354 mil 706 millones de pesos); de ese total, las Empresas Sociales contribuyen con el 24 por ciento (alrededor de 86 mil 385 millones de pesos). La economía social aporta la tercera parte del PIB del sector primario (agropecuario, pesca, forestal).

Frenan su despegue

El Grupo Promotor de la Economía Social aseguró que México carece de una política pública de fomento desde el ámbito federal y un marco legal en este rubro, lo que genera obstáculos y complicaciones en lugar de promover su fortalecimiento.

Integrantes del grupo lamentaron que durante la actual administración las entidades de programas de fomento productivo para el sector social sufrieran un recorte drástico de presupuesto, quedando sin recursos para financiar proyectos, al tiempo que afirmaron que tampoco los gobiernos estatales han sabido apoyar de manera efectiva el modelo de economía social.

Esta situación contrasta con la experiencia de Canadá, España, Portugal y otros países de Europa, donde la Unión Europea tiene una política de fomento que permite el florecimiento económico del sector social económico, resaltaron.

Ante dicho panorama, en el Encuentro Nacional se compartió una agenda para el fortalecimiento de las Empresas Sociales, en temas que van desde generar la visibilidad y reconocimiento público, acceso a fondos de inversión, créditos y otros instrumentos financieros; así como acceso a mercados y vías de comercialización, profesionalización y formación de cuadros, y definir un marco normativo y políticas públicas de fomento, y se logró un diálogo con la senadora Patricia Mercado y con Pablo Yáñez, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quienes ofrecieron apoyo para avanzar en esta agenda, desde sus propios campos de acción.

El encuentro Nacional por la Economía Social y Solidaria contó también con la participación de empresas privadas que ya están comercializando productos de economía social, con alto valor ambiental, como el proyecto BIOMAS impulsado por Mercado Libre y la estrategia de comercialización OBIO, impulsado por Fomento Social Citibanamex.

“Hay que preguntarse por qué la economía social no ocupa el lugar que se merece en la agenda pública y en las decisiones de política pública y fomento económico”, enfatizó la senadora Patricia Mercado. En tanto, Pablo Yañez enfatizó que México tiene más del 60 por ciento de su tierra productiva como propiedad social, pero no se ha logrado generar cadenas de valor y políticas de gran escala para su despliegue.

De esta manera, se acordó avanzar de manera conjunta para hacer un llamado enfático y urgente a los distintos actores políticos a incluir el fortalecimiento de la Economía Social entre las prioridades de gobierno.

«A lo largo y ancho de todo el continente, la gente ha convivido y se ha adaptado a un alto grado de variabilidad climática y sus riesgos asociados durante siglos. Sin embargo, la aceleración del cambio climático […]
ha hecho que los riesgos sean más evidentes».
Achille Mbembe, filósofo camerunés.

En otros casos, las soluciones, sencillas y asequibles, han venido de los propios agricultores, recuperando antiguas técnicas utilizadas en la zona. Es el caso de Yacouba Sawadogo, un campesino de Burkina Faso que puede que nunca hubiera escuchado hablar de la Gran Muralla Verde que recorrerá África, pero que lleva años contribuyendo a hacerla realidad. Ya en los años ochenta, durante una de las largas sequías que periódicamente asolan el país, Sawadogo comenzó a regenerar el suelo de sus propios cultivos haciendo una pequeña innovación respecto a la técnica tradicional. Esta metodología artesanal, llamada zai en la lengua local, consistía en cavar pequeños hoyos alrededor de la planta antes de la llegada de las lluvias, lo que permitía retener el agua durante más tiempo. Lo que hizo Sawadogo fue aumentar un poco la medida de estos hoyos y añadir estiércol y otros residuos biodegradables. La idea era que estos residuos sirvieran de fuente de nutrientes para la planta, y así fue. Pero lo que no esperaba Sawadogo es que con ello iba a fomentar también la aparición de termitas, que con su movimiento remueven y airean la tierra, ofreciendo una considerable mejora en el crecimiento de las plantas. A día de hoy, este sencillo mecanismo le ha permitido la regeneración de hasta 40 hectáreas con diversos cultivos, se ha extendido a otros campesinos y le valió en 2018 el llamado Premio Nóbel Alternativo —concedido por la Fundación Right Livelihood Award—, además del sobrenombre de El hombre que paró al desierto, título del documental que dio a conocer su historia en 2010.

También desde finales de los años setenta, otra pionera contra la desertificación y el cambio climático comenzó a hacer su camino en Kenia. Reconocida como una de las primeras ecologistas del continente, Wangari Maathai fundó en 1977 el Movimiento Cinturón Verde, por el cual animaba a todas las mujeres de Kenia a reforestar las zonas donde vivían, ya fuera en sus campos o creando invernaderos, utilizando siempre variedades endógenas para mantener la calidad de los suelos y la biodiversidad.

Un proyecto que, según datos del propio movimiento, ha permitido desde entonces la plantación de más de 51 millones de árboles y que en 2004 le valió a Maathai el Premio Nóbel de la Paz, en esta ocasión de los que entrega la Academia Sueca, “por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”. Su figura, reconocida en todo el mundo, fue producto de las posibilidades que le ofreció la educación (se graduó en Biología en Estados Unidos gracias a una beca y fue la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado, en 1971), algo a lo que no han podido acceder otras miles de mujeres africanas que, sin embargo, han estado también a la vanguardia de la lucha por la conservación del planeta. Millones de ellas lo hacen cada día, cultivando sus terrenos, manteniendo zonas en barbecho, regando sus cultivos y transmitiendo a sus hijos e hijas los conocimientos sobre el cuidado de la tierra. Históricamente lo han hecho desde el anonimato, en silencio, pero desde hace años sus voces ya han comenzado a ser escuchadas; cada vez son más y tienen mucho que decir. Jóvenes que se han puesto a la cabeza de las reivindicaciones por el clima, al igual que en otros lugares del mundo, y que ofrecen propuestas e ideas para solucionar sus propios problemas. Mujeres que se han convertido en referentes africanas y que están dispuestas a liderar el cambio.

Es el caso de la keniana Elizabeth Wathuti, que comenzó formando parte del Movimiento Cinturón Verde de Mathaai y que ha puesto en marcha la Iniciativa Generación Verde, mediante la cual intenta sensibilizar y crear conciencia entre los y las jóvenes keniatas, un trabajo que le ha valido numerosos reconocimientos. En la vecina Uganda, Vanessa Nakate, con 22 años, puso en marcha su propia batalla contra el cambio climático: comenzó a manifestarse semanalmente ante las puertas del Parlamento de Uganda, una protesta en la que nadie la acompañó durante meses. Sus proclamas, en cambio, sí tuvieron repercusión en las redes sociales, y esto le sirvió para fundar, sin apenas recursos, The Rise Up Movement. En diciembre de 2019 fue una de las jóvenes con presencia en la COP 25 celebrada en Madrid (inicialmente prevista en Santiago de Chile) y en enero de 2020 participó en el Foro Económico Mundial de Davos. En sus declaraciones hace siempre hincapié en los efectos que el cambio climático está teniendo en su país, donde el calentamiento global se ha convertido ya en una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, según el Banco Mundial. Un país donde la pérdida de masa forestal es del 2,6% anual, debido sobre todo a la necesidad de los hogares rurales de utilizar madera para cocinar, al no tener más alternativas. Precisamente por ello, una de las iniciativas puestas en marcha por Vanessa Nakate es la Green Schools with Vash, mediante la cual pretende apoyar la instalación de sistemas solares para las cocinas y estufas de los colegios, reduciendo así el consumo de madera y las emisiones producidas al quemarla.

Desde Sudáfrica, uno de los países que dentro del continente más contribuye al calentamiento global, llegan también voces como las de Ayakha Melithafa y Ndoni Mcunu, que desde el activismo y la investigación, respectivamente, trabajan contra el cambio climático. Melithafa es una joven proveniente de una zona rural que actualmente reside en Khayelitsha, uno de los mayores townships de Ciudad del Cabo. En ambos entornos fue consciente del impacto que las sequías prolongadas y las inundaciones extremas estaban provocando en su país, por lo que comenzó a interesarse por el tema y se sumó al proyecto 90 by 2030, que trabaja para reducir el 90% de las emisiones de efecto invernadero en 2030. Con tan solo 18 años, forma parte del African Climate Alliance y ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales, contando al mundo los efectos del cambio climático. Ndoni Mcunu, por su parte, es una joven investigadora de la Universidad de Witwatersrand y el Global Change Institute, además de fundadora de la organización Mujeres Negras en Ciencia. Su campo de estudio se centra en el desarrollo, la educación y la reducción de la pobreza, desde un contexto de lucha contra el cambio climático y producción alimentaria.

Al mismo tiempo, prácticamente en la totalidad de los países del continente existen grupos trabajando contra el cambio climático y para asegurar la biodiversidad y cuidar el medio ambiente. Organizaciones como el Centre pour l’Environnement et le Développement de Camerún, los jóvenes de Madiba & Nature, que trabajan en también en Camerún para promover la economía circular, reducir y reciclar los plásticos —convirtiéndolos en todo tipo de productos, desde canoas para los pescadores locales hasta obras de arte o recuerdos turísticos—; el togolés Afate Gnikou Kodjo, quien construyó una impresora 3D a partir de materiales reciclados; o Mané Toure Ndèye, creadora en Senegal de Côté Jardin, una iniciativa para promover el consumo local de frutas y cereales —evitando los productos importados y azucarados—, que es, a la vez, un lugar para la creación artística.

Las iniciativas son incontables, y no vienen únicamente desde el mundo del ecologismo. También en los ámbitos de la comunicación, el arte, la fotografía y la literatura, diversos grupos trabajan por poner encima de la mesa la realidad del cambio climático. Es el caso del fotógrafo Baudouin Mouanda, un joven de Congo Brazaville que en su serie Le ciel de saison retrata con toda su crudeza cómo el cambio climático está golpeando a las poblaciones, especialmente a los más vulnerables. Personas cuasienterradas en tierra, aguas desbordadas que arrasan todo a su paso, casas destrozadas; hombres, mujeres y niños que con cubos minúsculos intentan hacer frente a las riadas, conscientes de que no podrán parar las aguas, pero que son incapaces de quedarse de manos cruzadas; personas que observan cabizbajas la destrucción de lo que antaño eran sus hogares. Una serie de vivo dramatismo que pone rostro a los datos sobre porcentajes de emisiones, calentamiento de los océanos o variaciones en los patrones hídricos.

También desde la comunicación y el periodismo se está realizando un profundo trabajo para acercar, con rigor pero de forma sencilla, lo que supone el cambio climático. Ejemplo de ello es el trabajo realizado por la Red de Periodistas Climáticos del Cuerno de África (NECJOGHA por sus siglas en inglés)135, en torno a la cual se organizan cursos y talleres y se fomenta el debate en lo relativo a la terminología y los mejores formatos para lograr que la información llegue correctamente a la ciudadanía. Propuestas para adaptar el lenguaje técnico a la población, extraer datos concretos de la maraña de informaciones, reducir las declaraciones de las grandes instituciones y recurrir a voces cercanas de líderes locales o miembros de las comunidades que estén experimentando estas situaciones.

En definitiva, la sociedad civil africana, dinámica como siempre, está trabajando desde muy diversos ámbitos para concienciar y concienciarse, al tiempo que pone en marcha ideas y proyectos para reducir los impactos que provocará en sus países el cambio climático.

EAPN, como entidad que trabaja en defensa de los derechos de las personas, considera la fiscalidad un importante instrumento en la lucha contra la pobreza, por eso han apostado por elaborar este Estudio, configurado como un mapa de la fiscalidad que aborda, desde el ámbito nacional al internacional, todas las figuras impositivas de mayor relevancia.

ACCESO AL DOCUMENTO

El Parlamento de Navarra ha acogido este sábado la firma del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad 2021-2030 (ver en euskera). Se trata de un documento que, fruto del acuerdo adoptado en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza del año 2019 entre el Parlamento de Navarra y la Plataforma de Entidades Sociales (PES).

El acto ha tenido lugar en el Salón de Pleno renueva, actualiza y amplía los compromisos adquiridos en 2007 y ha contado con la asistencia de los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, de los portavoces de la Comisión de Derechos Sociales, así como una representación de las diferentes asociaciones que conforman la Plataforma de Entidades Sociales (PES).

La apertura del acto ha corrido a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Arantza Biurrun, quien ha enmarcado el pacto en el “imperativo ético, social, político y económico para erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar la cohesión social”, y que tiene como finalidad “avanzar en la dirección que marcan los objetivos recogidos en la Agenda 2030“.

A ese respecto, Biurrun ha abogado por “construir una sociedad más sana, dar una oportunidad a la infancia y erradicar la aporofobia”. “Tenemos herramientas, tenemos la voluntad, tenemos una hoja de ruta. Invito a saldar una deuda, la que tenemos con quienes están, o hemos llevado, al tremendo abismo de la pobreza y la desigualdad”, ha manifestado.

A continuación, Mariluz Sanz, en representación de la Plataforma de Entidades Sociales, ha resaltado que el Pacto Navarro de lucha contra la Pobreza y la Desigualdad “se ha marcado el ambicioso horizonte de ser la hoja de ruta de Navarra para 2030” que “servirá de guía para la implementación por parte de Gobierno de Navarra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que además, sienta las bases para realizar evaluaciones programadas que comprueben los avances sobres los compromisos suscritos en el documento”.

Tras reconocer que sus objetivos eran “más ambiciosos”, Sanz ha valorado como “satisfactorio” el proceso y el resultado tras meses de negociación, agradeciendo el compromiso del Parlamento a la hora de impulsar el desarrollo de este documento “más amplio y completo” que el anterior, y que pretende “dar respuesta a todas las personas, además de proponer la economía social y solidaria como herramienta para este fin”.

Para finalizar, la portavoz de la PES ha señalado que dicho pacto es “la prueba de que la lucha contra la pobreza y la desigualdad es un objetivo compartido por toda la sociedad navarra. El papel de la PES será el de velar por el cumplimiento del pacto en aras de no dejar a nadie atrás”.

Seguidamente, Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra, los portavoces de la Comisión de Derechos Sociales Jorge Esparza (Navarra Suma), Nuria Medina (PSN), Isabel Aramburu (Geroa Bai), Patricia Perales (EH Bildu), Ainhoa Aznárez (Podemos) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), y los representantes de la Plataforma de Entidades Mari Luz Sanz (CERMIN), Francisco Javier Abad (Coordinadora ONGD), Natalia Zaro (REAS) y Alberto Urteaga (Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), han firmado el documento.

La clausura del acto ha corrido a cargo del presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien ha puesto en valor el Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad como marco y herramienta para “erradicar la pobreza y mejorar la cohesión social”, “prioridad de todas las personas que tenemos responsabilidades políticas”.

Así, tras subrayar que la pandemia de la Covid-19, el confinamiento y la paralización económica han hecho “más necesario si cabe” dicho acuerdo, Hualde ha destacado que, “lejos de las diferencias políticas, se ha alcanzado un acuerdo que compromete a las formaciones políticas y a este Parlamento a llevarlo a cabo desde ya y hasta 2030”. “Este pacto va más allá porque se debe cumplir independientemente de las formaciones que estemos representados en este Parlamento incluso en el Gobierno de Navarra”, ha resaltado.

A ese respecto, el presidente del Parlamento ha manifestado que la sociedad navarra “siempre ha destacado por ser solidaria” y “posee un tejido social fuerte que, junto a las instituciones, trabaja para lograr una Navarra libre de aporofobia”.

Unai Hualde ha concluido agradeciendo a las entidades sociales y a los representantes de los grupos parlamentarios su trabajo, y ha significado que para “construir una sociedad mejor, más cohesionada y sin desigualdades, hay que impulsar políticas eficaces que contemplen todas las dimensiones afectadas y con una dotación de recursos suficiente y necesaria”.

Para el seguimiento del desarrollo de las medidas contenidas en el presente Pacto se establece una comisión de seguimiento, que se reunirá una vez cada seis meses, y que estará integrada por una presidencia, una persona representante de cada grupo parlamentario, una persona en representación de cada entidad que compone la PES y la persona que ostente la Secretaría Técnica en ese momento.

La Plataforma de Entidades Sociales (PES) está integrada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMIN), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDN) y la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.

El director de Cáritas cree que además de dar respuesta a las personas en exclusión debemos pensar cómo hacerlo. “Ahí se nos verá el plumero como sociedad”, dice

“Esta crisis nos ha puesto un examen sorpresa y necesita que respondamos de manera individual. Según las respuestas que demos lo aprobaremos o no. La mirada la hemos puesto en los enfermos y ahora tenemos que ponerla en los eslabones más débiles“. Carlos Bargos, director de Cáritas, cree que “duplicaremos la atención que prestábamos” y defiende la necesidad de dignificar el modo de ayudar.

Estamos en una fase 2 de superación del coronavirus, pero a nivel de exclusión ¿dónde nos encontramos?

—En un momento muy crítico. Hemos pasado unas semanas de confinamiento que han puesto en juego una serie de herramientas en el ámbito de la urgencia, pero nos situamos ahora en un momento en el que las necesidades se van a recrudecer. Las personas afectadas van a ir aumentando progresivamente. Partíamos ya de un conjunto de personas en exclusión y había una sociedad con una integración precaria, con unas condiciones justas, de cubrir el mes, y este conjunto de personas con condiciones estancadas, se habla de 360.000 en Euskadi, van a caer en la vulnerabilidad o incluso en la exclusión. Nos vamos a encontrar a la salida de este estado de urgencia con un periodo muy largo en el que habrá que cubrir a un volumen de población muy significativo.

¿Cree que bajaremos a un umbral de pobreza incluso peor que el que dejó la crisis de 2008?

—Va a ser muy diferente porque la evolución que tuvo la salida de la crisis de 2008 hasta 2014 llevó a que una parte de la población se había vuelto a arraigar a la sociedad del progreso aunque de manera débil. Ahora acumulamos, porque el que se había enganchado de una manera muy débil al mundo laboral con contratos temporales, parciales… pero que les había permitido sujetar esa precariedad, con esta situación ha caído en picado. Muchas eran economía de supervivencia y nos encontramos con que se duplica el conjunto de personas que han caído en situaciones de exclusión.

¿Estamos preparados para atender esta realidad?

—Debemos de estarlo. Lo mismo que ante una situación inesperada como la crisis sanitaria se ha sabido reaccionar, desde luego con una serie de dificultades muy grandes a la hora de tomar decisiones tanto en el ámbito sanitario como social, con decisiones tremendamente complicadas, ahora nos situamos pues en la necesidad de dar respuesta en esta época de urgencia. Las primeras semanas han sido muy inciertas, pero después hemos podido ver la reflexión de salida. Desde Cáritas, en una primera fase nos centramos en ayudas económicas, a la vivienda y al suministro, a las personas solas, a la escolarización de jóvenes con dificultades, a la resistencia psicológica… Pero después viene todo el apoyo a la empleabilidad, los itinerarios, generación de redes sociales… Otro montón de objetivos que son posteriores. Después del confinamiento, la fase 2 lleva otras respuestas que van más en la recuperación de vínculos comunitarios y socioeconómicos.

La pandemia ha evidenciado la importancia que tiene el tercer sector. En este momento de la desescalada ¿cuentan las instituciones con ustedes?

—Sí, sí. Una de las cosas que hemos aprendido es la relación de trabajo conjunto que ha habido entre el tercer sector y la institución pública. Ha sido un recorrido que se basa en la propia experiencia de relación que existía. En este momento nos hemos encontrado con una administración pública y un sector que han sabido organizarse en un objetivo común. Hay un trabajo entre iguales. Siempre lo hemos sentido y especialmente en este momento, hemos puesto las fortalezas de los ámbitos al servicio de esta situación crítica y ha sido una experiencia muy gratificante. Destacaría la red Guztion Artea que se creó con voluntariado para atender a las personas vulnerables. Ha sido un éxito y de una manera concreta, respetando las instrucciones sanitarias para no complicar más la situación de las personas frágiles. Administración y tercer sector nos hemos puesto el mono de trabajo y no hemos negociado en ningún momento.

¿A cuánta gente se le ha dado cobertura?

—Solo en el mes de abril, a más de 2.000 personas de manera muy intensa. Hemos llegado a cubrir ayudas económicas por encima del medio millón de euros. También se ha acompañado a familias, personas sin hogar, mayores, a menores en el ámbito educativo; ha habido exclusión invisibilizada, personas vinculadas al mercado de lo sexual de la prostitución que han tenido que solicitar ayuda porque se han visto en una situación tremenda y otras situaciones que no son habituales en el entorno de Cáritas.

Asusta pensar que la población de pobreza en Euskadi es casi como la totalidad de los habitantes de Bilbao.

—Hay 334.000 personas en Euskadi que se encuentran en situación de exclusión. Aglutina una serie de situaciones que alejan a estas personas del centro de la normalidad social, según el informe Foessa. Señala también el citado informe que otras 360.000 personas se situaban en el espacio de la “sociedad estancada”, caracterizado por el debilitamiento de los lazos que les une con la sociedad de las oportunidades, con un empleo precario e insuficiente y un futuro incierto. Esta población vive con el temor de que la “próxima sacudida les precipitará hacia la exclusión social“. Ambos grupos, el de las personas que ya se encontraban en situación de exclusión y el de las personas que se encontraban en situación más insegura en su integración social, están siendo y serán las primeras sobre las que recaerán las consecuencias más duras de la actual crisis. Probablemente este impacto será también más intenso, más complejo y perdurará más en el tiempo.

¿Cuál es su análisis sobre lo que nos espera?

—Posiblemente, tendremos que duplicar la acción de Cáritas. Creo que tendremos que atender al doble de las personas a las que ahora prestábamos una ayuda. Nosotros trabajamos con datos a medio largo plazo porque hay gente que podía tener un nivel de ahorro como para aguantar un mes, pero eso se ha acabado. Por eso, los primeros 15 días o en un mes no se ha mostrado la extensión de la gravedad socieconómica. Pero, pasado esto, cuando el debilitamiento sea progresivo, van a empezar a surgir nuevas personas con necesidad de ayuda. En Madrid y Barcelona, sus Cáritas están hablando de que se está triplicando la acción, nosotros pensamos que podríamos duplicar.

Esta pandemia va a dejar nuevos perfiles de pobreza.

—Posiblemente, pero, sobre todo, van a cambiar las necesidades de los perfiles habituales. Las familias con menores, las monoparentales, con baja cualificación, todos aquellos cuya incorporación al mundo laboral es débil son los que van a quedar descartadas, desvinculadas. Nuestra sociedad tiene gran capacidad de crear bolsas de pobreza pero gran dificultad para sacar a la gente de ellas. Ahora va a haber un conjunto de personas que van a tener muchas dificultades y la sociedad no va a tener capacidad para una incorporación al mismo ritmo. El cataclismo se ha producido en varios meses pero el efecto va a durar años. Esa es la dificultad, muchas veces, de nuestro modelo económico.

La imagen de las colas de gente para recoger bolsas de comida es espeluznante.

—Estamos convencidos de que se pueden proporcionar a las personas otras herramientas para ofrecerles alimentos o necesidades básicas que les dignifiquen. Durante muchos años llevamos dándoles unas tarjetas de supermercado que dignifica y normaliza los circuitos. Que yo tenga una situación de dificultad económica no quiere decir que tenga que recibir alimentos en una bolsa, y que no tenga ninguna capacidad de elegir o moverme por los circuitos que lo hacen las personas de mi entorno. Es muy importante, por eso, no solo detectar la necesidad que hay que aportar sino también el cómo se hace. Hay que diferenciar si estamos en una situación de emergencia como si fuera un tsunami con sacos de arroz o la sociedad nos permite poner en funcionamiento otras herramientas que les proporcionen esas necesidades de una manera más digna, de manera que facilitemos que las personas sigan estando integradas. Se nos va a ver el plumero como sociedad si, además de dar respuesta, pensamos en cómo hacerlo. Porque no es lo mismo recibir una bolsa con comida y lo que toque o un sistema que le dignifique. Hay que interiorizar que no hay personas pobres sino situaciones de pobreza.

Habrá quien no lo entienda, pero también poder navegar por Internet es una necesidad básica.

—Ahora mismo, por ejemplo, estamos detectando una brecha digital muy importante. La gente necesita datos para conectarse con sus familiares, hacer una propuesta… y, ahora mismo, en el ámbito de la tecnología hay una exclusión digital. Estar comunicado es una necesidad básica. La conectividad es definitiva. Estamos viendo continuamente cuáles son las nuevas necesidades. La respuesta puede ser en forma de bofetón o una caricia. Nosotros queremos proporcionar a la gente aquello que les haga crecer. Ponemos mucho esfuerzo en que cuando hacemos algo no provoquemos más daño del que queremos evitar. No queremos personas dependientes de Cáritas, sino una población que cada vez sea más protagonista de su vida y nosotros seamos parte corta de un momento de su trayectorias vital.

¿Cómo piensan que puede ser la desescalada de la pobreza?

—Estamos analizando junto con las instituciones publicas cuáles son los diferentes perfiles. Por ejemplo, ha sido una oportunidad tener alojadas a las personas sin hogar en los polideportivos. Ha permitido al Ayuntamiento hacer un perfil importante de las personas que viven en sus calles. Si pretendemos hacer un café con leche para todos nos estamos equivocando.

¿Es posible recuperar a esa gente que estaba en la calle y el coronavirus les ha dado un techo?

—Lo estamos intentando. No queremos que llegada una fecha los polideportivos se abran y los sintecho vuelvan a la calle. Intentamos una desescalada progresiva. Es una oportunidad para repensar el circuito de los servicios de urgencia. Estamos haciendo un trabajo muy delicado.

El 21 de noviembre, CARITAS EUSKADI dio a conocer el “II Informe FOESSA Euskadi” en San Sebastián.

Guillermo Fernández (miembro del equipo de Estudios de Caritas Española y Fundación FOESSA), presentó el Informe sobre exclusión y desarrollo social  de Euskadi ante una amplia representación de la sociedad -administración pública, universidad, sindicatos, partidos políticos, entidades sociales…- en el paraninfo de la facultad de Derecho de San Sebastián. 

Informe Foessa Euskadi

Por otra parte, se llevó a cabo la presentación pública y abierta del informe. El acto contó con la presencia de Guillermo Fernández (Caritas) y Joseba Zalakain (SIIS). La charla de Guillermo Fernández llevó por título “Hacia una sociedad desvinculada: principales resultados de la encuesta ‘Foessa’ en Euskadi”. La de Joseba Zalakain, se tituló, “Pobreza y exclusión en Euskadi: nuevas realidades y nuevas políticas”

Ponencia Joseba Zalakain

Ponencia Guillermo Fernández

La pleamar no hace subir todos los barcos

Mª Luz de la Cal y Mikel de la Fuente

Recientemente se han dado a conocer los últimos datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que se realiza en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) desde 1986, referidos al período 2016-2018. Aunque algunos resultados son favorables, lo que es lógico dado que se trata de un período de crecimiento económico, otros nos indican que la tendencia a la reducción de las situaciones de pobreza y privación que se observaba entre 2014 y 2016 se ha roto. Entre los positivos, cabe destacar la reducción de algunas las expresiones más severas de la pobreza. Así, la pobreza de acumulación, que refleja situaciones de pobreza crónica, dado que se refiere a las condiciones de vida a largo plazo y el acceso a un mínimo patrimonio de reserva, se redujo. También tuvieron menos incidencia los problemas graves y muy graves de alimentación, los cortes de suministro en los hogares o la venta de propiedades, el cambio de vivienda o de colegio para hacer frente a problemas económicos. Además, se redujo la pobreza infantil. Con todo, creció el porcentaje de personas que manifiesta tener frío en su hogar en el último invierno, esto es, la denominada pobreza energética.

A pesar de que el crecimiento del PIB de la economía vasca se ha mantenido en tasas superiores al 2% durante 2016, 2017 y 2018, algunos indicadores de pobreza reflejan que la recuperación no ha llegado a todos los hogares. Por citar algunos de ellos, señalaremos que el porcentaje de población en situación de pobreza real ha aumentado del 5,7 al 6,1%, mientras que el porcentaje de personas que, sin ser consideradas pobres, no disfruta de bienestar, aumentó del 5 al 6,5%. En conjunto, son un total de 270.294 personas. De ellas, 130.965 no pueden satisfacer las necesidades básicas y otras 139.328, aunque pueden satisfacerlas no pueden vivir de acuerdo con los estándares normales o medios de nuestra sociedad. En 2016 eran 230.516, un número muy superior a las 175.668 de 2008, antes del inicio de la crisis. 

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Conmemoración 17 octubre 2018

Dia internacional para la erradicación de la pobreza

Manifestación: la pobreza: un problema de derechos humanos. Por una RGI que acabe con la pobreza

Desde Plaza Moya hasta Gobierno Vasco. (Gran Vía 85, Bilbao)

11.15.-  Concentración en la Plaza Moyua

11.30.-  Teatro “Zenbatu”: 10 minutos

11.40.- Declaración, lectura del manifiesto.

11.45.- Inicio  de la marcha, hasta Gobierno vasco.

12.00.-  Entrega en Zuzenean de una carta dirigida al Lehendakari.

12.15.- Fin

Desde REAS Euskadi nos adherimos al manifiesto y hacemos llamamiento para acudir a las movilizaciones previstas.

Pero también pensamos que es urgente e imprescindible abordar un debate más amplio en torno a las conexiones que existen o debieran existir (o no) entre derechos sociales, empleo y economía. La pérdida de la centralidad que el empleo ha tenido, y va a continuar teniendo, tanto en el desarrollo del capitalismo neoliberal como en los llamados estados de bienestar es un hecho, hoy en día, comúnmente reconocido, aunque con matices diversos. El aumento del desempleo, la generalización de la precariedad y el fenómeno de las personas trabajadoras pobres, las desigualdades laborales entre trabajos y entre personas, entre mujeres y hombres, y la cada vez más complicada vinculación entre el empleo y las prestaciones sociales (como las pensiones), son solo algunos de los rasgos que presenta la crisis actual en torno al empleo. Este es un debate que, afortunadamente, está ya presente en nuestras calles. Baste recordar las reivindicaciones feministas del pasado 8 de Marzo o las manifestaciones de los últimos meses de las y los pensionistas.

El cuestionamiento del papel del empleo en nuestras sociedades debe conducirnos a proponer cambios importantes que nos permitan transitar hacia un modelo más justo, sostenible y democrático: nuevas formas de articulación de los derechos sociales no asociadas directamente al empleo, una nueva valoración social y económica de todos los trabajos (productivos y reproductivos) y un nuevo reparto, así como otros instrumentos para redistribuir la riqueza y financiar las prestaciones y servicios sociales. En definitiva, estamos poniendo en el centro del debate la necesidad de abordar una transformación en profundidad no solo, con ser importante, de la gestión y garantía de los derechos sociales, sino del propio modelo socio-económico en el que estos derechos se asientan.

Y aquí es donde creemos que la Economía Solidaria y las organizaciones de REAS Euskadi podemos realizar aportaciones significativas. Llevamos años defendiendo y construyendo desde nuestras prácticas una economía alternativa que transita hacia otras formas de vivir, de producir, de consumir…, formas condicionadas a la propia sostenibilidad de la vida y del planeta, donde las personas, y no los mercados, se sitúan en el centro de la organización económica y social, donde la economía adopta una función instrumental sujeta a las esferas democráticas de participación y decisión ciudadana. Y lo hacemos porque estamos convencidas de que solo así conseguiremos unas condiciones de vida dignas y sostenibles para todas y todos.

Con el objetivo de DARNOS VOZ y FORTALECERNOS como miembros de un colectivo que comparte una realidad vivencial, queremos crear un espacio de expresión, empoderamiento y apoyo mutuo en el que compartir nuestras vivencias, retos, aprendizajes e ideas de cambio. Asimismo, queremos tratar de trazar y valorar, conjuntamente, estrategias, proyectos y vías de actuación para la acción social efectiva junto a colectivos y plataformas afines.

Apirilak 24 Abril
19:00-21:00
La Bolsa, Pelota kalea 10, Bilbao

*Se ruega puntualidad

Convocan: personas perceptoras de RGI

Colaboran:  Argilan y otras plataformas por la defensa de derechos sociales

Colectivos y organizaciones sociales han entregado en Bilbo un manifiesto firmado por 145 entidades y dirigido al lehendakari Iñigo Urkullu, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal y a los partidos con representación en el Parlamento de Gasteiz, en el que demandan que la reforma de la RGI sirva para acabar realmente con la pobreza y la exclusión social.

El manifiesto, del que ya se dio cuenta el lunes en Donostia, ha sido presentado hoy por el presidente en la CAV de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), Manuel Moreno. En el texto se expresa la preocupación de estos colectivos por el cariz que está tomando el proceso de reforma de dicha Ley de la RGI, centrada, a su juicio, en combatir el fraude en dichas ayudas.
Los firmantes consideran que esta reforma de la Ley debe ser una «oportunidad» para alcanzar «los dos retos vitales que tiene la sociedad vasca en esta materia: acabar con la pobreza real y con la exclusión social».
Han señalado que «a pesar de que en Euskadi tenemos un sistema de protección social fuerte, existen 63.000 personas que, pese a percibirla, no consiguen salir de ella».
Tras criticar que el desarrollo del debate político de la reforma de la Ley de la RGI «se ha centrado mucho en el apartado económico de la ayuda», han indicado que «nosotros entendemos que hay que desarrollar plataformas y herramientas que favorezcan la inclusión social de las personas en riesgo de pobreza».
Moreno también ha expresado la «preocupación» de los colectivos, sindicatos y organizaciones que trabajan con las personas en riesgo de exclusión social por las críticas que han hecho al actual sistema de la RGI «algunas fuerzas» políticas que «deslegitiman el sistema y, de alguna manera, culpabilizan a los perceptores de la RGI».
Moreno ha recordado, en este sentido, que el fraude en el cobro de estas ayudas «es menor al 1%» y ha opinado que «estamos centrando mucho la reforma de la Ley en el fraude cuando lo que se debe hacer es defender el sistema, que tenga mayor alcance y que afronte los dos grandes retos citados».
«Se ha creado un imaginario social de crítica y culpabilización a las personas perceptoras que es irreal», ya que «las estadísticas demuestran que sólo es de entre el 0,7 y el 0,9 %. Apelamos a la responsabilidad de las organizaciones políticas, del Gobierno y del Parlamento Vasco, para que lancen mensajes en clave de inclusión y de solidaridad porque el fraude no es el problema real de la RGI». 

Esta mañana se ha presentado el “manifiesto por una Euskadi sin pobreza ni exclusión”. El manifiesto ha sido impulsado por las redes por la inclusión social (entre ellas REAS Euskadi) y los colectivos sociales. Ha contado con la adhesión de la mayoría de sindicatos y diversos movimientos sociales.

Los colectivos firmantes han hecho un llamamiento a una concentración el próximo miércoles 21 de marzo a las 10:30h en la sede del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía 85).

Adjuntamos nota de prensa que incluye el manifiesto y la lista de adhesiones.

BILBAO. Plataformas de pensionistas, organizaciones vecinales, feministas y antimilitaristas, de ayuda a refugiados, la coordinadora de ONGD de Euskadi, Cáritas o los sindicatos CCOO, LAB, UGT, USO, Steilas, ESK, CGT y CNT son algunos de los colectivos que se han adherido a un manifiesto titulado “Por una Euskadi sin pobreza ni exclusión”, que han presentado en Bilbao. 

Los firmantes han convocado para el próximo día 21 una concentración ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao en defensa de sus reivindicaciones. 

En el manifiesto, las organizaciones adheridas se muestran preocupadas por el proceso de reforma de la RGI anunciado y avisan de que la inversión que se haga determinará que Euskadi tenga “una sociedad cohesionada, con altos niveles de bienestar para toda la ciudadanía o, por el contrario, una sociedad fracturada, donde algunas personas tengan unos niveles elevados de calidad de vida” y la mayoría “sobreviva en condiciones de vida no dignas”. 

A su juicio, la reforma tiene que tener como objetivo que ninguna persona en riesgo de pobreza se quede sin acceder a la RGI y que ningún perceptor de esta ayuda “siga siendo pobre”. 

Indican, en este sentido, que según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2016 del Gobierno vasco, hay 60.000 personas que estando en riesgo de pobreza no perciben la RGI y otras 63.000 que percibiéndola no consiguen salir de la pobreza. 

Recuerdan, además, que el 20 % de los perceptores de RGI está trabajando, pero en condiciones tan precarias que tienen que complementar sus ingresos con las ayudas sociales. 

Los firmantes apuestan por una reforma de la ley que “suponga atender a un mayor número de personas con unas prestaciones que posibiliten llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónomo y que establezca un sistema de gestión ágil, transparente y garantista”. 

La presentación del manifiesto se ha llevado a cabo con la presencia de representantes de las organizaciones adheridas, entre ellos, los secretarios generales de CCOO y UGT de Euskadi, Loli García y Raúl Arza, respectivamente.

Una de cada cinco personas viven en la pobreza, es decir no tienen acceso a saneamiento, agua potable, educación básica o al sistema de salud, y su situación económica no les permite llevar una vida digna, según el último informe del PNUD. El 20 febrero, Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Justicia Social con el fin de llamar la atención ante esta realidad. Frente a ello el Comercio Justo, una alternativa económica que agrupa a unos 2 millones de trabajadores-as, favorece el desarrollo de los sectores sociales más empobrecidos.

El 80% de la población mundial no cuenta con una protección social integral. Asimismo, 800 millones de personas son vulnerables de caer en la pobreza. Son dos de los datos incluidos en el informe de Desarrollo Humano de 2014. “El Día Mundial de la Justicia Social se celebra con el fin de destacar el poder de la solidaridad mundial para promover oportunidades para todos”, señaló Ban Ki-Moon, secretario de Naciones Unidas, en la celebración del año pasado. “La experiencia muestra que el crecimiento económico en sí mismo no es suficiente”, añadió.

En este sentido, el Comercio Justo constituye una alternativa económica que favorece el desarrollo ya que no solo tiene en cuenta los aspectos económicos, sino también los sociales y medioambientales. El Comercio Justo asegura unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el pago de un salario adecuado, el mismo para ellos y ellas ante las mismas tareas, la no explotación laboral infantil y la producción de manera respetuosa con el entorno natural. Está presente en más de 70 países. Hoy cuenta con 2 millones de trabajadores y trabajadoras agrupados en más de 1400 organizaciones. Sus ventas globales superaron los 5.500 millones de euros en 2013.

Los beneficios del Comercio Justo para los trabajadores-as y la población del entorno son muy positivos. Un informe de la Plataforma Francesa de Comercio Justo constata que en el 85% de los estudios realizados los productores-as de Comercio Justo tienen una mejor calidad de vida ya que reciben unos ingresos superiores a los del mercado convencional, y son más estables.

En concreto, una investigación realizada por CEVAL para Trans Fair Alemania y Max Havelaar Suiza, que analizó los efectos del Comercio Justo en poblaciones rurales de Kenia, Ghana, Perú e India concluye que, además del aspecto económico, la educación o la igualdad de género mejoraron ya que la prima social derivada de la venta de Comercio Justo se destinó a iniciativas de estos sectores.

En otro estudio realizado en Nicaragua por Oxfam, en la región de Jinotega, se constató, entre otros beneficios, la mejoría de las condiciones de salud en las familias gracias a una mayor alimentación, el desarrollo del estado nutricional de los menores de 5 años, y la posibilidad de hacer frente a tratamientos y gastos médicos.

20 febrero: Desayuno de prensa con representantes de la organización textil de Nepal Mahaguthi

El viernes 20 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, dos representantes de la  organización nepalí de Comercio Justo “Mahaguthi” -Sunil Chitrakar, director, y Uttara Malakar, responsable de Marketing y Desarrollo de Productos-  explicarán su trabajo y cómo el Comercio Justo mejora las condiciones de vida de sus más de mil trabajadores, la mayoría mujeres que viven en zonas aisladas y montañosas.

DESAYUNO INFORMATIVO: DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS IMPACTOS DEL COMERCIO JUSTO 

Fecha: Viernes 20 febrero 2015

Hora: 10:30

Lugar: Coordinadora Estatal de Comercio Justo (c/ Gaztambide, 50, bajo)

(La entrada se realiza por la tienda de Comercio Justo de SETEM)

Intervienen:

–  Sunil Chitrakar, director de la organización de Comercio Justo Mahaguthi (Nepal)

–  Uttara Malakar, responsable de Marketing y Desarrollo de Productos de la organización de Comercio Justo Mahaguthi (Nepal)

–  Mónica Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo

Descargar convocatoria desayuno

Si la población prefiere consumir lo que los monopolios producen, y no lo que ella misma necesita y crea, habrá más pobreza, y en cada acto estará cancelando una mejor condición de vida, aseguró Armando Rendón Corona, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa.

Al participar en el encuentro Jornadas de Trabajo de Economía Comunitaria y Solidaria, realizado en la Universidad Obrera de México, el experto en relaciones laborales y sindicalismo indicó que el desempleo es una consecuencia de la irracionalidad capitalista y que el aumento de la productividad basada en la innovación tecnológica y en gran escala, en vez de crear más fuentes de trabajo, las disminuye, lo que es una razón para emprender en diversos lugares una economía popular que cree sus propios satisfactores, empleos e ingresos.

Las comunidades deben consumir lo que requieren y producen, pero el sistema actual, lamentablemente “prefiere consumir lo que los monopolios crean. Cada vez que un indígena o que un obrero consume una Coca-Cola se pone la soga al cuello, así estamos engordando al capitalismo, es prácticamente un harakiri”, advirtió.

Añadió que la economía social y solidaria debe crear su propio mundo de economía popular, y precisó que desde la perspectiva de la economía comunitaria podrá determinar qué producir, con qué medios hacerlo y cómo distribuir los beneficios del trabajo social. Tendría que haber una gran alianza nacional de las clases medias y de los trabajadores para apoyar una economía solidaria, remarcó.

Antes Benjamín Sandoval, coordinador del Centro de Formación Política Juan R. Escudero, habló de dos proyectos de cooperativas en el contexto de la creación de poder popular; una de ecoturismo, que aún no comienza a operar, y otra que inici ó actividades a finales de 2013 y que elabora té de guarumbo, una planta que crece en la parte alta de la Costa Chica de Guerrero y que controla la diabetes tipo 2 al inhibir la producción de glucosa, cualidad avalada por investigadores del IMSS y de la UNAM, dijo.

También comentó sobre la creación de una casa de justicia en esa entidad para impulsar un proceso alternativo de desarrollo comunitario.

La crisis y las políticas económicas dominantes erosionan la cohesión social, disparan los niveles de pobreza y ensanchan la brecha entre ricos y pobres

Una de cada cuatro personas atendidas por la organización recibe ayuda desde hace cinco años o más.

Se ha presentado en la sede de Cáritas Española, en Madrid, la primera de una nueva serie de publicaciones anuales de la Fundación FOESSA, que sale a la luz bajo el título “Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012″

Una pobreza más extensa, más intensa y más crónica

El análisis de los datos que aborda esta publicación sobre la evolución de la realidad social en España confirma, como ha asegurado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora una pobreza más extensa, más intensa, más crónica y una convivencia que se asienta cada vez más en una sociedad dual”.

Una pobreza más extensa porque, añadió, “la pobreza se incrementa en número de hogares y personas; más intensa porque las situaciones de privación material y la dificultad de acceso a derechos básicos se ha acrecentado; más crónica porque no hablamos de situaciones de pobreza pasajera sino de años viviendo bajo el umbral de la pobreza, incluso en personas con empleo que siguen siendo ‘trabajadores pobres’”. A ello se añade, en palabras del secretario general de Cáritas que “como consecuencia de estos procesos de empobrecimiento se trasluzca una sociedad más polarizada entre los que tienen y los que no tienen”.

Junto a Sebastián Mora, en la rueda de prensa ha comparecido Francisco Lorenzo , coordinador del equipo de Estudios de Cáritas Española, quien ha detallado los contenidos más destacados del estudio.

Niveles de renta

En cuanto a la evolución de los niveles de renta, FOESSA confirma que la tasa de pobreza en España (21,8%) es una de las más elevadas de la Unión Europea y que los pobre son más pobres, al detectarse una disminución en el umbral de pobreza que pasó de 8.000 euros (2009) a 7.800 (2010).

Asimismo, se producen diferencias considerables dentro del territorio español. Por ejemplo, en el año 2010 el nivel de pobreza en Extremadura se veía superado por el de Navarra en más de treinta puntos porcentuales (38,2% y 7,3%, respectivamente).

Además, se ha producido un incremento de la exclusión social, ya que en 2010 afectaba a 11.675.000 personas estaban en riesgo de pobreza en España, es decir, la cuarta parte de la población (25,5%).

Este aumento de la precariedad se ve confirmado también por el incremento de personas atendidas por los servicios de Acogida de Cáritas, que pasaron de 400.000 en 2007a 950.000 en 2010.

Pérdida de nivel de bienestar

En el análisis de FOESSA se indica que la evolución de la renta media de la población española ha descendido en un 4%, aunque si comparamos la evolución de la renta por persona con la del índice de precios, esta caída, en términos reales, está cerca del un 9% entre 2007 y 2010.

Otro indicador muy representativo de las carencias de los hogares que se abordan en la publicación se refiere a su pérdida de bienestar durante la crisis y que se evalúa en función de la dificultad declarada por el 30% de los hogares españoles para llegar a fin de mes en 2010. Otro indicador en ese mismo sentido es el dato de que, a finales de 2010, cerca de un 41% de los hogares españoles manifestaban su incapacidad para hacer frente a los gastos imprevistos.

Pérdida de derechos sociales básicos

En el informe se analiza el retroceso producido en los últimos cuatro años en el acceso a derechos básicos como el empleo. Así lo demuestran varios hechos: que la tasa de desempleo en España sea la más alta de todos los países que forman la UE-27, a gran distancia de la media de este conjunto de países (9,7%); que uno de cada dos parados sea de larga duración (más de 1 año); que la tasa de desempleo de los sustentadores principales haya pasado del 5 al 19%, lo que constituye su máximo histórico; y que la tendencia entre los hogares con todos sus activos en desempleo haya pasado del 2,5% del total antes del inicio de la crisis al 9% a finales de 2011, creciendo incluso a un ritmo superior que el de la propia tasa de paro.

Asimismo, es preocupante el caso de los “trabajadores pobres”, es decir de personas que, aunque tiene empleo, están por debajo del umbral de la pobreza. En España, hay 940.000 personas en esa situación, en condiciones de privación material severa (21,5 millones de personas en toda la UE).

Vivienda

En “Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012” se analiza también la situación del acceso a la vivienda, un capítulo en el que se señala que a pesar del importante auge de la construcción de los últimos años no se ha facilitado en igual ritmo el acceso a la misma. Y a pesar de que el precio de la vivienda en España intensificó la caída en el tercer trimestre de 2011, el acceso a este derecho supone todavía un importante esfuerzo para las familias, al que tiene que dedicar un 36,1% de sus ingresos.

Un indicador que ilustra muy bien la evolución de este derecho en España es el número de sentencias de ejecuciones hipotecarias, que en 2010 fueron casi 100.000 y multiplicaron por cuatro los registrados en 2007.

Repliegue de los mecanismos de contención de la pobreza

El estudio de FOESSA analiza también la Estrategia Europa 2020, que sustituye a la Estrategia de Lisboa. En la misma, como señaló Francisco Lorenzo, “aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión social se plantea como uno de los siete pilares de la estrategia de desarrollo a medio plazo de la UE, no parece que el objetivo de reducción de la pobreza obtenga la atención debida por parte de las autoridades comunitarias y de los Estados miembros”. “Todo hace pensar que el objetivo de la UE de rescatar de la pobreza y la exclusión social a un mínimo de 20 millones de personas de aquí a 2020 no se alcanzará sobre la base de los objetivos nacionales actuales”, afirmó.

Creciente dualización social

Una de las constataciones más preocupantes del informe es el avance que se está produciendo en el proceso de dualización social y riesgo de ruptura de la cohesión social. La distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la población y al 20% más pobre pasó de un valor de 5,3 en 2007 a otro de 6,9 al término de 2010. Tal aumento ha sido el mayor de los 27 Estados de la Unión Europea.

Sombras sobre la cooperación al desarrollo

El balance de la cooperación española al desarrollo de los últimos años también viene mostrando más luces que sombras. Como se señala en el estudio, “la evolución experimentada a lo largo de las dos últimas legislaturas había evidenciado notables progresos y aunque no se habían eliminado las principales deficiencias estructurales de la cooperación española al desarrollo, pero sí identificado y dado pasos significativos para su mejora”.

Se estima, sin embargo que, en el año 2011, el recorte efectivo de la AOD en España no habrá sido inferior al 20%.

Llamada al compromiso y a la solidaridad

Ante “la gravedad e intensidad de la realidad social que nos muestra el análisis de FOESSA”, Sebastián Mora ha lanzado una apelación directa al compromiso. “En estos momentos –afirmó– es esencial la cooperación de todas las personas, instituciones públicas y privadas, empresas y demás actores sociales para afrontar con osadía la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.

Para el secretario general de Cáritas “la llamada evangélica a una opción preferencial por los pobres clara, valiente y decidida es urgente. Millones de personas y familias en el mundo están sufriendo y soportando situaciones de indignidad atroces que no podemos, ni debemos permitir”. Recordó, a este respecto que “la sociedad y las personas nunca pueden ser concebidas como meros datos de un proceso determinista de la historia”.

Respuesta de Cáritas ante este escenario

Junto a la descripción de la realidad social recogida en el informe, el secretario general de Cáritas incidió en la aportación que la institución viene realizando en los últimos años para paliar el impacto de la precariedad en las personas más vulnerables. Para dar idea de este esfuerzo, recordó las inversiones llevadas a cabo desde 2007 en programas como los de Acogida, Empleo, Vivienda y Cooperación Internacional, que en conjunto suman unos 350 millones de euros.

Sebastián Mora reclamó, además, una “priorización de las partidas presupuestarias   para poner las necesidades de los últimos y no atendidos en primer lugar”. “En momento de austeridad económica debemos tener en cuenta a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los más empobrecidos tanto en las políticas nacionales, como de cooperación”, demandó.

Nueva etapa de FOESSA

Con esta publicación anual la Fundación FOESSA inicia una nueva etapa. Las dos herramientas clave manejadas hasta ahora por FOESSA para cumplir sus objetivos de investigación social de vanguardia han sido los Informes sobre el Desarrollo Social en España (publicados, sucesivamente, en 1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994 y 2008) y los trabajos editados dentro de la Colección Estudios.

Sin embargo, debido a la velocidad con la que se están produciendo cambios cruciales en nuestra sociedad, la Fundación es consciente de la necesidad de analizar, de forma continuada, los diversos problemas y situaciones que se están planteando. Con este objetivo surge el nuevo proyecto de elaborar cada año, con la participación de reconocidos expertos, un documento de análisis y perspectivas sobre la exclusión y el desarrollo social en nuestro país.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo está llevando a cabo una campaña dirigida a los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Las organizaciones miembro de la coordinadora solicitan a los representantes que incluyan en su programa electoral varias medidas para promover el Comercio Justo, una alternativa comercial solidaria cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza. Una decena de grupos políticos de Córdoba, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia ya han ratificado su apoyo.

Uno de los ayuntamientos que han decidido apostar por el Comercio Justo ha sido el de Benifairó de Les Valls, en Valencia. La administración aprobó una declaración institucional de apoyo al Comercio Justo, ratificada por todos los grupos políticos.

En concreto, los representantes políticos han firmado un compromiso formal para apoyar la realización de acciones de sensibilización y difusión, incluir los proyectos de Comercio Justo como una de las líneas prioritarias en la política de cooperación, o en la contratación de servicios y suministros, dando preferencia a aquellos proveedores que apuestan por el Comercio Justo.

Las Administraciones Públicas deben incorporar a su política y a sus procedimientos comerciales, los valores éticos y de sostenibilidad asociados al Comercio Justo, aseguran desde la coordinadora. De esta manera, su actividad se fundamenta no sólo en criterios económicos sino también sociales y ecológicos, y además recoge la creciente sensibilidad de los ciudadanos hacia la solidaridad.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) venezolano, Elías Eljuri, informó que la pobreza en Venezuela disminuyó en el segundo semestre de 2009 a 23 por ciento, 47 puntos menos que el índice del año 1996, cuando la pobreza extrema superaba el 40 por ciento y la inflación era del 103 por ciento.

“A muchos de estos políticos e intelectuales parece que se les olvidó que llevaron la inflación a 100 por ciento y la pobreza a 70 por ciento cuando ellos mismos gobernaban”, indicó Eljuri.

Afirmó que Venezuela posee el índice de Gini (que mide la desigualdad en los ingresos) más bajo de América Latina el cual alcanzó el 0,39 por ciento en 2009.

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el coeficiente de Gini revela que el promedio de desigualdad en Venezuela para el año 2008 se ubicó en 0,41, con lo cual se reconoce un notable avance en comparación con el resto de América Latina.

“Esto es distribución de la riqueza. Todavía sigue habiendo una gran apropiación del ingreso en un 20 por ciento más rico. Esa distribución igual no nos satisface. Tiene que incrementarse y desarrollarse, y eso sólo es a través de un cambio estructural más profundo”, expresó.

Afirmó que las cifras del INE tienen el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Mundial (BM).

Para el primer semestre de 2009, en Venezuela había un 26,36 por ciento de pobres y 6,95 de pobreza extrema, pero debido a los ajustes económicos implementados por el Gobierno venezolano esta cifra pudo disminuir seis meses más tarde.

El pasado 15 de enero, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, resaltó que en el 2009 el “salario mínimo lo incrementaron en un 20 por ciento” es decir, a “965,50 bolívares (224 dólares aproximadamente) (…) el más alto salario en América Latina”, ratificó.

Recordó que Venezuela disminuyó la pobreza, en el 2009, mientras que en otros países “se disparó”. Ahora “26 de cada 100 hogares está en pobreza” dijo el presidente en su informe de gestión, y comparó estas cifras con lo alcanzado por gobiernos anteriores.

“La disminución de la pobreza, debemos seguir caminando duro, con más eficiencia”, enfatizó.

En este sentido, Chávez, hizo hincapié en los resultados que obtuvo su país en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), según el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

“El IDH en Venezuela sigue subiendo”, en la última medición (publicada en octubre 2009). Actualmente este país sudamericano está “clasificado a nivel mundial como Índice de Desarrollo Humano alto”, aseguró el gobernante.

“El IDH se mide en función de la salud, mortalidad infantil, educación, logros educativos y poder adquisitivo”, aclaró.