En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

Alimentarse de forma saludable y garantizar una remuneración justa a quienes producen en un contexto de continuos vaivenes económicos no es sencillo. En el supermercado cooperativo Biolíbere, en Getafe, han puesto en marcha un proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria (SSA), inspirado en el modelo de la sanidad pública, que busca transformar la forma en que consumimos y producimos alimentos.

Entre los meses de febrero y noviembre, 30 personas seleccionadas recibirán una asignación fija de 100 euros mensuales para acceder a alimentos agroecológicos y saludables. El objetivo es que el precio de estos productos deje de ser una barrera para el derecho a una alimentación saludable, así como un obstáculo para avanzar hacia una transición ecológica justa en el sector productor y transformador desde el lado del consumo, explican desde Biolíbere.

Encuentra lo que buscas en tu barrio

Una de las excusas más habituales para recurrir a Amazon u otras plataformas de comercio online es que resulta imposible encontrarlo que necesitamos en los barrios. La app TrackandTake pretende demostrar que esto no siempre es cierto y facilitar la búsqueda de productos en comercios cercanos. Para ello, permite consultar los catálogos de las tiendas e incluso reservar artículos para recogerlos más tarde. Por ahora, está disponible en Mallorca y Madrid.

Bonos que impulsan la reutilización en Francia

Desde 2022, el Gobierno francés ha puesto en marcha los bonos de reparación con los que pretende incitar a sus ciudadanos a alargar la vida de los objetos que poseen. La medida, que busca reducir el coste de reparar los productos, comenzó primero con los electrodomésticos y se ha expandido más recientemente a ropa y calzado, permitiendo reparar 1,7 millones de prendas en dos años, según la ONG francesa Refashion. Algo que podría verse también en España, puesto que es una de las propuestas incluidas en la Ley de Consumo Sostenible que se encuentra tramitación.

Cervezas hechas con pan duro

En España, la cebada y el trigo son los cultivos con mayor superficie dedicada. Aunque su principal destino es la alimentación humana y, sobre todo, los piensos, una parte –especialmente de la cebada– se destina a la producción de cerveza. Sin embargo, también es posible elaborar cerveza desde una lógica de economía circular utilizando pan duro como materia prima. Es el caso de La Panarra, una cerveza elaborada con el pan sobrante del Forn El Castell de Tona, el obrador que pertenece a su creador, David García Ruiz. Aunque su disponibilidad es limitada, dependiendo de la cantidad de pan seco sobrante, se puede adquirir en la página web del obrador o en la misma tienda.

Cosméticos con residuos del vino

No toda la uva acaba siendo parte del vino. Como en la mayor parte de las industrias alimentarias, la producción de vino tiene una parte importante de residuos que hasta hace poco tiempo acababan en la basura. Sin embargo, durante los últimos años algunas bodegas han empezado a utilizar estos residuos para producir cremas y otros cosméticos. Es el caso de la vallisoletana Matarromera, que ha creado la línea Esdor, en la que ofrece desde cremas hidratantes a productos de limpieza facial, todos formulados con compuestos procedentes de los residuos generados en la producción de su vino.

Arte cooperativo y comprometido

En las zonas rurales, las cooperativas han estado tradicionalmente asociadas al trabajo en el campo. Sin embargo, en el municipio jienense de Torredelcampo, la cooperativa Art Diversia ha optado por esta forma jurídica para impulsar el arte desde un enfoque comprometido. Entre sus iniciativas, promueve festivales plenamente accesibles y ha creado la compañía profesional inclusiva La Diversa, orientada a profesionalizar el trabajo artístico de personas con diversidad funcional.

Fuente: Climática

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

Biolíbere Supermercado Cooperativo, con apoyo de la Fundación Daniel & Nina Carasso, promoverá el primer proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria en España que se desplegará durante los próximos meses en el municipio de Getafe.

La Seguridad Social Alimentaria (SSA) es una propuesta de política pública, similar a la seguridad social médica, que busca transformar la forma en que producimos y consumimos alimentos. Su objetivo es que todo el mundo pueda alimentarse de forma saludable, sostenible y agroecológica, así como que las personas que producen esos alimentos, los transforman y los distribuyen, vivan dignamente de su actividad. Ya hay colectivos y organizaciones que comienzan a plantearla como posible iniciativa impulsora de una transición agroecológica justa en varios países europeos, aunque en España aún no se ha desarrollado ninguna experiencia práctica. Biolíbere pondrá en marcha un proyecto piloto que pueda servir de ejemplo en el diseño de futuras iniciativas.

¿En qué va a consistir?

Treinta personas, seleccionadas por sorteo de entre un total de 370 candidatas, se incorporarán a Biolíbere y dispondrán de una asignación fija de 100 euros mensuales, para acceder al consumo de alimentos agroecológicos y saludables, desde febrero hasta noviembre de 2026. Durante esos meses, se evaluará el impacto de esta experiencia en las vidas de estas personas, en su percepción sobre el derecho a la alimentación y en sus hábitos alimentarios. Asimismo, se valorará el impacto sobre el propio supermercado y sus proveedores y proveedoras.

El proyecto cuenta con la implicación de proveedores, proveedoras y sociedad civil a través de un órgano de gobernanza, en el que ya participan productoras de frutas de Cáceres (Ecojerte), queso de Zamora (Fariza) y pan de Getafe (Panakós) así como asociaciones y entidades de Getafe como las AMPA de los colegios públicos Ana María Matute y Miguel Hernández, la Asociación Ágora, la Asociación Amar Dragoste, la Asociación Yuna, Cáritas Diocesana de Getafe o el propio Ayuntamiento del municipio.

Por último, se pretende generar un efecto multiplicador e incidir en el diseño de políticas públicas en materia de alimentación, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho a la alimentación y el papel de las administraciones al respecto.

“En Biolíbere siempre hemos sido conscientes de que el precio de los alimentos agroecológicos supone una barrera de acceso al derecho a una alimentación adecuada de todas las personas, así como un escollo para impulsar una transición ecológica justa del sector productor y transformador desde el consumo. En este sentido, llevamos años aplicando estrategias para que cualquier persona, tenga el nivel de renta que tenga, pueda consumir en nuestro supermercado”, explica Lourdes López, presidenta de Biolíbere. “Aun así, serían necesarias políticas públicas que apoyaran determinadas acciones para poder dar un salto de escala que posibilitara el acceso de toda la población a este tipo de consumo y una transición en la producción, transformación y distribución de alimentos. Por eso nos hemos embarcado en este proyecto, gracias al apoyo de la Fundación Carasso”.

La implantación a gran escala de la SSA permitiría remunerar adecuadamente el trabajo de las personas productoras y trabajadoras de la cadena alimentaria y garantizaría el acceso de todas las personas a la compra de productos agroecológicos.